El 3 de agosto de 1995 se reunieron en Atlihuetzia, Tlaxcala, los 32 delegados de la Procuraduría Agraria, presididos por el titular de la dependencia, licenciado Dante Delgado Rannauro, a fin de delinear las directrices y estrategias de trabajo que habrán de redundar en una ma-yor eficacia de las actividades encomendadas a la institución y, por tanto, al fortalecimiento de ésta.

Ante la presencia del C. Gobernador de Tlaxcala, Lic. José Antonio Álvarez Lima, que inauguró la Segunda Reunión Nacional de Delegados, el Procurador Agrario señaló haber convocado a los delegados para reflexionar juntos sobre los aspectos fundamentales de la nueva Reforma Agraria que promueve el Presidente de la República, e hizo énfasis sobre la necesidad de fortalecer aún más los mecanismos de coordinación institucional entre las áreas sustantivas de las oficinas centrales y las delegaciones estatales para la eficaz ejecución de los programas. También, subrayó la conveniencia de dar a conocer los objetivos, características y metas de los programas institucionales, y de analizar los avances y experiencias de las delegaciones para establecer estrategias que, de común acuerdo, conduzcan al fortalecimiento de la Procuraduría.

Reproducimos la parte fundamental del discurso que el Lic. Dante Delgado pronunció después de saludar a los asistentes y exponer los objetivos de la reunión:

La responsabilidad de quienes trabajamos en esta Institución es muy clara. Como ustedes saben, la Procuraduría Agraria surge a la vida nacional en 1992, como consecuencia de las importantes reformas hechas ese año al Artículo 27 constitucional. El objetivo se centró, básicamente, en romper el estancamiento productivo del sector rural, superar la marginación social en el campo y erradicar el carácter paternalista de la relación entre el Gobierno y los campesinos para, mediante diversos mecanismos, lograr la modernización del campo.

A escasos tres años de existencia, la Procuraduría ha logrado un alto nivel de excelencia y un reconocido prestigio por la transparencia de sus acciones, gracias a la atinada conducción en su primera etapa del Dr. Arturo Warman, quien supo integrar un equipo de trabajo comprometido con las causas de los campesinos.

El Dr. Ernesto Zedillo ha propuesto consolidar una nueva etapa de la Reforma Agraria, compromiso que hemos asumido en la Procuraduría, por lo que en esta ocasión quisiera reiterar algunos aspectos fundamentales de la nueva legislación agraria. Se trata de dar certeza a la tenencia de la tierra y vigilar que las nuevas figuras asociativas contempladas en la Ley de la materia no se utilicen para encubrir latifundios, y sí para hacer respetar los derechos de los campesinos y buscar mejores beneficios para ellos.

El Presidente Zedillo se ha comprometido a fortalecer las acciones de conciliación de la Procuraduría Agraria y a proporcionar mayor apoyo a los Tribunales Agrarios. Por lo que respecta al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, la propuesta consiste en concluir para el año 2000 el gran esfuerzo nacional de dar seguridad a la propiedad rural.

Queremos aquí significar este evento en el estado de Tlaxcala: José Antonio Álvarez Lima es un Gobernador comprometido con los campesinos, comprometido con su pueblo y comprometido con las instituciones nacionales; hemos recibido en Tlaxcala un apoyo sin precedente. Ese es el motivo por el cual celebramos esta reunión en esta entidad. Quiero agradecerle los apoyos materiales e institucionales y sobre todo su compromiso con los campesinos de Tlaxcala; este año en Tlaxcala se concluirá el Procede y, por tanto, la entrega de certificados de derechos ejidales. En 1995 el Procede será en Tlaxcala un ejemplo a nivel nacional.

En el marco de esta nueva etapa, el Gobierno de la República ha reafirmado y consolidado la alianza histórica entre el Estado mexicano y los campesinos del país, en un nuevo pacto social que, como lo ha expresado el propio Presidente, "es claro y será permanente, y no admitirá simulaciones ni indiferencia. La Reforma Agraria de nuestro presente se fundará en la garantía jurídica de la propiedad social y privada, en el fomento a la producción y la productividad y en la superación de la pobreza y la marginación".

Lo anterior implica, como establece el Plan Nacional de Desarrollo, la necesidad de "transformar las instituciones y los programas de apoyo al campo: que se deben descentralizar funciones y recursos para consolidar la Reforma Agraria y responder con prontitud y eficiencia a los requerimientos productivos de campesinos y jornaleros, de ejidatarios y pequeños propietarios, para lo cual es imprescindible que las políticas e instituciones agrarias lleven a cabo un profundo proceso de renovación que ayude a superar la crisis productiva, de representación y de opciones para el campesino mexicano".

En esta nueva alianza con el sector campesino, el Gobierno de la República impulsa un renovado federalismo, con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos locales, y mayores responsabilidades y facultades en las actividades gubernamentales relacionadas con el campo y que se contemplan como un incremento notable en la participación de las organizaciones campesinas en la toma de decisiones, para el uso eficiente de los recursos destinados al sector rural.

A fin de arraigar a los campesinos en sus lugares de origen, la nueva estrategia debe promover el fomento a la productividad y la competitividad de los productos del campo, para que recuperen los mercados nacionales y puedan penetrar en los internacionales en mejores condiciones de rentabilidad.

En resumen, la nueva política agraria se centra, fundamentalmente, en procu-rar el bienestar de las personas, familias campesinas y comunidades rurales, mediante actividades que permitan agregar valor y dignidad a su forma y nivel de vida.

En atención a lo anterior, nos proponemos llevar a cabo una serie de programas, que parten de las atribuciones establecidas en la Ley Agraria, el Reglamento Interior y la legislación de la materia. Con esto, mediante acciones de atención jurídica, de organización para el desarrollo, de conciliación y coordinación y de funciones de apoyo, pretendemos procurar justicia agraria en una doble vertiente: preservar la legalidad en el campo y contribuir al desarrollo efectivo de las mujeres y hombres que de él viven, tal como nos lo ha instruido el Presidente de la República.

Los nuevos programas de trabajo están concebidos con una metodología y una dinámica basadas en tres vertientes de instrumentación: la obligatoriedad, la inducción y la concertación.

De esta manera, a partir de las funciones y atribuciones que la legislación agraria impone a nuestra Institución, el proceso de nuestro trabajo se inicia con el establecimiento del contacto con los sujetos agrarios, los núcleos campesinos y sus organizaciones para conocer, captar y diagnosticar las demandas, los problemas y las expectativas, a fin de canalizarlas a las instancias que les den solución, otorgando simultáneamente la certeza jurídica en las diferentes formas de propiedad. A partir de ello, estaremos en condiciones de promover la organización y la reglamentación para la autogestión y los apoyos indispensables para su integración en los diferentes programas institucionales que ofrezcan los tres niveles de gobierno, con los cuales, desde luego, se deben establecer las mejores relaciones de coordinación.

Dentro de este esquema tenemos también la función de buscar los consensos necesarios con las instituciones públicas, la iniciativa privada y el sector social para ponerlos en contacto con los sujetos agrarios, de modo que puedan establecerse las condiciones para promover las diferentes formas de asociación que la Ley estipula, cuidando la protección de los intereses y derechos de los campesinos para, finalmente, articular acciones tendientes a un desarrollo que incremente su productividad, fomente la creación de empleos y les reditúe beneficios concretos.

Los resultados finales de este esfuerzo sistematizado a través de los programas de la Procuraduría habrán de concretarse básicamente en otorgar la certeza jurídica, evitar y resolver conflictos, para propiciar la libertad y el desarrollo con justicia dentro de un marco de expresión democrática de los sujetos agrarios, y fortalecer la confianza y la credibilidad necesarias.

Nuestra tarea, ciertamente, no es fácil. Todos sabemos que como resultado de las condiciones económicas prevalecientes en el país, hemos tenido serias restricciones económicas que nos han obligado a reducir las disponibilidades de recursos para la operación de nuestros programas. Sin embargo, estos son tiempos de duplicar nuestros esfuerzos de imaginación para hacer más con menos o al menos más con lo mismo.

Los exhorto, pues, a destinar el mayor de sus empeños al cumplimiento de nuestros programas de trabajo, con mística de servicio, con la honradez que siempre ha caracterizado a los integrantes de esta Institución, para servir a una de las causas más sentidas de las clases de los más desprotegidos del país.

Estoy seguro que de esta Segunda Reunión Nacional de Delegados, la Procuraduría Agraria saldrá fortalecida y con mayores deseos de servir a los campesinos, con el entusiasmo y la dedicación que ellos se merecen.

Aquí en Tlaxcala ante el señor Gobernador ratifico mi respeto, mi afecto y mi compromiso de apoyar el Procede para, en 1995, sacarlo adelante en la totalidad de los ejidos y comunidades tlaxcaltecas. El Gobernador de Tlaxcala ha puesto a su estado como ejemplo en este trabajo a nivel nacional. v