CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Toma ‘La Familia’ ley en Michoacán

Presume la PGR que los “Zetas” son los responsables de la amenaza pública.

 

Comicios en México, de los más caros, alerta UE

Presenta la Unión Europea informe; emite 49 recomendaciones.

 

Evitarán ganancias excesivas en afores

Legislarán para transparentar rendimientos netos.

 

Sin pendientes en la banca: Gil Díaz

Fueron desahogadas todas las peticiones de cadenas comerciales.

 

La Cámara se despacha en gastos con la cuchara grande

Pide aumentar 11% su presupuesto.

 

AMLO coincidió con la derecha: Cárdenas

“Nunca vi un fraude sistemático; hubo manos de todos lados, no sólo de Fox”, dice en entrevista.

 

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL

PRD, al rincón

La mesa directiva de San Lázaro planea acorralar a los perredistas en la parte trasera del salón de plenos; prevé instalar una banda de guerra y macetas.

 

Prepara GDF alza del Metro a 3 pesos

La directora del SCT propone a la ALDF encarecerlo 50%.

 

Frenan recorte a los estados

Intercede Calderón para les devuelvan $49 mil millones de Apoyo a Entidades Federativas.

 
López Obrador afecta el prestigio de México: UE

La misión europea de observación dio a conocer su informe sobre el proceso electoral de julio.

 

Sector agrario

 

Presenta Calderón su gabinete social. (El Universal, Sergio Javier Jiménez, p.web)

Viernes 24 de noviembre de 2006.

07:58 El presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, anunció los nombres de los seis integrantes de su administración para el sexenio 2006-2012, en el rubro social.

El próximo mandatario mexicano invitó a trabajar con él a Josefina Vázquez Mota, en la Secretaría de Educación Pública; a Beatriz Zavala Peniche, en la Secretaría de Desarrollo Social; a José Ángel Córdoba Villalobos, en la Secretaría de Salud; a Alberto Cárdenas Jiménez, en la Secretaría de Agricultura y a Juan Rafael Elvira Quesada, en la Secretaría del Medio Ambiente.

En el cargo de secretario de la Reforma Agraria, invitó a repetir en el puesto al actual titular, Abelardo Escobar Prieto.

En su mensaje el futuro presidente de México indicó que el reto de los seis secretarios del sector social es “igualar oportunidades, la política social del gobierno estará encaminada a que todos los niños, sin importar regiones donde nazcan, barrio o comunidad, religión o ingreso de sus padres, o preferencia política, tenga las mismas oportunidades para desarrollo”.

Calderón Hinojosa expresó su confianza en que los funcionarios designados “cumplirán con eficacia y capacidad las tareas encomendadas y darán lo que México exige, entrega y devoción para un país más justo y equitativo, con igualdad de oportunidades para el desarrollo”.

El presidente electo calificó al grupo de próximos secretarios de Estado como políticos con formación profesional, experiencia, capacidad, valores éticos y lealtad para el proyecto que encabezará.

Informó que ya les dio instrucciones de ponerse en contacto con los secretarios salientes para concluir los trabajos de entrega recepción a fin de alcanzar las metas propuestas.

“Pido a los secretarios estar en estrecho contacto con el Congreso y con los legisladores, respetar su investidura y construir a acuerdos para la generación de clima un clima de diálogo entre poderes”.

 

Perfil: Abelardo Escobar Prieto. (El Universal, p.web).

 

Abelardo Escobar Prieto es agrónomo por la Escuela Superior de Agricultura "Hermanos Escobar" (ESAHE) de Ciudad Juárez, Chihuahua, institución académica donde ha sido docente por veinte años. Cuenta con un posgrado de Maestría en Ciencias por la New Mexico State University de Las Cruces, Nuevo México.

Dentro de su larga experiencia académica, profesional y política, destaca su paso como Director General de su alma mater, cargo que ejerció durante tres años consecutivos, hasta 1976.

Fungió como Representante de la ESAHE en la Asamblea Constituyente de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior --organismo nacional que agrupa a todas las Escuelas Superiores de Agricultura del país y a los Colegios de Graduados de las mismas-- y su posterior representante en sucesivas reuniones anuales, la cual presidió en el año de 1976.

Fue Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez y, dentro de su carrera parlamentaria, destaca su ejercicio, durante la LVIII Legislatura, como Diputado Federal de Representación Proporcional de la 2ª Circunscripción, en donde formó parte de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Rural --de la cual fue Secretario-- y, por unos meses, de la Comisión Especial de Ganadería.

Hasta antes de ser nombrado Secretario de la Reforma Agraria por el presidente Vicente Fox, en abril de 2006, se desempeñó como Director en Jefe del Registro Agrario Nacional.

 

Monitoreo. (Once Noticias, Canal 11, p.web)

Las autoridades de Morelos explicaron que como parte del acuerdo, cedieron 48 hectáreas que se encontraban en disputa, mientras que la Secretaría de la Reforma Agraria entregó más de dos millones de pesos al gobierno de Puebla como compensación por 120 hectáreas.

 

Hartos de promesas, toman oficinas de Reforma Agraria. (El Sol de México, p. B5)

Culiacán, Sin.- Cientos de campesinos del norte del Sinaloa, tomaron las oficinas de la Reforma Agraria para demandar soluciones a rezagos que por más de 30 años se tienen en materia de tenencia de la tierra y que se han convertido ya en una bomba de tiempo para el Gobierno federal.

 

Campesinos de Tamaulipas exigen dotación de tierras. (La Jornada, p.web)

Ciudad Victoria, Tamps. Aproximadamente 50 campesinos de los municipios de Aldama y Soto La Marina bloquearon una avenida de esta capital en demanda de que el Registro Agrario Nacional (RAN) cumpla las resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario Agrario, de dotar de 554 hectáreas al ejido Ocho de Mayo. A finales de octubre pasado, los quejosos ocuparon las instalaciones del RAN y golpearon al delegado de la dependencia, Rafael Salazar de León, a quien acusan de favorecer a Manuel Ravizé Matienzo, hijo del ex gobernador Manuel A. Ravizé. Hoy dijeron que "las afectaciones de los campesinos se ubican en la zonas donde se prevén construcciones de proyectos carreteros, y además son de las mejores tierras de la costa tamaulipeca".

 

Campesinos sin Respuesta a sus Demandas Agrarias. (El Orbe. Gustavo López, p.web)

En este año las agrupaciones de campesinos que han estado luchando por la tenencia de la tierra no tuvieron respuesta por parte de las autoridades agrarias, afirmó Francisco Roblero Robles, coordinador estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCEM).

Explicó que el único grupo que tuvo respuesta fue el denominado Belisario Domínguez en el municipio de Escuintla, mientras tanto en la Costa no hubo apoyo de las autoridades.

Mencionó que los han enviado a Pueblos Indios pero ahí no hay avance, porque este asunto le corresponde directamente a la Reforma Agraria, dentro del programa de compra de tierras.

Dijo que en este año ya no hay forma de que se resuelvan estos problemas, ya que para el próximo 27 a 28 de este mes sostendrán reuniones con autoridades, pero no se espera que haya mucho avance, por lo que son temas que quedarán pendientes para el nuevo gobernador.

Son alrededor de 7 grupos agrarios, más los que se adhirieron hace unos meses, además que existen grupos en las diferentes colonias, y más en la parte alta del municipio de Tapachula.

Además dijo que continuarán con las demandas de antaño vienen haciendo y se espera que para este próximo año, por la tenencia de la tierra, así como la demanda de liberación de los presos por invasión de tierras, y demanda de tarifa preferencial de energía eléctrica.

Exigen a la SCT el pago de 35 millones de pesos. (Novedades Quintana Roo, Samuel Caamal, p.web)

Cierran ejidatarios carretera federal.

Buenavista, Quintana Roo, 23 de noviembre, 2006.-Alrededor de 300 ejidatarios de Buenavista bloquearon por más de tres horas la carretera federal Chetumal-Cafetal, lo que provocó largas colas de vehículos que alcanzaron incluso los ocho kilómetros. El motivo obedece a que la federación no les ha indemnizado 35 millones de pesos, por el concepto de derecho de vía en 35 hectáreas ejidales por la ampliación de dicho tramo carretero. Ejidatarios de Buenavista en el Ayuntamiento capitalino bloquearon el tramo carretero Chetumal-Cafetal en demanda de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes pague los 35 millones de pesos que adeuda por la expropiación de 35 hectáreas de tierra en las que se construyó la carretera de cuatro carriles que comunica a la zona sur con la zona norte de Quintana Roo. Al respecto, Rosario Ortiz Yeladaqui, secretaria de Gobierno en el estado, aseguró que se harán los trámites para que estas gentes reciban el dinero que por derecho les corresponde; sin embargo, comentó que el Gobierno se encuentra en desacuerdo con esta determinación, debido a que el bloqueo de las vías de comunicación constituye un delito grave.

De acuerdo a los datos recabados en el lugar de los hechos, la manifestación y bloqueo de carreteras federales inició en punto de las 12 horas del pasado miércoles, donde participaron alrededor de 184 ejidatarios que se encontraban acompañados de sus familias, mismos que demandaban el pago de los 35 millones de pesos que fueron autorizados como indemnización por el Tribunal Agrario Unitario por la utilización de 35 hectáreas de terreno. En este sentido, es importante mencionar que los ejidatarios detallaron que tomaron dichas acciones porque desde el 2004 se ha portado indiferente la federación ante el adeudo a los ejidatarios en este sentido. Alrededor del medio día fue cuando los habitantes de Buenavista (300 personas), bloquearon el tramo carretero con piedras, palos y autos de los mismos ejidatarios en los dos carriles de acceso. Generando una fila de autos tanto de tramo Chetumal-Cancún como viceversa de casi seis kilómetros en cada lado, afectando a casi 600 automóviles de cada carril por más de tres horas. Y es que a decir del comisariado ejidal de la comunidad, Crecencio Ikai Chai, ya han dialogado con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero al parecer a nadie le importa resolverles el problema.

Posteriormente varios de los conductores y transportistas afectados por dicho cierre carretero, trataron de negociar con los inconformes para que dejaran pasar a varias de las personas que tenían productos perecederos o que transportaban a sus enfermos, caso que no se concretó porque los rijosos mantuvieron una postura intransigente. Luego poco más de una hora y media de haber cerrado el tramo carretero, llegaron autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria en Quintana Roo (Marisol Balado), y el encargado de las oficinas de la SCT en esta parte de la entidad, Eduardo Rodríguez Abreu, quienes en un principio recibieron rechazo por los habitantes de la comunidad ante el tiempo en que tardaron en llegar al sitio. Y luego porque no tenían forma alguna de garantizar el pago de los terrenos antes mencionados y por tanto es que no dejarían pasar a ningún auto si no quedaba estipulado en un documento. Ya casi rayando las 15 horas con ocho minutos se llegó a un acuerdo entre las partes por que se decidió reabrir el tramo carretero, quedando establecido que para mediados de febrero del 2007 se tendrá que haber indemnizado el pago de los 35 millones de pesos a dichos ejidatarios, ya que de lo contrario se tomarán acciones más graves para que se haga cumplir lo estipulado en el acuerdo.

Como dato curioso es importante mencionar que varios de los automovilistas que tenían emergencias médicas o de vuelos tanto en Chetumal como en Cancún, respectivamente, intercambiaron coches para cumplir con dichos compromisos impostergables. Además al lugar llegaron cuerpos tanto de la Policía Federal Preventiva como del grupo de granaderos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales se mantuvieron a la expectativa de los acontecimientos.

 

Bloqueo temporal de la carretera Chetumal-Cancún. (Por esto!, p.web)

Chetumal-Cancún

Buenavista, Othón P. Blanco.- Al medio día de este miércoles, aproximadamente 149 ejidatarios de la comunidad de Buenavista bloquearon la carretera federal Chetuma-Felipe Carrillo Puerto, en reclamo por la falta de pago –desde hace ya cuatro años– de 35 millones de pesos por concepto de la expropiación de derecho de vía de 35 hectáreas propiedad del ejido, por la ampliación de esta vía de comunicación. Sin embargo, luego de tres horas fue nuevamente abierta tras llegar a un acuerdo con el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado, Eduardo Rodríguez Abreu, para finiquitar el adeudo en el mes de febrero de 2007. Alrededor de las 10 de la mañana los ejidatarios y habitantes de Buenavista acudieron a la casa ejidal de esta comunidad en donde se les realizó el pase de lista, para posteriormente dirigirse a la carretera federal, a fin de juntar troncos y rocas con las que bloquearían la vía de comunicación en ambos sentidos. Al medio día, como estaba previsto, los hombres del campo, ondeando banderas rojas, empezaron a colocar troncos y piedras en ambos sentidos de la carretera federal Chetumal–Carrillo Puerto. Asimismo, colocaron mantas donde manifestaban su inconformidad por la falta de pago del derecho de vía por la afectación de 35 hectáreas ejidales con la modernización de la vía de comunicación. Una de ellas, decía: "Esta es una manifestación pacífica en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el estado se deslindó de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) a favor del ejido Buenavista, urge el pago". El comisariado ejidal de la población, Crecencio Ik Chai, expresó que esta manifestación pacífica responde a la falta de pago del gobierno federal de 35 millones de pesos por la expropiación del derecho de vía de 35 hectáreas de tierra propiedad de Buenavista.

"Ya tenemos más de cuatro años peleando la indemnización por la afectación de nuestras tierras ejidales. Tenemos fundamentos de que el TUA ya dio la resolución favorable para que el gobierno federal le pague a Buenavista, que es lo que estamos esperando", explicó. Hasta el momento, dijo, no han tenido acercamiento con el gobierno del estado para que funja como intermediario en la solución de este conflicto ejidal, pues en el sexenio pasado no tuvieron ningún apoyo del ex mandatario Joaquín Hendricks Díaz.  "Por lo mismo no hemos acudido con el actual, porque los propios habitantes del poblado han perdido confianza en sus autoridades estatales, por la mala experiencia del sexenio pasado", apuntó. Una hora después arribó a la zona conflictiva el encargado en la zona sur de la Policía Federal Preventiva (PFP), sección Caminos, quien inició un diálogo con los campesinos para llegar a un acuerdo y dejar libre el paso vehicular. Sin embargo, éste fue abucheado por los ejidatarios, por lo que optó por retirarse del lugar y esperar las órdenes de sus superiores, quienes estaban monitoreando lo que sucedía a través de un micrófono que tenía en su uniforme. Transcurridas dos horas, llegó al lugar el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado, Eduardo Rodríguez Abreu, así como la subsecretaria de Gobierno, Marisol Balado Esquiliano.

Tras una charla de varios minutos entre el comisariado ejidal y los pobladores, plasmaron en un documento el acuerdo por el cual la SCT se compromete a liquidar a más tardar en el mes de febrero de 2007 los 35 millones de pesos. El escrito señala: "siendo las tres de la tarde de este miércoles, reunidos en la carretera federal Chetumal–Felipe Carrillo Puerto, a la altura del poblado de Buenavista, en presencia del comisariado Crecencio Ik Chai, y el encargado del centro SCT en el estado, Eduardo Rodríguez Abreu, como testigo la delegada del Registro Agrario Nacional (RAN), Alicia Ricalde Magaña, y la subsecretaria de Gobierno, Marisol Balado Esquiliano, llegaron al siguiente acuerdo: "La afectación de 35 hectáreas de tierras del ejido Buenavista serán pagadas en la primera semana del mes de febrero del 2007, aclarando que si esta situación no se cumple se tomarán medidas más drásticas que el bloqueo de carreteras". De esta manera tras firmar este documento, y luego de tres horas de bloqueo, finalmente fue reabierta la circulación en esta vía federal. También hicieron acto de presencia varias unidades de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Judicial del Estado (PJE), que estuvieron en guardia por si se registraba algún acto delictivo o agresión entre los automovilistas y manifestantes.

 

Reportaje: Los aliados de la Sierra. (Milenio Diario, p.web)

Las viudas que la APPO recogió.

La vida en las comunidades de Oaxaca transcurre entre la pobreza y la migración. La lista de agravios acumulados no acaba ahí: 26 viudas de una matanza ocurrida hace cuatro años siguen clamando justicia.

Eran las ocho de la noche del 31 de mayo de 2002 en la Sierra Sur de Oaxaca. Amontonados en un camión de volteo, 30 indígenas de la comunidad de Santiago Xochiltepec se dirigían a laborar al aserradero La Cofradía, ubicado en San Pedro El Alto, Zimatlán de Álvarez.

Apenas pasando el paraje de Agua Fría –hoy más frío y desolado que nunca– un grupo comenzó a disparar. Menos de media hora después, gran parte de "la carga" (26 hombres, 26 trabajadores, 26 padres de familia) ya se encontraba completamente abandonada a mitad del camino agreste.

Muchos cuentan por aquí que esa noche, la noche de los 26 muertos, ha sido la noche más larga en toda la historia de la Sierra Sur oaxaqueña. Y vaya que este sitio habitado desde hace miles de años por pueblos indios amuzgos, chontales, triquis, mixtecos y chatinos, tiene de por sí una historia llena de noches abismales y oscuras.

"Todavía duele aquí", dice tocándose el pecho a la altura del corazón una de las 26 viudas que junto con 86 huérfanos dejó aquella matanza aún no esclarecida. En este otoño de 2006, esta mujer menudita, pobre y triste es una de las que decidió pedir el apoyo de la APPO. Lo hace, dice, porque ya no cree en las promesas de autoridades federales, como Xóchitl Gálvez, quienes enviaron hace tiempo "personas para ayudar, pero no ayudaron".

"Nunca hicieron nada, nunca nos dijeron la verdad como era. Por eso nos metimos en la APPO, a ver si ahora sí dicen que nos van a hacer caso", cuenta. Y mientras ella y otras acudieron a este extraño magma de personas, grupos y organizaciones que tienen en común su oposición (y resentimiento) en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz (y de lo que ellos suponen que representa), los otros, los asesinos de sus esposos, los autores de la emboscada, según cuentan en el pueblo, están protegidos por el PRI. "Pues los que mataron en Agua Fría son los que ahora se fueron a marchar a Oaxaca y al DF a favor del gobierno y del Gobernador de Oaxaca", explica uno de los ancianos de Santiago Xochiltepec. "¿Cómo no vamos a estar en contra de los gobiernos?", dice, para luego sentenciar: "Nomás nos chingan y nos chingan", repite.

Hace unos días la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos presentó un reporte advirtiendo que si "hace cuatro años el contexto era de fuertes conflictos y enfrentamientos entre comunidades de la Sierra Sur, hoy esto no ha cambiado mucho y sigue siendo una de las zonas más pobres y olvidadas del estado de Oaxaca y una de las más marginadas de México".

Por eso da la impresión, cuando uno visita fugazmente estas comunidades lejanas, que hace cuatro años y ahora, que ayer como hoy, algo le sucede al estado de derecho en Oaxaca.

Que el 31 de mayo de 2002, la matanza de Xochiltepec puso en evidencia una serie de rezagos institucionales que hoy parecen vigentes: la impunidad (que se ve en el llanto de las viudas clamando justicia), el olvido en que viven pueblos y comunidades indígenas (la mayoría de familias consiguen ganar menos de 100 pesos por semana), la actuación parcial e insuficiente de las instituciones de procuración y administración de la justicia (los trabajadores del Ministerio Público regional son amigos de dos de los sospechosos de la matanza) y la inexistencia de la justicia (las mismas viudas dicen que algunos de los detenidos son inocentes y oficialmente no hay un culpable de los hechos hasta el momento).

Es así como a la distancia, en un contexto de guerra entre opositores y el gobierno estatal, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos enlista una serie de criticas que a la vez son advertencias para que lo del 31 de mayo del 2002 no ocurra en cualquier día por venir:

"1. La parcialidad e indiferencia de las autoridades ante la demanda de solución de los conflictos agrarios, en el caso de Xochiltepec y de muchas comunidades indígenas que enfrentan situaciones similares. 2. La inacción de las autoridades estatales y federales que provocó un acto más de impunidad en Oaxaca, ante la violación de derechos fundamentales reconocidos en tratados y convenios internacionales, entre ellos el derecho a la justicia, a un debido proceso y protección judicial a las víctimas de la violencia, así como una efectiva reparación del daño. 3. La detención de personas inocentes para dar la apariencia de agilidad en las investigaciones, cuando en realidad se trata de meros chivos expiatorios".

Para la Secretaría de la Reforma Agraria, el conflicto en Xochiltepec ya quedó resuelto y es uno de los focos rojos desactivados por la administración de Fox.

 

Diario Oficial. (Notimex, p.web)

La Secretaría de la Reforma Agraria publica un decreto por el que se expropia parte de un terreno en el municipio de Los Aldamas, Nuevo León; una resolución que declara como terreno nacional un predio en San Luis Río Colorado, Sonora, y dos avisos de deslinde en Celestún, Yucatán, y San Ignacio, Sinaloa.

 

Senadores defienden ante la OCDE subsidios al agro. (El Financiero, p.21).

Senadores de la República aceptaron parcialmente las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las políticas agropecuarias y pesqueras del país. Con el propósito de cambiar la opinión de sus interlocutores, Stefan Tangermann aseguró que una reforma sobre la tenencia de la tierra permitirá garantizar certeza jurídica a la inversión y, por consecuencia, abrirá la llave del crédito.

 

 

 

Exige ONG chiapaneca buscar a 4 indígenas desaparecidos tras ataque. (La Jornada, p.web)

San Cristóbal de Las Casas, Chis.- La organización Maderas del Pueblo del Sureste exigió al presidente Vicente Fox y al gobernador Pablo Salazar que realicen todo lo necesario para ubicar a cuatro indígenas de Viejo Velasco Suárez desaparecidos durante el ataque que 300 hombres de Nueva Palestina y otros poblados de la selva lacandona perpetraron contra esa comunidad. En una carta pública, demandó que se intensifique la búsqueda de Mariano Pérez Guzmán, Pedro Núñez Pérez, Miguel Moreno Montejo y Juan Peñate Montejo en localidades aledañas, donde podrían estar retenidos o, en caso de haber sido asesinados, podrían haber enterrado clandestinamente sus cuerpos. Pidió que se informe pública y periódicamente de los avances en las investigaciones.

 

Sector agropecuario

 

Es “papa caliente” sector azucarero. (Reforma, p.web)

En el sexenio de Fox, por temor al costo político, se trataron con timidez los grandes problemas del campo y se usaron recursos para contener conflictos sociales y partidistas, como el azucarero, afirmó Francisco Mayorga, Secretario de Agricultura. Reconoció que el problema azucarero es una "papa caliente" para el próximo Gobierno. "Por costos políticos y presión social, la expropiación de ingenios no se hizo de manera integral, es decir, modificando las condiciones generales del sector azucarero, lo que implicaba un cambio en el Contrato Ley con los trabajadores y una ley para los productores".

 

Respaldo internacional a azucareros. (La Jornada, p.web).

Representantes del sector azucarero de 11 países emitieron ayer una resolución para apoyar en forma incondicional la huelga de los trabajadores azucareros de México, la defensa de su esquema de jubilación y el respeto a su contrato ley. En el contexto de la tercera conferencia latinoamericana de trabajadores de la industria azucarera, que se lleva a cabo en nuestro país, el pleno de delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y otras naciones resolvió "invitar al gobierno de México a respetar y hacer respetar las conquistas adquiridas mediante la negociación colectiva".  

 

Pide García de Alba invertir más en comunidades rurales. (La Jornada, p.web).

El secretario de Economía, Sergio García de Alba, invitó al sector empresarial a invertir más en las comunidades rurales e indígenas para ''convertirlas en plataformas'' para desarrollar nichos de mercado en la producción de alimentos orgánicos y el desarrollo del turismo alternativo, actividades que, dijo pueden ser fuentes de progreso para más de 180 mil pequeñas comunidades que por su dispersión geográfica ''no se han incorporado al desarrollo regional''.

 

Piden diputados indagar a Diconsa. (Reforma, p.web).

Diputados de las fracciones parlamentarias del PRD, PAN y del PRI manifestaron su preocupación por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de Diconsa, por lo que de ser necesario solicitarán la creación de una comisión especial para investigar el caso. La legisladora perredista Valentina Batres informó que su grupo parlamentario, a través de la Comisión de Desarrollo Social, pedirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe preliminar sobre la investigación que realizan al órgano desconcentrado de la Sedesol. "Vamos a pedir el resultado previo. Puede ser que abramos una comisión especial para investigar qué ocurrió en ese organismo, dependiendo de qué tan grave es el dato que nos arroje la auditoría", indicó.

 

Para salvar al campo. (El Universal, p.web).

José Luis Calva comenta que salvemos al campo para salvar a México", fue el lema de las movilizaciones campesinas que constituyeron el foco de agitación social más sobresaliente de México durante los primeros meses de 2003. Sus exigencias específicas fueron renegociar el capítulo agrícola del TLCAN e instrumentar una política integral de fomento agropecuario; y aunque la mayoría de sus organizaciones suscribieron entonces el Acuerdo Nacional para el Campo, que ofreció atender sus demandas, ninguna de sus propuestas principales ha sido resuelta, de modo que forman parte de la herencia que recibirá el próximo gobierno.

 

Hacia un nuevo sistema financiero rural. (El Financiero, p.web).

Isabel Cruz Hernández, de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Rural comenta que el acceso al crédito para los pequeños agricultores familiares y los pobres rurales depende de la existencia de un sistema financiero incluyente.

 

Prensa Estatal

 

ESTADO DE MÉXICO

 

Sagarpa revisará los derechos de propiedad en el campo. (El Día, p.6).

Toluca, Edomex.- El gobierno federal consideró necesario revisar los derechos de propiedad en el campo, no sólo de la tierra, sino también del agua, los bosques y los agostaderos para que los dueños puedan tener más certidumbre sobre sus bienes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al gobierno mexicano que avance en la eliminación de la propiedad comunal de la tierra y el agua.

 

GUERRERO

 

No darle recursos hasta no transparentar el proyecto La Parota, plantean en la Cámara. (El Sur de Guerrero, Gaudencio Mejía, p.web).

El diputado federal del PRD Modesto Brito González presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo sobre la hidroeléctrica La Parota en el que solicita una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El guerrrerense planteó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no apruebe recursos públicos del ejercicio fiscal 2007 para el citado proyecto “en tanto no se trasparenten las acciones realizadas por la CFE en los últimos tres años y se reformulen, en todo caso, los procedimientos de relación con los posibles pobladores afectados”.

También propuso solicitar una auditoría, investigación, análisis, evaluación y seguimiento del proyecto hidroeléctrico, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Asimismo, Brito González hace referencia a la propuesta de César Flores y Marco Antonio Bernal, pues indica que “en caso de constituirse la Comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, se propone integra un diagnóstico actual de la zona del impacto de la obra, su situación legal, social y montos económicos ejercidos por la CFE en el proyecto y gastos federales relacionados con el mismo”.

También solicitó la realización de los avalúos de las tierras a valor comercial y de los bienes distintos a éstas, dictaminados por distintas instituciones bancarias, para el conocimiento de los afectados.

Y por último la elaboración del diseño institucional para garantizar de inmediato el posible pago y restitución de bienes materiales e indemnizaciones y de los métodos vinculantes de participación comunitaria.

En tanto, trascendió que el punto de acuerdo sobre el mismo tema que adelantó en la Gaceta Parlamentaria el diputado César Flores Maldonado no será presentado, pero éste dato no se pudo precisar por la inasistencia del perredista en la Cámara, pues convalece problemas de salud.

Ambas propuestas que estaban anunciadas se contraponían una con otra a pesar del ser del mis asunto y del mismo grupo parlamentario. La propuesta de César Flores está dirigida a buscar un punto de conciliación entre simpatizantes y opositores al proyecto, mientras el otro que propone Modesto Brito, exige transparencia y rendición de cuentas a los artífices del proyecto o de lo contrario no aprobará los recursos públicos para el proyecto.

Asimismo, trascendió que aunque el diputado César Flores no vaya a presentar su punto de acuerdo, esta misma propuesta sí será presentada ante el pleno por el diputado priísta Marco Antonio Bernal, quien elaboró desde un inicio la propuesta con Flores Maldonado. Marco Antonio Bernal es diputado federal por el estado de Tamaulipas y es cercano al ex presidente Ernesto Zedillo y al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub y por ende el legislador tiene interés en que la propuesta de una Comisión Especial sobre La Parota sea aprobada en la Cámara de Diputados.

Uno de sus puntos principales de ésta propuesta es “constituirse como interlocutor entre las partes, propiciando el diálogo como única vía para la solución de los conflictos que se presentarán”.

Asimismo, intenta “promover una autentica toma de decisiones participativa, propiciando la participación de los afectados, así como de autoridades locales, ejidales, municipales y estatales, representantes del Congreso de la Unión y de las diferentes dependencias involucradas de los tres niveles de gobierno”.


Para consultar fechas atrás >>>

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx