Luis Meneses Murillo

Trabajar en la reactivación del campo mexicano
y en la reconstrucción del medio rural
requiere de imaginación. Luis Meneses propone una
visión que parte de la potencialidad del campo
y del conocimiento de su realidad que posee la mayoría
de los campesinos y pequeños productores para
construir un nuevo modelo de desarrollo rural,
incluyente, sustentable y regional.

El nuevo modelo de desarrollo rural requiere de una reestructuración del Estado y sus instituciones para dirigir el diseño de sus programas hacia la dinamización de recursos y apoyos reales al campo. Es decir, las estrategias deben estar encaminadas a la creación de políticas específicas que faciliten las transferencias tecnológicas, la inversión en infraestructura rural y la apertura de esquemas comerciales; así como a asegurar mecanismos reales de acceso al crédito y la capacitación y de la solución del rezago agrario.

Participación rural

Un elemento sustantivo para este proceso es contar con la participación de la sociedad rural en el diseño y evaluación de ese nuevo modelo, así como en la elaboración de las políticas públicas regionales necesarias para el desarrollo. En este sentido, es importante rescatar la sensibilidad social y traducirla a programas de gobierno, garantizando así que los habitantes del medio rural sean responsables de su propio desarrollo.

En esta perspectiva, ante interrogantes como: ¿cuáles son las principales funciones del medio rural mexicano?, ¿cuál será el papel del campo en la búsqueda de la seguridad alimentaria?, ¿cómo lograremos un desarrollo sustentable de protección y reproducción de los recursos naturales?, ¿qué tipo de Estado e instituciones necesitamos para cumplir con nuestros objetivos?, ¿cómo se reestructurará la sociedad rural?, ¿cómo debe ejercerse la autonomía de los pueblos indígenas?, ¿cuál es el papel de las organizaciones sociales?, ¿cuál es el futuro del ejido, la comunidad rural y los pueblos indios?, entre otras, la participación campesina será primordial en la definición de las tareas por realizar en el sector rural.

En corto plazo las organizaciones campesinas deberán trabajar a partir de tres ejes que les permitan consolidar su presencia y participación en este proceso:

1. Diseñar un Acuerdo Nacional de Reactivación del Campo que de congruencia al Programa Nacional Agropecuario, dado a conocer el 31 de octubre de 1995, con el plan presupuestal de egresos de la federación y con las acciones emprendidas por las diferentes instancias de los gobiernos federal y estatal. Para ello debe dársele carácter permanente y jurídico a la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario que trabajó para elaborar dicho Programa; de esa forma existiría mayor participación de las organizaciones campesinas e indígenas en este tipo de procesos y se establecería una relación institucional, a través de este organismo, con el poder ejecutivo.

2. Comenzar un gran debate entre la sociedad rural, a través de las organizaciones que la representan, y el poder legislativo. Ello a través de mecanismos como la instalación de mesas de discusión donde se analicen temas de interés sobre el sector como: propuestas de creación de una nueva Ley de Fomento y Desarrollo Rural Integral y Sustentable (con base en la fracción xx del Artículo 27 constitucional); elevación a rango constitucional del derecho a la alimentación y emisión de una ley que lo garantice; análisis de la congruencia que guarda el actual marco jurídico agrario con las actuales condiciones del campo y las posibilidades que brinda para su bienestar y desarrollo además de analizar las tendencias que abre la actual legislación respecto a la concertación de la tierra, y finalmente, el análisis del presupuesto de egresos dirigido al campo y la creación de propuestas e iniciativas para los próximos años.

3. Impulsar la discusión respecto a la problemática rural entre los sectores económico, político y social, con el fin de que el sector agropecuario recobre su papel básico en el modelo de desarrollo del país.

La importancia del ser humano y la naturaleza

Actualmente, varios conceptos confluyen a nivel nacional y mundial: cambio, democracia, justicia, autonomía, seguridad alimentaria, equilibrio ecológico, capacitación. Dentro de éstos existe una constante fundamental que les da razón e importancia: el ser humano y, por ende, su preservación a través de la permanente regeneración de la naturaleza. En este sentido, las políticas sociales y económicas que no procuren el desarrollo sin perturbar el equilibrio ecológico y no logren el bienestar de los campesinos son políticas equivocadas; que únicamente nos llevarán al fracaso.

Sólo lograremos acceso con éxito a la globalización económica, a los procesos de apertura comercial y a los beneficios de la revolución tecnológica si ponemos énfasis en el ser humano y la preservación de la naturaleza; si lo esencial es la capacitación y la elevación de los niveles de vida de los mexicanos, tanto nutricionales como de educación; y si cotidianamente realizamos acciones que nos lleven a la reconstrucción permanente de la naturaleza.

La actual política agropecuaria y la crisis

El fuerte rezago económico, social y productivo que vive el campo se sumó a la crisis que, si bien se expresó en diciembre de 1994, tiene su origen en el modelo de desarrollo económico practicado los últimos años.

Este modelo tiene como principales líneas de acción la apertura comercial y económica, la reducción de la inversión estatal, la desregularización del mercado interno y el ajuste fiscal. Las políticas agropecuarias han estado subordinadas al control de variables macroeconómicas tales como la inflación, el tipo de cambio, los precios y los salarios.

En los últimos años los diseñadores de la política agropecuaria apostaron a las fuerzas del mercado como el motor para modernizar el campo. En ese sentido, impulsaron diversas reformas políticas, jurídicas e institucionales, y de redujeron de la propiedad del Estado. Todas estas medidas se diseñaron para facilitar la intervención en el mercado de los agentes privados, sin regulaciones estatales. Asimismo, dejaron de considerar al sector agropecuario como eje central en el desarrollo económico del país, y la disminución de su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) se evaluó como una consecuencia del desarrollo global económico y de las necesidades de ajuste estructural.

Históricamente, las condiciones socioeconómicas en el medio rural mexicano han sido precarias, pero en la últimas décadas se ha agudizado aún más la pobreza. La cantidad de mexicanos que viven en condiciones de pobreza (40 millones) expresa un gran rezago social, y esto no puede legitimarse con el cumplimiento de variables macroeconómicas, y menos aún si los programas empleados no coadyuvan al bienestar de la población rural.

En el campo la crisis ha causado estragos. De los efectos detectados destacan la reducción de áreas sembradas de cultivos básicos, incremento de carteras vencidas y aumento del número de productores sin acceso al crédito, reducción del monto del financiamiento y de la inversión pública, incremento sustantivo de los costos de producción y creación de una política comercial que privilegia las importaciones. Todas estas son dificultades de peso para cumplir con las metas de la balanza comercial agropecuaria, disminuir o cerrar un número importante de empresas del sector social y privado y reducir los recursos públicos destinados a las acciones del bienestar social: vivienda, alimentación, salud, nutrición, educación, empleo, capacitación, servicios comunitarios y vías de comunicación.

En este sentido, surge la necesidad de combatir la lógica histórica. Pensar en una nueva política agrícola puede ser la opción que modifique el panorama descrito.

Una nueva política agrícola

Los límites negociados en el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLC) y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) definirán la política agrícola de nuestro país a corto y largo plazo, sobre todo en lo referente a los niveles de protección de los distintos productos en el periodo de tránsito al total alineamiento con los precios internacionales. Aunque esta meta fue planeada a un plazo de 15 años, los representantes de Estados Unidos presionan fuertemente para que se aumente la velocidad de desgravación para varios productos. El TLC prohíbe los permisos previos de importación, con los que se garantizaba únicamente la importación complementaria a la producción interna. En el TLC y el GATT se definen también los tipos de subsidios que se aplicarán en nuestro país, así como los niveles máximos de su aplicación. Es necesario pensar en subsidios que se combinen con acciones de fomento, reactivación, reconversión y apoyos al bienestar social.

Un somero balance de la negociación del TLC en la agricultura permite afirmar que los sectores de granos básicos y oleaginosas, los forestales, ganadería para carne y leche y avicultura se verán afectados severamente. Los analistas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), principales asesores de los gobernantes que realizaron las negociaciones del TLC, concluyen que los productores mexicanos del sector agropecuario deberán reconvertir sus cultivos hacia frutas y hortalizas. Sin embargo, esto es prácticamente imposible. Hacer lo que recomiendan los asesores del ITAM significaría profundizar la dependencia y colocar la seguridad alimentaria del país en una situación de enorme fragilidad.

Los pequeños agricultores campesinos son los que más se han visto afectados con este proceso de apertura comercial unilateral e indiscriminada; no olvidemos que estos pequeños productores y sus organizaciones son la inmensa mayoría de los productores agropecuarios de nuestro país.

El actual marco legal agrario

Las reformas al Artículo 27 constitucional tienen varias aristas: dan seguridad en la tenencia de la tierra, crean nuevos instrumentos de acción jurídica (Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios), convienen en culminar con el rezago agrario, fomentan la autonomía organizativa y económica de los productores y facilitan la llegada de la inversión privada en el campo. Pero, al mismo tiempo, incentivan la concentración de la tierra en sociedades mercantiles o a través del rentismo individual, el cual no tiene límites; abren la posibilidad de la posesión de tierras a entidades extranjeras, cancelan en la práctica el acceso a la tierra por parte de los campesinos y pequeños productores y mantienen dos legislaciones «una para lo moderno» y otra para el rezago agrario. Por esto, es necesario que se revise nuevamente la legislación agraria para adecuarla a las condiciones y desarrollo de todos los actores del campo, estableciendo amplio consenso al respecto. El rezago agrario no ha sido plenamente culminado.

Políticas asistenciales

Según datos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) en 1988, 12.3 millones de pobladores rurales de México eran pobres absolutos; esto representaba 51% de la población rural total que en ese año ascendía a 24.3 millones de personas. Los niveles nutricionales y de salud en el campo han disminuido notablemente; el gobierno mexicano ha hecho notables esfuerzos para reducir los problemas de bienestar social, pero los resultados no han revertido la situación; los pobres siguen aumentando en el campo, y las demandas de alimento, educación y vivienda siguen incrementándose. Aplicar políticas asistenciales de manera aislada no supera la situación de pobreza, sino que sólo la atenúa.

Los pueblos indígenas siguen sin una ley especializada que contemple sus derechos. Se requiere una amplia discusión para formar consensos básicos en la población respecto de la promulgación de la Ley de Pueblos Indígenas, que reglamente el Artículo 4º constitucional, en la que se precise su autonomía política y cultural, su seguridad territorial y el apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas en México.

La importancia de la organización en el campo

La democracia en el campo también debe respetarse en el funcionamiento de sus formas organizativas. El ejido, la comunidad, las uniones ejidales y las estructuras nacionales de representación corporativa, están siendo superadas por los pequeños productores campesinos.

Es urgente que se realice un fuerte proceso de reestructuración organizativa en todos los niveles del campo mexicano, en los pueblos rurales, incorporando a las mujeres y a los jóvenes sin tierra así como a los avecindados, y no limitarse a la organización de los que tienen tierra, como los ejidatarios, comuneros o propietarios privados. Esto debe hacerse en lo regional fortaleciendo procesos de convergencia de Uniones Ejidales, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), cooperativas, sociedades de Solidaridad Social, integrando igualmente a los campesinos e industrias rurales para dar otro significado al desarrollo regional. Asimismo, en lo nacional se deben superar las estructuras corporativas impulsando formas de organización y coordinación que descansen en las organizaciones regionales y que tiendan a formar redes nacionales especializadas de servicios o por producto, donde se integren los campesinos según las necesidades que requieran atender.

Reflexión final

En la sociedad mexicana y en el gobierno tenemos que reconocer que el sector silvoagropecuario atraviesa por un periodo de transición, y que los objetivos y estrategias para conducirlo deben tener el acuerdo básico de todos los actores sociales y del Estado mexicano. Debemos también reconocer que la reactivación del sector agropecuario y forestal tiene un carácter estratégico para el conjunto del desarrollo regional y que las dependencias e instrumentos institucionales están dispersos y sin coordinación. Ocurre frecuentemente que los recursos gubernamentales llegan al campo desde distintas dependencias, en distinto momento y con diferentes criterios, lo que desalienta las acciones para el desarrollo rural.

En este sentido, la reactivación del campo mexicano requiere una visión objetiva de la realidad. La evaluación de los elementos y recursos que conforman al sector agrario es un importante factor para diseñar programas y estrategias que respondan a las necesidades y demandas concretas de los campesinos. Este es un proceso de corresponsabilidad entre las instituciones encargadas de brindar atención al sector rural y los actores que en él inciden. Es decir, para lograr el cambio es necesario allanar problemas de participación social, así como las aristas detectadas en el marco legal agrario y en los aspectos de organización campesina.

En pocas palabras, nos falta mucho por hacer. Sin embargo, la claridad es un buen principio.