CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
10 DE MAYO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Prenden focos rojos tarjetas de crédito
Crecen 466 por
ciento los atrasos de tarjetahabientes.
Suman bancos pagos vencidos por $3.2 mil millones
al cierre de 2005.
CNDH presenta cargos penales por violaciones
Caso Atenco:
ya son 23 quejas por abuso sexual. Víctimas
acuden a ratificar sus denuncias. PFP abre
indagación por excesos de elementos.
La política requiere “cirugía mayor”
Demandan empresarios una “democracia
productiva”.
Reservas, suficientes para pagar la deuda
Máximo histórico de 71 mil 916 mdd, informa el Banco de México. Francisco Gil niega que el
monto sea exagerado o deba reducirse. Necesario,
analizar si el grado de inversión compensa
los costos.
Alud de denuncias por brutalidad en Atenco
La CNDH recibe
150 quejas, 7 son por violación y 16 por abuso
sexual.
La policía rompió todas sus normas
Transgredió tres
leyes y siete reglamentos en Atenco.
La PGR quiere atraer el caso de las presuntas
violaciones y la ONU solicita información
de los abusos.
Peña: los de Atenco buscaron el
pleito
El diálogo se
agotó y por eso se decidió usar la fuerza
pública, dice el gobernador.
Augura Marcos
triunfo de AMLO
“Va a ganar”, declara a Loret de Mola
en Televisa. “Está ofreciendo abajo… haría
una administración política de la crisis”.
Aumenta la corrupción en México
Subió el índice
de 8.5 a 10.1 en dos años
Aberrantes, consignaciones en caso Atenco:
penalistas
Difícilmente se
les puede probar la imputación de delincuencia
organizada; se deja entrever una consigna:
Carrancá.
Sector agrario
Fue Declarado Desierto el Concurso Para la SRA. (Diario de Colima, Claudia de la Mora, p.web).
•Lo hicieron después
de dar posesión al representante, señala Marco
Tulio Orozco Ocegueda •Recurrirá a las instancias
legales; lo considera “un atraco”
Lunes 08 de Mayo, 06.
Marco Tulio Orozco Ocegueda, quien concursó para el puesto de la representación
de la Secretaría de la Reforma Agraria en
la entidad, informó que para “legitimar” la
designación de Ricardo Sánchez Arreguín en el puesto el gobierno
federal “reventó” la convocatoria que había
lanzado para buscar a la persona idónea y
la declaró “desierta”.
Por ello recurrirá a las instancias legales, ya
que considera este hecho como “un atraco”.
Entrevistado en las instalaciones de Diario
de Colima, Orozco Ocegueda
mencionó que ya fue publicado en la página
de Internet www.trabajaen.gob.mx, donde estaba la convocatoria
que lanzó el gobierno federal para el puesto
de delegado de la SRA, la lista de los folios
de los solicitantes, donde les dan a conocer
sus calificaciones y sus status en la etapa
final.
Agregó que en la última etapa, en la que únicamente
quedaban seis candidatos, tienen calificado
el rubro de la entrevista como buena, pero
aun así ninguno fue lo suficientemente bueno
como para quedarse en el puesto, por lo que
el gobierno federal declaró la convocatoria
como “desierta”.
Indicó que fue hasta el tres de mayo pasado cuando
le notificaron a cada uno de los aspirantes
que el puesto ya había sido ocupado de manera
temporal, cuando desde varios días antes le
habían dado el cargo a Sánchez Arreguín.
“Hasta ahora nos dijeron que hicimos un buen
proceso selectivo, pero que no fue suficiente;
eso lo debieron haber hecho antes de nombrar
a Sánchez Arreguín”.
Mencionó que todo confirma el por qué Ricardo Sánchez
llegó a la delegación de la SRA: “ahora podrá
ya operar a favor del PAN en el próximo proceso
electoral, como se lo mandataron”.
Aseveró que de su parte esta situación “no va a
quedar así como así”, pues va a proceder de
manera legal.
Al señalar que probablemente dentro de seis meses
vuelvan a convocar para designar a un representante
de la SRA, es decir, ya que haya pasado el
proceso electoral, dijo que ya para ese entonces
no van a interesar las delegaciones.
Abundó que le mandaron de parte del gobierno federal
un correo electrónico donde le dan a conocer
que él y su solicitud son parte de “un banco
de talentos”, pero eso no es suficiente. “A
mí eso no me importa, a mí lo que realmente
me interesaba era que el proceso fuese legal
y que la ley se cumpliera y no fuera letra
muerta en el estado", dijo.
Asimismo, informó que lo mismo pasó con el proceso
de selección para el puesto de delegado de
la Sagarpa, donde
recientemente también lo declararon desierto,
pues “gracias a la denuncia oportuna que presentamos,
prefirieron reventar el proceso antes de meterse
en otro problema como éste y para que el actual
titular, Raúl del Toro Zapién, pueda operar a favor del
PAN y pasen estos seis meses que son los que
les interesan pasar”.
Finalmente, manifestó que seguirá con el proceso
legal en contra de quien resulte responsable,
pues no es posible que ahora se tengan en
Colima delegados de dependencias federales
operadores de campañas políticas.
Mantienen bloqueo en los Chimalapas. (La Jornada, Irma Moreno, p.web).
Comuneros demandan fin a conflicto agrario
que data de hace más de 40 años.
San Miguel Chimalapa, Oax., 9 de mayo. En una reunión con autoridades federales
y estatales, los habitantes de las comunidades
zoques de San Antonio, Sol y Luna y Benito
Juárez se negaron a retirar el bloqueo que
mantienen desde hace nueve días en el camino
rural que conduce al ejido chiapaneco de Díaz
Ordaz.
El primero de mayo los habitantes de las localidades mencionadas
de este municipio decidieron cerrar el camino
de terracería en demanda de que los gobiernos federal y estatales
de Oaxaca y Chiapas resuelvan un conflicto
agrario que data de hace más de 40 años.
Los comuneros reclaman las poco más de 4 mil hectáreas que
forman el ejido chiapaneco Díaz Ordaz, donde
-aseguran los oaxaqueños- están los principales
talamontes que explotan
Los Chimalapas, pese a que en tierras en disputa no deben otorgarse
permisos para ello.
Este martes funcionarios de los gobiernos de Oaxaca, encabezados
por el subsecretario de desarrollo municipal,
Fredy Cabrera; y
del federal, entre ellos el delegado estatal
de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat),
Esteban Ortiz Rodea, trataron de convencer
a los comuneros zoques de que retiren el bloqueo.
Los campesinos se negaron. María García García,
secretaria auxiliar del comisariado
de bienes comunales en San Antonio, señaló
que la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) le reconoció a esa localidad oaxaqueña
en 1991 la propiedad del ejido Díaz Ordaz,
ubicado en Chiapas.
García García indicó que han pasado
15 años de conciliación agraria. Se ha ofrecido
a los invasores de dicho ejido ser comuneros
de Oaxaca, pero se oponen, pese a que la mayoría
son campesinos oaxaqueños, por presiones de
los explotadores de madera de la zona.
San Antonio es una de las 17 comunidades del municipio de San
Miguel Chimalapa.
Tiene una extensión de 134 mil hectáreas,
de las cuales unas 15 mil están invadidas.
El problema es similar al de Santa María Chimalapa,
donde están en disputa más de 20 mil hectáreas.
El conflicto se agudizó el 25 de enero, cuando habitantes de
San Antonio detuvieron un camión con madera
de los ejidatarios de Díaz Ordaz y ''las autoridades
no hicieron nada'', recriminó el agente municipal
de San Antonio, José Ignacio Pérez Pérez.
Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez, presidente del comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, denunció en la reunión que militares de Chiapas
irrumpieron en San Antonio el 27 de abril
y el 2 de mayo para amenazarlos por el decomiso
de madera.
El bloqueo de comuneros de San Antonio, Sol y Luna y Benito
Juárez mantiene incomunicados a unos 200 habitantes
del ejido Díaz Ordaz, ubicado en la zona limítrofe
de Los Chimalapas,
y ha provocado escasez de víveres.
El próximo jueves se reunirán en el municipio de Zanatepec, en la zona oriente del istmo de Tehuantepec, funcionarios
de la SRA, del Registro Agrario Nacional
y de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para
abordar los conflictos agrarios en los ejidos
Díaz Ordaz, Rodolfo Figueroa, Ramón E. Balboa
y Flor de Chiapas.
Resuelve Tribunal
Agrario controversia en El Guayabo. (Despertar
del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Coyuca de Catalan,
Gro. El magistrado
Jorge Martínez Lara, titular del XII Tribunal
Unitario Agrario (TUA), con sede en Chilpancingo,
resolvió la controversia que había entre dos
vecinas de El Guayabo, comunidad del municipio
de Arcelia.
La Procuraduría de Defensa de los Campesinos (Prodecam), a cargo de Camerino Jaimes
Palacios, asesoraba a Amalia González Torres,
a quien Juana Torres Juárez le reclamaba una
servidumbre de paso.
Ambas son originarias de El Guayabo, del municipio de Arcelia, y como se informa, una de ellas había ventilado el
juicio al argumentar que Amalia no le quería
dar paso en un terreno de su propiedad.
Sin embargo, durante el juicio se demostró que doña Juana tiene
acceso a su domicilio por otra parte y es
por ello que el magistrado del TUA no le dio
la razón y dio el caso como juzgado.
Noticia. (Formato 21, p.web).
El secretario de la Reforma
Agraria, Abelardo Escobar Prieto, afirmó
que el actual gobierno federal dejará un campo
en orden y en paz a quien quiera que sea el
próximo Presidente de la República.
El gobierno de Fox dejará
al campo ordenado y en paz. (El Día, Estela Juárez,
p.web).
El actual secretario de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo
Escobar Prieto, reiteró que el actual
gobierno federal dejará el campo en
orden y en paz a pesar de los focos
rojos que prevalecen por conflictos
de tierras.
En el marco de la entrega de
reconocimientos por antigüedad a personal
de las instituciones del Sector Agrario en
el Museo Nacional de Antropología e Historia,
reiteró lo dicho por el anterior titular de
la SRA, Florencio Salazar, en el sentido de
que de los 14 focos rojos que se tienen detectados,
dos ya fueron resueltos y están en vía de
solución los de la Meseta Purépecha
y la Selva Lacandona.
El funcionario entregó reconocimientos a 264 trabajadores de
la dependencia y a 193 del Registro Agrario
Nacional a quienes agradeció su pasión
por el campo y su dedicación por resolver
los problemas por quienes habitan en el medio
rural.
UCIZONI mantiene “tomadas” delegaciones de gobiernos
en la región del Istmo. (Olor a Mi
Tierra, Pijy Gutiérrez,
p.web)
Martes 9 de Mayo, 06.
Oaxaca, Oax.- Este día integrantes de la Unión
de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo (UCIZONI) se movilizaron en las
ciudades de Matías Romero y Juchitán
de Zaragoza, para solicitar la destitución
del residente de la Procuraduría Agraria
en Matías Romero y mantienen tomadas delegaciones
de gobierno.
Lo anterior lo informó, el coordinador
de programas UCIZONI, Carlos Beas
Torres, quien dijo que alrededor de 350 indígenas
tomaron las delegaciones de gobierno en Matías
Romero y Los Chimalapas,
“como protesta por los hechos de brutalidad
policiaca en San
Salvador Atenco y en demanda de la libertad de los más de 200 detenidos
y castigo para los funcionarios responsables
de los atropellos cometidos en contra de esa
población”.
100 indígenas de UCIZONI, encabezados
por el diputado local, Temístocles
Muñoz Juárez, mantienen tomadas las instalaciones
del Instituto de la Vivienda Oaxaqueña en
Juchitán.
Beas Torres
dijo que la “toma” del edificio del IVO en
Juchitán es un acto
de protesta por el uso político del programa
social Piso Firme, implementado por el gobernador
del Estado, Ulises Ruiz Ortiz.
Agregó que este programa ha estado
operando de manera irregular “ya que se canaliza
sin requisitos a ciudadanos identificados
con el PRI y ha dejado fuera a miles de familias
que realmente lo necesitan”.
El coordinador de programas UCIZONI
anunció que el próximo 14 de mayo tendrán
una asamblea regional donde participarán,
delegados y dirigentes de organizaciones locales
de cerca de 160 comunidades de 19 municipios,
con el fin de analizar la situación regional,
estatal y nacional.
Hasta la presa quedó dentro del rancho presidencial. (Proceso, Verónica Espinosa,
p.web)
Guanajuato, Gto.,
9 de mayo (apro).-
Funcionarios del área jurídica de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) se reunieron
hoy con ejidatarios de la comunidad de San
Cristóbal --que reclaman la legítima propiedad
de tierras ocupadas por el presidente Vicente
Fox y su familia--,
a quienes ofrecieron revisar el caso y los
planos para el deslinde de terrenos.
Por lo pronto, se estableció el
compromiso de retirar a la fuerza pública
del estado que ha intervenido para controlar
el acceso a las asambleas ejidales, hecho
que ya ocasionó enfrentamientos entre el grupo
que reclama el despojo, el que achaca a la
familia Fox Quesada
desde fines de los años treinta, cuando a
José Luis Fox Pont
lo perjudicó una resolución presidencial,
tal y como lo consigna Proceso 1540.
José Guadalupe Cruz, regidor de
San Francisco del Rincón y ejidatario de San
Cristóbal –de donde fue comisariado ejidal--, informó, al salir de la reunión, que
presentó un escrito al representante de la
SRA, Candelario Tejeda,
en el que solicitó la suspensión del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede), que lleva a cabo
el deslinde en este ejido, hasta que se aclare
y resuelva el reclamo por las tierras, entre
ellas la presa de San Cristóbal, que quedó
dentro del rancho del presidente Fox.
En este oficio incluyó la petición
del grupo de 50 ejidatarios que se dicen despojados,
para que de no regresar las tierras, los Fox
paguen y otorguen, además, una indemnización
por el tiempo que las han ocupado. “Pero que
las paguen de acuerdo con lo que realmente
valen”, expuso Cruz Pacheco.
“El enviado de la Reforma Agraria
nos dijo que este asunto ya estaba resuelto
--a favor de los Fox--. Pero le pedimos que nos mostrara el plano con base
al cual se quiere resolver, y no nos lo permitieron
ver. Me dijo que tampoco sabía de la sentencia
que anuló los certificados de inafectabilidad
que obtuvieron los Fox”
a fines de los cincuenta.
Renuncias.
Además, le fueron solicitadas al
enviado de la SRA las renuncias del director
de la Tenencia de la Tierra, Fausto Espejel
–quien profirió amenazas en contra del regidor
en la última asamblea ejidal, que terminó
en zafarrancho-- y del delegado de la Procuraduría
Agraria, el exdiputado
panista Antonio de León Torres.
En el encuentro estuvieron presentes
también funcionarios del gobierno del estado
–como el asesor de la Secretaría de Gobierno,
Héctor Cerrillo--, de quienes el regido dijo
haber sentido “mucha presión; no quisieron
que el enviado de la Reforma Agraria nos enseñara
planos; le dijeron que ellos nada más estaban
haciendo presencia en San Cristóbal para mediar,
pero ahí están las pruebas, las fotos de cómo
nos agarraron los de las fuerzas públicas
afuera de la bodega ejidal”.
Según el regidor, también sugirieron
“que ya nos calmáramos con la prensa, porque
las cosas ya estaban en camino de arreglarse.
Pero para nosotros, eso ocurrirá hasta que
los Fox devuelvan las tierras, o las paguen”.
En próximos días, el grupo se reunirá
con otros funcionarios de la Reforma Agraria,
según fue el ofrecimiento de Candelario Tejeda.
No hubo acuerdos con el secretario general de Gobierno,
desmiente SRA. (Ecos de la Costa, mario Alberto Solís, p.web)
Colima.- El gobierno estatal ha
demostrado insensibilidad política en torno
al asunto que implica una disputa de tierras
entre los integrantes del movimiento Antorcha
Campesina y militantes de la CNC, toda vez
que este conflicto puede resolverse en base
a la concertación y los acuerdos.
Así lo manifestó el representante
local de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Ricardo Sánchez Arreguín, quien además desmintió al gobernador Silverio
Cavazos Ceballos,
quien la víspera declaró que en ese conflicto
los antorchistas
no tienen la razón y que el funcionario federal
ya se había reunido con las autoridades estatales.
En rueda de prensa, Sánchez Arreguín detalló que en el caso del ejido Nuevo Quesería,
ubicado en el municipio de Coquimatlán
y perteneciente a la organización Antorcha
Campesina, “la Reforma Agraria ha dispuesto
toda su atención y por ello, el procedimiento
jurídico se encuentra en orden”.
Consideró que el gobernador no
ha dimensionado el problema que implica este
asunto, “toda vez que se puede dar un enfrentamiento
entre los cenecistas
del lugar, quienes tomaron posesión del terreno,
y los antorchistas
que son los dueños de ese terreno, según la
ley”.
En este sentido, desmintió que
se haya reunido con el secretario general
de Gobierno, Juan José Sevilla Solórzano,
tal como lo afirmó el mandatario estatal;
“efectivamente teníamos concertada una reunión,
pero a última hora el funcionario se reportó
enfermo y no hubo encuentro”.
No obstante, indicó que este problema
se sale de la esfera jurídica “y entra en
el terreno de lo político, es decir que debemos
ponernos de acuerdo para que las partes salgan
ganando y evitemos problemas mayores, dado
que se pondría a dos grupos en un conflicto”.
Descartó que sea viable llevar
a los antorchistas
para que tomen posesión del terreno ubicado
en el municipio de Coquimatlán,
“porque si ya hay gente ubicada en ese terreno,
podríamos fomentar un enfrentamiento mayor,
lo cual de ninguna manera es viable para esta
representación”.
Insistió en que el gobierno estatal
no ha puesto la atención que merece a este
asunto, “toda vez que yo traté de hablar con
el gobernador y no me atendió la llamada,
cuando es claro que este asunto puede resolverse
mediante los acuerdos políticos entre las
partes”.
Por su parte, la responsable del
área jurídica de la SRA, Elizabeth Chapula
de la Mora, comentó que el proceso para la
adquisición del predio donde se conformó el
núcleo agrario Nuevo Quesería, está completo
en términos legales y los antorchistas pueden tomar posesión en cualquier momento.
Explicó que para este terreno se
siguió un procedimiento para una posesión
irregular y no de acción agraria de ampliación,
“por lo tanto no se necesita cumplir con un
acta de ejecución, tal como lo argumentan
las autoridades estatales, sino que es suficiente
con que los posesionarios
accedan a su nuevo espacio”.
Al retomar la palabra, Ricardo
Sánchez adelantó que el día de hoy se reunirá
con el secretario general de Gobierno y el
responsable jurídico de la CNC, “con lo cual
esperamos avanzar de manera notable en la
resolución de este problema, que sin duda
es factible lograrlo a través del diálogo”.
Acusan a Javier Castelo
de megatranza con
recursos de programas sociales. (Excélsior, p.web)
Al menos 20 mdp
del erario han sido desviados para apoyar
a candidatos panistas,
denuncian.
El PAN creó al menos cinco organizaciones
fachada para obtener recursos públicos provenientes
de programas sociales y beneficiar a las campañas
de sus senadores y diputados. El desvío suma
al menos 20 millones de pesos en los últimos
dos años.
Esto lo afirma Arnulfo Montes Cuen, presidente de la Federación Nacional de Productores
Agropecuarios (Fenpa),
una de las organizaciones que tramitó recursos
a través de diputados panistas
y que tiene demandada a Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol)
por el desvío de 55 millones de pesos a la
campaña de Felipe Calderón, a través de Huehuetépetl
Comunitaria, A.C.
Montes Cuen
explicó que las organizaciones "fachada"
se agrupan en PLANTAR, la asociación formada
por el PAN en 2004 para atender al sector
campesino y que tenía entre sus consejeros
a los ex titulares de la Sedesol,
Josefina Vázquez Mota; de Sagarpa,
Javier Usabiaga; de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y del Medio Ambiente,
Alberto Cárdenas.
Ilegal cobro de Predial a 73 mil contribuyentes. (Noticias de Oaxaca, reynaldo Bracamontes, p.web)
La dirección de Ingresos del Ayuntamiento
de Oaxaca de Juárez, calcula recaudar este
año 21 millones de pesos, por concepto de
impuesto predial y con las fotografías aéreas
asegura ampliar su base de contribuyentes.
El gobierno priísta de Oaxaca,
ya tiene en su poder
los resultados de los vuelos fotogrométricos,
realizados por la empresa SIGSA, para lograr
las fotografías de todos los predios urbanos
de los 570 municipios de Oaxaca, incluido
Oaxaca de Juárez.
Por su densidad de población, eligieron
a Oaxaca de Juárez, para poner en marcha el
programa de verificación domiciliaria. Para
cotejar la información aérea, el gobierno
habilitó a grupos de verificadores catastrales,
para que visiten domicilio por domicilio.
Los ciudadanos están obligados
a cooperar, permitiendo que los verificadores
inspeccionen todos los interiores de sus viviendas
o residencias.
Los consultados están obligados
a responder quienes son y cuantas son las
personas que habitan los inmuebles y el parentesco.
En esta inspección de campo, los
verificadores tienen facultades de solicitar
al propietario la original y copia de su escritura
para comprobar las medidas de los predios.
Ello, independientemente de que
el gobierno estatal puede apoyarse en sistemas
de rayos infrarrojo, para investigar los movimientos
y número de personas que habitan determinado
inmueble.
Si en respuesta existe resistencia
o negativa del propietario, los verificadores
elaboran un reporte dirigido a la dirección
del Instituto Catastral.
La empresa de servicios geográficos
y cartográficos, realizó vuelos y tomas fotográficas
a mil y diez mil metros de altura, y de los
comparativos se desprende que el margen de
error es de 30 centímetros por cada 30 metros.
Hasta la semana pasada se habían inspeccionado en
el municipio de Oaxaca de Juárez, 21 mil de
los 70 mil predios identificados durante los
vuelos fotogrométricos.
Con esta información, el gobierno
de Oaxaca de Juárez, no sólo podrá aplicar
nuevas tasas por concepto de Impuesto predial,
sino que requerirá a quienes no están al corriente.
Pero además del costoso trabajo
fotogrométrico, el gobierno estatal contrató el servicio de
un “geomóvil” para
fotografiar todas las fachadas o accesos de
los 70 mil predios localizados en Oaxaca de
Juárez. Los trabajos se realizaron en 30 días.
El geomóvil
es un automotor que en lugar de llevar espejos
retrovisores, lleva dos cámaras especiales
que obtienen las imágenes de las fachadas
en paralelo a la circulación del vehículo.
Así, el propietario de un inmueble
no podrá mentir a la autoridad. Esta información
también está resguardada por el Instituto
Catastral del Estado de Oaxaca.
Una vez actualizado el padrón catastral
de Oaxaca de Juárez, el gobierno estatal continuará
con los municipios de Huajuapan
de León, Tuxtepec, Salina Cruz, Juchitán
y Miahuatlán, que son los de mayor densidad
de población.
De acuerdo al plan del gobierno
estatal, en una segunda etapa se elaborará
el padrón de predios ejidales y comunales,
en una coordinación con el Registro
Agrario Nacional.
Suspenden permisos forestales en Los Chimalapas. (Noticias de Oaxaca, César Morales, p.web)
Autoridades federales forestales
suspendieron el otorgamiento de permisos de
explotación forestal en la zona de conflicto
limítrofe entre Oaxaca y Chiapas, en la región
de los Chimalapas, hasta que se determine la situación jurídica de
los núcleos agrarios de San Antonio, perteneciente
al municipio oaxaqueño de San Miguel Chimalapas;
y Díaz Ordaz, del lado chiapaneco, que en
días pasados estuvieron a punto del enfrentamiento,
informó el delegado de la Secretaría de
Reforma Agraria (SRA), Gerardo Estrada Vázquez.
Luego de una semana de hostilidades
entre estas dos comunidades, por la explotación
ilegal de una parte del bosque del lado oaxaqueño,
por ejidatarios chiapanecos, quienes supuestamente
se excedieron de los permisos otorgados por
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat),
este día se decidió suspender toda actividad
forestal en la zona de conflicto, indicó el
servidor publico.
Dijo que la situación entre ambas
comunidades se ha destensado un poco con los
acuerdos alcanzados, aunque continúa de manera
parcial el bloqueo que inició hace más de
una semana la población de San Antonio al
camino de salida de Díaz Ordaz - y es que
en lugar, se dio a conocer que los chiapanecos
derribaron unos mil 500 árboles de pino-.
Estrada Vázquez mencionó que el
próximo 11 de mayo se realizará una nueva
reunión con las partes en conflicto, para
que se puedan iniciar los trabajos de regularización
de la tierra a través del Procede,
que es la propuesta que tiene el Gobierno
Federal para estas comunidades.
Explicó que la situación territorial
entre estos núcleos agrarios es clara y sólo
habrá que hacerla efectiva, porque la comunidad
de San Antonio cuenta con una resolución presidencial
anterior a la de Díaz Ordaz, por lo que no
debe haber ningún problema para regularizar
esta situación.
El funcionario refirió que en tanto
no se aclare el conflicto limítrofe, la Semarnap
y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa)
no permitirán la explotación forestal en la
zona, porque es uno de los principales factores
que dieron origen a este conflicto, debido
a que Díaz Ordaz, que pertenece a Chiapas,
invadió terrenos de la comunidad oaxaqueña
de San Antonio, con el pretexto de que contaba
con un permiso de explotación forestal.
Por lo que ahora, se estudian los
mecanismos de cómo aplicar las resoluciones
presidenciales y la expedición de permisos
de explotación forestal para evitar confrontaciones
por invasiones en esta parte de la región
de los Chimalapas.
Fox debe dialogar con los
sindicatos, no confrontarlos. (La Jornada, Gabriel León,
p.web)
El Sindicato de Trabajadores de
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
lamentó la injerencia del gobierno federal
en la vida de los sindicatos y los actos de
violencia que provocó su intromisión en la
siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El dirigente Rubén Ita Zamudio manifestó que no está
de acuerdo "con el entrometimiento de
la administración de Vicente Fox en los gremios laborales, porque no queremos que en el
futuro nos pase algo similar".
Aunque justificó el proceder del
mandatario, "por el año electoral que
vivimos", lo llamó a respetar la autonomía
de los sindicatos y le recomendó que antes
de tomar cualquier decisión que confronte
"mejor que se siente a dialogar".
En torno de los hechos violentos
de los días 3 y 4 en San Salvador Atenco,
estado de México, Ita
Zamudio pidió a
los gobiernos federal, estatal y local que
apliquen la ley, pero no la violencia.
Dijo que, en todas sus formas,
la violencia es reprobable. Tanto la actitud
de los pobladores de Atenco, quienes en diferentes ocasiones salieron a tomar las
calles, "como la extrema violencia que
generaron los cuerpos policiacos".
Sobre el proceso electoral del
2 de julio próximo, refirió que sus 2 mil
700 representados sufragarán libremente por
el candidato de su preferencia, y descartó
que la dirigencia sindical vaya a ofrecer
votos corporativos.
Sector agropecuario
Se apoyará comercialización de maíz en Sinaloa:
Sagarpa. (La Jornada, Javier Valdez,
p.web)
Culiacán, Sin. Los gobiernos federal y estatal acordaron apoyar
la comercialización de 500 mil toneladas de
maíz de la cosecha que se obtendrá este año,
a un precio inicial de mil 450 pesos. Manuel
Martínez de León, director de Comercialización
de Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria -organismo de la Secretaría de
Agricultura (Sagarpa)-,
informó que esto se hará mediante un programa
de pignoración. "Cuatro meses antes de
la cosecha primavera-verano, se entregará
apoyo financiero a las organizaciones de productores
para que surtan a tiempo a sus compradores",
informó.
Organizaciones campesinas
Jefas de familia, más de un millón de campesinas:
CNC. (La Jornada, Gabriel León, p.web)
La carga de trabajo no les permitirá festejar
hoy.
Cada año los esposos de más de 400 mil emigran
a EU.
Las mujeres del campo no tienen motivo para festejar el Día
de las Madres, ya que desde que empezó este
gobierno panista
un millón están obligadas a fungir como jefas
de familia, detalla la Confederación Nacional
Campesina (CNC), la cual asegura que "más
de 400 mil son abandonadas cada año -junto
con sus hijos menores de edad- por sus esposos,
quienes emigran a Estados Unidos en busca
de mejores opciones de vida y recursos económicos".
Informes del sector campesino priísta resaltan que "la
abnegada madre rural" tiene que enfrentar
la vida muchas veces sin saber leer ni escribir,
y la mayoría con hijos, lo cual agrava sus
condiciones económicas.
Según la organización agraria, más de 13 millones de mujeres
rurales -la cuarta parte de la población femenina
del país- enfrenta dobles y triples jornadas
laborales, sin que su esfuerzo sea reconocido
ni retribuido, a lo que se agrega que más
de 2 millones "siguen sufriendo discriminación,
trabajan en situaciones precarias, laboran
más de ocho horas diarias, reciban salarios
inferiores al mínimo regional, carecen de
servicios de salud y de prestaciones sociales
que requieren para ellas y sus hijos".
La CNC señala que alrededor de un millón de campesinas que
se emplean en las maquiladoras padecen constantes
violaciones a sus derechos humanos, además
de que sólo la cuarta parte de las 300 mil
unidades de producción rural cuenta con superficies
exclusivas para mujeres.
Con base en datos oficiales, el organismo indica que de los
13 millones de mujeres que residen en comunidades
rurales, sólo 61 mil ejidatarias y comuneras
(cinco por ciento) tienen derechos reconocidos
sobre sus parcelas, tierras de uso común y
solares urbanos, a pesar de que un porcentaje
mucho mayor de éstas están al frente de sus
familias por la creciente emigración de los
varones.
Ante esta situación, el dirigente de la CNC, Heladio Ramírez, exigió al gobierno del presidente Vicente
Fox que se revisen y rediseñen las políticas agropecuarias
con perspectivas de género.
El líder campesino destacó las cifras de la reciente encuesta
presentada por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las cuales
revelan que de cada 100 mujeres indígenas
mexicanas, 52 ingieren con frecuencia bebidas
alcohólicas, sobre todo las que tienen entre
40 y 50 años. "Quizá obedezca a intentos
de escapar a su dramática realidad, porque
para las madres aborígenes el 10 de mayo no
existe", sentenció el cenecista en un comunicado.
Indicó que la falta de estudios es otro de los problemas que
deben sortear las campesinas, ya que según
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), sólo tres de cada 100
tienen estudios universitarios.
El líder cenecista manifestó que
la falta de políticas públicas para atender
con visión de género la marginación y la pobreza
de las mujeres del campo acentúa las condiciones
de vulnerabilidad de este sector.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Damnificados detenidos ayer. (Cuarto Poder, Héctor Narváez, p.web).
Los dirigentes de las protestas por la nula reconstrucción
en este municipio y las promesas incumplidas
por el alcalde Darinel Méndez Vera, fueron detenidos por la Policía Sectorial
del Estado, cuya corporación también lesionó
a un comunero y a un niño, al intervenir violentamente
por órdenes del gobernador del Estado para
desalojarlos de la carretera federal que mantenían
bloqueada los inconformes.
No ocurrió así en la alcaldía que hasta el cierre de
esta edición permanecía tomada por los comuneros,
quienes insisten en sus demandas de que se
agilicen los trabajos de desazolve
de los ríos que atraviesan por este lugar.
La "ley del garrote" no sólo se aplicó este
lunes en Bochil,
municipio de los Altos, sino también en la
Costa, en Escuintla, en donde a diferencia
de aquel municipio, las manifestaciones no
plantean disputas políticas, sino que exigen
prevenir otra desgracia similar al del año
pasado, con "Stan".
Las instrucciones, a decir de los gendarmes que llegaron
armados con toletes y escudos, fueron emitidas
por el fiscal general del Estado, Mariano
Herrán Salvatti,
y el secretario de Seguridad Pública, Horacio
Schroeder Bejarano,
quien a la vez es el comisionado para la Reconstrucción
en Chiapas.
Así, la acción de la fuerza pública fue antes de las
8 de la noche, ejercida por más de 80 elementos
que a punta de toletazos acallaron a un pueblo
enardecido por las burlas y engaños del responsable
de la atención de la devastación en los 41
municipios damnificados, quien durante más
de 15 días se negó a sentarse a dialogar con
los comisariados
para llegar a acuerdos.
Sin considerar que en el grupo se encontraban mujeres
y niños, los policías repartieron golpes,
dejando en el camino a un campesino mal herido
y a un menor de edad que fue agredido brutalmente,
de quienes hasta el momento se desconoce su
estado de salud.
El presidente de la Coalición de Comisariados
Ejidales, Leonel
Vázquez Alvarado, y el asesor Melvin Sancho Escobar, identificados como los dirigentes del
movimiento, fueron detenidos por la Sectorial,
y hasta el momento no se ha dado a conocer
su situación jurídica.
En medio de llantos y gritos, la carretera federal fue
liberada y Escuintla nuevamente quedó comunicada,
pero padeciendo la misma indiferencia gubernamental.
"Lo que nos hace este Gobierno... no es bueno...
ahora nos tratan como delincuentes",
dijo una señora que no contenía las lágrimas,
mientras veía cómo eran apaleados sus familiares,
conocidos y demás compañeros habitantes del
mismo pueblo damnificado.
En tanto, el alcalde, los regidores y demás funcionarios,
emprendieron la huida en un aparente acto
de legalidad que no beneficiaba a nadie, más
que al Gobierno Estatal.
Aunque este martes, las televisoras nacionales daban
la noticia oficial: que los campesinos habían
levantado las protestas y que llegaron a la
negociación de que se realizarían los trabajos
de desazolve de los ríos, lo que se vivió en Escuintla fue otra
cosa.
A pesar de las acciones, ayer el Ayuntamiento amaneció
por segundo día consecutivo tomado por más
de 40 comuneros que insisten en que sean atendidas
sus demandas por el gobierno.
A medio día había una advertencia de que de nueva cuenta
se aplicarían la fuerza pública, pero después
se descartó.
GUERRERO
Encabeza Torreblanca marcha pro La Parota. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).
Exige a la CFE aclarar si realizará o no el
proyecto.
Pide pago justo por tierras y dice que no
tolerará abusos.
Tierra Colorada, Gro., 9 de mayo.
El gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo encabezó un marcha en
apoyo a la construcción de la presa La Parota
con acarreados provenientes de varias
comunidades y poco más de 2 mil comuneros
militantes de PRI, PRD y PT.
En la movilización el mandatario puso un ultimátum a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) para que a más
tardar la próxima semana diga a los guerrerenses
''si le va a entrar o no. Le vamos a exigir
que se defina y nos dé una respuesta'' sobre
la obra.
Además, llamó al diálogo al Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a la Parota, que ''se ha cansado
de transgredir la ley, quiere imponer su razón
a base de presiones, bloqueos y confrontación.
Les decimos que no tenemos miedo y pensamos
en la mayoría responsable, pero no permitiremos
que sea a través de la provocación, el infundio,
el derramamiento de sangre y los odios entre
el pueblo como se actúe. Llamamos a un encuentro
a través de la razón y no de los machetes
y de la violencia''.
Acompañado por Cuitláhuac Rangel, representante de la CFE, el gobernador recorrió más
de dos kilómetros hasta llegar al auditorio
de la comunidad La Pintada, donde escuchó
a varios oradores. En su turno dijo que ''durante
muchos años'' luchó ''para encontrar en la
democracia la mejor fórmula para gobernar'',
pues ''en la democracia manda la mayoría''.
Zeferino Torreblanca exigió a la paraestatal
''que defina su postura en relación a los
precios (de la tierra a expropiarse para construir
La Parota), y si no puede dar los precios
porque no todos (los terrenos afectados) son
iguales, permita hacer un análisis para poder
tener elementos. Le vamos a pedir que no se
ande con medias tintas: que diga que sí o
que no, para no andarnos confrontando; que
no nos vacilen con que (el proyecto
de la presa) se va a La Yesca, que definan
si le van a entrar a La Parota, y si no pueden
definir los precios, que por lo menos garanticen
rangos''.
Añadió que el proyecto La Parota ''no es un problema de huevos;
es problema de cabeza y de inteligencia. Lo
he dicho cuando me piden que no me tiemble
la mano y que ponga por delante los tamaños.
Les contesto que no se trata de ver quién
es más valiente y que a lo mejor puedo no
tener muchos, pero tengo carácter''.
Ante los gritos de campesinos priístas que pidieron ''mano
dura'', como la que utilizó el gobierno del
estado de México contra los campesinos de
San Salvador Atenco,
Torreblanca Galindo replicó: ''Oiganlo
bien: no voy a ser irresponsable para sembrar
odio y sangre entre los pueblos. Vamos a agotar
la paciencia y la tolerancia''.
Al gobierno federal advirtió que los habitantes de Guerrero
''no queremos migajas ni tampoco queremos
una CFE como la del pasado, que hacía lo que
se le pegaba su rechingada
gana. No queremos una CFE que venga a violentar
la mayoría de los pueblos. Vamos a utilizar
el recurso de la democracia y la inteligencia
para darle la vuelta a los que provoquen con
violencia y denuestos.
''Si la mayoría decide que este proyecto se realice, entonces
el gobernador encabezaría las movilizaciones
y sería capaz de solicitar licencia si pretende
atropellarnos el gobierno federal. Que pague
de manera justa a los ejidatarios'', destacó.
Declaran alerta roja opositores a La Parota. (Novedades de Acapulco, fernando
Polanco, p.web).
Chilpancingo, Gro..- Organizaciones
sociales adherentes a “La Otra Campaña” desde
el día de ayer se declararon en posición de
“alerta roja” debido a la marcha que realizó
el jefe del Ejecutivo guerrerense en el municipio
de Tierra Colorada en donde se pronunció a
favor de la contrucción
del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Clemencia Guevara Tejedor y Edith Carvajal, integrantes de
la dirigencia regional de “La Otra Campaña”
en Chilpancingo, consideraron que la marcha
y acciones que ha emprendido el gobernador
a favor de La Parota es un acto de provocación
y represión a las organizaciones sociales
y campesinos.
Por lo cual, pronosticaron que si el mandatario estatal continúa
bajo esa línea “podrían existir lamentables
enfrentamientos porque los campesinos y comuneros
han sido muy claros que no quieren ese proyecto
y el gobernador a fuerza que sí, y si esto
sigue así, ojalá que no se repitan las escenas
de Atenco”.
Por otra parte, grupos armados como el Comando Revolucionario
del Trabajo México Bárbaro, Jaramillista
Morelense 23 de Mayo, el Popular Revolucionaro
La Patria es Primero y Tendencia Democrática
Ejército del Pueblo, calificaron los hechos
de Atenco como una
“campaña de intimidación preelectoral” , y
advirtieron que de profundizarse consideramos
la posibilidad de trascender la tregua...y
actuar de la forma que creamos adecuada y
contra el objetivo económico, político, ideológico
que sea pertinente
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