El campo sigue siendo tema central en la política social
del Estado mexicano. En la comparecencia del Secretario de
la Reforma Agraria, A. W. G., ante la Cámara de Diputados,
se expusieron los logros y las dificultades que experimenta
el sector así como las líneas centrales de trabajo
que se han propuesto las instituciones.

Arturo Warman Gryj

La reforma agraria ha sido y permanece como uno de los instrumentos centrales de la política social del Estado mexicano. Sus objetivos persiguen justicia, equidad, democracia y libertad. Se fundamenta en el ordenamiento constitucional que establece la propiedad originaria de la nación sobre la tierra para que su tenencia sea sustento eficaz para el desarrollo equitativo de todos los mexicanos.

La reforma agraria ha transitado por diversas etapas para cumplir mejor sus propósitos. Se inició con la redistribución territorial de los latifundios para dotar a los pueblos campesinos. Tres punto cinco millones de ejidatarios y comuneros recibieron acceso a la tierra en 30 000 núcleos agrarios. La fragmentación de la propiedad privada se tradujo también en la formación de más de uno punto cinco millones de pequeños propietarios en el marco de la Ley. La mayoría abrumadora de las familias dedicadas a las actividades agropecuarias tienen hoy propiedad directa sobre la tierra que explotan.

Este logro excepcional dependió de la participación de los hombres del campo, articulada y organizada por la reforma agraria. De las ligas de pueblos, comunidades y sindicatos campesinos de los años veinte se ha transitado hasta el modelo plural, diverso e independiente que muestran las organizaciones nacionales y regionales de productores rurales. La vida política nacional quedaría mutilada sin su vigorosa presencia.

La reforma agraria fue después la gran fuerza colonizadora de nuestro territorio para lograr un acomodo más equilibrado de la población en crecimiento acelerado. La colonización de fronteras y vastas regiones interiores débilmente pobladas pronto se complementó con obras de infraestructura. Hoy la cuarta parte de las tierras cultivadas cuenta con irrigación. Se ampliaron las redes carreteras y de caminos rurales como también lo hicieron la educación, la electrificación y los sistemas de salud que hoy alcanzan a más de cien mil localidades. Se transformó la técnica, el paisaje y la convivencia rural. Se forjó en el campo el país urbano e industrial que construimos.

La profunda transformación de México en el siglo xx sólo puede entenderse con la presencia de una vigorosa y dinámica política agraria. El recuento de los logros es necesario para reconocer fortalezas y capacidades pero no debe nunca aprovecharse para ocultar retos, rezagos e insuficiencias. Son muchos e importantes, pero ninguno es más grave que la pobreza que se concentra en el medio rural. Moderarla, combatirla y erradicarla es el reto supremo de nuestro momento, de nuestra generación.

Por eso iniciamos una nueva etapa para la gran reforma agraria mexicana, sustentada en la transformación del marco jurídico. Su propósito es recuperar, consolidar y darle nuevo vigor a los triunfos históricos de los hombres del campo. El ordenamiento y regularización de la propiedad social para brindar certeza, transparencia y libertad, es la gran tarea de la etapa que hoy vivimos y constituye el marco de acción para la Secretaría de la Reforma Agraria y sus órganos sectorizados. En ese propósito coinciden todas nuestras acciones.

El ordenamiento y la regularización de la propiedad social tienen aspectos y procedimientos administrativos y jurídicos pero no son éstos su propósito. Su objetivo es la justicia, la convivencia democrática y la apertura de un nuevo horizonte de oportunidades para los hombres y mujeres del campo. Al ordenar y regularizar recuperamos y capitalizamos el pasado para el presente y futuro de la sociedad rural.

El ordenamiento y regularización son políticas de alcance general en beneficio de todos los sujetos agrarios del país. Su primer resultado se expresa en la solución de conflictos, en la superación de enfrentamientos y disputas alrededor de la tenencia de la tierra. Simultáneamente se fortalece la naturaleza democrática de nuestros ejidos y comunidades al ofrecer claridad y respeto a quienes constituyen la Asamblea y eligen a sus representantes. La certeza en los derechos individuales de los ejidatarios se traduce en la consolidación del ejido como propietario colectivo de la tierra. El ejido regularizado es más fuerte y democrático, tiene por ello mejores condiciones para su desarrollo.

El ordenamiento y la regularización incorporan plenamente al patrimonio de los ejidos y los ejidatarios la tierra que conquistaron con su lucha. Consolida la libertad para aprovecharla y brinda bases ciertas y transparentes para unir fuerzas para la asociación que nos permita enfrentar y remontar las restricciones del minifundio. El estado de derecho no sólo es condición para la convivencia y su gestión democrática, también lo es para el desarrollo que aproveche oportunidades con equidad.

No estamos repartiendo papeles, estamos consagrando derechos y abriendo oportunidades para el desarrollo. Estamos consolidando a todas las formas constitucionales de la propiedad. Lo hacemos con la participación y dirección de los sujetos agrarios, que reiteradamente expresan su voluntad para acogerse a la protección de la Ley y resolver diferencias a través de la conciliación. Todos los programas de regularización agraria que no derivan de resoluciones jurisdiccionales son voluntarios. En el marco de la Ley el ordenamiento de la propiedad social lo hacen los campesinos; los servidores públicos debemos sumarnos a su voluntad.

El 70% de los 27 000 ejidos que hay en el país se han incorporado por decisión de su Asamblea al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). Un poco más de 40% del total de ejidos ya han recibido sus certificados individuales y colectivos. De septiembre de 1995 a agosto de 1996, 3 500 ejidos concluyeron su certificación. Antes de que finalice este año 47% de los ejidos existentes habrán concluido el proceso de regularización. Por eso reiteramos el compromiso del Presidente de la República de concluir con la certificación ejidal antes del término de su Administración.

Estamos iniciando regionalmente la certificación de las comunidades en el marco de respeto a la autonomía que les conceden el Artículo 27 constitucional y la Ley Agraria. Debemos admitir que las comunidades y ejidos indígenas han recibido atención insuficiente. En ellos viven y trabajan casi la cuarta parte de los sujetos agrarios del país. Hemos conformado un programa e iniciado las acciones para corregir este rezago.

En febrero de este año concluyó la negociación del conflicto agrario en el estado de Chiapas a través de la firma de acuerdos con 60 organizaciones campesinas y otro tanto de núcleos agrarios independientes. Se constituyó un fideicomiso para financiar la adquisición de tierras por los propios campesinos. A la fecha se ha apoyado la compra de la mitad de la superficie comprometida. Esperamos concluir en los primeros meses de 1997. Fue un proceso difícil y complejo, pero también alentador. La firme voluntad de paz y respeto a la Ley se expresó en la negociación abierta y sin distingos. Pagamos todos un precio muy elevado por los descuidos, omisiones y el desorden. No debemos repetirlo. Por eso el ordenamiento y la regularización son instrumentos para la aplicación de leyes justas y generosas.

Los expedientes en trámite en los términos del Artículo 3° transitorio del Artículo 27 constitucional, a los que con frecuencia se llama rezago agrario, se han abatido en un poco más de una tercera parte en el último año, por eso podemos asumir plenamente el compromiso presidencial de que los mismos quedarán concluidos antes del fin de 1997. Los expedientes turnados al Tribunal Agrario se resuelven con estricto apego a la legislación vigente en el momento de su instauración. Un poco más de dos millones de hectáreas se han agregado a la propiedad social como resultado del abatimiento del rezago agrario.

La participación de los campesinos y sus organizaciones es esencial para la superación del rezago agrario. Los Consejos Agrarios Estatales en todas las entidades de la Federación constituyen el espacio para el acuerdo y la gestión de la demanda agraria y sus rezagos, con la participación de las organizaciones campesinas y de los productores rurales, los gobiernos municipales, estatales y del propio Gobierno federal. Los Consejos Agrarios Estatales son el mecanismo para descentralizar competencias y responsabilidades sin renuncia de nuestras obligaciones.

Adicionalmente se están procesando y se han firmado acuerdos con las organizaciones campesinas nacionales que dan solución cabal y definitiva a su demanda acumulada. De ellos derivará la base jurídica para que todas las posesiones precarias campesinas previas a 1990, en tanto que sean pacíficas, continuas y de buena fe, se regularicen o se compensen en favor de sus poseedores.

En el último año se ejecutaron 95 resoluciones presidenciales dotatorias con una superficie de 225 000 hectáreas para 5 700 nuevos ejidatarios. Se titularon 72 500 hectáreas de terrenos nacionales a 4 250 nacionaleros en zonas indígenas. Se atendieron juicios de amparo y se cumplimentaron sus alcances. Se inició el trabajo de regularización de las colonias agropecuarias federales. Se abatió la incertidumbre. Avanzamos para desterrarla.

Mantenemos y ampliamos nuestro compromiso con las mujeres campesinas y su iniciativa. En el último año apoyamos con financiamiento a 120 empresas de las mujeres campesinas con las recuperaciones de los prestamos anteriores. Probablemente este modesto esfuerzo es el que mejor anticipa las múltiples vías del desarrollo agrario.

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra expidió 120 000 escrituras a colonos urbanos en el último año de trabajo. Por su parte el Procede entregó 268 000 títulos de solares urbanos en el mismo lapso. De manera destacada debe señalarse que en conjunto con el Programa 100 ciudades de la Sedesol emprendieron un Proyecto para la Creación de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano que implica la transformación de la Corett. Cerca de cien mil hectáreas de propiedad social se incorporarán al desarrollo urbano antes del fin de siglo. Nos proponemos anticiparnos a los fenómenos de crecimiento para evitar desorden, especulación y enormes costos para ejidatarios, colonos urbanos y la calidad de vida en las ciudades medias.

El ordenamiento y regularización son procesos que requieren de la participación activa de los sujetos agrarios, por eso la importancia que hemos otorgado a la difusión y capacitación. El conocimiento de la Ley es el mejor instrumento para una participación activa e informada de los sujetos agrarios. El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario ya está establecido y funcionan 122 Centros para el Desarrollo Agrario en todo el país para capacitar y apoyar la organización y asociación en los ejidos.

Continuamos nuestra transformación institucional para servir mejor. Contamos con nuevos reglamentos y manuales. El Registro Agrario Nacional, guardián del archivo agrario y a cargo de los trabajos técnicos, continúa su modernización para reflejar oportuna y fielmente el ordenamiento de la propiedad social y su gestión democrática. El Fifonafe ha elevado su eficiencia al mismo tiempo que ha asumido nuevas funciones para el desarrollo agrario y su financiamiento. Colaboramos con las entidades de la federación para regularizar la pequeña propiedad y su registro.

La impartición y procuración de justicia agraria expedita y generosa es requisito para garantizar la seguridad de todas las formas de propiedad. Es también indispensable para que la certeza se traduzca en desarrollo equitativo. Los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria, instituciones dotadas con autonomía, vigilan y promueven el cumplimiento de la Ley para que sus amplias posibilidades se vuelvan firmes realidades.

La certeza y legalidad en la propiedad de la tierra son indispensables pero no suficientes para abatir rezagos y corregir desequilibrios en el campo mexicano. El ordenamiento y la regularización son un requisito esencial para que la tierra rinda más y mejor, para que sus productos se distribuyan con mayor eficiencia y equidad, así como para que los productores primarios conserven proporciones más altas del precio final como justa remuneración por su esfuerzo. Por eso el ordenamiento y regularización se ubican en la Alianza para el Campo que enfrenta los retos de la capitalización, la rentabilidad y la productividad, de la eficiencia con equidad. También se vincula estrechamente con el desarrollo social, con el empleo, la educación y la salud en el campo mexicano. En ese marco tenemos estrecha coordinación con las secretarías y entidades responsables de las acciones concertadas.

Permítanme afirmar mi convicción de que el campo mexicano enfrenta hoy un horizonte de oportunidades para su recuperación y desarrollo. Son muchos los componentes de este escenario. Juntos los hemos construido con esfuerzo y también con sacrificios. Las oportunidades no son obsequios ni milagros, sino resultados del trabajo compartido entre la sociedad participativa y sus instituciones. Las oportunidades tampoco son certezas que nos permitan declarar el triunfo anticipado. Son opciones verdaderas y objetivas que podemos aprovechar con trabajo, imaginación e iniciativa, con dedicación. Para aprovechar las oportunidades es esencial la claridad en los derechos y las normas, certeza en la propiedad y en las libertades que de ella se derivan. Pero también es requisito la justicia y la equidad. En ese marco se desenvuelve la acción de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Cumplo frente a ustedes, y con mucho gusto, la instrucción del Ejecutivo Federal, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, para comparecer e informar sin restricción. Muchas gracias.