CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
22 DE MARZO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Defiende Chávez a
López Obrador
Critica Mandatario venezolano que lo
usen en campaña. Denuncia
que México forma parte de una campaña internacional
en contra de su
gobierno.
“Trepan” a Benito
Juárez a la contienda electoral
Candidatos utilizan su legado para
hacer promesas o atacar al rival. La imagen
a la que aluden con frecuencia no es real: analistas.
Pide Fox dejar la soberbia y el mesianismo
Hay que imitar a Benito Juárez y actuar
por encima de intereses particulares.
La banca, con una
gran deuda social
Se ha olvidado de las regiones menos
desarrolladas: Levín
Coppel. Necesario,
que bajen las tasas de interés del crédito:
Medina Mora. Deciden eliminar las comisiones
en transferencias electrónicas.
Fox, PRI y AN arman
frente contra AMLO
Utilizan el homenaje a Juárez para
lanzar andanadas. El Presidente llama a hacer
a un lado “la soberbia y el mesianismo”. El
Benemérito nunca rehuyó los debates con sus
adversarios: Madrazo.
Fracasa plan de seguridad
con chips de la PGR
Costaron 300 mdp
y los implantaron a 160 funcionarios. La dependencia
argumenta que “hay sistemas más baratos”.
Desde Caracas, Chávez
sale en defensa de AMLO
El presidente acusa a la “derecha mexicana”
de querer frenar el ascenso de López Obrador
Hay 268 extraditables,
confirma el procurador
No adoptamos la extradición como política
de combate a la delincuencia, dice Daniel Cabeza
de Vaca.
Wintilo desprecia al PRI;
Felipe sufre
en Michoacán
Luego del revés de Chuayffet, decidió renunciar a la candidatura al gobierno
del estado. Renuncia la coordinadora de campaña
del candidato panista, Gladis López Blanco.
Sector agrario
Celebran ONG el veredicto del Tribunal del Agua
que pide cancelar La Parota. (El Sur (Guerrero), Cristina
Sierra, p.web).
Anuncia el Cecop una caravana a otras ciudades del país y la instalación
de un campamento donde se construiría la cortina
de la presa.
El Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a La Parota (Cecop),
el Centro de Derechos Humanos de La Montaña,
Tlachinollan, Espacio
DESC y el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CMDA) celebraron la resolución
del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA)
que establece que el proyecto de la presa La
Parota “debe cancelarse”.
El fallo fue porque “no se demuestran
los beneficios para la población local ni su
contribución al desarrollo regional ni a la
protección del medio ambiente y los recursos
naturales”.
En conferencia de prensa ayer en
el Zócalo, integrantes del Cecop
encabezados por Marco Antonio Suástegui
Muñoz anunciaron una caravana desde La Parota
a otras ciudades del país y el establecimiento
de un campamento de resistencia entre los cerros
Los Mayos y La Yerbabuena,
donde se sabe que se construirá la cortina de
la presa.
Explicó que esa actividad también
se llevará a cabo en la presa El Cajón, en Nayarit,
antes de que las tierras sean inundadas y como
forma de presión para que las autoridades respeten
los derechos de vivienda de los campesinos de
esa ciudad.
El portavoz de los opositores,
acompañado de unos 30 comuneros de varios poblados
que serán afectados, enumeró consideraciones
ambientales, sociales, económicas, culturales,
de salud y de derechos humanos que emitió el
Tribunal por las cuales no es factible la construcción
de la presa.
Dijo que la presa es parte del
proceso de privatización del agua que no beneficia
ni a Acapulco ni al país, y reiteró que el proyecto
pretende generar energía eléctrica y no agua
“como lo quieren hacer creer”.
Suástegui informó
que durante la denuncia pública ante el TLA
fueron citados a comparecer la CFE, el gobierno
del estado, la Procuraduría Agraria y
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pero no
acudió ningún representante de esas instancias.
Retó a las autoridades a aportar
pruebas en contra de las resoluciones del tribunal.
Las siete resoluciones del TLA
Los opositores dieron a conocer
los veredictos durante la primera audiencia
pública del TLA, donde se resolvió que el proyecto
de La Parota debe cancelarse “al no demostrar
los beneficios para la población local ni su
contribución al desarrollo regional, ni a la
protección del medio ambiente y los recursos
naturales”.
También demandó que se respeten
los derechos agrarios de las comunidades afectadas
y el control del territorio y sus recursos naturales,
los cuales deben ser garantizados como lo marca
el artículo 27 constitucional.
Además, que se respete la diversidad
cultural y la existencia de comunidades indígenas
y sus usos de costumbres.
Asimismo se demanda a la Semarnat aplicar la normatividad ambiental y que evite la
autorización de proyectos hidroeléctricos que
atenten contra la biodiversidad –especies en
peligro de extinción y amenazadas– y los ecosistemas
que alteren el funcionamiento hidrológico y
geohidrológico de
la cuenca; además que aumenten la vulnerabilidad
ambiental por ser una zona de alta sismicidad.
También determinó que la Comisión
Nacional del Agua (CNA) debe evaluar el impacto
de la obra en el funcionamiento de la cuenca
hidrológica del río Papagayo, pues además de
generar electricidad se darán nuevos usos para
abastecimiento de centros urbanos y desarrollos
inmobiliarios y turísticos, la irrigación, el
aprovechamiento del embalse y el uso de la laguna
de Tres Palos para fines recreativos.
Al gobierno del estado se le insta
a garantizar las condiciones de seguridad para
la población, respetar los derechos humanos
y contribuir a la paz social de la región afectada.
En cuanto a la Procuraduría Agraria
(PA), se demanda que garantice el Estado de
derecho en materia agraria y las condiciones
adecuadas para que las asambleas sean realizadas
con legalidad y en libertad.
También pide a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) apegarse a la legalidad
y evitar realizar asambleas ilegales, hostigar
a la población y alterar la paz social de las
comunidades.
La última resolución llama a que
se respete el Estado de derecho en la región
de acuerdo con disposiciones legales nacionales
e internacionales de México sobre la información,
a la consulta y la participación, libre determinación,
la vivienda, alimentación, al agua, tierra,
territorio y al desarrollo.
Por otra parte, Suástegui Muñoz dio a conocer la carta que les entregó la
fundación alemana Heinrich
Boll, donde lamentan
la falta de respuesta formal de las autoridades
estatales y federales de México y les aseguraron
que este dictamen del TLA generará en Alemania
“expresiones de solidaridad con su movimiento”.
Los opositores se congratularon
también porque uno de los logros del Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa
de los Ríos (Mapder)
fue la cancelación del proyecto de la presa
San Nicolás Arcediano, en Jalisco.
Por otro lado, Suástegui calificó de “falsa y fantasma” la asamblea del viernes
en la comunidad de San Juan Grande, que eligió
nuevas autoridades de los Bienes Comunales de
Cacahuatepec.
Dijo que no es válida porque no
se hizo de acuerdo con los usos y costumbres
de los comuneros, debido a que no fue en Cacahuatepec
como es la tradición.
Criticó que el supuesto ganador
Eduardo Valente Navidad desde 1962 no tiene
su vivienda en Cacahuatepec,
además de que no estaba registrado como candidato
a presidente del comisariado, sino como coordinador de campaña de esa planilla.
Investiga la SRA presuntas irregularidades en Hunucmá. (Tribuna de Campeche, p.web)
Como parte de la auditoría de recepción
de documentos por el cambio de delegado, el
nuevo responsable de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), revisa el trabajo de la anterior
administración para determinar si existieron
irregularidades en la adquisición de tierras
ejidales de los municipios de Hunucmá
y Oxcum.
De acuerdo con el recién designado delegado de esa dependencia,
Miguel aGutiérrez
Machado, hasta el momento la secretaría que
representa es ajena al conflicto que tienen
los ejidatarios, ya que ellos han denunciado
ante la Procuraduría Estatal Agraria y al Registro
Agrario Nacional.
"De todas formas, estamos haciendo una auditoría normal, ya que cuando se da cambio de titular en
una dependencia pública se realiza esta acción",
indicó.
Agregó que la delegación federal tiene un área de trabajo específica
que es el reparto de tierras agrarias, pero
en lo referente a las asambleas ejidales no
puede intervenir la dependencia federal porque
no es su ámbito sino el de la Procuraduría Estatal
Agraria.
Sin embargo, en la medida de la investigación y análisis que
se haga en referencia al problema de Hunucmá
y Oxcum, estamos en la mejor disposición de aportar cualquier
documentación que nos solicite la autoridad
correspondiente que en este caso es el Tribunal
Nacional Agrario, subrayó.
Puntualizó que están fuera de su competencia el conflicto entre
los ejidatarios con las instancias agrarias
correspondientes y el Gobierno del Estado, de
todas formas, vamos a investigar si la delegada
anterior, Lizbeth
Medina Rodríguez, avaló alguna asamblea ejidal.
COMPETENCIA FEDERAL
Gutiérrez Machado consideró que el Tribunal es el que debe
investigar y emitir un fallo referente a que
si es legal o no la adquisición de terrenos
ejidales de Hunucmá
y Oxcum, por parte
del Gobierno del Estado.
"Es difícil que la SRA participe en las asambleas ejidales
porque es una acción que corresponde totalmente
a la Procuraduría Estatal Agraria, que a su
vez, notifica al Registro Agrario Nacional los
acuerdos que se tomaron en esas reuniones de
campesinos", abundó.
Por otra parte, recordó que a finales de febrero pasado, se
hizo entrega a través de su dependencia la cantidad
de cinco millones de pesos para mujeres y jóvenes
campesinos de los municipios de Peto, Tekax y Tekantó que fueron apoyados
para que fomenten proyectos productivos en su
entidad y adquirir tierras para trabajar.
Invadidas 100 hectáreas de las áreas protegidas. (Cuarto Poder, Eleaneth Díaz, p.web).
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reconoció que actualmente 100 hectáreas ubicadas
al interior de zonas protegidas en el estado
de Chiapas están invadidas por asentamientos
humanos.
Adrián Méndez, director regional de la Conanp, explicó que tras las circunstancias se ha establecido
un diálogo con las poblaciones irregulares para
que sean reubicadas y dejen libres los predios
que son propiedad de la nación.
"En total son cuatro grupos poblacionales ubicados
en zonas de la Selva Lacandona y con quienes
las instituciones estatales y federales, dialogan
para llegar a acuerdos, con el fin de otorgarles
terrenos en lugares permitidos", enfatizó.
Las pláticas, señaló, las realizan de forma coordinada
autoridades estatales y de la Secretaría
de Reforma Agraria (SRA), pues las reubicaciones
se realizan de forma voluntaria para evitar
enfrentamientos.
"Es un trabajo que se realiza en varias partes del
estado y para ello se estableció un mesa denominada
ambiental, que trata temas en todas las zonas
protegidas a excepción de Montes Azules, en
donde se formó una comisión interinstitucional".
El biólogo recordó que desde 2001 inició el trabajo interinstitucional
y a la fecha se logró reubicar a familias que
ocupaban 5 mil hectáreas de zonas naturales
protegidas, por lo que estimó que al finalizar
este sexenio se podría concluir con el trabajo
para dejarlas libres en su totalidad.
Así mismo dijo que en los últimos años se han presentado
dos conatos de invasión en la reserva de Montes
Azules, pero en 24 horas se desalojaron a los
grupos. Refirió que Chiapas cuenta con 17 Áreas
Naturales Protegidas, mismas que comprenden
un millón 200 mil hectáreas de selvas y bosques,
que representan un pulmón de gran importancia.
Carta a un viejo compañero. (La Jornada, Adolfo Gilly, p.web).
Estimado Tito:
Leí con mucho interés la amistosa carta que me dirigiste en
El Correo Ilustrado (17 de marzo de 2006). Trataré
de responderla según mi mejor saber y entender.
Para ser más claro, lo haré por puntos.
1. Allá por 1984, cercano el fin del siglo XX, a propósito
de Rosa Luxemburgo escribía Bolívar Echeverría:
"Sólo un hecho impide hablar del siglo XX como de una
época de barbarie (...) la existencia de la
izquierda: una cierta comunidad de individuos,
una cierta fraternidad, a veces compacta, a
veces difusa, que ha vivido esta historia bárbara
como la negación de otra historia deseada y
posible a la que se debe tener acceso mediante
la revolución."
Comunidad y fraternidad, no solamente libertad e igualdad,
son las palabras claves de esta definición,
palabras que dicen de ciertos sentimientos y
ciertas relaciones entre seres humanos antes
que de programas o de proyectos políticos, que
éstos vienen después. Tienen que ver aquellas
palabras con la antigua idea de la "economía
moral", que no se refiere a la llamada
ciencia económica, sino a lo que para la comunidad
es justo y a lo que no lo es.
De esta noción de justicia y de la de comunidad humana, sin
las cuales no hay izquierda en el sentido que
al inicio digo, se desprenden cuatro palabras:
fraternidad, solidaridad, lealtad y
respeto a sí mismo (lo que suele llamarse
"dignidad").
Son condiciones necesarias para quien se proponga ser parte
de la tarea interminable que define a la izquierda:
organizar a los explotados, los oprimidos, los
despojados, los humillados, los subalternos
de todos los regímenes donde mandan la riqueza
y la violencia.
2. Muchas cartas y mensajes he recibido con motivo de mi artículo
"Los mineros, los muertos, los políticos"
(La Jornada, 3 de marzo de 2006). Al
responderte trataré de hacerlo también a todos
ellos, cuya inquietud me dice mucho.
Citaré aquí como muestra un correo electrónico de otro amigo
mío, escritor, historiador y compañero de luchas
pasadas y presentes:
"Estimado Adolfo: Leí con profundo dolor tu artículo del
viernes. Creo que estamos asistiendo a la peor
derrota de la izquierda en México. No hay la
menor duda de que el huevo de la serpiente estaba
incubándose adentro del PRD, y que seguramente
en los próximos años serán perseguidos los ilusos,
los que no les dan la razón, los que no asumen
el trasvase del PRI ni su 'proyecto alternativo
de nación'. No te imaginas lo que es el PRD
en Morelos y en Veracruz: increíblemente nauseabundos.
No me identifico, y veo que somos muchos, con
esa llamada 'izquierda'. Segurísimo que tampoco
nos tragaremos ese sapo."
3. El 2 de julio de 1988 fueron asesinados nuestros compañeros
Gil y Ovando, cuatro días antes de la elección
usurpada por Carlos Salinas y su grupo compacto.
Desde el 7 de julio Manuel Camacho, miembro
destacado de ese grupo, actuó como el gran operador
político de la usurpación. No me lo contaron,
lo vi y lo viví. El
20 de agosto de 1988, Ernesto del Arco y sus
tres compañeros fueron asesinados a sangre fría
por luchar contra la usurpación del voto. Eran
los primeros de los más de 300 perredistas muertos que el gobierno de Carlos Salinas iba
a necesitar para hacer pasar sus reformas a
la Constitución y sus políticas neoliberales.
El primero de diciembre de 1988, Socorro Díaz pronunció en
el Congreso el discurso de legitimación de la
usurpación y, acto seguido, colocó la banda
presidencial a Victoriano Huerta, como llamaba
entonces a Carlos Salinas de Gortari la voz
popular, comparación histórica ésta mucho más
pertinente que las que enuncias en tu carta.
Esta legisladora, simbólica en su imborrable
gesto inaugural, forma parte ahora del grupo
compacto de Andrés Manuel López Obrador. Y ni
siquiera ha pedido disculpas. En cuanto a los
otros, para qué te digo, si a fin de cuentas
ella es la que menos importa de ese grupo.
¿Lealtad, solidaridad, fraternidad, decencia? ¿Izquierda? ¡Vamos,
Tito, por favor!
4. El 12 de marzo pasado, en el ejido Petalcingo,
municipio de Tila, Chiapas, concluyó un encuentro
de 35 organizaciones y seis ejidos y bienes
comunales contra el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales (Procede) y el Programa
de Certificación de Derechos Comunales (Procecom), que son los nombres orwellianos
que el Supremo Gobierno dio a la gigantesca
operación de despojo y privatización de los
bienes ejidales y comunales iniciada con la
contrarreforma al artículo 27 constitucional
llevada a cabo por el gobierno de Salinas, su
partido y su grupo compacto. Dicho encuentro
aprobó una importante y fundamentada resolución,
cuyo apartado cuatro dice:
"La reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución
federal, por la cual se permite la legalización
del latifundio, concluye el reparto agrario
y elimina las garantías de inalienabilidad,
inembargabilidad,
intransferibilidad
e imprescriptibilidad de los bienes ejidales
y comunales que garantizaban el patrimonio de
las familias campesinas, indígenas y no indígenas,
dejando así sus tierras a disposición del mercado,
es del todo contraria a diversos tratados internacionales
suscritos por el Estado mexicano, especialmente
el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, así como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que
el sistema interamericano ha emitido a favor
de los pueblos indígenas, lo cual implica una
situación de regresividad
en los derechos humanos de nuestros pueblos."
En la bandada de políticos y caciques del PRI que ahora aparece
en las candidaturas del PRD y en sus comités
de campaña, todos -digo bien, todos- aprobaron
esas reformas neoliberales, así como todos (junto
con su antiguo socio en la bancada del PRD,
el profesor René Bejarano) aprobaron en 1992
la contrarreforma al artículo 3 constitucional
sobre educación pública; y muchos de ellos aprobaron
el aumento al IVA, contrario al consumo popular,
y enormidades similares.
Ninguno ha pedido disculpas. Ninguno ha dicho que estuvo equivocado.
¿Entonces qué, Tito, el candidato presidencial
del PRD no sabe quiénes forman su equipo y a
quiénes está entregando la joya de la corona,
la jefatura de Gobierno de la ciudad de México,
arrancada al PRI en 1997 después de décadas
de luchas? ¿Y por qué le voy a creer que va
a respetar los acuerdos de San Andrés, si también
nos dice que va a continuar con el Procede?
5. Dices en tu carta: "El PRD y López Obrador pecan de
pragmatismo y oportunismo extremo al cooptar
cuanta basura excretan otros organismos políticos.
Pero es la opción mejor, o menos mala si quieres,
y así lo intuye la mayoría de la sociedad. Decir
que todos son iguales, y por tanto no voto,
no orienta ni sirve a la sociedad".
No, no son todos iguales. Son tres propuestas diferentes, con
trayectorias, equipos y matices diferentes,
para consolidar la configuración neoliberal
de la sociedad mexicana y su subordinación a
Estados Unidos. Lo ha dicho bien Carlos Slim,
el hombre que ha llegado a ser el tercero más
rico del mundo gracias al despojo, privatización
y apropiación, en los tiempos y con la complicidad
de Salinas, Camacho, Ebrard y otros, de ese bien público que eran y deberían ser
las telecomunicaciones. El 13 de marzo este
magnate, promotor y dueño del Acuerdo de Chapultepec,
esa especie de Manifiesto Capitalista Neoliberal
de estos tiempos mexicanos, declaró en una de
las tantas ceremonias de firma de ese documento:
"Lo que es importante no es que los candidatos se sumen
(al Acuerdo) suscribiéndolo o firmándolo, sino
que estén de acuerdo, y los tres han manifestado
estar de acuerdo con la propuesta (El Universal,
14 de marzo de 2006)." Nadie lo ha desmentido
hasta ahora.
No, no todos son iguales: uno es la derecha oscurantista del
PAN, aquella que ganó hace seis años con el
voto útil; otro es lo que queda del PRI
clientelar y corrompido;
el tercero, el PRD, es la nueva encarnación
de la política desarrollista-echeverrista
para dar un barniz social al neoliberalismo
-el "neoliberalismo con rostro humano",
como quien dice-, consolidando sus "equilibrios
macroeconómicos" y sus "políticas
fiscales", que desde De la Madrid hasta
Fox hemos aprendido
lo que quieren decir.
Por eso puedo comprender perfectamente los motivos del voto
popular mayoritario que favorece a Andrés Manuel
López Obrador. Tus motivos, y los de otros amigos
míos que como tú razonan, son los del voto
útil (que en 1970 se llamaba "Echeverría
o el fascismo"). Muy bien: votarás por
aquello que en este caso consideras lo menos
malo. Allí, junto con la papeleta, pondrás el
deseo de que ojalá así sea. El precio a pagar
puede ser la desilusión, la desorganización
y la resaca. Con esto no estoy llamando a la
abstención. Nomás digo lo que veo y pienso.
Mis razones son las de la izquierda socialista de siempre:
es preciso, en todas las condiciones y coyunturas,
contribuir a organizar las fuerzas de los explotados,
los despojados, los humillados, los que viven
de su trabajo. Y esa tarea no pasa esta vez
por unas elecciones en las cuales todos los
candidatos se subordinan, bajo partidos e intereses
diversos y contrapuestos, al poder del dinero
y de las finanzas, a la moral de los altos prelados
de la Iglesia católica y a la amenazadora potencia
vecina del Pentágono y la Casa Blanca.
6. En un punto estoy en total desacuerdo con tu carta. Es cuando
escribes: "Marcos, desarmado militar
y políticamente, navega en la nada". En
primer lugar el EZLN conserva sus armas y así
lo ha dicho y repetido. Si Marcos va
desarmado, es porque su misión no es de guerra,
sino de agitación y organización. Es una iniciativa
audaz y se la está jugando. No lo cuidan guaruras,
audomaros ni gacelas.
Y le puede tocar, cómo que no, nada más que
según las viejas y sanas costumbres de la izquierda
no lo anda proclamando.
En segundo lugar, no navega en la nada. Está "puebleando", como se dice en buen mexicano, está escuchando
las voces pequeñas de aquellos a quienes nadie
oye, sus dolores, sus penas, sus trabajos, sus
corajes y, también, sus proyectos locales y
sueños nacionales. ¡Cómo "en la nada",
si ésa es la mera realidad de México! En la
nada de las bravuconadas, vulgaridades y promesas
vacías transitan las campañas electorales de
los tres candidatos. La otra campaña,
según la he podido seguir en las crónicas de
Herman Bellinghausen,
camina por México sin andar ofreciendo nada,
salvo escuchar y escucharse, unirse, organizarse
desde los pasados, las luchas, las experiencias
y las tenacidades.
En tercer lugar, no está desarmado políticamente. Sólo hay
dos campañas que han expuesto sin disimulos
sus programas verdaderos. Una es la de Carlos
Slim, quien anda por
el país imponiendo su Acuerdo de Chapultepec
a quien se deje, y sobre todo a los tres candidatos.
La otra es la del delegado Zero,
que se sustenta en la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, es decir, en el llamado a organizar
las luchas contra la explotación, el despojo,
el desprecio y la violencia represiva.
En esta tierra oscura, si se le cuida, pueden en el México
de hoy echar raíces la fraternidad, la solidaridad,
la lealtad y el respeto del otro y de uno mismo.
Esa es, ésa ha sido siempre la izquierda. No tiene la exclusividad
de ella el delegado Zero
ni pretende tenerla. Pero hasta donde entiendo,
por aquello anda peleando. Hay que apoyarlo.
7. En cuanto al tan mentado huevo de la serpiente, al final
resultó ser huevo de dinosaurio. Y cuando despertamos
ahí estaba el bebé-dino, todo amarillo, con lindas pintitas negras en forma de
sol.
Se atora regularización de tierras lacandonas. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p.web)
Retención de indemnizaciones a indígenas y amenazas
de invasiones, las causas.
Pobladores dan otra semana de plazo; advierten
que "se harán escuchar" mediante movilizaciones.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de marzo.
A unos meses de que concluya la actual administración
federal, las negociaciones para reordenar los
poblados establecidos en la selva Lacandona
quedaron empantanadas. Una razón es que no han
sido liberados 172 millones de pesos para indemnizar
a los indígenas que permitieron la regularización
de 16 poblados; otra, la amenaza de tres comunidades
de invadir nuevas tierras, debido a que no se
les permitió su estancia en la zona, explicaron
dirigentes de poblados de la Lacandona.
Según el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre
de 2005 y del 22 de febrero pasado, el gobierno
federal decretó la expropiación de 17 mil 200
hectáreas de terreno en favor de 16 grupos de
indígenas que habitan en la selva Lacandona,
en el área que conforman los bienes comunales
de los indígenas.
El objetivo del acuerdo de expropiación era regularizar los
terrenos que desde hace años ocupan campesinos
a quienes lacandones y autoridades mantenían
bajo la amenaza de desalojo. En la práctica,
este acuerdo permitiría la estancia legal de
más de un millar de familias.
Según los decretos, cuando se acreditaran los pagos que suman
172 millones de pesos, la expropiación quedaría
ejecutada. Estos recursos saldrían del llamado
fideicomiso Fondo 95.
Hasta la fecha los fondos no han sido liberados pese a que
el acuerdo con los lacandones fue que el pago
se les efectuaría en "pocos días"
y antes de que terminara febrero de 2006. Esto,
explicaron en conferencia de prensa Erlindo
López, Antonio Jiménez y Samuel Sánchez, habitantes
de los poblados de la selva, echaría por tierra
los años de negociaciones para que el problema
de la tenencia de la tierra en esa región se
solucionara por la vía pacífica.
El otro "atorón" que enrareció
el ambiente en la selva Lacandona es la falta
de acuerdos entre un grupos de 28 ejidos que
componen la llamada Mesa Limonar y la comunidad
lacandona, debido a la negativa de esa etnia
a permitir que las comunidades San Jacinto Lacanjá,
Ojo de Agua, El Progreso y Flor de Cacao se
queden dentro de la selva.
La postura de los lacandones es que 25 ejidos se pueden quedar,
pero los otros tres deben ser reubicados fuera
de esa zona. El argumento es que los tres pueblos
que se hallan en las márgenes del río Usumacinta tienen en posesión tierras que conforman la reserva
comunal La Cojolita.
"Ya no están nuestros interlocutores. Nos dicen que por
el cambio de gobierno dejaron la secretaría
(SRA). Los choles, tzeltales y zoques de los
28 ejidos de la Mesa Limonar les respondemos
que empezaremos como al principio, con bloqueos
de carreteras e invasiones de tierras, porque
todo indica que de nuevo el gobierno demostró
que no tiene palabra", dijeron los líderes
indígenas.
Los habitantes de esa región de la selva advirtieron que se
movilizarán, al considerar que "sólo mediante
presiones el gobierno federal puede escuchar.
Hace un mes tuvimos una reunión con funcionarios
de la SRA. Nos pidieron un mes para darnos respuesta
y ya venció el plazo".
El acuerdo fue "sólo dar una semana más y, de no haber
solución, empezarán los preparativos para movilizarnos
y hacernos escuchar. Vamos a recuperar tierras
en la zona Lacandona. Hay mucha gente que las
tiene. Esta es la palabra que nosotros damos",
explicaron los líderes indígenas.
Elección de comisariado
en Cacahuatepec es
ilegal. (Novedades de Acapulco, Marco Antonio López, p.web).
Impugnara la "Plantilla
de Unidad" Arquelao
de la Cruz Piza, aseguró que se termino el tiempo.
Miembros de la llamada "Planilla de Unidad" que encabeza
Gaudencio Manzanárez
Arrioja, acompañados
por comisarios y delegados de las comunidades
de Las Parotas y Rancho Las Marías, manifestaron
su rechazo a la forma "arbitraria, dolosa
y de mala fe" con que la Confederación
Nacional Campesina (CNC), intenta imponer al
exregidor Eduardo
Valente Navidad, al que llaman "seudocomunero",
como presidente del Comisariado
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En visita a Novedades Acapulco, señalaron que la Ley Agraria
indica que la elección de ese tipo de autoridades
debe ser en urnas y el voto libre y secreto,
sin embargo se realizó en el municipio de San
Marcos, y en asamblea en la que votaron acarreados,
inclusive "de diez años de edad",
por lo que impugnarán ante el Tribunal Unitario Agrario.
José López Adame, asesor jurídico
de los campesinos, acusó que "la sorpresa
de nosotros fue que una planilla organizó todo
para llevar a cabo la elección sin tomar en
cuenta a las otras dos planillas", una
de las cuales, es la que integraron miembros
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a La Parota (CECOP).
En el caso de la encabezada por Gaudencio
Manzanárez, se trata
de campesinos que están a favor del proyecto,
pero que derivado de la elección en asamblea
de Valente Navidad, quien de última hora sustituyó
al candidato Jesús Crisanto,
originalmente registrado en la fórmula registrada
para contender por el comisariado.
Según indicó el abogado, la principal violación a la Ley, consistió
en que no se pegaron avisos en las comisarías
ni se notificó a los campesinos, lo que respaldaron
el comisario Saturnino Everardo Cruz, de Las
Parotas, y el delegado municipal de Rancho Las
Marías, Mauro Elacio Villanueva, quienes dijeron que en sus comunidades
jamás se les notificó ni se les mostró una cédula
que anunciara los comicios.
Otra irregularidad, es que la elección se llevó a cabo en San
Juan Grande, municipio de San Marcos, "no
en Cacahuatepec, ningún
comunero participó, nada más personas señaladas
por ellos", dijo Gaudencio Manzanárez.
Domingo Bailón Dorantes, vecino de
Parotillas, denunció
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
apoyó a Valente Navidad con el acarreo de asistentes
a los que se pagó 100 pesos por persona.
En un escrito que entregaron dirigido a la opinión pública,
señalan a Valente Navidad de que en contubernio
con el dirigente de la CNC, Evencio Romero Sotelo, "quieren
hacer el gran negocio con la presa La Parota,
ya que aparte de lo que les ha pagado la CFE,
le quitarán a cada comunero indemnizado el 20
por ciento de sus pagos".
Por último, Bailón Dorantes, advirtió
que "siempre hemos estado a favor de La
Parota, pero no queremos que se haga pisoteando
nuestros derechos como comuneros", como
en este caso, aseguran que los hicieron la CFE
y la CNC.
Sin avance significativo, la lucha en contra de
talamontes en la Meseta (Cambio de
Michoacán, Ramón Ángeles, p.web).
Cherán Atzicurín.
Autoridades Comunales.
Los elementos del GOE, «sin autorización para ir a los cerros
de conflicto».
«No se está cumpliendo lo convenido con el gobierno federal
y estatal, nosotros nunca pedimos que los del
GOE y la PFP se vinieran a pasear o estarse
asoleando en las carreteras; pedimos su presencia
para que juntos combatamos la delincuencia organizada
que representan los talamontes
y que ya lo demostraron con una baja de los
del GOE y esto demuestra la inseguridad en que
vivimos», precisó el representante de Bienes
Comunales, Vicente Méndez Ramírez. La
autoridad comunal dijo que el pasado lunes un
jefe de los del GOE lo visitó en la comunidad
para informarle que «hasta el momento no tenemos
autorización de ir a los cerros de conflicto»,
y por esto los operativos convenidos en la zona
litigiosa están suspendidos, informó la autoridad.
El pasado martes se observaron en los cerros
de Perro Echado algunas camionetas que aseguran
los vecinos de Cherán
Atzicurín no son de
esta comunidad.
También dijo Méndez Ramírez que «los talamontes
siguen talando árboles, están bajando por otros
caminos, algunos salen con sus camionetas de
madera por brechas cercanas a Urapicho
y otros salen por el plano que se encuentra
entre Nurío y Cocucho;
esto está sin control, nadie nos hace caso.
El gobernador Lázaro Cárdenas se olvida de los
compromisos que hacemos con quien nos envía
a dialogar».
En la región desde hace quince días no se implementa ningún
operativo para detener a los delincuentes, únicamente
hay retenes en Paracho, el kilómetro 18 y rondines por la carretera federal,
pero nadie tiene facultad de detener a alguien
y mucho menos de subir a los cerros para valorar
los daños, o sea, pues, esto no tiene atención,
está simulando el gobierno, ya nos cansamos
de denunciar a los delincuentes y nada se hace».
Las autoridades comunales exhortaron al gobernador
Cárdenas Batel señalando: «Pedimos al gobernador
Lázaro Cárdenas que no se olvide de los compromisos
de hace tres años, de hace un año y los dos
últimos del 12 y 14 de marzo, porque el director
de Gobernación ni siquiera sabemos de él. Se
ha olvidado de nosotros y de los compromisos;
nos dijo que el gobernador se iba a comunicar
con nosotros y hasta el momento no hay contacto
de nada, no sabemos qué está pasando». Finalmente,
denunciaron al director de Gobernación, Ignacio
Campos Barrueto, por
incumplimiento a los acuerdos, y sentenció:
«No sabemos nada de él, todo está detenido.
Estamos esperando que se realicen los operativos
que convenimos y también necesitamos saber la
respuesta de la presencia del Ejército Mexicano
en estas tierras».
El alcalde de Uruapan «complica la situación»
El presidente municipal de Uruapan, Marco Antonio Lagunas Vázquez,
nunca me convocó como autoridad legalmente reconocida
a una reunión que tuvo con supuestas autoridades
de Cherán Atzicurín y Capacuaro, y esto es
una lamentable actuación de su parte, que creemos
quiere confrontarnos y pretende dividir a la
comunidad», así se expresó el representante
de Bienes Comunales, reconocido por la asamblea
general, Vicente Méndez Ramírez. Vicente Méndez
explicó cómo, en asamblea general que se realizó
en la plaza pública, su contrincante fue derrotado
por un margen considerable y desde este momento
es la autoridad legalmente establecida, porque
dio fe la Procuraduría Agraria, Antonio
Carlos Cano, y fue un proceso transparente y
democrático, dijo. «Lagunas Vázquez está creando
un nuevo problema, está jugando con la autoridad
competente de nuestra comunidad, y con esto
está provocando un problema interno donde el
responsable será él y el gobierno del estado,
que también estuvo presente en esta reunión
en Uruapan», denunció Méndez Ramírez.
La autoridad comunal de Cherán Atzicurín, quien ha firmado los últimos convenios sobre el
conflicto contra los talamontes,
con el gobierno federal y estatal el pasado
12 y 14 de marzo, se sorprendió de esa reunión,
donde reiteró: «En ningún momento fui notificado
de esta reunión. Nada más espero que ese señor
Lagunas Vázquez no quiera hacer de nuestro problema
un botín político para su partido político.
Aquí no se trata de partidos, es un problema
grave que el gobierno estatal se ha desobligado
atender de manera eficiente».
Este asunto preocupa a los comuneros, y Rosalío
Joaquín López opinó: «Lo único que ha reflejado
en nuestro problema el gobernador Lázaro Cárdenas
es que ha tenido más tolerancia, aunque no resuelve
nada, es ajeno con los problemas de los indígenas,
ha actuado como todos los gobernantes, en línea.
No hay diferencia, sigue representando a los
poderosos, su diálogo no tiene principios, su
palabra no vale, sus funcionarios menos, tiene
discurso folclórico y sin resultados. Nosotros
cada día estamos peor y su gobierno refleja
inseguridad ante los conflictos armados; usa
pues una política equivocada».
Tecocomulco: Semarnat
y SRA se lavan las manos. (Plaza Juárez, Luis Alberto
Rodríguez, p.web)
-Declaran cerrado el caso.
-Persiste el conflicto social entre ejidatarios y comuneros.
Pachuca.- El conflicto ejidal que ha enfrentado a comuneros
y ejidatarios de la laguna de Tecocomulco
por más de cuarenta años, fue declarado como
un “caso cerrado” por el subdelegado en Hidalgo
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Juan Manuel Valle, pese a las constantes
en las peleas de los comuneros por el “¿qué
hacer?” con la problemática que enfrenta esta
área natural; mientras que, por su parte, la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), lo deja
todo en manos del Consejo Estatal de Ecología
y tan sólo afirma que “la situación se mantiene
igual”.
En entrevista, el funcionario dijo que el expediente que contiene
los análisis de resoluciones sobre el caso ha
sido enviado a las oficinas centrales de la
SRA, donde se informa la situación de conflicto
que viven propietarios de los terrenos ejidales
contra comuneros y pescadores, además de la
regularización de dos colonias afectadas.
Básicamente el conflicto social que persiste en el lugar, según
Valle, es que el agua de la laguna ha inundado
parte de los ejidos y terrenos de cultivo, por
lo que los dueños pretenden secarla; comuneros
y pescadores que viven de los beneficios de
la laguna se oponen.
“El agua de la laguna ha mantenido inundado los ejidos desde
hace muchos años y los propietarios de los terrenos
pretenden que se les reconozca dentro de ellos
y por eso están tratando de secar la laguna.
Nosotros tenemos el expediente debidamente complementado
y enviado a la Ciudad de México y ahí lo que
tenemos que ver es qué avance lleva la situación
de los terrenos que están inundados”, dijo.
Aseguró que “hasta este momento” la SRA no cuenta con ningún
reporte que indique alteración en el caso. “No
han asistido con nosotros y realmente desconozco
si tengan algún conflicto en este momento”,
sentenció.
Dijo que la SRA ha mantenido regularizadas las colonias, por
lo que el trabajo de Reforma Agraria “enteramente
concluye ahí”; además de que los colonos de
Tecocomulco y de Cocinillas
ya están debidamente reconocidos por la dependencia.
“Ahí lo que queda es la situación de varios
propietarios que tienen sus terrenos inundados
por el agua de la laguna, pero ya no es una
situación que nosotros podamos solventar”, señaló.
Respecto al conflicto entre comuneros y ejidatarios comentó
que la situación pertenece a un grupo intersecretarial
que encabeza el Gobierno del estado, el cual
ha estado en pláticas “en varias sesiones” con
las personas involucradas en el “asunto”. “Habría
que ver con la Secretaría del Gobierno del estado,
qué avances llevan en las pláticas con ellos”,
apuntó en evidente deslinde.
Además, Juan Manuel Valle argumentó la postura de la SRA respecto
al caso, diciendo, sin más, que con el cauce
normal del agua no hay nada que hacer. “¿Qué
hacemos nosotros con el agua?”, dijo, y de nuevo
desmarcó a la dependencia del conflicto, otorgándole
toda la responsabilidad a la Comisión Nacional
del Agua (CNA), quien, según dijo, debe de delimitar
“hasta dónde llega la laguna”.
“El trabajo de nosotros prácticamente terminó con el reconocimiento
de los colonos. Lo que hay que hacer es platicar
con la CNA para que delimite hasta dónde llega
la propiedad federal de la laguna”.
-¿Caso cerrado entonces subdelegado?
-Prácticamente.
Semarnat, sin modificaciones.
“Que yo sepa, la situación no se ha modificado”, fue la respuesta
del subdelegado de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat),
Herminio Baltazar,
en torno al caso de la laguna de Tecocomulco.
Señaló que la dependencia federal junto con la Secretaría de
Gobierno del estado se mantienen analizado el
caso desde hace año y medio, consensuando los aspectos técnicos como son las acciones de
batimetría para el desasolve
de la laguna, la condición social que mantiene
en conflicto los intereses de los comuneros,
ejidatarios, ganaderos y prestadores de servicios,
la medición del impacto ambiental y el conflicto
político al interior de los municipios interesados.
“Así se mantiene la situación”, dijo.
“El problema se ha mantenido en la misma circunstancia en los
últimos meses. Lo último que hemos analizado
la SEMARNAT junto con la Secretaría de Gobierno
estatal son estos cuatro puntos en conflicto.
Se levantó una minuta para encontrar puntos
de acuerdo. Por otro lado nosotros nos encargamos
de elaborar una propuesta para que se conformara
en un área natural protegida, no sólo la laguna
sino su entorno”, señaló.
Baltazar dijo que a lo que “probablemente se
refiera el subdelegado de la Reforma Agraria,
Juan Manuel Valle, sobre el cierre del caso
en materia ejidal es a una orden presidencial
que se ejecutó para cerrar el caso”; sin embargo,
dijo desconocer si la SRA ha realizado trabajos
de convenio para que haya quedado solucionado
el conflicto.
“Lo que sucede con estos ejidatarios, se declaran afectados
por el crecimiento de la laguna por el periodo
de lluvias y solicitan indemnización. Pero no
tienen razón de ser, porque ellos están en lo
que el cuerpo natural de la laguna reconoce
como una parte acuática”, dijo.
Desmarcó a la dependencia del caso, diciendo que la SEMARNAT
“no tiene autoridad en la materia. En todo caso
la SEMARNAT no está en condición de solucionar
estos conflictos”. Señaló que lo único que han
hecho es sugerido pactar convenios de acuerdo
y colaboración, como lo propuesto por el Consejo
Estatal de Ecología, para el rescate de la laguna
de la maleza dañina.
Reunión con Zeferino
Torreblanca. (Pueblo de Guerrero, Pie
de Foto, p.web)
El
gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo se reunió en la ciudad de
México con los secretarios de estado, Fernando
Canales Clariond,
de Energía y Florencio Salazar Adame,
de la Reforma Agraria, para tratar temas
relacionados con el desarrollo del estado
Amenazan movilizaciones 28 ejidos de la Selva Lacandona. (Proceso, p.web).
Martes 21 de marzo, 06.
* Piden a la SRA cumplir su promesa hecha hace un año.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Indígenas
choles, tzeltales
y zoques, que habitan en por lo menos 28 ejidos
de la Selva Lacandona, amenazaron hoy con realizar
bloqueos a carreteras federales e invasiones
de tierras para reiterar sus demandas al gobierno
federal en torno a la regularización de todas
sus tierras.
En conferencia de prensa, los líderes Erlindo
López Pérez, del Ejido El Limonar; Antonio Jiménez,
de Lacanjá Tzeltal;
y Samuel Sánchez López, de Flor de Cacao, así
como representantes de la mesa de atención agraria
de los 28 ejidos de la zona Lacandona, El Desempeño
y Santo Domingo –ubicados todos en la región
Selva–, lanzaron su advertencia.
Sólo mediante presiones el gobierno federal los va a escuchar,
dijeron, y denunciaron que hasta hoy sólo han
recibido promesas de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) para la regularización
de tres comunidades: Flor de cacao, San Jacinto
Lacanjá y El Progreso.
Erlindo López Pérez, del ejido El Limonar,
dijo que desde hace años vienen luchando por
las injusticias: “Han pasado gobiernos y nunca
nos han dado respuesta. Desde el 27 de abril
de 2005, las autoridades se comprometieron a
regularizar las tierras de los poblados que
tenemos ocupados aquí en esta zona y hasta ahora
no han cumplido”.
Relata el dirigente de El Litoral que apenas hace un mes los
comuneros tuvieron una reunión con funcionarios
de la SRA, que pidió un plazo de un mes para
darles respuesta. Ante la falta de resultados,
organizaron una reunión plenaria donde los pueblos
decidieron esperar una semana más. De no haber
respuesta, dijo López Pérez, empezará la movilización.
Los comuneros se pronunciaron por la invasión de tierras: “vamos
a recuperar tierras de lo que llaman Zona Lacandona.
Hay mucha gente que no cuenta con tierras, hay
muchas personas que requieren de esas tierras
para trabajar con sus hijos”.
“Esta es la palabra que nosotros damos, ojalá que la opinión
pública, las organizaciones no gubernamentales
no nos dejen solos; pedimos que nos echen la
mano, como indígenas que somos. En cualquier
rato se rompe el diálogo; este es un riesgo
para ambas partes, nosotros no vamos a dejarnos,
nosotros vamos a defender justamente nuestros
derechos, lo que tenemos”, dijo López Pérez.
A su vez, Antonio Jiménez, líder de Lacanjá
Tzeltal, insistió
en que ni el Registro Agrario Nacional, ni la
SRA han dado respuesta a su compromiso de regularizar
las tierras.
“Vienen los funcionarios a comprometerse y nosotros aceptamos.
Queríamos esos documentos de las tierras que
no estaban regularizados; pero nos sale hoy
(el gobierno) que hay tres comunidades que no
quieren incluir, que son Flor de cacao, San
Jacinto Lacanjá y
El Progreso”, precisó Jiménez.
También expresó su malestar porque, dijo, los indígenas lacandones
favorecidos y privilegiados por el gobierno
acusan a los habitantes de esos tres poblados
de “maleantes, de asaltantes, pero en el fondo
saben bien que eso no es cierto porque no son
gente recién llegada a esa región; viven ahí
desde hace más de 40 años de lo que la madre
tierra les da para sus hijos”.
Por eso la necesidad de la movilización, reitero el dirigente
de Lacanjá Tzeltal:
“Sí no se les da sus papeles a esas tres comunidades, el problema
de la regularización agraria en la Selva Lacandona
no será una solución total, sino parcial; por
ende, si llegan los lacandones o la policía
federal a querer desalojar a los compas,
nosotros los vamos a defender con todo lo que
esté a nuestro alcance.
“Iremos a recuperar más tierras dentro de la Selva Lacandona.
Nosotros tampoco estamos dispuestos a que pase
eso, pero si los Bienes Comunales y el gobierno
de estado o la Secretaria de la Reforma Agraria
no nos dan la solución de esas tres comunidades,
los responsables serán ellos, no somos nosotros”.
De igual forma, Samuel Sánchez López, de Flor de Cacao, dijo
que hay una preocupación en las 28 comunidades
habitadas por indígenas choles, tzeltales y zoques de esta
región.
“Nosotros, los campesinos, tenemos un método muy seguro para
que nos escuchen. Vamos a bloquear para pedir
la presencia de los funcionarios del gobierno.
Podemos bloquear definitivamente la carretera
federal, la fronteriza del Sur y pedir que vengan
personalmente.
“No estamos luchando por un camino, por una infraestructura
social, no. Estamos luchando por algo que es
parte de nosotros, estamos luchando por las
tierras; y la tierra, como sabemos, es nuestra
madre y tenemos que luchar por nuestra madre.
Tenemos que estar al lado de nuestras tierras”,
concluyó Sánchez López.
Expropiara SRA 20 mil hectáreas de selva chiapaneca. (Notimex,
p.web).
Martes 21 de marzo, 06.
* Salazar Adame informa además que
de los "14 focos rojos" sobre tenencia
de la tierra en el país, 11 se han resuelto.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) expropiará
más de 20 mil hectáreas en Montes Azules, Chiapas,
con lo cual busca resolver el problema por tenencia
de la tierra y promover "una paz social
duradera en la zona".
El titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame, precisó que se compensará con el pago a las personas
que fueron desplazadas de sus tierras por el
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace 10 años, para
regresarles parte de su patrimonio.
Dijo que se llevan a cabo pláticas con los propios pobladores
para expropiar con su consentimiento más de
20 mil hectáreas, con lo que "estamos recuperando
la selva para que vuelva a su estado anterior"
y se pagarán 90 millones de pesos a 254 familias.
Al señalar que será a finales de este mes cuando las familias
tendrán su dinero, aclaró que no negocia, sino
se acuerda de manera directa con quienes fueron
desplazados de sus tierras, lo cual permitirá
que se regularicen y con ello "estamos
buscando una paz social duradera en la zona".
Luego del acto de conmemoración del Bicentenario del Natalicio
de Benito Juárez García en el Congreso de la
Unión, Salazar Adame dijo también que de los "14 focos rojos" por
problemas de tenencia de la tierra en diversas
partes del país, se han resuelto 11 y los tres
restantes deberán concluirse este año.
Amenazan a lideresa por
interpelar a funcionario. (Noticias Oaxaca, Octavio
Vélez, p.web).
Martes 21 de marzo 06.
La dirigente de la Unión Campesina Indígena del Papaloapan, María Larios Cano denunció ayer que fue intimidada
por el coordinador de Planeación y Desarrollo
del gobierno estatal, Armando Navarrete Cornejo,
por interpelar al secretario de Desarrollo Rural,
Carlos Torres Avilés durante un acto de entrega
de recursos de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA). “Si lo cuestioné y cómo no
iba a hacerlo si estaba diciendo puras mentiras”,
asentó. En la ceremonia donde se entregaron
apoyos del Programa de la Mujer en el Sector
Agrario (Promusag)
y del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos
(Fappa), que encabezó
el subsecretario de la Reforma Agraria, Rodolfo
Ocampo Alcántara, la ex militante del PRI
y ex regidora del Ayuntamiento de Tuxtepec interpeló
al funcionario cuando enunciaba el supuesto
otorgamiento de apoyos y tecnificación del campo
impulsada por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz
en la Cuenca del Papaloapan.
La lideresa expuso
que debatió al funcionario gubernamental porque
no podía ser cómplice de “una mentira” pues
en esa región “no hay recursos, ni proyectos
ni mucho menos maquinaria para beneficio de
los campesinos”. “Eso dicen ellos, pero yo digno
que no”, remarcó. Expresó que si ha habido esos
apoyos y maquinaria “pero solamente para unas
cuantas familias ricas” de la Cuenca del Papaloapan. “No quiero señalarlas porque me merecen respeto,
pero esa es la realidad”, asentó. Observó que
la única maquinaria llegada a la región “es
para los módulos dedicados a hacer caminos y
banquetas, pero los campesinos no comen eso”.
Mentira “democrática”/José Francisco Gallardo Rodríguez. (En Línea Directa Info, p.web).
Martes 21 de marzo 06.
El pasado día 15 de marzo, el Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal, declaró a legisladores de la
Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA):
“ 1) Superadas las circunstancias de excepción
que tuvieron lugar en Chiapas, ha dejado de
existir la denominada ‘zona gris’; 2) El Ejército
mexicano atiende únicamente las necesidades
de una entidad con características de entidad
fronteriza, pues dejó de atender y vigilar las
zonas de conflicto en donde el EZLN tiene presencia;
3) Hoy se vive un ambiente de libre tránsito
en el Estado y será en este mes cuando se completen
los pagos a los afectados, en materia agraria,
por el movimiento iniciado el 1 de enero de
1994; 4) En la próxima reunión, la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) presentará un
informe pormenorizado de todos los pagos correspondientes
a las indemnizaciones a personas cuyos predios
fueron afectados desde 1994; 5) El recorrido
que actualmente realiza el EZLN en entidades
del país, se da en un contexto en el que el
gobierno de la República tiene respeto pleno
por la libertad de expresión de las organizaciones
y fuerzas que integran el mosaico político nacional”.
Sobre estas aseveraciones, el Centro de Análisis Político e
Investigaciones Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE), con sede en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, responde: “El Secretario Carlos Abascal
falta a la verdad. El Ejército mexicano no ha
dejado de ‘atender’ y vigilar las zonas donde
los municipios autónomos zapatistas tienen jurisdicción e influencia dentro del territorio
indígena y no indígena. La ocupación militar
en el territorio indígena de Chiapas ha llegado
a tal extremo que a pesar del retiro de algunas
posiciones militares de la zona Selva y la zona
Altos del Estado de Chiapas, la ocupación militar
en este territorio sigue siendo alarmante, y
no sólo eso, el despliegue táctico militar en
el Teatro de Operaciones de la Zona Selva mantiene
una lógica de guerra regular e irregular. La
afectación por la presencia militar en estos
pueblos, en sus derechos colectivos y en materia
de derechos humanos es incalculable”.
Y agrega: “Hasta el mes de febrero pasado, este Centro ubicó
in situ, 97 posiciones militares permanentes
en el Estado de Chiapas. De las cerca de 100
posiciones identificadas, 73 se encuentran acantonadas
en el territorio indígena, esto es, el 75% de
las tropas concentradas en el Estado de Chiapas
se encuentra en el territorio de influencia
zapatista”. CAPISE
sostiene su dicho con sendos cuadros sinópticos
que contienen: el municipio y la comunidad ocupada,
el tipo de instalación militar, la identificación
del cuerpo de tropa o unidad militar, la zona
militar a la que pertenece y las coordenadas
geográficas de cada uno de los campamentos militares
posicionados en el Estado de Chiapas.
Claro, esta alta presencia militar se traduce en : 1) Hostilidades
y amenazas de desalojo forzoso en distintas
regiones inician entre los meses de julio y
agosto del presente año, mostrando una sincronía
inequívoca; 2) Organizaciones sociales y paramilitares
son usadas para configurar el despojo y los
desalojos forzosos; 3) En todos los casos de
pretensión de desalojo, se arguye el concepto
de “legalidad”, de “legítimos dueños” y de posesión
de títulos de propiedad; 4) En todos los casos
de pretensión de desalojo forzoso, se menciona
que los títulos de propiedad fueron otorgados
por la Procuraduría Agraria; 5) Todos
los casos tienen que ver con tierras recuperadas;
6) En todos los casos hay omisión declarativa
de los gobiernos federal y estatal”.
Estuve en Polhó y en Chenalhó, el Ejército no sólo tiene ocupadas las comunidades
indígenas sino que las tiene sitiadas, impide
el libre tránsito, está posesionado de las fuentes
de agua y de los lugares donde se puede cortar
leña o cosechar alimentos, tiene controlado
el comercio local, además promueve el alcoholismo
y la prostitución. Es decir, mediante una política
de “guerra de baja intensidad” trata de romper
la convivencia indígena y así desarraigar a
sus integrantes del territorio para provocar
los desplazamientos.
¿Quién le va a creer
a este gobierno de mentirosos, eso sí, según
Fox “democrático”?
Impugnan cesión de terrenos a aeropuerto. (El Universal, p.web).
Ejidatarios argumentan que la entrega de tierras al gobierno
del estado para las obras fue irregular.
Martes 21 de marzo 06.
Toluca, Méx.- Ejidatarios de San Mateo Ozacatipan
han presentado dos denuncias de hechos ante
el Tribunal Agrario del Estado de México
en contra de Juan Hernández Díaz y Jesús Romero
Peralta, comisariados ejidales de la localidad por sesión de derechos
ilegal, falsificación de documentos y uso indebido
del sello de la asamblea ejidal, al otorgar
parte de las tierras ejidales al gobierno estatal
donde se realizará la ampliación del aeropuerto
de Toluca.
Así lo señaló Francisco Torres Corona, titular de la comisión
ejidal que investiga el procedimiento de enajenación
mediante el cual se llevó a cabo la adjudicación
de las aproximadamente 10 hectáreas donde se
construyen actualmente dos pistas alternas del
aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca,
en terrenos que forman parte del ejido de San
Mateo Otzacatipan, ubicado al norte de la capital mexiquense.
Los pronunciamientos fueron hechos por el ejidatario luego
del segundo intento fallido para convocar a
los mil 311 ejidatarios de San Mateo Otzacatipan
que integran la asamblea ejidal, acto al cual
sólo acudieron entre 120 y 130 personas que
demostraron ser poseedores de tierras, en donde
hoy se construye la ampliación del aeropuerto,
considerado el proyecto más importante de la
administración del gobernador Enrique Peña Nieto
para el valle de Toluca.
Asimismo, Torres Corona señaló que los aproximadamente 50 ejidatarios
que "vendieron" las 10 hectáreas donde
se realizan las obras, no recibieron el aval
de la asamblea y el procedimiento lo realizó
Job Hernández Nava,
ex comisariado ejidal
que estuvo en funciones hace más de 13 años,
lo cual es irregular.
No obstante, admitió que los propietarios de las casas que
se están derrumbando en la zona recibieron una
indemnización.
"No se tomó en cuenta la junta de la asamblea que es la
autoridad máxima para poder autorizar la venta,
compra o cesión de los derechos ejidatarios.
Nunca fue convocada, y por tanto nunca fue aprobada
esa venta" de las tierras donde hoy se
construye la ampliación.
E$l ejidatario admitió que actualmente
el Tribunal Agrario tiene bajo su resguardo
una cuenta en la cual existen 9 millones de
pesos, que fue el pago otorgado en su momento
por el gobierno estatal a los ejidatarios por
la expropiación de las tierras y se espera,
subrayó, otro pago por 8 millones de pesos.
Por último, expresó que el próximo 2 de abril
está convocada, por tercera vez, la asamblea,
y aunque no se presenten la totalidad de los
ejidatarios, ésta se llevará a cabo con los
propietarios que estén presentes, los cuales
determinarán, entre otras cosas, qué se hará
con las indemnizaciones pagadas por el gobierno
estatal.
Las obras que se realizan en el aeropuerto de Toluca ascienden
a 600 millones de pesos para la atención de
3.5 millones de personas al año que se estarían
transportando a través de dicha terminal aérea.
Protestas al por mayor por el cierre del libramiento
carretero en Zapotiltic. (El Sur, p.web).
Martes, 21 de marzo 06.
Zapotiltic, Jalisco.- Transportistas de carga
y los vecinos de la cabecera municipal, exigen
la enérgica intervención de las autoridades
que corresponda, para que se solucione el conflicto
que llevó al cierre del libramiento carretero
de esta población.
Además de la molestia que la medida causa a los transportistas,
la circulación por la zona urbana de las unidades
de carga pesada, algunas de ellos con doble
remolque, es un riesgo que en cualquier momento
puede desencadenar en un accidente.
Señalan los quejosos que es una burla para los miles de usuarios
de esta ruta, encontrar que sobre el material
que impide el paso de los vehículos, se haya
colocado una manta con la leyenda "Tierras
recuperadas por el Ejido Zapotiltic,
sentencia del Tribunal Unitario Agrario
del Dto. 16", resolución que beneficia
a unos cuantos ejidatarios, pero perjudica a
un número muy superior de viajeros y sobre todo
a las empresas de transportes de carga que operan
en la región, por lo que demandan que alguna
autoridad intervenga y se llegue al arreglo
que permita la reapertura de esta importante
vía.
Comunicado Zona Norte de Montes Azules. (Indymedia Chiapas, p.web).
Lunes 20 de Marzo,06.
Comunicado de representantes de la mesa de atención agraria
de los 28 ejidos de la zonas Lacandona, el desempeño
y Santo Domingo.
Representantes de la mesa de atención agraria de los 28 ejidos
de la zona Lacandona, el desempeño y Santo Domingo.
Ejido El Limonar, mpio. Ocosingo,
Chiapas, marzo 17, 2006.
Mi nombre es Erlindo López Pérez,
soy originario del ejido El Limonar, integrante
de la mesa directiva de El Limonar. Es la confianza
que nos dio las comunidades,
los poblados y los propietarios de esta zona
que lo denominan Zona Lacandona que desde hace
años venimos luchando por las injusticias que
ha habido con los gobiernos anteriores. La preocupación
que tenemos es la solución de nuestro problema
agrario, han pasado gobiernos y nunca nos han
dado respuesta y el pasado 27 de abril de 2005,
se comprometieron los gobiernos, donde ellos
firmaron que ellos se comprometieron a regularizar
las tierras donde tenemos ocupados como poblados
aquí en esta zona y de ese acuerdo no se ha
cumplido.
Estuvo la Martha cecilia, desde ese entonces, ella se comprometió
como representante especial de la Secretaria de la Reforma Agraria aquí en Chiapas y como ella ya se
fue, dejo el cargo porque se fue a buscar otro
cargo de elección popular, dejando dicho con
el sustituto, el licenciado Márquez que ya esta
solucionado el 90% (de los problemas agrarios)
pero esto es una falsedad que nosotros lo quejamos
ante el pueblo o los gobiernos para que lo sepa
que no es verdad lo que ha dicho y sigue en
luz roja lo que es la Zona Lacandona, Zona Desempeño
y Santo Domingo.
Pues es esta la preocupación que tenemos, tiene más de un mes
que tuvimos una reunión en Palenque donde el
Secretario de la Reforma Agraria él pidió un
plazo de un mes para darle solución, una respuesta
favorable a las tres comunidades que son San
Jacinto Lacnjá, Ojo
de Agua El Progreso y Flor de Cacao, son esas
comunidades. Él pidió un plazo de un mes y ya
se cumplió esos tiempos que pidió y nosotros
le vamos a darle un tiempo más, vamos a darle
una semana y ya no vamos a dar más tiempo para
que lo cumpla, si en esos días que nosotros
vamos a dar no lo cumple, si no hay la respuesta
favorable nuestra a favor nuestra, nosotros
tomaremos decisiones en que forma vamos a accionar;
tal vez ya no con bloqueos, vamos a recuperar
tierras en lo que llaman Zona Lacandona. Hay
mucha gente que no cuenta con tierras, hay muchas
personas que requieren de esas tierras para
trabajar con sus hijos y es ese el tiempo que
nosotros le vamos a dar, una semana y si en
ese una semana no hay solución nosotros vamos
a tomar otra acción, para recuperar más tierras
en esta zona. Y es por eso que así esta el acuerdo
hoy 17 de marzo de 2006, teníamos programado
una reunión aquí en El Limonar, pero desgraciadamente
el tiempo, la invitación que le hemos dado a
las autoridades de la Zona Lacandona, de lo
que nosotros llamamos Zona Lacandona, según
ellos que no tienen tiempo ellos. Lo que queremos
que nos manden por escrito que para cuándo ellos
puedan presentarse aquí en el ejido El Limonar
donde es nuestra sede de atención agraria de
nosotros.
Pues es esta es la palabra que nosotros damos, ojala que la opinión pública, las organizaciones no gubernamentales
que no nos dejen también solos, que nos echen
la mano a nosotros como indígenas. Este asunto
en cualquier rato se romper el diálogo. Éste
es un riesgo para ambas partes, nosotros no
vamos a dejarnos, nosotros vamos a defendernos
justamente nuestros derechos lo que tenemos
nosotros.
Yo también exhorto, yo también soy de la mesa directiva, yo
me llamo Antonio Jiménez de la mesa directiva
de Lacanjá Tzeltal.
Supuestamente en la regularización de nuestra tierra que estuvimos
durante el movimiento de las 28 comunidades
desde el pasado 27 de abril, hemos visto que
en hoy pues supuestamente los compromisos del
gobierno fue firmado que ninguna comunidad no
nos iba a fallar y si nos fallaba a una que
todas las 28 comunidades se iba a quedar en
blanco, supuestamente el gobierno del estado
mediante Registro Agrario Nacional, Secretaria
de la Reforma Agraria se comprometieron a regularizar
las tierras.
El movimiento era más de que las 28 comunidades es de defender
las tierras que con documento o sin documento,
pero ellos estaban acostumbrados a trabajar
como estaba durante hace 30 ó 40 años de posesión,
pero supuestamente vienen los funcionarios a
comprometerse que ellos iban a regularizar nuestras
tierras, también nosotros aceptamos de que queríamos
esos documentos de las tierras que no estaban
regularizados; pero nos sale hoy de que hay
tres comunidades de que no lo quieren dar, que
son Flor de cacao, San Jacinto Lacanjá
y El Progreso. Los Bienes Comunales lo toman
como pretexto de que esa gente que son maleantes
que son asaltantes pero supuestamente analizado
en el fondo de que no es cierto porque no son
gente de que son recientes son gente anteriores
que desde hace 40 años de que ellos están posesionados
de esas tierras.
Supuestamente la SEMARNAP o la CONAM ellos lo manejan por recursos
naturales que ellos tienen también protegido
de que ellos también lo cuidan a esas comunidades
que no han destruido y que tienen la voluntad
de seguir posesionados y la voluntad de seguir
cuidando los recursos que tienen. En este hecho
las comunidades de las tres comunidades que
ya mencionamos, si no se dan esas tres comunidades
como que la solución de la Selva Lacandona no
va a quedar solucionada totalmente, entonces
nosotros como mesa directiva y tanto de las
28 comunidades están puestos de no dar reconciliación
con los Bienes Comunales porque en cualquier
rato puede haber algún conflicto, y todo el
conflicto que vaya a ver ó lo que vaya a pasar
así de las amenazas de desalojo de esas tres
comunidades pues, los responsables irán a ser
la Secretaria de la Reforma Agraria porque ellos
son los que andan viendo esto, están bloqueando
la documentación de las tres comunidades.
Hasta hoy de las publicaciones de Martha Cecilia Díaz Gordillo
que era la licenciada especial que había comprometido
de regularizar las tierras, supuestamente ella
dejo un escrito donde mencionó que dejó solucionado
el 90% de los problemas de la selva lacandona,
eso es totalmente mentira, es totalmente falso.
La verdad hasta hoy estamos en cero, sin ningún
documento, sin nada de las 28 comunidades. Si
por si alcazo, la solución de las tierras no
se vaya a dar pues supuestamente iremos a recuperar
más tierras dentro de la Selva Lacandona. Nosotros
tampoco no estamos dispuestos de que pase eso,
pero si los Bienes Comunales y el gobierno de
estado o la Secretaria de la Reforma Agraria
no nos lleguen a dar la solución de esas tres
comunidades, los responsables serán ellos, no
somos nosotros.
Eso es todo lo que también puedo sugerir del movimiento del
27 de abril de las 28 comunidades.
Soy Samuel Sánches Lopez. Hay una preocupación de todos los compañeros de las
28 comunidades de los pueblos que son pueblos
choles, tseltales
y zoques de esta región. Vemos el cambio que
hubo en la delegación de la Secretaria de Reforma
Agraria a nivel de estado. Pues vemos con mucha
preocupación y nosotros entendemos el mensaje
del nuevo delegado que es el licenciado Arturo
Márquez que ahorita
no hemos tenido contacto ni ha mandado gente
de él a atender el seguimiento de nuestro problema
agrario. Entonces eso quiere decir que este
nuevo delegado que no tiene el tacto, no tiene
la voluntad de seguir atendiendo este problema
yo creo que fue una mala decisión del secretario
de la Reforma Agraria al designar a este sujeto.
Yo entiendo así.
Entonces, nuestra preocupación es eso porque hasta ahorita desde que hubo el cambio no ha habido lo atención,
no ha habido seguimiento de nuestro asunto agrario
y es eso lo que nos preocupa.
Pero nosotros los campesinos tenemos un método muy seguro como
para tener este señor acá. Si nosotros vamos
a organizar, vamos a bloquear para pedir la
presencia de este delegado, nosotros podemos,
podemos bloquear definitivamente la carretera
fronteriza sur y pedir que venga él personalmente.
Nosotros sabemos que mediante presiones podemos
hacer llegar que venga este señor a decirnos
el seguimiento de nuestro problema agrario.
Es eso lo que quiero remarcar y si nos obliga
a llegar a ese extremo pues vamos a llegar a
ese extremo. ¡Ellos serán los responsables!
si las circunstancias nos obligan a tomar ese
acuerdo, esa decisión lo vamos a hacer y lo
vamos a hacer con mucho gusto. Nuestra organización
sigue viva, sigue con ese animo
de seguir luchando porque no estamos luchando
por un camino, por una infraestructura social,
no. Estamos luchando por algo que es parte de
nosotros, estamos luchando por las tierras y
las tierras como sabemos es nuestra madre y
tenemos que luchar por nuestra madre. Tenemos
que estar al lado de nuestras tierras.
EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO INTERVENGA EN ESTE ASUNTO
PORQUE NO HAN CUMPLIDO PORQUE TAMBIÉN ES SU
OBLIGACIÓN.
ATENTAMENTE.
REPRESENTANTES DE LA MESA DE ATENCIÓN AGRARIA DE LOS 28 EJIDOS
DE LA ZONAS LACANDONA, EL DESEMPEÑO Y SANTO
DOMINGO.
Erlindo López Pérez Antonio Jiménez Samuel
Sánches López.
Falta seguridad jurídica a casas del Invies. (El Debate de Sinaloa, Mixcoatl Gaxiola, p.web).
Programa de vivienda. Frenada la gestión de escrituras en 20
fraccionamientos
Lunes 20 de Marzo,06.
Aunque en el municipio hay más de 700 viviendas del programa
Tu Casa las familias beneficiadas no cuentan
con título de propiedad porque los ejidos dieron
la anuencia para los fraccionamientos pero falta
legalizar la donación de los terrenos al Invies.
Sergio Gastélum Rosales, representante
local del Instituto de la Vivienda de Sinaloa,
explicó que los ejidos cedieron los terrenos
pero quedó pendiente el dominio pleno o desincorporación
ejidal, por lo que sin ese trámite no puede
gestionarse la escrituración.
Los fraccionamientos se construyeron en 20 comunidades como
Nío, Norotillos, Juan José Ríos
y El Burrión. Esta misma situación está presente
en los terrenos donde se construirán este año
otras 130 casas en distintas poblaciones.
El funcionario indicó que las reglas de operación del Tu Casa
establecen que el beneficiario debe habitar
las viviendas seis años como posesionario, por lo que en ese periodo el Invies y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares mantienen
cierta custodia para supervisar el uso que se
dé a los inmuebles.
Si bien la vivienda se defiende con la posesión el beneficiado
durante ese lapso no puede rentarla, prestarla
y está obligado a habitarla pues corre el riesgo
de que la casa sea reasignada a otra familia,
esto es, no pueden disponer de la vivienda para
otros fines legales.
En lo que corresponde a Guasave los fraccionamientos donde
es más urgente atender la escrituración son
los que se construyeron en el 2000, como son
Bamoa, Guasavito,
Nío, La Brecha y Palos Verdes.
En el caso del fraccionamiento de Guasavito
Corett ya regularizó
pero la escritura la va a entregar Invies
y solamente 10 personas han pagado este documento.
El Instituto de la Vivienda ya contactó a la
Procuraduría Agraria para que esta dependencia
organice en los ejidos la asamblea para el dominio
pleno y agilizar con esto las escrituras.
Sanciones. Sergio Gastélum Rosales
informó que a la fecha han cancelado los derechos
de posesión a 50 familias porque incumplieron
las condiciones del contrato, principalmente
por no habitar las viviendas.
Algunas de las comunidades donde han aplicado esta medida son
La Trinidad, El Coloradito, Bamoa
y Benito Juárez; al momento de la reasignación
el Invies devuelve
la aportación de ocho mil pesos que hizo el
beneficiario en su momento. Un 15 por ciento
de las 700 viviendas están abandonadas.
Aborta elección ejidal en Oteapan. (Diario del Istmo, Martín Ruiz, p.web).
Domingo19 de Marzo
06.
La asamblea ejidal que se efectuó en la mañana de ayer fracasó,
porque se violentó el proceso para la elección
de una nueva directiva al intervenir el comisionado
de la Procuraduría Agraria, Roberto Mateo,
tratando de favorecer al candidato “de los caciques”,
dijeron los ejidatarios encabezados por el saliente
comisariado Félix
Francisco Ventura.
Oteapan, Ver
Confirmó Francisco Ventura que se convocó a esta asamblea para
efectuarse a las 10:00 horas, pero a la media
hora se suscitaron brotes de inconformidad que
pidieron derivar en golpes, señalando que Roberto
Mateo “vino a violentar a favor de los ganaderos
y muy cargado hacia estos”, de manera que la
asamblea se impuso y el funcionario tuvo que
abandonar la asamblea a las 10:45 horas.
Dice el aún comisariado: “Nos comunicamos
a México a la Procuraduría Agraria y nos dijeron
que él solamente podía estar como observador
en la asamblea, pero que no tenía derecho para
violentar el proceso”, ya que pretendía favorecer
al candidato Nacioncedo Pérez que en su planilla lleva como secretario
al ex síndico Eduardo Ignacio, que llevaba a
un grupo de jóvenes que empezaron a arrojar
objetos.
Y aunque no se culminó la asamblea como estaba programado,
la votación estaba favoreciendo al doctor Francisco
Javier Chávez que en su planilla lleva a Catalino
Ramírez y a Julia Hernández Martínez.
Suspendida la asamblea, dicen los ejidatarios que esperarán
informes de México para lanzar una segunda convocatoria,
en tanto Simitrio Pacheco Pérez opinó que se debe actuar en contra
“de los mal llamados caciques Nemesio y Abel
Francisco Pérez, Nacioncedo Pérez Francisco y demás camarilla que van por allí,
para que esta queja llegue al gobernador y acabe
de una buena vez con esos mal llamados caciques
que no han dado lugar al reparto equitativo
que el presidente de la república hace muchos
años dio por hecho, pero que no ha llegado por
culpa de servidores públicos corruptos agrarios
que existen aún.
Organizaciones campesinas
Descontento y preocupación en el campo. (El Financiero, Eduardo Goycoolea,
p.web).
Con motivo de las invitaciones que el Congreso Agrario Permanente
ha hecho a los candidatos presidenciales de
los partidos políticos, para que expongan sus
propuestas sobre el desarrollo rural, las organizaciones
campesinas que lo forman elaboraron un vivido
diagnóstico de la situación que guarda el campo
mexicano. No se trata de un estudio académico,
exhaustivo y totalizador, sino más bien de mostrar
a la opinión pública dónde le está doliendo
a los campesinos y pequeños productores y por
qué. Algunas de las reflexiones que contiene
este trabajo las presento a continuación.Un
primer rasgo de la situación que presenta nuestra
sociedad rural es descontento y la preocupación
que tienen los pequeños productores del llamado
sector social, que son la mayoría de los habitantes
del campo. Viven una crisis aguda que viene
desarrollándose desde los años ochenta, y que
a pesar de algunos avances no tiene visos de
solución en el corto, mediano y largo plazos,
si siguen aplicándose las mismas políticas que
hasta ahora se han puesto en práctica.
Ante la falta de una propuesta de fomento agropecuario que
brinde posibilidades reales de mejoría sustancial
a los pequeños productores en el campo, este
descontento debe preocuparnos, extremadamente,
por las repercusiones que ya tiene y que se
expresan en el aumento de la violencia, el narcotráfico
y la emigración. Si bien es cierto que el México
de hoy no puede explicarse a cabalidad sin el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
por los beneficios que ha tenido para muchos
de nuestros sectores económicos, no se puede
dejar de ver que el mismo expuso, y sigue exponiendo,
a los campesinos y pequeños productores nacionales
a una desigual competencia comercial. Cuando
nuestro gobierno asumió la obligación de limitar
los apoyos y subsidios directos a éstos, sin
que sus nuevos socios comerciales hicieran lo
mismo, abrió el país indiscriminadamente una
avalancha de productos agropecuarios de bajísima
calidad que repercutieron negativamente en la
mayoría de los sistemas productivos agropecuarios,
poniendo nuestra soberanía alimentaria en constante riesgo.
Esta brutal apertura ha llevado a la bancarrota a la mayoría
de los campesinos productores, dejándoles como
única opción la renta o venta de sus parcelas
y la emigración hacia las ciudades o a Estados
Unidos, lo que representa el abandono de sus
hogares y la desintegración familiar. Pero además,
con ellos se va el trabajo que debería hacerse
en las parcelas; la adquisición de créditos
e insumos, que, si se realizaran en las localidades,
activarían sus economías y así aportarían los
recursos para comprar las cosechas y generar
y dar sustento a la producción agropecuaria.
Es grave, muy grave, que como país aceptemos
nuestra incapacidad para activar las economías
de las localidades y de las regiones y no brindemos
una opción de trabajo a los jóvenes del campo.
A eso nos ha llevado el no tener una política
agropecuaria que proteja y considere a nuestros
agricultores y al campo mexicano una prioridad
de seguridad nacional y el resignarse ante la
sangría que representa la emigración.
Como uno de sus principales promotores, para el Congreso Agrario
Permanente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
y el Acuerdo Nacional para el Campo marcan el
camino a seguir para lograr cambios sustantivos,
positivos, en el campo mexicano. Ambos pueden
llegar a convertirse en importantes pilares
de una segunda reforma agraria. La reforma que
necesitamos en el presente siglo, que por medio
del intenso fomento a la producción agropecuaria
provoque un gran desarrollo social para que
regrese a los campesinos la justicia y las oportunidades
de progreso que les han sido arrebatadas. Para
ello es necesario que las dependencias de los
ejecutivos estatales y el federal se involucren
con honestidad y entusiasmo a la aplicación
de los principios que marca la ley y al cumplimiento
de los compromisos que tiene el acuerdo. Sin
embargo, no debe pasarse por alto que pese al
poco tiempo que tienen de vigencia ambas, se
presentan ya una serie de problemas y actitudes
que les han restado eficiencia y productividad.
El abandono del espíritu que los anima y la mala ejecución
de los programas por parte de las dependencias
a cargo y que tienen como una constante los
atrasos en su puesta en práctica, el subejercicio
de los recursos y la discrecionalidad en el
manejo de los mismos detienen y desvirtúan los
cambios sustanciales que necesita nuestro campo.
Prensa Estatal
GUERRERO
Opositores a La Parota irrumpen en evento oficial. (El Universal, Laura Reyes,
p.web).
Reprochan a Torreblanca la falta
de diálogo.
Acapulco, Gro.-
Comuneros opositores al proyecto La Parota irrumpieron
en un acto oficial del gobernador de Guerrero,
Zeferino Torreblanca
(PRD), con motivo del bicentenario del natalicio
de Benito Juárez, para reprocharle su falta
de disposición a un diálogo y reiterarle su
rechazo a la construcción de la presa hidroeléctrica.
El grupo de comuneros, encabezado
por su líder, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, arribó a la plazoleta de El Malecón,
donde el gobernador; el alcalde de este puerto,
Félix Salgado Macedonio, y otras autoridades
encabezaban la celebración en homenaje al Benemérito
de las Américas.
Al notar la presencia de los manifestantes,
elementos de seguridad de ambos servidores públicos
formaron una valla alrededor del acto para evitar
su ingreso. Sin embargo, a empellones y por
la fuerza lograron acercarse a unos cuatro metros
del templete, desplazando a los invitados de
honor que atestiguaban el evento.
En ningún momento intercambiaron
palabras ni miradas el gobernador y el líder
opositor a La Parota; ambos estaban separados
por una valla de elementos de seguridad y funcionarios
municipales que trataban de disuadir a los manifestantes
sin lograr su cometido.
Al pie del monumento de Benito
Juárez, los comuneros gritaron consignas contra
la presa La Parota y la "cerrazón"
del gobernador para dialogar, en medio de dos
discursos oficiales pronunciados por la
primera síndico de Acapulco, María Antonieta
Guzmán Vizairo, y
el presidente del Colegio de Abogados, Julio
César Hernández Serna.
Huye gobernador
El discurso de Torreblanca Galindo
fue omitido del programa ante la manifestación
que causó un visible malestar en el gobernador
y su equipo de colaboradores.
Cuando los comuneros pretendían
acercarse al mandatario estatal, un grupo de
agentes de seguridad los retuvo, mientras otros
elementos, apoyados por diputados locales, funcionarios
y regidores de Acapulco, custodiaban a Torreblanca
hasta su camioneta.
El alcalde Félix Salgado Macedonio
se acercó a los comuneros en busca de dirimir
la inconformidad, pero se topó con insultos
y muestras de irritación.
Marco Antonio Suástegui Muñoz criticó la actitud del presidente municipal
y lo acusó de traición, como a otros diputados
locales del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), al referir que los opositores a La Parota
lo consideraban un aliado de su movimiento.
Respeto mucho al TLA, pero sólo haré caso a mi
tribunal que es el pueblo: Zeferino. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo que respeta “mucho” al Tribunal
Latinoamericano del Agua (TLA), que recomendó
cancelar el proyecto de la hidroeléctrica La
Parota porque no se ha demostrado que beneficie
a la población, pero afirmó que solamente le
hará caso “ a mi tribunal
del pueblo de Guerrero y de México”.
Tras la inauguración de la rehabilitación
de La Quebrada, a Torreblanca también se le
preguntó sobre la protesta de opositores a la
hidroeléctrica durante el acto por Benito Juárez
y respondió: “Qué mejor acto para poder reafirmar
la tesis del gobernador de respeto y tolerancia,
que sepan quién pone la tolerancia, quién pone
el respeto y quien está abierto, que en este
país no se reprime y cualquiera se puede manifestar”.
Agregó: “En mis épocas de opositor
jamás siquiera se me hubiera podido ocurrir
ni a 2 kilómetros acercarme. Hoy día pueden
hasta faltarle el respeto al gobernador, pero
somos respetuosos de la máxima juarista de tolerancia,
paciencia”.
Dijo que el incidente no cambiará
su relación hacia los ejidatarios opositores
y que la prueba es la actitud que asumió, “imaginen
si yo me enojara cada vez que al gobernador
le dicen cosas o lo critican, no sería gobernador”.
Afirmó que con el alcalde Félix
Salgado Macedonio mostró paciencia y tolerancia,
“a nadie se le impidió el paso” y que fue un
ejercicio de democracia participativa. “Qué
mejor cuando opositores a un proyecto, que son
válidas las minorías en este país, se manifiesten
libremente”, abundó.
Torreblanca dijo que todavía no
se ha definido la fecha para la reunión con
el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a La Parota (Cecop),
pero que está dispuesto a dialogar con ellos.
A pregunta expresa de si tiene
temor de que los opositores a la presa se manifiesten
durante la Convención Nacional Bancaria el próximo
viernes respondió: “Que se presente Marco Antonio
(Suástegui) y todos
los que no estén de acuerdo con mi gobierno
para eso es la libertad y la democracia”.
El fallo del TLA responde a una
visión parcial: Chavarría.
Por su parte, el secretario general
de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, opinó que el fallo del TLA es resultado
de “una visión parcial” .
En declaraciones a reporteros al
concluir el acto para conmemorar el bicentenario
del natalicio de Benito Juárez, en la capital
del estado, el funcionario aseguró que quienes
se reúnen en esos foros son precisamente “los
que no están de acuerdo con esos proyectos,
entonces no es una reunión plural y es lógico
que haya una resolución de esa naturaleza”.
A pregunta de una reportera sobre
si el gobierno del estado dará alguna respuesta
a las resoluciones del TLA, el funcionario estatal
respondió: “No, nosotros no podemos entrar en
controversia con esas agrupaciones, somos respetuosos
de la libertad de expresión, no compartimos
ese punto de vista, pero lo respetamos”.
Respecto a que el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui,
dijo que los resultados de ese tribunal demuestran
que ambiental y económicamente el proyecto no
es sustentable, el secretario replicó que “es
una opinión de gente que simpatiza con esta
posición, que yo respeto mucho, pero es una
visión parcial de las cosas”. ((Teresa de la
Cruz / Chilpancingo).
HIDALGO
Hidalgo: formal prisión a 12 labriegos detenidos
durante desalojo de tierras. (La Jornada, Carlos Camacho,
p.web)
Les imputan despojo agravado; otros 61, libres.
Pachuca, Hgo.- El juzgado tercero
penal de distrito dictó auto de formal prisión
contra 12 de los 73 campesinos detenidos el
pasado 12 de marzo, durante un desalojo policiaco
por la disputa de un predio de 433 hectáreas,
en la comunidad de Cantera de Villagrán, municipio de Tepeji del
Río.
Durante la ceremonia del bicentenario del natalicio de Benito
Juárez, realizada esta mañana, el secretario
de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, sostuvo que la administración estatal está dispuesta
a dialogar con los inconformes, pero "ellos
no han formado su comisión negociadora".
En 1980, el gobierno del estado expropió 433 hectáreas en esa
localidad para integrarlas al parque industrial
de Tizayuca.
Los ejidatarios reclaman la devolución de sus tierras o un
pago justo como indemnización; sin embargo,
la administración estatal asegura que ya fueron
"pagadas hasta dos veces".
De las 73 personas detenidas en el lanzamiento, entre ellas
tres mujeres y un menor de edad, 61 fueron liberadas
y 10 consignadas al citado juzgado por el delito
de despojo agravado en perjuicio de Rafael Francisco
Lagos Martínez, Teresita Inoriza
Pomar; María Teresa, Rafael y Francisco Lagos
Inoriza, así como
el gobierno del estado.
Se trata de Miguel Barreto Santana, Marcos Santana Orozco,
Porfirio Guerrero Santana, Martín Everardo Santana
Barreto, Octaviano Santana Barreto, Filiberto
Rodríguez Miranda, Abundo Barreto Miranda, Jaime
Barreto Santana, Gabriel Barreto Santana y Jerónimo
Calzadilla Santana.
Otros dos, Marco Antonio Santana Herrera y Gabino Miranda Santana,
fueron consignados al mismo juzgado, pero por
tentativa de homicidio, según la averiguación
previa 12/DAP/076/2006.
El secretario de Gobierno se refirió además al dirigente del
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
(MAIZ), Mario Vélez, quien, dijo, "vive
de la violencia" y junto con otros dirigentes
ha azuzado a la gente a participar en una lucha
"que no corresponde".
Señaló que el interés de estos dirigentes no es el de lograr
beneficios para los campesinos, sino utilizar
los movimientos sociales, violentarlos y luego
sacar dinero.
"¿Cómo se explica que uno de los dirigentes detenido durante
el desalojo haya pagado 80 mil pesos de fianza
sin protesta alguna?", cuestionó el funcionario.
MORELOS
Ejidatarios dejan el campo por el barro. (Diario de Morelos, p.web)
Cerca de 4 mil artesanos que laboran en los talleres ubicados
en poblaciones de la región oriente, son ejidatarios
que han tenido que buscar ingresos financieros
mediante otras actividades alternativas, y a
pesar de ello, no han recibido el apoyo de las
autoridades, pues carecen de espacios diseñados
ex profeso para su venta y promoción, señaló
el secretario de gestoría y trámites de la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Juan
Broa González.
Asimismo, se manifestó a favor que se otorgue una área destinada
para lo que es fabricado por artistas locales,
quienes deben de ofrecer sus productos en la
vía pública y, en ocasiones bajo el acoso de
personal de dependencias municipales e inclusive
de los propios comerciantes establecidos, quienes
los han clasificado como competencia desleal,
señaló.
Por otra parte, estableció que las ganancias que obtienen de
la realización de este tipo de artesanías no
necesariamente significan una respuesta a sus
necesidades de carácter económico, sino que
por el contrario, los gastos en la compra de
insumos son muy altos, por lo que se trata de
gente que plasma su habilidad con la intención
de que perduren sus tradiciones.
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