Judith Angélica García Kavanagh

Cuando las brigadas de deslinde del Departamento Agrario, a principios de los años cuarenta, llegaron hasta los municipios de Chichicapan y San Nicolás Yaxe, para tomar medidas para la ampliación que por medio de resolución presidencial se había otorgado al ejido Yaxe, nunca previeron que los preparativos técnicos serían el inicio de una confrontación entre dos ejidos, la cual, después de 55 años, tendría como saldo la muerte de más de 30 campesinos.

El conflicto se remonta a los años previos al movimiento revolucionario, cuando parte de la tierra en litigio, aproximadamente más de dos mil hectáreas calificadas como agostadero de mala calidad, eran propiedad de la hacienda Chichicapan en la que los indígenas zapotecos de San Baltazar trabajaban en calidad de peones acasillados.

Al término de la Revolución, y en el marco del reparto agrario, el ejido de San Nicolás Yaxe, integrado principalmente por mestizos, fue dotado de tierra en el año de 1938, y en el año de 1942 le fue entregada su dotación por resolución presidencial al ejido de San Baltazar Chichicapan.

Sin embargo, en ninguna de las dos dotaciones fueron contempladas las dos mil hectáreas, por lo que las autoridades del ejido de San Nicolás Yaxe, posiblemente con mayor preparación por su composición étnica, en 1943 lograron la ampliación con tres mil quinientas hectáreas, incluidas las dos mil hectáreas en donde el ejido de San Baltazar sostenía derechos y cuya ejecución se realizó en 1951.

Lo anterior desencadenó una disputa por la tierra donde la violencia pasó de ser una mera referencia literaria a una realidad en la que las partes en conflicto mantenían un derecho de facto que les permitía llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de la tierra que, de acuerdo con su razón, de una manera u otra, les correspondía.

Los enfrentamientos enlutaron a más de treinta hogares; la lucha estéril ensangrentó a las dos comunidades y afectó en forma importante la actividad social y productiva de la zona durante varios años.

Diversos intentos se realizaron para terminar con el conflicto; la Secretaría de la Reforma Agraria propuso a las autoridades del ejido Yaxe la compra de 800 hectáreas de riego de la ex hacienda Guegorene para compensar al ejido San Baltazar por las dos mil hectáreas de agostadero; sin embargo, por varias razones y problemas internos del ejido Yaxe los recursos económicos señalados para la adquisición de la ex hacienda se destinaron a resolver otros problemas agrarios, lo que impidió el éxito de esta fórmula de conciliación.

Medio siglo de odio, rencor y venganza no podía ser fácilmente olvidado; las historias de los muertos, contadas de generación en generación, articulaban un círculo vicioso que obstaculizaba cualquier intento de resolver el conflicto entre ambos ejidos.

Con el propósito de buscar una solución definitiva que dejara satisfechas a ambas partes, el 30 de marzo de 1994 se constituyó una Comisión Interinstitucional integrada por la Coordinación Agraria de la SRA, la Junta de Conciliación Agraria estatal, la Delegación Regional de Gobierno de Valles Centrales, la Procuraduría de Justicia del estado y la Procuraduría Agraria. Esta Comisión participó en diferentes audiencias de conciliación y en asambleas en ambos núcleos, a la vez que realizó los trabajos técnicos necesarios para delimitar la zona de conflicto.

El 17 de febrero de 1995 la Comisión acordó con los núcleos agrarios iniciar acciones orientadas a la solución del conflicto por la vía de la conciliación y a través del diálogo. Se efectuaron trabajos de medición, a cargo de la Coordinación Agraria, basándose en la Carpeta Básica de San Baltazar Chichicapan.

Se nombraron dos comisiones de 15 personas, una por cada núcleo, con el fin de que participaran en los trabajos, mismos que fueron custodiados por la Procuraduría General de Justicia del estado. Por su parte, la Procuraduría Agraria realizó una paciente labor de sensibilización en ambos núcleos, dando a conocer las ventajas de un acuerdo amigable entre las partes, el cual, sin recurrir al Tribunal Agrario, permitiría solucionar un problema agrario histórico. La decisión de aceptar el medio conciliatorio quedaba en manos de las asambleas generales de los núcleos.

Finalmente, San Nicolás Yaxe aceptó la ejecución de la ampliación de San Baltazar y, antes de la firma del convenio, se realizaron los trabajos de medición. Además, la solución incluyó la indemnización al ejido San Nicolás para que respetara la dotación y posesión de las tierras estipuladas en la resolución presidencial al ejido San Baltazar, con lo que se logró poner fin al conflicto agrario y social entre ambos ejidos.

El 11 de enero de 1996, la Asamblea general del ejido San Nicolás aprobó la propuesta y aceptó el recurso de la indemnización, correspondiéndole $2 131 a cada ejidatario, además de $150 000 como fondo común para el ejido y, así, respetar la dotación de San Baltazar de acuerdo con los trabajos realizados por la Comisión Interinstitucional.

Una conseja popular señala que "no hay mal que dure cien años y menos pueblo que lo aguante". El fruto de este trabajo realizado conjuntamente entre instituciones de distintos niveles de gobierno y los propios ejidatarios fue llegar a la firma de un convenio entre los dos ejidos en conflicto, la que tuvo lugar en un solemne acto celebrado en el Salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno del estado de Oaxaca el 15 de marzo de 1996 con la presencia del gobernador constitucional del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, en calidad de testigo de honor, autoridades de los gobiernos federal y estatal y la presencia de ejidatarios de los ejidos Yaxe y Chichicapan.

La firma de este convenio significó el término de 55 años de enfrentamientos. En este momento, los ejidatarios de Yaxe y Chichicapan pueden trabajar y producir con la seguridad de que sus derechos agrarios han sido respetados.

Judith Angélica Kavanagh es Jefe de la Residencia Centro de la Delegación de la Procuraduría Agraria en Oaxaca.