El 12 de abril, en su informe anual de actividades,
el titular de la Procuraduría Agraria, licenciado
Dionisio E. Pérez Jácome, ponderó las ventajas de la reforma
agraria en el país, se refirió a la nueva legislación en la materia
y señaló la confianza que la institución ha ido ganando
entre los campesinos a cuatro años de haberse creado.
Por su importancia, a continuación reproducimos
sus palabras, así como la respuesta del Presidente
de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León,
al Informe del Procurador Agrario.
Informe del Procurador Agrario
licenciado Dionisio E. Pérez Jácome
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 144, fracción VIII, de la Ley Agraria y 9º, fracción XII, del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, me permito presentar al titular del Ejecutivo Federal el Informe anual de actividades de la Institución, correspondiente al periodo del 1º de abril de 1995 al 31 de marzo de 1996.
Los logros que se precisan en este Informe representan el esfuerzo conjunto de todos los servidores públicos que laboran en la Procuraduría Agraria y de los que nos antecedieron en tan honrosa responsabilidad. Expreso por ello mi reconocimiento a quienes han contribuido a la creación y desarrollo de esta entidad, sólida y reconocida, con cuadros calificados de indiscutible vocación de servicio y eficiencia comprobada. Particularmente, manifiesto mi gratitud a su primer titular, el doctor Arturo Warman, quien me ha transmitido su valiosa experiencia en el cargo y me ha brindado también todo su apoyo como Secretario de Estado.
La reforma agraria mexicana, la más extensa y profunda del mundo, ha venido cumpliendo diferentes etapas desde 1915 y, con las modificaciones constitucionales y legales recientes, se han sentado las bases para su consolidación e incorporación activa del campesino mexicano al desarrollo del país.
La nueva normatividad no sólo reconoce el fin del reparto agrario, sino que eleva a rango constitucional la personalidad jurídica de ejidos y comunidades; da plena seguridad a las tres formas de propiedad rural; autonomía a la vida interna de los núcleos agrarios y capacidad para su integración en formas asociativas civiles y mercantiles, e institucionaliza las funciones de procuración e impartición de justicia agraria.
Es propósito esencial de la política gubernamental que la propiedad de la tierra sea sustento del desarrollo, se traduzca en justicia, mayores ingresos, empleo y mejoramiento de la calidad de vida en el medio rural, y se respalde con programas, compartidos por el Gobierno y el sector social, que postulen la rentabilidad y la productividad en el campo como objetivos prioritarios y urgentes.
La nueva legalidad agraria es una realidad y la acción del Estado se orienta a brindar seguridad jurídica y a garantizar equidad y justicia para los campesinos de México. Es allí donde la Procuraduría Agraria debe constituirse en instrumento eficaz de la justicia y coadyuvante en una amplia gama de actividades orientadas al desenvolvimiento integral del agro.
Es finalidad de este Informe mostrar los resultados alcanzados durante los últimos doce meses en la realización de esos propósitos, a través de los programas de la Institución, y presentar una propuesta de fortalecimiento de la Procuraduría, que confío merezca la consideración favorable del Ejecutivo Federal, del coordinador del sector agrario y de las dirigencias de las organizaciones campesinas del país. Por ahora, representa sólo nuestro punto de vista en torno al esfuerzo institucional que se requiere para responder a lo que se espera de nosotros.
Programas relacionados con la justicia y la legalidad
La Procuraduría Agraria recibió en el periodo que se informa un total de 135 987 solicitudes de atención, cifra que expresa un incremento considerable respecto al número de asuntos recibidos en años anteriores, lo que acredita que la Institución ha ido consolidando su presencia en el medio rural y ganando la confianza de los campesinos.
La Procuraduría tiene la obligación de proporcionar orientación de carácter legal a los sujetos agrarios, con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus prerrogativas, o bien, para defenderlos contra actos que vulneren sus derechos individuales o colectivos; con ese propósito, se brindó el apoyo necesario para la formulación de demandas, comparecencia a audiencias, ofrecimiento y desahogo de pruebas e interposición de recursos.
Se concertaron acuerdos de colaboración con organizaciones campesinas y se firmaron convenios con instituciones académicas, para instrumentar programas y acciones de servicio social agrario mediante el apoyo de pasantes universitarios.
Para la atención de los problemas legales que aquejan a los campesinos, la Procuraduría actúa, de oficio o a petición de parte, como representante legal de los sujetos agrarios ante las autoridades judiciales o administrativas. En el periodo, se recibieron 12 913 solicitudes de representación legal y se concluyeron 9 250.
Se promovieron acciones para fortalecer la coordinación con el Tribunal Superior Agrario, que nos ha brindado su comprensión y respaldo, y se ha venido participando en diversos grupos de trabajo interinstitucionales, como el Comité Jurídico del Sector Agrario.
Durante el periodo que cubre este Informe, se plantearon a nivel nacional 31 490 controversias que se atendieron mediante la conciliación, las que en su mayoría se resolvieron positivamente.
La proporción tan alta de asuntos conciliados expresa un resultado muy significativo, ya que se evitó así la tramitación judicial que es, en muchos casos, onerosa e insatisfactoria para las partes.
Sólo en el caso de algunos conflictos no resueltos por la vía conciliatoria, se canalizó su atención al arbitraje, y en este periodo se concluyó la tramitación de 40 procedimientos de esta naturaleza.
Especial importancia reviste la atención de las quejas y denuncias. Para atenderlas, se llevaron a cabo acciones de orientación e información, representación legal, gestoría, y en casos extremos, se formularon denuncias penales o administrativas. Durante el periodo que se informa, fueron tramitadas 11 222 quejas y denuncias, de las cuales 70% han concluido su trámite.
En el año que se informa, se asesoró en el levantamiento de 736 censos y se elaboraron 12 446 listas de sucesión. Se logró así disminuir significativamente el número de conflictos por sucesión de derechos ejidales.
El reglamento interno de los ejidos y el estatuto de las comunidades, contienen los elementos básicos de organización social y económica de los núcleos agrarios y permiten prevenir controversias entre sus integrantes; por esta razón, la Procuraduría brinda asesoramiento a los campesinos en su elaboración, tomando en cuenta sus necesidades específicas y peculiaridades propias, así como sus usos y costumbres. Durante este periodo, se realizaron 1 095 acciones de esta naturaleza.
Para coadyuvar en las prácticas de democracia interna en los núcleos agrarios, se llevó a cabo la supervisión de elecciones de comisariados y consejos de vigilancia, en asambleas legalmente constituidas, mediante voto secreto y escrutinio público e inmediato. Durante este periodo, se asistió a 2 253 actos electivos en ejidos y comunidades.
La certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos tiene por objetivo otorgar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, a través de la entrega de certificados parcelarios y de derechos sobre la tierra de uso común, así como títulos de solares urbanos, en los núcleos agrarios que voluntariamente soliciten su incorporación al Programa.
A más de tres años de su inicio, el Procede ha demostrado ser instrumento eficaz para mejorar las condiciones económicas de los ejidos y prevenir conflictos sociales. Con la certeza jurídica, se facilita también la incorporación de los núcleos agrarios a programas productivos y el adecuado desarrollo del sector agropecuario.
Es compromiso previsto en el Plan Nacional de Desarrollo lograr en la presente administración la regularización de las tierras de propiedad social en los núcleos agrarios que lo soliciten.
A la fecha, se han certificado y titulado 10 244 ejidos, que representan 38% del universo potencial de trabajo, y se han expedido dos y medio millones de certificados y títulos en beneficio de 1 600 000 familias campesinas, en 29 millones de hectáreas del territorio nacional.
En el periodo que se informa, se logró cumplir 95% de la meta anual.
Un contacto permanente y estrecho entre los niveles directivos del Programa, la Secretaría de la Reforma Agraria, el INEGI, el RAN y nuestra Institución, es esencial para lograr los objetivos y metas propuestas; más aún, por la decisión de incorporar al Procede a las comunidades y colonias agrícolas.
Confiamos cumplir en 1996 con la meta de certificar 4 500 núcleos agrarios y culminar el Programa en Aguascalientes, Colima, Morelos y Querétaro, como ocurrió con Tlaxcala en enero pasado.
Programas orientados al bienestar campesino
Durante el periodo del presente Informe, la Procuraduría proyectó también sus esfuerzos a la ejecución de acciones que tienen como objetivo elevar el nivel de vida y propiciar el bienestar social de los campesinos, mediante su asesoramiento en tareas de organización y capacitación para el mejor aprovechamiento de recursos y su integración en esquemas superiores de organización.
Las principales acciones realizadas en esta materia, están representadas por proyectos sobre constitución de uniones de ejidos; asociaciones rurales de interés colectivo y sociedades de producción rural, entre otras.
Se proporcionaron apoyos de gestoría para la obtención de concesiones, autorizaciones y licencias, así como para financiamiento, inversión, uso de tecnología y asistencia técnica a proyectos productivos de vivienda y desarrollo urbano.
En el periodo que se informa, sólo se celebraron 112 acuerdos de Asamblea ejidal, mediante los cuales se determinó la adopción del dominio pleno. Estos ejidos representan menos del uno al millar del universo nacional de superficie de propiedad social.
La Procuraduría procedió a la elaboración de manuales para constituir y regular el funcionamiento de las unidades de producción y servicios en parcelas con destino específico: para la mujer campesina, para el desarrollo integral de la juventud y la parcela escolar. Se concertaron diversas acciones con la Secretaría de Educación Pública; se signaron 87 convenios en 25 estados y se acordó con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proyectar los apoyos de sus programas de becas, empleo y ocupación temporal, a zonas identificadas como prioritarias.
Se ha venido editando la revista Estudios Agrarios, espacio de reflexión y análisis de la problemática del agro nacional, y se continúa con la publicación de la serie "Crónicas de casos", que reseñan los procesos de regularización y certificación de la tenencia de la tierra.
Se instauró el Premio Nacional Anual de Estudios Agrarios, con el fin de que los investigadores propongan soluciones viables a la problemática del campo.
La Procuraduría ha venido desarrollando un programa de capacitación, orientado a los abogados y visitadores agrarios y a los becarios campesinos, para mejorar el servicio de nuestro personal y contribuir a la preparación técnica y práctica de los sujetos agrarios.
Ha sido propósito de la Procuraduría coadyuvar con las demás instituciones públicas en la ampliación de acciones de capacitación y se ha fortalecido la coordinación ya existente con las organizaciones campesinas, para la formación de instructores que continuarán esos procesos en los núcleos agrarios.
Se realizaron un total de 4 492 eventos de capacitación en los que participaron 66 873 personas.
Administración y controles operativos
Colaboran en la Institución personal de estructura, por honorarios y becarios campesinos, con distintos perfiles ocupacionales. La comisión del Servicio Profesional Agrario funge como la instancia responsable de la instrumentación del servicio profesional de carrera.
Para racionalizar el uso de recursos y ampliar los programas de trabajo de la Procuraduría, se formuló, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, una nueva estructura programática para 1996 y, con la finalidad de ejercer un mejor control en el ejercicio presupuestal de la estructura territorial, a partir de este año se integran propuestas presupuestales a nivel de partida, en delegaciones y residencias.
Para este año, el presupuesto autorizado es de 312 millones de pesos, que significa un incremento nominal de sólo 2% respecto a 1995. Tomando en cuenta la inflación acumulada en el periodo, es evidente la dificultad que enfrentaremos para cumplir programas y metas comprometidas.
La Contraloría Interna y las instancias externas de control y fiscalización realizaron durante el periodo las tareas que la Ley les impone, en apoyo a la gestión administrativa de la entidad, formulando observaciones, fundamentalmente de carácter preventivo, para asegurar el adecuado manejo de los recursos.
Propuesta de fortalecimiento de la Procuraduría Agraria
En cumplimiento del Programa Sectorial, la Procuraduría se ha abocado a consolidar su estructura orgánica, para garantizar atención integral a los sujetos agrarios y desempeñar mejor su función de vigilante de la legalidad en el campo.
Con apego a las directrices de modernización institucional contenidas en ese Programa, que son compromisos de trabajo de la Institución, culmina este Informe de actividades con algunas sugerencias, adicionales, que juzgamos de la mayor importancia para la labor que debe cumplir la Procuraduría. Estas ideas, que constituyen nuestra propuesta de acción, se expresan en los siguientes términos.
Nueva normatividad interna
Convencidos de que nuestro Reglamento Interior requiere adecuaciones e inclusive modificaciones sustanciales, hemos venido haciendo una revisión exhaustiva de su contenido y alcances y contamos con un anteproyecto que, antes de ser propuesto al señor Presidente de la República, se someterá al conocimiento de los representantes de las organizaciones campesinas y a la consideración del señor Secretario de la Reforma Agraria.
En el anteproyecto, se propone compactar algunas áreas administrativas, fortalecer la estructura territorial mediante una mayor desconcentración de funciones y crear un procedimiento para la emisión y seguimiento de las recomendaciones previstas en la Ley Agraria.
Modernización de la estructura territorial
Debe, en nuestro concepto, concentrarse la función directiva y normativa en las oficinas centrales, que sólo por excepción actuarán en términos operativos y, en cambio, consolidar la capacidad de acción de la estructura territorial. Para ello, será necesario mejorar la coordinación entre ambos niveles, mediante sistemas de información, que sean el canal fundamental de comunicación entre las delegaciones y las autoridades centrales.
Se han identificado las necesidades y características peculiares de cada entidad y región geográfica, para hacer a las delegaciones más funcionales y operativas, lo que se apoyará mediante la consecuente desconcentración de plazas y recursos. Trataremos así de contribuir a la consolidación de un modelo de mayor esencia federalista.
Comité Permanente de Control y Seguimiento (Copecose)
Este Comité constituye la instancia de participación plural de la Procuraduría, que funciona tanto a nivel central como a través de comités estatales. Se orienta a mantener un contacto directo con las organizaciones campesinas, con quienes se analizan y plantean alternativas viables sobre promociones y diversos temas agrarios, y se formulan las bases esenciales de acciones y apoyos.
En el periodo que se informa, el Copecose, a nivel central, realizó 22 reuniones de trabajo, con la participación constante de 19 organizaciones campesinas y con intervención frecuente de representantes de las dependencias y entidades del sector agropecuario y del Tribunal Superior Agrario.
A nivel estatal, se han integrado ya 27 comisiones del Copecose y en ellas se celebraron 344 sesiones durante el periodo, con la participación de las organizaciones campesinas y autoridades de cada estado.
La función de ombudsman agrario
El artículo 136, fracción IV, de la Ley Agraria, establece como atribución de la Procuraduría: "prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes".
Mediante dicha norma, el legislador quiso establecer, con toda la amplitud y precisión posibles, la función de defensor del pueblo como atribución reservada en la materia agraria a la Procuraduría.
Esta función de ombudsman fue estimada de tal importancia que, en el Reglamento Interior de la Procuraduría, se dispone presentar anualmente al señor Presidente de la República una lista de las recomendaciones formuladas y sus efectos.
En este Informe no es factible contener una relación de tales recomendaciones, ya que las mismas no se han podido emitir, por la carencia de disposiciones reglamentarias que señalen la forma, términos e instancias competentes para conocer y resolver en esta materia.
Por ello hemos limitado nuestra intervención a formular solicitudes a diversas autoridades y a presentar denuncias ante las dependencias competentes.
Las disposiciones reglamentarias contenidas en el anteproyecto ya mencionado, harían factible el ejercicio pleno de la función de ombudsman, con el propósito esencial de garantizar la observancia de los derechos humanos en materia agraria.
En este anteproyecto, se precisan las cuestiones que la Institución debe desahogar para la emisión de recomendaciones, tales como requerimiento de informes de las autoridades; recepción y evaluación de pruebas; elaboración de proyectos de resoluciones; emisión de recomendaciones; seguimiento de su atención; medidas precautorias o cautelares para evitar la consumación irreparable de presuntas violaciones, etcétera.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su acuerdo 3/92, consideró que esta Procuraduría es ombudsman especializado para atender asuntos agrarios, y que a nosotros deberán turnarse las quejas de esta naturaleza para su trámite y determinación jurídica.
Comunicación social
Las responsabilidades que debemos cumplir se encuentran vinculadas estrechamente al conocimiento que de ellas tengan los sujetos agrarios, destinatarios de nuestros servicios, particularmente quienes se encuentran en situaciones de mayor limitación cultural, social y económica y que, por sus propias condiciones de marginación, carecen de elementos de defensa frente a la violación o el simple desconocimiento de sus derechos.
Durante el periodo que se informa, la Institución realizó la edición de 47 publicaciones, documentos normativos, legislación agraria, capacitación, consulta administrativa y otros, con un tiraje global de 945 000 ejemplares.
Siendo importantes esas publicaciones, debemos reconocer lo limitadas que resultan para cumplir con la responsabilidad que nos incumbe.
Estimamos indispensable la formulación de un vigoroso programa de comunicación social, que contemple una campaña de difusión masiva de la normatividad agraria vigente, divulgue y promueva los programas operativos de la Procuraduría y pueda hacer pública la función de ombudsman agrario.
Proponemos hacer llegar la imagen y los servicios legales de la Procuraduría a las comunidades y a los pueblos indígenas. Son quienes más requieren nuestro amparo y quienes de modo más urgente debemos procurar capacitar e instruir en sus deberes y derechos, así como en los procedimientos jurídicos creados para su tutela y protección.
Transmitirles con oportunidad, respeto y consideración nuestros mensajes, estar atentos a sus demandas y reclamos y mantener comunicación permanente con ellos, en su propia lengua, constituye una responsabilidad indelegable de nuestra Institución.
Dentro del marco de nuestras atribuciones, habremos de elevar el nivel de atención a los problemas que plantean los destinatarios de nuestros servicios: ejidatarios, comuneros, colonos, jornaleros agrícolas y pequeños propietarios.
La Procuraduría debe llevar orientación, asesoría legal y alternativas de solución al lugar en que se originan los problemas. Qué positivo resulta que usted mismo, señor Presidente, en sus constantes visitas a provincia, mantenga contacto personal con los mexicanos del campo.
El Estado de Derecho es una demanda nacional generalizada que, en el área rural, adquiere relieves de singular importancia y define por ello los compromisos y acciones del Gobierno y la sociedad.
Confiamos estar a la altura de esa responsabilidad. v
Respuesta del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
al informe anual de la Procuraduría Agraria
Es muy satisfactorio escuchar el Informe de labores que ha rendido aquí el señor Procurador Agrario. Felicito al licenciado Dionisio Pérez Jácome y a todo su equipo por los avances logrados y por el firme compromiso de la Procuraduría con las tareas que le confiere la Legislación Agraria.
En pocos años, la Procuraduría Agraria se ha consolidado como un organismo dinámico, eficaz y de honda vocación de servicio, para la defensa de los derechos de los hombres y las mujeres del campo.
La Procuraduría está ganando la confianza de los campesinos, productores y organizaciones rurales porque los respalda con representación legal y asistencia jurídica, porque ha sabido prever y resolver conflictos agrarios, porque ha protegido los derechos de ustedes frente a actos de autoridad, porque apoya la organización, los asentamientos y las unidades productivas de los núcleos agrarios y porque promueve la acción de los tres órdenes de gobierno para favorecer el desarrollo rural.
Hoy, gracias a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, las controversias y la defensa de los derechos se ventilan sin paternalismos y sin decisiones verticales o autoritarias, se atienden escuchando a todas las partes y resolviendo conforme a la ley.
En este sentido, ratifico mi invitación a que los campesinos, así como sus organizaciones, dialoguen permanentemente con el Secretario de la Reforma Agraria y con el Procurador Agrario. De mi parte, mantendré como norma invariable escuchar e intercambiar siempre opiniones con los hombres y las mujeres del campo.
El surgimiento de las nuevas instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la legalidad en el campo está acompañado de programas de gran aliento. Nos proponemos concluir muy pronto con el rezago agrario, superar definitivamente y con justicia los casos pendientes de la legislación previa. Así, alcanzaremos la firme base de legalidad y justicia para que sea exclusivamente la ley la que ampare y proteja a todos los hombres del campo. Asimismo, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, dirigido a consolidar y dar permanencia a los derechos generados por la Reforma Agraria, muestra avances significativos.
En México el ejido y la comunidad no son meros episodios de la historia son figuras jurídicas y sociales permanentes para que la propiedad sobre la tierra cumpla su importante función social. Su fuerza y su permanencia estriban en que casi las tres cuartas partes de los productores rurales son ejidatarios.
Hoy, más de diez mil ejidos, 37% del total, ya cuentan con más de dos y medio millones de certificados que fortalecen a la propiedad ejidal. Un poco más de la cuarta parte de la superficie ejidal está ya libre de controversias y conflictos internos, derivados de la carencia de documentación legal.
Hoy reitero que antes de que concluya el sexenio todos los ejidos, comunidades y colonias que voluntariamente se hayan acogido a la certificación, tendrán en sus manos los documentos que otorgan permanencia y seguridad a la propiedad ejidal.
Con estas acciones estamos desterrando el paternalismo, la demagogia y la subordinación de las relaciones agrarias del país. Se equivocan quienes interpretan esta decisión democrática como abandono de la responsabilidad del Estado mexicano.
Los campesinos no quieren depender de la voluntad de los funcionarios públicos, ni tampoco estar sometidos a directrices burocráticas. Los campesinos mexicanos exigen respeto a su madurez organizativa y demandan, con razón, respaldo a sus iniciativas. Ese es el contenido de nuestro tiempo para la alianza histórica entre los campesinos y el Estado mexicano.
Las instituciones agrarias, señaladamente la Procuraduría Agraria, son la expresión de esta alianza en nuestro tiempo, una alianza basada en el derecho y en el respeto a la dignidad de los campesinos; una alianza comprometida con la justicia, firme en la corresponsabilidad y orientada al desarrollo con oportunidades y equidad para el campo mexicano. En el marco de la ley, sin rebasar nunca sus límites, los campesinos del país cuentan con las instituciones de la República. La Procuraduría expresa esa decisión en su trabajo cotidiano.
Señoras y señores: Los mexicanos necesitamos y exigimos un Estado de Derecho fortalecido, que norme plenamente nuestra convivencia. Un compromiso fundamental de mi Gobierno es avanzar para que el cumplimiento de la Ley sea norma invariable de conducta y también sea camino para la expresión de todas las libertades y disfrute de las oportunidades en una sociedad equitativa y justa.
El campo mexicano comparte la aspiración y la exigencia nacional por la legalidad y el imperio de la justicia.
La certeza y claridad en las relaciones agrarias es una vieja demanda de campesinos y productores rurales para avanzar hacia la creación de más y mejores empleos, más y mejores oportunidades para fincar el progreso del campo en la certidumbre de la ley.
La inseguridad en la tenencia de la tierra constituye uno de los frenos más importantes para su mejor aprovechamiento, para la conservación de los recursos y para el incremento de las oportunidades productivas. La inseguridad en la tenencia de la tierra es fuente de conflicto, enfrentamiento y, a veces, hasta de violencia.
En cambio, la transparencia y certidumbre en la tenencia de la tierra, con pleno respeto a todas las formas constitucionales de la propiedad, es condición esencial para la reactivación productiva del campo, para transformar y superar sus rezagos, y transformar carencias en oportunidades o empleos, y rentabilidad para forjar una recuperación clara y duradera, no de un ciclo de un cultivo o de una región, sino una recuperación sólida para todo el sector agropecuario.
Por eso, la transparencia y certidumbre en la tenencia de la tierra, es y seguirá siendo compromiso y programa de mi Gobierno.
Por eso, la Procuraduría Agraria seguirá afianzándose como una institución de servicio social, que sabremos fortalecer.
Recojo con interés las propuestas de la Procuraduría Agraria para desempeñar mejor su noble misión, y le pido al licenciado Pérez Jácome que realice las consultas que propone en su Informe para perfeccionar las normas y fortalecer los instrumentos que permitan el mejor cumplimiento de sus tareas. Al felicitarlos por las actividades realizadas y por los nuevos propósitos formulados, reitero mi confianza en la nueva etapa que está comenzando en el campo mexicano.
Unidos en el respeto a la ley, en la procuración de equidad y justicia, avanzaremos al desarrollo del campo, que es parte inseparable del genuino progreso de México. v