Como se aprecia, el volumen de efectivos laborales ocupados por la agricultura no azucarera es de una magnitud significativa, con independencia de que en determinados momentos pico y en algunas unidades productivas se presenten déficits.

Evidentemente el problema no es tanto cuantitativo como organizativo y económico, lo que se trata es de buscar mecanismos de incentivación que logren, en primer lugar, incrementar la productividad del hombre en la agricultura y a la vez retener las fuerzas. En tal sentido las UBPC constituyen uno de los vehículos para alcanzar tales objetivos.

También el desarrollo de las relaciones de cooperación horizontal entre las unidades productivas puede contribuir a elevar el aprovechamiento de la fuerza de trabajo en la agricultura, atenuando el efecto de la estacionalidad en el uso de los recursos laborales en el sector.

En paralelo con los incentivos económicos será necesario seguir desarrollando la infraestructura de apoyo a la actividad agropecuaria como parte de un enfoque sistémico, que contribuya complementariamente a los objetivos antes mencionados en relación con los recursos humanos.

Modo de vida rural

El modo de vida rural constituye un aspecto de obligada consideración en el escenario agrícola, dado su estrecha relación con los recursos humanos. Bajo una concepción sistémica, él mismo forma parte integrante como un subsistema básico del sistema agropecuario, sin el cual resulta difícil, si no imposible concebir cualquier proyecto de desarrollo agropecuario.

Con posterioridad a 1959 se comenzó la ejecución de un inmenso proceso inversionista dirigido a la "Transformación integral de la agricultura", basa- do en la especialización local y diversificación nacional de los cultivos. Constituyó ésta una de las acciones principales con las que se enfrentó el desafío del desarrollo agropecuario y la erradicación de la pobreza rural.

Los proyectos llevados a cabo cumplían varios objetivos:

• La eliminación de la población dispersa, lo que constituía un obstáculo para la tecnificación de la agricultura.
• El poblamiento de los territorios que no contaban con la fuerza de trabajo para la atención de los cultivos (migraciones dirigidas).
• La elevación de las condiciones de vida de la población rural.
• Lograr la estabilidad de la fuerza de trabajo agrícola.

Históricamente, la situación del "déficit de fuerza de trabajo en la agricultura" se ha enfocado como algo que se resuelve con la construcción de viviendas y con tal propósito se han asignado para el sector más de 200 mil viviendas entre 1959 y 1996, de ellas casi 50% en unas 600 comunidades agropecuarias de nuevo tipo, con cerca de 100 mil viviendas distribuidas entre cultivos de exportación 45%, cultivos alimenticios 35% y otras actividades agropecuarias y forestales 20 por ciento.

Como puede apreciarse, el mejoramiento del modo de vida rural en nuestro país posee un elevado componente material, imputable a la creación y desarrollo de la infraestructura social. Este soporte material constituye, sin duda, una premisa básica, mas no única.

Los resultados logrados en materia de estabilización de la fuerza de trabajo y de la contribución que estas comunidades debían aportar a los requerimientos de recursos humanos del sector agropecuario, han sido en la práctica muy inferiores a lo previsto en los proyectos originales. En su concepción original se preveía que cada vivienda en estas comunidades contribuyera con 1.5 trabajadores para el sector, sin embargo, la estadística reporta tan sólo un aporte de 0.88 trabajadores.

Un aspecto que no puede desestimarse al explicar estos resultados, es el referido a la tipología y calidad de las viviendas construidas en dichas comunidades. Una parte importante de estas viviendas son de tipo colectivo —edificios multifamiliares— semejantes a los de zonas urbanas, impropias para el medio rural; otras carecen de áreas aledañas para el desarrollo de producciones de autoconsumo; otras tienen una deficiente calidad constructiva, etcétera.

A estos pobres resultados en cuanto a la incorporación laboral contribuyen otros factores, algunos de ellos concomitantes con el desarrollo general de la sociedad, por ejemplo el grado de urbanización alcanzado: en 1959, dicho índice era de sólo 57% a nivel nacional; en 1981 se elevó a 69%, y actualmente llega a 74%, lo cual ha estimulado la corriente migratoria rural-urbana. Entre 1970 y 1981 se estima que por este concepto la población rural dispersa y la residente en lugares con menos de 200 habitantes ha disminuido en 1.5 mil habitantes, que se han movido hacia la capital, las cabeceras provinciales, ciudades mayores de 200 mil habitantes, cabeceras municipales, asentamientos de base y asentamientos rurales mayores de 200 habitantes. De esta forma, algo más de 0.5 mil habitantes permanecen en la franja rural.

Estos hechos demográficos no pueden desligarse de la voluntad política de descentralizar la industrialización y elevar las condiciones de vida, especialmente las asociadas a los servicios, la cobertura en electricidad y la vialidad.

Vinculado a lo anterior, otro factor que ha contribuido a la migración campo-ciudad, ha sido el crecimiento de la oferta de empleos en los asentamientos urbanos y semiurbanos. Del total de empleos creados en el país, 70% corresponde a actividades no agrícolas, lo cual ha ejercido una fuerte atracción sobre la fuerza de trabajo radicada en las zona rurales.

Como se puede constatar, la "falta de trabajadores e inestabilidad de la fuerza de trabajo en la agricultura" rebasa la simple idea de la vivienda y las comunidades especializadas como la única solución y aunque la vivienda no deja de ser un problema general del país, no es más que un eslabón de la larga cadena de problemas que hay que garantizar al sector agropecuario para lograr que sea eficiente, productivo, competitivo, atrayente y capaz no sólo de estabilizar su fuerza de trabajo y captar la necesaria, sino de garantizar su relevo.

El modo de vida rural tiene además del componente material infraestructural, un elevado componente sociológico y económico. Ello pasa obligadamente por el respeto y rescate de tradiciones autóctonas, muchas de ellas específicas de cada territorio, así como por la implementación de diferentes fórmulas y mecanismos de incentivación económica a través de precios, acceso al mercado, a los bienes de producción de consumo y otros incentivos, capaces de revertir de manera definitiva la tendencia regresiva en la productividad del trabajo agropecuario y en la inestabilidad laboral del sector.

Evidentemente el modelo seguido hasta 1993 adoleció de una concepción integral en cuanto a la correcta interrelación de los aspectos sociales y económicos. La ausencia del sentido de pertenencia por parte de los recursos humanos, desarraigados del concepto de propiedad sobre los activos agropecuarios, incluyendo la tierra, la desvinculación de los ingresos respecto a los resultados productivos finales, los bajos ingresos respecto a otros sectores, la negativa influencia de las elevadas pérdidas registradas en la agricultura estatal debido a la ineficiencia productiva, fueron los rasgos caracterizantes de dicho modelo.

La concepción con la cual se aborde esta problemática en el futuro deberá ser necesariamente mucho más integral en el marco de una política macro- económica que compatibilice acertadamente las direcciones de la misma con la política específica de la agricultura.

Una premisa fundamental para el objetivo de lograr el desarrollo y consolidación de los asentamientos poblacionales en el medio rural es, primero, el reconocimiento de que él mismo y su correspondiente modo de vida tiene, en nuestro país, elementos comunes y diferenciantes con relación al medio urbano y que este último no necesita ser imprescindiblemente la meta del desarrollo y que se puede lograr el enaltecimiento del modo de vida rural sin que ello signifique involución, sino su proyección sobre la base de la conjugación de la modernización y el respeto a las tradiciones de la población rural.

Esta rehabilitación del modo de vida rural deberá sustentarse en un conjunto de principios básicos:

El Desarrollo Rural Integrado debe ser, como nunca antes, el paradigma a seguir, sobre todo en el nuevo escenario agrícola del país donde, a partir de la creación de las UBPC y otras medidas adoptadas en el sector, se forja un nuevo sistema de relaciones de producción.

Desde la Primera Ley de Reforma Agraria la política agrícola se orientó a desarrollar y fortalecer el emergente sector agrícola estatal. En tal dirección se desplegó un cuantioso proceso inversionista en instalaciones y equipos que llegó a absorber una cuarta parte del fondo de inversiones del país entre 1960 y 1990. En el quinquenio 1991-1995 este monto fue todavía de 20% de dicho fondo.

Junto a este esfuerzo se fue dotando a la agricultura estatal en forma priorizada de una elevada cantidad de insumos industriales que elevaron la densidad material de la agricultura hasta niveles nunca antes alcanzados (anexo I).

Los cimientos organizativos del modelo agropecuario se caracterizaban por la presencia de grandes, si no gigantescas, empresas estatales operadas bajo principios eminentemente administrativos de dirección con escasos componentes económicos, lo cual fue generador de elevados subsidios provenientes del presupuesto estatal, con una notoria indiferencia ante los resultados financieros.

La dirección participativa nunca llegó a instaurarse, prevaleciendo la verticalidad y el excesivo centralismo, imponiendo metas y objetivos productivos carentes de objetividad y respaldo organizacional, muchas veces también sin el adecuado soporte material a pesar de la relativa abundancia de recursos que se disponían.

También se subestimó el potencial productivo del sector campesino, lo que se manifestó en la falta de mecanismos económicos de incentivación al igual que para el sector estatal. Esto se hizo evidente en las producciones agrícolas, pero sobre todo en la ganadería vacuna.

La congelación de los precios de acopio durante un prolongado periodo, así como sus bajos niveles, la falta de espacios legales para la realización de los excedentes productivos, la centralización en los suministros de bienes de producción, los bajos salarios pagados a los obreros agropecuarios, redundaron en un desinterés generalizado en los productores, tanto estatales como privados, respecto al aumento de la oferta, manteniendo virtualmente estáticos los volúmenes ofertados e incluso decreciéndolos en algunos casos. Con posterioridad a 1990, por las razones ya apuntadas, se manifestó una involución acelerada de los niveles de actividad que dieron al traste definitivamente con la política seguida hasta entonces.

Las relaciones de producción surgidas en el pasado, bajo el modelo centralizado, como se evidencia de lo antes expuesto, dejaban poco o ningún espacio para la estimulación económica. El plan se estructuraba y se conforma, aun en la actualidad, a partir de la "oferta" y ésta a su vez devenía en el resultado de determinados enmarcamientos establecidos centralmente con una concepción vertical de "arriba a abajo". Este proceder priorizaba a los productores estatales dado su mayor peso específico en el sector y a la política instrumentada.

Los productores no estatales, salvo en algunos casos como el del tabaco, donde eran mayoritarios, nunca llegaron a contar con una garantía material "ex-ante" sobre la cual establecer sus compromisos de entrega al Estado. En la práctica, se limitaban a mantener niveles discretos de ventas, por debajo de su verdadero potencial productivo, bajo determinadas presiones administrativas y políticas, pero no por la vía de obtención de beneficios económicos.

Este desempeño de la dinámica productiva, con estas aristas antieconómicas, estuvo influido además por los bajos precios de compra establecidos por el Estado, los cuales no permitían cubrir los costos a los productores esta- tales, por entonces preponderantes dentro del sistema, y, a los no estatales, les resultaban suficientes para no perder, pero muy inferiores a los que se pagaban en la circulación informal.

En este contexto, las organizaciones acopiadoras estatales —empresas de acopio para los renglones agrícolas y las empresas del MINAL para los pecuarios—, actuaban de forma pasiva ante los oferentes, prevaleciendo una relativa inercia en el proceso de contratación, lo que contribuyó prácticamente a congelar los niveles de oferta por parte de los productores y la gestión comercializadora.

Es a partir de 1993, con las medidas descentralizadoras de la propiedad agraria y otras de carácter económico, que se abre espacio a una nueva política agraria más a tono con la realidad económica actual en aras de remontar la profunda crisis estructural que afectaba el sector.

La dirección iniciada constituye, sin lugar a dudas, la plataforma sobre la cual deberán construirse los escenarios posibles en los próximos años. Mas para lograr los objetivos recuperativos en la actividad agropecuaria, principalmente en la producción de alimentos, se precisará de una mayor descentralización en los mecanismos de dirección, lo cual supone un gradual pero urgente abandono de las prácticas administrativas aún remanentes, a la de una progresiva y acelerada liberación de las fuerzas productivas, donde todos los actores sociales conjuguen sus esfuerzos productivos dentro de un nuevo modelo donde prevalezcan los mecanismos económicos y las relaciones de cooperación horizontales y verticales, teniendo en cuenta, en primer lugar, el profundo cambio estructural introducido en el patrimonio de los activos agropecuarios a favor de actores no estatales, tanto colectivos como privados.

No podrá obviarse, por supuesto, el papel del Estado en su condición de rector del proceso de transformaciones, pero este rol deberá desarrollarlo bajo una nueva condición funcional, cediendo el espacio de administrador y productor directo a los nuevos actores y a los ya existentes en el nuevo escenario. Dentro de esta nueva política agraria será necesario distinguir las particularidades ramales con la agricultura y la ganadería, así como la necesaria interrelación entre ambas.

La primera, dada sus características tecnológicas, está en mejores condiciones de revertir el sesgo negativo. La producción de alimentos agrícolas se basa, en casi todos los casos, en cultivos anuales o de ciclo corto, por lo cual la aplicación de palancas económicas a la par de determinadas medidas tecnológicas y organizativas, tales como precios de acopio más altos, mayor libertad de comercialización, acceso a insumos, facilidades crediticias, recaudación tecnológica, etcétera, deben impulsar el proceso recuperador en el corto plazo, así como la ulterior expansión de la producción.

Dentro de las producciones agrícolas, por supuesto, será necesario diferenciar causísticamente los diferentes renglones: en las viandas y hortalizas donde los niveles que se vienen logrando se acercan bastante a la demanda efectiva de consumo, la dirección principal debe estar en la diversificación y escalonamiento en el tiempo de la producción; en el arroz y los frijoles por su importancia social y económica, dado su alto costo de importación, se precisa la implementación de una política de estimulación económica directa que haga posible reducir las importaciones, cuyos precios se pronostica que crezcan en los próximos años; en el maíz igualmente se debe aplicar una concepción semejante; en el caso de las oleaginosas será requisito formular un programa a más largo plazo que permita ir incorporando la producción nacional a las fuentes del balance, teniendo en cuenta que los precios de las grasas comestibles deben incrementarse en los años subsiguientes; en relación con los frutales, donde existe un potencial poco aprovechado, las acciones deberán dirigirse a rescatar el mismo, a través de precios estimulantes y apoyo material mínimo en la medida de las posibilidades.

La ganadería en cambio, requiere de otras consideraciones dada su mayor complejidad, deterioro experimentado en sus activos, ciclo más largo, excesiva especialización y desbalance secular en la base alimentaria. La recuperación de la ganadería no parece probable ni factible en el corto plazo, sólo en el mediano plazo, sobre la base de una nueva política es viable aspirar a dicho objetivo.

Al igual que en la rama agrícola, la presencia de nuevos actores y los cambios estructurales introducidos configuran un nuevo escenario. Específicamente en la ganadería vacuna, la actual tenencia de ganado es predominantemente no estatal —67% entre UBPC, campesinos y otros— lo cual comporta obligadamente un nuevo enfoque en la política a seguir.

Resulta evidente que la excesiva centralización administrativa y ausencia de incentivos económicos que ha caracterizado y aún caracteriza la política seguida con esta rama por más de tres décadas, no ha podido garantizar ni tan siquiera la reproducción simple del rebaño, con un notorio estancamiento de la producción en los años ochenta, periodo en el cual la ganadería dispuso de los mayores recursos de su historia (0.5 millones de toneladas de piensos, 1.0 millones de toneladas de miel, 0.3 millones de toneladas de fertilizantes, anualmente), razas genéticamente superiores y cuantiosas inversiones. En la presente década la caída de la producción alcanza ribetes dramáticos, más de 50%, respecto al periodo precedente.

Todo lo anterior convoca a una urgente y al mismo tiempo profunda y crítica reflexión sobre esta difícil problemática, tal vez la de mayor complejidad que se enfrenta en el sector agropecuario, hasta ahora sin una solución visible bajo los esquemas y concepción tradicionales.

La avicultura, segunda actividad en importancia, después de la vacuna, confronta una situación particular, dada la unicidad en su alimentación, basada exclusivamente en el consumo de piensos importados. Se precisa articular una política que contemple el desarrollo de algunas producciones internas que al menos permitan paliar, aunque sea parcialmente, las frecuentes crisis en el suministro de materias primas importadas, cuya estabilización ha sido secularmente muy precaria y perspectivamente no se avizoran cambios sustanciales en tal sentido.

Esta solución se asocia a la avicultura especializada. Para el resto de los productores no especializados también será imprescindible diseñar una política que estimule la producción con destino al autoconsumo a partir de fuentes propias de alimentación.

La ganadería porcina, dada su mayor ductibilidad alimenticia, resulta la actividad menos compleja en cuanto a su recuperación. En este caso la producción no especializada, dirigida al mercado o al autoconsumo, constituye la principal fuente de abasto del consumo en estos momentos. Se trata pues de accionar en la dirección estimuladora de la misma, a la par que puedan lograrse algunos avances en la producción especializada, mucho más restringida por las fuentes alimentarias.

La ganadería ovino-caprina representa una importante actividad que por su fácil manejo, menor exigencia alimentaria y corto ciclo puede pasar a ocupar un lugar importante en la oferta de carne básicamente. En tal sentido, se hace necesario instrumentar un programa que propicie la expansión de esta ganadería, que en el corto plazo puede contribuir efectivamente a atenuar los déficits presentes en las otras ramas dentro del consumo de la población.

La principal restricción de la economía en los actuales momentos y en los próximos años es la insuficiencia financiera externa. En el caso particular de la producción agroalimentaria este aspecto condiciona severamente el despliegue de la misma. Los requerimientos de importación para la base técnico-material de las distintas producciones sólo se ha podido garantizar a niveles mínimos muy por debajo de las magnitudes que se demandan para elevar la escala de los niveles de actividad.

Dentro del sistema del MINAG se ha instrumentado el mecanismo del autofinanciamiento en divisas en 20 actividades, mediante el cual el organismo accede a una determinada cantidad de recursos en divisas que se financian con los propios ingresos. Sin embargo, los ingresos obtenidos por esta vía resultan insuficientes para cubrir la demanda total de divisas de la producción agroalimentaria, por lo que se precisa de otras fuentes, principalmente de la Caja Central, para poder complementar dicha demanda.

En 1996, el total de gastos en divisas del MINAG por concepto de insumos, recursos para inversiones, servicios productivos e invisibles se estima en unos 520 millones de pesos que con los otros gastos financieros (pagos de deuda, cuentas por pagar, etc.) eleva a 670 millones de pesos el monto to- tal. En tanto los ingresos brutos por exportaciones y ventas internas en divisas del periodo se calcula en unos 246 millones de pesos, lo que representa sólo 47 y 36% de los gastos respectivamente. De la Caja Central se estima un aporte de 247 millones de pesos y el resto por vía de créditos y otras fuentes.

Para 1997, los ingresos por exportaciones y ventas internas en divisas se proyecta aumentarlos a 338 millones de pesos, mientras tanto, los gastos materiales e indirectos deben alcanzar unos 567 millones de pesos y los totales 767 millones de pesos, por lo que la contribución de las fuentes propias se elevaría a 59 y 44% respectivamente. La Caja Central deberá aportar 295 millones de pesos.

Como se puede apreciar, los ingresos generados por el propio MINAG no llegan a cubrir los gastos, cuyo nivel actual se encuentra severamente restringido, ya que el incremento de los niveles de actividad, sobre todo en la ganadería, implicaría un aumento de los mismos en un orden de 100 millones de pesos aproximadamente.

Perspectivamente, la potencialidad de los fondos exportables del MINAG no parece que pueda llegar a cubrir, ni con mucho, la totalidad de los gastos. Por lo que se impone la búsqueda de otras fuentes de financiamiento a par- tir de las propias producciones agroalimentarias que permitan aumentar el respaldo económico para el ulterior crecimiento de las mismas.

Estas fuentes deben provenir de la sustitución de importaciones de aquellos renglones de la nomenclatura del propio sistema del MINAG que hoy se importan y que mediante diferentes medidas de estimulación económica y organizativas pueden irse sustituyendo con un saldo favorable para el país. Estos son los casos, en primera instancia del arroz, los frijoles, la leche, el maíz y la carne. En un periodo posterior pueden incorporarse las oleaginosas.

Obviamente la contribución de la Caja Central y otras fuentes financieras continuarán requiriéndose, al menos en el mediano plazo. De otra forma no podrá enfrentarse el desafío productivo que se plantea.

En este contexto, la rápida reconversión tecnológica de la agricultura orientada al desarrollo de producciones basadas en tecnologías de bajos insumos, la elevación de la eficiencia y un riguroso control de los gastos, constituyen acciones imprescindibles, sin las cuales los esfuerzos anteriores pueden resultar estériles.

La actual situación agroalimentaria del país es en extremo crítica. El reajuste organizacional y tecnológico representa un desafío en las actuales circunstancias financieras externas, que condiciona en forma severa tanto la producción como la importación de alimentos, acrecentando la vulnerabilidad del sistema de seguridad alimentaria nacional.

La estaticidad de la producción nacional durante la pasada década y el sesgo negativo experimentado en la presente señalan la inviabilidad del modelo de desarrollo agropecuario seguido en el pasado, obviamente insostenible en el futuro.

El conjunto de acciones económicas y organizativas adoptadas en años recientes abre una nueva perspectiva en el ulterior desempeño del sector agroalimentario nacional, pero hasta la fecha los resultados obtenidos son insuficientes para remontar categóricamente la profunda crisis experimentada. Son demasiado discretos los avances alcanzados y a todas luces insuficientes para elevar la oferta de alimentos en la cuantía requerida.

Si bien es cierto que globalmente los índices económicos agregados dan alguna muestra de recuperación del sector agropecuario, su magnitud y estructura no logran transformar las tendencias de una manera profunda. Subsisten complejas problemáticas productivas en la rama agrícola y muy especialmente en la ganadería.

Evidentemente los crecimientos que se han logrado revisten cierta significación, mas ello no debe interpretarse como un gran logro, teniendo en cuenta lo deprimido de la producción en años precedentes.

Como se puede constatar, los actuales niveles de oferta y los ritmos de crecimiento alcanzados en 1995 y 1996 no son ni remotamente los requeridos para mejorar significativamente el consumo de alimentos. La tradicional inelasticidad de la oferta agrícola, derivada de las características productivas y organizativas del sector, donde no es posible plantearse grandes saltos en las producciones de un año a otro, así como las limitaciones financieras externas y la situación organizacional prevaleciente, en pleno proceso de transición respecto a la definición de los roles que deben asumir los distintos actores sociales, condicionan la posibilidad de elevar sustancialmente la producción agroalimentaria nacional en el corto plazo.

Sin embargo, justamente como consecuencia de lo anterior, se precisa imprimir el máximo dinamismo en la implementación de acciones que coadyuven a cambiar profundamente el desempeño del sector agroalimentario en su conjunto, sobre la base de una mayor liberación de las fuerzas productivas en la consecución de una nueva estrategia que permita recuperar y elevar los niveles de seguridad alimentaria.

En el proceso de conformación de la nueva política agraria se impone un urgente y dinámico proceso interactivo que propicie la pronta reactivación de la producción.

Los pasos iniciales ya se han dado, se trata entonces de darle continuidad, profundizar en las reformas y perfeccionar los mecanismos, sobre la base de una progresiva y acelerada descentralización de la gestión a favor de los productores y circuladores en aras de alcanzar una mayor competitividad dentro de un contexto donde la "demanda" constituya la variable independiente.

Para ello será preciso otorgarle un rol más activo al mecanismo del mercado, ampliando su radio de acción, lo cual conlleva el reconocimiento de un espacio natural para el mismo como vehículo más efectivo de realización de la producción, a la vez de trasladar al consumidor el papel protagónico principal en el nuevo escenario económico. A fin de propiciar este objetivo será necesario flexibilizar los mecanismos de contratación de la producción, viabilizando un mayor grado de libertad a los productores y, al mismo tiempo, lograr que la gestión de acopio responda de manera más efectiva a las exigencias del consumo en aras de alcanzar una mayor competitividad en el funcionamiento del sistema productivo y de comercialización.

Ello puede implicar la transformación de las formas organizativas establecidas en la esfera de la circulación. El esquema actual debe evolucionar hacia formas más descentralizadas y autogestionadas, incluyendo la posibilidad de introducir esquemas cooperativos para esta esfera productiva agropecuaria.

Una estrategia de este tipo comporta modificaciones importantes tanto en las formas de gestión y elaboración del Plan como entre la interrelación de la supraestructura y la base; será necesario definir nuevos roles al Estado y a los agentes microeconómicos, así como encontrar mecanismos de regulación del mercado a través de instrumentos económicos y fiscales y no administrativos; facilitar el acceso a los insumos a los productores y elevación de los incentivos económicos por todas las vías posibles, y otras medidas complementarias que viabilicen el incremento de la producción en el corto plazo.

En relación con el sistema logístico que soporta el funcionamiento del sector agropecuario, es preciso, teniendo en cuenta la profunda modificación estructural experimentada en el mismo, en función de la cual 65% del fondo de tierras y de la producción se ubican en el sector no estatal, así como la apertura aún limitada de un sistema de comercialización de la producción en un mercado libre que posibilita incrementar significativamente los ingresos de los oferentes, todo lo cual supone un nuevo contexto en materia de relaciones de producción y en especial en lo referente a los flujos de suministros hacia el sector, aplicar fórmulas bajo la premisa de viabilizar el acceso a los mecanismos económicos y no administrativos como hasta la fecha ha venido ocurriendo. Al mismo tiempo se requerirá una reestructuración organizativa que soporta el actual sistema logístico agropecuario.

En primer lugar, sería necesario crear una red de establecimientos especializados a nivel territorial, a donde puedan acudir los distintos productores para adquirir los insumos requeridos. El acceso a los recursos se realizaría en virtud de un marco financiero asignado, que sustituiría la tradicional asignación de recursos. El monto de este marco podría estar subordinado bien al compromiso de ventas contraído entre el productor y el Estado, o al incremento de las ventas realizadas al Estado respecto a periodos precedentes. Del mismo modo también pudiera depender del interés estatal por estimular una actividad determinada.

Paralelamente, habría que emprender la apertura de un mercado complementario de bienes de producción a precios diferenciados, para darle espacio a aquellos productores que destinen parte o la totalidad de su producción al mercado agropecuario y puedan retroalimentarla para lograr un incremento de la oferta con tal destino, así como posibilitar el acceso a los productores que deseen cubrir requerimientos adicionales por déficits presentados o para ampliar la escala de producción.

Finalmente, la demanda futura de alimentos sólo podrá enfrentarse si el sector agropecuario desenvuelve su actividad en un nuevo paradigma de carácter integral, donde la tecnología no pierda de vista lo ecológico, lo económico sea tan importante como lo social, los rendimientos se vinculen a consideraciones agroecológicas y de costos, la cantidad se sustente en la calidad y, en suma, que cualquier acción tome en cuenta sus efectos intersectoriales y el entorno macroeconómico. El nuevo paradigma, además, deberá erigirse sobre la base de la concertación con los grupos sociales involucrados, conjugando acertadamente los aspectos sociales con los económicos y los ambientales.

^*Ponencia presentada en el Foro Regional de Economía de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba.

^**Profesor Titular de Economía Agropecuaria del Instituto de Economía de la Universidad de la Habana.

Balance de la tierra y su utilización 1994 y 1995, ONE.

Programa alimentario, enero-diciembre 1994, ONE.

El consumo de alimentos, sus producciones e importaciones (Comité Estatal de Estadísticas), 1992.

Intervención de José Luis Rodríguez en el Seminario a los Delegados Municipales del Ministerio de la Agricultura, junio de 1996.

Consumo de alimentos y aporte nutricional, Dirección de Desarrollo Social, MEP.

Análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos del Ministe- rio de la Agricultura en el periodo 1986-1993, Dirección de Trabajo y Salarios, JUCEPLAN.

"Comunidades agropecuarias. Una experiencia del proceso de transformación del área rural en Cuba", Arq. Elizabeth Justiz García, IPF, 1995.

Síntesis del diagnóstico sobre el Sistema de Asentamientos Poblacionales y el Desarrollo Agropecuario, Arq. Elizabeth Justiz García, IPF, 1996.

Estudio del modo de vida rural, Resumen de información, IPF, 1996.

"La política agrícola en el nuevo estilo de desarrollo latinoamericano", Raúl Gómez Oliver, FAO, 1994.

"Potencialidades del desarrollo agrícola y rural en América Latina y el Caribe", FAO, 1989.

"Los efectos de la producción y transformación de productos básicos sobre el medio ambiente", Junta de Comercio y Desarrollo, onu, 1993.

"Las funciones del mercado y el Estado en una estrategia de desarrollo agropecuario", Danilo Astori, REDCAPA-FAO, 1996.

"La modernización del sector agropecuario: un cambio de paradigma", Alfonso Cebreros, Revista Comercio Exterior, México, octubre de 1991.

Indicadores económicos seleccionados, MINAG, junio de 1996.

"La planificación del desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria", Apuntes sobre la experiencia cubana, Pablo Fernández, ponencia presentada a evento internacional de FAO, 1989.

"El sector agroalimentario. Rasgos más relevantes. Importancia económica y su evolución", Pablo Fernández, ponencia presentada a evento nacional FAO-MINSAP, 1996.

"Mercado agropecuario: apertura o limitación", MEP-INIE, 1995, Revista del INIE, núm. 4/1995.

"Las UBPC y su necesario perfeccionamiento", MEP-INIE, 1996, Revista del INIE, núm. 2/1996.

Informaciones varias de la Dirección de Agroindustria del MEP.

"Los problemas ecológicos en la agricultura cubana", Francisco García y Elio Perera, CITMA, 1996.

"Características del comercio internacional de los principales alimentos importados por Cuba: perspectivas", Anicia García, Isis Mañalich, Nieves Pico y Nancy Quiño- nes, INIE,1996.