CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
3 DE MAYO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Vuela superávit por el petróleo
Reportan excedentes
por $63 mil millones. Señala Hacienda que
el alto precio del combustible favoreció ingresos.
Nos podemos equivocar; admiten encuestadores
Prestamos sólo tendencias, no ejercicio
de precisión, señalan.
Crece 5.0% la economía mexicana
Producción industrial
y servicios, donde más repunta.
Se acelera el gasto al cierre del sexenio
La Secretaría de Hacienda descarta
influencia por el ambiente electoral. Erogados,
4 mil mdp del IFE
de un presupuesto de 11 mil 892 mdp.
Encubre la ASF a los Bribiesca:
legisladores
Denuncian probable apoyo al fraude.
La ventaja de Calderón, en el voto cambiante
Gana simpatías
entre electores que alternan sus preferencias:
María de las Heras.
Las encuestas, “cuchareadas” y “a modo”, afirma
López Obrador.
Hace EU el vacío a las protestas
Silencio de Bush y gobernadores frente al boicot latino; descartan senadores
republicanos destrabar la discusión.
Ataca AMLO encuestas en que cae: están cuchareadas
En mis sondeos sigo 10 puntos arriba,
asegura. Contradicciones en el sol azteca
sobre cambio de táctica.
Salinas, absuelto de lavado
Exonera tribunal
francés también a Adriana Lagarde.
Eran sospechosos de transferir 105 mdd
del narcotráfico.
Fox abre el arcón en año electoral: 14.5% más
El sector público
erogó 55 mil millones de pesos más en el primer
trimestre de 2006 que el ejercido en el mismo
periodo del año anterior.
Sector agrario
Fox aún no resuelve problemas
de tierras en su propio rancho. (La Jornada,
Martín Diego Rodríguez, p.web.
/Información también publicada en A.M.
(Guanajuato), p. web.).
Reunión del Procede termina en zacapela entre
policías y ejidatarios que exigen tierras.
Amenaza delegado de la SRA a regidor perredista:
''O te calmas o voy y te parto tu madre''.
Rancho San Cristobal, Gto., 2 de mayo. Ejidatarios de Rancho San Cristóbal, municipio
de San Francisco del Rincón, se enfrentaron
a golpes con las fuerzas de seguridad pública
del estado que resguardaban un pequeño salón
propiedad del ejido, donde se efectuó una
reunión del Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares
(Procede).
Los comuneros piden la devolución de 900 hectáreas y de la
presa San Cristóbal, que posee la familia
Fox Quesada en desacato
de una resolución presidencial de 1937.
Alrededor del mediodía, 51 campesinos intentaron ingresar a
la asamblea para pedir a las autoridades agrarias
no avalar ''el despojo que nos hizo la familia
Fox en perjuicio
de los campesinos. Ellos ya se hicieron ricos
con la tierra mientras nuestros muchachos,
a falta de una parcela para que la trabajen,
son peones en la empacadora (Don José, propiedad
de la familia del Presidente) o se tienen
que ir a Estados Unidos a trabajar como ilegales'',
según dijo el regidor perredista José Cruz Pacheco, quien encabezaba la protesta.
Como les impidieron integrarse a la asamblea, el edil pidió
a los inconformes presenciar la entrega de
las tierras del ejido, que por cierto, ante
las autoridades de San Francisco del Rincón
es un asentamiento irregular.
Cruz Pacheco, quien fue comisario ejidal en San Cristóbal,
acusó al gobernador Juan Carlos Romero Hicks
de intervenir en un asunto que sólo compete
a la comunidad y a las autoridades agrarias,
al permitir ''la provocación de los granaderos.
Como en 1972, nos sacaron a golpes cuando
le gritamos en la cara al señor (José Luis)
Fox, padre de Vicente Fox, que nos
había despojado de nuestras tierras''.
Tras la trifulca, los comuneros pidieron al delegado de
la Procuraduría Agraria, Juan Antonio de León
Torres (ex diputado local panista), que ofreciera garantías para no legitimar la entrega
de las 900 hectáreas (que ocupan una parte
de la congeladora Don José, zonas de cultivo
de brócoli y otras hortalizas, así como de
un invernadero de cultivos experimentales)
y la devolución de la presa San Cristóbal,
''que hoy sólo sirve de adorno para la casa
grande'', como llaman a la finca de descanso
del presidente Fox.
León Torres respondió que las peticiones de los campesinos
eran improcedentes debido a que ''ya se dio
un fallo sobre el tema y lo que se pide no
es posible, aunque también es un asunto que
no está finiquitado, y si quieren pueden ir
ante el Tribunal Agrario para poner
su inconformidad''.
Los ejidatarios insistieron en ingresar, pero los granaderos
los echaron a empellones y les prohibieron
la entrada a una asamblea que, según Cruz
Pacheco, fue ilegal, ya que apenas reunió
a 60 de los 215 ejidatarios, ''y para dar
legalidad se requiere la presencia de 75 por
ciento; aquí estamos 51 y no nos dejaron pasar''.
Luego de la gresca, Fausto Espejel,
delegado de la Reforma Agraria, llamó
por radio al regidor Cruz Pacheco para decirle:
''O te calmas y calmas a tu gente o voy yo
y te parto tu madre''. Como varios reporteros
escucharon la conversación, el funcionario
invitó entonces al regidor a ''entablar una
mesa de diálogo para poner fin al conflicto''.
Los comuneros dijeron que desde 1937 la familia Fox se ha negado a entregar las tierras en beneficio del ejido;
mostraron un documento fechado el 28 de diciembre
de 1940, donde José L. Fox
Pont Jr. (padre del presidente Vicente Fox)
acudió a la embajada de Estados Unidos en
México para evitar que los campesinos se beneficiaran
de la dotación de tierras a la cual obligaba
el decreto del presidente Lázaro Cárdenas.
Firmado por el ''administrador general'' Francisco Álvarez
Jr., el documento argumenta por qué Fox
Pont no pagó a la
tesorería del estado y transcribe los argumentos
del padre del mandatario federal y de su petición
de ayuda a la embajada estadounidense:
''El 29 de octubre (de 1940) los ejidatarios de San Cristóbal
y El Desagüe obtuvieron una orden para que
se les dieran tierras donde ellos quisieran
de lo que fue la hacienda de San Cristóbal.
Dado que esa orden era contra toda razón,
pues los ejidos están dados en planos aprobados
y de las fracciones que nos quedaron tenemos
certificados, entrevistamos al c. gobernador
del estado y fuimos a la embajada americana
(sic) en México, gracias a lo cual logramos
que dicha orden no se llevara a cabo. Estando
en situación tan anormal no me conviene, como
vulgarmente se dice, meter dinero bueno al
malo, y ese es el motivo por el que no les
he remitido las contribuciones'', dice la
declaración de Fox
Pont.
José Guadalupe Cruz Pacheco, expresó: ''Si desde aquella fecha
(1937) la familia Fox
hubiera acatado la resolución presidencial,
porque no hay otra que eche abajo la que entonces
hubo, todo esto no hubiera ocurrido. Ahora
es la necedad de los Fox de no entregar las tierras a los ejidatarios lo que va
a provocar algo difícil para nosotros y para
nuestros hijos.''
Finalmente, las autoridades federales acordaron para el próximo
martes una reunión para analizar los argumentos
de los ejidatarios y hacer una delimitación
de los predios con base en el decreto que
dota a los ejidatarios de parcelas que estuvieron
en posesión de José Luis Fox Pont en la hoy ex hacienda de
San Cristóbal.
Con el conflicto en casa.
Rancho San Cristóbal ha sido escenario de varios enfrentamientos,
entre ellos el del 7 de febrero de 2004, cuando
unos 2 mil integrantes de la Alianza Binacional
Braceroproa allanaron
la finca de la madre de Vicente Fox
Quesada; el 16 de abril de ese año diputados
federales del PRD intentaron protestar contra
el juicio de desafuero que se seguía al entonces
jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, y fueron agredidos por
elementos del Estado Mayor Presidencial.
A partir de entonces este cuerpo militar controla el acceso
al poblado, lo que también ha provocado enfrentamientos
entre sancristobalenses y los soldados que revisan los vehículos.
Ejidatarios de Guanajuato reclaman tierras de los
Fox. (Proceso, Verónica Espinosa,
p.web).
* Utilizan el
Procede para legalizar terrenos que no les
pertenecen, acusan.
San Cristóbal,
Gto.- Ejidatarios de esta comunidad –donde reside la familia
del presidente Vicente Fox—
protagonizaron un enfrentamiento este mediodía
durante la celebración de la asamblea en que
se discutiría la definición de los linderos
correspondientes a cada propietario, entre
éstos los propios hermanos Fox
Quesada, que están en proceso de certificación
mediante el programa federal Procede.
A la sede de la
asamblea pretendió entrar el regidor de San
Francisco del Rincón –también vecino de San
Cristóbal y excomisariado
ejidal--, Guadalupe Cruz Pacheco, quien forma
parte de un grupo de ejidatarios que reclama
tierras por una extensión aproximada a las
350 hectáreas, que se encontrarían de manera
irregular en posesión de Vicente Fox,
en virtud de que forman parte de una resolución
presidencial de reparto que data de 1937.
Se trata de un
conflicto que se ha heredado de padres a hijos
y nietos. Un grupo cercano a los 50 ejidatarios
acusa al presidente Fox
de utilizar el Procede para legalizar la posesión
de tierras que les corresponden según la resolución
presidencial, y de contar con la complicidad
de funcionarios de diversos niveles –entre
ellos varios delegados de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) que, en los
últimos años, han pasado por la entidad--
para consumar el despojo.
El regidor Cruz
Pacheco quiso entrar a la asamblea ejidal
para reclamar a los funcionarios de Procede
y al procurador agrario estatal José Antonio
de León Torres –quien en la pasada Legislatura
local fue diputado del PAN-- las presuntas
irregularidades cometidas durante el proceso
de deslinde, pero le fue impedido el acceso
por órdenes del comisariado
Atanasio Ruiz Romero, hermano del delegado
de San Cristóbal, Lidio Ruiz.
Esto motivó un
forcejeo, jaloneos y algunos golpes, así como
la intervención de elementos de las Fuerzas
de Seguridad Pública que se encontraban ubicados
afuera de las instalaciones de la asamblea
–casi frente a las tierras de la empresa Congelados
Don José, propiedad de los Fox
y del Grupo Altex.
La situación fue
controlada minutos después, cuando funcionarios
de la Secretaría de Gobierno intervinieron
para concertar un encuentro con los ejidatarios
inconformes encabezados por el regidor Cruz
Pacheco, que se efectuará la semana próxima
con el procurador agrario y funcionarios
del Registro Agrario Nacional y de la
dirección de la Tenencia de la Tierra del
estado.
Incluso, personal
del área de asesores de la Secretaría de Gobierno
aseguró que Cruz Pacheco y sus acompañantes
portaban machetes, lo que no pudo ser confirmado
y fue negado por el propio regidor, mismo
al que, en medio del conflicto que se vive
por la dotación de las tierras en posesión
de los Fox, fue
sometido la semana pasada a un proceso de
desafuero en el Congreso local, a fin de enfrentar
una acusación de robo de una agenda digital,
que resultó infructuoso a pesar del voto a
favor de la fracción del PAN.
Se enfrentan ejidatarios y FSPE en San Cristóbal. (El Correo de Guanajuato, Martín Diego, p.web)
San Cristóbal.
Campesinos exigen que no se avale
como propiedad de los Fox
terrenos que aseguran les pertencen
desde hace años.
Debido a un conflicto
ejidal que data desde 1937 y a que "todavía
no ha quedado resuelto", ejidatarios
del rancho San Cristóbal en San Francisco
del Rincón, se liaron a golpes con elementos
de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado
(FSPE) quienes no les permitieron ingresar
a la Asamblea Ejidal programada para ayer
y suspendida la semana pasada por falta de
quórum.
La reunión tuvo como
motivo dar por concluidos los trabajos del
Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares (Procede), pero
los comuneros exigían que las autoridades
agrarias no avalaran la posesión presuntamente
ilegal de 900 hectáreas usufructuadas por
la familia Fox Quesada
desde hace más de 50 años y exigían, además,
la devolución de la presa San Cristóbal que
hoy "es el adorno de la casa de Vicente
Fox" que, según el regidor de San Francisco del Rincón,
José Guadalupe Cruz Pacheco, representa un
desacato a la resolución presidencial de 1937
emitida por el ex presidente Lázaro Cárdenas.
Alrededor del medio
día, 51 campesinos intentaron ingresar a la
asamblea ejidal y reprocharon que la presencia
de unos 70 elementos de las Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato era un acto
de provocación que estaba en contra de la
normatividad del Procede dado que el evento
sólo compete a las autoridades ejidales, dijo
el regidor francorrinconense.
Afirmó que su presencia
en la asamblea "es necesaria para verificar
que las autoridades agrarias no den el visto
bueno al despojo que nos hizo la familia Fox en perjuicio de los campesinos, ellos ya se hicieron ricos
con la tierra mientras que nuestros muchachos,
a falta de una parcela para que ellos la trabajen,
o son peones en la empacadora ("Don José",
propiedad de la familia de Vicente Fox)",
esgrimió Cruz Pacheco.
Sin embargo y ante
la negativa para que los inconformes se integraran
a la asamblea, el edil pidió sólo presenciar
cómo se desarrollaba el acto de entrega de
posesión de la tierra en el ejido que, ante
autoridades francorrinconenses
es un asentamiento irregular.
Cruz Pacheco, quien
fuera comisario Ejidal en San Cristóbal, acusó
también al gobernador de Guanajuato, Juan
Carlos Romero Hicks
de intervenir en un asunto que sólo le compete
a la comunidad y a las autoridades agrarias
al permitir "la provocación de los granaderos
y, como en 1972, nos sacaron a golpes cuando
le gritamos en la cara al señor (José Luis)
Fox, padre de Vicente
Fox, que nos había
despojado de nuestras tierras”.
Las peticiones.
Antes de la trifulca,
los comuneros pidieron al delegado de la
Procuraduría Agraria, Juan Antonio de León
Torres (ex diputado panista
en el Congreso de Guanajuato), que ofreciera
garantías para que no se legitimara la entrega
de las 900 hectáreas (que ocupan parte de
la Congeladora Don José, zonas de cultivo
de brócoli y otras hortalizas, así como de
un invernadero de cultivos experimentales)
y la devolución de la presa de San Cristóbal.
El funcionario detalló
que las peticiones de los campesinos eran
improcedentes debido a que "ya se dio
un fallo sobre el tema y lo que se pide no
es posible (...) no está finiquitado y si
lo quieren, pueden ir ante el Tribunal
Agrario para poner su inconformidad",
consideró.
Los jaloneos.
Pero ejidatarios insistieron
en ingresar a la reunión y fue entonces que
los elementos de las FSPE los atajaron y,
entre empellones, manotazos e insultos les
prohibieron la entrada a la asamblea que,
según Cruz Pacheco, fue ilegal ya que apenas
se logró reunir a 60 ejidatarios de los 215
"y para dar legalidad se requiere la
presencia del 75% ,
aquí estamos 51 y no nos dejaron pasar".
Luego de la gresca,
Fausto Espejel,
delegado de la Reforma Agraria, llamó
por radio al regidor Cruz Pacheco para decirle
"o te calmas y calmas a tu gente o voy
yo y te parto tu madre", luego de que
fuera escuchado por reporteros, el mismo funcionario
conminó al regidor a dialogar y "entablar
una mesa de diálogo para poner fin al conflicto".
Piden ayuda a embajada.
Los comuneros expresaron
que desde 1937, la familia Fox
se ha rehusado a entregar las tierras en beneficio
del ejido, de hecho, mostraron un documento
fechado el 28 de diciembre de 1940 donde José
L. Fox Pont
Jr (padre de Vicente
Fox) acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para
evitar que los campesinos se vieran beneficiados
de la dotación de tierras al cual obligaba
el decreto del entonces presidente Lázaro
Cárdenas.
El documento firmado
por Francisco Álvarez Jr,
cuyo cargo sólo se revela como Administrador
General, argumenta el por qué Fox
Pont no hizo sus pagos a la tesorería del estado y transcribe
los argumentos del padre del mandatario federal
donde precisa el apoyo que pidió a la embajada
norteamericana:
"El 29 de octubre
(de 1940) los ejidatarios de San Cristóbal
y El Desagüe obtuvieron una orden para que
se les dieran tierras donde ellos quisieran
de lo que fue la hacienda de San Cristóbal.
Dado que esa orden era contra toda razón,
pues los ejidos están dados en planos aprobados
y las fracciones que nos quedaron tenemos
certificados (...).
Cruz Pacheco, expresó
que "si desde aquella fecha la familia
Fox hubiera acatado
la resolución (...) todo esto no hubiera ocurrido,
ahora es la necedad de los Fox
de no entregar las tierras a los ejidatarios
lo que va a provocar algo difícil.
Escenario.
La comunidad San Cristóbal
ha sido escenario de enfrentamientos por diversos
motivos como el 7 de febrero de 2004 cuando
unos 2 mil integrantes de la Alianza Binacional
Braceroproa allanaron la finca materna de Vicente Fox; el 16 de abril de ese mismo año un grupo de diputados
federales del PRD pretendieron protestar contra
el desafuero que se le seguía al entonces
jefe del Gobierno capitalino Andrés Manuel
López Obrador, fueron agredidos por elementos
del Estado Mayor Presidencial. A partir de
eso el Estado Mayor controla el acceso al
poblado los fines de semana lo que también
ha provocado enfrentamientos entre sancristobalenses
y soldados que revisan vehículos. para
que se pueda tener acceso al ejido.
Negativa.
El delegado de la Procuraduría
Agraria, Juan Antonio de León Torres (ex diputado
panista en el Congreso local) detalló que las peticiones de
los campesinos eran improcedentes debido a
que "ya se dio un fallo sobre el tema
y lo que se pide no es posible (...)”, aunque
dijo que pueden ir ante el Tribunal Agrario
para poner su inconformidad" sobre esa
petición.
Cómo se mueven. (El Financiero,
p.web)
Zafarrancho en el rancho.
San Francisco del Rincón, Gto.- Un
grupo de ejidatarios se enfrentó a golpes
con la policía, cuando pretendían entrar a
la fuerza al rancho San Cristóbal, propiedad
del presidente Vicente Fox.
Los ejidatarios, encabezados por el regidor en San Francisco
del Rincón, José Guadalupe Cruz Pacheco, del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
pretendían participar de una reunión donde
se discutió el reparto de tierras ejidales.
El regidor perredista denunció que
las autoridades de la Secretaría de la
Reforma Agraria pretenden despojarlos
de 200 hectáreas ubicadas en el rancho del
presidente Fox y dárselas a la familia del primer mandatario de la nación.
Recordó que hace años, los despojaron de otras 600 hectáreas.
"Nos las quieren quitar a la mala, sin siquiera respetar
un decreto de expropiación que se dio en 1937",
aseguró el representante de los ejidatarios.
Cruz Pacheco precisó que en las tierras que reclaman se encuentran
una represa y una deshidratadora que actualmente
utiliza la familia Fox.
El grupo de ejidatarios pretendía ingresar al rancho del presidente
Fox para defender
las tierras que aseguran les pertenecen, pero
fueron reprimidos por 15 elementos de las
fuerzas de seguridad pública del estado.
Ejidatarios y policías protagonizaron un enfrentamiento a golpes
y agresiones verbales. Asesores del gobierno
de Guanajuato les prometieron a los ejidatarios
que les dieran tiempo y que podrían autorizar
la entrada de una comisión, sin embargo, después
de un par de minutos lo que llegó fueron más
elementos de la llamada "furia gris".
Al final y después de una tensa calma, los ejidatarios se retiraron
del lugar, pero advirtieron que seguirán luchando
por la vía legal para impedir que les quiten
sus tierras.
El regidor que encabezó a los ejidatarios es el mismo que la
semana pasada se salvó de ser desaforado por
el Congreso del estado, toda vez que la Procuraduría
de Justicia estatal lo acusa del robo de una
cámara de video.
Enfrentamiento entre ejidatarios y elementos del
Estado Mayor. (Milenio, Carlos Olvera, p.7)
San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Ejidatarios de la comunidad de San Cristóbal y elementos del
Estado Mayor Presidencial se enfrentaron a
golpes por un problema de tierras.
El incidente se originó cuando un grupo de 51 labriegos, encabezados
por el regidor perredista,
José Guadalupe Cruz Pacheco, intentaron ingresar
a la asamblea ejidal para solicitar la devolución
de 900 hectáreas y la presa San Cristóbal,
en posesión de los Fox, en desacato de una resolución presidencial de 1937.
Sin embargo, los campesinos se toparon con elementos del EMP,
quienes custodiaban el recinto donde se desarrollaba
la última Asamblea del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.
Los quejosos pretendían presenciar la entrega de tierras y
querían "pedir que las autoridades agrarias
no avalaran el despojo que nos hizo la familia
Fox en perjuicio
de los campesinos. Ellos ya se hicieron ricos
con la tierra mientras que nuestros muchachos,
a falta de una parcela para que la trabajen,
o son peones, en la empacadora, o se tienen
que ir a los Estados Unidos a trabajar como
ilegales”, acusaron.
Previo al enfrentamiento, los ejidatarios solicitaron garantías
al delegado de la Procuraduría Agraria,
Juan Antonio de León Torres, de que no
se legitimara la entrega de las 900 hectáreas
en disputa y la devolución de la presa de
San Cristóbal, “que está de adorno de la casa
del Presidente”.
Al respecto, De León Torres dijo que las demandas son improcedentes,
porque hay un fallo sobre el tema. "Si
lo quieren, pueden ir ante el Tribunal
Agrario para poner su inconformidad”,
finalizó el funcionario.
Reconoce Procuraduría Agraria elección de comisariado en Morro Mazatán. (Noticias de Oaxaca, Ángel Mendoza, p.web)
Tehuantepec.- La Procuraduría
Agraria dio por valida la elección de
comisariado ejidal
de Morro Mazatán,
a su vez que reconoció el triunfo de Felipe
Salinas, aseguró el ex agente municipal Francisco
Valdivieso López.
Calificó Valdivieso López la elección
como legal, la posición que ha tomado Felipe
Salinas no es revocable. De un total 225 registrados
durante la asamblea, la mayoría voto, a excepción
de siete que fueron anulados, aun así, fueron
20 votos de diferencia a favor de Felipe Salinas.
El visitador de la PA, Ángel
Ovando atestiguo de ello, y sin que se
registrara hasta ese momento algún acto de
inconformidad como la que pretende señalar
sin presentar argumento alguno el grupo opositor
ante el Tribunal Unitario Agrario una
controversia agraria para invalidar la asamblea.
No hubo arreglo alguno con la PA,
todo se realizó conforme a lo acordado por
los representantes de las planillas a contender
y así fue señalado en el acta de asamblea
que levantó el visitador agrario.
Valdivieso López advirtió a los
ejidatarios, aprovechar los cambios para empezar
a trabajara y sacar juntos los trabajos que
han estado pendientes y que de alguna u otra
forma no se ha realizado por diversas circunstancias.
Hay mucho trabajo por delante,
uno de ellos y quizás el principal, depurar
el padrón de ejidatarios ya que hay personas
que no han sido dados de alta, y es posiblemente
en donde creó la controversias en el momento
de la elección, no obstante que, están reconocidos
por la PA, aclaró Valdivieso López.
Precisó Valdivieso López, con apelar
a la comunidad ejidal si es necesario, para
defender un derecho que fue ganado de una
manera limpia en las urnas, por que resulta
improcedente el querer confundir a los ejidatarios
con incurrir en actos de irregularidad en
el proceso pasado.
En su momento si es necesario justificaremos
el triunfo con hechos y no con palabras. No
recurrimos a ninguna violación a la Ley
Agraria ni al mismo reglamento interno
de la comunidad, y quienes llegaron a votar
son ejidatarios que participaron en la asamblea
conforme a la lista del padrón, puntualizó
Valdivieso López.
Alcalde de Tizimín pretende
despojar de predio a vecino. (Criterios,
p.web)
Pretende construir ahí la entrada
a su lujosa residencia y ante la negativa,
en represalia, lo borró de la lista de damnificados
del FONDEN para recibir un pie de casa.
Mérida, Yucatán,
3 Mayo.- Santos Margarito
Poot Mex
era un panista recalcitrante,
hasta que se cambió de partido. El motivo:
el alcalde de Tizimín Pedro Couoh Suaste intenta despojarlo de su patrimonio, un terreno con
una humilde vivienda, para ser convertido
en la entrada de la lujosa residencia del
munícipe panista
y por el que se ha entablado una batalla legal
ante la Procuraduría Agraria.
--“Me lo quería quitar.
Vino y me dijo que me fuera, que desalojara
porque este espacio, esta “cuchilla”, lo iba
a usar como entrada a su nueva casa y yo le
contesté que no, que es propiedad privada,
pero el cabrón se entercó y lo tuve que demandar”,
narró al reportero.
La residencia del
alcalde Couoh Suaste
es fastuosa. A simple vista se nota la belleza
de sus cuidados y bien podados jardines con
cocales, de casi dos hectáreas, su piscina
y su enorme bar que se aprecia desde la cerca
estilo californiana. Desde la carretera se
aprecian los cómodos sillones dispuestos para
el placer de los ocupantes en una especie
de mezanine.
En la región algunos
empresarios tienen viviendas de lujo, pero
se extrañan que el actual ocupante, que se
dedica a vender pollinaza haya hecho su enorme
fortuna de la noche a la mañana para comprar
la propiedad valuada en unos cinco millones
de pesos.
Durante el recorrido
en los alrededores de la propiedad, donde
ha comprado tres terrenos más, los vecinos
suyos reafirman la versión. “Es que Pedrito
de la noche a la mañana se hizo de mucho dinero.
En esta casa viene Patricio y Calderón. El
nos prometió mejoras pero el único mejorado
es él y su querida que vive en Cancún”, señalan.
Santos Margarito afirma que él era panista
de hueso colorado. “Nosotros lo ayudamos en
la campaña, nosotros lo llevamos al triunfo,
pero por las chingaderas
que me hizo me pasé al PRD y por eso cuelgo
en mi casa un estandarte de López Obrador”,
afirma.
--“Ya le tengo ganado
el pleito. Me quería quitar a la malagueña
y hasta me borró de la lista del FONDEN, porque
cuando pasaron a censar después del huracán
Emily, que mi casa estaba semidestruida me prometieron que
me ayudarían con un pie de casa, pero hoy
ya no estoy en la lista”.
Indicó que Couoh Suaste es muy vengativo. “Todos
mis hermanos, que viven en los terrenos de
al lado están en la lista de beneficiarios
y extrañamente yo no, por mi pleito con él,
aunque yo creo que él me debería de agradecer
que yo haya plantado palma real en mi jardín,
que yo compré, para hacer juego con su residencia”,
dice y se carcajea.
Igual que sus vecinos
reafirma que cuando
Couoh Suaste
comienza a llenar su piscina el rumbo se queda
sin agua potable. --“El es muy chingón, se
puso un suministro de media pulgada y cuando
riega o llena su piscina nos quedamos sin
agua, además que con dinero de Habitat
se hizo las mejoras en la carretera para su
casa”, indican.
Nunca me apoyó, poco
a poco logré levantar de nuevo mi casa, aseguró.
Entregan 139 títulos parcelarios en ejidos. (Tribuna de Campeche, p.web)
Champotón.-- A través del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales (Procede), se entregaron
139 títulos parcelarios y de uso común a labriegos
de la cabecera y de las comunidades Vicente
Guerrero y El Zapote,
dio a conocer Eleuterio Góngora Arones, comisario
ejidal.
Para que se lograra este objetivo el proceso duró varios años,
porque se recopilaron y se analizaron minuciosamente
los documentos de los solicitantes.
La entrega de los títulos se llevó a cabo en la Comisaría Ejidal
y dieron fe y legalidad Róger
Escalante, representante de la Procuraduría Agraria (PA);
Oscar Uc Martínez,
Rosario Canul y
Crisantos Ordóñez,
representantes del Registro Agrario Nacional
(RAN), --quienes se encargaron de elaborar
los documentos--, entre otros funcionarios.
Góngora Arones indicó que los campesinos que integran el padrón
se aproximan a mil 500 y que de ellos un 90
por ciento posee un título parcelario y de
uso común.
Está pendiente otorgar la certificación parcelaria a los que
les hace falta, ya que este proceso es más
retardado por la complejidad; aunque también
existe el desinterés de parte de los hombres
del campo porque primero tramitan el título
de uso común, ya que los acredita como ejidatarios.
Pero se les exhorta que se preocupen por obtener ese documento,
ya que se incrementará el valor de la parcela,
que es un patrimonio; y se les recuerda que
gestionen oportunamente.
Se deslindan los comisariados
de Los Huajes y
Dos Arroyos de la anuencia para la expropiación
de las tierras. (El Sur (Guerrero), Maribel
Gutiérrez, p.web)
Ejidatarios opositores a la presa
La Parota de Los Huajes
y Dos Arroyos ratificaron ayer en el Tribunal
Unitario Agrario de Acapulco la demanda
de nulidad de las asambleas en las que consideran
que de manera ilegal y con múltiples irregularidades
se dio anuencia para que la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) comience los trámites
para la expropiación de las tierras.
Los dos grupos de ejidatarios,
integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (Cecop),
presentaron sus respectivas demandas el 1º
de marzo contra cada comisariado
ejidal y contra la Procuraduría Agraria,
que convocó y organizó las asambleas impugnadas,
en el caso de Los Huajes
el 27 de diciembre de 2005, y en el de Dos
Arroyos el 16 del mismo mes.
Los comisariados
respondieron a la demanda negando en ambos
casos su intervención en las asambleas impugnadas,
“ante el temor de las represiones y amenazas
que hemos recibido”, supuestamente de los
opositores, y señalaron que la responsable
de esas asambleas fue la Procuraduría Agraria.
Afuera del Tribunal, mientras se
desarrollaba la audiencia, se reunieron miembros
del Cecop, que hicieron
un mitin para apoyar su demanda, y gritaban
consignas contra Zeferino Torreblanca, contra la CFE y contra las autoridades
de los dos ejidos: “Comisariado,
culero, te vendiste por dinero”, criticaban.
En tanto, la Procuraduría Agraria,
por medio de su residente en Chilpancingo,
Alejandro Bello Gómez, respondió a los
opositores que demandan la nulidad que la
convocatoria, las asambleas y las actas de
éstas fueron legales.
Asimismo, los opositores a La Parota,
por medio de sus abogados del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales y
Rogelio Téliz, demandaron
al magistrado titular del Tribunal Unitario
Agrario del distrito 41 con sede en Acapulco,
Juan Rodolfo Lara Orozco, la nulidad de todos
los actos, convenios y documentos que se han
venido elaborando y los que se celebren con
posterioridad a la ilegal aprobación del acta
de la asamblea de Los Huajes
y Dos Arroyos.
Los argumentos de los opositores
para demandar la nulidad de las asambleas,
que fueron “fabricadas” por la CFE, el gobierno
del estado con intervención de la policía,
líderes de la CNC y la Procuraduría Agraria,
son que no existió convocatoria real para
esas asambleas.
Además de que no se les avisó a
los opositores, y que las asambleas se hicieron
fuera del núcleo ejidal, y que se impidió
la participación de los ejidatarios que son
opositores a la presa, por medio de la policía
estatal que los reprimió con golpes y gases
lacrimógenos.
Argumentan también que no se verificó
el quórum legal para que se votara la expropiación
de las tierras, pues la Ley Agraria
indica que en este tipo de temas debe votar
el 75% de los ejidatarios.
Además, que participaron campesinos
y campesinas de otros poblados ajenos a los
núcleos agrarios, y que una gran parte de
los campesinos que participaron lo hicieron
mediante cartas poder, lo cual conforme a
la Ley Agraria no se permite para votar temas
como la expropiación de las tierras.
Resolverá en cinco días si ordena
que la CFE no entre a Los Cuajes.
Asimismo, los opositores a La Parota
en Los Huajes y
Dos Arroyos demandaron medidas cautelares,
a fin de que el Tribunal ordene que en el
territorio de esos ejidos se mantengan las
cosas en el estado en que se encuentran, es
decir evitar que la CFE entre a hacer estudios
y obras tendientes a la ocupación previa de
las tierras.
Argumentan que si la CFE intenta
entrar a las tierras de esos ejidos a querer
realizar alguna obra existe el riesgo inminente
de que se susciten hechos de violencia, ya
que los ejidatarios de este núcleo mantienen
una estrecha vigilancia en el lugar para evitar
que personal de la Comisión Federal entre
a los terrenos.
El magistrado Lara Orozco dijo
que necesita tener las actas de asamblea para
conceder o no las medidas cautelares, y en
el caso de Los Huajes
fijó un plazo de 5 días para resolver al respecto,
y para Dos Arroyos quedó pendiente.
Ni Zeferino
ni la Procuraduría Agraria van a decidir por
nosotros.
En las audiencias de Los Huajes y Dos Arroyos que se celebraron ayer por separado en
el Tribunal, el magistrado Lara Orozco propuso
a las partes la conciliación, mediante una
amigable composición, pero no se logró.
Uno de los representantes de los
opositores de Los Huajes,
Julián Blanco Cisneros, rechazó la conciliación,
y pidió al magistrado que “haga valer nuestro
derecho”, porque la asamblea del ejido de
Los Huajes que se
hizo en el poblado Kilómetro 21 el 27 de diciembre
“fue amañada, con gente pagada por la CFE,
con el apoyo del gobernador Zeferino
Torreblanca y la Procuraduría Agraria”. Agregó
que “ni Zeferino
Torreblanca ni la Procuraduría Agraria van
a decidir por nosotros con gente pagada”,
y reiteró que “la tierra no está en venta”.
En el caso de Dos Arroyos, se presentaron
a la audiencia el presidente del comisariado
ejidal, Juan Zapata Jiménez, el secretario,
Javier Manrique García y el tesoreso Gudelio Cruz Zapata.
Cuando el magistrado propuso a
las partes la posibilidad de un arreglo mediante
la conciliación, se llegó a la conclusión
de que no hay posibilidad con la Procuraduría
Agraria, que refutó la demanda de los opositores.
Por su parte, el presidente del
comisariado ejidal, Juan Zapata, expresó que la autoridad
no quiere malos entendidos con los opositores,
y que no tiene nada contra ellos, que “la
autoridad no ha hecho nada malo, yo no quiero
problemas con nadie”.
Señaló que fue la Procuraduría
Agraria la que se encargó de convocar y hacer
todos los trámites para el desarrollo de la
asamblea.
En respuesta, el representante
de los opositores en Dos Arroyos, Mario Quiñones,
dijo: “nosotros no queremos nada contra él
en lo personal, no tenemos problemas con las
autoridades ejidales, la Procuraduría Agraria
es la que ha querido imponer quitarnos la
tierra, es la que ha venido a dividir a los
pueblos, y ha querido imponer el proyecto,
ese es el problema”.
Los juicios continuarán el 5 de
junio con el desahogo de pruebas que presentarán
las partes.
No somos responsables de las asambleas,
dicen los comisariados
Por medio de escritos al Trubunal, los comisariados ejidales
de Los Huajes y
Dos Arroyos, presididos por Jacinto Nava
Nava y Juan Zapata
Jiménez, negaron cualquier responsabilidad
en las asambleas impugnadas por los opositores
a La Parota.
Expusieron, en textos iguales,
que “no fuimos los suscritos quienes emitimos
la convocatoria y llevamos a cabo el acta
de asamblea cuya nulidad solicitan los accionantes
(opositores), sino que dicha actividad la
llevó a cabo la Procuraduría Agraria, ello
como consecuencia de que en su momento nos
negamos a realizar el procedimiento de convocatoria
ante el temor de las represiones y amenazas
que hemos recibido tanto en nuestras personas
y nuestras familias”.
El presidente del comisariado ejidal de Dos Arroyos, Juan Zapata, declaró al
final de la audiencia: “no convoqué a la asamblea
ni estuve presente, no quiero problemas con
ningún ejidatario de Dos Arroyos; no estoy
ni a favor ni en contra de la presa; no apoyo
lo que se resolvió en la asamblea, los ejidatarios
deciden por sí mismos. Como autoridad me quedo
neutral, no estoy a favor ni en contra de
la expropiación”.
El comisariado
de Los Huajes no
se presentó a la audiencia de ayer.
No se ha decidido denunciar a los
opositores que pararon la elección del domingo
en Dos Arroyos
Acerca de la asamblea que los opositores
a La Parota impidieron este domingo, en la
que se iba a elegir al nuevo comisariado
ejidal, porque el actual concluye su periodo
el 11 de mayo, Juan Zapata reconoció que él
convocó, pero no se terminó, porque estaban
en el pase de lista, cuando llegaron los opositores
y se llevaron toda la documentación”.
Dijo que de 571 ejidatarios registrados,
estaban presentes 170 y seguían llegando,
cuando se interrumpió la asamblea.
Aclaró que la autoridad ejidal
no ha decidido presentar alguna denuncia contra
los opositores que pararon la asamblea, como
han declarado otros líderes favorables al
proyecto de la CFE.
Ante el argumento de los opositores,
de que no se convocó públicamente a la asamblea
para elegir a las autoridades, Juan Zapata
dijo que sí pegó la convocatoria. Por su parte,
el tesorero Gudelio
Cruz Zapata precisó que se pegó en 15 lugares
públicos, pero que alguien la despegó.
Acerca de la denuncia de los opositores,
de que líderes de la CNC prepararon este domingo
un plan para romper el plantón, con gente
de diversos pueblos de los alrededores, Juan
Zapata dijo que no tenía conocimiento de la
reunión que hicieron en la entrada de Dos
Arroyos, ni de los planes para romper el plantón
que los opositores a la presa tienen desde
febrero de 2005 con el fin de impedir que
entre la CFE a los terrenos de este ejido.
Sin embargo, esa reunión fue un
hecho público, y los asistentes exhibieron
mantas de apoyo al proyecto de La Parota,
y otras en las que se pedía la represión a
los opositores con el argumento de que con
el plantón se impide
el libre tránsito, y demandaban “fuera el
plantón”.
Juan Zapata dijo que las autoridades
ejidales no piden que el gobierno quite a
los opositores que están en plantón, y agregó:
“nomás pedimos que no haya más problemas”.
Inspeccionan 21 mil domicilios en la ciudad. (Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, p.web).
Hasta la semana pasada se había inspeccionado en el municipio
de Oaxaca de Juárez, 21 mil de los 70 mil
predios identificados durante los vuelos fotogrométricos.
Las fuentes consultadas por NOTICIAS, agregaron que
son instrucciones superiores, que toda información
obtenida por los verificadores del Instituto
Catastral, se transfiera inmediatamente a un archivo especial del ayuntamiento citadino.
Con esta información, el gobierno de Oaxaca de Juárez, no sólo
podrá aplicar nuevas tasas por concepto de
Impuesto predial, sino que requerirá a quienes
no están al corriente.
Pero además del costoso trabajo fotogrométrico, el gobierno estatal contrató el servicio
de un “geomóvil”
para fotografiar todas las fachadas o accesos
de los 70 mil predios localizados en Oaxaca
de Juárez. Los trabajos se realizaron en 30
días.
El geomóvil
es un automotor que en lugar de llevar espejos
retrovisores, lleva dos cámaras especiales
que obtienen las imágenes de las fachadas
en paralelo a la circulación del vehículo.
Así, el propietario de un inmueble no podrá mentir a la autoridad.
Esta información también está resguardada
por el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.
Las fuentes consultadas agregaron que después de actualizar
el padrón catastral de Oaxaca de Juárez, el
gobierno estatal continuará con los municipios
de Huajuapan de
León, Tuxtepec, Salina Cruz, Juchitán
y Miahuatlán, que son los de mayor densidad
de población.
De acuerdo al plan del gobierno estatal, en una segunda etapa
se elaborará el padrón de predios ejidales
y comunales, en una coordinación con el Registro
Agrario Nacional.
De acuerdo a la información proporcionada a NOTICIAS,
el gobierno estatal busca en el fondo de todos
estudios, crear nuevas cargas tributarias
y conocer la situación patrimonial de los
oaxaqueños, identificar sobre todo, las propiedades
de quienes considera enemigos políticos.
Panorama en campo no es nada optimista. (El Mañana, p.web).
Buscan salvar
la cosecha de temporal.
Reynosa, Tam.- El panorama en el campo no es nada halagador, la situación
empeora por la prolongada sequía, urgen las
lluvias para poder salvar algo de la cosecha
sorguera en el área
de temporal donde están siniestradas más del
60 por ciento de las siembras.
Lo anterior lo
expresó el secretario general del 14avo Comité
Regional Agrario, Armando Gutiérrez, quien
indicó que hay esperanzas de que en mayo se
presenten precipitaciones pluviales, de no
darse éstas los campesinos del sector social
irán de mal en peor.
Mencionó Gutiérrez
Serna, que en el sector social se sembraron
en el presente ciclo un promedio de 40 mil
hectáreas, de las cuales el 50 por ciento
están siniestradas por los vientos arenosos, la falta de humedad
y lluvias.
El resto no observa
un buen desarrollo en las plantas, por lo
que la producción no será como se esperaba,
podría recuperarse algo si es que se presentan
las lluvias en las próximas semanas.
Ante la situación
que se está viviendo en el campo se iniciaron
ya las gestiones para recibir apoyos emergentes
del gobierno estatal y federal.
Últimos riegos
de auxilio.
Por otra parte,
informes dados a conocer por el Ing. Francisco
Sierra Acuña, presidente de la Asociación
Agrícola Reynosa, son en el sentido de que
se han generalizado los últimos riegos de
auxilio.
En este sector
la cosecha si bien observa buen desarrollo
requiere también de lluvias para lograr una
mejor producción por hectárea, dijo el dirigente
de los pequeños propietarios.
Mencionó el Ing.
Sierra Acuña, que son más de 50 mil las hectáreas
que se sembraron, la mayoría de sorgo y maíz
amarillo.
Van tras la esposa del Napo. (La crónica de Hoy, Ubaldo Díaz,
p.web).
La PGR y la Secretaría
de Hacienda han conminado a Oralia
Casso Valdez, esposa del líder minero Napoleón Gómez, a presentar,
antes de 15 días, los estados de cuentas bancarias
y de inversión a su nombre, en México y en
el extranjero, así como su declaración fiscal,
pues detectaron cuatro millones de dólares
que no tienen sustento.
La esposa de Napito, junto con Juan Linares Montufar
y José Ángel Rocha, presidente del Consejo
de Vigilancia y Justicia y secretario de Actas,
respectivamente, del Sindicato Minero, tienen
que presentar informes sobre sus ingresos
y declaraciones hacendarias
sobre el ejercicio fiscal del 2004, porque
han manejado cantidades desproporcionadas.
Ayer, en este
espacio, informamos que Minera México entregó
a Gómez Urrutia seis millones de dólares para
que aceptara firmar un convenio de 53 millones
de dólares que beneficiaría a los obreros,
pero que al parecer fueron desviados hacia
las cuentas particulares del depuesto líder.
En el equipo de
Felipe Calderón, la que actúa con gran soltura
es Josefina Vázquez Mota, porque ha mostrado
experiencia y con toda oportunidad integró
un equipo de delegados de la Sedesol
que hoy son candidatos a diputados federales
y senadores.
La coordinadora
general de la campaña de Calderón le ha ganado
la partida a Manuel Espino, e internamente
también a Juan Camilo Mouriño
y a Juan Ignacio Zavala, porque los resultados
están a la vista. Ahora con la integración
de Eduardo Sojo
y Florencio Salazar ayudará a su equipo, pues el primero estará en el
área económica y el segundo en el campo.
En el equipo del
candidato panista
también está el derrotado Javier Usabiaga,
a quien se tuvieron que traer por la guerra
sucia que le estaba haciendo al candidato
Juan Manuel Oliva, en Guanajuato. Los panistas
afirman que si ya rebasaron, con 3 puntos,
a López Obrador, “van por todo” tras los votos
del sector agrario.
Prensa Estatal
GUERRERO
Afirma Ocoapa que hubo “mano negra” en la liberación de los comuneros
de El Capulín. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
Chilpancingo.
El presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano González,
dijo ayer que hubo “mano negra” de parte del
gobierno en la liberación de los campesinos
de El Capulín, de la comunidad de Tlacoapa,
que estaban encarcelados en el penal de esta
capital, acusados de sembrar amapola dentro
de los terrenos que se disputan con los comuneros
de Moyotepec.
Advirtió que esta situación, sólo viene “a agravar las
cosas, pues evidentemente nos condenan a resolver
los problemas mediante los usos y costumbres,
y a desconfiar además en las autoridades que
se encargan de aplicar la justicia”.
Consultado por teléfono acerca de la excarcelación de
los comuneros de Tlacoapa,
Solano rechazó que eso demuestre que son “inocentes
y que se le sembraron las pruebas, lo que
pasa que los ayudó el gobierno; ya a través
del secretario General de Gobierno (Armando
Chavarría Barrera) había disposición”, acusó.
Desatacó que el funcionario estatal, había adelantado
que “iban a pedir un informe a los policías
del estado que hay en el lugar en disputa;
se supone que iban a declarar que en la zona
no hay siembra de estupefacientes, lamentamos
mucho que haya intervenido para liberar a
este grupo de delincuentes”.
Indicó que sólo “nos condenan a buscar solución a las
cosas mediante los usos y costumbres; y también
dejan ver que Ocoapa tiene dos enemigos importantes: Tlacoapa
y el gobierno del estado; esa liberación sólo
demuestra que hay contubernio entre ambos”.
Indicó que ante esa situación, por parte de Moyotepec “ya no habrá negociación, y no nos dejan otra opción
más que desalojar a quienes están sobre las
tierras que nos pertenecen”.
Dijo asimismo que no teme que vayan a intentar ejercer
acción penal en su contra y de los comisarios
de San Juan del as Nieves, La Lucerna y Moyotepec
“si tienen elementos para acusarnos de secuestro,
pues que lo hagan, la gente detuvo a delincuentes
que querían sembrarles acusaciones. Ahora
resulta que los que detienen a delincuentes
van a ser castigados”.
Hay señales de que el proyecto de La Parota está
cancelado: Cecop (El Sur,
p.web).
En los últimos días se han visto
señales de que el proyecto de la presa La
Parota está cancelado, afirmó el vocero del
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui,
aunque al mismo tiempo hay peligro de violencia
contra el movimiento, como ocurrió este domingo
en Dos Arroyos, ante “intentos desesperados”
de dar una última oportunidad a la presa.
En tanto, el también vocero, Felipe
Flores Hernández, anunció que esta semana
pedirá una audiencia con el candidato del
PRD a la Presidencia, Andrés Manuel López
Obrador, para demandar la cancelación definitiva
de La Parota. Consideró que hay indicios de
que por el momento el proyecto está parado,
pero puede ser una amenaza que se reactive
en cualquier momento.
El asesor legal del Cecop, Vidulfo Rosales, del Centro
de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,
dijo que el movimiento contra La Parota ha
exhibido al gobierno de Zeferino Torreblanca a nivel nacional e internacional como
represor, que intenta imponer un proyecto
por la fuerza, y dijo que por eso, “sigue
una estrategia de confrontación” de los comuneros
y ejidatarios, con intervención de líderes
de la CNC, como ocurrió este domingo en Dos
Arroyos, cuando intentaron romper el plantón
de los opositores.
Suástegui dijo
que no se ha comprobado si la CFE sigue los
trabajos para entrar a la cortina de la presa
por Apanhuac. Pero
dijo que se sabe que la CFE está trasladando
el equipo, la maquinaria, las herramientas
y el equipo de cómputo que tenía en el área
de La Parota y en las oficinas de Costa Azul,
para La Yesca en Nayarit.
Otro indicador es que la semana
anterior, el presidente Fox
fue a Jalisco y autorizó el presupuesto para
la presa Arcediano y salió la licitación para
La Yesca.
“Todo indica que La Parota está
cancelada”, dijo, aunque agregó que la CFE
y el gobernador Zeferino
Torreblanca, con los líderes de la CNC como
Evencio Romero,
van a intentar provocar confrontación y violencia
entre los campesinos, para buscar reprimir
al movimiento opositor, y buscar un culpable
de la cancelación del proyecto.
Por eso, consideró que el problema
no ha terminado, y el movimiento seguirá activo,
y se reforzarán los plantones.
Dijo que el problema se va a terminar
cuando en los pueblos afectados dialoguen
tanto los promotores de la presa como los
opositores, y se restablezca la paz social.
Señaló al líder de la CNC, Evencio Romero, como responsable del intento de romper el
plantón del Cecop
en Dos Arroyos este domingo, porque se dice
que recibió cerca de 15 millones de pesos
de la CFE para promover el proyecto, y no
lo logró, y ahora, en un acto desesperado,
quiere culpar al Cecop de ese fracaso.
Por otra parte, el vocero dijo
que la CFE, por medio del director de proyectos
financiados, Eugenio Laris Alanís, en las últimas dos
semanas ha buscado dialogar con él como representante
del movimiento opositor, y consideró que el
funcionario trata de hacer “un último intento
de que la presa se quede en Guerrero”.
MORELOS
Amagan vecinos de Tepoztlán
con desalojar a los de El Texcal. (La Jornada
de Morelos, Miguel Ángel García, p.web).
Cuernavaca, Mor. Familias de El Texcal
denunciaron que los campesinos de Santa Catarina
se niegan a la delimitación limítrofe con
la finalidad de seguir vendiendo sus parcelas,
asimismo, solicitaron la intervención de las
fuerzas policíacas para evitar “que se consume
la amenaza” de ser desalojados por los campesinos
tepoztecos.
Luego de que comuneros de Santa Catarina advirtieron a las
familias que habitan la zona de El Texcal,
que dejen sus casas porque en cualquier momento
podrían ser objeto de desalojo debido a que
éstas “son sus tierras y están protegidas
por las leyes ecológicas”, un grupo de mujeres
recurrieron a las autoridades para solicitar
su apoyo jurídico y policial, y así evitar
que se cometan actos violentos en su contra.
Roberta Gómez De Patiño, Jimena Salas de Castillo, Fernanda
García Canizal,
Petra Bahena y Miriam
Torres de Quintero, aseguraron que el gobierno
y los campesinos, semanas atrás llegaron a
un acuerdo para iniciar la delimitación de
las tierras de Cuernavaca, Tepoztlán
y Jiutepec. Sin
embargo, denunciaron los comuneros de Tepoztlán
hoy rechazan las mediciones que hará el gobierno
de Estrada Cajigal, con el argumento de que
como no son de su partido (PAN), seguramente
les quitarán algunas hectáreas.
“Hace una semana, presuntos comuneros dejaron volantes en colonias
adyacentes a El Texcal, donde aseguran que
al no haber acuerdo con las autoridades estatales
y municipales, los campesinos de Santa Catarina
recuperarán sus tierras, ya sea por la vía
pacífica y ordenada o en su caso, mediante
el desalojo”.
Frente a esa amenaza, los habitantes de El Texcal y colonias
adyacentes, solicitaron al gobierno estatal
que envíe a las policías a resguardar esas
áreas, para evitar ser agredidos por los campesinos
de Santa Catarina. “Dijeron que ellos tomaron
posesión de lotes en el Texcal y otras colonias
irregulares porque la Central Campesina Independiente
(CCI) los invitó a poblar esa zona, bajo la
garantía de que ‘no tendrían problemas a futuro’,
pues había un supuesto compromiso para la
legalización y urbanización de lotes de parte
del gobierno municipal de Jiutepec”,
finalizaron.
Cartones
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