El pasado 23 de julio en el Patio de Honor de Palacio Nacional, ante las diferentes organizaciones campesinas del país, los gobernadores estatales, y siendo testigo de la firma entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Asociación Mexicana de Banqueros, el Presidente Ernesto Zedillo puso en marcha el Programa de Apoyo Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero (Finape), para beneficiar a 100% de los deudores. El Programa tendrá un costo fiscal de 15 000 millones de pesos que será absorbido, a lo largo de varios años, por el gobierno federal y la Banca.

La cartera vencida y el escaso financiamiento a las actividades agropecuarias y forestales impiden que la recuperación económica llegue al campo, por lo que el Finape constituye una respuesta de fondo a una de las demandas de las organizaciones que conforman el Congreso Agrario Permanente (CAP) y de otras organizaciones de productores de todo el país.

El gobierno federal reconoce que a pesar de los importantes esfuerzos realizados durante los últimos años para impulsar el desarrollo del sector agrícola, éste sigue presentando un grave rezago económico y social. Ello se refleja en la baja productividad del sector, ya que la población campesina sigue padeciendo pobreza extrema.

Actualmente, los pequeños productores del campo enfrentan una creciente incapacidad para hacer frente a sus obligaciones crediticias. Esto es resultado no sólo de la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las tasas de interés que la crisis trajo consigo, sino también de las muy desfavorables condiciones climatológicas que han afectado a nuestro país.

Al no poder cumplir con sus compromisos, los deudores enfrentan también serios problemas para obtener nuevos financiamientos. De esta manera, la falta de capacidad de pago de los productores, aunada a las dificultades para acceder a nuevos recursos para ser invertidos en proyectos rentables, genera un círculo vicioso que impide impulsar el crecimiento de este sector.

Es de destacarse que el Programa no sólo propone el saneamiento financiero inmediato del sector agropecuario, sino que genera un proceso de vinculación a largo plazo entre la banca comercial y el sector agropecuario para favorecer, en mayor medida, a los pequeños acreditados que, en el caso de Banrural, representan a más de 320 000 productores y 92% de su cartera.

El Programa permite que los productores medianos y grandes, y también la agroindustria, reestructuren sus créditos. Pero lo más significativo, es sin lugar a dudas, que a través de incentivos se propicia el financiamiento y la generación de empleos, lo que beneficia al sector en su conjunto.

Se establece un esquema de descuentos en los pagos mensuales de los deudores que se encuentran al corriente. Estas quitas serán de 40% para aquellos con créditos hasta de 500 000 pesos. Conforme el monto del crédito sea mayor, el descuento se reducirá gradualmente. De esa manera, a partir de adeudos mayores a cuatro millones de pesos, el descuento máximo será de 800 000 pesos. Los descuentos se mantendrán constantes mientras dure el adeudo o por el plazo de la reestructuración del crédito, no pudiendo exceder en ningún caso de 10 años.

A partir de septiembre los deudores podrán participar en algún tipo de esquema de reestructuración, según convenga a sus intereses. Quienes se decidan por las Unidades de inversión (UDIS) se beneficiarán adicionalmente con tasas de interés anual que van de 7 a 7.5%, dependiendo del plazo de reestructuración.

El acuerdo contempla plazos de pago más largos, menores tasas de interés y descuentos por pagos realizados. Un componente significativo es que el acuerdo incluye la opción de recibir créditos para apoyar a que los productores generen las utilidades que les permitan cumplir sus adeudos reestructurados.

Es importante señalar que el acuerdo favorecerá tanto a quienes se han esforzado por mantenerse al corriente en sus pagos, como a quienes se han visto orillados a suspenderlos. Protege a la familia del campo a través del fomento de su potencial productivo; en este sentido, se da cumplimiento a los propósitos de la recuperación.

Es muy importante que los productores, y la sociedad en general, tengan en cuenta que la aplicación de este acuerdo implica una significativa aportación de recursos públicos.

Es indispensable el apoyo y respaldo de los gobiernos estatales y municipales, para que la recuperación y el crecimiento lleguen a las comunidades y a las familias que viven del y en el campo. A partir de una valoración seria y objetiva de las condiciones de los productores, la propuesta es estimular y aprovechar el potencial rural. Ello constituye un paso más hacia la reactivación sostenida de la actividad económica, que debe traducirse en más empleos y mejores ingresos para los mexicanos.

El Primer Mandatario convocó a los productores y a las organizaciones del sector social y privado a que aprovechen al máximo los programas de Alianza para el Campo, y a las instituciones bancarias las exhortó a impulsar el acuerdo con el fin de capitalizar las unidades pesqueras, agrícolas y ganaderas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, presentó el diagnóstico sobre la situación que prevalece en el campo, en donde 23% de los mexicanos que ahí laboran sólo generan 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Informó que la cartera vencida del sector es de 17.6%, aunque aclaró que el promedio de los adeudos de los productores con créditos monetarios a 500 000 pesos (que representa 89% del total de acreditados) asciende a 25.6%.

El funcionario dio a conocer que para impulsar la reactivación del campo, la banca se comprometió a otorgar nuevos financiamientos, hasta por 12 000 millones de pesos a los sujetos de crédito. En tanto, el gobierno federal contempla la asignación de nuevos créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (Fira), con los que se cubrirá 100% de los riesgos de los productores cuyos ingresos anuales sean hasta de 3 000 veces el salario mínimo diario por zona, y sus créditos de habilitación o avío no excedan los 65 000 pesos por año y por socio activo.

De igual manera, a través del Fira se ampliarán los apoyos financieros para la adquisición o arrendamiento de los derechos de agua, así como para la compra o renta de activos usados, con el propósito de permitir la mejor utilización de recursos para el sector agropecuario.

Con esta trascendental iniciativa no sólo se resuelve el problema de adeudos vencidos, sino que también se compromete el otorgamiento de recursos en cantidades superiores a las que hasta ahora se han venido ejerciendo en favor del campo mexicano. De esta manera se busca frenar el retiro paulatino que la banca comercial ha presentado de las actividades agropecuarias.