Javier Trevizo Nevárez
Natalia Abúndez Ramírez

La sierra Tarahumara es considerada una eminente región forestal, cuyo régimen de tenencia de la tierra es preponderantemente ejidal, con núcleos agrarios integrados (en su mayoría) por indígenas y mestizos, quienes comparten un mismo espacio y territorio, regulado por la Ley Agraria en vigor.

Dadas las características fisiográficas de los ejidos allí establecidos, el aprovechamiento de las tierras es de uso común y no existen áreas parceladas asignadas a los ejidatarios como tales, aunque se practica una agricultura de subsistencia en pequeños espacios muy dispersos, a los que los indígenas (rarámuris) llaman maguechis. Debido a estas características existía confusión entre las diferentes instituciones encargadas del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede): Procuraduría Agraria (PA), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN). Un ejemplo de esta confusión fue el caso del ejido San Ignacio de Arareco, que no recibió el mismo trato que los demás ejidos de la región porque, a diferencia de los otros, no tenía bien definidas las áreas de uso común, asentamiento humano y parcelas. Sin embargo, el Programa tampoco definía los criterios a seguir para regularizar ejidos forestales, en lo referente a parcelas, ya que la mayoría de las resoluciones presidenciales de este tipo de núcleos no señalan asignación individual, y sólo en algunos de ellos se manejan superficies susceptibles de cultivo. También se presentó otro problema más, el de las parcelas con destino específico; en muchos casos sólo existen de nombre sin que sea posible identificarlas físicamente porque el terreno no lo permite.

Para estas dudas y las demás que fueron surgiendo en el desarrollo del Procede, se realizó un análisis jurídico por parte de las tres instituciones participantes, del que se concluyó que los ejidos forestales se certificarían como tierras de uso común, salvo que éstos decidieran que se titularan los solares y que existieran zonas definidas de asentamiento humano. En este sentido, se decidió medir las parcelas solamente cuando su resolución presidencial mencionara por lo menos una superficie susceptible de cultivo y así lo solicitara el núcleo. Por su parte, aquellos ejidos en los que la resolución presidencial no señalaba nada sobre parcelas individuales o áreas susceptibles de cultivo, debían solicitar el cambio de uso del suelo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), y sólo con autorización de esta instancia podrían medir sus parcelas.

Aunado a esto, la aplicación del Programa tuvo problemas técnicos, pues para que la medición de muchas parcelas cumpliera con los requisitos técnicos señalados por el RAN, fue necesario mostrar la constancia de áreas considerables de bosque dentro del perímetro del núcleo agrario; es decir, que su superficie fuera eminentemente boscosa. En muchos casos no se les pudo medir por encontrarse a orillas de los arroyos y no existir un conocimiento real de sus límites y linderos. Esto creó conflictos internos entre los mismos ejidatarios, ya que sólo se certificaron aquellas parcelas factibles de medir, razón por la cual algunos núcleos prefirieron que a nadie se le regularizara su parcela.

Por otro lado, como se apuntó anteriormente, en estos ejidos existe un alto índice de población indígena, la cual expresó rechazo a la medición, objetando, primero, que ya no iba a poder abrir más tierra al cultivo; segundo, que sus hijos no iban a tener dónde trabajar, y, tercero, que había casos en los que las parcelas están a orillas de los arroyos y, por lo tanto, cambian los límites conforme al curso del agua, por lo que la nueva documentación no iba a coincidir con el lugar que ocupa la parcela. Otra razón que dieron fue que el parcelamiento atenta contra sus costumbres.

Por todo lo dicho anteriormente, en esta zona se tuvo que adaptar la presentación del Procede como alternativa para solucionar los conflictos por límites, un problema generalizado en la región, lo que provocó que se empezara a trabajar con ejidos forestales mucho tiempo después.

El Procede en San Ignacio de Arareco

San Ignacio de Arareco es un ejido rico en recursos naturales, ya que posee el conocido Lago de Arareco, uno de los principales atractivos turísticos en la región, así como también las formaciones rocosas que dan origen al Valle de los Hongos, al Valle de las Ranas y al Valle de los Monjes, por enumerar algunos lugares. Constituido en su totalidad por indígenas rarámuris, se encuentra enclavado en el municipio de Bocoyna. Cuenta con una superficie de 20 457-28-00 hectáreas, de acuerdo con las acciones agrarias de dotación y ampliación. Como principales actividades económicas tiene el turismo, la explotación del bosque y la agricultura, además de contar con un proyecto turístico que incluye recorridos por el ejido, venta de artesanías, renta de bicicletas, lanchas y cabañas. Actualmente está integrado por 400 ejidatarios.

Este ejido fue solicitado el 26 de mayo de 1918 y se dotó en forma definitiva por resolución presidencial el 27 de septiembre de 1928, beneficiando a 165 campesinos con 9 568-28-00 hectáreas. La resolución señala que dichos terrenos deberían restituirse, pero debido a que carecían de títulos primordiales y no cumplían con los requisitos que señalaba la Ley del 6 de enero de 1915 y el Artículo 27 constitucional, los terrenos se concedieron por dotación.

La solicitud para ampliación fue hecha el 22 de junio de 1937, y su ejecución por resolución presidencial el 18 de septiembre de 1940, con lo que el ejido alcanzó una superficie de 10 889 hectáreas, en beneficio de 85 campesinos.

Cuando se iniciaron los trabajos del Procede en San Ignacio de Arareco la gente tenía un poco de desconfianza, ya que había escuchado que se iban a medir parcelas y se iba a terminar con el ejido. Además, en las primeras entrevistas, el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Cristóbal Nevárez Rosas, nos solicitaba identificación a los que asistíamos a las asambleas o reuniones.

A la Asamblea de información y anuencia, en primera convocatoria, sólo asistieron 40 ejidatarios de un total de 400. No se reunió el quórum legal y fue necesario una segunda convocatoria, la cual se celebró el 28 de agosto de 1993.

En los ejidos de esta zona, sobre todo en los que tienen una composición mayoritariamente indígena, es costumbre reunirse por segunda convocatoria. En el caso de San Ignacio de Arareco, a esta Asamblea asistieron 140 ejidatarios, a los que fue necesario aclararles que el Procede no iba a parcelar los ejidos ni a terminar con su régimen, ya que, en primer lugar, su resolución presidencial no hablaba de asignación individual de parcelas y, en segundo, ellos no querían que se midieran parcelas ni solares, porque éstos están dispersos, y ésta es la forma en que están acostumbrados a trabajar, ya que consideran que el ejido es de todos.

A continuación, y después de escuchar sus dudas, se les explicó que el Procede no iba a certificar lo que ellos no quisieran, ya que existía la opción de que se certificara todo el ejido como tierras de uso común; estuvieron de acuerdo y aceptaron el Programa por unanimidad.

Luego, se les explicó qué instituciones participan en el Procede y cuáles son sus funciones, así como la importancia de la colaboración de los ejidatarios durante el desarrollo del Programa. También se les informó que cada uno debía entregar copia de su identificación, de su acta de nacimiento y de su certificado en caso de tenerlo. Al respecto, algunos ejidatarios comentaron que la mayoría no tenía acta de nacimiento, por lo que se les pidió, de acuerdo con los compromisos establecidos con el gobierno del estado en apoyo al Procede, que nos dieran sus datos generales para tramitarles una constancia de no registro que pueda presentarse en su lugar; no obstante, se les informó que después se les iban a entregar sus actas de nacimiento. El gobernador indígena tradujo toda esta información al tarahumara, ya que la mayoría de los ejidatarios no entienden español.

La Asamblea de informe de la Comisión Auxiliar se llevó a cabo también por segunda convocatoria con la asistencia de 140 ejidatarios. En ella se detectaron varios problemas: el primero, un conflicto por límites con el ejido Creel por la ubicación de una mojonera; esta controversia se inició con la construcción de una pila de oxidación por lo que se iba a indemnizar a los afectados por el terreno que se utilizó con cinco mil nuevos pesos; el capital estuvo depositado en el banco hasta que se resolviera el problema ya que el ejido Creel decía que la pila quedaba dentro de su terreno y San Ignacio de Arareco dentro del suyo.

El otro problema estaba en un terreno nacional cuya adjudicación había sido promovida por el señor Antonio Parra. No estaba bien definido el límite de las aguas termales conocidas como Recohuata, que el ejido de San Ignacio de Arareco utiliza como lugar turístico. Esta fue la conciliación más difícil porque el terreno es muy accidentado; pero allí en el lugar físico se firmaron los convenios conciliatorios que resolvieron los conflictos de límites, los cuales fueron llevados a las asambleas de los distintos núcleos para su aprobación.

Otro problema que se detectó fue que la integración de expedientes individuales era menor de 25%, ya que la gente había participado muy poco.

En la solución de estos obstáculos se trabajó de la siguiente forma: se citó a los dos colindantes con los que había problemas y se fue con cada uno de ellos a los puntos en conflicto.

En lo relativo a la integración de expedientes individuales fue necesario hablar con el gobernador indígena y el Comisariado Ejidal y recalcarles la importancia de que los ejidatarios entregaran sus papeles, ya que de no hacerlo todo el trabajo hasta entonces realizado sería en vano porque no se les podrían entregar sus certificados. El presidente del Comisariado Ejidal y el gobernador indígena se comprometieron a hablar con la gente en las reuniones que tienen todos los domingos. Además, se acordó que los becarios campesinos fueran a las rancherías a recabar documentación, lo cual no funcionó ya que están a gran distancia, y en cada una vive muy poca gente, y porque los ejidatarios no hablan español y los becarios no son bilingües. En este último caso fue necesario pedir apoyo al Comisariado para que nos acompañara algún ejidatario bilingüe que hiciera de traductor. Así se avanzó un poco más. Cada asamblea o reunión a la que se asistía se aprovechaba para tratar avances sobre la solución de los conflictos de linderos, con el fin de recabar su documentación y para hablarles sobre la importancia de los mismos.

Otra Asamblea importante y muy necesaria en el ejido, antes de la Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, fue la de aceptación y/o separación de ejidatarios, ya que existían muchos finados en el censo proporcionado por el RAN; además de que muchos de los nombres no coincidían con los de la identificación. Este hecho sucedió porque por costumbre estos indígenas suelen cambiarse de nombre o bien ponerse como apellido el nombre del lugar donde viven, o bien porque algunos se fueron a registrar y dieron un nombre en la credencial y otro en el acta de nacimiento. También hubo cambios de residencia. Pero finalmente, con mucha anticipación de la Asamblea, se obtuvo la lista de ejidatarios, que quedó integrada por 400.

Para la Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales el Presidente del Comisariado Ejidal y el gobernador indígena trabajaron mucho. Después de cada asamblea le hablaban a la gente del núcleo de los avances del Procede y de lo importante que era la última asamblea, ya que allí se presentarían los planos y se vería la lista definitiva de ejidatarios a quienes se les expediría su certificado de derechos sobre tierras de uso común. Se les dijo que esta Asamblea era diferente a las otras, en tanto que requería la presencia de las tres cuartas partes de los ejidatarios, para celebrarse por primera convocatoria.

Junto con el Comisario Ejidal se hicieron invitaciones en tarahumara con el fin de que los que supieran leer las vieran y les informaran a los demás. Se trasmitieron anuncios por la estación de radio regional más escuchada y por Radio Guachochi, que trasmite mensajes en tarahumara. Además, el gobernador mandó las convocatorias con los capitanes a las diferentes rancherías. Pese a toda esta difusión, el 16 de agosto de 1994, fecha en que se llevaría a cabo la Asamblea por primera convocatoria, sólo asistieron 205 ejidatarios de los 400. Al respecto, mencionaron los ejidatarios viejos que los más jóvenes o más nuevos, como les llaman ellos, son los que no asisten.

El 28 de agosto de 1994 se llevó a cabo la Asamblea por segunda convocatoria, con la asistencia de 202 ejidatarios. Se aceptaron los planos y se les explicó nuevamente cómo habían quedado éstos después de resolver el conflicto. Quedó una superficie resultante de los trabajos de medición del INEGI de 20 672-08-34.89 hectáreas. En los planos del ejido todo aparece como tierras de uso común, como se había acordado en la Asamblea de información y anuencia. Enseguida de que fueron aprobados los planos, los ejidatarios preguntaron cuándo iban a tener los nuevos certificados.

Después, se entregaron los planos al RAN, que suspendió el expediente por una expropiación de dos hectáreas, que había faltado incluir y que era necesario que el INEGI ubicara y midiera. El ejido no contaba con esa documentación y se tuvo que recabar del RAN. Una vez solucionado ese problema el ejido fue certificado.

Finalizada la aplicación del Procede y cuando ya la mayoría contó con su certificado de derechos sobre tierra de uso común, entregados en el mismo ejido, los ejidatarios opinaron "que el Procede es un programa bueno, porque nos entrega planos nuevos en los que se señalan bien las distancias y límites exactos del ejido". Además, porque "les entrega certificados a todos los ejidatarios que no tenían, y a los que se les había perdido, les ayudó a resolver sus problemas."

El ejido San Ignacio de Arareco, constituido en su totalidad por indígenas rarámuris, ahora que ya está certificado y tiene bien definidos sus límites, tiene la inquietud de cambiar del régimen ejidal al comunal ya que considera que esto lo protegerá más como núcleo. v

Natalia Abúndez Ramírez es Visitadora Agraria adscrita a la Residencia de la Procuraduría Agraria en San Juanito, Chihuahua.