CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 23 DE MARZO DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Condena el IFE a Chávez

Llama Ugalde a la prudencia. Considera indeseable que un Presidente opine sobre asuntos electorales de México.

 

 

ONU: viven Edomex y DF guerra por agua

“Lucha encarnizada” en la zona metropolitana, señala. Considera alarmante la sobreexplotación de acuíferos.

 

Candidaturas desmoronan al PRI

Presentan 21 denuncias quienes quedaron sin postulación.

 

Impulsará al país la expansión del crédito

La bancarización de la economía elevará la eficiencia de México. Población de bajos ingresos, un mercado potencial para el sector. La competencia obliga a reducir las comisiones: Marcos Martínez.

 

ETA anuncia cese al fuego permanente y apuesta por la paz

Esperanza y cautela, las reacciones. El presidente Rodríguez Zapatero vaticina que será un proceso “duro, largo y difícil”.

 

Censura el PAN curso de doctrina a cargo del erario

Espino se opone a la capacitación social cristiana en la STPS. El sector público no tiene el objetivo de instruir en la materia, dice.

 

Pide la Cámara investigar la injerencia de Chávez

Exhorta a Gobernación, IFE, Cancillería y PGR indagar también vínculos de “grupos subversivos” con candidatura de AMLO.

 

Chávez indeseable e imprudente, declara el IFE

Condena Ugalde la injerencia del venezolano; el Congreso exige a la SRE investigar.

 

Peña Nieto ajusta cuentas: hunde a defensor de Montiel

En manos del mandatario, ajuste de cuentas por la herencia maldita. La caída del defensor del ex gobernador avizora su debacle en Edomex.

 

Sector agrario

 

Lacandones cierran vías para exigir pago de indemnización. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p.web).

Solecito Amenazan con expulsar a cientos de familias de la selva.

Solecito Sin validez, expropiación de más de 17 mil hectáreas, dicen.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de marzo. Más de mil lacandones empezaron bloqueos carreteros este miércoles para exigir a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) el pago por la expropiación de 17 mil 200 hectáreas de la selva Lacandona, donde se hallan 16 poblados. Asimismo, amenazaron con expulsar a los cientos de familias asentadas en la región.

Esta madrugada, unos mil 600 comuneros de los pueblos Frontera Corozal, Nueva Palestina y Naja, todos indígenas de la etnia lacandona, colocaron retenes en la carretera federal que comunica a la selva con la ciudad de Palenque. A la altura del poblado San Javier instalaron un primer bloqueo para exigir a la SRA que les pague 172 millones de pesos por la expropiación de 17 mil 200 hectáreas, según se ordenó en decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre y el 22 de febrero pasados.

Las tierras expropiadas están en posesión de unas 500 familias que conforman 16 núcleos poblacionales, de los cuales 12 se ubican en la zona norte de la selva y cuatro en el lado sur. El objetivo de la enajenación sería la entrega y certificación de la posesión legal en favor de dichas comunidades, explicaron en su momento las autoridades agrarias.

Los lacandones sostuvieron que con el incumplimiento del pago "se echan por tierra" años de negociación para solucionar pacíficamente el problema de las invasiones en la selva, y argumentaron que por lo pronto no tienen más opción que expulsar a las familias de los 16 poblados.

Por su parte, la SRA dio a conocer que el próximo lunes llegará a la entidad el titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame. "Para finiquitar el asunto, viene a dar una respuesta puntual a los lacandones."

 

Mañana van comuneros a recuperar sus tierras en El Capulín; hubo incapacidad en la SRA, denuncian. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web)

 Entregan al delegado de la Reforma Agraria y al subsecretario en la material el acuerdo de la asamblea; éstos le piden más tiempo.

Chilpancingo.

Autoridades agrarias de Tlacoapa, informaron ayer a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y a la Subsecretaria para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, que este viernes 24, se posesionarán de las 456 hectáreas que se disputan con sus vecinos de Moyotepec, pues afirmaron que hasta este momento ambas dependencias no han frenado las actitudes arbitrarias que han cometido sus vecinos.

Dijeron que aunque la gente ya está decidida, pueden reflexionar su decisión, si para antes de las 12 de la noche de este jueves, hay una propuesta de solución de parte de las autoridades competentes.

Cerca de las 12 del día de este miércoles, el presidente de Bienes Comunales de Tlacoapa, Ismael Galena Sixto y una comisión de campesinos de El Capulín, entregaron al delegado de la SRA, Natividad Salas Estrada, una copia del acta de acuerdo de la asamblea que sostuvieron el pasado lunes; más tarde hicieron lo mismo con el subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca.

En el acta de acuerdo, se informa que durante la asamblea general de comuneros, que se llevó a cabo en Tlacoapa, las autoridades agrarias explicaron la situación jurídica del conflicto; resalta que debido a que la Reforma Agraria “no está haciendo nada” para solucionar ese problema determinaron que el 24 de marzo, se posesionarán  de las 456 hectáreas en disputa.

En el escrito justifican esa medida, argumentando que hay “incapacidad” de la SRA “y otras dependencias correspondientes al no poder frenar a los comuneros de Moyotepec de seguir trabajando en el área de conflicto; por lo que los de Tlacoapa retoman las tierras que jurídicamente les corresponde”.

Sin embargo, en otro de los cinco puntos que contempla la minuta de acuerdo, exponen: “el núcleo agrario de Tlacoapa reitera sus compromisos de no ir a provocar en las tierras del núcleo agrario de Ococapa, en específico en las tierras de Moyotepec, sino posicionarse de las tierras que ha estado en su posición de Tlacoapa”.

Mediante el escrito, los comuneros y autoridades agrarias citan que “el núcleo agrario de Tlacoapa responsabiliza a la Secretaría de la Reforma Agraria de los hechos violentos que se pudiesen suscitar”.

Consultado afuera de la Secretaría General de Gobierno, Galeana Sixto abundó: “es definitiva la decisión de los comuneros de Tlacoapa, hay la decisión de subir el viernes a recuperar nuestras tierras, ya que la Reforma Agraria no ha podido frenar a (el presidente de Bienes Comunales de Ocoapa), Natalio Solano y su gente. Hay gran molestia por parte de nuestra gente, por que siguen talando los árboles”.

“Nosotros venimos a entregar el documento, pero si de aquí a mañana (hoy jueves), logran comprometer a Natalio Solano para que pare a su gente, vamos a hacer los posible de platicar con nuestra gente, pero todo depende de la Reforma Agraria”, indicó.

Galeana dijo que en la reunión con Salas Estrada, éste les hizo saber que se reuniría con los representantes de Moyotepec; en tanto que Esaú Tapia les pidió una prÇórroga, debido a que el próximo martes vendrá a la capital, el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger Reyes.

Galeana dijo que va a someter a consenso la propuesta, “ya que no somos nosotros los que mandamos, la asamblea de comuneros ya tomó una decisión y es la de recuperar sus tierras”.

Por su parte el presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Noé Cano Martínez, explicó que la decisión de entregar una copia de los acuerdos de la asamblea de Tlacoapa “es para que el día de mañana, nadie diga que no se le avisó, nosotros estamos concientes de lo que vamos a hacer, pero ya estamos cansados porque la Reforma Agraria no ha puesto un alto a nuestro amigo Natalio Solano, no sabemos por qué”.

“Estamos advirtiendo y ya depende de las autoridades si dejan que haya un enfrentamiento el próximo viernes, porque vamos a estar ahí, en El Capulín a las 6 de la mañana, para empezar a repartirnos las tierras”, anunció.

 

Plántense ante el gobierno federal, pide SCC a miembros del Codeca. (Ecos de la Costa, Mario Alberto Solís, p.web).

El gobernador Silverio Cavazos Ceballos explicó a campesinos que la administración estatal ya entregó su parte del dinero y espera que el gobierno federal haga lo propio para solucionar el caso de los ejidatarios de Coquimatlán; luego de la reunión, militantes del Codeca levantaron el plantón que mantenían afuera de Palacio de Gobierno. 

Luego de recibir a integrantes de organizaciones sociales que desde hace una semana mantuvieron un plantón en las afueras de Palacio de Gobierno, el gobernador Silverio Cavazos Ceballos lamentó ese tipo de acciones de parte de algunos líderes y pidió que, en todo caso, esas protestas se hagan ante quienes corresponden.

Y es que luego de ser recibidos por el mandatario estatal, los manifestantes se encontraron con que la mayoría de sus demandas tienen solución en la esfera federal y no la local, por lo que solicitaron a la autoridad estatal que coadyuve ante quien corresponda para solucionar una serie de demandas que tienen que ver con el otorgamiento de pensiones, despensas, vivienda, entre otros.

Entre las demandas más notables, se encuentra el otorgamiento de un millón de pesos de parte del gobierno estatal para la adquisición de un terreno en el municipio de Coquimatlán, donde 82 ejidatarios esperan esa aportación y una similar de la Secretaría de la Reforma Agraria para hacerse del predio.

Al respecto, el Ejecutivo estatal recordó que desde el año pasado, su administración otorgó un adelanto de la parte que le corresponde, “entonces no pueden decir que no hemos cumplido, pero también estamos a la espera de que el gobierno federal haga lo propio para que nosotros entreguemos el resto del dinero”.

Sin embargo y dicho lo anterior, Cavazos Ceballos dijo no entender por qué los integrantes del Comité de Defensa Campesino (Codeca) realizaron un plantón afuera de Palacio de Gobierno “cuando nosotros hemos cumplido; en todo caso, vayan y plántense con el gobierno federal”.

De esa forma, quedó establecido el compromiso de que el propio gobernador convocará a las autoridades federales del ramo, con la finalidad de que este asunto se resuelva lo más pronto posible.

En entrevista posterior, el mandatario estatal señaló que no se vale que los líderes sociales estén ejerciendo presión al gobierno estatal “cuando nosotros estamos cumpliendo; por lo tanto no creo que se justifique el plantón que nos vinieron a poner aquí afuera, que se lo hagan a quienes no han cumplido”.

Indicó que más pareciera que ese tipo de acciones son para ejercer presiones “y este gobierno no está para recibir presiones de nadie, sino para trabajar por todos los colimenses y no tan solo por un grupo, además está acreditado que no existe ninguna omisión de nuestra parte”.

Manifestó que su gobierno está muy lejos de ser rebasado por algunas organizaciones sociales. “No creo en las presiones y nunca he cedido a ellas, prefiero el diálogo constructivo porque es la única forma de arreglar las cosas, por lo tanto pienso que lo del plantón no se justifica”.

Priístas de Colima, maduros

Por otro lado, sobre las candidaturas de carácter federal cuyo plazo de impugnaciones se cerró el pasado martes, el mandatario estatal dijo tener conocimiento de que nadie se inconformó por el listado final de los abanderamientos para las senadurías y diputaciones federales.

Luego descartó que en Colima vaya a darse una desbandada, “porque los priístas locales somos gente madura y con vocación de partido; desde luego que vamos a platicar con todos porque se necesita la unidad y lealtad para que nuestro partido vaya en los mejores términos”.

 Respecto a las candidaturas locales, el entrevistado mencionó que la dirigencia de su partido está realizando los últimos estudios para definir los abanderamientos que faltan en municipios como Villa de Álvarez y los distritos de Tecomán, “pero creo que la encuesta realizada fue muy positiva”.

 

El Gobierno del DF pide pagar en abonos el Paraje San Juan. (Milenio Diario, Valeria Berumen, p.web)

También busca liquidar el adeudo en especie.

Descarta que vaya a desacatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asegura que aún puede ganar en el tema de la propiedad de los terrenos.

Si el gobierno logra demostrar que el paraje no es de Arcipreste (centro) podrá recuperar el dinero.

El plazo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Gobierno del Distrito Federal para pagar 60 millones de pesos a Enrique Arcipreste venció ayer, por ello la administración capitalina acudió a esta instancia de justicia para solicitar que dicho pago no se haga en una sola exposición o la posibilidad de que se haga en especie.

Tal información la dio a conocer en entrevista con MILENIO el secretario de gobierno capitalino, Ricardo Ruiz, quien aceptó que el gobierno capitalino no está en condiciones “de dar ese pago en una sola exhibición, pero daremos las muestras jurídicas de que estamos en el proceso de cumplir con este requerimiento”. El GDF también abogará a la “sensibilidad” de la Corte en el sentido de que este pago se pueda hacer en especie –posiblemente a través de terrenos-, ya que, dijo, “cualquier recurso que se de en ese sentido tendrá que surgir de diferentes partidas de la ciudad por lo que también se afectará a los ciudadanos”.

Descartó que vayan a desacatar el fallo y, por ello, representantes de la Consejería Jurídica acudieron a la Corte para “establecer mecanismos de cumplimiento. Estamos en proceso de cumplimiento, vamos a acreditar es que estamos en disposición de cumplir (…) y la garantía que acataremos sus decisiones”. Para Ruiz Suárez esta disposición de la Corte no es un triunfo para Arcipreste porque el GDF logró demostrar que los mil 500 millones de pesos que pidió originalmente era un “planteamiento absurdo e ilegal”.

Aseguró que aún pueden ganarle en el tema de la propiedad del Paraje San Juan, ya que, “como lo ha señalado la Secretaría de la Reforma Agraria, no es propietaria esta persona, eso está en litigio. Lo que tenemos que hacer es demostrarle a la Corte la buena voluntad del gobierno de cumplir con su decisión de no desacatar una orden, pero al mismo tiempo seguimos litigando el asunto en otra instancia para demostrar que no es el propietario”.

Si demuestran que Arcipreste no es el dueño, aunque ya hayan cumplido con la SCJN, “todavía va a quedar pendiente si este dinero se le da o no se le da a Arcipreste o la posibilidad de que ese dinero se le reintegrara posteriormente al gobierno de la ciudad”.

- Claves.

Los antecedentes.

• El 13 de marzo pasado, la abogada defensora de Enrique Arcipreste del Abrego, Isabel Cristina Padilla, presentó ante el juzgado un oficio —el cual fue emitido en 1965— en el que se establece que el Paraje San Juan “es particular”.

• A mediados de este mes, Alberto Pérez Gasca, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, aseguró que el Paraje San Juan “no ha salido del dominio de la Nación por expedición legal de un título”

• Por esas mismas fechas, el jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, aseguraba que la administración capitalina iba a pagar, pero ponía en duda que fuera Arcipreste el beneficiario de los 60 millones de pesos.

 

El debate del agua: mitos y realidades. (La Crónica de Hoy, Otto Granados Roldán, p.web)

La llamada cultura del ahorro voluntario ha sido un completo fracaso. Ante esa realidad, es inevitable utilizar instrumentos de mercado para inducir, por la vía de los precios, un consumo más racional, y en las experiencias disponibles así ha ocurrido: los precios reales han funcionado como un ingrediente clave para la conservación del recurso.

Pero además, paradójicamente, este mecanismo, que en apariencia podría afectar a los más pobres, tiene un efecto contrario: en la medida en que los usuarios pagan (o pagan más) por el agua, los organismos operadores pueden tener más ingresos con los cuáles invertir en la reposición, modernización y ampliación de la infraestructura hacia las colonias con menor acceso al recurso y, a su vez, al tener éstas mayor disponibilidad, la tendencia natural es que gastarán menos en la adquisición de agua de otras fuentes, como el agua embotellada, los tandeos o las pipas. La OCDE, por ejemplo, estima que los pobres sin acceso a la red regular del agua, terminan pagando hasta ocho veces más que quienes sí disponen del agua proveída por los municipios o los concesionarios.

La otra cara del problema son los usuarios de las comunidades rurales y el sector agropecuario. En el caso de los primeros es inevitable que el Estado abastezca, con recursos públicos, el recurso. Pero en el segundo hay una grave situación. Como durante muchos años el viejo régimen político manipuló, subsidió y corrompió al sector agrario mexicano, se creó una cultura del paternalismo que degeneró en un esquema atroz: el sector primario aporta 5% del PIB pero se lleva más del 80% del agua disponible, paga por ella aproximadamente un 11% de su costo real y se le subsidia el uso de la energía eléctrica para la extracción del recurso. Como es natural, esta política incentiva el desperdicio y la expansión de cultivos altamente consumidores de agua, propicia subsidios cruzados muy inequitativos frente a los consumidores urbanos y produce una enorme corrupción en el manejo de los distritos de riego. Como el electorado rural, aunque ya es menor que el urbano, es carne de cañón para partidos, políticos y altermundistas, entonces nadie se atreve a plantear el problema tal y como es: hay una alarmante distorsión en la distribución del recurso.

La conclusión es simple: si bien con las regulaciones tarifarias apropiadas, hay que pagar el agua que se consume. En palabras de Benjamín Franklin: “cuando el pozo se seca, sabemos el valor del agua”.

 

Pugnas por tierras. (Unomásuno, Editorial, p.web)

Hidalgo.

Recientemente el diputado local Juan Ortiz Simón alertó sobre la posibilidad de que en diferentes lugares de la Sierra, Huasteca y Valle del Mezquital se susciten hechos de violencia, principalmente –dijo- por la falta de capacidad y voluntad negociadora del gobierno del estado.

En esa oportunidad el legislador aseguró también que persistían en la entidad por lo menos 15 conflictos de carácter agrario, los cuales podrían derivar en un estallido social y hacer que una vez más corra sangre por el campo de Hidalgo, como anteriormente ha ocurrido en algunos lugares.

Se refirió de manera concreta a los conflictos agrarios que se viven en las comunidades de Maguey Blanco y El Tephé, en el municipio de Ixmiquilpan. Igualmente hizo referencia al conflicto en la comunidad de Cinta Larga, perteneciente al municipio de Tezontepec de Aldama, el cual no ha podido ser solucionado en su totalidad, debido al incumplimiento de compromisos por parte del estado, que ofreció una serie de obras a cambio de la paz, pero no todo se ha hecho.

Respecto a la situación que se vive en el municipio de Tepeji del Río, en donde el gobierno ha tenido que recurrir a la fuerza pública para resguardar un gran predio que intentan recuperar los ejidatarios, aseveró que ya se ha comprobado que el gobierno del estado es el legítimo propietario de las 443 hectáreas en disputa, por lo que ahí lo único procedente es aplicar la ley, que se haga valer el Estado de derecho, y si existe alguna deuda con los anteriores propietarios, liquidarla para evitar problemas futuros.

Juan Ortiz Simón señaló que también se debe analizar de manera seria la responsabilidad que en cada conflicto tengan los dirigentes de diferentes organizaciones agrarias, pues existen falsos líderes que buscando el poder, sobretodo cuando se acercan tiempos electorales, se aprovechan de los campesinos, como muchas veces ocurre en la Sierra, la Huasteca y el Valle del Mezquital.

Pidió que no se desestime su advertencia de que en cualquier momento podrían generarse hechos violentos, por lo que en la búsqueda de solución a estos casos, deben intervenir todas las instancias involucradas en la regularización de la tenencia de la tierra, que para los campesinos es lo más importante y no van a permitir nunca que se les despoje de ella.

Ayer, en Huasca de Ocampo, se tocó de nuevo el tema y se afirmó que existen en la entidad al menos 22 conflictos agrarios oficialmente registrados, los cuales de no encontrar una solución inmediata podrían concluir en graves problemas sociales, e inclusive con la pérdida de vidas, de ahí que al verse incapacitado el gobierno del estado para solucionarlos, la Federación se verá en la necesidad de intervenir.

Bajo esa premisa, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, durante su visita por la entidad, destacó que se trata de asuntos muy complejos, ya que en muchos de los casos algunas de las partes cuentan con un juicio de carácter jurídico, pero destacó que es deseable que la solución de los conflictos en general pudiera darse mediante un acuerdo entre las partes involucradas.

Destacó que "esto acortaría el tiempo de solución, pero al no ser así, "tenemos que analizarlos con el gobernador para poder determinar las distintas acciones que vamos a emprender, y quiero señalar que en lo que se refiere a la asesoría jurídica orientada a los campesinos que se encuentran en disputa, además de que es un derechos de los afectados, ésta se la podemos proporcionar en las distintas delegaciones federales de la Procuraduría de la Reforma Agraria".

 

Bahía de la discordia. (Proceso, Francisco Castellanos, p.web)

*Ejidatarios de El Ticuiz advierten que jamás le darán dominio pleno de “El Tamarindillo” a Cosme Mares.

Coahuayana, Mich.- Los miembros del comisariado ejidal de El Ticuiz, perteneciente al municipio de Coahuayana, intentan que al empresario Cosme Mares Hernández, presunto prestanombres de la familia del presidente Vicente Fox, se le dé el “dominio pleno” de la bahía “El Tamarindillo”, para que formalmente quede como el único dueño de esa franja costera que aún pertenece a dicho ejido.

Sin que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) haya lanzado convocatoria alguna, las autoridades de El Ticuiz ya están invitando a los ejidatarios –a través de un aparato de sonido— para que asistan a la asamblea en la que se intentará darle el dominio pleno a Cosme Mares.

Inclusive, Agapito Cárdenas Guerrero, presidente del comisariado ejidal e incondicional de Cosme Mares, acudió a dos medios locales, Panorama de Colima y La voz de Michoacán, para que le publiquen desplegados de prensa en apoyo al empresario guanajuatense.

La diputada federal Ana Lilia Guillén, coordinadora de la subcomisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso de “El Tamarindillo”, advierte que, legalmente, Cosme Mares no puede obtener el dominio pleno de la playa, puesto que está en co-sociedad con otras personas, entre las que se encuentran Porfirio Mendoza Zambrano y Florentino Campos Cruz. “Además –dice la legisladora-- todavía no se hace el deslinde que determine qué proporción de terreno le corresponde a cada socio.”

Cosme Mares intentó que le dieran el dominio pleno desde el 27 de noviembre del año pasado, cuando se convocó a una asamblea ejidal para tal motivo. Y para asegurarse la asistencia de los ejidatarios, el empresario prometió entonces regalarles bultos de cemento y de fertilizante, así como realizar ahí mismo una rifa de 130 “solares”.

A pesar de estos estímulos en especie, el grueso de los ejidatarios no asistió a la reunión, por lo que no hubo el quórum suficiente y ésta se canceló. Molesto por el desaire, Cosme Mares perdió los estribos y pidió que se le regresarán los 25 millones 500 mil pesos que desembolsó por “El Tamarindillo”.

Los ejidatarios le respondieron que el dominio pleno debería pedírselo no a ellos, sino al presidente del comisariado ejidal y a la corredora de bienes raíces de Colima, Leticia de la Mora, que son los principales negociadores del empresario para apoderarse de la bahía, que abarca 265 hectáreas de terreno.

Los campesinos han denunciado que hubo también un presunto contubernio entre Cosme Mares y las autoridades agrarias, entre éstas señalan principalmente al visitador de la zona, David Neri, quien aparece como socio del empresario guanajuatense en una sociedad de producción rural que se creará en un ejido aledaño a El Ticuiz.

Otro revés para el empresario fue la anulación de su certificado agrario por el Registro Agrario Nacional (RAN), por lo que Cosme Mares se inconformó y presentó una queja ante el Tribunal Agrario de Colima.

Mariano Márquez, uno de los inconformes con la venta de “El Tamarindillo”, anunció que presentará una denuncia penal contra el comisariado ejidal de El Ticuiz debido a que falsificó documentos federales y actas de asamblea del ejido con tal de favorecer a Cosme Mares. Adelantó que la denuncia la presentará ante las oficinas que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

“Los ejidatarios ya abrimos los ojos. Sabemos que detrás de Cosme Mares está la familia Sahagún. Jamás le daremos el dominio pleno”, advierte Mariano Márquez.

 

Incapaz el gobierno para resolver conflictos agrarios. (Unomásuno, Hans Islas Frausto, p.web).

Huasca de Ocampo, Hgo.- En regiones de la entidad como son la Sierra, Huasteca y Valle del Mezquital, existen al menos 22 conflictos agrarios oficialmente registrados, los cuales de no encontrar una solución inmediata podrían concluir en graves problemas sociales, e inclusive con la pérdida de vidas, de ahí que al verse incapacitado el gobierno del estado para solucionarlos, la Federación se verá en la necesidad de intervenir.

Y es que en muchos de los casos en donde la violencia ya se ha hecho presente, se ha requerido la intervención de la fuerza pública para tratar de calmar los ánimos, sin embargo, hasta la fecha no se ha dado una salida definitiva en la que las partes involucradas queden satisfechas.

Bajo esa premisa, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, durante su visita por la entidad, destacó que este tipo de disputas por la tierra cuentan con más de 50 años de su antigüedad.

Agregó que son asuntos muy complejos, ya que en muchos de los casos algunas de las partes cuentan con un juicio de carácter jurídico, pero destacó que es deseable que la solución de los conflictos en general pudiera darse mediante un acuerdo entre las partes involucradas.

 

Prensa Estatal

 

GUERRERO

 

Exige ONG de Alemania cancelar proyecto La Parota. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).

Solecito Pide acatar fallo de Tribunal Latinoamericano del Agua.

Solecito Preocupante, que se imponga la fuerza, dice activista.

Chilpancingo, Gro., 23 de marzo. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México demandó al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, que acate el resolutivo del Tribunal Latinoamericano del Agua de que no se construya la presa La Parota, y ordene suspender las obras; solicitó además que se respeten los derechos humanos de los comuneros opositores a ese proyecto hidroeléctrico, los que "se han violado de manera reiterada", señala.

Teresa Avila, coordinadora de la organización no gubernamental -una red de 15 organizaciones e instituciones alemanas-, dijo que tres miembros del organismo se entrevistaron con Armando Chavarría Barrera, secretario de Gobierno del estado, y explicó que hay "apertura" para empezar el diálogo con los comuneros opositores a la construcción de La Parota, pero "nos preocupa la división que existe entre las comunidades por esta situación, ya que el gobierno estatal viola sus derechos humanos en materia de información y de su participación en los procesos".

Insistió en la necesidad de que se suspendan las obras de La Parota, "porque no es posible impulsar un proyecto donde la gente no está de acuerdo, y por eso creemos que primero se debe iniciar un proceso de diálogo; debemos evitar que se imponga por la fuerza, porque socialmente no es aceptable".

Asimismo, lamentó las declaraciones del gobernador de que respeta el resolutivo del Tribunal Latinoamericano del Agua, pero que "mejor esperaba el fallo del pueblo". "Ojalá y realmente le hiciera caso y fuera a dialogar con él; nosotros saludamos el resolutivo del tribunal porque transmite nuestras preocupaciones en materia de defensa de derechos humanos", dijo.

Por último, señaló que en reunión con Chavarría Barrera le manifestaron su preocupación por que el gobierno estatal está investigando al campesino ecologista Felipe Arriaga, a quien le siguen fabricando delitos que no cometió, y se pidió información respecto a los asesinatos de los hijos de Albertano Peñaloza, ocurridos en mayo pasado, así como las actividades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la deforestación de la sierra de Petatlán.

 

Denuncian a una vecina por apropiarse del predio del cementerio de El Cayaco. (El Sur, Cristina Sierra, p.web)

 Marcela Guatemala Jijón adquirió el terreno pero éste estaba en litigio y lo perdió, acusan los inconformes.

Vecinos de la comunidad de El Cayaco denunciaron que una vecina de nombre Marcela Guatemala Jijón se apropió de una parte del predio que ocupa el panteón de la zona y una calle, el cual aseguran que lo perdió en un juicio.

Los inconformes llevaron a cabo una protesta en el poblado ayer, y allí el presidente del comisariado ejidal Alberto Ávila González señaló que la vecina es propietaria de un lavador de autos y se apropió de forma arbitraria de un predio que pertenece al panteón y a también es parte de la calle principal.

Los vecinos mostraron el lugar a los reporteros que acudieron para tomar nota de la denuncia y se quejaron que Marcela Guatemala lo convirtió en basurero e incendió para impedir el acceso al camposanto.

Ávila González comentó que fue demandado junto con el delegado de ese poblado, Miguel Ángel Ávila Romero, por el delito de despojo, pero aseguró que ambos fueron absueltos por falta de pruebas.

Agregó que ellos contrademandaron a Guatemala Jijón por el delito de difamación, y según el comisariado la acusada fue detenida la semana pasada por haber hecho declaraciones falsas.

El comisariado lamentó que Marcela Guatemala saliera libre el sábado, y reveló que para ello intervino el diputado Fernando Donoso Pérez.

Relató que en 2001, Marcela Guatemala Jijón compró el terreno a un costado del panteón y el acceso principal a El Cayaco, pero éste tenía un juicio y lo perdió, por lo que de 21 metros cuadrados que poseía sólo le quedaron 14.

Dijo que la propietaria consiguió escriturar el total de los metros que compró, “ella quiere recuperar los metros que perdió para el lado del panteón y la calle”.

Explicó que Marcela Guatemala ha intentado hacer construcciones para evitar el paso de definitivo por el lugar, pero los pobladores lo han impedido.

Ávila González señaló que en una ocasión los vecinos quitaron varillas que ya estaban listas para los cimientos.

Denunció que “gente armada” está al servicio de Guatemala Jijón para amedrentar a los pobladores, y pidió al gobernador Zeferino Torreblanca  para que se investigue a “estas personas, a qué se dedican realmente”.

“Los vecinos queremos que se respete la vida, que se respete el espacio del panteón y que el alcalde Félix Salgado nos acompañe a barrer ahí porque las cosas pueden llegar a extremos graves”, solicitó.

Por último, Alberto Avila pidió justicia, pues aseguró que los jueces cometen arbitrariedades como sucedió al liberar las órdenes de aprehensión en su contra, “a ellos nadie les puede hacer nada y cuando los acusan se amparan y hasta sueldos caídos les pagan”.

 

Hay cerrazón de los gobiernos estatal y federal en el caso de La Parota, dice el Frente Pacífico de la Montaña. (El Sur, Cartas, p.web)

Señor director:

En mucho estimaremos la publicación en su prestigiado diario de nuestra postura con respecto a La Parota.

El Frente Pacífico de la Montaña Ede Kájuaa Tsuddu Júba, organización de maestros bilingües y campesinos indígenas surgida durante la pasada campaña política del PRD, y que con nuestras voluntades y votos contribuyéramos al triunfo electoral del actual gobierno estatal en nuestros territorios, lamenta la cerrazón y empecinamiento de nuestras autoridades estatales y federales en el caso de La Parota, como también lamenta profundamente la inoportuna y sumisa declaración de la dirigencia estatal del partido en el gobierno.

Pero lamenta aún más, mucho más, que sea en el ámbito internacional de donde vengan las recomendaciones para revertir tantas irregularidades.

Al mismo tiempo, recomendamos a los pueblos hermanos asentados en los territorios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec a que asuman pública y jurídicamente su condición de pueblos originarios y que apelen a su origen orgullosamente indígena, a fin de que arropados por el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fortalezcan la defensa de sus justas demandas en los ámbitos internacionales.

Nos queda muy claro que al interior de nuestro país las instancias burocático-administrativas de los gobiernos en turno se empecinarán aún más –junto con sus aliados– en cumplir sus objetivos y lograr sus intereses particulares.

Nosotros, el Frente Pacífico de la Montaña Ede Kájuaa Tsuddu Júba, reconocemos en nuestros hermanos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec su legítima convicción de defender su patrimonio, sus tierras y su tenencia colectiva. Sus territorios, sus aguas, sus recursos naturales, su tejido social, sus usos y costumbres, así como sus saberes ancestrales.

Porque estamos ciertos de que existen otras alternativas de desarrollo sostenible para nuestros pueblos hermanos, para el propio municipio, la región y la nación entera.

Reciban en consecuencia nuestros hermanos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec nuestro saludo fraterno y solidario.

 Por mandato de la Coordinación Colectiva.

Xabo na’ne ñajun xuajen Abraham Molina Muñoz.

 

HIDALGO

 

El gobierno de Hidalgo violó la ley en detención de labriegos. (La Jornada, Juan Balboa, p.web).

El gobierno de Hidalgo violó un amparo emitido por el segundo tribunal de distrito, además de que reprimió y encarceló sin fundamento legal a los dueños del ejido Cantera de Villagrán, municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, aseguró la secretaria perredista sobre asuntos de derechos humanos, Marcela Nolasco, quien confirmó que los campesinos presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la supuesta violación de las garantías individuales de los agricultores acusados de despojo agravado, quienes fueron detenidos el pasado 12 de marzo durante un operativo policiaco para resolver una disputa por 433 hectáreas. Los ejidatarios agredidos y la dirigencia nacional del PRD exigieron la libertad inmediata de los 12 labriegos, respeto a su integridad y una investigación exhaustiva de los hechos violentos del 12 de marzo.

 

MICHOACÁN

 

La Iglesia católica llama a las comunidades al diálogo. (La Jornada de Michoacán, Martín Equihua, p.web).

Carta de la vicaria de la meseta a 50 pueblos.

Doce sacerdotes adscritos a la Vicaría Meseta Purépecha, integrada a su vez a la Diócesis de Zamora, a través de una carta destinada a más de 50 comunidades que empezó a circular el pasado 21 de marzo, piden más prudencia a las comunidades de la región, a fin de que sus diferendos por tierras y explotación forestal no se conviertan en fuentes cotidianas de conflicto.

Los religiosos recordaron la máxima juarista, "ese gran indígena de Guelatao", que reza que el respeto al derecho ajeno es la paz, y tiene como destinatarios a comunidades en conflicto como el que protagonizan San Juan Nuevo y Angahuan; Comachuén y Tingambato; Cociucho y Urapaicho; Quinceo y Arantepacua; Cherán Atzícurin y Aranza; Turícuaro y Tzirío, entre muchas otras de los municipios de Uruapan, San Juan Nuevo, Paracho, Cherán, Tingambato, Nahuatzen, Chilchota, Charapan, Los Reyes y Tangancícuaro.

El siguiente es el texto firmado por los párrocos, entre ellos Hipólito Murillo, Victor Rincón, Eduardo Valadez, Ignacio Gil, Trinidad Domínguez, Francisco Martínez y seis más

 

OAXACA

 

Denuncian ante la CIDH agresiones contra oaxaqueñas. (La Jornada, p.web).

Oaxaca, Oax., 22 de marzo. En Oaxaca existen 656 conflictos vinculados a la posesión de la tierra, situación que impacta en las mujeres indígenas, pues muchas se convierten en proveedoras de la familia, debido a que los hombres dejan de trabajar por participar en esos problemas, denunciaron organizaciones no gubernamentales (ONG) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia en Washington, Estados Unidos.

En el encuentro, efectuado el 6 de marzo, las representantes de las ONG oaxaqueñas expusieron que la presencia de efectivos policiales y militares en sus comunidades, motivada por esos conflictos, conlleva casos de hostigamiento sexual y violaciones contra las indígenas, principalmente en la sierra sur del estado.

La CIDH se comprometió a visitar Oaxaca en octubre "para verificar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres", informó hoy Aline Castellanos Jurado, representante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Yésica Sánchez Maya y Yaha Sandoval Juárez, quienes también participaron en la audiencia, denunciaron que sólo en 2006 han sido asesinadas ocho mujeres, 32 en 2005 y 46 en 2004.

Comentaron que aunque la audiencia duró sólo 20 minutos, fue suficiente para entregar un documento donde detallan las agresiones contra las mujeres por la conflictividad agraria y poselectoral.

 

PUEBLA

 

La CFE obliga a ejidatarios a aceptar paso de torres para la Cementera Cruz Azul. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).

Mediante una serie de presiones, amenazas y engaños, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrían obligado a ejidatarios y pequeños propietarios de Lomas de Romero, ranchería dedicada a la producción de pulque y productos relacionados con el maguey en Tecamachalco, a ceder el derecho de vía para la instalación de torres de alta tensión que abastecerán de electricidad a la planta cementera Cruz Azul que se construye en la región.

Los afectados denunciaron que la paraestatal les ofreció una magra indemnización que no rebasa los 120 mil pesos, pese a que los daños ascenderían a varios millones de pesos. Hay casos en que los ejidatarios recibieron un pago de 56 mil pesos, pero las afectaciones a sus cultivos ascienden a 3.8 millones. Las cantidades, dijeron, fueron aceptadas ante las amenazas de los representantes de la CFE de que habría expropiaciones y el proyecto se llevaría cabo pese a la oposición de la gente.

Sin embargo, Camilo Anaya Díaz, uno de los ejidatarios afectados en Lomas de Romero, advirtió que no permitirán la instalación de las torres si la paraestatal no les paga lo justo. “No vamos a estar de acuerdo hasta que nos paguen lo justo, sino morimos, nos morimos. Ellos (los representantes de la CFE) tuvieron escuela, nosotros no la tuvimos, pero entendemos ellos nos debieron decir todo sobre el proyecto, los pagos y las tierras afectadas”, aseveró.

Y, agregó: “no vamos a permitir la construcción de las torres de la CFE. Desde aquí también pedimos la intervención de la Semarnat para defender los árboles y magueyes”.

Al principio, refirió Anaya Díaz, había temor de protestar porque tenían conocimiento que la obra iba a ser efectuada por el gobierno federal, y la Constitución mexicana le otorga la facultad para proceder a una expropiación, pero después se enteraron que el principal beneficiado iba a ser una compañía privada –Cruz Azul– y cayeron en cuenta de la injusticia.

“Que nos respeten como campesinos, somos ejes principales para que haya comida, porque son burócratas, están con traje y corbata, nos quieren atropellar... al gobierno lo ponemos para que nos administre no para que nos azote y golpee”, afirmó.

La planta

La Cooperativa Cruz Azul, a través de Cementos y Construcciones Nacionales de Oriente (CYCNA), y la empresa Polysus, filial de la trasnacional alemana ThyssenKrupp, iniciaron desde mediados del año pasado la construcción de una planta de cemento sin pulverizar, conocido como clinker, en el municipio de Palmar de Bravo. La factoría es construida en 575 hectáreas que la cementera adquirió en la región, de las cuales 243.8 hectáreas están dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

De acuerdo con la delegación Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Puebla, las tierras adquiridas por la empresa incluyen un cerro de la Sierra Madre Oriental que está dentro de la reserva. No obstante, CYCNA sólo obtuvo un manifiesto de impacto ambiental positivo para trabajar en una superficie de 195.6 hectáreas, que están fuera del área federal protegida. 44.3 hectáreas son un yacimiento que se explotará en los próximos 10 años.

La empresa ABB, cuya sede está en Suiza, será la responsable de construir “los sistemas que enlazarán la nueva planta de Cementos Cruz Azul a la red eléctrica nacional”, además de que en el complejo será construida una “subestación aislada en aire” de 400 mil voltios y una línea de transmisión de la misma potencia, con una extensión de 16.4 kilómetros. En una segunda fase, ABB desarrollará una “subestación aislada en gas”. Todos los trabajos tendrán un costo de 21 millones de dólares.

La imposición

Camilo Anaya Díaz explicó que en el mes de noviembre llegaron a la comunidad un grupo de funcionarios de la CFE y, sin pedir permiso a nadie, comenzaron a hacer mediciones, estudios topográficos en sus terrenos y así definir el trayecto que tendrán las torres de electricidad que servirán para dotar de electricidad a la planta Cruz Azul.

Después, dijo, los empleados federales se dedicaron a visitar a 13 ejidatarios afectados de Lomas de Romero, casa por casa, para informarles sobre el proyecto, pero no les presentaron ningún documento o planos de las torres, sino que todo fue de palabra y de manera muy escueta. A lo sumo, agregó, a algunos les dijeron que tendrían que autorizar un derecho de vía de 42 metros de ancho y les dieron unas cuantas medidas de afectación.

María Rodríguez, otra de las afectadas, explicó que nunca fue informada sobre el área que le iban a afectar ni hubo un censo para determinar los cultivos que resultarían perjudicados y mucho menos le dijeron el monto total de la indemnización; sólo se concretaron a entregarle “un pago inicial” de 10 mil pesos. “Me dijeron que me iban a pagar poco porque estaba en otra categoría”, señaló.

Estanislao Rojas Rosas, ejidatario de Lomas de Romero, indicó que recibió una cantidad de 113 mil pesos por otorgar el derecho de vía de 200 metros y los magueyes, pero en ningún momento se hizo una cuenta sobre el monto total de las afectaciones en los línderos de magueyes que hay en sus terrenos. De hecho, apuntó que cuando los funcionarios de la CFE pasaron a sus casas solo les dijeron que les iban a dar “una gratificación”.

La visita casa por casa de los funcionarios de la CFE, dijo Camilo Anaya, les impidió que pudieran reunirse al interior del núcleo ejidal para discutir el asunto y fijar su postura. El comisario de Lomas de Romero no estaba enterado del plan pues estaban fuera del pueblo. Los únicos que tuvieron conocimiento fueron los integrantes del Consejo de Vigilancia, quienes en todo momento se han negado a proporcionarles mayor información.

Acompañado por María Rodríguez y Estanislao Rojas Rosas, el campesino refirió que los funcionarios de la CFE les advirtieron que en caso de negarse a otorgar el derecho vía procederían a una expropiación, además de que el proyecto se llevaría de “una u otra forma”. A ciencia cierta, refirió, se desconoce el número total de afectados, pues hay varios campesinos que se encuentran dentro del régimen de pequeña propiedad, así como tampoco se sabe el área total de afectación.

En el ejido de Lomas de Romero, manifestó, hay varios sitios considerados zona arqueológica por la existencia de restos prehispánicos.

“Se aceptó (dar el derecho de vía) contra nuestra voluntad, nos dijeron que aceptaramos porque de todos modos iban a pasar (las torres). Fuimos engañados porque nunca hubo una reunión de ejidatarios, pasaron casa por casa”, indicó.

El pago

Para ilustrar la injusticia en los pagos recibidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, Anaya Díaz explicó su propia situación. La paraestatal, mencionó, le ofreció un pago total de 56 mil pesos por una afectación en sus terrenos de 100 metros de largo, por 48 metros de ancho, los cuales forman parte de derecho de vía para las torres de alta tensión. Esa cantidad, además, incluye la indemnización por la destrucción de 198 magueyes y 62 árboles de pino y pirul que están en su predio.

La cantidad, aseveró, es ridícula si se toma en cuenta que un maguey dilata 14 años para madurar y estar listo para su utilización. Una penca ofrece al día hasta 16 litros de aguamiel, producto base para la producción del pulque, el cual es comercializado a 5 pesos por litro. Un solo maguey, abundó, dilata ocho meses –unos 240 días– antes de secarse o terminar su periodo de producción.

Así pues, añadió, diariamente un maguey ofrece una ganancia de hasta 80 pesos, pero multiplicados por los 240 días de vida que tiene, la ganancia asciende a 19 mil 200 pesos. Esto da como resultado, expuso, que la indemnización por los 198 magueyes debió ser de a 3.8 millones, eso sin contar los árboles de pirul y pino.

En un recorrido por los terrenos que serán afectados, en donde ya hay trabajos de la CFE para tender las líneas de transmisión Cruz Azul-CYCNA, Estanislao Rojas Rosas agregó que la penca del maguey en Lomas de Romero, un pueblo muy conocido en la región por la elaboración de pulque, es altamente productiva, pues permite su procesamiento para la fabricación de papel para mixote.

Asimismo, en octubre aparece en la planta un gusano, conocido como tecole, el cual es vendido por millares. Cada animalito es comercializado a un peso.

Respecto a los árboles de pirul, añadió, las semillas son utilizadas para la fabricación del “tolonche”, una bebida parecida al pulque, muy embriagadora.

 

VERACRUZ

 

Lo que se dice. (El Dictamen Veracruz, Atila, p.web)

* Se acerca el relevo en la Liga Agraria del Estado.

Saludos a Helio García Alfaro.

Nombramientos. Uno de los temas que más agradan a los periodistas, pero que resultan ingratos a los protagonistas, es el de cambios en el Gabinete del Gobernador Fidel Herrera Beltrán. ¿Por qué?, si en cualquier administración son naturales, si por morbo, por desquite, por especulación vaya usted a saber por qué, el asunto es que siempre es chispa para la paja informativa.

Dicho lo anterior, ayer el Secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, más rápido que un velocista de alto rendimiento, le dio posesión al ex alcalde y ex diputado federal martinense, Cirilo Rincón Aguilar, todavía Jefe de la Unidad Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como tercer Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de la Fidelidad, en relevo del Harry Jackson Sosa, quien a menos de tres meses en el cargo debe entregarlo el próximo 30 del mes corriente.

Se lo dieron como regalo de Reyes el 6 de enero anterior y hoy la primavera se lo quita, en medio del fervor patriota por la celebración juarista del bicentenario del natalicio del Benemérito de Las Américas, que se lleva a Harry El Limpio hacia otros derroteros, en la víspera del duodécimo aniversario luctuoso del malogrado candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta y un día antes del 83 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, afiliada a la CNC.

Ya que se habla de la Liga Agraria Veracruzana, que es de las pocas que queda de pie y actuando en el País, ya necesita cambio de dirigente. El empresario rural Constantino Aguilar Aguilar, con negocios productivos en el café, la caña de azúcar, el ganado, los invernaderos, que ya fue diputado local sin pena ni gloria por el Distrito de su natal Misantla, que perdió la elección interna para candidato a diputado federal en el 2003 por el mismo Distrito y que hoy surge como candidato a la diputación federal, igual por el PRI como la anterior, pero por el Distrito de Xalapa Rural, el próximo 17 de mayo cumplirá su ejercicio estatutario de cuatro años y aunque no es la intención correrlo, pero ya debe dejar el puesto a un relevo fresco, que no esté apoltronado, que, como están las cosas de estancadas en el agro estatal y con un gobernante hiperactivo como Fidel Herrera Beltrán, que sabe mucho del campo, un relevo con nueva mentalidad, activo, ágil en sus decisiones, ingenioso, para que nada lo detenga ni lo contenga y todo parece indicar que ya hay el candidato idóneo a los tiempos fieles que se viven en Veracruz.

En efecto, en la campiña veracruzana, de la Huasteca al Istmo, de la costa a la sierra, corren vientos de simpatía a favor del contador Juan Carlos Molina Palacios para ser el nuevo presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, organización que hoy llega a su Octagésimo Tercer año de existencia y que para exaltar el acontecimiento, se lleva a cabo un acto en Actopan, a las 10 de la mañana.

Si la propuesta de Juan Carlos cuaja, la CNC en nuestra Entidad tendrá un giro de 180 grados; la modorra y el desinterés que han caracterizado a sus dirigentes en el nuevo siglo, serán sacudidos para darle oxígeno y dinamismo, en lo que el cuenqueño de Carlos A. Carrillo es una fiera. Sus cualidades para manejar asuntos campesinos, las tiene demostradas como Coordinador de la Industria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la buenas de Juan Humberto García Sánchez, quien tiene en Molina Palacios un alfil para resolver los casos más delicados.

Tan necesita aire la Liga, que al acto conmemorativo de este jueves, el Presidente Nacional de la CNC, Heladio Ramírez López, manda como su representante a Pedro Alejandro Díaz Hartz, Presidente de la Unión Nacional de Productores de Arroz y Coordinador del Consejo Veracruzano del Arroz, un avecindado en Tres Valles, muy simpático, conversador, pero que al decir de sus vecinos no tiene sembrada una planta de la gramínea, ni siquiera en maceta. Eso se dice en Tres Valles.

Y muy pronto, tal vez antes de Semana Santa, el Notario Público Felipe Amadeo Flores Espinosa, podría ser llamado a formar parte del Gabinete del gran político de la Cuenca del Papaloapan, Fidel Herrera, a quien el propio FAFE le tiene un gran reconocimiento, en una Secretaría donde hay mucho por hacer, bastantes recursos, pero inadecuada planeación administrativa y mal aplicados los fondos públicos. Por supuesto, el cambio de titular no será por deshonestidad, sino por la dispersión del mando.

A doce años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido aquella fatídica tarde del 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, su muerte sigue siendo un misterio, que nunca se aclarará por así convenir a intereses oscuros. Curiosamente, hoy los escenarios tienen alguna semejanza, son tiempos electorales con los ánimos al rojo vivo y la posibilidad de otro crimen de la misma dimensión, pero a diferencia del que conmovió a todo México en el 94, los actores actuales son candidatos hablantines, con mucha pena y poca gloria.

En Xalapa, el CDE del PRI, lleva a cabo una ceremonia luctuosa en el Parquecito La Palma, ubicado en Pino Suárez esquina Bremont, en el centro de la capital, a las 11 de la mañana, donde hay un busto de Colosio, colocado ahí siendo Amadeo Flores presidente del PRI. Lo encabeza el dirigente Edel Alvarez Peña.

 

Cartones

 

 

Esperando desbandada · Magú

Magú

 

 

 

 

Frente contra AMLO · El Fisgón

El Fisgón

 

¡Al ladrón, al ladrón! · Helguera

Helguera

 

Enérgica protesta · Hernández

Hernández

 

 

Tan bueno que era Naranjo

 

 

 La vocería siempre vigila Helioflores

 

 


Para consultar fechas atrás >>>

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx