José Mendoza Zazueta*

Muy buenas tardes a todos:

En primer lugar quiero agradecer a la Procuraduría Agraria y a su titular por la oportunidad que brinda a la Secretaría de Agricultura para estar con ustedes; además, deseo felicitar a la Procuraduría por esta iniciativa que busca no simplemente cumplir la función específica que a dicha institución le corresponde, sino que además le da un enfoque integral al invitar a otras dependencias que estamos vinculadas con el campo. Sinceramente debemos hacer más esto, y qué bueno que la iniciativa cobra cada vez mayor fuerza.

Si fuera llamado a realizar un diagnóstico muy breve del campo mexicano, diría que el campo mexicano muestra un crecimiento del sector muy inferior a la tasa de crecimiento demográfico y que esto se da desde hace casi tres décadas; en el campo se refleja la mayor pobreza del país –las cifras indican que 75% de los pobres, de los más pobres de México, se encuentra en el medio rural–, que el campo muestra una balanza agropecuaria deficitaria y un desarrollo muy desigual; que el campo está descapitalizado; que tiene escasa tecnología y que a pesar de estar siempre en el discurso público muestra un rezago que se ha agudizado en las últimas décadas.

Este, sin duda, será un diagnóstico que ustedes compartirán, y si no, lo reprocharán en las preguntas. No obstante, yo agregaría también que esto que veríamos como un problema estructural del campo tiene a mi juicio causales que debemos analizar conjuntamente; primero, para determinar si estamos de acuerdo y, segundo, para saber si las políticas orientadas a resolverlo tienen el impacto que nosotros esperamos. Por eso agregaría que en el campo tenemos una ingeniería productiva muy fuerte. Hay un desarrollo regional muy desigual que se refleja no sólo en las regiones, sino al interior de las mismas. Hay productores que tienen acceso a tecnologías de punta y vinculación con los mercados internacionales, a diferencia de productores que ni siquiera logran producir el maíz y el frijol para la propia dieta de la familia, productores que tienen que diversificar de manera amplia su producción para poder lograr el ingreso que no les da la producción de básicos. De esta forma emigran, jornalean, recolectan leña y hacen otras tareas. También agregaría que la política agropecuaria, y esto es una opinión propia y que comparte el Secretario, se ha caracterizado por tener un enfoque central muy marcado, con una escasa participación de las entidades federativas, llámense gobiernos estatales o las propias organizaciones de productores. Una política central diseñada en esa forma, tenía como característica el que siendo central también era muy homogénea. Se diseñaban programas de investigación, transferencia, capacitación, crédito y procesamiento e incluso precios de manera que cubrían todo el territorio nacional y que, por supuesto, no respondían a las especificidades propias de cada comunidad, de cada región, de cada productor. Ahí ha habido una política central caracterizada por un diseño homogéneo que a la postre convirtió los apoyos institucionales en una renta institucional únicamente válida para ciertos productores.

Yo afirmo que el desarrollo desigual tuvo que ver, o tiene que ver, con una política agropecuaria central homogénea que se aplicara con ese enfoque al medio rural, privilegiando a ciertas regiones, a ciertos productos y obviamente a ciertos productores. Y fue así como ciertas regiones del país, al amparo de esta política, recibieron beneficios amplios, infraestructura sobre todo, acceso a todos los servicios y tarifas que el gobierno en su momento otorgara. El segundo punto que agregaría es que esta política central, al no atender las diferentes especificidades de las regiones y de los productores, no respondía cabalmente a las propias necesidades de los productores más marginados del país. De tal suerte que quien tenía acceso al financiamiento, por aportación de sus recursos, por el nivel de desarrollo de su predio o de su parcela, podía recibir el crédito subsidiado, el fertilizante subsidiado, el agua que a través de los distritos de riego se proveía o el precio de garantía de quien podía, en su momento, comercializar con Conasupo. Quienes por la dotación de sus recursos no tenían acceso a estos insumos, no compraban su maíz, o semilla, mejor dicho, subsidiada; no obtenían el fertilizante con igual circunstancia, no recibían crédito, no le vendían a Conasupo y no tenían, por lo tanto, precios de garantía y, lo que era peor, ni siquiera cubrían con su producción la dieta alimenticia en estos básicos.

Una gran omisión, a mi juicio, ha sido no reconocer esta heterogeneidad productiva y regional del país. Otra omisión ha sido no reconocer, y atender en consecuencia, el carácter multiactivo que cientos de miles de productores en el campo deben realizar para poder lograr un ingreso o para poder sobrevivir.

Supusimos que la agricultura comercial y empresarial daría el recurso y la producción que permitiera el crecimiento del sector, olvidando que hay un gran grueso de productores rurales, la mayoría, en todo caso, que no tenían acceso a estos apoyos y por lo tanto estaban «ayunos» del apoyo institucional; las cifras son elocuentes. La última tipología que hizo cepal fue de 1992, particularmente válida para el sector social y que posiblemente el Dr. Rello les habrá comentado: contempla que apenas 10% de los productores del sector social pueden considerarse con una estructura empresarial. Es decir, productores que están muy articulados con el mercado, productores que tienen que contratar trabajo asalariado para desarrollar la producción en su finca o productores que tienen acceso, en cierta forma y con flexibilidad, a los apoyos de crédito y de otro tipo, pero que en ese rango de productores 55% de ellos son de autoconsumo, quienes tienen que utilizar su propia producción para reproducir la finca o para reproducir la vida familiar, y que en buena medida su ingreso monetario lo logran a través de procesos migratorios. Apenas entre 25 y 30% de productores que podrían llamarse transicionales. Entonces, esta diferencia y este carácter multiactivo que a veces el productor tiene, no han sido bien atendidos y reconocidos en las políticas de apoyo.

El otro punto que habría que agregar es que el retiro del sector público federal de actividades que fueron sustantivas, dejó vacíos institucionales que no han sido llenados por las organizaciones o por la propia sociedad rural. Supusimos, en el caso de la Secretaría de Agricultura, que el retiro de la asistencia técnica, con todos sus defectos, también tendría alguna virtud. Pensamos que dicho retiro sería automáticamente cubierto por las instancias que para ello estaban ya operando, conjuntamente con el reembolso de la asistencia técnica, el trabajo de algunas instituciones de nivel superior, la propia labor de organizaciones de productores, etcétera. Sin embargo, este vacío institucional ahí quedó, no fue llenado. Los procesos de retiro de regulación, yo lo afirmo, no son malos en sí mismos; lo malo es que el Estado no contribuya a que sean cubiertos con aquellos actores o agentes de la vida rural que para ello estaban previstos. Este retiro ha provocado muchas circunstancias y de ahí quizá se deriva también la preocupación fundamental de ustedes y nosotros acerca de cuál debe ser el papel –ante esta circunstancia política– que deben asumir los productores específicamente en sus organizaciones. Tenemos entonces como otra causal el proceso de apertura, y nos hemos preguntado a quiénes perjudica, a quiénes beneficia. Hay estudios que reflejan que una buena parte de los productores del campo mexicano, particularmente aquellos que son de autoconsumo, no se han beneficiado por los precios, y por lo tanto cualquier rebaja que hubiese en el precio particular de un producto tendría un efecto benéfico para ellos. Sin embargo, para quienes están insertos en el mercado y para quienes compiten en situaciones de apertura, obviamente el efecto de esta medida tiene repercusiones, y lo estamos viviendo particularmente en este año.

Para concluir esta parte del diagnóstico, comentaría lo siguiente: nos vemos ahora involucrados en un análisis y polémica sobre qué es mejor. Un Estado que anteriormente tenía una política de intervención muy fuerte y profunda, no solamente en la centralización de sus medidas, sino también en el monto y tipo de sus apoyos, o una nueva estructura en la cual le damos cierto papel importante a las fuerzas del mercado. Mercado contra intervencionismo es, en todo caso el asunto por reflexionar. Mi opinión personal, y me pronuncio en torno a ello, es que el error que cometemos es establecer extremos y decir: «O el mercado o la intervención del gobierno». Yo diría que para que funcionen ambos deben complementarse, y que el gobierno se obliga a trabajar en aquellos mercados que por su imperfección, o distorsión, no permiten que los actores más débiles de la producción accedan a ellos. Debe darse entonces la intervención del Estado a través de políticas compensatorias y diferenciadas. En todo caso señalaría que hay una complementación, porque también quiero reconocer y advertir –además fui Delegado de la Secretaría de Agricultura hace algún tiempo– que no siempre el ejercicio pleno de las funciones estatales por funcionarios se da en condiciones de eficiencia y honestidad; a veces prevalecen conductas deshonestas, cuando no hay factores que presionen a que cada quien cumpla lo suyo. También mencionaría –y cito por ejemplo a mi estado– que la apertura de la soya en 1989 nos golpeó severamente en el sur de Sonora y al norte de Sinaloa. De ahí que yo establezca estos dos factores: mercado e intervencionismo deben complementarse, y el sector que más requiere una acción de ese tipo es precisamente el rural, en donde otros mercados imperfectos son mucho más evidentes. Ante este diagnóstico sucinto, como podría parecerles a muchos de ustedes, con los cuales tengo la fortuna de mantener una relación de amistad, quienes además conocen lo que a continuación voy a señalar; así que seré breve y haré énfasis particularmente en lo que a mi juicio es importante de la política agropecuaria.

Como principio de la política Alianza para el Campo, diría en primer término que la ventaja de la política es su federalización y su descentralización. Sé que algunos dirigentes no comparten mi criterio, porque ahora se está sujeto a autoritarismos estatales o regionales; sin embargo, yo estoy convencido de que una política de descentralización debe darse y que en todo caso habría que buscar los mecanismos para que se dé con equidad, con democracia, pero que en sí misma tenga su valor. La Secretaría, por ello, ha buscado concertar los programas de la Alianza y las políticas mismas con las autoridades estatales, buscando que los programas respondan no solamente a las prioridades que el país tiene como tal, sino también respondan a los problemas propios de las entidades federativas y a sus propias potencialidades.

Quizá hubiera sido posible una negociación central para hacer una distribución de los apoyos; sin embargo, yo creo que en buena medida su elección y evaluación, sin dejar de lado que hayan existido privilegios o favoritismos, responde a las necesidades de las comunidades. Dudo que no haya casos en los cuales no sea cierto, pero hay que ver qué hacemos para que respondan mejor a nuestro proyecto común, ustedes como organizaciones y nosotros como gobierno; es decir, en un trabajo conjunto, diría que hay que cortarlos y meterlos en el esquema de cada quien.

En cuanto a los subsidios, sí hay voluntad para el cambio, pero repito: no es un asunto de mera voluntad, es un asunto de revertir toda una estructura administrativa que desafortunadamente privilegió esta situación. Debemos revertirla con programas específicos y considero que el próximo año, yo se los digo con toda confianza y optimismo, habrá cambios en esta dirección.