María de Lourdes García Acevedo

l modelo de desarrollo económico puesto en práctica en nuestro país ha incrementado las masas de población en condiciones de pobreza, fundamentalmente en las zonas rurales, donde se observa un fenómeno de feminización de la pobreza.

Aunque la pobreza femenina debe entenderse en el marco de un proceso general de subordinación y explotación del campesinado en su conjunto, no puede ser comprendida bajo el mismo enfoque que el de la pobreza masculina, pues cuestiones como la oferta de empleo, migración, acceso a educación, nuevas tecnologías, créditos, participación en organizaciones políticas, económicas y sociales, entre otras, son vividas de forma distinta por cada uno de los géneros.

En la última década se ha observado un ascenso de la participación de la mujer rural en el ámbito social, económico y, como actor protagonista, en el regional. Desafortunadamente, la participación productiva de las mujeres del sector rural sigue siendo obstaculizada por criterios tradicionales que, en lugar de fomentarla, producen desánimo en aquellas que intentan llevar a cabo algún proyecto y, en ciertos casos, hasta frustración por el fracaso de éste, cuyas causas se encuentran en las condiciones adversas en que se desarrolla, más que en el interés y el propio trabajo de las mujeres.

De igual manera, los sistemas crediticios no han considerado a la mujer como sujeto de crédito. Las políticas implementadas en este sentido no la benefician; por el contrario, constituyen un obstáculo para su participación en proyectos de grupo o individuales, pues en muy pocos casos ellas pueden cumplir con requisitos impuestos para el otorgamiento de créditos, como son:

• Constituir una figura jurídica, que la mayoría de las veces requiere algún desembolso.

• Aportar un porcentaje económico (capital social) para el proyecto o para la cooperativa, asociación, unión de crédito, etcétera.

• Solicitar créditos por montos elevados, fuera de lo que las mujeres "se atreven" a solicitar, o bien a los que no pueden acceder por no contar con las garantías requeridas por tales cantidades.

• Tener propiedades que garanticen la devolución del crédito, lo cual implica comprobar con documentos dichas propiedades.

Todo ello muestra que se requieren cambios reales que consideren a las mujeres como sujetos de su propio desarrollo. Un factor importante para aumentar de manera real la participación económica de las mujeres del sector rural es el establecimiento de una política específica de crédito.

Tal política deberá tener un enfoque de género, lo cual implica partir de que las mujeres han estado en desventaja con respecto al género masculino para acceder a apoyos crediticios, asesoría, capacitación, tecnología y organización productiva. Esto no por su incapacidad "natural" para aportar a la economía, sino por una relación social que divide a los géneros y les asigna a cada uno áreas de acción, espacios de desarrollo, trabajos sociales particulares y acceso al poder diferenciado.

La reglamentación

Así, es necesario que la reglamentación de las instituciones financieras incluyan, tanto en el papel como en acciones concretas, normas de financiamiento a mujeres. Incluirlas implica nombrarlas, es decir, dejar de pensar que el que no haya cláusulas o normas que excluyan a las mujeres de los sistemas crediticios significa que están incluidas.

Plazos, tasas y montos de crédito

Los créditos destinados a las mujeres del sector rural deben contemplar plazos largos y las tasas de interés más bajas del mercado. También, considerar el tipo de proyecto a operar y ajustarse a los requerimientos de los grupos de mujeres, que más bien son montos económicos pequeños para capital de trabajo, y en otros casos el requerimiento de crédito es por cantidades más elevadas, es decir capital de inversión.

La correspondencia entre el tipo de proyecto y los aspectos antes señalados es de fundamental importancia para el éxito del proyecto y la recuperación del crédito, como lo es también la oportunidad del crédito, pues de lo contrario sobreviene la desorganización e incluso desaparición de grupos de mujeres cuyo esfuerzo de organización productiva se ve frustrado.

Las garantías

Las garantías para la recuperación del crédito tendrán que ser flexibles, desde la aceptación como garantía de una carta-compromiso del grupo solicitante del crédito, hasta la presentación de garantías de aquellos grupos o mujeres que cuentan con antecedente de organización productiva.

Otra posibilidad para cubrir el requisito de las garantías es la formación de fondos de garantía por parte de las propias instituciones financieras que establezcan una política de créditos para mujeres, o bien por parte de instituciones gubernamentales del sector agropecuario.

Evaluación de los proyectos

La evaluación de proyectos no puede realizarse bajo un punto de vista puramente económico, aplicando criterios de rentabilidad para validar sólo aquellos que garantizan una elevada obtención de ganancias, pues este criterio ignora los beneficios sociales generados por muchos proyectos propuestos y operados por mujeres del sector rural.

Las instituciones financieras deben impulsar proyectos integrales, que combinen aspectos de bienestar social, prestación de servicios y producción para el mercado comunal, regional, nacional e incluso internacional, en los cuales la participación productiva de hombres y mujeres sea contemplada en condiciones equitativas.

De esta forma, es necesario que las instituciones financieras y gubernamentales relacionadas con lo rural tengan como tarea prioritaria el impulso y establecimiento de una política específica de financiamiento a las empresas de mujeres de este sector. v