El agro en los noventa: consideraciones para su desarrollo

En los últimos años el campo ha sufrido
profundas modificaciones jurídicas, económicas
y sociales. Este ensayo ofrece un panorama
de estos cambios y propone algunas medidas
para iniciar una transformación productiva
del agro mexicano.

Marcel Morales Ibarra

Los años noventa representan un parteaguas en el país. Después del acelerado proceso de transformación que se vivió en un corto periodo que cambió sustancialmente el perfil económico, político y social, experimentamos la primera crisis de la globalización en el mundo, generada por las nuevas estructuras financieras y productivas internacionales y por los errores y excesos gubernamentales. La crisis económica que enfrentamos en diciembre de 1994 y que se prolongó a lo largo de 1995, nos sorprendió a la mitad del camino en nuestra reestructuración como Nación.

Sin duda, este proceso de transformación y crisis se ha vivido de diferentes maneras y con distintos impactos en los diversos sectores, pero es el agrario uno de los más vulnerables y sensibles.

La década de los noventa representa para el agro un enfrentamiento de nuevas condiciones en el marco de la política neoliberal, que lo llevó a una radical reforma agraria, a un rápido desmantelamiento del proteccionismo y a una contracción de los instrumentos de fomento productivo, así como de los apoyos y subsidios tradicionales al sector, pero sobre todo, a una ausencia de políticas de fomento productivo.

No obstante, hasta 1994 estas nuevas condiciones no se tradujeron en un desplome; se registró, sin embargo, un moderado incremento en la producción que si bien no fue de la misma magnitud que el registrado en el índice poblacional, nos habla de una cierta capacidad de resistencia a los embates del neoliberalismo.

Lo anterior nos refiere que en la estructura y funcionamiento del sector agropecuario del país están jugando nuevas fuerzas e inercias que no son las tradicionales y que, frente al desajuste vivido, evitaron una situación caótica en la producción. Pero, también es cierto, el neoliberalismo llegó cuando los instrumentos tradicionales de fomento ya tenían tiempo de haberse agotado, por lo que su drástica contracción no se reflejó con la misma magnitud en el sector productivo.

Desafortunadamente, la crisis de 1995 viene a romper toda perspectiva o tendencia, y nos enfrenta a la urgente necesidad de reestructurar el sector agropecuario. Ello significa redefinir acciones y políticas que profundicen y corrijan las emprendidas, bajo la nueva realidad que se enfrenta.

A continuación planteo algunos elementos a considerar en la conformación de un programa para el desarrollo rural.

Definición y dimensión de productores agropecuarios

Una característica del sector rural de México es que los conceptos que se refieren a él no evolucionan; se mantienen inalterables a lo largo de las décadas, aun cuando la realidad evidencia profundas transformaciones. Un caso particular de ello es el que se refiere a los productores agropecuarios. Así, se mantiene el concepto de "campesino" como sinónimo de productor; sin embargo, no se especifica a qué tipo de productores se está haciendo referencia, pero, por uso y costumbre, el referente es el pequeño productor pobre que utiliza tecnología tradicional. No obstante, esto no es del todo claro ya que en el país es común el concepto de "campesino sin tierra", lo que implica que también se es campesino cuando no se es productor.

Aún más, durante muchos años existieron, incluso con reconocimiento jurídico, los llamados "campesinos con derechos a salvo", lo que significaba que en algún momento podrían ser beneficiados con el reparto agrario.

Por otro lado, se considera productor a todo aquel que produce, aun marginalmente, siendo su principal fuente de empleo e ingresos las actividades externas a su condición de productor, incluso, en su mayoría, externas al mismo sector.

En la década de los setenta se desató la polémica respecto de la perspectiva de los campesinos en el capitalismo, polarizándose entre los campesinistas, quienes sostenían que los campesinos eran producto del capitalismo y, por lo tanto, permanecerían en su proceso de desarrollo; por otro lado, los proletaristas o descampesinistas sostenían que los campesinos eran resabios de modos de producción anteriores y su perspectiva era la desaparición y la proletarización. Muchos participaron en esta polémica, que se abandonó sin agotarse. Los Bartra, Esteva, Feder fueron algunos de sus protagonistas. Una posición interesante sobre el tema fue la de Sergio de la Peña: sostenía que para la segunda mitad de este siglo el campesino como sujeto ya se había transformado a productor por cuenta propia o empresario, o bien se había ya proletarizado.1

Otro aspecto importante es la indefinición entre los productores comerciales, que producen fundamentalmente para el mercado, y los productores de autoconsumo, que producen principalmente para la unidad doméstica. En tanto productores, ambos presentan diferencias más que cuantitativas, de carácter cualitativo. Un mayor grado de complejidad, pero que ayudaría a la objetividad, sería abordar la diferenciación de los productores por sus condiciones de producción y reproducción. Un trabajo que intentó hacer una diferenciación de productores agropecuarios se realizó a principios de los años ochenta por Alejandro Shejtman. No obstante, el análisis se quedó en lo cuantitativo.2

En síntesis, el concepto de productor agropecuario es amorfo, sin definición; sólo confunde cuando se pretende una interpretación de la realidad del agro, sobre todo cuando se conforman acciones y políticas orientadas al sector.

Cualquier programa de desarrollo diseñado para el campo deberá partir de una redefinición del concepto "productor," y de aquí conformar una tipología partiendo del conocimiento de sus condiciones, tanto de producción como de reproducción. No se puede seguir con políticas de fomento productivo generalizadas, sin considerar condiciones y necesidades diferenciadas. Por ejemplo, para la definición de una política de precios, cuando ésta existía, se consideraban aquellos productores cuya producción era fundamentalmente para el autoconsumo, sin que pasara por el mercado.

Información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) nos dice que en el país existen más de dos millones seiscientos mil productores de maíz. Y atendiendo a su estructura de producción y reproducción podemos definirlos en una tipología de productores, donde ubicaríamos cuatro grandes grupos cuya definición tiene fines prácticos en la estrategia para el desarrollo rural:

1. El grupo más numeroso —representa 70% del total— es el de los productores marginales. Mantiene una estructura familiar en su producción, cuya superficie media por predio es inferior a dos hectáreas, y comprende poco más de 30% de la superficie cosechada de maíz y una cuarta parte de la producción nacional; sin embargo, 70% de esta producción se destina al autoconsumo y representa sólo 10% del volumen total del maíz que se comercializa en el país.

2. Un segundo estrato de productores lo podemos definir como el de transición entre una estructura familiar de producción y una empresarial. El mercado determina el funcionamiento del predio y hay un avance tecnológico importante. Este grupo está representado por 22% de los productores de maíz y más de 60% de su producción se destina a la venta. Estos productores cuentan con predios de una superficie que va de dos a cinco hectáreas, y son los responsables de 31% del volumen total de maíz que es comercializado.

3. Un tercer grupo está representado por un número bastante más reducido de productores, cuya estructura y funcionamiento lo define como pequeños empresarios; la superficie media por predio que utilizan va de cinco a 20 hectáreas, representan apenas 1.4% de los productores y cosechan cerca de 30% de la superficie. Marginalmente destinan parte de su producción para el autoconsumo; el 80 o 90% de la producción restante la comercializan en el mercado. Este pequeño grupo de productores es el responsable de 30% del volumen total de maíz que se comercializa a nivel nacional.

4. Por último, tenemos a un pequeño grupo de productores que por su estructura y funcionamiento puede definirse como medianas y grandes empresas, que representan 0.34% del total de productores de maíz —no son más de nueve mil—, cuentan con una estructura propiamente empresarial en su producción y son responsables de 14% del volumen total de maíz que se comercializa.

Obviamente, cada uno de estos grupos de productores tienen demandas y necesidades específicas, así como diferentes capacidades de respuesta a estímulos productivos. (Ver cuadros 1 y 2.)

Políticas productivas y sociales

La definición del concepto y magnitud de los productores agropecuarios es la base para, a su vez, definir políticas.

Las políticas dirigidas al agro tienen que diferenciarse entre las productivas y las sociales, ya que ambas precisan de instrumentos y apoyos específicos que no necesariamente son compatibles.

Tradicionalmente en el país, las políticas productivas han tenido una fuerte identificación con las sociales, se confunden objetivos y metas, pero sobre todo, se evita un eficiente control de las acciones que de aquí se desprenden, al propiciar y solapar ineficiencias y corrupciones. Una resultante de esta confusión es que el objetivo social se distrae por el objetivo productivo, y éste por aquél, evadiéndose los problemas de fondo en ambos.

Cuadro 1
Destino de la producción de maíz por estrato de productores
Estrato
(hectáreas)
Número de
productores
(miles)
%Producción
(miles de
toneladas)
%Producción
destinada al autoconsumo
%Producción
destinada
a la venta
%
0-11 19345.51 13010.3926.682.0203.418.0
1-264424.61 54114.1970.863.0570.237.0
2-558722.43 53632.41 343.738.02 192.362.0
5-101596.12 46522.6419.117.02 046.083.0
10-20301.11 24311.4136.711.01 106.389.0
más de 2090.31 0119.350.65.0960.595.0
TOTAL2 622100.010 926100.03 847.435.27 078.664.8
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta nacional de costos, coeficientes técnicos y rendimientos de la producción agrícola, SARH, 1990.

Las recientes experiencias de los programas de solidaridad que se emprendieron son bastante ilustrativas de esta confusión y desvío de atención, recursos y esfuerzos.3

El llamado Crédito a la Palabra, las Empresas en Solidaridad, y particularmente el Procampo, son claros en la dicotomía de los programas que pretenden ser un apoyo al ingreso de los productores y, al mismo tiempo, ser un programa de impulso productivo.

Simplemente, no se le puede cargar al sector una responsabilidad que es de toda la sociedad. El problema de la pobreza en el campo no tiene por qué ser atendido por el campo, al contrario. Esto sucede en cualquier lugar del mundo; la pobreza sólo se resuelve en la medida en que los otros sectores de la sociedad tienen capacidad de respuesta para absorber la mano de obra rural. Por otro lado, el agro sólo tiene expectativas reales de desarrollo en la medida en que cuenta con la capacidad tecnológica, que incrementa productividad y desplaza mano de obra.

Cuadro 2
Superficie cosechada y producción de maíz por estrato de productores
Estrato
(hectáreas)
Número
de productores
(miles)
%Superficie
cosechada
(miles de ha)
%Producción
destinada
a la venta
%
0-11 19345.575913.1203.42.9
1-264424.61 15019.9570.28.1
2-558722.41 97434.22 192.331.0
5-101596.11 05218.22 046.028.9
10-20301.15249.11 106.315.6
más de 2090.33155.5960.513.6
Total2 622100.05 774100.07 078.6100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta nacional de costos, coeficientes técnicos y rendimientos de la producción agrícola, SARH, 1990.

Instrumentos de fomento productivo

El despegue del sector agropecuario a partir de los años cuarenta en buena medida fue el producto de los instrumentos de fomento productivo que impulsó el Estado, como es el caso de la inversión pública y el crédito que, con mucho, desempeñaron el papel más importante respecto al conjunto de los instrumentos para el desarrollo. En menor medida, pero fundamentalmente por falta de mayores apoyos y no porque su función sea menos relevante, la investigación y la extensión agropecuarias fueron los otros instrumentos de fomento que por décadas nos permitieron alcanzar crecimientos productivos superiores a los de la población, además de exportar volúmenes importantes de productos agropecuarios.

Desafortunadamente, el conjunto de instrumentos de fomento productivo no fue lo suficientemente integrado, se aplicó de manera aislada y se frenó su potencial; por otro lado, estos instrumentos fueron concebidos estáticamente, cuando la realidad en la que actuaban era bastante dinámica.

El resultado fue que en buena medida estos instrumentos se fueron distorsionando, respondiendo más a una dinámica de intereses creados que a los exigidos por los productores; la capacidad de respuesta productiva se deterioró.

Los incrementos en los montos de los recursos fueron cada vez mayores para poder obtener la misma respuesta en la producción. El problema no era que los instrumentos en sí mismos hubieran perdido eficiencia o quedado obsoletos; más bien, el problema radicó en que no se transformaron de acuerdo con las nuevas condiciones que demandaban una mayor focalización y precisión en la realidad. Las acciones de amplio espectro ya no fueron suficientes. (Ver gráficas 1 y 2).

G1
Se puede decir que con el inicio del neoliberalismo, en la década de los ochenta, estos apoyos se restringieron o francamente se desplomaron, como en el caso de la inversión pública, pero no fueron sustituidos por otros más dinámicos y coherentes con la realidad que funcionaran como instrumentos reales de fomento productivo. Así, a partir de la segunda mitad de los ochenta, se fue dando un permanente rezago de la producción agropecuaria respecto del crecimiento de la población. (Ver gráfica 3).

G1
Los instrumentos de fomento productivo deben actuar en forma integrada, apoyándose mutuamente y uno ser complemento del otro. La investigación, la asistencia técnica y el crédito, por ejemplo, no pueden seguir aislados ni ausentes, si no se quiere seguir pagando un elevado costo que se traduce en baja productividad, altos costos y carteras vencidas; a su vez, esta integración tiene que ser reforzada por la inversión pública, la transferencia de tecnología, etcétera.

La inversión, el crédito, la investigación, la transferencia tecnológica y la asistencia técnica, son instrumentos que tienen un alto potencial en el proceso de desarrollo productivo del sector. Actualmente, se demanda una decidida política de reconversión de la estructura productiva que permita que el sector responda a los retos que impone la globalización.

Tenencia de la tierra y el Artículo 27

La modificación al Artículo 27 constitucional fue uno de los aspectos más significativos de las transformaciones que experimentó el sector agrario en los noventa. El fin del reparto agrario, la escrituración de los terrenos ejidales, la posibilidad de privatizar el ejido y la eventual embargabilidad de las tierras ejidales representan un cambio radical en la tenencia de la tierra y su respectivo impacto en la estructura productiva.

Aun cuando los cambios son recientes y no ha transcurrido el tiempo necesario para la maduración de los efectos de estas transformaciones en los diversos aspectos de la vida rural del país, es de esperarse que la transformación que se está dando y gestando sea trascendente.4

En términos productivos, estas transformaciones han propiciado un mayor interés del capital para la inversión en escalas poco conocidas en el campo. Éste es el caso de algunas empresas que han realizado inversiones de mediano y largo plazo, como es el de las plantaciones forestales en el sureste por parte de empresas de capital nacional, que en el proyecto comprenden más de 300 000 hectáreas involucrando los diversos tipos de propiedad. Experiencia que no se hubiera dado sin realizarse la modificación del Artículo 27 constitucional.

También se ha despertado el interés de empresas dedicadas a la comercialización para invertir bajo nuevos esquemas en el agro. Asimismo, el sector industrial que se abastece de materias primas agropecuarias busca hacerse eficiente, y asegura su abasto mediante esquemas asociativos que significan inversión de capital y, sobre todo, el establecimiento de contratos que aseguren la comercialización. El caso de la industria del maíz es también representativo de esta tendencia.5

Por el lado de las unidades de producción, aun cuando no se cuenta con la suficiente información, hay indicios de que se ha acelerado el proceso de reagrupamiento de la superficie agrícola, ampliándose la superficie media por unidad, haciendo más factible la disminución de costos mediante la mecanización de labores particularmente en cultivos tradicionales, como es el caso del maíz. El arrendamiento de parcelas se ha acelerado y ha permitido niveles más eficientes de productividad, no obstante que esta práctica se extendió muchos años antes de la reforma constitucional.

En una investigación de campo realizada con 97 productores de maíz,6 se encontró que 60% arrendaba tierra adicional a la que tenía en posesión. Lo interesante es que los productores con menor superficie son los que recurren a esta práctica con mayor frecuencia; el fenómeno disminuye sensiblemente conforme se incrementa la superficie. (Ver cuadro 3).

Cuadro 3
Arrendamiento de tierras por estrato

Estrato
(hectáreas)

Número de
productores

Toman tierras
en arriendo

%

1-3473370.2
3-5261453.8
5-1014857.1
10 y más10330.0
Total975859.8
Fuente: Investigación directa.

Así, los productores con predios menores de tres hectáreas arriendan superficies mayores en más de 100% a la que tenían en propiedad; para los productores con mayor superficie en propiedad esta relación apenas representó 6%. (Ver cuadro 4).

Cuadro 4
Importancia de la superficie arrendada por estrato
Estrato
(héctareas)
Superficie
del predio
(1)
Superficie
arrendada
(2)
%
(2/1)
1-399.00105.50106.5
3-5107.0056.6052.9
5-10113.6045.5040.1
10 y más180.0011.006.1
Total499.60218.6043.7
Fuente: Investigación directa.

Por último, hay que señalar que la compra de tierra es un proceso relativamente extendido, que presumiblemente se vio acelerado con la modificación al Artículo 27 constitucional. En nuestro trabajo encontramos que 11% de los productores habían recurrido a la compra de tierra y no a la venta; sin embargo, hay que señalar que 12% está dispuesto a vender sus terrenos.

Los productores que habían recurrido a la compra se localizan en todos los estratos. Por otro lado, aquellos que están dispuestos a vender no son los que tienen la menor superficie, siendo los más frecuentes los que poseen de tres a cinco hectáreas en posesión. (Ver cuadro 5).

Cuadro 5
Compra-venta de tierras por estrato
Estrato
(héctareas)
Número de
productores
(1)
Han
comprado
tierras
(2)
%
(2/1)
Han
vendido
tierras
(3)
%
(3/1)
Están
dispuestos
a vender
(4)
%
(4/1)
1-34736.412.148.5
3-52627.7726.9
5-101453.617.1
10 y más10110.0
Total971111.311.01212.4
Fuente: Investigación directa.

En síntesis, los datos anteriores no refieren que se está generando un proceso de reestructuración en la tenencia de la tierra que inicia con la reforma al Artículo 27 en 1992, sino, por el contrario, que ésta se adecuó al proceso que se venía dando; pero es de esperarse que lo haya acelerado dando como consecuencia una mayor concentración de la superficie, sí, pero también la conformación de unidades con mayor productividad y viabilidad económica.7

Sin embargo, hay que resaltar que la principal debilidad de las modificaciones constitucionales es que se le puso punto final a una opción de la gran mayoría de los pobladores rurales: el reparto de tierras.

Si bien era necesario llegar a este punto, lo cierto es que la opción desapareció sin haber construido la alternativa. A millones de personas se les mató una esperanza, aun cuando fuera demagógica, y se les dejó sin nada. El problema se agrava con el actual periodo de crisis, donde las opciones de empleo se han reducido drásticamente en todos los sectores productivos del país. Esta situación es mucho más grave toda vez que no existe reconocimiento de la gran diferenciación regional que en materia agraria existe en el país. Lugares como Chiapas, donde prácticamente no existió una reforma agraria, no pueden tener el mismo tratamiento que Sonora, por ejemplo.

Nuevos agentes productivos en el campo

Las transformaciones que se han experimentado en el agro en los últimos años no sólo se reflejan en la estructura agraria y productiva, sino en los mismos sujetos inmersos en el sector: los productores.

El sujeto productivo que se ha conformado en los últimos años en el agro poco tiene que ver con el tradicional, ya sea pequeño, mediano o gran productor, que se caracterizaba por un quehacer individual, dependiendo su desempeño productivo de sus potencialidades y limitaciones. En los últimos años esta situación empezó a cambiar, y cada vez más el proceso de producción individual se integra y se socializa a procesos más amplios.

A modo de síntesis podemos decir que estamos iniciando un nuevo proceso: la profesionalización de la actividad agropecuaria. Una de las manifestaciones de ésta es la conformación de un nuevo perfil del productor. El viejo productor analfabeto de hace décadas, resistente a todo proceso de cambio, ha sido paulatinamente sustituido por jóvenes profesionistas y técnicos, con apetito de transformación e innovación. Este proceso en cierta medida se viene dando desde los años setenta, pero es a partir de la crisis de los ochenta cuando adquiere mayor claridad y celeridad. Una buena parte de los profesionistas de las áreas agropecuarias, con el cierre de espacios de trabajo en las instituciones gubernamentales, se han incorporado a la producción directa, generalmente por la vía del arrendamiento de tierras.

Además de los productores, también se han transformado y han surgido otros agentes productivos en el campo: empresas comercializadoras, intermediarios comerciales, bufetes profesionales, intermediarios financieros, figuras asociativas, nuevas vinculaciones con la industria.

El conjunto de estos agentes productivos que se ha venido conformando, es el que nos permite plantearnos la opción de impulsar la profesionalización de la actividad agropecuaria como eje rector y de soporte del proceso de modernización en el agro, con capacidad y viabilidad para realizar la reconversión productiva que se demanda para enfrentar los retos de la globalización.

En el trabajo de investigación de campo ya señalado encontramos un perfil de los productores que nos refiere estos cambios. En términos generales, el analfabetismo no es un problema relevante ya que más de 90% sabe leer y escribir, sin encontrarse diferencias significativas entre los diversos estratos de productores. (Ver cuadro 6). Llama la atención que los productores con mayor índice de analfabetismo no son los que poseen menor superficie, son los del estrato intermedio, los que tienen posesión de tres a cinco hectáreas, los de mayor rezago.

Cuadro 6
Grado de alfabetización de los productores
Estrato
(hectáreas)
Número de
productores
Sabe leer
y escribir
%
1-3474493.62
3-5262284.62
5-10141392.86
10 y más10990.00
Total978890.72
Fuente: Investigación directa.

En términos de escolaridad 84% tiene estudios de primaria, hasta tercer año o más; 27% cuenta con estudios de secundaria. Es aquí donde ya se encuentra una relación entre escolaridad y superficie.

Por último, otros estudios donde se incluye a técnicos y profesionistas se encuentran en 11% de los productores, siendo los productores con mayor superficie los que presentan la mayor frecuencia; sin embargo, nuevamente, no son los de menor superficie los más rezagados, ya que éstos se localizan en el nivel intermedio. (Ver cuadro 7).

Cuadro 7
Escolaridad de los productores
Estrato
(hectáreas)
Número de
productores
Estudios
primaria
%Estudios
secundaria
Otros
estudios
%
1-3474085.11123.4510.6
3-5262284.6623.113.8
5-10141285.7535.7214.3
10 y más10880.0440.0330.0
Total978284.52626.81111.3
Fuente: Investigación directa.

Por último, un aspecto sumamente importante en términos de la expectativa y del perfil de productores que se está conformando nos refiere que cerca de 90% está dispuesto a asociarse, encontrándose la mayor resistencia en productores intermedios, de cinco a 10 hectáreas. Respecto al interrogante de qué están dispuestos a aportar, 70% contestó: "tierra y trabajo". Llama la atención encontrar que 10% está dispuesto a asociarse aportando capital, siendo aquí significativamente elevada la frecuencia del estrato que presentó la mayor resistencia a la asociación. (Ver cuadro 8).

Cuadro 8
Actitud ante los contratos de asociación por estrato
Estrato
(hectáreas)
Número de
productores
Estaría
dispuesto
%Aportando
tierra
%Aportando
trabajo
%Aportando
captial
%
1-3474391.53778.73778.724.3
3-5262388.51973.11973.127.7
5-1014964.3857.1642.9555.6
10 y más10990.0770.0770.0110.0
Total978486.67173.26971.11010.3
Fuente: Investigación directa.

El mercado interno, base del desarrollo agropecuario

La producción agropecuaria nacional está dirigida eminentemente al mercado interno, aunque la exportación es un factor complementario de gran importancia, sin duda, para catalizar y estimular la producción.

Un proyecto serio y consistente de desarrollo del sector tiene que sustentarse en el mercado interno. La orientación exportadora no puede ser eje de la política agropecuaria, ya que su impacto en el conjunto del sector es marginal y sólo responde a fragmentos de la producción agropecuaria nacional.

El impulso de las exportaciones es una parte relevante de un proyecto nacional de desarrollo del agro, y deberá ser un sector fuertemente dinamizado que cuente con estímulos especiales, pero jamás divorciado del desarrollo de la producción del mercado interno.

Lo anterior significa la revisión y, en su caso, adecuación de la política de apertura comercial a la dinámica del desarrollo productivo del conjunto del sector, orientada al fortalecimiento del mercado interno, protegiendo áreas estratégicas y estableciendo una periodización de apertura acorde con un proyecto de fomento productivo donde estén claramente diferenciados los objetivos y las metas en el tiempo.

Si en un programa de desarrollo agropecuario centramos la atención sólo en el área de alimentos básicos estamos atendiendo más de la mitad del problema en materia de producción, productividad, empleos e ingresos.

Por otro lado, hay que llamar la atención respecto a que la industrialización de la producción agropecuaria, fenómeno integrador de los sectores industrial y agropecuario, es una tendencia ya avanzada en el país y que se acelerará en los próximos años.

Una política correcta sería aquélla que procurara la integración de la producción primaria con la industrial, buscando la exportación de productos agropecuarios procesados, no sólo la exportación del producto fresco en las temporadas cuando los eventuales compradores no pueden producir por razones climáticas.

No se puede sustentar un proyecto económico basado en las exportaciones, ni para el sector agropecuario ni para el país. En el caso de México, resulta evidente el carácter complementario de las exportaciones en el conjunto de la economía y para el sector agropecuario en particular. Las exportaciones históricamente han representado alrededor de 10% de PIB, tanto nacional como agropecuario, alcanzando niveles extraordinarios en 1995 en que representó de 16 a 21% del producto. A esto hay que añadirle la poca integración que la producción con nivel de exportación tiene con el mercado nacional; es decir, incrementar las exportaciones no necesariamente "arrastra" al conjunto de la economía. (Ver cuadro 9).

Cuadro 9
Exportaciones totales y agropecuarias y su participación respecto al PIB
Millones de pesos 1980 = 100
PIBExportacionesExportaciones/PIB
Total 1AgropecuariasTotalAgropecuariasTotalesAgropecuarias
19905 271.5408.8650.251.112.312.5
19915 462.7412.7612.148.611.211.8
19925 616.0408.6528.539.49.49.7
19935 650.0415.8539.740.49.69.7
19945 857.0432.0659.549.811.311.5
1995 25 356.8380.9887.081.616.621.4
1 Se incluye revaluación.
2 Para 1995 el avance es a octubre.
Fuente: Cálculos propios con base en datos de Indicadores Económicos del Banco de México y la revista Mercado de Valores.

Por otro lado, el mercado interno lleva ya cerca de tres lustros seriamente castigado, tanto por la cada vez más aguda condición de desempleo que afecta a millones de mexicanos, como por el acelerado desplome del poder adquisitivo de aquellos que todavía cuentan con empleo. De 1982 a 1995, el salario mínimo promedio pasó de $39 a $12 (ver gráfica 4), lo que nos refiere, en cierta medida, la caída del mercado interno. La reactivación de la producción tiene que pasar por la reactivación del mercado interno, y ésta por el aumento del empleo y el salario. entra gráfica 4

Consideraciones finales

Actualmente existen condiciones maduras para impulsar una transformación cualitativa en el sector agropecuario que responda a las nuevas condiciones del contexto nacional e internacional.

En conclusión, el desarrollo del sector rural del país deberá tomar en consideración lo siguiente:

1. Las transformaciones en la estructura agraria que se dieron en los noventa no tienen marcha atrás. Era necesario ponerle punto final al reparto agrario y adecuar la tenencia de la tierra al nuevo contexto; sin embargo, éstas sólo deberán ser el marco referente, sin desconocer las diversidades regionales.

2. Se requiere de análisis específicos, para adecuar las acciones de reforma agraria y desarrollo productivo atendiendo a las diversas realidades nacionales. Nuevo León y Chiapas, por ejemplo, no pueden ser tratadas por igual.

3. Un programa de desarrollo productivo tiene que empezar por definir el universo de acción, especificando los sujetos del programa, lo que implica redefinir el concepto de productor agropecuario a la luz de la nueva realidad del agro y atendiendo a sus condiciones de producción y reproducción.

4. El desarrollo del sector requiere una clara diferenciación de los problemas productivos y sociales que existen, así como la definición de acciones específicas para ambos problemas. Si bien es cierto que lo productivo y lo social se tocan, no tiene sentido identificarlos en el mismo plano.

5. Los instrumentos de fomento productivo como son el crédito, la inversión pública, la investigación, la extensión, etcétera, deben contar con un decidido apoyo ya que desempeñarán un importante papel en el programa de desarrollo del agro, siempre que se redefinan sus objetivos y funciones, pero, sobre todo, que funcionen de manera integrada sobre nuevos esquemas de concepción y operación.

6. Las modificaciones al Artículo 27 constitucional han abierto amplias opciones para el impulso de nuevos esquemas de desarrollo productivo, las cuales no se han explorado ni promovido, pero representan bases firmes para el desarrollo. Se requiere hacer una evolución objetiva de los efectos productivos y sociales de estas modificaciones.

7. En el campo se han venido conformando nuevos agentes productivos que representan un avance importante en el proceso de profesionalización de la actividad agropecuaria, los cuales son una importante base para su modernización.

8. El mercado interno es la base para impulsar la transformación de la producción agropecuaria y del sector rural en su conjunto, y la exportación es un complemento de este desarrollo. Los alimentos básicos tienen alta prioridad en el sector, ya que representan a la gran mayoría de los productores de la superficie y presentan un amplio potencial de desarrollo.

Este impulso tiene viabilidad en la medida en que se conforme un proyecto de desarrollo y fomento productivo a través del gobierno, y que establezca consenso con los diferentes agentes del agro nacional, que responda a las expectativas de los diversos actores y del proyecto de sociedad que tenemos que construir. Se requiere conformar un nuevo pacto social en el campo. v


Marcel Morales Ibarra, agrónomo y sociólogo, es editorialista de la sección financiera del periódico Excélsior y director de la revista Enlace: Abasto y Alimentación.