El Proyecto que presentó México al programa mundial de Alimentos en 1989 para apoyar a las zonas rurales marginadas del país, tuvo como objetivo el promover el desarrollo sostenido de las comunidades rurales. Luego de cuatro años de operación del proyecto, los resultados han sido satisfactorios en cuanto a la producción agrícola mejorada y diversificación de cultivos.

Jesús Velasco Mata*

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es un filial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la FAO en 1962, cuya misión es proporcionar ayuda alimentaria para situaciones de emergencia y para apoyar proyectos de desarrollo.

El 6 de julio de 1971, el PMA y el Gobierno de México, firmaron el Acuerdo Básico sobre la "Prestación de Asistencia del Programa Mundial de Alimentos" para apoyar proyectos de desarrollo económico y social y, en algunos casos, para atender necesidades alimentarias urgentes ocasionadas por desastres naturales.

Para brindar asistencia alimentaria a proyectos de desarrollo, se convino en concertar un Plan de Operaciones entre el Gobierno de México y el pma, documento en el cual se indicarían los requisitos y planes bajo los cuales se desarrollaría cada proyecto concreto, especificándose las responsabilidades de las contrapartes.

En el marco de este acuerdo, en abril de 1989, el Gobierno de México por conducto de la Secretaría de la Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) presentó al pma una propuesta de proyecto para recibir asistencia alimentaria con el fin de apoyar a las zonas rurales marginadas del país.

La propuesta fue presentada ante el Comité de Políticas Alimentarias del pma en Roma, Italia, en su periodo anual de sesiones efectuado del 4 al 7 de junio de 1990. Una vez discutido y aprobado, se elaboró el Plan de Operaciones para ejecutar el proyecto, al cual se le denominó PMA/MEX-2764 (ampl-2) "Promoción de actividades productivas en zonas rurales deprimidas" y se designó al Fifonafe como responsable de su ejecución y operación.

El Fifonafe es un Fideicomiso público agrupado dentro del sector coordinado por la SRA, auxiliar del Poder Ejecutivo Federal en lo relativo a las disposiciones contenidas en los artículos 11, 94, 95, 97 y demás relativos de la Ley Agraria y de su Reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural en los términos de sus artículos 80 al 98. Uno de sus objetivos es el promover la captación de los bienes y recursos que integrarán el patrimonio del Fideicomiso, los que se destinarán para coadyuvar a la promoción del desarrollo del sector rural o a través del fomento a las actividades productivas, para lograr el mejoramiento de las condiciones de producción y para apoyar acciones sociales en beneficio de los campesinos.

El Proyecto se contempló para cinco años bajo el esquema de alimentos a cambio de trabajo en zonas rurales marginadas del país para el desarrollo de actividades productivas, entregando una ración alimentaria de 2.175 kg por jornal de trabajo, integrada por 1,750 gramos de maíz, 200 gramos de frijol, 150 gramos de carne enlatada y 75 gramos de aceite vegetal, composición recomendada por nutriólogos del PMA y suficiente para complementar los requerimientos nutricionales de un jefe de familia y cinco miembros a su cargo.

Los lineamientos y compromisos a que se sujetaron las partes y su ámbito de acción, fueron:

Contrapartes nacionales

• La SRE para efectos de política y normatividad.

• La SRA como entidad ejecutiva del Proyecto.

• El Fifonafe para la instrumentación, administración y operación del Proyecto.

Contrapartes internacionales

• El PMA sede Roma, Italia, en lo referente a políticas ejecutivas.

• La oficina del PMA en México como coadyuvante en la operación y administración del Proyecto.

El objetivo del Proyecto a largo plazo fue el promover el desarrollo sostenido de las comunidades rurales deprimidas, incrementando su producción agrícola para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, aumentando las posibilidades de empleo y de ingresos y reduciendo la migración del campo a la ciudad.

Los objetivos a corto plazo, fueron:

Por lo que hace a las raciones alimenticias, se acordó su distribución en forma gratuita, como incentivo para que los agricultores y trabajadores rurales de bajos ingresos participaran voluntariamente en las actividades de desarrollo agrícola y comunitario promovidas por el Proyecto, bajo el régimen de autoayuda.

Bajo este contexto, por cada día de trabajo en actividades del Proyecto, el beneficiario recibió una ración alimenticia, suficiente para complementar las necesidades nutricionales de una familia de cinco miembros.

La función de la ayuda alimentaria es ofrecer un incentivo para la adopción de prácticas agrícolas y agroforestales mejoradas; asegurar que las familias de los campesinos dispongan de un suministro de alimentos suficiente durante parte del año y puedan dedicarse a mejorar sus tierras de cultivo, y otorgar un incentivo a los trabajadores rurales y agrícolas de bajos ingresos para que participen en la construcción de infraestructura comunitaria, en los programas de capacitación y en las actividades generadoras de ingresos, promovidas por el Proyecto.

Para poder operar el Proyecto, se hizo necesario disponer de recursos suficientes para administrarlo y desarrollarlo, ya que el PMA sólo proporciona la ayuda alimentaria y no los recursos para su ejecución.

Dado que el Fifonafe no recibe recursos fiscales para el desempeño de sus funciones, el Comité Técnico y de Inversión de Fondos, en su carácter de órgano de gobierno del Fideicomiso, aprobó como estrategia:

• Que el gasto de operación inicial que requiera el Proyecto para la internación, aduana transporte, seguros y almacenamiento de los alimentos, se cubriera con recursos patrimoniales del Fifonafe.

• Que para la asignación de alimentos a las entidades federativas, se suscribiera un Convenio de Concertación de Acciones en donde se indique que, previo a la entrega, se les cobre una cuota por tonelada de alimento, que determinará el Comité Técnico y de Inversión de Fondos del Fifonafe en cada ejercicio, en función de las erogaciones que impliquen las operaciones de internación, aduana transporte, seguros y almacenamiento de los alimentos.

• Con los recursos que se cobren a los gobiernos estatales, se genere un fondo para sufragar los costos y gastos que demande el Proyecto durante su vigencia y una vez que se consolide el fondo de gasto establecido, se reintegre al patrimonio del Fifonafe su aportación inicial.

De esta manera, entre 1992 y 1997, periodo de ejecución del Proyecto, se cobraron cuotas de recuperación por tonelada de alimento a cada entidad federativa beneficiada, previo cálculo del presupuesto anual de gasto y determinación de la cuota que se debería aportar por tonelada de alimento.

La fuente de financiamiento para operar el Proyecto no únicamente provino del fondo de gasto establecido a través de las cuotas de recuperación que se cobró a los gobiernos de los estados, ya que durante la evolución del Proyecto y una vez consolidado su presupuesto, lo referente al pago de los servicios personales de la plantilla que atendió la operación a nivel central, así como los viáticos para llevar cabo las comisiones de supervisión y de auditoría, se empezaron a cubrir con recursos del Fifonafe.

Bajo este mecanismo, que financió el gasto operativo del Proyecto, fue posible garantizar el cumplimiento del compromiso que contrajo el Gobierno de México con el PMA en el Plan de Operaciones.

Para determinar el universo de atención del Proyecto, se tomó como base la distribución geográfica de las zonas marginadas de la República Mexicana que determinó el Gobierno de México en 1989 y que comprendía aproximadamente 1,100 municipios ubicados en su mayoría en 15 estados de la República Mexicana: Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Los criterios socioeconómicos utilizados para seleccionar los municipios más marginados, fueron los siguientes:

• Alta densidad de población.

• Elevado nivel de desempleo y subempleo.

• Nulas posibilidades de acceso al crédito.

• Producción alimentaria limitada y escasas posibilidades para mejorar la producción de alimentos básicos y fomentar la diversificación de cultivos.

• Que posean menos de cinco hectáreas de labor.

• Economía de autoconsumo.

Utilizando dichos criterios y conjugándolos con los planes estatales de desarrollo, se seleccionaron a las comunidades que se beneficiarían en las zonas rurales, considerando, además, la cuantía de sus ingresos familiares.

Algunas entidades no consideradas originalmente en la programación, fueron sujetas de apoyo alimentario, ya que algunas comunidades se ubican en zonas rurales marginadas y cumplen con los criterios señalados.

Entre 1992 y 1996, el PMA suministró al Gobierno de México 36,507 toneladas de alimentos, correspondiendo 28,423 a maíz; 3,974 a frijol; 2,620 a carne enlatada, y 1,490 toneladas a aceite vegetal.

Los resultados obtenidos fueron significativos y satisfactorios, mismos que a continuación se explican:

Se atendieron 62,600.58 ha, mediante el apoyo de cultivos básicos como maíz y frijol, ya que al ser alimentos de consumo tradicional del pueblo mexicano y al no contar los campesinos con recursos para la siembra de estos cultivos, la familia no tenía forma de subsistir y emigraban como jornaleros de sus lugares de origen.

Se apoyaron y fomentaron cultivos como la haba, chile, frambuesa, trigo, sorgo, cebada y alfalfa, productos que generaron beneficios, tales como:

• Mejoramiento y conservación de los terrenos por la rotación de cultivos, que conlleva prácticas para evitar la erosión y agotamiento de suelos.

• La obtención de ingresos por la comercialización de productos forrajeros como el sorgo, alfalfa y cebada.

• Obtención de productos agrícolas de consumo familiar como haba, trigo, chile, frambuesa, etcétera, con lo cuales, además, se mejoró la dieta del hogar.

Se brindó la posibilidad a los beneficiarios de utilizar los recursos económicos que destinaban a la alimentación para la creación de un fondo comunitario para el arrendamiento de maquinaria agrícola, con lo cual tecnificaron sus prácticas agrícolas, mejoraron su producción y disminuyeron las excesivas jornadas de trabajo.

A través de capacitación y charlas proporcionadas por técnicos en agronomía de los gobiernos de los estados, se adoptaron nuevos métodos de fertilización con abonos en verde.

La diversificación de cultivos se orientó de acuerdo con las necesidades de las comunidades, ya que el monocultivo tradicional de maíz o frijol no es suficiente para obtener los niveles mínimos nutricionales; por ello, se fomentó y apoyó proyectos de cultivos hortícolas y frutícolas, familiares y comunales, que dieron como resultado la producción de frutos y hortalizas de jitomate, calabaza, cilantro, rábano, chile, zanahoria, lechuga, entre otros.

Parte de los cultivos fueron producidos en pequeños huertos de traspatio y comunitarios, atendidos exclusivamente por mujeres y niños, quienes encontraron en estas actividades la seguridad alimentaria y el ambiente propicio para la integración familiar. Cabe mencionar que algunos huertos se establecieron en zonas áridas y semidesérticas, por lo que se capacitó a las mujeres sobre la optimización del uso del agua.

En contraste, algunos huertos se cultivaron mediante la técnica de riego por goteo o en huertos verticales dado lo reducido de los espacios disponibles sembrándose diversas variedades de semillas de hortalizas mejoradas, lo que impactó en la calidad del producto.

La cría de especies menores se llevó a cabo en coparticipación con distintas instancias estatales y municipales, sobresaliendo los paquetes de cría de traspatio de pollos, cerdos y conejos, otorgados para autoconsumo familiar por el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (dif), las secretarías de Fomento Agropecuario de los gobiernos estatales y las presidencias municipales, incluyendo la asistencia técnica.

También se apoyó la construcción de estanques piscícolas, proyectos para la cría y engorda de ganado ovino y caprino, y la construcción y rehabilitación de unidades apícolas, en los cuales los beneficiarios aportaron su mano de obra para la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de esas especies. La producción se utilizó para autoconsumo y los excedentes para la comercialización.

En rehabilitación de tierras para cultivos básicos y de diversificación de cultivos se atendieron 68,874 ha; en obras de conservación y rehabilitación de suelos y recursos hidrológicos se apoyaron 6,297 ha; en captación y aprovechamiento de aguas se realizaron 1,038 obras; en plantación de pastos y especies forrajeras se apoyaron 22,021 hectáreas.

Se llevaron a cabo trabajos de desempiedre, desmonte, limpieza de parcelas, instalación de terrazas, ello coadyuvó a la recuperación de algunas tierras ociosas con vocación agrícola y otras fueron incorporadas para la plantación de semillas y nuevos cultivos.

También se rehabilitaron tierras mediante la siembra de pastos y especies forrajeras, aprovechando la producción como alimento para ganado. Entre estas plantaciones están el maguey, nopal, sorgo, veza de invierno, zacate buffel, pasto Taiwan, plantas de guajes y, excepcionalmente en extensiones importantes, maíz forrajero.

En el caso de la veza de invierno y pasto Taiwan, bajo el esquema de un proyecto integral, fueron cultivos innovadores en ciertas regiones y que representaron un apoyo significativo para productores al contar con una fuente alterna de forraje para alimentar al ganado bovino. A manera de ejemplo, se cita el proyecto desarrollado en clima frío en el Cofre de Perote, Veracruz, cuya finalidad fue implantar la siembra de veza de invierno, cultivo leguminoso, que permitió aportar nutrientes a la tierra para su rehabilitación y generar forraje en ciclos más cortos que los utilizados tradicionalmente.

En terrenos dedicados a cultivos básicos y a forrajes, se establecieron cercas perimetrales con materiales de piedra, madera y malla de la región; también cercas vivas con nopal, maguey, arbustos y árboles, cuyo propósito fue proteger los cultivos, evitar la erosión de las tierras y delimitar las áreas de pastoreo.

Una acción importante fue la asesoría y capacitación otorgada a los productores para la creación de curvas de nivel, apertura de tinas ciegas, bordos de contención de aguas broncas para evitar el deslave de tierras y el revestimiento de canales para la conducción de agua. También, se desasolvaron estanques y canales para riego.

Se apoyó la construcción y rehabilitación de pequeñas presas y embalses para la captación y aprovechamiento de aguas, para ser utilizadas principalmente en el riego de parcelas, además de cubrir las necesidades básicas de las comunidades; asimismo, se construyeron canales para conducir agua a las presas y embalses. Estas obras permitieron a los beneficiarios contar con agua a lo largo de casi todo el año.

También se construyeron pozos a cielo abierto, tanques distribuidores y aljibes y se brindó mantenimiento con labores de limpieza a manantiales y algunos embalses en donde también se delimitaron sus cauces.

Se plantaron 5’465,497 de árboles y se dio mantenimiento y protección a 196,058 ha forestales y de reserva ecológica.

Para proteger e incrementar las áreas arboladas de los terrenos de las comunidades, se plantaron 3’623,508 de árboles maderables en 37,727 ha de predios boscosos con evidente grado de deforestación, en los que los mantos freáticos se estaban abatiendo y erosionando los suelos por la falta de retención de humedad y aumento de temperatura, logrando una disminución en la evaporación y retención de aguas pluviales.

Se brindó mantenimiento a 114,919 ha y se reforestaron reservas ecológicas con 1’841,989 árboles de distintas especies. Una de las acciones importantes para el mantenimiento de las áreas arboladas, fue la creación y rehabilitación de viveros que permitieron la producción de árboles.

Se ejecutaron trabajos de prevención de incendios como la apertura de brechas cortafuego y cortinas rompevientos, actividades generalmente realizadas por brigadas especiales para la prevención de incendios forestales en 43,411 hectáreas.

Se apoyó el programa integral de reforestación del municipio de Celaya, Guanajuato, por el manifiesto grado de contaminación que estaba presentando ante la ausencia de cubierta vegetal, entregando el alimento a los campesinos para la apertura de cepas, cajeteo, plantación de árboles y mantenimiento.

Se establecieron dos aserraderos cuya producción se comercializó para contribuir al gasto familiar y se construyeron dos viveros exclusivamente para la venta de cítricos y flores de ornato. También se crearon 20 unidades agroindustriales comunitarias para la producción de cera, shampoo y talco con sábila; se llevó a cabo la recolección, acopio y comercialización de orégano, y el procesamiento y venta de dátiles.

Las mujeres participaron en talleres y pequeñas industrias de confección de prendas típicas regionales, de conservas alimenticias, panaderías, elaboración de muñecos de peluche, hamacas y artesanías de cerámica como vasijas y recuerdos para su comercialización.

Para este tipo de obras se canalizó un volumen importante de alimentos, ya que las principales demandas de las comunidades fue contar con caminos que les permitiera una comunicación con otros poblados y propiciar el intercambio comercial y el acceso de otros servicios de infraestructura a sus comunidades.

Se apoyaron obras como desempiedre, cuneteo y chaponeo de caminos rurales, caminos saca-cosecha y caminos de acceso entre comunidades, logrando la apertura y mantenimiento de 234,628 km de caminos.

También se construyeron ocho puentes y vados, se realizaron 966 obras de abastecimiento de agua potable, para lo cual se abrieron zanjas para la introducción y tendido de la tubería de agua potable y, a la red existente, se le proporcionó mantenimiento. También se crearon tanques de almacenamiento de agua y se rehabilitaron otros.

Se apoyaron obras para el tendido de energía eléctrica en 14.0 km, se construyeron 2,615 letrinas ecológicas para evitar la contaminación en ríos y aire; se hicieron obras de mantenimiento (encalado, techado y piso de cemento) y construcción en 5,697 viviendas; también se introdujo sistema de alcantarillado.

Se impulsó la educación, el deporte y la recreación en las comunidades, mediante la construcción de 249 aulas para guarderías, escuelas primarias y telesecundarias; se realizaron 195 obras diversas de rehabilitación en escuelas; se construyeron 1,717 locales para casas del maestro y casas ejidales; se construyeron canchas y centros deportivos y 36 parques rústicos.

También se construyeron pequeños locales comerciales, almacenes y bodegas comunitarias y se brindó mantenimiento a plazas cívicas; se rehabilitó un albergue para las personas de la tercera edad; se organizaron 88 campañas de saneamiento ambiental conminando a la población para que participara en la limpieza y remozamiento de calles, así como en la construcción de guarniciones.

Destaca, por su importancia, la construcción de cocinas escolares orientadas para abatir la desnutrición de la población infantil en edad escolar.

En general, a todos los participantes y beneficiarios se les brindó instrucción o capacitación respecto a las actividades a ejecutar, a través de personal técnico y especializado de diversas instancias estatales y municipales.

Se capacitó con 2,113 charlas, cursos y demostraciones a 15,600 campesinos para la elaboración de muebles rústicos, instalación de huertos hortícolas, primeros auxilios, nutrición, planificación familiar, corte y confección, preparación de pan y elaboración y conservación de alimentos. Adicionalmente se impartieron cursos a 4,064 campesinos sobre la cría y engorda de ganado bovino, ovino y caprino, y se realizaron 52 prácticas relativas a inseminación artificial en ganado bovino.

Se apoyó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales de la SRA en tres estados del país, el cual consiste en la delimitación y deslinde de sus parcelas, lo que les permitió a los beneficiarios obtener los títulos de propiedad de sus terrenos, con lo cual pueden acceder a créditos o financiamientos y desarrollar diversas actividades o proyectos.

Con motivo de diversos fenómenos meteorológicos que azotaron en las costas mexicanas, se apoyó de manera emergente, y de común acuerdo con el PMA, a comunidades de Campeche, Oaxaca y Guerrero que resultaron damnificadas en sus viviendas, tierras de cultivo y proyectos productivos, por los huracanes Roxana y Paulina ocurridos en 1996 y 1997, respectivamente.

En resumen, los resultados obtenidos, comparados con las metas del Proyecto, fueron los siguientes:

Otros apoyos del Proyecto Alimentario

Adicionalmente al suministro de alimentos, el 9 de Mayo de 1996, las contrapartes acordaron y suscribieron una enmienda al Plan de Operaciones, con efectos retroactivos al 1 de Septiembre de 1995, para crear y administrar un Fondo rotatorio que apoyara a las mujeres campesinas.

Este Fondo lo operó el Fifonafe a través del Programa de la Mujer Campesina y se creó con la monetización de 8 mil toneladas de sorgo que suministró el PMA, que reportaron 5.2 millones de pesos. Con estos recursos se apoyaron, de enero de 1996 hasta agosto de 1997, 233 proyectos productivos de grupos de mujeres campesinas organizadas, por un monto de 9.6 millones de pesos, cuyos montos financiados por grupo de mujeres oscilaron entre los 35 y los 40 mil pesos, con la siguiente distribución:

Los principales proyectos de inversión financiados corresponden a bovinos de engorda, lechero y doble propósito, que han permitido fomentar la incorporación de la mujer a las actividades de ganadería mayor, antes sólo desarrolladas por varones.

También se financiaron molinos de nixtamal, tortillerías, tiendas de abarrotes, talleres de costura, artesanías de cerámica y textil, papelerías, panaderías, zapaterías, explotaciones caprinas, ovinas, apícolas y ostrícolas, procesadoras de embutidos y de jaleas o mermeladas de frutas regionales como tejocote y capulín.

El Proyecto tuvo como base principal la entrega de alimentos a cambio de trabajo, para el desarrollo y ejecución de actividades productivas y sociales en zonas rurales marginadas.

El mecanismo bajo el cual se operó permitió resolver deficiencias nutricionales de la población objetivo, generar empleo, dotar de infraestructura productiva o social a los poblados y campos de cultivo, y estimular la producción y la prestación de servicios.

Si bien el Gobierno de México, a través de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), canaliza una partida importante de recursos para atender los requerimientos de infraestructura de soporte de las comunidades y estímulos a la producción, el Proyecto contribuyó en gran medida a optimizar los esfuerzos y a atender un mayor número de comunidades.

Para la distribución de los alimentos a los beneficiarios, se suscribieron convenios de Concertación de Acciones para el Suministro de Alimentos con gobiernos estatales, con algunas dependencias del sector público y con gobiernos municipales.

El programa de distribución de los alimentos contempló los criterios establecidos en el Plan de Operaciones para la selección de las comunidades beneficiadas, el volumen de alimentos que se asignarían por entidad federativa, dependencia o municipio, y, en su caso, los resultados de operación del Proyecto en el año inmediato anterior.

En los cuatro años de operación del Proyecto se suscribieron convenios con 21 entidades federativas, con diez municipios del estado de Yucatán, con dos municipios del estado de Guanajuato, con Sedesol, Sedena y Conaza.

El universo de atención del Proyecto se concentró básicamente en las 1,100 municipalidades marginadas del país, ubicadas en su mayoría en 17 entidades federativas y en municipios de la región ixtlera (desierto y semidesierto).

La identificación de las comunidades marginadas se realizó de acuerdo con el mapa de marginación del país que determina el Gobierno de México y con base en la identificación de regiones marginadas que determinan los gobiernos estatales, clasificadas en baja, alta y muy alta marginación.

Para determinar las actividades que apoyó el Proyecto, se analizaron las necesidades de la población objetivo y se cruzaron con las actividades definidas en el Plan de Operaciones, con los programas de apoyo social de cada uno de los gobiernos estatales y con lo que ejecutarían diversas dependencias del gobierno federal en cada una de las comunidades.

De los 16’764,915 jornales establecidos como meta, se realizaron 16’828,361, es decir, un cumplimiento de 100.4%, debido a que en ciertas actividades, por acuerdo entre los propios beneficiarios, se redujo la ración alimentaria en una mínima parte, dando un superávit en el cumplimiento.

De acuerdo con el Plan de Operaciones del Proyecto y su enmienda, se monetizaron 8 mil toneladas de sorgo para establecer un Fondo rotatorio por 5’172,114 pesos, con el propósito de apoyar proyectos productivos de los grupos de mujeres campesinas organizadas en cualquier figura asociativa.

Los créditos se facilitaron a grupos de mujeres organizadas y constituidas en figuras asociativas con escasas oportunidades de acceso a créditos de la banca comercial o de desarrollo. Los financiamientos se respaldan por un estudio de rentabilidad técnico-económico, elaborado por personal especializado.

Los créditos a las mujeres se enfocaron prioritariamente a grupos organizados con más de diez integrantes con sólida organización interna, preferentemente de zonas marginadas e indígenas que promuevan el desarrollo de sus habilidades tradicionales; que los proyectos de producción agropecuaria se basen en la disponibilidad local de recursos, las tradiciones y habilidades de la región que resuelvan las carencias de sus comunidades y que generen empleos u otros beneficios socioeconómicos.

En términos generales, la filosofía que transmite el Proyecto, evitó que los beneficiarios generaran dependencia de apoyos alimentarios externos e internos; razón por la cual, a resultas de su conclusión, algunas entidades federativas crearon instancias estatales bajo la misma concepción para continuar con los apoyos a las comunidades marginadas.

En el lapso de operación del Proyecto, el Gobierno de México, a través del Fifonafe, acumuló una basta experiencia en administración, operación, evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo dirigidos a grupos vulnerables, destacando la obtenida en:

^*Es Director Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.