En este artículo los autores describen diferentes
casos en que el Programa de regularización de la
tenencia de la tierra ha desempeñado
un papel muy importante en la solución de los
conflictos agrarios a través de su principal medio:
la conciliación.

Eduardo Alviso Rentería
Leodegario Morales Escobar

El pasado 10 de enero de 1996 se llevó a cabo la presentación del Programa Sectorial Agrario 1995-2000. Para el estado de Tlaxcala fue un evento de gran trascendencia en virtud de que dicha entidad federativa fue elegida para este evento por los resultados logrados en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). Lo anterior nos invita a reflexionar sobre algunos aspectos y problemas que se sortearon para llegar a ese objetivo.

Al mes de septiembre del año en curso se certificaron 94% de los ejidos de la entidad, encontrándose gran diversidad de situaciones: ejidos pequeños y grandes, en superficie y en número de derechosos; ejidatarios entendidos en los beneficios del Programa y ejidos donde la difusión y explicación de sus fines fue permanente, ante una frecuente corriente de rechazo. Hubo ejidos que —haciendo uso de sus facultades— lo rechazaron definitivamente y otros que suspendieron los trabajos, inclusive casi al concluir la medición de las parcelas. Los visitadores de la Procuraduría Agraria (PA) lograron conciliaciones para delimitar linderos entre parcelas, y entre ejidos (incluso entre tres o cuatro); se concilió para resolver conflictos por unos pocos metros, así como por muchas hectáreas.

Con estricto respeto al derecho individual y colectivo, se atendieron controversias por posesión y sucesión —en muchos casos se derivó la representación legal ante el Tribunal Unitario Agrario para dirimir el conflicto— se sorteó una gran diversidad de situaciones políticas internas y externas de los ejidos, participaron grupos y organizaciones campesinas, oficiales e independientes, con ideologías muy diferentes entre sí; esto es, en Tlaxcala sucedió mucho y poco de lo que sucede en todas y cada una de las entidades federativas que actualmente están aplicando el Procede.

Debido a que Tlaxcala es la entidad más pequeña del país, se tiende a pensar que fue relativamente sencillo concluir la regularización; sin embargo, no es una idea que compartamos los que estuvimos inmersos en este estado en los trabajos del Procede. Para sustentar nuestro argumento, si bien es cierto que el presente artículo no pretende dar información estadística, vale la pena reflexionar sobre los resultados obtenidos, comparándolos con las estadísticas nacionales, aunque esto sea grosso modo.

A principios de enero de 1996, Tlaxcala tenía certificados 92% de los núcleos agrarios, habiendo beneficiado a más de 45 000 campesinos con la entrega de más de 115 000 documentos.

Es necesario hacer notar que el trabajo realizado por los visitadores de la PA en el marco del Procede es fundamentalmente con los campesinos. Para integrar los expedientes que respaldan a cada uno de los documentos expedidos por el Registro Agrario Nacional (RAN), sean estos certificados parcelarios, de uso común o títulos de solares urbanos, es necesario hablar con cada uno de los beneficiarios y solicitarles todos sus documentos personales (certificados de derechos ejidales, actas de nacimiento, identificación personal), analizar la documentación que acredita su posesión, requisitar todas las actas de conformidad de linderos de cada una de las parcelas y conciliar en caso de controversia por la posesión o por alguno de los linderos de cada una de las parcelas, etcétera.

De igual forma los trabajos de medición fueron complejos, ya que Tlaxcala es una entidad donde la proporción de área parcelada es, tal vez, la más alta del país; la superficie promedio por parcela es muy baja y la densidad de ejidatarios es alta. Esto es, fueron muchas parcelas de poca superficie las que tuvieron que medirse, fueron muchos los vértices que se debieron considerar, estacar y en muchos casos acordar o conciliar entre las partes. El trabajo en este sentido fue muy meticuloso, muy detallado, inclusive hubo algunos ejidos donde las parcelas fueron consideradas por número de surcos; dicho de otra manera, muchísimo trabajo en poca superficie de suelo social.

En este artículo quisiéramos aprovechar para comentar brevemente un problema que causó ciertas dificultades en la aplicación de una parte del procedimiento determinado para el Programa. Nos referimos a la anuencia que el núcleo agrario manifiesta por decisión de Asamblea para incorporarse al Procede. Al respecto, el procedimiento señala que la anuencia se da por decisión de Asamblea normal, esto es, no se requiere mayoría calificada para manifestarse en pro o en contra del Programa. Lo anterior significa que la toma de decisión se realiza en una Asamblea de ejidatarios, en primera convocatoria con 50% más uno de sus integrantes o en una segunda convocatoria con los que asistan.

Todos los estados, algún día (muy cercano seguramente) van a llegar al "cuello de botella" que representa la aplicación del Procede en los últimos ejidos. Llega un momento en que se revisa la lista de los ejidos aún no certificados y se tiene que tomar la decisión de entrar en núcleos con problemas de diversa índole. Entre ellos, algunos divididos políticamente o por otros intereses, núcleos con un gran número de ejidatarios apáticos, o con una minoría significativa de ejidatarios con derechos vigentes y una mayoría de posesionarios y avecindados manifestándose en contra del Procede.

En la práctica, la experiencia de Tlaxcala en nueve de los últimos ejidos reflejó que la anuencia fue dada por una auténtica minoría absoluta de ejidatarios —aunque legal—, ya que fue acuerdo de Asamblea en segunda convocatoria. El afán de concluir condujo, desde el Visitador hasta el Comité Estatal del Procede, a tomar la decisión de intentar certificar esos núcleos. Cabe señalar que es común que la anuencia se dé en Asamblea de segunda convocatoria con menos de 50% del total de derechosos, pero en ejidos sin gran complejidad, donde el problema mayor suele ser la apatía; entonces, en la medida que se realizan los trabajos, los apáticos se van incorporando poco a poco y, generalmente, en la Asamblea de informe de la Comisión Auxiliar ya se cuenta con una mayoría real. Pero eso definitivamente no sucedió en los últimos ejidos. En esos siempre hubo oposición al Programa, en forma individual y/u organizada; conseguir actas de conformidad de linderos era un verdadero triunfo; se detectaron muchísimas parcelas sin interés en el Programa; a los técnicos y topógrafos frecuentemente los amenazaban y, lo más grave del asunto, líderes con otros objetivos e intereses políticos tomaron la bandera de la inconformidad e inclusive mal informaron para acrecentarla y así tener presencia proselitista, sin importarles resolver verdaderamente el motivo del rechazo.

Ello condujo a que posteriormente surgieran manifestaciones públicas: tomas de oficinas, marchas, plantones, amenazas, etcétera; en nueve ejidos se suspendieron los trabajos técnicos, en dos de ellos con la medición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) prácticamente terminada, lo cual significó mucho esfuerzo y costo sin lograr el objetivo final, la certificación. Por ello, a nuestro juicio, en algunos casos específicos (obviamente con algunas adecuaciones al marco legal), debería solicitarse la anuencia en una Asamblea de mayoría calificada, de tal modo que se garantizara la conclusión del Programa y no se mal invierta, sobre todo por los costos de los trabajos topográficos, en ejidos que no van a concluir el Programa.

Otro aspecto acerca del cual nos permitimos hacer una reflexión en torno a la conclusión del Programa en el estado, es el referente a los conflictos por linderos, sean estos entre ejidos, entre parcelas, entre ejidos y pequeños propietarios u otras variables. Esta problemática es una de las más frecuentes en el país y causa importante del freno a los avances del Programa; por este medio quisiéramos hacer extensiva nuestra experiencia.

Durante todo el periodo que duró el Programa en la entidad, el gobierno del estado comisionó a una brigada de topógrafos de tiempo completo a la Procuraduría Agraria. Esta brigada de topografía nunca se presentó en campo como personal adscrito a las instituciones responsables del Procede, se dejaba muy claro que era personal de gobierno del estado brindando apoyo a los trabajos de certificación; dicha aclaración es muy importante, ya que al presentarse conflictos de linderos los únicos facultados para conciliar son los visitadores de la PA. Siendo la citada brigada un elemento muy importante, sólo tenía la facultad de proporcionar los datos necesarios para llegar a una conciliación. Con esto queremos decir que muy frecuentemente se presentaban conflictos por linderos, por ejemplo, entre dos ejidos donde ambos manifestaban que uno invadía al otro y la superficie en conflicto era de 300, 400 o 600 hectáreas. Con esas dimensiones de superficie, lo primero que se observa es un verdadero desconocimiento de linderos por parte de ambos ejidos; sus argumentos más frecuentes están fundados en los comentarios de la gente mayor que recuerda que cuando se les dotó, el topógrafo de aquel entonces les dijo que "por ahí" iba el lindero.

Para poder llegar a una conciliación entre las partes, o aclaración de los linderos, se requiere desarrollar una serie de trabajos técnicos para diagnosticar y definir exactamente el problema, saber de qué superficie se está hablando y a partir de ahí conciliar. O a veces el acuerdo previo es dividir la superficie en cuestión entre dos; esto suena sencillo, pero ¿por dónde va el lindero para que quede la misma superficie de un lado y del otro?; en 600 hectáreas no es fácil y el INEGI no está facultado para realizar este tipo de trabajo; ellos miden el lindero, no determinan por dónde va.

Sin una brigada de topografía que realizara este tipo de trabajos, la culminación del Programa no habría sido factible. Hubo ejidos que condicionaron la entrada al Procede para realizar primero una división del ejido determinando las superficies de cada uno, y luego incorporarse por separado. Otro ejemplo fue un ejido que solicitó, previo al programa, un ajuste al parcelamiento económico existente, así como el parcelamiento de parte de las tierras de uso común en parcelas iguales para cada ejidatario; todo este trabajo, previo a la anuencia. Al interior de los núcleos agrarios las controversias entre ejidatarios se resolvían proporcionando una cantidad de tierra del uso común a uno de los sujetos, pero para dársela —previamente a la aplicación del Programa— primero se tenía que medir lo que se le proporcionaría. Y así muchos ejemplos más en que la brigada de topografía permitió resolver situaciones específicas que impedían el avance de la regularización.

Otro de los factores determinantes en Tlaxcala fue la posición favorable que asumió el gobierno del estado; desde convencerse de los beneficios hasta dar apoyos materiales y humanos para que el Programa avanzara, y participando activa y permanentemente en el Comité Estatal del Procede. Asimismo, durante todo el Programa era frecuente que el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) o el Director del Fideicomiso para el Desarrollo Rural de Tlaxcala o cualquier otro funcionario, solicitara a la PA datos sobre el avance de la certificación para incluirlos en el discurso que habrían de pronunciar sobre Procampo, campañas de fertilizantes, créditos o sobre cualquier tema, mencionando unas breves palabras acerca de los logros de la regularización de la tenencia de la tierra.

La coordinación interinstitucional sin duda fue factor fundamental para el logro de las metas. Hubo necesidad de coordinar esfuerzos en campo donde no sólo incidían visitadores, becarios y brigadistas de Tlaxcala, sino que casi siempre había visitadores comisionados de otros estados, auxiliares comisionados del gobierno del estado, brigadistas del INEGI comisionados —al mismo tiempo— de Aguascalientes, Yucatán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, entre otros. De igual forma hubo que coordinar los trabajos de gabinete con personal del RAN, INEGI y PA; todo fue posible gracias a un principio básico —que frecuentemente a todos los niveles de coordinación se tenía que externar— "todos traíamos la camiseta del Procede, independientemente de la institución en la que trabajáramos". Mucho auxilió una comisión revisora de trabajos de campo integrada con un representante de cada institución (PA, RAN, INEGI), con la característica de que el funcionario tuviera cierto nivel de tal manera que en sus recorridos de supervisión pudiera tomar decisiones en el propio lugar de los hechos.

Son muchos los aspectos que pueden comentarse y cada uno de ellos puede ser tema de mesas de trabajo o discusión, pero entrar a este tipo de experiencias llevaría mucho tiempo. Por ello se prefiere describir a continuación ejemplos de algunos de los trabajos realizados.

Asunto: Diversos problemas que se presentaron en el ejido El Carmen Tequexquitla, municipio de Tequexquitla

Uno de los ejidos que más importancia tuvo en la culminación del Procede es El Carmen Tequexquitla, municipio de Tequexquitla, por la problemática que presentó desde el momento mismo de la instalación de esta institución en la entidad.

Este ejido es el más alejado del estado por el lado Oriente, cuenta actualmente con una extensión de 3 263-88-11.91 hectáreas y 854 ejidatarios, en su mayoría jóvenes, quienes fueron reconocidos como nuevos ejidatarios el 8 de octubre de 1995, fecha en que se llevó a cabo la Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales (la última del Programa). La gran mayoría de los ejidatarios tienen que buscar opciones de ingreso por lo cual se emplean como albañiles y obreros fuera del municipio, estado e incluso del país. Lo anterior es por el bajo ingreso obtenido de la explotación de su parcela ejidal debido a que se encuentra en una zona agrícola de temporal, afectada por factores climáticos adversos como son la escasez de lluvia, presencia de granizadas y heladas tempranas de gran intensidad. Aunado a lo anterior, tenemos que la superficie parcelada por ejidatario fluctúa entre 0.5 y 2 hectáreas, siendo contados los ejidatarios que poseen entre 4.5 y 6 hectáreas.

El Carmen Tequexquitla es la cabecera municipal del municipio de Tequexquitla, el cual se caracteriza por ser uno de los más marginados en la entidad, donde la gente se distingue por la falta de estudios y la abundante pobreza, factores —entre otros— que han sumado desconfianza hacia los programas gubernamentales.

La problemática del ejido inició el 14 de junio de 1993, cuando por segunda convocatoria se llevó a cabo la Asamblea general de ejidatarios para realizar la elección de los órganos de representación ejidal, resultando triunfadora la plantilla encabezada por el C. Ángel Merino Valadez; inconformes con los resultados, un grupo de ejidatarios solicitó se convocara nuevamente y con fecha 6 de septiembre se realizó una nueva Asamblea donde triunfó la planilla que postulaba como presidente del Comisariado Ejidal el C. Trinidad Pérez Carpinteiro. En respuesta a este acto el C. Ángel Merino demandó, ante el Tribunal Unitario Agrario del estado, la nulidad de la Asamblea realizada con posterioridad a la que él fue electo.

En mayo de 1994, el Tribunal emitió una sentencia ordenando se convocara a nueva Asamblea en virtud de que las anteriormente realizadas presentaban vicios en su desarrollo. Por tal motivo, a fines de mayo se llevó a cabo la Asamblea en segunda convocatoria, donde de nuevo triunfó la planilla presidida por el C. Trinidad Pérez Carpinteiro. Pero el grupo contrario se amparó ante el Tribunal Colegiado contra la sentencia emitida por el Tribunal Unitario y tuvieron que transcurrir 12 meses de larga espera para conocer el fallo del citado tribunal, el cual le negó el amparo al grupo promotor, anuló todas las asambleas realizadas con anterioridad, y ordenó reponer el procedimiento. La asamblea de elección se llevó a cabo a principios de mayo de 1995 y resultó electo por mayoría nuevamente el C. Trinidad Pérez Carpinteiro. Este acto fue festejado con una verbena popular por los ejidatarios de El Carmen Tequexquitla, debido a que significaba el triunfo de una larga lucha y el arrebato del poder a un grupo poderoso de ejidatarios.

Es importante destacar que el Procede en ese ejido había sido aceptado desde el 16 de enero de 1994 pero, por las razones antes expuestas y debido al conflicto político y social generado en este núcleo agrario, se decidió suspender todo tipo de trabajo relacionado con el Programa hasta que no concluyera el multicitado conflicto, razón por la cual los trabajos volvieron a reanudarse un día después de celebrada la Asamblea de elección. La visitadora agraria, Ing. María del Pilar Rodríguez Zamudio, detectó mucha apatía de parte de los ejidatarios, generada por el largo tiempo de espera en la resolución del conflicto de representación ejidal. Por ello fue necesario que realizara una incansable labor de concientización y sensibilización al interior del núcleo agrario, con la finalidad de concluir el Programa lo antes posible, debido a que se pensaba que entre mayor tiempo transcurriera podían generarse nuevamente conflictos internos y poner en riesgo la estabilidad social del ejido y del municipio mismo. Una vez logrado lo anterior, el ejido se organizó de tal manera que en su tiempo fue ejemplo en el estado de la corresponsabilidad que debe existir para concluir este tipo de programas.

El Procede caminó al interior del ejido de manera normal, pero a principios del mes de junio de 1995 se revivió el conflicto, que durante muchos años no se había tocado, con el ejido Oriental, municipio del mismo nombre, perteneciente al estado de Puebla, que consistía en la inconformidad por los límites ejidales. Para efectuar el deslinde correspondiente, los órganos de representación ejidal tuvieron un sinnúmero de reuniones, siempre acompañados por los visitadores. Dichas reuniones se llevaron a cabo a lo largo de dos meses, durante los cuales incluso fueron necesarias reuniones diarias con la finalidad de resolver lo antes posible el conflicto —porque el Procede continuaba desarrollándose en el ejido Tequexquitla. Pero fue la atinada participación de todos los responsables de las instituciones involucradas en el Programa en ambos estados lo que permitió resolver —mediante conciliación— este problema. Con ello quedó demostrado que habiendo estrecha coordinación interinstitucional, aun siendo de estados diferentes, los conflictos pueden solucionarse. Mientras duró el desacuerdo externo, no hubo impedimento para continuar los trabajos al interior del núcleo.

Este ejido fue certificado el 28 de octubre de 1995 y se considera como un verdadero logro, porque a lo largo de todas las actividades descritas anteriormente se puso en constante riesgo la estabilidad política y social del ejido (cabecera principal) y de las partes colindantes, así como la integridad física de las personas que participaron en dichas actividades.

Asunto: División del Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Morelos y Pavón, municipio de Tetla, en el ejido Plan de Ayala y el NCPE José María Morelos y Pavón por problemas políticos internos

El 3 de septiembre de 1975 se dota de manera colectiva al Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Morelos y Pavón, municipio de Tetla con 1 805-01-57 hectáreas, beneficiando a 113 personas. Los sujetos de derecho que integraron este Nuevo Centro de Población eran oriundas de diferentes lugares, razón por la cual desde un principio tuvieron muchos problemas por la distribución y explotación de las tierras. Ello provocó enfrentamientos en los que murieron tres ejidatarios. Al enterarse el gobierno estatal junto con las instituciones del sector agrario, buscó una solución al conflicto, recayendo ésta en la división de hecho de ambos pueblos, lo cual fue acordado por una Asamblea general de ejidatarios realizada en febrero de 1975. En dicha Asamblea estuvieron presentes ambos grupos y acordaron la división tomando como referencia la vía del ferrocarril México-Veracruz. En la zona que le corresponde al pueblo de José María Morelos y Pavón quedaron 61 ejidatarios y, en la denominada Plan de Ayala, se establecieron 52, de este último grupo se salieron 25 ejidatarios, quedando hasta antes del Procede solamente 27 personas. Ambos grupos se organizaron internamente de acuerdo con sus necesidades y se parcelaron de manera económica las tierras para evitarse problemas en lo individual.

Antes de la división el pueblo de Plan de Ayala había solicitado formalmente la división del ejido en partes iguales ante las instancias legales correspondientes, pero nunca se le dio trámite a su petición porque había riesgo de volver a generar el conflicto, argumentando además que nunca se iban a poner de acuerdo por existir resentimientos personales. Con todo lo anteriormente expuesto y con la finalidad de llevar el Programa al mayor número de ejidos que lo desearan, se iniciaron pláticas con los integrantes de ambos poblados para ver la posibilidad de dividirlos de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción XI de la nueva Ley Agraria; al conocer nuestros planteamientos los representantes de ambos poblados se mostraron reacios a aceptarlo, argumentando que nunca iban a poder conciliar, pero aceptaron acudir a una primera plática en las oficinas de la Procuraduría Agraria. En dicha plática se portaron muy agresivos entre ellos e incluso se amenazaron, pero después de la atinada intervención de los representantes de la PA, se calmaron los ánimos y empezaron a proponer alternativas de solución que consideraron para consultar a sus respectivos grupos. Después de varias reuniones en la Delegación lograron ponerse de acuerdo sobre cómo iban a dividir, conviniendo que el ejido de José María Morelos y Pavón aceptara a cinco ejidatarios —que teniendo sus tierras en la fracción de Plan de Ayala viven en el Pueblo de Morelos—entregándole a cada uno una fracción de tierra de ocho hectáreas, las cuales eran tierras de agostadero. Por tal motivo se tuvo que solicitar el apoyo del gobierno estatal para realizar la roturación y nivelación de los terrenos, con la finalidad de hacerlos aptos para la agricultura. Esta petición de la gente de Plan de Ayala se basaba en que ellos tenían menor superficie global que los ejidatarios de Morelos.

Una vez definido lo anterior se convocó a la Asamblea general de ejidatarios para el día 11 de julio del presente año. Sobre dicha Asamblea había gran expectativa de parte del gobierno estatal por el problema que podía generarse, pero por fortuna la Asamblea se llevó a cabo sin ningún conflicto y actualmente los dos pueblos están legalmente constituidos como ejidos quedando el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Morelos y Pavón con una superficie de 971-69-96.55 hectáreas y 74 ejidatarios, mientras que los 38 ejidatarios de Plan de Ayala poseen una superficie de 647-16-80.52 hectáreas. Así fue como ambos ejidos consiguieron su separación.

Asunto: Conflicto de linderos entre los ejidos San Antonio Calpulalpan y San Marcos Guaquilpan, ambos del municipio de Calpulalpan

El 30 de noviembre de 1979 se concedió a San Marcos Guaquilpan y sus anexos, Santiago Cuaula y San Mateo Actipac, la segunda ampliación de 328-10-00 hectáreas beneficiando a 137 personas. Sobre esa superficie se le otorgó al ejido San Antonio Calpulalpan, el 22 de noviembre de 1979, la segunda ampliación con 100 hectáreas beneficiando a 40 personas. A partir de ese momento se inició la pugna entre los ejidos por apropiarse de las tierras, conflicto que en el momento de iniciar las actividades del Procede aún existía.

Después de varios intentos conciliatorios, el día 6 de septiembre de 1995 y al darse cuenta que el ejido San Mateo Actipac, municipio de Calpulalpan, ya se había posesionado de su porción correspondiente de tierras, los ejidos San Antonio Calpulalpan y San Marcos Guaquilpan decidieron llegar a un arreglo conciliatorio para repartirse equitativamente, entre los ejidos Calpulalpan, Cuaula y Guaquilpan, las tierras sobrantes (que ninguno conocía ni sabía con exactitud cuánta superficie era y hasta donde llegaba); por tal motivo se acordó que la brigada de topografía del gobierno del estado asignada a la PA midiera la superficie correspondiente al ejido San Marcos Guaquilpan de acuerdo con su carpeta básica. Esto permitió identificar la superficie en conflicto, la cual fue calculada asignándole a San Marcos Guaquilpan su parte correspondiente. Con ello, los ejidos San Marcos Guaquilpan y San Mateo Actipac pudieron ser certificados y excluidos del conflicto. Es necesario señalar que actualmente los ejidos San Antonio Calpulalpan y Santiago Cuaula siguen en pláticas conciliatorias para resolver en su totalidad este conflicto, aun cuando el ejido San Antonio Calpulalpan ya está certificado de manera parcial. Se excluyó del Programa sólo la parte en conflicto permitiendo con ello el avance y culminación del Procede en estos núcleos agrarios.

Asunto: Conflicto de linderos entre los ejidos Santa María Acxotla del Monte y San Luis Teolocholco, ambos del municipio de Teolocholco

Los ejidos San Luis Teolocholco y Santa María Acxotla del Monte se constituyeron según resolución presidencial del 31 de diciembre de 1929 con una superficie de 150-00-00 y 401-30-16 hectáreas respectivamente, beneficiando en el primero de ellos a 76 personas y en el segundo a 133. El 22 de agosto de 1993 se incorporó al Programa el ejido Santa María Acxotla del Monte, por lo que iniciaron las actividades subsecuentes, pero al realizar el recorrido perimetral con el ejido San Luis Teolocholco —el cual había sido incorporado al Procede el 14 de noviembre de 1993— se detectó una supuesta invasión por parte de este último, afectando una superficie de 3.5 metros de ancho por 3 000 metros de largo, debido a que habían movido una mojonera. Al escuchar esta acusación los integrantes del ejido San Luis Teolocholco respondieron con agresividad en contra de todos los presentes argumentando no estar invadiendo y afirmando que la mojonera siempre había estado en ese lugar. Después de varias reuniones presididas por el Visitador Agrario en el lugar del conflicto, se determinó suspender el Procede en ambos núcleos agrarios, en virtud de posibles enfrentamientos físicos entre los órganos de representación ejidal; incluso el Visitador responsable ya había sido amenazado. Como existía interés por el Procede, ambos núcleos agrarios reiniciaron las pláticas y se logró definir la colindancia entre ambos ejidos y por consiguiente reiniciar los trabajos de regularización; pero, al realizar el estacado entre ambos núcleos, de nuevo se reactivó el conflicto (incluso hubo agresiones físicas entre afectados), razón por la cual se volvió a suspender el Programa.

Después de varias reuniones con ejidatarios integrantes de ambos ejidos interesados en continuar con el Programa, el Visitador Agrario logró convencerlos de la necesidad de realizar el cambio de órganos de representación ejidal en el ejido San Luis Teolocholco, por vencimiento de periodo, y de reestructurar los de Santa María Acxotla del Monte debido a que entre ellos existían posesionarios; una vez logrado lo anterior se reiniciaron las pláticas conciliatorias y se terminó el conflicto al estacar de manera individual las parcelas de ejidatarios colindantes. Con esto queda demostrado que en ocasiones las personas que provocan los conflictos son los órganos de representación ejidal, que en muchos de los casos no conocen la problemática y menos aún le dan a sus representados la oportunidad de resolver sus conflictos. De esta manera en el mes de junio reiniciaron los trabajos técnicos y actualmente ambos ejidos están certificados teniendo la siguiente superficie: Santa María Acxotla del Monte 403-37-60.19 hectáreas y San Luis Teolocholco 138-99-80.47 hectáreas.