Las reformas al Artículo 27 constitucional y la promulgación de la Ley Agraria establecieron la base jurídica sobre la que ahora descansa la nueva cultura agraria de México. Hoy es prioritario consolidar la reforma para que la propiedad de la tierra sea la base del desarrollo agrario e influya, de manera significativa, en el incremento sostenido de la producción, la productividad y la rentabilidad en el medio rural. Acorde a ello, el Plan Sectorial Agrario 1995-2000 definió, entre sus programas sustantivos, el de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural entre cuyos programas operativos destaca el de la culminación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) al término de la presente administración.

A casi cinco años de haberse expedido el Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, el cual funge como sustento legal de la actividad del Procede, han sido certificados poco más de 50% de los ejidos del país. Más allá del objetivo último de lograr la certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra, los trabajos de certificación han permitido la sistematización de información relevante en torno al universo ejidal del país. En este número de Estudios Agrarios damos a conocer los primeros resultados de algunos estudios que están realizando las entidades del sector, para cuya elaboración contamos con la información de las instituciones que participan en la aplicación del Programa.

Con la utilización de esa fuente informativa, el trabajo de Gloria Artís da cuenta del grado de fraccionamiento actual de la tierra ejidal, que se complementa con indicadores que permiten prever los alcances de este fenómeno en el mediano plazo. Cruzando esta información con los niveles de concentración de ejidatarios y posesionarios a nivel de Distrito de Desarrollo Rural (DDR), su trabajo permite detectar los ddr que se perfilan como problemáticos, dadas las fuertes presiones sobre la tierra.

El artículo de Julieta Salazar propone una caracterización de los ejidos certificados por Procede, atendiendo a las peculiaridades de los sujetos agrarios beneficiados por el Programa. Roberto Ibarra y Manuel Morales enriquecen esta caracterización recurriendo a otros indicadores agregados a nivel de DDR que permiten relacionar las variables estrictamente agrarias con indicadores productivos y tecnológicos, así como con aquellos de carácter socioeconómico.

Como se sabe, más allá de la certificación de tierras ejidales, el Programa de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural contempla también acciones orientadas a la regularización en comunidades, colonias agropecuarias, predios y pequeña propiedad, así como un programa para la regularización de asentamientos humanos y la creación de reservas territoriales. En este número de Estudios Agrarios hemos querido también dar a conocer algunas de las características de la comunidad como forma de tenencia de la tierra, en el entendido de que tales características han sido objeto de análisis y discusión por parte de un grupo de trabajo del Registro Agrario Nacional, con el fin de colaborar al desarrollo del procedimiento para el programa de regularización. En este sentido, el trabajo de Ludka de Gortari da a conocer datos antes no disponibles sobre las comunidades, al tiempo que enfatiza en la necesidad de distinguir los conceptos de comunidad indígena, comunidad agraria y comunidad como forma de tenencia de la tierra.

Por su parte, el trabajo de Emma E. Aguado y Francisco Hernández y Puente destaca las oportunidades que ofrece el marco institucional en la búsqueda de opciones de incorporación del suelo social al desarrollo urbano, y se complementa con una reseña de lo que han sido las experiencias, que, al abrigo de la nueva legislación agraria, dan cuenta de 34 distintos tipos de proyectos inmobiliarios de inversionistas privados con aportación de tierras ejidales en 14 entidades del país.

En la sección de Experiencias hemos incluido un análisis de caso que hace referencia a un proyecto de inversión privada que involucra terrenos ejidales ya certificados por el Procede. Se trata del artículo de Mauricio Cánovas Moreno, en el que se muestra que la legislación actual abre, en efecto, la posibilidad de proyectos productivos asociativos diversos con la participación de la iniciativa privada. En esta misma sección presentamos el trabajo de Jean-Philippe Colin en el que se analiza detalladamente la práctica de la aparcería como forma de aprovechamiento de la tierra en San Lucas Quiavini.

Por último, y como algo novedoso en el quehacer de las dependencias gubernamentales, en este número de Estudios Agrarios ponemos a disposición de la sociedad civil un documento que detalla los trabajos que a la fecha lleva a cabo el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario, describiendo las propuestas y los avances logrados en cada una de las cinco comisiones actualmente en funcionamiento.