CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Resulta insaciable la ALDF 

Quieren gastar más. Se recetan diputados aumento de 35% en apoyos y subsidios en proyecto para 2007.

 

Aumentará 700 mdp el gasto de los partidos

Absurdo, dicen especialistas.

 

Las afores no dan rendimientos

Las comisiones que cobran se comen las ganancias del SAR.

 

El gabinete político, clave para mercados

Urgen señales positivas sobre la gobernabilidad: Bank of America.

 

PRI: Calderón, sin calidad para lograr un pacto

Si hay violencia el 1º de diciembre será del gobierno: PRD.

 

Peritaje externo sobre Brad Will, pide Amnistía

Asume la PFP el mando de las policías estatal y municipal de Oaxaca.

 

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL

Usan a El Chapo de carnada: PGR

Falta desarticular a las bandas delictivas y un combate más eficaz al blanqueo, dice Cabeza de Vaca.

 

Desde agosto 2005 quitó el GDF subsidio a la leche

Encinas canceló los vales semestrales porque "ya cumplieron su propósito" 

 

Durango será eje entre Asia y EU: Hernández Deras.

La carretera Durango-Mazatlán vinculará a productores con el mercado más rico de América.

 

En pobreza alimentaria sobreviven 6.9 millones de niños mexicanos

Condiciones deplorables para infantes en tres estados del país.

 

Sector agrario

 

Procede despoja a Yoremes. (Red Voltaire, nancy Flores., p.web).

22 de noviembre de 2006

Al pueblo Yoreme del norte de Sinaloa le llegó el Procede, y con este supuesto programa “social” siguió el despojo de sus preciadas tierras. En lo que va del sexenio foxista, se calcula que esta comunidad ha perdido por lo menos 2 mil hectáreas de hortalizas.

El Fuerte, Sin. Los yoremes conocen bien a su enemigo. Desde la conquista de América, en 1492, lo han nombrado yori: el mestizo, el bravo, el que no respeta. Es el yori quien promueve programas “sociales” como el de la certificación de derechos parcelarios y titulación de solares urbanos (Procede). Es quien despoja, humilla, margina, empobrece. Es quien juzga y deja en la impunidad sus propios abusos.

Es el yori quien renta la parcela y luego de unos años la arrebata. Mientras los juicios en contra del robo de tierras, interpuestos ante la Procuraduría de la Reforma Agraria (sic), se acumulan, casi se pudren en el olvido y la impunidad, pues quien los resuelve es el mismo yori.

“La gente de dinero, de recursos, es la que nos despoja de la madre tierra o de una parcela o de todo un ejido, porque aquí el que tiene dinero compra, y el que no pues nada más lo mira”, manifiesta con indignación la gobernadora tradicional de Mochicahui, Julia Gastélum Escalante.

Añade: “somos pobres, somos muy pobres; pero creo que no hay necesidad de vender la parcela: es el patrimonio de nuestros hijos”. Sin embargo, la pobreza y marginalidad en la que viven los indígenas de Sinaloa los orilla a vender o rentar sus tierras a precios muy bajos, equivalentes incluso a los dos centavos por metro cuadrado, denuncian.

Bernardino Valenzuela, presidente de la Federación Indígena de Sinaloa, señala: “el problema es que los visitadores agrarios difunden, ante los ejidos, programas que supuestamente benefician a los compañeros. Pero el Procede en lugar de ayudar a los ejidos los ha afectado totalmente. No sólo no respeta las formas de organización de las comunidades, sino que deja de lado lo que establece el artículo 27 constitucional, de que se iban a respetar los usos y costumbres y no se ha hecho. Ahí se ve claramente que la ley no se respeta”.

La gobernadora coincide. “Por la modificación al artículo 27 de la Constitución los indígenas, por ignorancia tal vez, han vendido sus tierras. ¿En qué estado ha caído el indígena, por ignorancia y por la propia necesidad, al vender la tierra? Ahora ya no tenemos tierras”.

Para el presidente de la Federación Indígena de Sinaloa “tenemos problemas agrarios en el ejido Higuera de los Natoches; en el municipio de El Fuerte, donde personas particulares se están apropiando de la tierra, con lo que nuestros compañeros indígenas quedan desprotegidos. Los compradores están coludidos con funcionarios de la Procuraduría Agraria”.

El 70 por ciento del ejido Higuera de los Natoches, que equivale a mil hectáreas, ha sido vendido irregularmente; de los 115 ejidatarios legítimos ya sólo quedan 38. En total, Bernardino Valenzuela calcula que las pérdidas en los otros ejidos superan las 2 mil hectáreas. “Ya presentamos la inconformidad ante la Procuraduría (Agraria), pero vemos claramente que hay intereses económicos y políticos del gobierno y por eso no le importa que estén pisoteando los derechos de nuestros compañeros, abusando de su ignorancia”, dice Valenzuela.

El líder indígena advierte que, “desde hace tres años, el comisariado ejidal y funcionarios de la Procuraduría Agraria promueven la venta de tierras, donde protegen a las personas particulares. La denuncia es ante la propia Procuraduría y ante el estado, pero el gobierno estatal nos contesta que no tiene competencia. Aquí lo preocupante es que puede haber enfrentamientos, porque los compañeros no están dispuestos a sufrir más agresiones.

“En Sinaloa tenemos aproximadamente a un total de 100 compañeros yoremes que han sido afectados. Tenemos problemas en La Misión, El Fuerte, Carrizo Grande, Sinaloa de Leyva y, en general, en todos los ejidos indígenas.”

Valenzuela dice que en todos los casos, la Procuraduría de la Reforma Agraria manifiesta que el problema de la posesión de la tierra se va a resolver, “pero ya transcurrieron tres años y en este tiempo lo único que hemos visto es cómo les dan preferencia a los inversionistas y no a los ejidatarios, a pesar de que su función es asesorar a los ejidatarios, defenderlos”.

Renta de terrenos.

La ausencia de apoyos gubernamentales y de créditos bancarios, así como la crisis del campo a nivel nacional, ha propiciado otra problemática entre los yoremes: la renta de sus terrenos.

“La gente indígena no tenemos terrenos, no tenemos propiedades, no somos ejidatarios. Aquí los latifundistas son los que tienen terreno, y nuestra gente es jornalero agrícola, por eso le pagan muy poco, 60 pesos al día. Hay uno que otro que sí son ejidatarios, pero por la misma falta de recursos y de apoyo, pues acaban rentando la parcela”, explica Julia Gastélum.

Añade que hay un caso ilustrativo, el de Julián Valenzuela, yoreme de El Fuerte. “Él heredó una parcela de 10 hectáreas, pero como no tenía dinero para sembrar la rentó a una persona, después de siete años el patrón ya no le quiere devolver la parcela. Yo le dije que me haga una solicitud formal para que acuda con quien corresponda y evitemos que la gente indígena sea despojada de su tierra”.

La gente cuenta que los usufructuarios que rentan los terrenos pagan, en promedio, 6 mil pesos al año por hectárea, “y luego el rico nos despoja”. La gobernadora tradicional insiste en que estos abusos de los yoris se tienen que frenar. “En este caso de Julián, y todos los que sean similares, vamos a recuperar la tierra. Hay documentación que comprueba que la parcela es de él y no del rico que se la estaba rentando”.

Julia Gastélum señala que “el rico se vale de que tiene dinero y puede pagar. Esa es la problemática en casi todos los ejidos indígenas. Es muy poco dinero el que le dan por la renta al indígena. Sí es cierto que a veces el ejidatario es el que gasta todo lo que da su parcela en alcohol, mujeres, pero el despojo también ocurre”.

Carrizo Grande.

La palabra yoreme significa “el pueblo que respeta la tradición”. En Sinaloa, estos pueblos se asientan en la región norte, colindante con el estado de Sonora. Distribuidos en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome.

La gobernadora Julia Gastélum explica que la intervención de los yoris en la delimitación geográfica del estado modificó a su pueblo. Antes, los yoremes de Sinaloa y de Sonora éramos una sola comunidad. Aún mantenemos relaciones de baile y tradición, a pesar de que nos hayan separado.

Pero la mano del yori no se conformó con separar al pueblo mayo, sino que ahora arrebata las tierras. En El Fuerte, los yoremes cuentan que el ejido Carrizo Grande es una comunidad indígena que está pegada a la Bahía de San Ignacio. Que se formó en 1934 y que la mayoría de los indígenas, poco a poco, han sido privados de sus derechos: se les dio derecho a la tierra a personas que no tienen raíces, que no son de aquí.

En el poblado Carrizo Grande, detallan, fuimos beneficiados con dos granjas acuícolas, pero un grupo de ocho ejidatarios, en complicidad con las autoridades, es el que se ha beneficiado: rentó las granjas sin consultar a nadie.

Desde hace un año, los ejidatarios mantienen un juicio ante la Procuraduría de la Reforma Agraria para recuperar las dos granjas en beneficio de los 61 ejidatarios. Pero los yoremes señalan que las denuncias las han presentado incluso ante Xóchitl Gálvez, representante oficial de los pueblos indígenas de México, y ante el propio Vicente Fox.

“Pero esto es una mafia, es una corrupción”, se quejan y piden apoyo real de las autoridades para que resuelvan este conflicto de la posesión de la tierra a favor de los 61 ejidatarios, “sin ver a unos más bonitos y a otros más feos”.

Los habitantes de Carrizo Grande acusan a la Procuraduría de la Reforma Agraria de permitir los despojos en contra de los indígenas.

“Hace un año presentamos el juicio para recuperar las propiedades del ejido, pero hasta ahora no nos han informado nada. Tenemos un abogado que nos dio la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (dependiente de la Presidencia) pero sucede que no nos informa, entonces nosotros requerimos un abogado de confianza para los indígenas”.

Dicen que Ramón Sánchez, el biólogo encargado de seguir las instrucciones que dio Xóchitl Gálvez, tampoco les ha informado nada. “Desconocemos los avances del juicio, todo está como antes. Estamos desesperados, viendo que ya hay mano turbia en esto, pero que quede claro, no vamos a permitir que a los indígenas se nos sigan violando nuestros derechos”.

 

Retienen campesinos a 14 funcionarios de SRA. (Novedades de Acapulco, Antonio Jiménez, p.web).

Chilpancingo, Gro., 22 de noviembre. Campesinos de Tlacoapa retuvieron durante casi 24 horas a 14 funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el centro de la cabecera municipal de ese municipio.

Un grupo de 10 topógrafos e integrantes del Grupo de Trabajo para la Atención de Focos Amarillos, encabezados por Javier Ibarrola, había acudido a ese lugar en la parte alta de la región de La Montaña, con el fin de realizar mediciones de un predio que se encuentra en conflicto desde hace más de 120 años.

El equipo de topógrafos cumpliría la orden dada por el Tribunal Unitario Agrario de medir nuevamente las colindancias del predio en disputa, para que pueda realizar su estudio legal de a qué núcleo agrario corresponde: Tlacoapa u Ocoapa.

De acuerdo al delegado en la entidad de la Reforma Agraria, Natividad Salas Estrada, el equipo de trabajo acudió desde el pasado lunes a la zona de conflicto entre El Capulín y Moyotepec a efectuar trabajos técnicos de medición de límites del predio en disputa.

Sin embargo, los comuneros de Tlacoapa, que reclaman el terreno de 456 hectáreas como suyo, retuvieron desde el pasado martes a los representantes de la Reforma Agraria, y sólo los liberaron hasta que acudió a negociar directamente el delegado estatal.

Entrevistado en sus oficinas en Chilpancingo, el funcionario federal descartó que se haya tratado de un secuestro o retención, ya que en todo momento los 10 topógrafos y cuatro funcionarios, estuvieron en el centro de la localidad.

Se encontraban en la plaza central y en las instalaciones del Ayuntamiento, que fueran sometidos a presión alguna, afirmó Salas Estrada.

Sin embargo, el equipo de trabajo no tenía permitido salir de la cabecera municipal de Tlacoapa, hasta que no se presentó a dialogar con autoridades locales el delegado en la entidad de la SRA. Después de las negociaciones, las 14 personas quedaron libres.

Finalmente, las mediciones fueron realizadas, de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal Agrario como parte del juicio que se lleva para dar fin a ese conflicto, el más antiguo en su tipo en la historia de la entidad.

Salas Estrada añadió que esos trabajos técnicos son resultado de un amparo promovido por los abogados de los comuneros de El Capulín, en enero del presente año, con el fin de lograr que les sea reconocida la propiedad.

Los resultados de las mediciones hechas en días pasados en la zona limítrofe de los núcleos agrarios en conflicto, serán presentadas antes las instancias jurisdiccionales que las solicitaron el próximo viernes, informó Salas Estrada.

El delegado estatal de la SRA reiteró que el conflicto entre Tlacoapa y Ocoapa es muy complejo, y que para lograr una solución que contribuya a dar certidumbre en esa región del estado, es necesario que los comuneros se pongan de acuerdo entre ellos y pacten un acuerdo.

A una semana que concluya la actual administración federal, Salas Estrada dijo que el grupo de trabajo encargado de atender ese problema continuará trabajando hasta el 30 de noviembre, con el fin de lograr que las partes involucradas entiendan que en ellos está la solución.

 

Liberan a los funcionarios de la SRA retenidos en Tlacoapa tras la firma de una minuta. (El Sur de Guerrero, Carmen González, p.web)

Comuneros de Tlacoapa liberaron ayer al coordinador del programa de Focos Amarillos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Javier Ibarrola Cruz y a tres ingenieros del Registro Agrario Nacional (RAN), después de 24 horas de permanecer en el Ayuntamiento de aquel municipio.

Según la minuta de acuerdos –cuya copia obra en poder de El Sur– la SRA se comprometió a no presentar otro trabajo técnico topográfico diferente a los puntos del convenio del 26 de octubre de 1883 (donde Tlacoapa tiene la titularidad de esos terreros) mientras que los comuneros de este núcleo agrario no permitirán la realización de trabajos técnicos, topográficos o de campo dentro de sus tierras.

Ayer, cerca de las 5 de la tarde una comisión de la SRA se dirigió de Tlapa a Tlacoapa para negociar la salida de los trabajadores que se logró a las 12 de la noche previó acuerdo de cinco puntos.

En la minuta se plantea que la SRA se compromete a presentar en el Juzgado Primero de Distrito, a más tardar el viernes 24, los trabajos topográficos y de campo efectuados por los ingenieros Fernando Hernández Álvarez, Mauricio de la Rosa Romero y Roberto Rubio Ayón, quienes fueran retenidos al igual que Ibarrola.

Los trabajos topográficos ratifican los puntos que contempla el convenio realizado el 26 de octubre de 1883 donde los núcleos agrarios con los que colindan las tierras en conflicto coinciden, además de que algunos predios están certificados por el Procede.

El reconocimiento de puntos coincide, según el documento proporcionado por un trabajador de la dependencia federal, con la confirmación que hicieron autoridades agrarias de Malinaltepec el este lunes.

Como parte de los acuerdos los comuneros del núcleo agrario de Tlacoapa exigieron se les respeten los puntos trinos o donde se juntan tres núcleos de Barranca Onda (Tlacopa, Potoichán y Ocuapa) y el de Loma Quema Chile (Malinaltepec, Tlacoapa y Ocuapa) que son los que faltan por cerrar el polígono de los terrenos en conflicto.

Con este punto los comuneros de Tlacoapa no permitirán la realización de trabajos técnicos, topográficos o de campo dentro de los terrenos de ese núcleo agrario.

En tanto, la SRA se comprometió a gestionar la reparación de daños en la comunidad de El Capulín por el destrozo de las viviendas, robos, destrucción de cercados hechos por sus vecinos de Moyepec el 5 de noviembre de 2005.

La retención de los funcionarios de la SRA se dio cuando éstos hacían un recorrido por las tierras en conflicto que el Juzgado Primero de Distrito ordenó a fin de determinar los limítrofes entre Tlacoapa y Ocoapa. Los comuneros de Tlacoapa exigieron mayor información sobre los criterios o bases que tomaron para localizar los puntos y realizar las mediciones.

Entonces los invitaron al Ayuntamiento para dieran mayor información y retuvieron allí a los ingenieros Fernando Hernández, Mauricio de la Rosa y Roberto Rubio y al funcionario Javier Ibarrola.

En la negociación estuvieron el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa Ismael Galeana Sixto, el integrante del Consejo de Vigilancia de ese Comisariado Valeriano Díaz Basurto y vecinos de la comunidad; por parte de la SRA estuvo el delegado estatal Natividad Salas Estrada y el coordinador de la Policía Estatal en La Montaña Juan Gatica Mayo, entre otros.

No se trató de una retención: SRA.

Entretanto, ya en Chilpancingo el delegado estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Natividad Salas Estrada negó que los funcionarios de esa dependencia hayan sido retenidos por comuneros de Tlacoapa.

Dijo que “divergencias” en torno a la ubicación de una mojonera, hicieron que se prolongará “por un par de días” la estancia en ese lugar de topógrafos, técnicos y funcionarios tanto estatales como federales.

Consultado en su oficina, el funcionario indicó que tras una “plática” que sostuvieron con los representantes de los Bienes Comunales de Tlacoapa y después con unos 500 comuneros que se habían concentrado en la plaza principal del municipio, las 14 personas que se encontraban en el pueblo desde el lunes pasado “se regresaron a Chilpancingo ayer (el miércoles) a las 12 de la noche”.

–Dice usted que no estaban retenidos, pero tampoco los dejaban venir a Chilpancingo ¿o sí? –se le preguntó.

–Bueno, yo nunca tuve esa información, se los digo con mucha certeza, yo nunca tuve esa información de que estuvieran retenidos, porque eso provocaría la privación de la libertad y a mí el coordinador (del programa de Focos Amarillos, Francisco Ibarrola Cruz) me habló por teléfono de Tlacoapa y me dijo que quería mi asistencia en Tlacoapa para hacer una precisiones a los compañeros de los Bienes Comunales.

Agregó que del encuentro con los campesinos dejaron claro que “era la última vez que permitían (que hicieran mediciones en sus tierras), porque consideran que fue lo suficientemente realizado”.

 

 

 

 

Serpientes y Escaleras. (El Universal, Salvador García, p.web).

Impugnan a Ramírez Acuña.

Complicaciones de último momento obligaron a Felipe Calderón a posponer el anuncio del gabinete social, programado para hoy, y a pasar para el martes 28 de noviembre el acto en el que dará a conocer esos nombramientos junto con los del área política y de seguridad de su gobierno.

Anoche estaban prácticamente decididas todas las carteras, aunque había una que enfrentaba el rechazo de sectores del PAN. La designación de Francisco Ramírez Acuña, como secretario de Gobernación, fue decidida por Felipe Calderón desde el lunes pasado bajo el criterio de los compromisos políticos que el Presidente electo hizo con el gobernador con licencia de Jalisco. El martes la decisión le fue comunicada al mismo Ramírez Acuña y ayer hubo un grupo de panistas de alto nivel que le expresaron a Calderón dudas sobre el perfil del jalisciense para ocupar el despacho de Bucareli en la difícil coyuntura política que enfrenta el país.

No se sabe si fue la impugnación de esos panistas lo que hizo cancelar los anuncios previstos para hoy, pero ayer por la tarde, desde la oficina de Calderón, avisaron que no habría ninguna designación sino hasta el martes.

Entre las carteras decididas se encuentra la SEP, a la que irá Josefina Vázquez Mota, luego de que el propio Calderón le pidió el martes aceptar esa posición ante su decisión de mandar a Ramírez Acuña a Gobernación.

Los panistas Alberto Cárdenas, a la Secretaría de Agricultura; Beatriz Zavala, a la Secretaría de Desarrollo Social y Juan Molinar Horcasitas, a la Secretaría de la Función Pública, son otros tres nombramientos que han sido palomeados por el Presidente electo.

A la Procuraduría General de la República irá Eduardo Medina Mora; a la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, Maximiliano Cortázar. En la Secretaría de Salud repite Julio Frenk Mora, mientras que para la Cancillería, Calderón optó finalmente por María Teresa García Madero, actual embajadora de México en Canadá, mientras que Arturo Sarukhán, su coordinador de política exterior, irá como embajador de México en Washington.

Un nombramiento que generará polémica es el de Bernardo de la Garza, aquel candidato del Partido Verde que primero se vendió como aliado del PRI y luego, sospechosamente y a media campaña, dejó colgado a Roberto Madrazo y a los verdes y renunció a la alianza para irse al extranjero. Al joven De la Garza lo nombrarán secretario del Medio Ambiente, confirmando que aquella declinación fue pactada con el PAN para restarle votos al PRI.

Hasta anoche faltaban por definirse los titulares de la Defensa y de la Secretaría de Marina, además de directores de paraestatales y de la Secretaría de la Reforma Agraria. De aquí al martes, se verá si Calderón libra las protestas que despertó en grupos del PAN el nombre de su secretario de Gobernación y si a Francisco Ramírez Acuña, con todo y los compromisos que le debe el Presidente electo, no lo revientan antes de sentarse en Bucareli.

 

Calderón aplaza nombramientos del gabinete social, continúan los jaloneos. (La Jornada, p.9, El Sol de México, p3, Excelsior, p7, Economista, p44, El Financiero, p10)

La presentación del segundo paquete de nombramientos, correspondiente al gabinete social, que hoy daría a conocer Felipe Calderón Hinojosa, fue aplazada debido a que se alargaron las negociaciones y los jaloneos en los círculos cercanos al presidente electo. El coordinador de Comunicación Social, Maximiliano Cortázar, señaló ayer por la mañana que existían altas probabilidades de que los nombramientos se hicieran oficiales este jueves, pero unas horas después dijo que ello no sería así; tampoco se espera que se difundan mañana viernes. Todavía al mediodía los colaboradores de Calderón Hinojosa daban por hecho que hoy se conocería a los nuevos titulares de las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Reforma Agraria, Agricultura y de Salud. Inclusive, se había colocado ya el escenario para realizar una presentación similar a la del martes, cuando se dio a conocer el llamado gabinete económico. Pero todo quedó suspendido.

 

Promueven microempresas. (Zócalo de Monclava, Osvaldo De León, p.web).

Con el fin de capacitar a jóvenes y amas de casa para que emprendan su propia empresa, el departamento de Desarrollo Rural, impartirá un taller de Proyectos Productivos en el Club de Leones.

Así lo informó Leticia Ferriño, regidora del departamento antes señalado, quien explicó que de esta manera los ciudadanos estarán capacitados para emprender su propia empresa.

“El curso será impartido este sábado en punto de las tres de la tarde, se tiene pensado invitar a las 13 comunidades rurales con la que cuenta el municipio, aunque estamos seguros que no van todos”.

Dijo que hasta el momento se han registrado 50 personas de diferentes comunidades que se interesaron por asistir a este taller, donde lo único que se pretende es beneficiar a ellos mismos.

Cabe mencionar que este curso es presentado por la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Confederación Nacional de Campesinos en coordinación con la Presidencia y el área de Desarrollo Rural.

“La idea es que tanto la ama de casa como el propio joven, se dé cuenta que puede hacer su propia empresa ya sea con su propio ganado, con semillas, sólo por mencionar algunos”, aseguró.

Comentó que es una taller que es la primera vez que se imparte y esperan contar con excelentes resultados, al considerar que es una buena opción para mejor la economía de los ciudadanos.

“A parte de ser totalmente gratuito, el único beneficiado será la persona que tome el curso, es un programa con el que cuenta el departamento que se seguirá impartiendo a lo largo de estos cuatro año”, finalizó la regidora de Desarrollo Rural.

 

Denunciados siguen compareciendo. (Por Esto!, José Manrique, p. web).

Ante el MP sobre la venta fradulenta de tierras en Condal.

Continúan las diligencias legales en torno al caso del fraude en la venta de tierras en agravio de campesinos de Conkal, y ayer por la mañana compareció ante la autoridad ministerial Cecilio Escamilla Chalé, quien también fue denunciado por los campesinos representados por el abogado Miguel Candila Noh.

Escamilla Chalé acudió ayer a la Agencia Cuarta del Ministerio Público a rendir su versión sobre los hechos que se le imputan, tales como usurpación de funciones y hechos posiblemente delictuosos.

Como hemos informado oportunamente, el ex presidente del comisariado y Escamilla Chalé fueron señalados por los quejosos como los responsables de la venta fraudulenta de terrenos ejidales.

Cabe señalar que Escamilla Chalé y Víctor Manuel Ku Cocom actuaron a espaldas de los campesinos y sin consultarlos comercializaron los terrenos entre familiares, amigos y conocidos.

Escamilla Chalé, quien se presentó ayer a las 10 de la mañana en el Ministerio Público para responder a las acusaciones vertidas en su contra, dijo que fue nombrado para el Consejo de Vigilancia en una asamblea el 27 de diciembre de 1999, pero nunca se registró ese nombramiento ante el Registro Agrario Nacional.

Escamilla Chalé al percatarse de la presencia del POR ESTO! enmudeció, sobre todo cuando se le preguntó qué respondía sobre los señalamientos en su contra y de usurpar funciones para aprobar la venta de más de 20 hectáreas de tierra de forma fraudulenta, para lo cual contó con la complicidad de varios comisarios ejidales durante nueve años.

 

Familias afectadas por la presa El Cajón piden apoyo. (La Jornada, Jeús Nárvaez, p.web).

La CFE consideró que sus casas no sufrirían daños.

Jala, Nay.- Habitantes del pequeño caserío Tahuitolpan no fueron tomados en cuenta como afectados por la presa El Cajón (que el martes fue inaugurada por el presidente Vicente Fox), a pesar de que sus viviendas sufren cuarteaduras por los temblores que provoca el llenado de la obra hidroeléctrica.

Guadalupe Rivera, de la organización civil Kupuri, que apoya a las comunidades afectadas por la construcción del embalse, aclara que la mayoría de comunidades y pueblos ya recibieron el pago de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin embargo "Tahuitolpan no fue incluida en las negociaciones porque la empresa paraestatal suponía que el agua del embalse no afectaría esa zona, pero ya se está viendo que no es así.

"No son más de cinco casas, pero las familias están temerosas de que puedan derrumbarse por lo temblores (movimientos de tierra normales durante el asentamien- to del agua en el embalse de las presas)."

Rivera explicó que "a estas alturas", sería difícil lograr que la CFE integrara a esas personas en el pago de indemnizaciones o en la reubicación de comunidades, por lo que se demandará el apoyo del gobierno estatal y del ayuntamiento de Jala, ubicado en esta cabecera municipal, a la que los habitantes de dicho caserío difícilmente podrán llegar, ya que quedaron incomunicados por el embalse de la presa, y su salida será en lancha, por lo que se buscará que el gobierno les dé este servicio de inmediato.

Más abajo (a unos 300 metros de Tahuitolpan, en la misma zona de la sierra) 10 familias del poblado El Ciruelo, que desapareció bajo el embalse, aún no reciben el pago de indemnizaciones y están a la espera de que los abogados del Instituto del Derecho Ambiental ­cuya sede se halla en Guadalajara, Jalisco­, que las han apoyado en la lucha legal por el pago justo les indiquen lo que procede, informó la representante de la organización civil Kupuri.

Explicó que aun cuando la mayoría de pobladores de El Ciruelo ya fueron reubicados y se les indemnizó, las familias que aún mantienen un litigio por esta causa han rechazado recibir lo que ofrece la CFE, pues consideran que además del cambio de lugar y el pago de árboles frutales (ciruelos, de cuyo cultivo vivían) se les debió pagar también la tierra de trabajo.

Rivera aclaró que hay un problema agrario legal, pues la indemnización que la CFE pagó por 2 mil 500 hectáreas (45 millones de pesos) fue entregada al ejido de San Jerónimo Jomulco, que aparecía legalmente como dueño, aun cuando parte de las tierras estaban en posesión de habitantes del El Ciruelo.

El gobernador Ney González Sánchez indicó que las comunidades involucradas en los cambios que implica la construcción de la presa y que se ubican "en una esquina del mundo wirárika (huichol)" son El Ciruelo, San Fe, San Juan, Agua Caliente, El Fraile, El Potrero, Palmillas, La Tecomata, Puente de Camotlán, Amatlán de Jora, La Manga, El Trapiche, Mezquites, San Jerónimo, El Limón y Platanitos, pertenecientes a los municipios de Jala, La Yesca, Ixtlán del Río y Santa María del Oro. Todas "esperan que el cambio sea para mejorar".

 

Morelos y Puebla logran finiquitar pugna limítrofe. (La Jornada de Morelos, Fernando Baltasar, p.web)

Cuautla, Mor.- En el marco de la celebración del aniversario 28 de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), acto en el que participó el gobernador del estado Marco Adame Castillo, se logró la firma del convenio para acabar con el conflicto agrícola que vivían desde hace 45 años vecinos de Puebla y Morelos, el que se establece que la Secretaría de la Reforma Agraria paga 2.3 millones de pesos para finiquitar el pago de tierras que formarán parte del territorio morelense, informó Julio Padilla Trujano, secretario general en Morelos de dicha organización.

Reunidos en el auditorio Emiliano Zapata de la Unidad Deportiva de Cuautla, campesinos y autoridades estatales y federales, llevaron a cabo la entrega de recursos y la reafirmación del compromiso de trabajar de forma coordinada en beneficio del campo morelense como loa dijo el gobernador del estado.

Por su parte Padilla Trujano señaló que “cumplimos 28 años en el marco de la entrega de apoyos gubernamentales, tanto federales como estatales, y en medio de ello lo celebramos con una cereza, que es la firma de un convenio para que el gobierno federal, estatal y pobladores de San Antonio La Esperanza, Morelos y San Marcos Acteopan, Puebla, puedan finiquitar un conflicto agrario en sus límites, para lo cual la Secretaría de la Reforma Agraria destina 2.3 millones de pesos que será la contra prestación para que Puebla se quede con ese apoyo económico que ofrece el gobierno federal y Morelos se quede con las tierras”.

Recalcó que es un logro importante, porque más allá de los 10.5 millones de pesos que reciben de apoyo gubernamental, “este asunto de San Antonio La Esperanza que data de hace 45 años, se concilia, se dialoga y mediante un acuerdo se da la apertura para que el primer foco amarillo del gobierno federal en el estado de Morelos se resuelva de manera tranquila y con paz social”.

Señaló que esta “es una decisión importante porque muestra voluntad política y ésta se tiene que traducir en que las instituciones trabajen de manera coordinada para que el campo morelense salga a delante. Y estamos dando muestra hoy, tanto el gobierno como organizaciones civiles, que más allá de las ideologías y posiciones políticas, se pueden construir acuerdos en beneficio de la población”.

Al respecto, Marco Antonio Adame Castillo dijo en su discurso que para sacar adelante la lucha por los derechos de tierras y comunidades, así como de proyectos productivos, es necesario el trabajo pacífico, “enérgico sí, exigente sí, claro y abierto, pero siempre pacífico y por la vía de las instituciones y de las leyes, que es lo que nos puede unir al momento de trabajar juntos por los hombres y las mujeres, por las familias y las comunidades del campo”.

 

“Esta Tierra Mía”. (RTC, p.web)

De acuerdo con la pauta asignada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, el programa  “Esta Tierra Mía”, producido por la Secretaría de la Reforma Agraria, fue transmitido este miércoles 23 de noviembre en las siguientes radiodifusoras:

 

 

Lamenta CNC que la próxima administración será de derecha. (El Sol de México, p.4)

Al recibir su constancia como presidente electo de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar, lamentó que el gabinete económico anunciado por el próximo gobierno, solo confirme que continuará una administración de la derecha.. Como prueba, agregó está el caso de Luis Téllez, quien durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, casi logró involucionar el movimiento campesino, con la modificación del Artículo 27Constitucional. Sostuvo que se abocará a modificar este precepto Constitucional que tiene que ver con la Reforma Agraria, pero en bien de los campesinos de México.

 

Diario Oficial. (Notimex, p.web)

La Secretaría de la Reforma Agraria pública ocho avisos de deslinde de predios de presunta propiedad nacional ubicados en Chihuahua, Tabasco, Campeche y Yucatán.

 

Pide OCDE privatizar la tierra. (Reforma, Verónica Martínez, pweb. /Información también publicada en Excélsior, p.21, El Financiero, p. 13, Ovaciones p. 1)

Algunos programas que aplica México al sector agropecuario y rural son regresivos, lo que inhibe la inversión y detiene el desarrollo, reveló la OCDE en su estudio "Política agropecuaria y pesquera en México".

Stefan Tagerman, director de Agricultura de la OCDE, y Odile Sallard, directora de Gobierno del mismo organismo, presentaron el estudio alertando que programas como Procampo, Ingreso Objetivo, así como la limitación a la propiedad privada en las tierras y los apoyos al diesel y electricidad, son regresivos y restringen el desarrollo del sector.

"El Ingreso Objetivo y Procampo como apoyo dirigido no está siendo un buen trabajo y no ayuda a los pobres del sector y no mejora competitividad y tampoco reduce distorsiones del mercado", dijo Tangerman.

El estudio de la OCDE evalúa las políticas aplicadas al sector en el periodo de 1990 al 2005 y en general califica de buenos los avances que ha hecho el País en este sector, sin embargo, recalcaron los obstáculos que aún persisten en la política agropecuaria nacional.

En primer lugar exponen que la tenencia de la tierra en México tiene restricciones para llegar a la propiedad privada y aún se concentran las propiedades ejidales, lo cual impide la distribución adecuada de la superficie productiva e inhiben la inversión y se limita el valor de la tierra.

Por otro lado están los pagos vinculados a la producción como es el Ingreso Objetivo y los subsidios a la energía, los cuales no aportan un gran beneficio a los agricultores por los costos que implican para los consumidores y contribuyentes fiscales.

Hay distorsiones al mercado porque el productor produce lo que tenga subsidio y no lo que demanda el consumidor y se agotan los recursos.

Al respecto, Francisco Mayorga, Secretario de Agricultura, defendió los programas del Gobierno, pero no rechazó que fueran regresivos.

Sin embargo, la OCDE recomendó hacer modificaciones, que exista organización en el Gobierno para que no se repitan los programas.

Cruz López, nuevo líder de la CNC, descalificó el estudio de la OCDE al decir que son programas regresivos, ya que fueron hechos para poder mejorar las condiciones del sector y si no funcionan es porque se entregan a destiempo. Elogian avances, pero...

El estudio de las políticas públicas al agro, que hizo la OCDE, elogia los avances que ha tenido el sector en 15 años.

· Privatizar la tierra.

· Mejorar al Procampo.

· Las transferencias son regresivas como apoyo al diesel y gasolina o el Ingreso Objetivo.

· Homologar programas que se repiten y están en diferentes dependencias.

· No crear más programas como promesa política.

· Dejar de lado el clientelismo.

 

Sector agropecuario

 

Se contradicen Sagarpa y Semarnat sobre centros de origen del maíz. (La Jornada, Angélica Enciso, p.web)

Buscan justificar cultivos transgénicos allí: Greenpeace.

Ante la definición que hicieron la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los centros de origen de maíz se encuentran contradicciones, ya que primero se señala a Sinaloa ­donde se prevé hacer el cultivo experimental del grano­ como centro de origen, más adelante se señala que no es así, y además las conclusiones son "precipitadas".

Esto lo señala Greenpeace en los comentarios que envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre el acuerdo que incluye las conclusiones de los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, para determinar los centros de origen y de diversidad genética de maíz.

Advierte que con ese acuerdo lo que se busca es exentar de diversidad genética de maíz criollo a Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, con el fin de justificar ahí la viabilidad de la siembra de variedades transgénicas. Esto porque el Proyecto Maestro de Maíz que se prevé hacer con semillas de las trasnacionales Pionner, Monsanto y Dow AgroSciences sería en los campos experimentales que tiene el INIFAP en esas entidades.

Asevera que de darse esa situación los productores de maíces que no quieran sembrar transgénicos se verán limitados para tomar una decisión, ya que en el momento en que se cultiven maíces transgénicos en esos estados "no se podrá ser libre de sembrar variedades no transgénicas sin correr el riesgo de verse contaminado por aquéllos".

Indica que "la siembra de maíz transgénico limita las opciones de los particulares al no dejarles oportunidad de sembrar maíces convencionales u orgánicos sin correr el riesgo de verse contaminados por variedades transgénicas". Esto, agrega, implica un costo adicional, ya que el productor de maíz tradicional deberá garantizar a través de una certificación que sus cosechas no tienen presencia de material transgénico.

Sumado a ello, puntualiza, hay una contradicción importante. En el inciso a) del acuerdo se ubica a Sinaloa entre las entidades con mayor diversidad de razas, mientras que en el punto cinco se plantea que "no hay diversidad genética de maíz criollo en los distritos de riesgo de los estados de Sonora, Sinaloa y norte de Tamaulipas".

 

Inauguran la segunda Feria Nacional de Sistemas-Producto. (El Sol de México, La Jornada, p. 15, El Financiero, p. 31).

Luego de señalar que los sistemas producto o cadenas productivas son organismos de la sociedad conformados para fortalecer la organización productiva, impulsar las políticas públicas y ser el hilo conductor de las mismas, el secretario de Sagarpa, Francisco Mayorga, aseguró que con la creación y fortalecimiento de estos esquemas se fomenta una participación más activa y más democrática de las organizaciones.

 

El gobierno federal se deslinda del alza a la leche; fue Liconsa, dice. (La Jornada, p.46).

El gobierno federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Confederación Nacional Campesina se deslindaron de la decisión de aumentar el precio de la leche Liconsa. Fue el consejo de administración de esa empresa pública el que "por unanimidad'' decidió el incremento. Hacia ese órgano debiera dirigirse el exhorto de los diputados para reconsiderar la medida, declaró el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar.

 

 

 

 

 

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Amenazan ejidatarios con desalojar asentamientos de bases zapatistas. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p.web).

Organización identificada como priísta paramilitar envió una misiva a Marcos.

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de noviembre. La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPPDIC), acusada de ser un grupo priísta paramilitar, rompió este martes el diálogo con las juntas de buen gobierno (JBG) y advirtió que se enfrentará contra bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) si no desocupan sus tierras en cinco municipios de la selva Lacandona.

La OPPDIC es encabezada por el ex diputado Pedro Chulín, quien ha estado involucrado en el desmantelamiento de municipios autónomos zapatistas desde 1997, como Taniperla.

En un comunicado dirigido a "Sebastián Guillén Vicente, Marcos"; al Comité Clandestino Revolucionario Indígena comandancia del EZLN, al presidente de la República y al gobernador del estado, Vicente Fox y Pablo Salazar, respectivamente, el organismo priísta acusó a las JBG zapatistas asentadas en los municipios de Altamirano y Ocosingo de "desestabilizar la zona".

En el documento, Chulín rechazó que su organización sea paramilitar, y argumentó que se dedica a "defender los derechos justos de los pueblos indígenas". Inclusive se jactó de que sus acciones han servido para "estabilizar la paz social en las comunidades".

El líder de la OPPDIC exigió "la desocupación inmediata de los terrenos que han sido ocupado por las bases de apoyo del EZLN, ubicados en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Chilón, Tumbalá y Sitalá". Amenazó con que de no hacerlo "los ejidatarios tomarán las medidas necesarias para recuperar sus tierras que legalmente les corresponden.

"Manifestamos al jefe militar del EZLN y a los gobiernos que, a partir de hoy, rompemos el diálogo con las llamadas juntas de buen gobierno, ya que no tienen la capacidad para resolver las invasiones que han hecho sus compañeros, por lo que le exhortamos a calmar a su gente o nosotros tomaremos las medidas correspondientes", agregó.

Chulín, quien mediante su organización ha recibido recursos federales y estatales presuntamente destinados a proyectos productivos, responsabilizó a las autoridades "de cualquier enfrentamiento entre las partes en pugna".

El priísta remató: "Pongan el empeño necesario para atender nuestras demandas sociales, ya que de no hacerlo los ejidatarios harán valer sus derechos, cueste lo que cueste".

 

Lacandones abandonaron su comunidad por temor a ataques. (La Jornada, Elío Henríquez, p.web).

Rumor de que hombres armados llegarían a sus tierras.

San Cristobal de Las Casas, chis., 22 de noviembre. Poco más de 50 indígenas lacandones, en su mayoría niños, que huyeron de la comunidad de Lacanjá Chansayab por temor a ser agredidos luego del enfrentamiento ocurrido en el poblado de Viejo Velasco Suárez, en el que oficialmente murieron cuatro personas y otras tantas se encuentran desaparecidas, permanecen refugiados en esta ciudad desde el pasado fin de semana.

Entrevistado en la sede de la Asociación Cultural Na Bolom, donde se encuentran albergados algunos, un indígena, quien pidió guardar el anonimato, dijo que luego que el 13 de noviembre unas 300 personas de las comunidades de Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal atacaron a balazos a 17 familias de Viejo Velasco Suárez por la disputa de tierras, el pasado viernes surgió la versión de que "vienen más de mil hombres armados de la selva, están en El Aguacate (comunidad ubicada a hora y media de Lacanjá), hay que irse", por lo que muchas familias decidieron abandonar la comunidad y trasladarse a Palenque, Villahermosa, Benemérito de las Américas y San Cristóbal de las Casas.

Afirmó que también pobladores de Frontera Corozal y Nueva Palestina abandonaron sus hogares, aunque en menor número.

Exigen ONG desarme de indígenas

La Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y al Territorio, formada por diversos organismos no gubernamentales, exigió "el desarme inmediato de todos los grupos indígenas armados de forma irregular, que operan" en los poblados de Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal, en la selva Lacandona.

Integrada por organismos como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Mo-vimiento de Resistencia Popular del Sureste y Maderas del Pueblo del Sureste, entre otros, la red demandó que se investigue a fondo la agresión en Viejo Velasco Suárez.

 

QUINTANA ROO

 

Bloquean ejidatarios carretera en Quintana Roo. (La Jornada, Javier Chávez, p.web).

Chetumal, QR-. Unos 120 ejidatarios de la comunidad Buenavista, ubicada a 59 kilómetros de esta capital, bloquearon con troncos y dos vehículos la carretera federal Chetumal-Cancún, para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago de la indemnización de 35 hectáreas que se utilizaron para la ampliación de la vía Cafetal-Chetumal. De las 12:30 a las 15:30 horas decenas de vehículos quedaron varados. Hubo un conato de enfrentamiento entre 200 automovilistas irritados y los campesinos inconformes, por lo que 60 elementos del Grupo Antimotines tuvieron que intervenir.