Luis Enrique Pérez Mota**

En Chiapas, la instrumentación del reparto agrario, como triunfo de la Revolución Mexicana, adquirió características totalmente diferentes al resto del país; para entender la situación presente es necesario mirar la historia.

El movimiento armado de 1910 tuvo para Chiapas tres momentos importantes: la lucha denodada por la sede de los poderes locales entre San Cristóbal y Tuxtla, la intervención del carrancismo a partir de 1914 y la resistencia y rebelión mapache.

El maderismo en el estado representó la bandera de los Sancristobalenses por la residencia de los poderes locales, lucha añeja del siglo XIX. Los carrancistas llegan a una entidad que no había desarrollado su propio movimiento al tenor del resto del país. Los mapaches (hacendados, administradores y caporales) defienden un sistema tradicional de pertenencia y explotación de la tierra; se niegan éstos a aceptar las reformas económicas, sociales y políticas que traían consigo los carrancistas.

El ejército carrancista arriba a la entidad un 14 de septiembre de 1914, el mismo día en que se celebraba un año más de la anexión de Chiapas a México. En el sentido más llano, el carrancismo llegaba a ocupar la plaza, no a ganarla.

De 1914 a 1915 se plantearon, por parte del movimiento armado del constitucionalismo, entre otras, dos importantes iniciativas de ley para el estado que posteriormente retomaría el constituyente en 1916: una que se le conoció como la ley de liberación de mozos y la otra, como la ley contra el agio. La primera, entre otras cosas, liberaba del sistema de la hacienda a todos aquellos peones acasillados; en la segunda, se liberaban los adeudos que por generaciones tenían los grupos indios y campesinos de la entidad.

El constitucionalismo, con estas medidas, había tocado uno de los nervios del caciquismo colonial y liberal, lo cual trajo la inconformidad de aquellos a quienes estos cambios perjudicaban.

La resistencia mapache impidió el rompimiento de la estructura social prevaleciente. Se le llamó mapache porque actuaba en la estrategia de guerra de guerrillas. Por la noche atacaban a las compañías de los carrancistas, robaban las provisiones y municiones que éstos tenían y se retiraban: nunca hubo de hecho un enfrentamiento. La resistencia se dio hasta 1920. En ese año, los mapaches pactaron con Álvaro Obregón, no sólo la retirada de los carrancistas, sino la primera gubernatura mapache en Chiapas. De esta manera, no solamente no pasó la Revolución en Chiapas, sino que triunfó la Contrarrevolución.

El periodo comprendido de 1920 a 1948, se caracterizó por un desequilibrio político que impidió organizar la vida institucional. Tan sólo en ese intervalo, la titularidad del ejecutivo estatal estuvo ocupada en 163 ocasiones, en forma indistinta. Fue hasta 1948, cuando el estado afianzó su continuidad institucional y comenzó, de manera más ordenada, a organizar y realizar las demandas y aspiraciones de los chiapanecos.

El Soconusco y La fraylesca siempre han sido los puntales económicos: tradición y vocación agropecuaria. El estado mantenía estas vías. Era la sociedad civil la que imponía su autogestión. La había defendido en el mapachismo. Sin embargo, ¿qué pasaba con el poder público?, ¿asumía su papel de promotor de desarrollo? ¿Se le permitía la negociación con los grupos y camarillas?

De hecho, la promoción económica del gobierno local no se instituyó sino hasta 1957. La ley de Fomento Económico se erigía en el primer instrumento.

Aunque el país había legislado desde 1931 en materia de planeación, nuestra entidad rompió con su estadio de no planificación entre 1978 y 1983. Hace apenas 20 años. ¿Cómo podía el Estado planificar el desarrollo económico y social, si la estructura casi feudal del campo chiapaneco prevalecía?, ¿si la permanencia regular de la autoridad no se presentó sino 28 años después?, ¿si el producto ha permanecido actualmente concentrado en la Federación?, ¿cómo podía hacerlo, si el mismo gobierno federal aún no lo lograba con suficiencia?

Preguntas que se impactan en una razón histórica y otra política. La primera, aquella que se reconoce por sus contradicciones y fenómenos en el tiempo. La segunda, la que exige de la autoridad su alta responsabilidad en la toma de decisiones. Aquí está el nudo histórico y político de Chiapas. El rezago social ha intentado abatirse en la dotación y prestación de los servicios y no en la generación y justa distribución del producto y la organización comunitaria para una economía de competencia. El estado no pudo romper su condición liberal. Aún tiene recia presencia.

El 1º de enero de 1994, el estado de Chiapas amaneció con la noticia en el mundo de que las cabeceras municipales de Ocosingo, Margaritas, Altamirano y San Cristóbal de las Casas, habían sido tomadas por integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Asimismo, se señalaba la presencia de éste en la zona de los altos y norte del estado.

El conflicto armado sirvió como detonante para que el problema agrario, que a partir de la década de los setenta se había empezado a gestar, se manifestara en su máxima capacidad. A excepción de los municipios tomados por el EZLN, el resto del estado continuaba en su ritmo normal y sólo se conocía del eco de la guerra por la desestabilización que generaban en el campo, las ocupaciones irregulares de predios privados.

Los acontecimientos suscitados en el estado, a raíz de la declaración de guerra por el EZLN, sirvieron de manera coyuntural para que las organizaciones campesinas existentes en la entidad propiciaran la invasión de tierras a predios particulares, presuntamente, con grupos de campesinos que habían solicitado alguna acción agraria dotatoria de tierras y que, por efecto de las reformas y adiciones al Artículo 27 constitucional, les habían sido negadas; sin embargo, la realidad nos llevó a identificar una enorme necesidad de ocupación y empleo.

Uno de los elementos fundamentales en la declaración de la Selva, que el EZLN sostuvo, fue que, como consecuencia de los cambios al Artículo 27, se había precipitado el levantamiento del 1º de enero.

La demanda de tierras creció con aquellos grupos que vieron en esta situación, la circunstancia propicia para hacerse de un pedazo de tierra al amparo de las organizaciones campesinas; algunas de ellas con larga tradición de lucha agraria, otras, que habían mantenido una interlocución con los gobiernos estatal y federal, también se sumaron a este movimiento. Sin duda, también hubo organizaciones campesinas que se adhirieron luego de romper con otras al discutir el proyecto del EZLN y lo que representaba éste para el movimiento campesino y para las organizaciones campesinas de Chiapas.

De esta manera, en 1994, fuera de la zona de conflicto se tuvieron más de mil predios invadidos en 70 municipios de los 111 que componen la entidad.

La respuesta del gobierno estatal fue intensificar el diálogo con todas las organizaciones campesinas, a partir del cual, 280 organizaciones sociales y económicas conformaron el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), a través del cual presentaron ante los gobiernos estatal y federal sus demandas agrarias. Para ese entonces, el CEOIC denominó "recuperación de tierras" a todo el proceso de invasión que vivió el estado de Chiapas en 1994.

Por su parte, los propietarios de los predios invadidos demandaban saber qué se iba a hacer en relación con sus predios: reclamaban un derecho consagrado en la Constitución y las leyes de mantener su propiedad, de cuidarla, de usar y usufructuar.

El estado, como nunca, se enfrentó a un dilema de justicia y derecho. No había otra forma de encarar el problema si no era a través del diálogo, a través de crear un mecanismo de trabajo que permitiera tener la posibilidad de encontrar esa salida negociada, política, que diera alternativas a la situación social en Chiapas.

En 1995, en el marco de una política de diálogo y responsabilidades compartidas, los gobiernos federal y estatal instrumentaron una mesa interinstitucional agraria, la cual permitió atender de manera abierta y plural a campesinos y poblados que presentaron alguna demanda agraria. Fue así como a través de esta acción interinstitucional, en la que han participado la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado, conjuntamente con las organizaciones campesinas, se creó el sistema de los Acuerdos Agrarios.

Estos acuerdos permitieron procurar un importante margen de gobernabilidad. Haber concertado la adquisición de aproximadamente 240,000 ha, para 60 mil campesinos, significó entablar un nuevo diálogo campesino, un diálogo de respeto y responsabilidad de cada una de las partes involucradas.

El panorama para 1995 y 1998 es distinto. El sistema de los Acuerdos Agrarios ha permitido al Gobierno pasar de esas 1000 invasiones a únicamente 94 y éstas, se tienen perfectamente acotadas frente a los Acuerdos Agrarios suscritos.

Estos tres años y medio nos han permitido pasar de la administración de la crisis a un nuevo estado de gobernabilidad. Un margen de gobernabilidad que requiere de alternativas de desarrollo frente a un proceso de conclusión en materia agraria.

La preocupación el día de hoy, entre otras, es: ¿cómo enfrentamos el problema de la pobreza en la entidad, frente a un proceso de diálogo campesino recuperado? ¿Cómo logramos salir del problema de la pobreza, si tenemos una sociedad que tiene tierra, que no tiene trabajo, que crece desmesuradamente y que tiene una expectativa de sobrepoblación para los próximos años?

Para plantear las alternativas, las salidas, después de 1994, éstas tienen que ser distintas a las que se venían planteando de manera tradicional en la entidad.

En Chiapas existen aproximadamente 7.5 millones de hectáreas, de las cuales 4.5 son propiedad social, y de éstas, 4 millones de hectáreas fueron entregadas vía resolución presidencial. De las restantes 500 mil ha, la mitad son producto de las adquisiciones vía los Acuerdos Agrarios y las otras 250 mil se entregaron a partir de las sentencias del Tribunal Superior Agrario.

En los 4 millones y medio de hectáreas de propiedad social, se ubican los mil 800 ejidos y las 90 comunidades agrarias que existen en Chiapas.

La propiedad privada hoy día está en 1.3 millones de hectáreas y está ligeramente por debajo de lo que representan selvas, bosques y aguas en la entidad; los "otros" representan fundamentalmente los Terrenos Nacionales Titulados.

Fuente:INEGI, Perspectiva estadística de Chiapas, 1997. Tribunal Superior Agrario, Tribunal Unitario Agrario del III Distrito, Resoluciones emitidas, 1998, Gibierno del estado de Chiapas, Secretaría de Desarrollo Agrario. Programa de adquisición de predios rústicos, Vía Fideicomiso, 1998.

La estructura agraria en la entidad descansa principalmente en manos de campesinos, bien de ejidatarios o de comuneros, los cuales poseen 60% de la superficie total del estado (Gráfica 1).

Fuente:INEGI, Perspectiva estadística de Chiapas, 1997. Tribunal Superior Agrario, Tribunal Unitario Agrario del III Distrito, Resoluciones emitidas, 1998, Gibierno del estado de Chiapas, Secretaría de Desarrollo Agrario. Programa de adquisición de predios rústicos, Vía Fideicomiso, 1998.

Para dar una idea más clara de la estructura agraria en la entidad, en la zona de conflicto dentro de la región Las Cañadas, básicamente en los municipios de Altamirano, Margaritas y Ocosingo, se tienen identificadas aproximadamente 873,654 hectáreas, de éstas 90%, 776 mil hectáreas corresponden a propiedad social, en donde se ubican 405 acciones agrarias distribuidas en 300 núcleos agrarios (Figura 1).

Fuente: Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, 1998,

Respecto al tamaño de superficie de la propiedad privada, el cuadro 2 muestra de qué tamaño es la propiedad privada en la región de Las Cañadas. Se observa que 668 predios que representan 55% del total son menores a 50 ha, de 51 a 100 hectáreas existen 268 predios que, sumados a los anteriores dan como resultado 936 predios que representan 78% menores a 100 ha, mientras que 13% oscila entre 100 y 200 ha, dentro de 9% restante únicamente 20 predios se ubican entre 400 y 700 hectáreas (ver Cuadro 2).

Este 78%, nos lleva a reflexionar sobre el tamaño de la propiedad privada; si bien 22% de los predios se encuentran entre las 100 y las 700 hectáreas, es necesario considerar que en esta región la mayor parte de los predios, si no es que todos, están dedicados a la ganadería. El índice de agostadero oscila entre 2 y 3 ha, por unidad animal. La Ley Agraria nos dice que la pequeña propiedad ganadera, de acuerdo con el índice de agostadero, no debe exceder la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Con este criterio, en la zona de conflicto ni uno solo de los predios rebasa los límites de la pequeña propiedad.

Fuente: Gobierno del estado de Chiapas, Secretaría de Desarrollo Agrario.

En el proceso de adquisición de tierras vía Acuerdos Agrarios, entre 1995 y 1998, fuera de la zona de conflicto, los grupos y organizaciones campesinas han propuesto 2,673 predios en adquisición vía fideicomiso, bajo el mecanismo de que los mismos grupos campesinos han buscado y negociado sus predios. En el Cuadro 3 se observa que existen mil 394 predios cuyas superficies van desde una hasta 50 ha; 713 fluctúan entre 51 y 100 ha; y que 421 predios tienen superficies entre 100 y 200 ha; 17 predios están entre 400 y 700 ha, y únicamente uno es mayor de 700 ha. De estos 2 mil 673 predios, 79% son menores a 100 hectáreas.

Si se toma como referencia que de los 2 mil 673 predios valuados para su adquisición vía Acuerdos agrarios, 79% están por debajo de las 100 hectáreas y que en la región de Las Cañadas, de los mil 204 predios, 78% está por debajo de las 100 hectáreas, esto quiere decir que la proporción es muy similar tanto dentro como fuera de la zona de conflicto.

Fuente: Gobierno del estado de Chiapas, Secretaría de Desarrollo Agrario, Dirección de operación.

Por otra parte, esto nos muestra que el tamaño de la propiedad difiere respecto a la que existía hace 30 años. Ejemplo de lo anterior constituyen los Acuerdos Agrarios. A tres años de firmados éstos, existen grupos que aún no pueden ver cumplimentada su demanda agraria y la razón para ello, puede ser que no encuentran predios para adquirir, bien sea porque son superficies pequeñas que no cubren la superficie total autorizada o, simplemente, porque el propietario no quiere vender el único patrimonio con que sostiene a su familia y que heredará posteriormente a sus hijos.

A partir de 1970, Chiapas ha sido escenario de un movimiento campesino que ha reivindicado en todo momento su lucha por la tierra. Si bien la propiedad social ahora es de 4.5 millones de hectáreas, que representan 60% de la superficie total del estado, ésta tal parece que tampoco es suficiente. Los hijos y nietos de ejidatarios y comuneros demandan tierra porque la que existe no alcanza. Esto permite ubicar la dimensión real del tipo de conflicto que se tiene hoy día en la entidad.

Plantear el problema social de Chiapas, únicamente bajo la perspectiva de la tierra, ya no es posible.

Es imposible soslayar dos aspectos: el papel que juega el crecimiento de la población y el atraso de las relaciones productivas en el sector agrícola, máxime cuando la entidad es eminentemente agrícola y pecuaria.

De acuerdo con las cifras reportadas en 1996 por la Comisión Nacional de Población (Conapo), a principio de siglo, Chiapas contaba con 360,000 habitantes. Para 1950, la población creció en miles, aproximadamente un millón de habitantes en ese año, pero de 1950 a 1998, el crecimiento fue en millones; de 900 mil personas, existen ahora 3 millones 900 mil. La tendencia para el año 2010 sigue siendo creciente, proyectándose que la población alcanzará los 4 millones 590 mil personas.

Aumentos en fecundidad, así como un crecimiento en los grupos migratorios, le significaron a Chiapas la segunda tasa de crecimiento demográfico más alta del país, con 4.5% promedio anual entre 1980 y 1990 (la media nacional en ese mismo periodo fue de 2.0 por ciento).

En la Gráfica 2, se observa que de 1950 a 1970 la población se incrementó en 60%, mientras que para un lapso similar, de 1970 a 1990, la población se duplicó, pasó de 1.63 a 3.23 millones de habitantes.

De los 3 millones 700 mil personas que registra el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Conteo de Población y Vivienda de 1995, casi un millón son menores de nueve años y, entre 10 y 19 años, son aproximadamente otro millón. En Chiapas, de los casi 4 millones, más de 50% es menor de 20 años, lo que conlleva entonces a una reflexión sobre lo que tenemos qué hacer para los próximos 25 años: son dos millones de chiapanecos que en este momento representan más de 50% en la entidad y que en el año 2000 estarán demandando una fuente de ingreso.

Fuente: Conapo Situación Demográfica del estado de Chiapas

Fuente: Conapo Situación Demográfica del estado de Chiapas

Si tan sólo se tomara el crecimiento poblacional como una variable de presión, traería como consecuencia la atomización de la tierra. Si bien es cierto que en los últimos 30 años, la propiedad ejidal y comunal se incrementó de manera notable, por su parte, la propiedad privada acusó una disminución y fraccionamiento en su superficie; fraccionamiento al que tampoco está exenta la propiedad social. Hoy día, de acuerdo con el crecimiento promedio anual de 3.5 a 4.0%, la propia sucesión de los derechos nos estaría llevando a una distribución más persistente de la tierra.

Algunos rasgos de la economía chiapaneca

Uso del suelo

De la superficie total del estado, de los aproximadamente 7.5 millones de hectáreas, 5 millones están dedicadas a actividades agrícolas, a las actividades pecuarias 2 millones de hectáreas, y el resto entre silvícola, urbano, industrial recreativo, etc. Es decir, prácticamente 68% de la tierra en la entidad está dedicada a la agricultura y 26% aproximadamente a la actividad pecuaria. Fundamentalmente, el uso de la tierra que efectivamente ha generado el reparto agrario está dedicado a las actividades agrícolas y de subsistencia.

Fuente: Agenda estadística de Chiapas

Participación de los sectores económicos en el Producto Interno Bruto del estado

En la Gráfica 5 se muestra cómo en los años 1970, 1975 y 1980, el sector industrial creció de manera importante y esto obedeció fundamentalmente a los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad y a los de Petróleos Mexicanos. En esta década, llegó a representar prácticamente 50% del pib Mientras que los sectores primario y terciario vieron disminuida su participación.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 1993.

Sin embargo, la tendencia es totalmente inversa en la mitad de la década de los ochenta, a 1993 o 1995. El sector donde más se generan actividades es el de los servicios, principalmente en la realización de obras e introducción de servicios del sector público: turismo, carreteras, escuelas, clínicas, etc., lo cual generó una derrama económica importante.

Por su parte, el sector primario siguió decreciendo, con un ligero repunte en 85, pero sin alcanzar lo que había logrado en la década de los setenta cuando, de manera sustantiva, la política de apoyos ampliada a campesinos se expandió y varias empresas, como Inmecafe y Conasupo, apoyaron a los productores. Asimismo, la ganadería mostró el mayor crecimiento hasta ahora obtenido. Este crecimiento de la ganadería fue en detrimento del cultivo de maíz.

En el Cuadro 4 se observan los comportamientos que han tenido algunos productos básicos en la entidad en la década de los noventa, sobre todo de 1992; en el principal cultivo, que es el maíz, de 1992 a 1995 vemos que los volúmenes de producción fueron descendentes, sobre todo en 1994: se dejó de producir prácticamente medio millón de toneladas de maíz. Para los años más recientes, 1996 y 1997, los valores de producción, a pesar de la superficie utilizada en maíz (se utilizaron prácticamente un millón de hectáreas en 1997), el valor de su producción fue de 1 mil 847 millones; mientras que en el plátano, para ese mismo año, con 16 mil hectáreas sembradas, el valor de la producción fue de 1 mil 460 millones.

Es decir, se tiene aquí un problema no solamente de superficie sembrada, sino de volúmenes de producción y valor de producción. Aquí entran otros factores: cultura, educación, asesoramiento, financiamiento, precios internacionales, etcétera.

Lo que se intenta señalar son algunos indicadores que permiten mostrar qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que realizar para los próximos años, frente a factores de otro tipo, como el de la población económicamente activa y el crecimiento de población.

Fuente: Sagar, Centro de Estadística Agropecuaria.

La población en Chiapas, para 1990, era de 3 millones 200 mil habitantes; de ese universo, 73% corresponde a la población económicamente inactiva; 26% representa a la Población Económicamente Activa (PEA), prácticamente 900 mil personas, y de éstas, casi 60% dedicadas a las labores del sector primario.

Fuente: INEGI.

La composición de la actividad económica en Chiapas contrasta fuertemente con la nacional. En términos de población ocupada predomina el sector primario. En la gráfica 6 se observa que 60% de la PEA está ocupada por el sector primario, cifra muy superior al promedio nacional de 22.6%. En contraste, la población ocupada en el sector secundario sólo representó 11% en Chiapas, mientras que a nivel nacional fue de 27.3%. Finalmente, el sector terciario ocupó 30% del total de la población ocupada.

En 1990, aproximadamente 60% de la población ocupada se encontraba en el sector primario; en la gráfica 7 se observa que para 1995 hay un descenso de 15%, mientras que el sector terciario muestra para ese mismo periodo un incremento de casi 25% respecto a 1990. El sector secundario observa una ligera variación hacia arriba para esos mismos años.

Fuente: INEGI.

Este decremento en la actividad agropecuaria se estima a partir de la población que fue contratada por el sector servicios, como mantenimiento de carreteras, construcción de escuelas, suministro de agua potable, (empleo temporal), etc., así como también por la población que fue desplazada en la región de Las Cañadas (se consideran alrededor de 38 mil personas).

En 1993, con 3.5 millones de habitantes, la Población Económicamente Activa era de 1.3 millones; en 1995, creció aún más la población, y, proporcionalmente, también la PEA. Lo mismo para 1998. Hoy día ya somos 3 millones 900 mil chiapanecos y la PEA es de un millón 500 mil personas.

La tendencia que se percibe, tanto de crecimiento de población, como de PEA, fluctúa entre 6 y 8%. No hay sentidos descendentes.

Fuente: Conapo.

Mientras más se abre la brecha de la tasa de crecimiento de población, la tasa de la PEA también se abre. Y al abrirse aún más, genera un aumento en la tasa de desempleo. En 1995 y 1996, la tasa de desempleo para la entidad estuvo por debajo de la tasa nacional; en 1995, estaba a 6% a nivel nacional y en Chiapas a 4.7%; en 1996 estaba a 5.5% a nivel nacional y a 4.7% en Chiapas. Sin embargo, la tendencia por el incremento de las nuevas generaciones, ya se empezó a revertir a partir del año pasado: la nacional es de 3.7% y la local de 4.2%; la nacional de 1998, es de 3.5% y la local es de 3.9%. Es decir, ante la falta de más y nuevas oportunidades de empleo, se está abriendo cada día más la brecha de la tasa de desempleo abierto por el principio del crecimiento de la población, y su consecuente relación con la PEA.

Fuente: INEGI.

De lo antes expuesto, se aprecia que la economía chiapaneca descansa fundamentalmente en la actividad agrícola ante la falta de otras opciones de empleo. La agricultura adquiere una importancia estratégica para el estado.

El sector primario se caracteriza por la polarización de la agricultura; los cultivos rentables, como café, cacao y plátano, representan una aportación de 17% del Producto Interno Bruto, frente a 36% que reflejan los cultivos de subsistencia (maíz y frijol).

La diferencia está precisamente en lo que es rentable y en lo que es de subsistencia; mientras que una es de inversión privada, la otra es la inversión de subsidios públicos.

• La brecha entre el crecimiento de la población y la población económicamente activa, se explica de manera angustiante en la tasa inmediata de desempleo.

• El crecimiento de población es un factor de presión muy importante sobre la tierra, ya que la atomización de la tierra se da por la sucesión de los derechos, por la existencia de este crecimiento de población y por el predominio de nuestra agricultura de temporal, lo cual se observa en los rendimientos que ya conocemos.

• La acelerada degradación del suelo es otro factor determinante, ¿por qué? Porque la frontera agrícola ha crecido en detrimento de los bosques y selvas del estado, abriéndose nuevas áreas al cultivo que se caracterizan por tener suelos jóvenes y que, al perder su cubierta vegetal, se erosionan rápidamente, lo cual se agudiza con la práctica del sistema agrícola de roza, tumba y quema.

• El desarrollo del sector secundario es nulo. Es decir no hay alternativas distintas de ocupación y empleo para esta población que está creciendo, pero sobre todo, al producto que está surgiendo del campo tampoco se le está metiendo valor agregado, no se le está industrializando, tampoco se le están generando expectativas de mercado.

• Un nuevo factor ha aparecido en esta presión sobre la tierra: el desplazamiento por conflictos políticos y religiosos. Se tienen tres focos fundamentales en la entidad: el primero en la región de Las Cañadas, el segundo en la zona chol y el tercero en la zona de Los Altos, principalmente en Chamula. Hoy día esos desplazamientos están creando dos nuevos tipos de condiciones y necesidades: una, la demanda de una nueva frontera de trabajo —y la única que conocen es precisamente la de la tierra—, y segunda, la necesidad de la creación de los nuevos centros de población, que requieren también servicios.

Proyección de la presión sobre la tierra

Se tiene entonces aquí algunos factores de presión sobre la tierra que intervienen frente a dos procesos de conclusión: el desahogo del rezago agrario y la finalización de los Acuerdos Agrarios. Estos factores que se están presentando de cara al nuevo milenio, nos deberían llevar a pensar en la transición de un paradigma que concluye y en la necesidad de construir uno nuevo.

Esquema 2
Factores de presión sobre la tierra


Pero supongamos que se mantiene la misma tendencia, la misma perspectiva y la misma óptica de cómo se quieren ver las cosas en la entidad. Entonces se estaría pasando a una proyección de qué es lo que sucedería a la tierra en los próximos años.

Actualmente, los Acuerdos Agrarios firmados y en cumplimiento entre 1995 y 1998 están por concluir con la adquisición de las 240 mil hectáreas para 60 mil beneficiados.

¿Qué representa esto? Que de 1994 pasó la propiedad privada de un millón y medio de hectáreas, a un millón 300 mil hectáreas, en números grandes. De acuerdo con la tasa de crecimiento y la estructura de población de hoy, actualmente se tiene un millón 200 mil jóvenes menores de 12 años. Para el año 2000, 461 mil de éstos tendrán entre 15 y 19 años, que se suman a los 2 millones y medio que son mayores de 19 años. Es decir, para el año 2000, se tendrán 461 mil nuevos jóvenes que se incorporarán o demandarán fuentes de trabajo.

Si éstos no tienen alternativa de ocupación y empleo, una alternativa distinta a la tierra, entonces este un millón 300 mil hectáreas (pensando en que fuese la única alternativa, en periodos de cuatro años también), si se repartieran nuevamente 240 mil hectáreas por periodo, con 60 mil beneficiados, nos llevaría de 19 a 20 años repartir la última hectárea de la pequeña propiedad, es decir, el año 2019. Esto representaría beneficiar solamente, de estos 461 mil, a 300 mil, dejándose de atender a 161 mil jóvenes, porque no tendríamos qué repartir (Esquema 3).

Esquema 3
Proyecciones de la presión sobre la tierra


Si suponemos que el sector primario sufre de la constante presión del crecimiento de la población, la tasa de desempleo abierta y la falta de oportunidades de ingreso distintas a la tierra, entonces nos lleva a tres conclusiones:

• Desaparecer la propiedad privada en un máximo no mayor de 25 años.

• De ese millón 300 mil hectáreas de propiedad privada existen aproximadamente 260 mil hectáreas de bosques y selvas que se perderían al extenderse la frontera agrícola.

• Depauperación mayor del nivel de ingresos per cápita en Chiapas.

En Chiapas, durante los últimos 3 años y medio, los Acuerdos de San Andrés, los Acuerdos Agrarios, las propuestas de las medidas de distensión y el Acuerdo Estatal Para la Reconciliación en Chiapas, entre otros, tan sólo han permitido la administración de la crisis; han permitido crear un espacio político, de diálogo con la sociedad campesina, porque se trata de medidas específicas para ello. Pero construir el proyecto para el futuro, implica no solamente al Gobierno, sino a todos los actores que tienen voz y a quienes quieren ser interlocutores de la sociedad; construir el proyecto significa compartir democráticamente un diagnóstico del cual se tenga que partir.

Hoy día, lo que sí se tiene que discutir en Chiapas es que, efectivamente, se pueda trabajar sobre un nuevo paradigma. Ahora es necesario plantear qué es lo que se tiene que hacer frente a los elementos fundamentales con que ya se cuenta: la tierra y la oferta de mano de obra.

Lo que se necesita ahora es un proyecto y, sin embargo, no hemos podido construir ese proyecto para los próximos 25 años. Es el proyecto que no se tiene todavía en Chiapas. ¿Qué alternativas existen?, ¿qué es lo que se tiene qué construir?

No es posible postergar el debate sobre la política pública que nos permita disminuir la presión sobre la tierra y genere el desarrollo que se le ha negado a Chiapas.

¿Cuáles serían las condiciones y mecanismos que permitirán el desarrollo rural de Chiapas?

El debate puede abrirse con las siguientes líneas de trabajo:

1. La conclusión de dos procesos en materia agraria:

• Terminación del rezago agrario.

• Finalización de los Acuerdos Agrarios.

2. Otorgar certidumbre jurídica a los campesinos mediante:

• La certificación de derechos ejidales y la titulación de los solares urbanos.

• La regularización de la tierra en posesión precaria.

• La regularización de la tierra en presunta propiedad privada.

3. Promoción para la organización capacitada de los sujetos de derecho agrario, en dos ámbitos:

• La organización social interna.

• La organización económica de productores.

4. Reordenamiento del uso de la tierra en las áreas protegidas y las zonas federales:

• La promoción intensiva de un desarrollo sustentable, en las zonas de amortiguamiento de las Áreas naturales protegidas.

• La actualización de las concesiones para la explotación de recursos naturales en zonas federales.

5. Promoción de escenarios de seguridad jurídica y potencial productivo:

• Impulso a los escenarios de asociación entre el sector social y privado, para crear efectos multiplicadores.

• Planificación de escenarios para su incorporación al mercado de rentabilidad y competencia.

6. Promover la inversión de capital para la asociación en tierras de propiedad social:

• Impulso al financiamiento a través del sector privado nacional y extranjero.

• Participación de las ong’s y de organismos multilaterales a efecto de apoyar en mayor proporción las actividades productivas que las de servicios.

7. El decremento de la tasa de población:

• Reconceptualizar a la explosión demográfica como la principal limitante para el desarrollo.

• Redimensionar en el sistema educativo y de salud la planificación familiar.

8. Crear nuevas fuentes alternativas de ocupación y empleo, distintas a la tierra:

• Procurar elevar el nivel de ingreso per cápita como fuente de atracción laboral y síntoma de bienestar.

• Crear condiciones de seguridad social, que permitan fortalecer el concepto del ingreso.

9. Estructurar una relación orgánica entre los sectores educativos y productivos:

• Fortalecer la estructura educativa media superior y superior con nivel técnico, enlazándolas con los objetivos de la política agropecuaria.

• Vincular la oferta y la demanda de ocupación y empleo con el crecimiento del producto del campo.

10. El papel promotor del gobierno para el crecimiento:

• Incrementar la participación porcentual del sector agropecuario en el gasto.

• Vincular el gasto de infraestructura de comunicaciones al ámbito productivo, y

• Desarraigar el concepto de adquisición de tierras para más y nuevos grupos solicitantes.

Conclusiones

En el presente siglo, el paradigma descansó en el reparto de la tierra. Durante casi 70 años (1920 a 1992) fueron entregadas, vía resolución presidencial, 4 millones de hectáreas; de 1992 a 1998, a través de los Acuerdos Agrarios y sentencias del Tribunal Superior Agrario, se otorgaron medio millón de hectáreas. De esta manera, 4.5 millones de hectáreas, que representan 60% de la superficie total del estado, están en manos de ejidatarios o comuneros.

En Chiapas, de 1920 a 1948, la inestabilidad y discontinuidad institucionales conllevaron a la falta de organización del quehacer político y económico. Durante el siglo xx, los gobiernos federal y estatal intentaron abatir el rezago social con la dotación de tierras y con la prestación de servicios, y no en la generación y justa distribución del producto y la organización comunitaria para una economía de competencia.

La estructura agraria de la entidad se vio fuertemente impactada con la construcción de presas hidroeléctricas, la explotación petrolera, la apertura de vías de comunicación y los apoyos a la ganadería; lo cual provocó un desplazamiento de campesinos y una acelerada disminución de la frontera agrícola.

Existe un fuerte componente de gobernabilidad en función de la demanda, no de la oferta. La infraestructura básica, la educación, la salud, etcétera, se han otorgado partiendo de una demanda extensiva y no de una oferta cualitativa.

En Chiapas tenemos que medir el impacto gubernamental por el ingreso per cápita obtenido y no por los resultados de la macroeconomía del país. El ingreso per cápita en Chiapas es de alrededor de 800 dólares al año, mientras que en el país es de 3,500 dólares. Actualmente, el presupuesto que se destina a las actividades agropecuarias es cada día mayor, debido al deterioro de sus recursos naturales y al reto de hacerlos rentables y competitivos.

Hoy, de cara al nuevo milenio, frente a dos procesos de conclusión en materia agraria, el desahogo del rezago agrario y la finalización de los Acuerdos Agrarios, la preocupación debe ser el rompimiento de un esquema de vida y la creación de un nuevo paradigma. Es necesario plantear qué es lo que se tiene y qué hacer con los elementos fundamentales con que se cuentan: la tierra y la oferta de mano de obra.

El desmesurado crecimiento de la población y el nulo desarrollo de la industria han propiciado que, en Chiapas, no exista una alternativa importante de ocupación y empleo distinta a la tierra. Si se continúa con la misma perspectiva de reparto de tierras, en 20 años se repartirá la última hectárea de la pequeña propiedad, perdiéndose además 260 mil hectáreas más de bosques y selvas.

Aunque en 1994, el EZLN señaló que el fin del reparto agrario fue lo que apresuró el levantamiento armado, esto ha sido aparentemente sólo una consigna, ya que hasta el momento no ha presentado alguna propuesta de carácter agrario.

La tierra constituye la fuente de ingresos y empleo de la mayor parte de los chiapanecos, lo que explica por qué a mayor población, mayor demanda de tierra. Disminuir la presión sobre la tierra implica formular una política pública encaminada al desarrollo agrario que considere: a) la conclusión del reparto de tierra; b) la certeza jurídica a las diferentes modalidades de la tenencia de la tierra; c) fortalecer la organización social interna y la organización de productores, d) vincular a la tierra con las diferentes fuentes de financiamiento que conlleven al desarrollo productivo, y e) crear una política de población, asociada a los sectores de educación y salud.

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^*Versión modificada de la exposición presentada en el marco de la 99ª sesión del Comité Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria.

^**Actualmente, se desempeña como Secretario de Desarrollo Agrario en el estado de Chiapas.