Mauricio Cánovas Moreno*
Los proyectos de desarrollo son la prueba para un modelo económico y social. Concretar un esfuerzo institucional de cambio en el campo mexicano depende de muy diversos factores, como son la rentabilidad de las inversiones, la dinámica social y la legislación vigente.
En el municipio de San Blas, estado de Nayarit, hay un ejemplo concreto que amerita su observación y análisis; nos referimos a la granja de engorda de camarón Boca Cegada, la cual representa una experiencia de inversión directa de capital privado nacional en el sector agropecuario, basado en un piso jurídico de certidumbre, sobre todo en lo que se refiere a la tenencia de la tierra, y en particular en el hecho de que involucre terrenos ejidales regularizados con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
En el caso del ejido Política Agraria de Gascón Mercado, se trata de una dotación sobre terrenos de marismas y manglares sin vocación agrícola y que se utilizaba como agostadero para ganado vacuno, con un aprovechamiento inadecuado del suelo.
Los 32 integrantes de dicho ejido decidieron en Asamblea del 22 de mayo de 1994 incorporarse al Procede; posteriormente, por la vía de la promoción de inversiones del gobierno de Nayarit, la empresa Aquanova manifestó su interés de llevar a cabo un proyecto de desarrollo acuícola en la zona de San Blas. El diálogo y los acercamientos entre el ejido, el gobierno —en sus tres niveles— y la empresa comenzaron con la búsqueda de un equilibrio concertado y valedero.
Se analizó la posibilidad de asociación alternativa que las partes asumieron inviable en función de diversas causas, tales como la avanzada edad de los ejidatarios (60 años en promedio), su inexperiencia en la producción acuícola y, por lo demás, a que ninguno de ellos vivía en los terrenos ejidales, sino en Autan, población cercana del mismo municipio de San Blas.
Aquanova negoció con el ejido la compra de los terrenos. En función de ello, los ejidatarios solicitaron a la Procuraduría Agraria su asesoría con el propósito de convertir a la propiedad privada sus parcelas ejidales regularizadas a través del Procede.
El acuerdo de Asamblea, autorizando a la totalidad de los integrantes a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, fue inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 9 de enero de 1995, fecha en la que se expidieron 90 títulos de origen parcelarios, con una superficie de 138-73-75.48 hectáreas.
El núcleo de población agrario que nos ocupa, al delimitar sus tierras en los términos del artículo 56 de la Ley Agraria, destinó una superficie de 201-63-41.92 hectáreas al uso común, que posteriormente cambió el destino al de área parcelada (los trabajos técnicos de las nuevas parcelas corrieron a cargo de Aquanova, en virtud de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) había concluido su participación en ese ejido), por lo que el RAN expidió 32 certificados parcelarios para igual número de ejidatarios.
Con base en lo expuesto, se dio un nuevo acuerdo de Asamblea de formalidades especiales, autorizando a la totalidad de ejidatarios a adquirir el dominio pleno; consecuentemente, el RAN expidió 31 títulos de origen parcelario, con una extensión superficial de 194-50-68.77 hectáreas.
Con el ejido de Isla del Conde se firmó un contrato de usufructo sobre uno de los polígonos que el ejido reconoció como de uso común, con base en el cual se estableció un fideicomiso con una modalidad de asociación novedosa que permite mantener la participación de los campesinos durante todo el proyecto.
El proyecto acuícola incluyó en su primera etapa terrenos adquiridos a particulares, zonas federales y segmentos del ejido colindante Isla del Conde, también ya certificado por el Procede. Este poblado, mediante Asamblea del 19 de noviembre de 1995, autorizó a ocho de sus integrantes a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, acuerdo que fue inscrito en el RAN el 3 de mayo de 1996, fecha en la que se expidieron los correspondientes ocho títulos de origen parcelario, con una superficie de 53-70-74.32 hectáreas. La superficie se adquirió para el proyecto acuícola.
Aquanova generó 80 empleos permanentes y hasta 500 temporales en el periodo inicial de operaciones; alcanzó rendimientos de 2.5 toneladas por hectárea en las 320 hectáreas de producción a junio de 1997. Aunque se propone alcanzar las mil 300 hectáreas de estanquería, producir anualmente 6 mil toneladas de camarón con tallas para exportación, y así generar divisas por 35 millones de dólares al año. Estratégicamente pretende una integración vertical desde la investigación hasta la venta final.
Para lograrlo, Aquanova se acercó a los integrantes del poblado La Chiripa con el objetivo de ampliar la granja, pero encontró que se trataba de un asunto etiquetado dentro del rezago agrario, turnado en condiciones de resolución al Tribunal Superior Agrario por el gobierno federal. Existía un amparo interpuesto por el propietario afectado por la dotación de tierras ejidales al citado grupo de campesinos. Al persistir el conflicto, los terrenos no podían ser utilizados con seguridad por los posesionarios, ni adquirir compromisos de venta, usufructo o asociación. Ante ello, hubo arreglo con ambas partes, por un lado, el particular desistió de su acción, conviniendo con Aquanova su finiquito. En virtud de esta composición amistosa, el poblado estuvo en posibilidades de gestionar para sus 67 miembros la resolución favorable del Tribunal Agrario; entonces, se inscribió en el RAN la sentencia y el plano correspondiente, quedando concluido —con satisfacción para ambas partes— un caso de la deuda agraria.
Para el proyecto acuícola, lo logrado en La Chiripa es fundamental pero no suficiente. Ahora requiere la certificación a través del Procede, pero esta vez con una modalidad distinta: de 1450-87-38 hectáreas que se regularizarán, cerca de 500 entran en el proyecto de ampliación de Boca Cegada. Por lo anterior, en una Asamblea de ejidatarios de formalidades especiales se tomarán las decisiones de delimitar y asignar sus tierras ejidales, y, con base en ello, adoptarán el dominio pleno sobre la superficie parcelada que se cederá a Aquanova. Para el RAN, ambos actos jurídicos —la certificación y el dominio pleno— son objeto material de la correspondiente inscripción, a pesar de haber ingresado en un único documento.
En términos de las normas agrarias, los tratos han sido válidos, pero es insoslayable revisarlo en una perspectiva más amplia, como es la sustentabilidad, el impacto regional y, en general, respecto a la política social y económica del régimen. Así, en materia ecológica, Aquanova fue sometido por las autoridades en la materia a 50 condicionantes, entre ellas, la reforestación de manglares y el monitoreo del agua.
La empatía de Boca Cegada respecto de su entorno social se ha dado en forma sui generis, ya que si bien se esperaba más que los 80 empleos permanentes, Aquanova ofrece que 70% de los puestos sean ocupados por los lugareños. En ese sentido, en la segunda etapa se alcanzarían los 200 empleos permanentes y los 700 temporales.
Los campesinos participan ya con 100% de la propiedad de la empresa Aquaterrenos, que da servicio de mantenimiento a las granjas de Aquanova. Lo anterior se complementó con diversas obras como el reacondicionamiento de una biblioteca, la construcción de una casa ejidal y la gestión compartida de diversos servicios públicos. A nivel individual, los campesinos han invertido los recursos frescos recibidos a cambio de sus tierras en tractores, rehabilitación de sus granjas familiares, tiendas de abarrotes y mejoramiento de sus casas.
El modelo ha encontrado caminos, pareció romperse la brecha entre la macroeconomía y la microeconomía. Más que hablar de esa vieja entelequia que es la racionalidad económica, me refiero aquí al cálculo económico, no solamente porque se logra un uso más eficiente de los recursos naturales, sino también a que se orientan las inversiones y se conducen los progresos tecnológicos. Asimismo, observamos que la oferta productiva del sector rural puede adaptarse y salir adelante frente a la competencia internacional.
Este proyecto contribuye, aunque de forma magra, al alcance de los retos económicos nacionales; con el proyecto se avanza en la inversión nacional, en la creación de estructuras de decisión descentralizadas y guiadas por el mercado, y en la elevación del empleo.
Aquanova nos ratifica que, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, los sectores primario y secundario enfrentan transformaciones tecnológicas que limitan su capacidad de retener mano de obra. No es extraño constatar que regiones y países enteros logren expansiones económicas duraderas con empleo estancado y aun declinante.
Si bien es cierto que imponer un aumento de contrataciones a una empresa es económicamente inoperante, también es cierto que dada la prodigiosa aportación de recursos naturales de la región al proyecto acuícola, se podría apoyar los esfuerzos de integración vertical de Aquanova promoviendo la instalación de plantas productivas y de negocios en Nayarit, como son la procesadora de productos de valor agregado, con el concomitante efecto positivo en el empleo y la economía locales.
Esto nos lleva a una primera reflexión final: hemos de encontrar maneras de obtener que la mayor movilidad de los factores de la producción —en este caso la tierra— se articule mejor con las demandas de la sociedad civil, como es el empleo.
En todo caso, Boca Cegada demuestra que la viabilidad económica y tecnológica de proyectos como el que nos ocupa, tienen necesariamente que enfrentarse en lo social con la misma seriedad que los otros aspectos, sin atropellar derechos adquiridos de los campesinos y observando el marco legal, lo cual asegurará a los inversionistas la certidumbre de su proyecto.
Boca Cegada nos muestra como el régimen pasó de una protección tutelar de los derechos sociales a una relación adulta, y que sólo los expedientes autoritarios intentan "fundar la Nación" con base en un solo credo agrario, pretendiendo homogeneizar a la sociedad rural, compleja y diversificada. Tendremos que perderle el miedo al proceso de reforma estructural que ya alcanzó el campo de nuestro país. El marco legal deja el plato listo para proyectos asociativos diversos y para la inversión directa sin un paradigma fijo.