CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
25 DE SEPTIEMBRE DE 2006
OCHO COLUMNAS
Reaparece
Ulises; se desata balacera
Cruzan disparos miembros de la APPO
y policías. Irrumpen en hotel en busca
de Gobernador, retienen a diputados
y agreden a periodista.
Vuelve
violencia a Oaxaca; hieren a uno en
balacera
La APPO se enfrenta a policías.
Propondrá
Calderón agenda nacional
Pide a panistas apoyo para lograr acuerdos
con otras fuerzas políticas.
Viable,
reasignar el gasto federal: Gil Díaz
La revisión de programas daría mayor
margen presupuestal.
Gente
de Calderón, en tratos con EU sobre
energéticos
Encuentro secreto en Canadá; seguridad,
otro tema.
Iban a
cazar a Ulises en un cuarto de hotel
Irrumpe la APPO en la habitación donde
Ricardo Rocha entrevistaba al líder
del Congreso.
EL PERIÓDICO DE LA VIDA
NACIONAL
APPO asalta
hotel y secuestra diputados
Los inconformes pretendían detener
al gobernador Ulises Ruiz.
Apresuran
las obras de 14 torres ilegales en
Polanco
Quieren tenerlas al 90% antes de que
Aboitiz deje el cargo. Buscan evitar
clausura o demolición con el nuevo
gobierno. La Miguel Hidalgo culpa
a la Seduvi (GDF) de darles permiso.
Nueva
balacera en Oaxaca
Reitera Ulises Ruiz ultimátum a maestros;
hoy deben reanudar clases para no
ser despedidos.
Chiapas:
dan cargo en jardines de niños a maestro
pederasta
Exigen cancelar su nombramiento en
prevención del delito en escuelas.
Sector agrario
1,2, 3 x por el campo. (Reforma, p.25. /Información también publicada en La Jornada,
p.11, Milenio Diario, p. 35, Excélsior,
p. 11, El Financiero, p. 8, El Sol de México, p. 4,Rumbo
de México, p. 3, Cuarto Poder, Diario
de Chiapas, Diario de Xalapa, El Sol
del Centro, El Heraldo de Aguascalientes,
AM de León, El Heraldo de León, Novedades
de Acapulco, El Sur de Guerrero, El
Imparcial de Oaxaca, Diario de Morelos,
El Sol de Cuautla, El Sol de Toluca,
El Heraldo de Chihuahua, El Debate
de Culiacán, Diario de Colima, El
Occidental, El Milenio de Monterrey,
Meridiano de Nayarit, Presente de
Tabasco, Cambio de Michoacán, El Sol
de Zacatecas, Zacatecas en Imagen).
Durante el gobierno del Presidente
Vicente Fox, juntos hemos logrado:
1.- Patrimonio Familiar Seguro; el
95 por ciento de los núcleos agrarios
hoy tienen certeza jurídica en la
tenencia de la tierra y más acceso
al crédito;
2.- Paz social en Ejidos y Comunidades.
Los principales y más añejos conflictos
agrarios están resueltos en forma
definitiva, con base en el diálogo
y la conciliación;
3.- Desarrollo Rural Sustentable.
Con el apoyo a los jóvenes emprendedores,
generamos nuevas oportunidades y avanzamos
en el relevo generacional.
Campaña:
Uno, dos, tres por el campo. (Spot
de Radio, Monitoreo Radio, p.web)
Versión: uno, dos tres
Institución: Secretaría de la Reforma Agraria.
Este spot de Radio se transmitió este día en las siguientes
estaciones de radio: Radio Frontera,
Sabrosita, Súper Mil, La Consentida,
Radio Variedades, Radio Capital, La
Tropical, KE Buena, La Explosiva,
La Rancherita, La Maquina Tropical,
El Lobo de Mina, La Z de Zacatecas,
La Rancherita, La Poderosa, Radio
Ranchito,
OA Radio Mexicana, La Onda
Musical de Antiplano, La B Grande
de México, Radio Azul, La Poderosa
15-70, La Popular 13-50, Radio Lagarto,
La Voz de Balum Canan, Estereo Istmo.
Esta Tierra Mía. (RTC, p.web)
De acuerdo con la pauta asignada
por la Dirección de Radio, Televisión
y Cinematografía de la Secretaría
de Gobernación, el programa “Esta
Tierra Mía”, producido por la Secretaría de la Reforma Agraria, fue transmitido este domingo 24 de septiembre en las
siguientes radiodifusoras:
Estación |
Ciudad |
Horario |
XECOPA AM |
Copainala,
Chis. |
|
XEUG AM |
Guanajuato,
Gto. |
|
XHLTO FM |
Guanajuato,
Gto. |
|
XHSML FM |
Guanajuato,
Gto. |
|
XHJUA FM |
Guanajuato, Gto. |
7:05 am |
Insiste SRA que no puede localizar tierras en disputa. (Rumbo de México, p.web)
Chilpancingo, Gro.- La Secretaría de la Reforma Agraria insistió en que no puede localizar
las 456 hectáreas de tierras que se
disputan las localidades de Moyotepec
y El Capulín en la zona de la montaña.
Al vencerse el plazo establecido por
el Tribunal Superior Agrario, tras la
recomendación del Juzgado de Distrito,
para que la SRA localice las hectáreas
de tierras en disputa, la respuesta
de la dependencia federal fue que
esto no es posible.
Son invasores de terrenos por “error”. (El Universal, Eduardo Alonso, p.web)
Domingo 24 de septiembre
06.
Villa Victoria, Méx.- Cerca de 58 casas, un jardín de niños,
primaria y telesecundaria y dos templos
religiosos del ejido Casas Coloradas,
junto con los habitantes de cerca
de mil inmuebles de 15 comunidades
más, son catalogados por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) como
invasores de tierras, pues los terrenos
donde se asientan fueron expropiados
por el Gobierno Federal el 24 de septiembre
de 1947.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL
establecen que casi mil 363 hectáreas
de la periferia de la presa de Villa
Victoria, donde se ubican San Marcos
de la Loma, Los Cedros, San Diego
Suchitepec, San Diego del Cerrito,
Cuadrillas, Los Padres, San Pedro
del Rincón, entre otras, son habitadas
por casi mil 500 personas, pese a
estar catalogadas por el gobierno
como propiedad federal.
Eustacio Silverio Mondragón, comisariado ejidal de San Diego
Suchitepec, consideró que la confusión
de la titularidad de las mil 363 hectáreas
inició cuando los funcionarios de
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y Comisión Nacional
del Agua (CNA) hicieron mal sus mediciones
y delimitaciones de los ejidos expropiados.
Por su parte, Benito Ortega Martínez, comisariado ejidal de
San José del Rincón Casas Coloradas,
aseguró: "Nosotros nos dimos
cuenta de que para el gobierno federal
no éramos dueños de nuestras tierras
cuando inició el programa Procede;
ahí se nos dio la mala noticia de
que no nos pertenecían las tierras
donde hemos vivido toda la vida, pues
según fueron expropiadas y pagadas,
situación que en algunos casos si
es cierto pero en otros no",
comentó.
La situación legal de las tierras fue comunicada a los ejidatarios
de forma oficial dos años después
de que funcionarios federales de la
CNA, CFE, SRA y Procuraduría Agraria,
habían celebrado una reunión el 20
de julio de 1999, en la cual se estableció
a través del Acta de conclusión de
los trabajos técnicos relacionados
con la presa Villa Victoria.
En dicho documento se detalla que algunas tierras que se habían
otorgado a manera de compensación
a las expropiadas, no fueron entregadas
-por problemas entre los mismos ejidatarios-,
algunas otras no fueron debidamente
indemnizadas y otras más no fueron
utilizadas en el proyecto de la presa,
por lo cual no se descarta su reintegración
a los núcleos ejidales.
Las tierras fueron expropiadas por el Gobierno Federal a través
de la CFE para edificar el Subsistema
Hidroeléctrico Miguel Alemán, que
dejó de operar hace una década, y
hoy la presa Villa Victoria sólo abastece
de agua al Sistema Cutzamala.
Al respecto Sergio Romero Serrano, representante federal
de la Secretaría de la Reforma Agraria,
ha sostenido que el gobierno procederá
a partir de que los ejidatarios demuestren
que no se les pagó y que los terrenos
donde actualmente siembran y viven
no fueron contemplados en la expropiación.
De Buena Fuente: la rebatinga entre panistas. (El Diario, Pedro Torres, p.web).
Cd. Juárez.
De Buena Fuente nos enteramos que la rebatinga por los huesos
en la administración federal que iniciará
a partir del primero de diciembre
está en esta frontera, y en el estado
de Chihuahua, a todo lo que da.
Nos cuentan que el presidente del Comité Directivo Municipal
del Partido Acción Nacional, José
Sigala Valero, está buscando por todos
los medios que la distribución de
cargos en el Gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa sea de manera institucional,
es decir, a través del partido que
llevó a éste a la primera magistratura.
En términos más claros, Sigala pretende que recaiga en él,
como presidente del PAN juarense,
esa nada despreciable responsabilidad
de repartir los huesos, ya que esa
función lo colocaría en una posición
envidiable rumbo a las candidaturas
a alcalde por el partido blanquiazul.
Por supuesto que al ser conocidas sus pretensiones de inmediato
se formó la contracampaña, aquéllos
que pugnan porque la distribución
de las más de 100 delegaciones del
Gobierno Federal que en manos de la
estructura de campaña que trabajó
para Felipe.
De ser así, se dice que el coordinador general en el estado
sería Abelardo Escobar Prieto,
el actual secretario de la Reforma
Agraria, quien tendría las facultades
para decidir quién sí y quién no.
Para el caso de esta frontera se habla de que recaería esa
responsabilidad en el senador Gustavo
Madero y quienes estuvieron cercanos
a él en la campaña.
En cuanto a la capital del estado, se dice de que los empresarios
Samuel Kalish y Enrique Terrazas podrían
decidir entre las propuestas que reciban
y entre a quienes ya le
hayan echado el ojo de antemano.
Como es de imaginarse, son cientos los que quieren, panistas
y no panistas, pero precisamente por
eso se quiere que sea la estructura
de campaña felipista la que se encargue
de esos menesteres, porque el primer
filtro sería para eliminar a quienes
la campaña les valió un soberano cacahuate.
Otra de las exigencias de los que quieren es que se renueve
al grueso de los delegados y subdelegados,
ya que en su mayoría estos participaron
en la precampaña en apoyo al secretario
de Gobernación y actual senador de
la República Santiago Creel Miranda,
y ya en la campaña constitucional
nadaron de muertito.
En esa situación enmarcan, por ejemplo, a René Mendoza, novel
subdelegado de la Secretaría de Economía,
quien según las fuentes, el día 2
de julio se la pasó de romance todo
el día, se le vio en un restaurante
y en el cine, mientras muchos otros
se la partían vigilando el proceso
electoral.
Por cierto, en ‘la mesa de los viernes’ en un restaurante de
esta localidad se vio mayor afluencia.
Y es que entre los asistentes estuvo
el fundador de la misma, el ex gobernador
Francisco Barrio Terrazas, quien también
debe tener manga ancha en esto del
reparto de los cargos a nivel local
entre los chihuahuenses.
Aunque hay malas noticias para toda la bola de alborotados,
ya que la postura dada a conocer ayer
por la dirigencia nacional del PAN
podría limitar en gran medida que
militantes de ese partido se vean
beneficiados, como esperan, con la
distribución de las delegaciones.
José Espina secretario general del Comité Directivo Nacional
del PAN ofreció su apoyo y respaldo
al presidente electo, Felipe Calderón,
en la construcción de un gobierno
de coalición, y anunció que ese organismo
se mantendrá al margen de la integración
del gabinete presidencial.
Expuso que “nosotros no nos vamos a anticipar en ningún sentido
para opinar sobre quiénes deben o
no deben estar en el Gobierno Federal.
Repito, queremos ser muy respetuosos
de este derecho y de esta atribución
legal que le corresponde al presidente
electo”. ¿Quieren más o con eso tienen?
En otro orden de cosas, parece que a la juez Sexto de lo Civil,
María Socorro Pérez, ya le llegó el
agua a los aparejos.
Resulta que desde hace tiempo se habían venido interponiendo
quejas en su contra por maltrato,
despotismo, prepotencia por parte
de empleados de ese juzgado y de litigantes
que llevaron casos en el mismo, pero
se habían hecho de manera aislada
y sin mayores repercusiones.
No obstante, hace unos días se paralizaron las funciones en
ese juzgado debido a que todo el personal
acudió ante el pleno del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado para dar a
conocer a detalle los abusos de esa
juez.
Dicen que los ministros quedaron impactados ante lo que escucharon
y prometieron a los quejosos proceder
en consecuencia y de manera justa
en contra de esa funcionaria. ¡Al
fin
Auditoría de tierra en Bonfil. (Novedades de Quintana Roo, Karina Vázquez, p.web).
En una maratónica asamblea que comenzó al filo de las 11 de
la mañana y hasta las ocho de la noche,
ejidatarios de Alfredo V. Bonfil acordaron
solicitar una auditoría de tierra
al Registro Agrario Nacional (RAN) para comprobar que las nueve expropiaciones
que se hicieron en época de Mario
Villanueva Madrid, se pasaron de las
800 hectáreas establecidas en su momento.
También se refrendó el acuerdo de que las tierras bonfileñas
están divididas en un 70 por ciento
para los ejidatarios y sólo un 30
por ciento al estado, donde se presume
se construirán mil 500 casas de interés
social.
En esa reunión los bonfileños aseguraron que el titular del
Instituto del Patrimonio Inmobiliario
del Estado (IPAE), Francisco Garibay
Osorio, no está implicado en el manejo
de la tierra, porque para concretarse
o aprobarse cualquier venta tiene
que firmar el presidente del Consejo
de Administración del Ejido.
"El ingeniero no puede hacer nada sin que el consejo de
administración se dé cuenta, pues
este organismo tiene que firmar el
contrato o la escritura", aseguró
Julio Rubio, presidente del Comisariado
Ejidal.
Ejidatarios de Alfredo V. Bonfil reconocieron ayer que las
expropiaciones de las tierras ejidales
realizadas en la administración de
Mario Villanueva Madrid se pasaron
de las 800 hectáreas establecidas
en ese entonces, por lo que pedirán
al Registro Agrario Nacional (RAN)
una nueva auditoría, y pelearán por
ellas a pesar del paso de los años.
Luego de una maratónica asamblea que comenzó a las 11 de la
mañana y concluyó a las 20 horas,
los ejidatarios de Alfredo V. Bonfil
refrendaron el acuerdo de que las
tierras bonfileñas están divididas
en un 70 por ciento para los ejidatarios
y sólo un 30 por ciento al estado,
donde se presume se construirán mil
500 casas de interés social.
En esa reunión los bonfileños aseguraron que el titular del
Instituto del Patrimonio de la Administración
Pública del Estado (IPAE), Francisco
Garibay Osorio, no está implicado
en el manejo de la tierra, porque
para concretarse o aprobarse cualquier
venta, tiene que firmar el presidente
del Consejo de Administración del
Ejido.
"El ingeniero no puede hacer nada sin que el Consejo de
Administración se de cuenta, pues
este organismo tiene que firmar el
contrato o la escritura", aseguró
Julio Rubio, presidente del Comisariado
Ejidal.
Al finalizar la reunión, Rubio explicó ampliamente el acuerdo
sobre la solicitud de auditoría de
tierra, la cual consiste en solicitarle
al RAN un estudio minucioso sobre
cuántas hectáreas expropió Villanueva
Madrid y cuántas fueron de más.
Julio Rubio apunta que no tiene la cantidad exacta de cuántas
hectáreas se expropiaron de más, pero
asegura que cuando tenga el estudio,
pelearán por ellas a pesar del paso
de los años y siempre a favor de sus
compañeros ejidatarios.
"Estamos viendo esas expropiaciones que el gobierno de
Mario Villanueva agarró y que nos
la paguen o bien que se devuelvan",
apunta.
Según señala, desde entonces ya no se han permitido más expropiaciones,
por lo que también solicitarán un
estudio de todos los asentamientos
del ejido y se delimiten propiedades
para determinar a quién pertenecen.
El comisariado ejidal citó ejemplos como el de los terrenos
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) sobre la carretera al aeropuerto,
así como la Residencial Campestre
y otros pequeños propietarios.
La próxima semana el representante del ejido viajará a la capital
del estado para solicitar lo antes
posible esas auditorías y se esclarezca
la situación de los terrenos expropiados,
así como las limitaciones de Bonfil.
Gestoría agraria.
A pesar de ser un tema de interés común entre los ejidatarios,
se acordó que en la próxima asamblea
-que se realizará en mes y medio-
se tratará el tema de la gestoría
agraria, pues se pretende invitar
a los representantes de las empresas
interesadas para llegar a soluciones
de común acuerdo.
Para tocar este tema estarían invitados Víctor y Daniel Campos,
como representantes de la gestoría
agraria.
En esta asamblea a la que asistieron, al principio, casi un
centenar de ejidatarios, se refrendó
el acuerdo de que las tierras de Bonfil
pertenecen el 30 por ciento al estado
y el 70 por ciento a los ejidatarios.
Se discutió en la asamblea la posibilidad de donar una hectárea
más al estado para la construcción
de mil 500 casas de interés social,
pero se concluyó que se apegarán al
plan de desarrollo que tiene el IPAE,
que comprende tres etapas de construcción
y que se harán en el 30 por ciento
que le pertenece al estado.
Otro de los acuerdos más relevantes en la asamblea fue el de
solicitar a la Comisión para la Regulación
de la Tenencia de la Tierra (Corett)
el decreto presidencial por el cual
se solicita la expropiación del "casco
urbano de Bonfil".
"Voy a buscar entrevistarme con el director del Corett
estatal para enterarnos cómo está
el decreto, qué zona en concreto es
para que no nos vayan a sorprender
con alguna cosa y saber a quién va
a beneficiar o perjudicar", aseguró
Rubio.
Lecciones de Oaxaca. (Termómetro en Línea, Bulmaro Pacheco, p.web).
Análisis Político.
Hermosillo, Sonora, México.
En el pasado, con los métodos de antes y de acuerdo a la cultura
política de los tiempos no muy lejanos,
los conflictos políticos en las entidades
federativas se resolvían en forma
práctica y duradera. Muy pocas veces
llegaban al nivel de las complicaciones
y la descomposición que ahora observamos,
sobre todo en el caso de Oaxaca.
En otros tiempos, el Gobierno Federal esperaba en forma prudente
el desenlace de los acontecimientos
confiando en que la capacidad de los
gobernadores de los estados determinara
las estrategias para resolver los
problemas locales, siempre y cuando
estos no desbordaran los cauces y
dañaran a terceros provocando inestabilidad
y conflicto. Si en un tiempo razonable
los gobernadores no resolvían, la
federación intervenía a través de
la Secretaría de Gobernación apoyando
o corrigiendo la capacidad de respuesta
de los gobernadores por su propio
debilitamiento ante la fortaleza de
las fuerzas locales, que ante el rebasamiento
de la autoridad local la federación
actuaba como garante de la paz y la
tranquilidad social con toda su estructura.
En muchas ocasiones se llegó a la exageración y al abuso, quitando
y poniendo gobernadores a pasto, pasando
sobre la tan llevada y traída soberanía
de los estados que en muchos casos
no era más que letra muerta. Los estados
proponían, el centro disponía. Quizá
las últimas expresiones de dichos
estilos se dieron en el régimen de
Carlos Salinas cuando a la menor provocación
postelectoral se hacía que los gobernadores,
electos o no, tomaran posesión o dejaran
el cargo al poco tiempo de haberlo
asumido, o se les quitaba del cargo
a la menor insinuación, como en Jalisco,
Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí
y Baja California. Estos fueron, entre
otros, ejemplos de una política de
decisiones unilaterales del centro
a nombre de la estabilidad y por los
pactos que se hacían con las oposiciones.
No había muchas cosas de la modernidad
democrática. Se actuaba a nombre de
la eficacia. Ahora es el TEPJF el
que ha anulado elecciones de gobernador.
Para esos efectos, los conflictos más agudos y costosos fueron
siempre los agrarios, los empresariales,
los postelectorales y los estudiantiles.
Los agrarios levantaban a los
núcleos más desfavorecidos de la sociedad,
en ocasiones por la expectativa del
reparto de tierra, en otras por los
tradicionales e históricos conflictos
violentos entre comunidades, que provocaron
innumerables enfrentamientos.
Los estudiantiles tenían siempre como base las universidades
estatales. En ocasiones las demandas
se iban por más presupuesto, más carreras,
empleo profesional. En otras por no
estar de acuerdo con las autoridades
de las instituciones o simplemente
porque en las universidades, ante
la falta de confianza en el sistema
de partidos, las casas de estudio
se politizaron sobremanera concentrando
una gran parte de los conflictos.
Los empresariales traducían inconformidades de entendimiento
político o enarbolaban las demandas
de grupos agraviados por las políticas
públicas locales y presionaban a través
de sus representaciones nacionales.
En la modernidad y ante la ausencia imperdonable de nuevas
reglas, los conflictos en las entidades
federativas y en los municipios tienden
a agravarse, porque tal parece que
nadie quiere hacerse cargo de los
costos políticos que implica entrarle
de frente a los problemas. Se aprovecha
el vacío que deja el nuevo contexto
democratizador, donde todavía algunas
realidades políticas no alcanzan a
traducirse en un marco legal e institucional.
En casos como Oaxaca, la Federación
y los estados se tiran la bolita,
sin asumir ninguno de ellos la responsabilidad.
La Federación por un lado, porque argumenta que no quiere inmiscuirse
en asuntos que son de competencia
de los poderes locales. Tiene razón,
pero ¿y la contradicción? Los poderes
locales insisten en que deben ser
las fuerzas federales las que deben
intervenir para salvaguardar el orden.
El caso de la violencia y la inestabilidad en Oaxaca es ilustrativo
de la nueva realidad política que
vive México. Se trata de un gobernador
profundamente debilitado por sus propios
errores, y el enfrentamiento entre
los actores políticos de ese estado.
Primero empezó como conflicto magisterial
en una entidad donde la federación
se hace cargo del cien por ciento
del financiamiento de la educación
básica. Posteriormente se agregó una
diversidad de agrupaciones en apoyo
de los maestros. El conflicto subió
de tono, convirtiéndose en un movimiento
de masas perdurable contra el gobernador
Ulises Ruiz, con impacto directo en
la vida cotidiana de los Oaxaqueños.
La anarquía social fue incrementándose
y para agravar las cosas, los líderes
originales de dicho movimiento fueron
rebasados por el ala más radical de
las organizaciones, y los tentáculos
del conflicto se extienden ahora hacia
la Ciudad de México, hacia donde marchan
los oaxaqueños.
El Gobierno Federal ha convocado al diálogo, la demanda de
fondo de las agrupaciones políticas
es la salida del gobernador Ruiz,
a eso se les responde que el gobierno
federal no quita gobernadores, el
gobernador mientras tanto anda a salto
de mata, igual sus funcionarios, el
poder Legislativo y los aparatos de
justicia. En síntesis: vacío de poder,
inestabilidad social, rebasamiento
de las dirigencias, violencia y enfrentamientos,
¿quién decide, quién resuelve, quién
negocia?
Oaxaca está ahora entrampada entre la indecisión de un Gobierno
Federal que tiene las manos atadas,
con un gobierno estatal que hace tiempo
dejó de gobernar y está ya agotado,
entre el rebasamiento de los liderazgos
opositores locales por grupos más
radicales todavía, y con las negociaciones
de los partidos en el Congreso de
la Unión que han pospuesto la atención
del problema oaxaqueño para mejores
tiempos por los reacomodos internos
muy propios de la época. ¿Y el Estado
de Derecho qué?
Se ha formado un verdadero cóctel peligroso que, a nuestro
juicio, deberá servir para tratar
de acelerar los cambios y las reformas
políticas donde, además de la segunda
vuelta electoral, deberá contemplarse
el tema de la revocación del mandato
a todos los niveles, para acabar con
los vacíos legales que ahora obstaculizan
la solución de problemas como el que
ocurre en esa entidad. En Oaxaca no
son nuevos los conflictos de la sociedad
con los gobernadores. Por problemas
similares, en enero de 1947, dejó
el poder Edmundo Sánchez Cano; en
agosto de 1952 cayó Manuel Mayoral
Heredia; y en marzo de 1977, Manuel
Zárate Aquino.
No habrá de pasar mucho tiempo antes de que sepamos el desenlace
oaxaqueño. Por lo pronto y considerando
los tiempos, ahora sí que en ese estado
las cosas ya están que arden. ¿Reaccionarán
a tiempo?
Sector agropecuario
Se suspende por tercera vez aval para experimentar
con maíz transgénico. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.web)
Evidentes contradicciones entre las
secretarías de Agricultura y de Medio
Ambiente.
Permisos expuestos en Internet hasta
el día 19 violaban la ley de biodiversidad:
ONG.
Las contradicciones entre las secretarías de Agricultura y
de Medio Ambiente se hicieron evidentes
luego de la suspensión, por tercera
vez, del proceso de autorización de
los permisos para cultivo experimental
de maíz transgénico -que promueven
las transnacionales con apoyo de organismos
públicos-, pues la segunda dependencia
avalaba el proceso a pesar de que
se violaría la Ley de Bioseguridad
y Organismos Genéticamente Modificados
(LBOGM).
Científicos y organizaciones ambientalistas advirtieron en
distintos foros que los permisos que
hasta el 19 de septiembre estuvieron
a consulta por Internet en la página
del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica),
dependiente de Sagarpa, eran violatorios
de la legislación porque, además de
que aún no existía el citado régimen
de maíz, tampoco hay reglamento de
la ley ni se ha instalado el consejo
consultivo que debe avalar esos permisos.
El titular de la Semarnat, José Luis Luege Tamargo, declaró
la semana pasada que el régimen especial
de maíz no era necesario para los
cultivos experimentales y que no significaba
violar la LBOGM. Aseguró que ya se
habían cumplido pasos que en las dos
ocasiones anteriores se habían omitido:
se hizo la evaluación por la Comisión
para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad,
la dependencia ya había otorgado el
dictamen ambiental y autorizado los
estudios, sólo faltaba el aval de
la Sagarpa.
En la cláusula 11 del artículo 2 de la LBOGM se señala textualmente
que se deben definir "las bases
para el establecimiento, caso por
caso, de áreas geográficas libres
de organismos genéticamente modificados
(OGM), en las que se restrinja la
realización de actividades con determinados
OGM, así como de cultivos de los cuales
México sea centro de origen, en especial
del maíz, que mantendrá un régimen
de protección especial". Este
régimen no quedó plasmado en la ley.
La Semarnat, en justificación por la entrega de estos permisos,
argumentó en voz del subsecretario
de Normatividad, José Ramón Ardavín,
que los abogados de la dependencia
ya habían determinado que el régimen
no era necesario y además la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria rechazó
el documento presentado por las dos
secretarías como "régimen especial"
con el argumento de que no había fundamento
legal para emitir ese acuerdo. Aseguró
que la LBOGM "establece el régimen
y enuncia sus características".
La Semarnat dijo que en el caso de los permisos solicitados
sólo se requería la autorización del
dictamen ambiental y el aval de Sagarpa
para que las solicitudes de Monsanto,
Dow AgroSciencies y Pioneer fueran
aprobadas. Los estudios con semillas
de estas empresas están previstos
para realizarse en campos experimentales
de otro organismo público, también
de la Sagarpa: el Instituto Nacional
de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias,
bajo la coordinación de Luis Herrera
Estrella, del Centro de Investigaciones
Avanzadas del Instituto Politécnico
Nacional.
Greenpeace envió una carta al director del Senasica, Javier
Trujillo, en la que le pide corroborar
por escrito las declaraciones de hace
unos días del titular de la Sagarpa,
Francisco Mayorga, quien dio a conocer
la decisión de esa secretaría de "retroceder
en sus intentos por experimentar maíz
transgénico en campo, y es muy probable
que concluya este sexenio sin que
esto ocurra" debido a que aún
no estaba listo el régimen especial
de maíz.
Le pidió aclarar "si estas manifestaciones se entienden
como la decisión política de negar
los permisos para la siembra experimental
de maíz transgénico en el contexto
de las solicitudes de reconsideración
presentadas por tres empresas agro
transnacionales en meses pasados".
Las presiones del sector privado crecieron en las semanas recientes.
Agrobio, asociación en la que están
agrupadas las trasnacionales en México,
mencionó hace unas semanas que en
el mundo el cultivo de maíz transgénico
está creciendo y el país se está quedando
rezagado.
Al importar azúcar, la SE busca reventar la burbuja
especulativa. (Notimex, p.web).
Este año se encareció 60%, dice subsecretaria.
Al permitir la importación de casi 268 mil toneladas de azúcar,
la Secretaría de Economía (SE) pretende
''reventar'' la burbuja especulativa
del precio del insumo para garantizar
el abasto y disminuir su costo, debido
a que en el transcurso del año se
incrementó 60 por ciento.
''Lo que buscamos es reventar esta burbuja especulativa al
invitar, a través de la importación,
a que aquellos que tengan azúcar la
saquen al mercado y no la guarden
a la espera de un mejor precio'',
afirmó la subsecretaria de Industria
y Comercio de la dependencia, Rocío
Ruiz Chávez.
La funcionaria llamó a los productores y compradores directos
a colocar el producto acumulado en
sus inventarios, a fin de equilibrar
el mercado.
Ruiz Chávez calificó de injustificado el incremento del costo
del azúcar, por lo que ''la SE va
a tratar de asegurar el abasto, bajo
cualquier condición, y si se requiere
más (importación), pues tendríamos
que hacerla''.
Afirmó que preocupa a la dependencia el aumento de precios,
pues ''en lo que va del año subió
60 por ciento el precio del azúcar,
y en las últimas tres semanas 25 por
ciento''.
Por eso ''decimos que es una burbuja especulativa, porque no
hay razón para que el costo del endulzante
suba 25 por ciento en sólo tres semanas,
cuando la inflación anual será de
alrededor de 3 por ciento'', argumentó.
Incluso, mencionó que mientras en Estados Unidos el precio
de venta de la tonelada de azúcar
es de 770 dólares, en México es de
900 dólares en promedio ''aunque respecto
del resto del mundo estamos como al
doble del precio''.
La subsecretaria de Industria y Comercio recordó que como efecto
de los desastres que ocasionó el huracán
Katrina en Estados Unidos, los insumos
básicos como el azúcar aumentaron
considerablemente su precio. ''Llegaron
a estar tan altos que convenía exportar
a Estados Unidos y, a su vez, el gobierno
de ese país abrió cupos a todo el
mundo ante la necesidad de importar
para evitar la escasez''.
En esa coyuntura, continúo, México realizó exportaciones a
Estados Unidos por 250 mil toneladas
de azúcar con cero arancel,
e ingresó una cantidad igual de fructosa
al vecino país, previo acuerdo entre
ambos gobiernos.
Con ello, la dependencia federal restableció los canales de
comercio del insumo entre las dos
partes, ya que los cupos anteriores
''eran simplemente ventanas de oportunidad
que se abrieron por causas del huracán''.
Así se realizó la negociación del cupo de las 250 mil toneladas,
''que no afecta el consumo del mercado
mexicano, porque cuando salen 250
mil toneladas de azúcar, entran 250
mil de fructosa'', sostuvo.
Organizaciones campesinas
Rechaza la CNC la pretensión de Forbes de que se
privatice el sector energético. (La Jornada, Emir Olivares, p.web).
Es una visión ''equivocada y absurda
del nuevo México'' que diseñan los
neoliberales.
Instruye Ramírez López a diputados
de esa central para frenar una iniciativa
en ese sentido.
La pretensión del grupo económico reunido por Forbes de privatizar
el sector energético mexicano es una
visión ''equivocada y absurda del
nuevo México'' que diseñan los neoliberales,
aseveró el dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Heladio
Ramírez López.
Ante la reunión secreta que mantuvieron en días recientes empresarios
del país y algunos de los principales
mandos de Forbes, el dirigente campesino
instruyó durante una reunión privada
a los diputados de esa central para
''frenar'' cualquier intento de privatización
energética, pues la CNC rechaza ''totalmente''
esas pretensiones.
Dijo que el sistema neoliberal y sus impulsores diseñan un
proyecto de país basado en las llamadas
reformas estructurales, las cuales
''sólo buscan despojar al pueblo de
sus más preciadas riquezas y hundirlo
en la miseria''.
Tras la reunión con los legisladores cenecistas, Ramírez López
resaltó que al trascender el encuentro
de empresarios con representantes
de Forbes, se demuestra que los mexicanos
''estamos frente a presiones de las
grandes corporaciones multinacionales
y de los intereses del imperio que
ponen en juego la soberanía y nuestro
proyecto de nación, lo cual no podemos
permitir''.
El dirigente campesino señaló que para la CNC los preceptos
constitucionales establecidos en los
artículos 25, 27 y 28 de la Carta
Magna ''son firmes columnas que soportan
los principios de nuestra soberanía
y el fundamento del desarrollo económico
nacional''.
Consideró que el país enfrenta una ''grave imposición'' de
un modelo económico que limita las
capacidades de pensar; por ello, aclaró
que la CNC no aceptará que las decisiones
sobre el futuro de la nación ''vengan
de arriba o, peor aún, de fuera'',
pues los planes de desarrollo deben
nacer con la participación del pueblo
y de la propia realidad campesina.
En vísperas de celebrar el aniversario de la nacionalización
eléctrica, el próximo 27 de septiembre,
Ramírez López exhortó a los trabajadores
de esa industria y a los mexicanos
nacionalistas a organizarse para impedir
la privatización ''silenciosa y subrepticia''
de Petróleos Mexicanos y de la Comisión
Federal de Electricidad, la cual durante
la administración foxista ''se fue
impulsando en ambas paraestatales
a través de los llamados contratos
derivados''.
Afirmó que quienes conducen el país ''intentan despojarnos''
de los principales recursos estratégicos,
pues hoy día México depende de su
propia producción de energéticos,
y ''la única posibilidad'' de mantener
el proyecto constitucional es impedir
la privatización de Pemex y la CFE,
''porque los recursos naturales son
de México y sólo los mexicanos deben
beneficiarse de su racional explotación''.
Pedirán a Calderón revise con lupa TLC. (Excélsior, p.8).
Puebla, Pue.- La CNC exigirá al presidente electo Felipe Calderón
mediante sus senadores del PRI, una
revisión al capítulo agropecuario
del TLC, afirmó el ex senador y aspirante
a dirigir la central campesina, Jesús
Morales Flores.
Prensa Estatal
En Chiapas se crearon leyes para evitar expulsiones:
Comisionado. (Chiapas Hoy,
p.web).
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sept de
2006.- El
Comisionado para la Reconciliación
de las Comunidades en Conflicto, Juan
González Esponda, subrayó que gracias
al Gobierno del Estado fueron creadas
desde el 2001, las leyes para evitar
expulsiones, conflictos intercomunitarios
y agresiones a niños por diferencias
políticas y religiosas en comunidades
que en otras administraciones se suscitaban
constantes enfrentamientos.
A prácticamente seis años de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía,
ha contribuido en el fortalecimiento
de la Paz y la tranquilidad en las
comunidades en conflictos, ahora se
encuentran las comunidades en un ámbito
de convivencia y armonía que en el
pasado eran los principales actores
en los enfrentamientos entre las comunidades.
“Hoy en Chiapas se palpa la tranquilidad y la certidumbre,
que en los últimos 36 años no se había
sentido, los conflictos que se vivían
en administraciones pasadas están
registradas en la historia de nuestro
estado, enfrentamientos por problemas
de tierras, intercomunitarios,
expulsiones violentas por cuestiones
religiosas, asesinatos, secuestros
entre otros”, recordó Juan González
Esponda.
En este sentido el Comisionado para la paz en comunidades en
Conflicto subrayó que con la nueva
Ley que fue creada dentro del marco
de respeto a los usos y costumbres
para su aplicación, a partir del 2001,
la paz y la armonía volvió al estado
de Chiapas.
“La enseñanza de esta nueva Ley de los chiapanecos, nos ha
enseñado a dirimir nuestras diferencias
en un marco de diálogos y la pluralidad,
clave que ha servido para este gobierno
acabar de un tajo los conflictos en
las comunidades”.
Finalmente Juan Gonzáles Esponda destacó que todos los chiapanecos
debemos de poner el ejemplo a nivel
nacional, y se deben de retomar las
políticas que han sido exitosas por
quienes en un futuro próximo vienen
a gobernar a nuestro estado para que
se le de continuidad al progreso y
desarrollo de Chiapas.
Las Autoridades y Constructoras Causan Daños a
Ejidatarios de Raymundo Enriquez. (El Orbe,
Alberto de la Cruz, p.web).
Tapachula, Chis.- La Secretaría de Obras Públicas Municipales,
el edil Angel Barrios Zea y el Instituto
de la Vivienda del Estado (INVI),
al autorizar la obra de viviendas
"Vida Mejor", con el declive
de aguas fluviales hacia la carretera
y parcelas del ejido Raymundo Enriquez,
con las lluvias se han desbordado
los drenes, deterioran la carretera
y causa enormes daños en los terrenos
y perjuicios en los cultivos de los
ejidatarios.
Lo anterior fue denunciado ayer por Eleazar Bezares García,
Yolanda Pérez García, Francisco López
Domínguez, Ethelvina Bezares, entre
otros, quienes precisaron que desde
el inicio de la obra les previeron
a las autoridades y constructoras
los daños a terceros porque con ese
declive que daban se inundarían las
parcelas, pero los ignoraron, por
lo que nos organizamos para bloquear
en cualquier momento accesos, la obra
y será hasta que haya solución.
Explicaron que los escurrimientos de aguas pluviales y el relleno
de drenes para el paso de camiones
y maquinaria de las constructoras,
hizo primeramente que las corrientes
de lluvias de la semana pasada desbordaran,
inundó y causó daños al albergue Jesús
el Buen Pastor así como a la parcela
de Oscar Bezares, donde destruyó la
cerca principal y parte del corral
que dá a la carretera al ejido.
Añadieron, esas aguas que se convirtieron en arroyo y que irresponsablemente
nos aventaron, también destruyó un
puente de material, socavó gran parte
del terreno nivelado para construir,
causó pérdidas al taponar los canales
de riego, dañó cultivos de hortalizas,
árboles frutales e igualmente hizo
estragos en las demás parcelas y el
mismo centro de población ejidal.
Indicaron, el problema se planteó con las autoridades municipales
y del INVI que dieron la autorización
de la obra, y dijeron que luego lo
resolverían, pasó el tiempo y con
las lluvias empezamos a ver las primeras
inundaciones por lo que se habló con
el responsable de la constructora
TECHISA y el dueño Guillermo Cancino,
dijo que pondría solución pero no
hizo nada.
También se habló igual con Jesús Chay, de la constructora Diterza
y el responsable de la constructora
Ramayo González, solo nos escucharon,
pero no actuaron para remediar lo
que preveíamos y ahora que están los
daños y perjuicios, exigimos pago
de las afectaciones y se corrijan
las fallas de los escurrimientos de
aguas del fraccionamiento de damnificados
hacia las parcelas.
Afirmaron, como vemos que poco les ha importado a las autoridades
municipales, del estado y a las tres
constructoras las afectaciones que
nos hacen y pese a los reclamos hacen
oidos sordos, en asamblea ejidal se
determinarán las acciones drásticas
que hemos consensado por los daños
severos que empezamos a sufrir y los
riesgos de inundación del poblado
que se han empezado a ver.
Recordaron que cuando supieron de las viviendas que se harían
para damnificados estuvieron pendientes
para evitar problemas y en ese momento
las autoridades señalaron que ampliarían
y reconstruirían la carretera al ejido,
misma que han deteriorado más, no
hay apoyo y luego supimos que por
ley se obligan constructoras a dar
un 5 por ciento, por lo que exigimos
ese beneficio para nuestra comunidad.
Señalaron los ejidatarios que los terrenos fueron vendidos
por Manolo Martínez al dueño del fraccionamiento
Los Cafetales y otra parte parte al
gobierno estatal para las viviendas
de los damnificados y ahora vemos
que no se donó algo para ampliar la
carretera como habían dicho y encima
de destruirla, nos echan los escurrimientos
de aguas que nos están causando pérdidas,
pone en riesgo los bienes y vida de
todos los ejidatarios.
ESTADO DE MÉXICO
Huyó familia del Edomex. (Unomásuno, p. 36).
Gregorio Nicolás Herrera y su familia
fueron desterrados por los caciques
de la zona de Jilotepec, Estado de
México, al ser despojados de sus tierras.
Ni el gobernador, ni el procurador,
así como el magistrado Díaz de León,
del Tribunal Unitario Agrario,
los han atendido por la corrupción
que existe en el estado.
GUERRERO
Desde Acapulco. (La Prensa,
Andrés Bustos, p.70).
Andrés Bustos en su columna Desde
Acapulco señala que durante su visita
de Ajuchitlán, en el ejido de El Balcón,
de la parte más agreste habitada por
una población muy rezagada, el Ejecutivo
local firmó un convenio de colaboración
con ejidatarios y comuneros para instalar
y operar una fábrica de muebles escolares
con el que el gobierno habrá de equipar
planteles en las siete regiones del
estado. ¡crear empleo y arraigo campesino!.