Al levantarse en armas el primero de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ¿estaba ejerciendo el derecho a la rebelión? Para contestar este interrogante, el Centro Democrático, A. C., organizó un debate al que fueron invitados Alan Arias, Gustavo Hirales, Adol-fo Sánchez Rebolledo y Carlos Montemayor, encuentro que tuvo lugar el pasado 3 de marzo en la casa de la cultura Reyes Heroles.

Tesis para explicar el conflicto

Alan Arias, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó en 12 tesis los momentos que se viven en Chiapas y la manera como el EZLN ha afectado la escena política del resto del país.

1. El EZLN ha hecho de la violencia su premisa fundamental de acción, y de la amenaza de guerra un medio de presión política.

2. La presencia política del EZLN ha tenido como bases la tregua y la oferta de negociación propuestas por el gobierno federal.

3. Los resultados electorales del 21 de agosto debilitaron la hipótesis de la ingobernabilidad, a la que ciertas fuerzas políticas habían apostado, y desplazaron al EZLN del centro de la atención pública.

4. Para fortalecer su presencia política, el EZLN estableció sus alianzas fundamentales con las comunidades cristianas, con el obispo Samuel Ruiz, con el PRD y con organizaciones afines a Amado Avendaño.

5. La incursión del EZLN en la política nacional sirvió de catalizador y dio cobertura a la acción de una coalición sociopolítica articulada en torno a los sectores más duros y radicales del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), los cuales encabezaron demandas agrarias y de reivindicación política, que concluyeron en una aguda situación poselectoral en Chiapas. Esto permitió que el EZLN incorporara, como condiciones para el diálogo en la última fase, la renuncia de Robledo y la solución a conflictos electorales como el de Tabasco.

6. Los movimientos poselectorales contra Eduardo Robledo derivaron en el enfrentamiento entre quienes lo apoyaban —el PRI, propietarios agrícolas, hacendados y ganaderos— y la coalición en torno al CEOIC y a Amado Avendaño, lo que agudizó las contradicciones.

7. La presencia del ejército en la zona de conflicto fue ineludible desde el principio. Las acciones del Estado se han orientado por los objetivos de una política aparentemente comprometida con una solución pacífica y no militar. 8. La vía pacífica adoptada por el Estado es un mérito y una situación de ex-cepción, si se compara con las reacciones de gobiernos de otros países latinoamericanos que han enfrentado conflictos semejantes.

9. Ante eventuales acciones violentas por parte del EZLN fuera de Chiapas, el gobierno tomó medidas legales para justificar la movilización del ejército en acciones calificadas como no ofensivas.

10. Los objetivos políticos del gobierno federal se preservan y son la finalidad que modula la acción militar.

11. La acción judicial contra los dirigentes no indígenas del EZLN fue acompañada de la solicitud de licencia de Eduardo Robledo, como una decisión política compensatoria.

12. Con la licencia de Robledo y la presentación ante el Congreso de la Ley para la conciliación y la paz digna en Chiapas, el presidente Zedillo redefinió la correlación de fuerzas, mientras los militares recuperaban las poblaciones bajo influencia zapatista y establecían un cerco disuasivo a la guerrilla.

En el corto plazo, Arias prevé una consolidación de ese cerco, sobre todo si después de aprobada la Ley para el diálogo se dan las condiciones para negociar con el EZLN. "El curso de los hechos —puntualiza— es impredecible, pero no debe soslayarse la voluntad de millones de mexicanos por evitar el enfrentamiento fratricida, mediante la paz y la demanda generalizada por generar políticas sociales, que atiendan a fondo los problemas de injusticia que viven principalmente los indios."

Un derecho histórico

En su turno, Gustavo Hirales Morán, politólogo, expuso que "el de rebelión es un derecho histórico, en tanto la mayoría de las naciones modernas tienen su origen en algún tipo de rebelión y se acepta, tanto política como filosóficamente, que en condiciones de extrema opresión y ausencia de libertades fundamentales, los pueblos tienen derecho a rebelarse. La rebelión —aclaró—, no se ejerce en cualquier situación, sino en aquella en que se da, por ejemplo, la ruptura del pacto constitucional, un golpe de Estado o la supresión de las libertades constitucionales."

Al abordar la realidad nacional, advirtió que de algún modo la propia Constitución parece amparar el derecho a la rebelión, pues la última parte del artículo 39 establece que el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. No obstante, apuntó que el permiso a la revo-lución aparentemente planteado aquí, queda acotado por los artículos 40 y 41, que de alguna manera lo frenan y combaten.

En el artículo 122 se contradice también lo que plantea el 39, al afirmar el deber que tienen los poderes de la Unión de proteger a los estados contra toda invasión o violencias externas. El alcance de este artículo es aún mayor cuando apunta que en caso de sublevación o trastorno interior, los poderes de la Unión prestarán a los estados igual protección, siempre que así lo solicite la legislatura del Estado o el Ejecutivo, si la legislatura no estuviera reunida.

Asimismo, Hirales señaló que el artículo 136 sostiene que la Constitución no perderá su fuerza ni vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En este caso, al término del movimiento se restablecerá y, con arreglo a ella y a las leyes que se hubieren expedido, se juzgará, tanto a quienes hubiesen figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como a quienes hubieran cooperado con ésta.

De las armas de la crítica a la crítica de las armas

Después, Hirales reflexionó sobre el tópico marxista referente al paso de las armas de la crítica a la crítica de las armas. Esta frase, dijo, alude a una experiencia histórica según la cual la lucha revolucionaria pasa por dos fases: una en que el partido, corriente o grupo revolucionario destruye o debilita, con el ejercicio político, los fundamentos ideológicos y políticos dominantes, y otra etapa en que, minadas las bases de apoyo del opresor con las armas de la crítica y agotados los caminos de lucha pacífica, se pasa a ejercer la crítica de las armas. La pregunta aquí sería: ¿en qué momento ejerció el EZLN las armas de la crítica? No hay información al respecto, dice Hirales.

Según algunos datos, el EZLN, antes que seguir la lucha política o social, eligió implantarse en una zona donde se acumulan pobreza, atraso, injusticia, por un lado y, por otro, condiciones geográficas de difícil acceso. Así, el EZLN no surgió de la toma de conciencia de los indios acerca de sus terribles condiciones de existencia, sino de la estrategia de un grupo guerrillero que tuvo la constancia, el valor y el espíritu de sacrificio para ir una y otra vez a la zona, hasta arraigarse en numerosas comunidades indígenas.

Independientemente del origen ideológico-político del EZLN, es claro que, formado por una dirección de raíz en su mayoría indígena, representativa de las demandas y sentir de muchas comunidades, ha proyectado estas demandas a nivel nacional e internacional, ha sacudido la vida política del país y se ha ganado en ésta un lugar por derecho propio. Todo ello —afirma Hirales—, a un alto costo de muerte, violencia y destrucción.

Sin embargo, Hirales opina que no estaríamos discutiendo el derecho a la rebelión del EZLN si el movimiento hubiera triunfado. Si así fuera, habría creado su propia legalidad, cuidándose de que nuevas rebeliones atentaran contra su poder.

Ante estas circunstancias, Hirales propone que se reconozca plenamente la legitimidad y justicia de las causas esgrimidas por la rebelión y que se tomen las medidas gubernamentales y sociales adecuadas para que en México nunca más se permitan condiciones de opresión y olvido como las padecidas en Chiapas; y que la rebelión se transforme en una fuerza política eficiente, capaz de adaptarse a un entorno social democratizado, a una estructura que haga innecesarias nuevas rebeliones, para que así se olviden los sueños milenaristas que sacrifican a las actuales generaciones en aras del sendero luminoso por venir. Por último, dice el politólogo debe reconocerse que en este momento es imposible lograr el "todo para todos", pero debe comenzar un proceso orientado a erradicar injusticias y responder las demandas más urgentes.

Larga trayectoria de trabajo político

Adolfo Sánchez Rebolledo, periodista y analista político, comenzó su intervención preguntándose si había estado bien titular a esa mesa redonda Chiapas: derecho a la rebelión y si era eso lo que interesaba discutir, ya que, dijo, no se puede hablar de Chiapas sin retomar temas que a veces parecieran extravagantes. Una vez más, apuntó Sánchez Rebolledo, se vuelve a discutir sobre la viabili-dad de la lucha armada, el problema de la crisis en la perspectiva de la transformación política, la reforma electoral, las relaciones entre los movimientos democráticos y la acción campesina y, en el caso de Chiapas, los indígenas.

Algunos de estos temas, dijo, parecerían un repertorio en parte superado hace 20 años. Sin embargo, siguen planteando interrogantes para los que no siempre hay respuestas.

En primer lugar —refirió Sánchez Rebolledo— debemos reflexionar sobre cuestiones que no por obvias dejan de ser importantes. Si todos decimos querer la paz en Chiapas, la pregunta práctica es si esta paz es posible y, de serlo, qué condiciones deberían darse para que sea una realidad. Este es el punto que obliga a buscar una explicación al conflicto de Chiapas, que no se quede sólo en la acción inmediata.

Para entender qué sucede en Chiapas debemos primero, dice el periodista, definir el fenómeno. En primer lugar, se trata, efectivamente, de una rebelión, que se produce en un escenario geográfico determinado: parte de la zona de los Altos, las Cañadas y la proximidad con la Selva Lacandona. En segundo lugar, Rebolledo analiza la composición del EZLN. Son núcleos campesinos e indígenas, dice, aunque no todos sus dirigentes sean indígenas y campesinos. Luego habla del ámbito político en el que actúa: unos cuantos municipios en una región apartada del país. En lo que respecta a la naturaleza de las reivindicaciones con las cuales emerge, observa junto con la urgencia que expresa la acción armada, una urgencia por hallar satisfacción a ciertas reivindicaciones políticas y económicas.

De todo lo anterior, Adolfo Sánchez Rebolledo deduce que las motivaciones ideológicas y los objetivos que orientan esas acciones tienen como propósito la transformación del orden social constituido. Vale decir, que el movimiento tiende a convertirse en una verdadera revolución, en tanto que su objetivo es derribar a las autoridades políticas existentes con el fin de realizar cambios de fondo en las relaciones sociales, económicas, políticas y jurídicas. En síntesis, el objetivo que los neozapatistas apoyan en una estrategia armada es fundar un nuevo Estado bajo nuevos principios constitucionales.

A partir de esto, agrega, habría que determinar si estamos de acuerdo en que esos son los objetivos y esas las causas por las que hay que luchar y si compartimos esta lucha y dilucidar si la lucha armada es el medio por el cual se alcanzarían esos objetivos.

El neozapatista es un movimiento que se funda en una larga trayectoria de trabajo político en varios puntos de los Altos de Chiapas, señala el periodista. No hay duda de que el grupo guerrillero que está en esa zona llega a confundirse y a trabajar con la gente de poblaciones aisladas, perdidas en una región del país olvidada, atrasada, oprimida, donde las comunidades indígenas han desarrollado, durante más de 30 años, una lucha cotidiana en distintas direcciones para constituirse en sujeto político. Trescientas organizaciones campesinas dan idea de la fuerza del movimiento agrario, pero también dan cuenta de una gran división y fraccionamiento.

En esa región, dice Sánchez Rebolledo, salvo esas organizaciones campesinas y las instituciones eclesiásticas de la diócesis de San Cristóbal, prácticamente no existe ninguna constitucionalidad. El éxito del EZLN consiste en haberse fundido durante años con esas comunidades para adquirir una presencia real. Pero —preguntó—, ¿realmente la rebelión y el camino de la guerra estarían justificados en una región donde, de 70 mil habitantes, hay casi 30 mil desplazados?

Violencia blanca

Finalmente, Carlos Montemayor, escritor —autor de la novela Guerra en el paraíso—, hizo una retrospectiva histórica de la violencia como constante social cotidiana.

Tras señalar que nadie tiene derecho a agredir y a violentar al grupo social donde se desenvuelve, reconoció que en países como México se da una violencia blanca, encarnada en desempleo, nepotismo, corrupción, injusticia, desnutrición, insalubridad; violencia ejercida limpia y diariamente. En este sentido —in-terrogó— ¿cómo considerar a la violencia social permanente en comunidades como las chiapanecas?

El derecho a la insurrección, a la violencia —agregó Montemayor—, es una anomalía social, pero merece ser visto como el recurso de quienes menos posibilidades tienen de ejercer una defensa en segundo o tercer grado. Se ven obligados, entonces, a defenderse por propia mano. A la insurrección siempre se le ha descalificado legalmente, y los insurrectos, antes que héroes, son tipificados como asesinos, delincuentes, transgresores...

En México, agrega el escritor, Chiapas es sólo un episodio que expresa una capacidad insurreccional, cuyos orígenes están en las propias condiciones injustas de la sociedad mexicana. Ante esto, afirma, se requieren cambios de fondo para evitar el derecho inalienable a la insurrección. La solución al conflicto de Chiapas, en consecuencia, no puede darse ni con una ley de amnistía ni dejando sin efecto las órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN, culmina Montemayor. La solución tiene que ver con una decisión política de cambios de fondo, pues de no darse así, la violencia seguirá teniendo sus derechos, pese a que se los neguemos... v