Manuel Castaños, Carlos, UACH-CIESTAAM, col. Crónicas de campo, México, 1996, 440 pp.

La agricultura mexicana vive —desde hace 25 años— la crisis más profunda de la historia reciente; el sector agropecuario ha sido considerado como "no estratégico" por el porcentaje que aporta al Producto Interno Bruto (PIB). Para Castaños, la agricultura nacional ha resentido dos grandes golpes que la han llevado a la actual crisis: el proteccionismo del presidente Miguel Alemán hacia el sector industrial en detrimento del agropecuario, y la apertura comercial, indiscriminada e inoportuna, del mercado dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC), que incluyó a México en una competencia desleal y desigual.

Al disminuir la injerencia estatal en la economía, surgir la apertura comercial, la liberación de precios, aumento de la inversión extranjera, privatización de las empresas gubernamentales y las nuevas medidas agrarias que pretendían la modernización de la agricultura (todas éstas características del modelo neoliberal), no sólo aumentó la dependencia financiera con relación al exterior, sino que se acentuó la desigualdad del ingreso rural y la pobreza extrema que padece el campo mexicano.

Tras los cambios al Artículo 27 constitucional y promulgarse la actual Ley Agraria, se pensó que, una vez eliminados los obstáculos legales, ocurrirían dos circunstancias favorables: fluiría la inversión al campo y se propiciaría la compactación de superficies agropecuarias y forestales, y, como consecuencia, el minifundio pasaría a la historia. Para el autor, hoy día, ninguna de las principales formas de tenencia de la tierra se escapa del fantasma del minifundismo.

Contra todo pronóstico, la balanza comercial del sector agropecuario es sumamente deficitaria; situación opuesta a lo que los teóricos economistas del sector oficial aseguraban ocurriría una vez realizada la apertura comercial y la integración con los mercados norteamericano y canadiense.

Por otro lado, dentro de las anteriores expectativas, también se esperaba que los productores inmediatamente se asociaran; cosa que tampoco ocurrió, entre otras razones, debido a la inseguridad que ello significa para los campesinos. Para ellos, la historia de sí mismos está ligada a la lucha por la tierra, quienes la trabajan se arraigan a ella: se les despierta un fuerte sentido de pertenencia. Por eso, les es muy problemático aceptar cualquier tipo de cambio. Si entre ellos muchas veces resulta difícil que ocurra una asociación, con mayor razón respecto de extraños, que provienen de otro estrato social. Además, las anteriores crisis eran selectivas; ahora, los infortunios los resienten todos los agricultores del país, sin importar situación económica, región agroecológica, tipo de tenencia o cultivo.

Las políticas aplicadas han demostrado, unas más que otras, no ser opción para los productores agropecuarios, puesto que no han derivado en utilidades que les permita, cuando menos, una mínima capitalización que pudiera reflejarse en una reactivación del sector rural. Entonces, si en realidad se pretende reactivar al agro, no podrán aplicarse más políticas estériles.

El interés de Carlos Manuel Castaños es que, quienes tengan la responsabilidad de la aplicación de las políticas agropecuarias, lo hagan con la finalidad de promover la práctica de un modelo endógeno de desarrollo, en el cual los agricultores y sus familias sean los verdaderos protagonistas, evitando en lo posible la dependencia respecto de las decisiones que tomen agentes externos.

Cuando se vaya a realizar cualquier actividad en el medio rural, lo primero que debe considerarse —según el autor—, es a quién o a quiénes se pretende beneficiar o atender con la aplicación de cualquier programa. Esto último, debido a que coexisten en el campo dos grandes grupos de productores: los que tienen medios para sacar adelante sus actividades y aquellos que, por una u otra razón, no tienen medios y producen de manera ineficiente: los pobres del campo.

Para el primer caso, la estrategia a seguir tendrá que ver directamente con la productividad, innovaciones tecnológicas y capitalización. En el segundo, todas las acciones deberán incluir un sentido social, es decir, habrá que satisfacer primero las necesidades básicas de alimentación, casa y vestido antes que la promoción del ahorro familiar, que será el dique para contener futuros infortunios.

El planteamiento del autor radica en la pregunta: ¿cómo paliar los efectos adversos de las políticas neoliberales en el entorno del sector agropecuario, considerando como punto de partida a las microrregiones? Para responder, menciona las normas de carácter general que deberían considerarse en una "política dirigida al campo": restituir la confianza y credibilidad de la sociedad rural; realizar programas a partir de sus necesidades y decisiones, y promover el aprovechamiento integral de los recursos disponibles.

El relato de la participación del autor en la Secretaría de Agricultura del Estado de México y los avances obtenidos durante ese tiempo, justifican lo anterior y propone que se aplique de manera similar en cualquier estado del país, considerando siempre las características culturales, geográficas y de producción de la zona o región de que se trate.