A partir de los roles participativos y productivos que la mujer rural viene desempeñando en el campo mexicano, y el entorno desfavorable contra el que siempre se enfrenta, la mujer campesina aparece en la escena nacional como la encargada de la economía, familiar y de grupo.

Gisela Espinosa*

En el último cuarto de siglo, la población rural creció más lentamente que la urbana,¹ pero de todas formas pasó de cerca de 20 a casi 27 millones de habitantes, y de éstos más de 13 son mujeres.² En este amplio universo femenino podemos encontrar muchas realidades, pues a la variedad de culturas e historias regionales; de escenarios, paisajes y condiciones ambientales; de niveles de ingreso y calidad de vida, se suman los efectos diferenciados que las nuevas políticas y cambios estructurales están generando sobre regiones y clases sociales, etnias y grupos diferenciados por la edad, el sexo y los roles genéricos que cada uno cumple en las sociedades rurales. Es imposible resumir en una la situación de tantas mujeres que habitan en el campo, pese a ello, algunos indicadores generales resultan útiles para aproximarse a sus problemas.

La población femenina rural es joven: seis de cada diez mujeres tienen menos de 25 años, y sólo seis de cada 100 rebasa los 60 (Valdés y Gomáriz, 1995: 28). El mestizaje caracteriza a la mayoría, pero un tercio (36%) pertenece a alguno de los 50 pueblos indios que hay en México (Ibid.: 20). Una de cada cuatro encuentra pareja entre los 12 y los 24 años y comienza su vida marital a edades tempranas (Ibid.: 30). Las campesinas de hoy ya no tienen tantos hijos como antes y es que, pese al difícil acceso a la información y educación sexual y reproductiva y a disponer de anticonceptivos, un tercio de las campesinas ya los usa, así que, si en los años cincuenta cada mujer tenía siete hijos en promedio, ahora esta cifra bajó a 3.4; aún así, las campesinas duplican la fecundidad de las citadinas (Ibid.: 26 y 80; Ávila et al.:1997, VIII). Toda la población rural sufre serios rezagos educativos, 38% declara nunca haber asistido a la escuela, pero las mujeres son más afectadas y el analfabetismo entre las indígenas llega a superar 50%, mientras en el resto del país este indicador se ha reducido a 12% (Valdés, op. cit.: 54 y Costa, 1996: 96). En resumen: la mayoría de las campesinas son jóvenes, mestizas, con escasos niveles educativos y con una tendencia a casarse jóvenes y a tener menos hijos que antes.

La mujer campesina, al igual que su familia, vive principalmente de la agricultura aunque las condiciones para desarrollar esta actividad sean menos favorables de lo que parece, pues de los 195 millones de hectáreas con que cuenta México, sólo 24 millones tienen potencial agrícola.³ A ambos costados y en pleno centro del mapa mexicano se levantan tres cordilleras, así que 65% de la superficie es un largo rosario de cerros, montañas y lomas con pendientes pronunciadas e impropias para la siembra o con altos grados de erosión debido a la tala inmoderada o al uso poco adecuado de los bosques. Y parte de las tierras planas son secas o desérticas, casi no llueve y sólo con una costosa irrigación rendirían bien. En resumidas cuentas, sólo 17% de la tierra es apta para la agricultura y las dificultades para mejorar el resto son muchas y costosas. ⁴

De la superficie cultivable, 83 de cada 100 hectáreas dependen de las lluvias y del clima, y sólo 17 se controlan con riego. Así, la agricultura mexicana es básicamente temporalera, pero dos tercios de las tierras de temporal son francamente malas para la siembra y apenas de regular calidad para la ganadería (Bonfil, 1996: 65). Esta situación obliga a que la mayoría de las familias campesinas trabaje sobre una base natural que exige mucho esfuerzo, lo cual arroja bajos rendimientos agrícolas.

La tierra, mala o buena, está fragmentada en cinco millones de propiedades agrarias.⁵ Muy pocas mujeres campesinas tienen derechos jurídicos sobre ella. Apenas en 1972 se estableció la obligación legal para que cada núcleo agrario (ejido o comunidad) dotara a las mujeres sin tierra, mayores de 16 años, de una parcela del mismo tamaño medio de las locales y en las mejores tierras aledañas al poblado. A través de la llamada Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer (UAIM), se pretendió generar explotaciones colectivas femeninas en cada comunidad, pero apenas una cuarta parte de los núcleos agrarios cumplieron con la disposición legal y apenas un tercio de las UAIM constituidas funcionaron realmente.⁶

De la propiedad ejidal y comunal apenas 17.5% está en manos femeninas. Dos tercios de estas propietarias (63%) superan los 50 años, son viudas que heredaron una parcela en la fase final de su vida productiva y sólo tendrán la posesión por un breve periodo (Valenzuela y Robles, 1996: 44). Regidos por una vieja y ciega idea de que el campo es cosa de hombres, el grueso de los campesinos hereda las parcelas a sus hijos varones aún cuando las mujeres siempre han trabajado en ella y a que en los últimos tiempos lo están haciendo a tal grado que se habla de una feminización de la agricultura. Pese a esta cultura patriarcal que genera una inequidad de género en la tenencia de la tierra y que en muchos casos es compartida por las mujeres, la situación femenina ha mejorado⁷ en los últimos tiempos y todo indica que el total de ejidatarias y comuneras es del orden de medio millón,⁸ además, su peso relativo será mayor pues está creciendo el número de mujeres que herederán la parcela ejidal (Ibid.: 49).

Por ahora, la mayoría de las campesinas accede a la parcela a través de sus maridos y padres, o bien a través del trabajo a jornal. Este vínculo con la tierra, mediado por lazos laborales o de parentesco, y el hecho de que la familia rural opere como una unidad que reproduce no sólo las bases materiales de su existencia sino su cultura y sus redes sociales, hace que la suerte de la mujer esté estrechamente ligada a la suerte de la familia y de la parcela. La parcela, la mujer, la familia, la cultura... elementos todos que pueden articularse en el concepto de unidad doméstica campesina (udc),⁹ cuyo análisis resulta central para entender la vida y los problemas de las mujeres rurales.

Aun cuando en el campo encontramos medianas y grandes explotaciones que ocupan un área significativa de la superficie territorial, su peso sociodemográfico es muy pequeño, menos de 10% de la población rural; en cambio, las unidades domésticas campesinas minifundistas y las familias que carecen de tierra, relacionadas a través de lazos familiares y sociales, representan una mayoría absoluta que abarca más de 90% del total de la población rural.¹⁰

Más de cuatro millones de familias, a las que pertenecen alrededor de 11.5 millones de mujeres, organizan su reproducción en torno al minifundio. Pero este amplio sector no es homogéneo pues, mientras un pequeño segmento tiene tres o cinco hectáreas de riego o entre 10 y 20 de temporal y vive más o menos de la parcela, otros poseen unos cuantos surcos o tierras muy malas y no producen ni siquiera el maíz que necesita la familia; la mayoría (67%)¹¹ trabaja predios temporaleros menores de cinco hectáreas, usa tecnología tradicional y emplea principalmente trabajo familiar en las labores. Para esta mayoría, la parcela no garantiza la subsistencia y algunos miembros o toda la familia se ven obligados a jornalear en otras tierras y otras regiones.

En muchos minifundios, la familia ha incursionado en la siembra de productos comerciales y hasta de exportación, pero 75 de cada 100 parcelas campesinas dedican toda o parte de la tierra al cultivo de maíz y otros alimentos básicos (como frijol y calabacita); de hecho, la producción maicera nacional —que es la más extensa y voluminosa de todas—, proviene en 90% de tierras temporaleras y de parcelas menores de cinco hectáreas; el maíz es el eje de la actividad productiva, de la cultura rural y de la vida familiar y comunitaria de estos campesinos (Espinosa, 1995: 72). En general, las familias campesinas tratan de garantizar su consumo de maíz con la cosecha, pero casi todos venden, lo que sobra o lo que las urgencias económicas exijan. Los alimentos elaborados con maíz —especialmente la tortilla— y el frijol constituyen los componentes principales de la dieta campesina, y son las mujeres quienes han conservado esta cultura alimentaria a través de los siglos.

El segmento de la población que no posee tierra, pero que trabaja en ella, es del orden de medio millón de familias que suman más de tres millones de pobladores (Moguel, 1990: 5). El millón y medio de mujeres rurales que pertenecen a este sector es uno de los grupos más empobrecidos y vulnerables, no sólo del campo sino de la sociedad mexicana, su cercanía familiar y comunitaria con los minifundistas les permite a veces compartir la vivienda y el sustento,¹² pero sus fuentes de ingreso monetario son los jornales ganados en las modernas empresas rurales, en agroindustrias, en granjas de Estados Unidos, en las obras de construcción de las ciudades, en el pequeño comercio ambulante y en otras actividades. Los "sin tierra" han diversificado sus actividades productivas y son también el grueso de los jornaleros rurales. En todos esos trabajos participan de manera muy importante las mujeres.

Diferenciadas por niveles de pobreza, las familias que giran en torno al jornal y al minifundio forman el enorme sector campesino de México. Con tierra o sin ella, estas familias comparten no sólo las culturas, las lenguas, las formas de vestir, el tipo de alimentos, sino los sinsabores y la incertidumbre por la subsistencia de hoy y de mañana. Casi la totalidad de las mujeres del campo pertenece a alguno de estos grupos, por lo que su presente y su futuro se hallan estrechamente ligados a lo que ocurra con el minifundio y también con el jornal.

Las mujeres del campo realizan una gran variedad de tareas, pero la parcela, la casa y su traspatio, siguen siendo espacios articuladores de la vida y el trabajo familiar. Aunque hay variantes culturales, el trabajo se asigna y se asume de acuerdo con el sexo y la edad de sus integrantes. En general, los varones asumen la jefatura de la familia y son reconocidos socialmente como tales, también organizan el trabajo en la parcela aunque una parte cada vez mayor de éste sea realizado por mujeres; las mujeres organizan el quehacer de la casa y del traspatio y asumen la mayor parte del mismo, a la vez que atienden un sinfín de necesidades cotidianas de los miembros de la familia.

En los pueblos y comunidades son las madres y las hijas, y en las familias extensas también las abuelas y nueras, quienes se encargan de un duro trabajo doméstico. Y es duro porque en 59 de cada cien hogares rurales las mujeres aún cocinan con fogón, lo que implica un tiempo infinitamente mayor: hay que acarrear leña, prender el fuego y mantenerlo vivo por largas horas; en 87% de las comunidades no hay energía eléctrica y las mujeres no pueden usar licuadoras (muelen con piedras, en molcajete y en metate), ni planchas (todavía se utilizan las pesadas planchas de carbón que en las ciudad se venden como antigüedades), ni refrigeradores (se hace necesario preparar los alimentos cada día pues no pueden conservarse frescos), en fin, no hay alivios modernos para el trabajo doméstico; además, 44% de ellas no cuenta con toma de agua en sus hogares (lo que implica bañarse y lavar en los ríos y acarrear agua de manantiales o tomas lejanas, dificultando la higiene y la elaboración de alimentos); en 89% de las comunidades se carece de drenaje y 65% de los pobladores rurales practican el fecalismo al aire libre o excretan en letrinas sin arrastre de agua, lo que trae graves repercusiones en la salud; por si esto fuera poco, 37% de las viviendas tienen piso de tierra, cuestión que dificulta el aseo y genera incomodidades y problemas de salud (Ávila, op. cit.: V). La vida rural es premoderna o definitivamente arcaica. Podemos decir que toda la familia padece estas carencias y es verdad, pero son principalmente las mujeres quienes con su trabajo las resuelven y suplen a costa de un enorme desgaste físico y emocional.

Pese a esta dura jornada, el trabajo de casa no es el único que realizan las campesinas, también cultivan frutos, legumbres y plantas medicinales en el traspatio de la casa y desarrollan la avicultura y la porcicultura en pequeña escala, así como el cuidado de pequeños hatos de ovejas o cabras, en las tareas del traspatio y el pastoreo son auxiliadas por los niños que desde muy pequeños realizan un trabajo productivo. Las mujeres también trabajan en la parcela, ahí laboran en el dehierbe, la cosecha, la siembra y la aplicación de insumos.¹³ Muchas también bordan, tejen, producen artesanías, otras más participan en la pesca y en la venta de sus productos agrícolas, artesanales y pecuarios. Como se ve, las tareas femeninas son muchas y de muy variado tipo.

Pero sus labores son poco valoradas por la sociedad, comenzando a veces por ellas mismas. La invisibilidad del trabajo femenino rural también se refleja en la estadística económica, que las ubica como "amas de casa", como población económicamente ˇinactiva! En los censos, las mujeres son sólo 12 de cada 100 ocupados en la agricultura aunque en encuestas no oficiales 85 de cada cien mujeres declare trabajar en la parcela (Valdés, op. cit.: 43). Tal vez la devaluación social del trabajo doméstico y el que en las unidades campesinas las labores domésticas, reproductivas y de consumo no estén diferenciadas plenamente del trabajo productivo mercantil, ni en el espacio (en la parcela y en la casa se producen alimentos para el consumo familiar y productos comercializables), ni en el tiempo (el tiempo de la casa no es sólo para alimentarse, descansar y reproducirse, también es tiempo de producción; el tiempo en la parcela tampoco es exclusivamente para la producción mercantil), ni en el tipo de actividad (la misma actividad agrícola, pecuaria o artesanal puede tener fines de autoconsumo o comerciales), tal vez —insisto—, estas características conduzcan a las mujeres a ocultar sus múltiples labores en la frase: "me dedico al hogar", que tiene un significado completamente distinto en la ciudad.

Este mundo tradicional en que viven las campesinas no está divorciado de grandes aventuras, sus pasos perdidos se caminan en el campo moderno y la enorme selva de las urbes mexicanas o también en la modernidad deslumbrante de Estados Unidos, que a veces las arrancan para siempre de la vida rural. Las estadísticas indican que salen más mujeres que hombres de los pueblos. Más de la mitad de los cinco millones de pobladores que abandonaron el campo entre 1950 y 1970 eran mujeres (Robles, Aranda y Botey, 1988: 113-117), y también son la mayoría de los seis millones que se han ido entre 1970 y 1990 (Valdés, op. cit.: 22; Aranda, 1995: 22).

La suerte de las mujeres rurales, su futuro, está muy asociado a la suerte de los grupos familiares y sociales a que pertenecen, y en los últimos años, las condiciones en que producen y se reproducen minifundistas y jornaleros han cambiado radicalmente. La apertura comercial, la supresión de funciones regulatorias y compensatorias del Estado en la producción y los mercados, la reducción del gasto público y la integración de nuestra economía al bloque del Norte, dan por hecho que en el reino neoliberal sólo la gran empresa y el capital trasnacional tienen cabida y que millones de jornaleros y pequeños productores sobran. Así, un sector rural de por sí rezagado en el terreno productivo y social quedó en el desamparo y debe competir en desventaja con modernos agricultores norteamericanos.

Las políticas neoliberales han propiciado un desplome en la producción, el ingreso y las condiciones de vida y de trabajo de las familias campesinas. El jornal también se ha visto castigado, pues en este nuevo reino del mercado la fuerza de trabajo se vende por debajo de su precio. El Estado también ha tenido que compensar sus desaciertos, pues si la producción de alimentos se ha venido abajo, hoy, el costo de las importaciones de granos está llegando a las nubes. En fin, sólo un puñado de empresarios rurales, básicamente exportadores, ha logrado situarse en buena posición. Se calcula que apenas 7% del total de las cosechas comerciales son rentables (Fritscher, 1994: 77) y que la crisis de rentabilidad ha arrojado a un séquito de viejos ricos al campo de los nuevos pobres, muchos fueron iniciadores de El Barzón.

Si los empresarios se angustian por la hipoteca o pérdida de activos, las familias campesinas viven una crisis de subsistencia y hambre, pues su ingreso ha sido desde siempre, más que una ganancia, un salario. Los pesos y centavos que dejan de recibir significan menos alimentos, más pies descalzos, menos lápices y cuadernos, más enfermedad... angustia, desesperación.

Se calcula que la pobreza corroe el estómago y la vida de 8 de cada 10 habitantes del campo (Téllez, 1994: 29) y que más de 70% de los predios rurales resultan insuficientes para asegurar la subsistencia familiar (Diego, 1993: 64);¹⁴ Una encuesta nacional reciente arroja escalofriantes datos: las familias rurales gastan en promedio 4.50 pesos diarios por persona en alimentos. Más de la mitad declaró no consumir huevo ni leche, carne muy de vez en cuando (Ávila, op. cit.: V y VIII); sólo el maíz de la parcela, las frutas que cultivan en 37 de cada 100 hogares rurales y los animales del traspatio que se crían en 65 de cada 100 hogares, sólo lo que produce la familia hace algún peso en el estómago. El Estado ha adelgazado, sí, los campesinos y campesinas también, pero mucho más que él.

Los niños y las mujeres son los grupos más vulnerables ante la falta de alimento. La desnutrición alcanza a uno de cada dos niños que habitan en el campo, este alto porcentaje de infantes no crecerá de acuerdo con su edad ni alcanzará el peso adecuado a su estatura, tampoco podrá desplegar plenamente sus capacidades intelectuales. Se sabe que en regiones indígenas esta situación afecta casi a 60% de los niños y que sólo la leche materna con la que se alimentan 75 de cada cien bebés del campo, evita que el drama de los infantes sea mayor, aunque las madres queden envejecidas y extenuadas (Blanco, 1997: VI).

Los problemas nutricionales de las mujeres se agravan por los usos campesinos, pues se acostumbra que ellas sean las últimas en sentarse a la mesa y también las que menos alimentos toman. Sus bajos niveles nutricionales se expresan en problemas de salud, padecen enfermedades infecciosas y anemias que se agudizan en tiempos de embarazo y de lactancia. El 65% del total de las muertes maternas es de mujeres rurales. A ello contribuye la desnutrición, la falta de servicios y seguridad social (la familia campesina no tiene seguro social) y la escasez de médicos en el medio rural, pues si en poblados grandes uno de cada dos partos es atendido por comadronas,¹⁵ en pueblos pequeños prácticamente todas las mujeres son atendidas en sus casas y por personal que no puede resolver complicaciones.

La mala nutrición y la dificultad para acceder a los sistemas de salud hace que en el campo la gente viva de dos a siete años menos que en las ciudades y que los índices de mortalidad infantil dupliquen a los datos urbanos en las comunidades rurales (Valdés, op. cit.:67; Ávila, op. cit.: VIII).

Las dramáticas condiciones en que viven hoy la mayoría de los pobladores del campo se han estado enfrentando con una moderna política social, llamada Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) en tiempos del presidente Salinas y convertida ahora en Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación). Los nombres cambian pero los lineamientos son los mismos. El discurso oficial dice que con ellos combate la pobreza, y sí, aunque su uso político, clientelar y propagandístico ha sido ampliamente denunciado, algunos recursos llegan a los necesitados, por ejemplo, los programas alimentarios benefician a la cuarta parte de la población, pero no sólo no erradican el hambre y la desnutrición, sino que ésta se agrava (Ibid.: V).¹⁶ Entonces, la política social es insuficiente para contrarrestar la pobreza que la política económica genera.

Ante tantas carencias, las familias del campo han desplegando diversas estrategias que en el fondo se reducen a dos cosas: la primera es trabajar más intensamente y en más actividades incorporando a más miembros; la segunda es reducir el consumo. Más trabajo y desgaste y menos satisfactores. Si bien hasta los niños se han involucrado en una lucha por la subsistencia, se reconoce que son las mujeres quienes más han intensificado y diversificado sus labores, quienes más rápido se están incorporando al mercado de trabajo.

Entre 1970 y 1990, la PEA femenina creció en 261%, mientras la masculina se elevaba en 104% (Valdés, op. cit.: 40), pero son ellas quienes reciben peores remuneraciones: 37% de las ocupadas cobra un salario mínimo o menos (Ibid.: 49) y también son ellas las que menos reconocimiento tienen por sus tareas, estas son algunas razones por las que se habla de una feminización de la pobreza (Robles, op. cit.: 26-27).

En realidad, no son nuevas las labores que hoy realizan las mujeres campesinas: el trabajo doméstico y productivo de la parcela, las actividades del traspatio, el pastoreo, la producción y venta de artesanías y la migración, eran ya conocidas por ellas; lo nuevo es que ahora consumen jornadas más largas o más intensivas y tienen más importancia en la economía familiar: así por ejemplo, se habla de una feminización de la actividad agrícola, no tanto porque los hombres no participen en ella, sino porque las mujeres están asumiendo cada vez más tareas en la parcela, muchas están quedando a cargo de ella cuando sus compañeros migran, no son sólo un apoyo, sino las organizadoras y principales labriegas de la explotación familiar. Datos de América Latina indican que las mujeres están al frente de 35% de las unidades familiares y que participan directamente en la producción de más de la mitad de los granos básicos (Ibid.: 27), en este sentido, podríamos afirmar que la sobrevivencia campesina está cada vez más en manos femeninas. En las comunidades rurales las mujeres son infatigables, algunos estudios de caso estiman que la jornada femenina llega a ser de 16 horas diarias, pese a ello, ni la estadística ni las políticas públicas y a veces ni ellas mismas reconocen esta realidad.

Pero, como decíamos, al igual y más que antes las campesinas trabajan fuera de su parcela, de su casa y de su pueblo, la migración es el puente principal para que ellas accedan al jornaleo en modernos campos agrícolas, para que se empleen en agroindustrias y en empresas maquiladoras, o para que ingresen al servicio doméstico en las ciudades. Las mujeres se van del pueblo: por cada 100 de ellas salen 93 hombres y son los hogares más pobres los que tienen a más mujeres trabajando fuera por dinero.

La desigualdad de oportunidades de trabajo asalariado para cada sexo hace que más mujeres emigren, pues son preferidas en la maquila, en la agroindustria y en el servicio doméstico urbano; a los campesinos les queda la albañilería y el jornaleo, donde, por cierto, cada vez participan más mujeres; pero además, su escaso vínculo con la propiedad jurídica de la tierra las convierte en el grupo que más fácilmente se puede ir sin peligro de perder la tierra. Esta situación está generando algunos cambios en la división social, familiar, etaria y sexual del trabajo, que podría estar acompañada de cambios en la cultura rural y en las relaciones de género, pues hay hombres que cuidan a los hijos mientras las madres trabajan por un salario, y las mujeres salen del hogar y del pueblo y se convierten en fuente importante de ingresos monetarios.

Según el Censo de 1990, hay 85 mil jornaleras, pero la cifra parece muy baja, pues en 1985 otros estudios calcularon que el número de jornaleras podría llegar a ser de más de un millón y medio. Lara destaca que muchas campesinas, en su mayoría indígenas y de las regiones más pobres del país, salen con sus maridos y sus hijos a trabajar en cosechas de hortaliza, tabaco y café. Recorren hasta 1,500 km en las peores condiciones y a su arribo no pueden instalarse con un mínimo de comodidad. No hay viviendas, sólo campamentos que en su mayoría no tienen servicios básicos: no hay letrinas, ni lavaderos, ni regaderas, ni sistemas de agua potable. Los jornaleros y sus familias beben agua de los canales de riego, allí se bañan y lavan su ropa. Carecen de transporte y de abasto a precios accesibles. Estos indígenas, son como "extranjeros en su propio país", sufren inconcebibles arbitrariedades y humillaciones, que para las mujeres significan jornadas extenuantes y violencia sexual (Lara, 1995: 17-18). Las enfermedades gastrointestinales y respiratorias proliferan, provocadas por las malas condiciones higiénicas, los cambios climáticos, el uso de agroquímicos y el severo desgaste físico.

En los campamentos para jornaleros es muy difícil la vida cotidiana y el trabajo de las mujeres se multiplica más que en sus comunidades, pues tienen que improvisar la infraestructura y las rutinas domésticas, en medio de la incomodidad y la carencia total, pues la solidaridad que operaba en la comunidad y en la familia se pierden en estos nuevos escenarios y, a la vez que se resuelven problemas, hay que establecer nuevas redes de apoyo.

Otras mujeres encuentran trabajo en agroindustrias y empresas agrícolas de exportación o en el empaque y acabado de productos. Muchas viven en zonas aledañas, no tienen que migrar, pero desempeñan su trabajo sin protección laboral, sin contratos ni prestaciones legales, por temporadas cortas, son eventuales o con horarios discontinuos. Aquí donde el trabajo es más formal, se evaden las obligaciones patronales si de mujeres se trata. Las obreras tienen salarios mayores que las jornaleras, pero trabajan a destajo y tienen un mayor desgaste. Muchas son sostén de su familia, y algunas son ya madres y jefas de hogar (Lara, op. cit.: 19).

Otro numeroso grupo de mujeres se va a las ciudades,¹⁷ donde el destino prioritario es el trabajo doméstico. Tal vez la mayoría de las empleadas domésticas cuenten cuando menos con servicios en las casas donde laboran, sin embargo, no tiene ninguna prestación de ley y la forma en que se integran a la vida y necesidades de sus patrones las convierte más que en empleadas en siervas de hogares urbanos: sus jornadas pueden comenzar a las 6 de la mañana y terminar hasta las 9 o 10 de la noche. Estas campesinas en la urbe, generalmente envían dinero a su hogar y a veces son el único sostén monetario del grupo familiar.

Como dijeran Robles, Aranda y Botey (1993: 29): lejos de lo que pudiera pensarse, la incorporación de la mujer rural al empleo no ha significado una mejoría en sus condiciones de vida, por el contrario: empleos inestables y flexibles, eventuales, con pagos a destajo, bajos salarios e incumplimiento de obligaciones laborales, caída brutal de los niveles de vida, desnutrición, falta de atención médica, precariedad de la vivienda, embarazos no planeados, itinerancia y ausencia total de perspectivas son los rasgos más destacados de la incorporación de las mujeres rurales al mercado de trabajo. Todo ello se traduce en una sobrecarga absoluta de trabajo y en un enorme desgaste físico de las mujeres (Aranda, 1995: 20).

Así como las imparciales y frías leyes del mercado no tratan igual a hombres y mujeres, tampoco las igualitarias instituciones públicas han advertido la desventajosa desigualdad que implica la irrupción de las mujeres en tan diversos espacios, ni el sinfín de problemas que este pujante sector presenta al ingresar en el mercado de trabajo: no hay programas adecuados ni políticas efectivas para las jornaleras migrantes, ni para las obreras de agroindustrias o industrias maquiladoras, ni para las trabajadoras domésticas, ni para las artesanas y pequeñas comerciantes (Aranda, 1995; Costa, 1995; Lara, 1995, y Robles et al., 1993).

Sólo una política ha tenido continuidad y consistencia: la de control natal (en los setenta), planificación familiar (en los ochenta), salud reproductiva elevada al rango de derechos humanos (en los noventa). Pese al enriquecimiento del concepto, de simple control demográfico al derecho a la información y a la libre decisión, en muchos pueblos y comunidades las mujeres no tienen acceso ni a la información ni a los métodos anticonceptivos, y en otros, o en los mismos, esta política significa imposición para su uso.

Otras políticas públicas orientadas a la mujer campesina se iniciaron en los setenta: primero se legisló la parcela de la mujer (la UAIM) y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en materia agraria; después se elaboraron diversos programas con propuestas pobres, sin diagnósticos específicos de la situación de las mujeres ni mención a la desigualdad e inequidad frente a los hombres, a veces fueron programas "de papel", pues no contaron con recursos.¹⁸ Sólo el subprograma de apoyo a las uaims,¹ definía a la mujer como agente del cambio, pero no de su propia condición sino de la de su familia (Robles, op. cit.: 29).

En los noventa, otros programas se propusieron "integrar a la mujer al desarrollo nacional" (como si las campesinas estuvieran fuera): en lo que va de la década se desarrollaron un millar y medio de proyectos que mayoritariamente beneficiaron a las uaims.²⁰ Otras instituciones y programas también han surgido en estos años.²¹ La mayor parte de los recursos públicos se orientan a apoyar pequeños proyectos productivos, como tortillerías y molinos de nixtamal, panaderías, tiendas de abasto popular, pequeñas granjas avícolas o pecuarias, talleres de costura, pequeñas agroindustrias.²²

Resulta paradójico que el Estado ponga énfasis en proyectos productivos y a la vez los considere complemetarios (casi suplementarios) y les de un trato marginal en capacitación, asistencia técnica, financiamiento y crédito. Este hecho revela la incapacidad y ceguera de funcionarios, técnicos, asesores, etcétera, para identificar a las mujeres como productoras y la feminización de la agricultura, lo que tal vez se relaciona con el escaso acceso femenino a la tenencia de la tierra. Es también paradójico que los proyectos productivos que apoyan a mujeres generen escasos beneficios económicos y que a veces representen más una carga de trabajo que un alivio para sus economías.

Aunque no todos los saldos son negativos, pues la organización femenina también puede ser un novedoso espacio de conocimiento y lucha, en los que las mujeres valoran y despliegan sus capacidades y elevan su autoestima. La labor organizativa de las campesinas no sólo corre por cuenta de las agencias estatales, es probable que las experiencias más amplias y ricas hayan sido autogestadas, sean un desdoblamiento de organizaciones sociales campesinas, o bien, hayan sido promovidas por otros agentes como grupos eclesiales y organismos no gubernamentales, que abordan problemas de nutrición, salud, producción de alimentos y generación de recursos económicos, en busca de bienestar social y económico, equidad e igualdad de género, justicia política y desarrollo rural con inclusión femenina. Estos procesos no están exentos de problemas, pero parten de otra perspectiva.

En resumen, en los últimos años, uno de los grupos sociales que más está trasformando su vida es el de las mujeres rurales: las campesinas incursionan en nuevas actividades y asumen nuevas funciones en la economía, en la familia y en la vida comunitaria, no en balde se habla de la feminización de la agricultura y la pobreza; se mueven temporal o definitivamente de lugar de residencia; empiezan a tomar decisiones sobre sus cuerpos y su maternidad; y también empiezan a acceder a la propiedad jurídica de la tierra y a ejercer puestos de representación. Ciertamente, la debacle que vive el campo mexicano ha empujado a familias enteras, especialmente a las mujeres, a incursionar en más espacios y a asumir más tareas, pese a los altos costos para la salud, el bienestar y la vida de las mujeres y sus familias, se abren nuevos retos y otras perspectivas.

El mundo de la competencia y del libre mercado que hoy es incuestionable para los gobiernos y que irremediablemente coloca a los campesinos como perdedores, ha arrojado a las mujeres a competir por los escasos y mal pagados puestos de trabajo que ofrece la sociedad moderna; las ha arrojado también a un mundo nuevo, ciertamente más amplio que el del hogar tradicional, pero infinitamente injusto y cruel. Un mundo que les exige cambios radicales en la forma de vivir y de enfrentarlo. Las campesinas tendrán que remontar los rezagos y superar las desigualdades sociales y económicas que viven por ser del campo, pero también las injusticias que sufren por el hecho de haber nacido mujeres.

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1 Hace 25 años, 41 de cada 100 mexicanas vivía en el campo y ahora sólo lo hace 28 de cada 100 (Costa, 1995: 17).

2 Tomando como base el Censo de Población de 1990, se estimó la población total para 1995 (Valdés y Gomáriz, 1995: 10). A partir de este dato se ha calculado el porcentaje de la población rural (28.7%) y el de la población femenina rural (49.8%) con base en datos de Costa (1995: 17). El número de mujeres rurales estimado bajo esta modalidad es de 13,387,840. Algunas analistas han cuestionado el criterio estadístico para definir como rural a aquella población que habita en comunidades de 2,500 personas o menos (Aranda, 1995: 22; Costa, 1995: 17), se dice que en pueblos de 10 mil habitantes o menos aún predominan actividades y una cultura rural. Este último criterio, que considero más acertado, indicaría que existen alrededor de 18 millones y medio de mujeres rurales, sin embargo, no es fácil emplearlo pues las estadísticas disponibles se basan en el primer criterio.

3 Estimado con base en los datos de Téllez (1994: 17-18).

4 Según Fritscher (1991: 81) de las 2,816,000 unidades rurales, apenas 7.1% (199,936) se ha tecnificado. Las restantes 2,616,064 trabajan con técnicas tradicionales parchadas con jirones de una tecnología moderna medio adaptada a sus condiciones.

5 Tres y medio millones de propietarios son ejidatarios y comuneros y 1.5 corresponde a los propietarios privados (Warman, 1996: 171).

6 Valenzuela y Robles (1997: 43) señalan que sólo 24.4% de los núcleos agrarios cuenta con parcelas de la mujer. Costa (1996: 99) señala que en 1991 sólo había 6,300 UAIM registradas: 35% activas, 50% inactivas, 4% desparecidas, 7% nunca existieron y de 3% no había información.

7 Hace un cuarto de siglo había una mujer por cada 100 propietarios del sector social, ahora son casi 18 (Valenzuela y Robles, 1997).

8 El citado estudio de Valenzuela y Robles (1996: 34 y 38), se basa en 40% de los ejidos certificados a través del Procede, y calculan que al finalizar el recuento serán aproximadamente medio millón de mujeres las que tienen derecho o posesión directa de la tierra.

9 Por unidad doméstica campesina entendemos al pequeño universo constituido generalmente por un grupo familiar (nuclear o extenso) que desarrolla una actividad económica diversificada (generalmente la agricultura de granos básicos es el eje), sobre la base de una pequeña parcela territorial. La unidad doméstica campesina genera productos para el mercado y para el autoconsumo y organiza su actividad en función de la cantidad y tipo de la fuerza de trabajo familiar de que dispone (según sexo y edad), pese a que eventualmente contrate trabajo asalariado, así como de la cantidad de tierra y medios de producción con que cuenta. La reproducción de la unidad doméstica campesina está condicionada por factores de carácter socioeconómico, pero en su dinámica también incide la cultura y las relaciones de poder.

10 La cifra ha sido estimada aplicando al dato de Warman (1996: 171) cinco millones de propiedades rurales, el porcentaje de predios campesinos calculado por CEPAL (86%), la cifra alcanza 4 millones 300 mil. El método es discutible, y otros cálculos difieren mucho: Appendini (1993:204), calcula 2,325,206 trabajadores por su cuenta; Moguel (1990: 5-6) 2,185,000 minifundistas; pero ambos autores consideran datos sobre propiedad rural muy anteriores a los que surgen del Procede. Si la cifra aportada por Warman es más cercana a la situación actual, entonces también es probable que el dato aquí estimado se ajuste más a ella, pero estamos conscientes de que se necesita más rigor en este cálculo.

11 Costa (1995: 12), retomando el Censo de 1981, estima que 57.9% del total de la propiedad es menor de cinco hectáreas. Hemos hecho otro cálculo considerando que sólo 86% es propiedad campesina. Si bien no es exacto, nuestro dato se aproxima al concepto que buscamos.

12 Ávila (1997: VI) reporta que 80% de las familias rurales son de tipo nuclear y 13.4% son familias extensas.

13 La Unión Nacional de organizaciones Campesinas Autónomas realizó una encuesta en 1992, en la que las mujeres de 137 ejidos declararon en el deshierbe (76%), en la cosecha (72%), en la siembra (64%) y (59%) en la aplicación de insumos (Costa, 1996: 97).

14 Otros analistas sugieren que la llamada economía campesina incluye a 86.6% (Costa, 1995: 12).

15 45% de los partos en poblados menores de 15 mil habitantes son atendidos por comadronas (Costa, 1996: 95).

16 26% de las familias rurales recibe algún tipo de asistencia alimentaria, 12.2% despensas familiares, desayunos escolares 9.2%, leche 5.3% y tortilla 1% (Ávila, 1997: V).

17 En la ciudad, 23% de las mujeres ocupadas está registrada como "Trabajadora de servicios personales", que mayoritriamente se refiere a empleadas domésticas (Valdés, 1995: 45).

18 En 1980 se diseñó el PRONAM (Programa Nacional de la Mujer) al interior de Consejo Nacional de Población; en 1983, PROMUDER (Programa de Acción Para la Participación de la Mujer Campesina en Consecución del Desarrollo Rural) adscrito a la Secretaría de la Reforma Agraria (Robles, 1993).

19 Programa de Desarrollo Comunitario con la participación de la Mujer PINMUDE, formulado en 1984 y adscrito a a la Secretaría de Programación y Presupuesto.

20 Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de la Mujer Campesina, que en 1995 se convirtió en el Programa de la Mujer Campesina y desarrolló 1,440 proyectos, benefició a 29 mil campesinas e invirtió 200 dólares por beneficiaria. En cuanto a las beneficiarias, 52.9% fueron UAIMs, 33.8% Sociedades de Solidaridad Social, 6.7% Grupos de Trabajo y 3.9% Sociedades de Producción Rural (Valenzuela, 1996: 57).

21 Las actividades de Musol con mujeres rurales entre 1989 y 1993 incluye 3,580 actividades entre las que destacan las tortillerías y molinos, costura, panaderías y tiendas de abasto, mejoramiento de vivienda y granjas comunitarias. El Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad reporta que de 10,372 empresas constituidas, 140 están integradas por mujeres. El Banco Nacional de Crédito Rural habilitó a 199 UAIMs en 1986, en 1988 sólo 72 y actualmente ninguna (Costa, 1996: 102).

22 Costa (1996: 100) señala que en una muestra de 483 grupos de mujeres, 80% eran UAIMs, 33% se dedicaban a actividades agropecuarias, 27% a tortillerías y molinos de nixtamal, 14% a actividades agrícolas, 7% a talleres de costura y 6% a trabajar en pequeñas agroindustrias.