En este artículo el autor analiza las nuevas formas de negociación que se
están desarrollando entre los productores de materias primas y las
empresas agroindustriales privadas en el contexto de una política
competitiva aplicada desde el inicio de la década de los noventa.

Horacio Mackinlay

Las uniones nacionales de productores
y el retiro del Estado del medio rural

Antes de entrar en materia, habría que recordar que la Confederación Nacional Campesina (CNC),1 a través de las uniones nacionales de productores de caña de azúcar, café, tabaco, arroz, algodón, hule, copra, candelilla, barbasco y otros productos primarios, había prácticamente establecido un monopolio en representación sobre todo de los ejidatarios proveedores de materias primas para las agroindustrias,2 desde mediados de los años sesenta. Con el fortalecimiento, durante la siguiente década, de las grandes empresas paraestatales que operaban en el sector agropecuario y forestal, la CNC consolidó una presencia importante en las ramas productivas donde se desarrollaron diversas modalidades de agricultura de contrato o de financiamiento de la producción a pequeños productores.

En estas uniones, estructuradas por rama productiva, empezaron a prosperar diversos intereses relacionados con la gestoría del crédito; la intermediación en relación con los recursos de fomento; la participación en las cuotas de exportación; el otorgamiento de diversas prestaciones como el seguro social a productores y trabajadores, y el sistema de captación de cuotas cautivas a través de las paraestatales, mediante el cual éstas retenían las que correspondían, al momento de liquidar el crédito otorgado a los productores a las organizaciones campesinas. Estos mecanismos fortalecieron, entre otras uniones, a las de cañeros, cafetaleros y tabacaleros, por ser las más fuertes en términos de número de productores organizados y/o de recursos financieros involucrados. Al amparo del Estado en estas actividades se establecieron diversos cacicazgos y grupos de poder.3

Con el retiro del Estado a principios de los años noventa se han modificado drásticamente las condiciones prevalecientes en el agro en general. Ello ha repercutido de manera diferenciada en los diversos rubros de la producción agropecuaria y en las actividades agroindustriales de que se trate. En la agricultura de contrato con participación de empresas públicas, las paraestatales ocupaban una posición monopólica, o por lo menos preponderante, en la compra y comercialización de la materia prima. El Estado, centro de la negociación en varias ramas productivas, ahora tiene una función cada vez más marginal. Antes desempeñaba no únicamente una función económica importante, sino que también tenía el papel principal en la regulación de las relaciones sociales y políticas. Ahora, es en la negociación directa entre los productores y sus organizaciones con los industriales y empresas comercializadoras —a veces con la intermediación estatal— donde se resuelven o agudizan los conflictos.

Los campesinos han tardado en adecuarse a esta nueva situación que ha alterado sus prácticas tradicionales de producción y tácticas de subsistencia. Sus organizaciones, muchas de ellas acostumbradas a seguir instrucciones tomadas en las instancias gubernamentales, no tienen experiencia en negociaciones directas sobre las condiciones de producción y comercialización de las materias primas agropecuarias. La nueva agricultura de contrato controlada por la iniciativa privada intenta imponer nuevos criterios de eficiencia y productividad. Entre los productores, lo que frecuentemente puede observarse es una reducción considerable de sus niveles de vida en relación con la época cuando operaban las paraestatales y un aumento del número que corre el riesgo de verse retirado de la producción. De ahí que resulte de particular interés el estudio comparativo de la organización campesina en tabaco, azúcar y café (aunque en esta última rama no había agricultura por contrato sino una modalidad de financiamiento de la producción), donde las organizaciones están conociendo, con distintos grados de éxito, profundos cambios en sus concepciones y prácticas organizativas.

El predominio de las agrupaciones oficialistas está siendo seriamente cuestionado en el caso del café con el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y otras organizaciones independientes presentes en la actividad. En últimas fechas ha emergido un grupo opositor entre los tabacaleros del estado de Nayarit, lo cual puede representar en el futuro una amenaza para las organizaciones cenecistas de ese estado.

A principios de 1993, después de un conflicto que desembocó en la ocupación del edificio de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), el cacique Isidro Pulido fue expulsado y poco después, en febrero del mismo año, se celebraron elecciones que culminaron con la elección de una nueva dirigencia colegiada que incorporó dentro del Comité Ejecutivo a los grupos opositores a este cacicazgo más representativos dentro de la CNC. Este movimiento se dio en la época en que Hugo Andrés Araujo era Secretario General de dicha central campesina, cuando se intentó impulsar una estrategia de organización con criterios empresariales de las organizaciones de productores y un proceso de "renovación democrática" que quedó inconcluso.

La UNPCA es la unión de productores más importante de la CNC, por el monto de cuotas gremiales que aporta. Agrupa cerca de 70% de más de 120 000 cañeros del país. El otro 30% restante está inscrito, principalmente, en la Unión Nacional de Cañeros (UNC) de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. En conjunto, la industria azucarera ubicada en 15 estados de la República emplea, durante cerca de la mitad del año, más de 75 000 cortadores de caña y a 37 000 obreros de los ingenios en forma permanente o eventual. Estos últimos están afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana (STIAASRM) de la CTM. Con la desincorporación de la industria azucarera estatal, el sector privado adquirió 59 ingenios, la CTM uno, la CNPR cuatro y la CNC tres. La CNC terminó vendiendo los suyos a la iniciativa privada al finalizar el sexenio salinista.

No obstante la incapacidad de la UNPCA por conservar sus ingenios, los cañeros lograron preservar su estatuto especial dentro del seguro social y han mantenido sin grandes alteraciones el número de productores habilitados que existía antes de la privatización de los ingenios administrados por el gobierno. La nueva cúpula, que conserva características caudillistas típicas de las importantes dirigencias cenecistas, está intentando basar su poder no tanto en el control absolutista de la Unión, como era el caso de Pulido, sino en la preservación de los principales acuerdos derivados del Decreto Cañero de los años cuarenta, renovado en 1991 con asesoría del Consejo Nacional de Empresas Campesinas de la CNC durante el periodo de Hugo Andrés Araujo.

Aunque se han hecho concesiones importantes, como una nueva fórmula para calcular el precio con base en el contenido de zacarosa de la caña cuando se renovó el Decreto Cañero en 1991 —negociación que se dio cuando Isidro Pulido todavía era Secretario General de la UNPCA— los cañeros han logrado preservar condiciones menos desventajosas que otros productores de materias primas, a pesar de los cierres de algunos ingenios y las reiteradas amenazas de quiebra esgrimidas por las grandes compañías que controlan la industria azucarera. Dada la incertidumbre que priva acerca de las perspectivas de esta industria, habrá que ver cuánto tiempo perdura esta situación. En todo caso, en el proyecto de reorganización de la CNC encabezado por Araujo se pretendía, sobre todo después de las reformas al Artículo 27 constitucional, convertir las uniones de productores no tanto en propietarias de empresas, cuestión que como vimos no prosperó en el caso de los cañeros, sino en asociaciones representativas del conjunto de los productores de la rama frente a los compradores de productos primarios. También queda por ver cuál será la estrategia que se impulse con el nuevo Comité Ejecutivo encabezado por Beatriz Paredes desde marzo de 1995.

Algunas observaciones acerca de la agricultura de contrato del tabaco en Nayarit

El estado de Nayarit concentra más de 80% de la superficie cultivada y de la producción de tabaco en todo el país. La extensión promedio de las superficies tabaqueras es de 2.1 hectáreas. En la época de Tabacos de México (Tabamex), durante los años setenta y buena parte de los años ochenta, se habilitaban alrededor de 35 000 hectáreas. Después de la desincorporación de la paraestatal en 1990, empresa que había iniciado un proceso de ajuste antes de ser privatizada, la superficie se redujo. En el ciclo 1993-1994 sólo se explotaron 26 500 hectáreas con aproximadamente 12 000 productores. En el siguiente ciclo, 1994-1995, se contrataron poco más de 19 000 hectáreas correspondientes a más o menos 9 000 productores, lo cual representa una disminución de 7 000 hectáreas y 3 000 productores en un año, sin considerar los numerosos obreros de las plantas de hornos (afiliados a la CTM) de la ciudad de Santiago Ixcuintla que fueron cerradas y que, según fuentes periodísticas, ascienden a 3 000, en su mayoría trabajadores temporales (La Jornada, 15/I/95). Se estima que, además de los ingresos generados por esta actividad, considerando los jornales contratados para las diversas labores en el ciclo productivo, la producción de tabaco repercute en aproximadamente 25% del PIB estatal.

En la investigación de campo, durante la segunda mitad de 1994, se realizaron 22 encuestas-entrevistas en 17 ejidos de las dos zonas productoras más importantes de la costa del Estado: la del Sur, cuyo centro principal es el municipio de Compostela, y la del Norte, alrededor del municipio de Santiago Ixcuintla. Dos grandes empresas financian casi el total de la producción: en el ciclo 1993-1994 la compañía La Moderna habilitó 47% de la superficie, Tabacos Desvenados S. A. (Tadesa) 40 %, y otras tres empresas más pequeñas el 13% restante. En el ciclo 1994-1995 estas proporciones fueron de 43%, 40% y 17% respectivamente. En todas las entrevistas a productores, se manifestó un descontento generalizado hacia las empresas, sobre todo en relación con el tema de la liquidación del crédito. La queja principal es acerca del cambio que ha ocurrido desde la privatización en cuanto al establecimiento de siete calidades para el pago del tabaco, cuyo precio fluctuaba, en el ciclo 1993-1994, de 8 000 a 3 000 pesos la tonelada entre la calidad más alta y la calidad más baja.

Cuando Tabamex operaba el tabaco, independientemente de su calidad, era pagado al mismo precio. Esto obviamente determinaba una situación de ineficiencia en el cultivo, sin importar la calidad de la producción: a mayor volumen, más ganancias. Producir en tierras salitrosas resultaba conveniente, ya que la presencia de este componente aumenta considerablemente el peso de la hoja de tabaco. De acuerdo con lo que dijo una persona entrevistada, conocedora del cultivo, se llegó incluso a la aberración de contratar, para satisfacer las necesidades clientelares del régimen, un buen número de hectáreas cuya producción era tirada al mar.

Si bien la inconformidad por el asunto de la calidad es comprensible entre los pequeños productores que no tienen condiciones para elevar sus niveles de productividad y mejorar sus métodos de cultivo, aquellos que sí las tienen, algunos de los cuales presumiblemente hicieron un esfuerzo en ese sentido; también manifestaron su descontento. Esto se debe a que no existe un criterio objetivo más que la apreciación del recibidor de la empresa y la no muy confiable, según los productores, vigilancia de la Asociación Rural de Interés Colectivo de Productores de Tabaco (ARIC), organización cenecista que detenta la titularidad del convenio colectivo en el estado. Estos se quejan de que sus representantes en los centros de recepción no defienden sus intereses y parecen más bien "empleados" de las empresas.

El segundo motivo de inconformidad es el de la "socialización" de las pérdidas. Aunque los tabaqueros trabajan en forma individual —a diferencia de los cañeros que deben coordinarse entre sí para varias cuestiones en el terreno productivo—, están agrupados en "grupos solidarios" para los contratos de crédito. Esto determina que los que tuvieron un saldo positivo deben compensar a los que tuvieron un balance negativo, cuando el valor monetario de su producción fue inferior al monto total del crédito otorgado. En las cuentas finales se incluyen deudas contraídas en años pasados, situación radicalmente diferente a la época en que Tabamex de forma regular postergaba o absorbía las pérdidas. En la investigación de campo hubo casos de personas que habían tenido saldos de 9 000 pesos y que sólo habían cobrado 4 000 pesos, y otros donde una ganancia de 13 000 pesos desapareció en su totalidad por las deudas de los compañeros de grupo. Entre los entrevistados, el "sobrante" osciló entre 1 000 y 3 000 pesos.

Varios productores manifestaron su deseo de individualizar los créditos y todos concluyeron con que las empresas se aseguran de tal manera que nunca tienen pérdidas. Esta situación es particularmente preocupante por el hecho de que muy pocos productores tienen seguro agrícola, lo cual, por otra parte, no está incluido en los contratos. Las pérdidas por siniestros son un factor que aumenta el monto de sus deudas con las empresas. Algunos que habían contratado sus propios seguros se retiraron del mismo, ya que su alcance era demasiado limitado. Cuando el fenómeno meteorológico "El Niño" azotó la costa nayarita en 1992, el seguro no cubrió las pérdidas ocasionadas y muchas tierras quedaron inservibles por un tiempo considerable.

Según los dirigentes de la ARIC, en el ciclo 1993-1994 los productores tuvieron la posibilidad de escoger a los integrantes de sus respectivos grupos solidarios, a diferencia de otros años en que esta definición corría a cargo de las empresas. Sin embargo, cuando se les preguntó por qué se mantenían estos grupos, respondieron que la función social de la ARIC la obliga a aceptar esta situación para sostener a un mayor número de productores en la actividad. En caso contrario, muchos de ellos perderían el crédito e incluso se podrían desatar embargos a los deudores. Los dirigentes también manifestaron su preocupación por el poco poder de negociación de su organización en un mercado mundial monopolizado por no más de cinco grandes grupos transnacionales que pueden emigrar o boycotear el tabaco mexicano, mediante un ligero aumento de la producción en otros países que cuentan con amplias superficies compactas de tabaco.

Al igual que con los cañeros, se observa un trato mucho más estricto de parte de las compañías en relación con las prestaciones sociales y con los diversos elementos incluidos en la habilitación del crédito, desde los insumos, maquinaria y equipo hasta el monto concedido para el pago de jornales. Tabamex proporcionaba diversos aparatos en forma gratuita o a un costo muy bajo. Los productores coincidieron en que lo presupuestado en los contratos era inferior a lo que realmente se gastaba en los hechos, lo que determinó que debían realizar gastos complementarios constantemente. La mayoría de los entrevistados calculaba que el crédito alcanzaba para cubrir 80% de los costos. Muchas de las inconformidades giraban, en el ciclo 1993-1994, en torno a la insuficiencia del pago estipulado para los jornales (20 pesos al día). Ciertas labores, en particular las más calificadas, no se realizan por menos de 30, 35 e incluso 40 pesos al día.

En relación con la asistencia técnica, cabe mencionar que la mayoría de los entrevistados coincidió en que no hubo mayores cambios al respecto. Aunque ha disminuido considerablemente el personal, no piensan que esto haya beneficiado o perjudicado la producción. Los ingenieros y supervisores de las empresas son menos, pero los mismos que estaban antes con Tabamex, y no se han impulsado cambios de mayor trascendencia para la mayor parte de los productores. Sólo se han introducido algunas nuevas variedades de tabaco y en algunos casos fertilizantes menos tóxicos. Aparentemente, los que producen bajo las mismas condiciones técnicas están destinados a seguir con tabaco de baja calidad o a dejar de producirlo, si se les retira el crédito. Los esfuerzos por modernizar la producción del tabaco se centran en un reducido grupo que analizaremos enseguida.

Los procesos de modernización y restructuración productiva: compactación de tierras y diversificación de cultivos

En la zona de Santiago Ixcuintla —donde buena parte del secado de tabaco se hace con hornos y no en galerones al aire libre semicubiertos como en la zona sur de la costa— las empresas han centrado sus ensayos de modernización. Las dos principales compañías han adoptado estrategias diferentes. Inmediatamente después de la desincorporación de Tabamex, Tadesa impulsó la venta (a productores individuales o asociados en pequeños grupos) de hornos llamados "particulares" —estructuras de ladrillo de siete metros de altura por seis de ancho y seis de largo— para sustituir los 50 grandes hornos de la antigua planta de Tabamex, ofertada pero no adquirida ni por las empresas ni por la ARIC. Con la perspectiva de hacer un buen negocio, muchos productores se endeudaron a un plazo mayor de cinco años.

Los productores que compraron estos hornos están descontentos porque no resultaron lo eficientes que se les había planteado, ya que no ofrecieron una notable mejoría en la calidad de los antiguos hornos de Tabamex en el curado del tabaco, y resultaron bastante caros en términos de consumo de energía y mano de obra para hacerlos funcionar. Piensan que fue un error incursionar en el secado y desearían regresar a la producción de tabaco verde. Los costos de esta mala inversión, del riesgo que representó introducir una innovación en el mercado, van a ser sufragados por los productores y no por la empresa que la promovió.

La Moderna, por su parte, basó su estrategia en el diseño de un sistema más integral que incluye no solamente el desarrollo de nuevas tecnologías para el secado sino también la compactación de superficies y la intención de diversificar en el futuro los cultivos hacia hortalizas, frutas y flores, partiendo del punto de vista que el ciclo productivo del tabaco dura poco más de seis meses y que se podría utilizar provechosamente la otra mitad del año. Con posterioridad al experimento de Tadesa, comenzó la formación de "Módulos Agroindustriales". En el ciclo 1993-1994 La Moderna estableció siete módulos con una superficie de 475 hectáreas (un promedio de 68 hectáreas por unidad) contando cada uno de ellos con una cosechadora, un tractor, equipos de riego con tecnología de punta, una camioneta y entre ocho y 12 pequeños hornos "canadienses", según el tamaño de los módulos. Las utilidades se dividen a la mitad entre la empresa y los productores, después de descontar el monto correspondiente a la amortización de la deuda. Una vez pagada la deuda contraída, en un lapso de 10 años, la infraestructura pasará a manos de los "socios" productores.

Los hornos canadienses cuentan con una estructura de lámina metálica mucho más liviana que la de los hornos particulares, requieren menos energía y mano de obra y el curado ofrece una mejor calidad del producto. La producción en áreas compactas permite escalonar la siembra y planificar la cosecha para hacer uso más eficiente de los hornos. Los módulos que tienen dos años de operación han funcionado bien hasta ahora, aunque todavía no se ha procedido a la diversificación de los cultivos. Asimismo, no todos los productores asociados están contratados como trabajadores; en uno de los módulos visitados, siete de 17, es decir 40%, trabajaban para la empresa. La mayoría de los socios arrienda la tierra y el resto, además de socios, son asalariados.

Consideraciones

El caso de los módulos agroindustriales en el tabaco es interesante porque representa un ejemplo de la nueva agricultura de contrato basada en la asociación entre pequeños productores e inversionistas privados que se ha tratado de impulsar en el proceso de reorganización productiva neoliberal. Todavía falta mucho por analizar, particularmente lo relativo a la conveniencia, sobre todo para los productores, de este tipo de asociaciones. Mientras estén amortizando la inversión, es poco probable que obtengan beneficios de consideración. Cuando sean dueños, habrá que ver en qué estado se encuentran después de 10 años de uso intensivo, sus predios y la maquinaria y equipo adquiridos.

La necesidad de abaratar los costos y elevar los niveles de calidad en la producción del tabaco está generando profundos cambios en el campo tabaquero nayarita. Los productores, acostumbrados a tratar con la desaparecida paraestatal Tabamex, encuentran serias dificultades para adaptarse a los procesos de modernización. Sus niveles de vida han decaído notablemente desde la privatización de esta agroindustria. De ser campesinos que obtenían ingresos para vivir en condiciones "estacionarias" e incluso "excedentarias",4 y que podían contratar jornaleros para muchas de las labores agrícolas, ahora cada vez recurren más al trabajo familiar para autopagarse los salarios de la habilitación. La compactación de tierras y la adopción de nuevos paquetes tecnológicos probablemente determinará que sólo una pequeña proporción de ellos esté en condiciones de adecuarse a las exigencias de la modernización productiva, sin que ello garantice necesariamente, en el mediano y largo plazos, una mejoría de su situación económica. La mayor parte deberá producir tabaco de baja calidad, con la consecuente disminución de sus ingresos, o será retirada de la habilitación del crédito.

Después de la disminución registrada en la superficie contratada para la zafra 1994-1995, empezó a gestarse un movimiento opositor entre los tabacaleros en la región de Santiago, donde también hay un importante grupo de barzonistas. Su inconformidad aumentó en el transcurso del año cuando, con motivo de la devaluación, el entonces creado "Frente de Defensa Tabaquero" exigió una actualización, antes de que se procediera a la liquidación final, del precio pactado en septiembre de 1994, dadas las grandes ganancias que habían obtenido las empresas como consecuencia de la devaluación. Un importante líder opositor local, el ingeniero Juan Ramón López Tirado, ex candidato a la gubernatura en 1988 por el Partido de la Revolución Democrática, diputado federal por el mismo partido en 1991 y ex candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo en 1994, encabezó una movilización que culminó, en agosto de este año, con la toma de las instalaciones de la ARIC en Tepic y la amenaza de continuar con la ocupación de las empresas contratadoras. El ingeniero López Tirado fue encarcelado y momentáneamente se paró la movilización. Aunque se desconoce cuál será el desenlace de este movimiento, es indudable que la política salinista de desincorporación estatal ha repercutido en forma más negativa entre los tabaqueros que entre los cañeros, probablemente debido a los mayores niveles de organización de los últimos y a la importancia de su cultivo a nivel nacional que obliga al gobierno a proceder con mayor cautela en esta rama.

En términos generales, puede afirmarse que las organizaciones campesinas deben encarar, sin los apoyos y prebendas oficiales de antaño, en una posición de franca debilidad y desgaste, tratos directos con los grandes grupos empresariales nacionales y transnacionales. Las condiciones de dispersión, desorganización y escaso grado de organización autónoma de los agricultores que privan en muchos renglones del agro —en parte también herencia del anterior intervencionismo de los aparatos económicos y políticos—, facilita la imposición de las exigencias de la parte capitalista. Ya sin la intervención directa del Estado, se está desarrollando una nueva relación entre los agricultores, ganaderos y silvicultores del sector social con las empresas privadas. Las diversas redes y alianzas se han desarticulado y conocen un proceso de redefinición y adecuación al nuevo contexto de desregulación económica, apertura comercial y, más recientemente, variaciones del tipo de cambio que apenas comienza.

Bibliografía

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Jáuregui, Jesús, et al., Tabamex: un caso de integración vertical de la agricultura, CIDER-Nueva Imagen, México, 1980.

Moguel, Julio, Carlota Botey y Luis Hernández (coordinadores), Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, Siglo XXI, México, 1992.

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1 Véase Horacio Mackinlay, "La CNC y el Nuevo Movimiento Campesino", en Hubert C. de Grammont (coordinador), Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano, Plaza y Valdés, México (de próxima publicación).

2 En las ramas más importantes se formaron organizaciones de productores privados, enmarcadas también en un esquema corporativo (aunque diferente al del sector social), a través de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (actualmente Confederación Nacional de Propietarios Rurales), afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

3 Otras uniones han tenido mayor o menor relevancia de acuerdo con los cambios en la importancia de sus cultivos en los últimos 30 años. Las uniones relacionadas con productos básicos, cuyo cultivo no estaba directamente financiado por las paraestatales, como los maiceros, frijoleros, sorgueros y otras, nunca alcanzaron un nivel de organización similar, pero ejercían un cierto grado de influencia como interlocutoras de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y participaban en las negociaciones para definir los precios de garantía fijados por el gobierno.

4 Cepal, Economía campesina y agricultura empresarial, Siglo XXI, México, 1982.