CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
16 DE MARZO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Despilfarran luz
que regala CFE
Consumen electricistas 5 veces más
que un usuario promedio
Pide ONU reforzar
blindaje a ayuda social
Emite decálogo de recomendaciones
Amenazan con paro
nacional light
Los sindicatos buscan evitar una sanción
con paros escalonados
Elevada concentración
de la riqueza en bolsa
Sector bursátil refleja iniquidad en
la distribución del ingreso.
Revocan en el DF
fallo absolutorio a pederasta
Gámez Martínez será recapturado
Que Napo dé la cara,
pide la UNT
Exige que aclare el destino de los
55 mdd
Heces y virus en
agua del DF, sede del foro mundial
Por la red en mal estado, el líquido
potable se mezcla con aguas negras; análisis
de UNAM e INE hallan en 102 muestras 84 tipos
de microorganismos.
Reducir tarifas no
resuelve la pobreza: Fox
Critica promesas hechas “con visión
de pasado”
Repudia Fox la oferta energética de PRD y PRI
Acusa a López Obrador y a Madrazo de
tratar de “ordeñar la vaca y aprovecharse de
Pemex”
Fox, sin plan para la
reforma migratoria
En migración, si EU dice “sí” ¿qué
hacemos?
Sector agrario
Realizó Procuraduría
Agraria cambio de órgano ejidal. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. En la población
de Las Animas, antes Río Florido, que pertenece
al municipio de Coyuca de Catalán, personal de la Procuraduría Agraria
llevó a cabo el cambio del órgano ejidal.
El encargado de acudir a dicha población fue Jesús Vergara
Romero, quien es visitador agrario y como ya
se trataba de una asamblea convocada por segunda
vez, se llevó a cabo con 31 ejidatarios de los
139 que comprende el núcleo ejidal.
En dicha asamblea se presentó una sola planilla, por lo que
J. Félix Mejía Agustín fue quien ganó la elección
y de esa manera ser el presidente del Comisariado
Ejidal y quien durará en el cargo 3 años.
Quien fue electo también como presidente del Consejo de Vigilancia,
fue Francisco Valerio Cruz. El que se estaba
desempeñando como Comisariado Ejidal, Martín Palacios Luciano. Este fin de semana
se llevará a cabo el cambio en la población
de Jaripo, también
del municipio de Coyuca
de Catalán.
Acusan a la CFE en Nayarit de presionar a ejidatarios
para aceptar pago amañado. (La Jornada, Jesús Narvaez, p.web)
La compañía sólo quiere indemnizarnos por 539
de 758 hectáreas expropiadas, dicen.
Santa Maria del Oro, Nay., 15 de
marzo. La construcción de la presa El Cajón
tiene 90 por ciento de avance, pero los agricultores
afectados por el embalse no han cobrado "ni
un cinco" por las tierras que les expropiaron,
informó el presidente del comisariado ejidal de Cantiles, Francisco Villa Montes, quien
destacó que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) depositó ante el fideicomiso Fondo Nacional
de Fomento Ejidal 11 millones de pesos como
pago por sus tierras, "pero a partir de
un avalúo que sólo ellos conocieron".
Villa Montes, junto con el abogado de los indígenas de Cantiles,
Alejandro López Aguayo, así como representantes
de la CFE, de la Procuraduría Agraria
y del gobierno estatal, participaron este martes
en una "mesa de conciliación" instalada
en la alcaldía de Santa María del Oro, donde
los labriegos se quejaron de que la paraestatal
insiste en pagar indemnizaciones por un 539
hectáreas, cuando según un estudio de impacto
ambiental el área afectada abarca 758 hectáreas.
"Cuando firmamos ese documento en el que aceptamos el
pago de 11 millones de pesos, los representantes
de la CFE nos engañaron, pues nos dijeron que
nada más era un requisito, pero que luego habría
nuevas negociaciones, y ahora nos dicen que
ya estamos pagados y que a fuerzas debemos aceptar
esa cantidad", dijo Villa Montes.
Subrayó que "o nos pagan lo justo o no nos vamos a retirar,
y van a tener que llenar el embalse de la presa
con nosotros adentro".
Villa indicó que solicitan por sus tierras 75 mil pesos por
hectárea afectada (no cultivable, pero apta
para otros rubros), 150 mil pesos por cada hectárea
de cultivo de temporal, y 300 mil pesos por
hectárea de riego.
Hugo Sansen Contreras, representante
de la CFE, señaló que "el pago de 11 millones
es justo, pues así lo determinó el avalúo legal
entregado por la Secretaría de la Reforma
Agraria y, en ese sentido, la institución
estaría dispuesta a pagar más sólo si la ley
lo estableciera".
Añadió que su presencia en el lugar no era para tratar ese
tema, sino para "llegar a acuerdos con
respecto al pago de los bienes distintos a la
tierra (árboles frutales, principalmente)".
Este señalamiento causó la respuesta inmediata de López Aguayo,
quien insistió en que "esa cerrazón de
la comisión puede ocasionar un conflicto social
del que los hago responsables". El mismo
abogado afirmó que "el representante de
la CFE se olvida que antes de esperar a que
se haga un nuevo juicio legal, para el caso
existen medios arbitrales o acuerdos suplementarios
para resolver las controversias sin llegar a
los tribunales; incluso para eso estamos aquí".
En este contexto, Villa Montes dijo: "Todavía no nos dan
ni un centavo por nuestras tierras y ahora vienen
a decirnos que cuánto queremos por los bienes
distintos a la tierra, intentando tratarnos
como a los burros, a los que se les da una cachetada
para que se devuelvan al rancho".
Lucas Vallarta Robles, comisionado del gobierno del estado
para mediar en el conflicto, señaló la necesidad
de que "ante las posiciones totalmente
encontradas de las partes se presenten propuestas
de solución, ya que el diálogo está atorado
en el número de hectáreas afectadas, cuando
aún falta de tratar puntos como la zonas de
vivienda, la escasez de agua potable en la zona,
debido a que se están secando los veneros y
pozos a causa de las explosiones causadas con
dinamita, la construcción de jagüeyes y otros
beneficios ofrecidos por la CFE, que hasta ahora
no se han llevado a cabo".
El delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Cervantes
Ruiz, propuso antes de que se realizara
una nueva reunión para tratar temas pendientes,
"que las partes presenten planos (la CFE
con las 539 hectáreas que marca el avalúo y
los ejidatarios con las 758 que, aseguran, abarca
la totalidad del área afectada) para enviar
una solicitud a la Dirección de Servicios Periciales
de la Procuraduría Agraria". De esa forma
se pretendería "realizar nuevas mediciones
para determinar la extensión real afectada",
y sugirió "crear una comisión de ejidatarios
que acompañe a los funcionarios de la CFE, con
el fin de llegar a un acuerdo para el pago correspondiente".
Exigen indagar crimen de líder indígena. (La Jornada, Juan Carlos García, p.web).
Guadalajara, Jal., 15 de marzo. Comuneros
de la zona nahua de Cuzalapa,
municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, denunciaron
que el pasado día 11 fue asesinado el dirigente
Concepción Gabino Quiñones, quien apareció amarrado,
con rastros de tortura y degollado, y la Procuraduría
General de Justicia del estado no ha dado a
conocer ningún avance en la indagatoria que
se abrió para esclarecer los hechos.
Gabino Quiñones encabezaba la lucha contra la introducción
del Programa de Certificación en Comunidades
(Procecom) y estaba
en contra de lo que consideraba "ilegal
parcelamiento"
de más de 7 mil hectáreas de tierras comunales,
que hace 14 meses fue inducido por funcionarios
de la Procuraduría Agraria con el beneplácito
del comisariado de bienes comunales y de los caciques de esa zona.
De todas las comunidades indígenas de la sierra de Manantlán, Cuzalapa es la única
donde la Procuraduría Agraria no ha podido ejecutar
el Procecom, pues
hace casi un año, Gabino Quiñones, actuando
en representación del poblado indígena, interpuso
el juicio de amparo número 702/2005, radicado
en el juzgado primero de distrito en materia
administrativa de Guadalajara, con el propósito
de que se deje sin efecto la inscripción del
acta de la asamblea general de comuneros del
13 de enero de 2005, que aprobó el parcelamiento
de las tierras comunales.
Asegura Abascal que el Ejército dejó de vigilar
las zonas de influencia zapatista. (La Jornada, Juan Balboa, p.web).
Para el gobierno foxista,
fueron superadas las circunstancias de excepción
en esa entidad.
"Hoy se vive un ambiente de libre tránsito
en el estado", señala el titular de Gobernación.
Para el gobierno del presidente Vicente Fox
la llamada "zona gris" en Chiapas
-las regiones de influencia zapatista y con presencia de desplazados- desapareció, y anunció
que fueron superadas las circunstancias de excepción
que tuvieron lugar en ese estado a raíz de la
aparición del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994.
El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, se reunió
con los legisladores que integran la Comisión
de Concordia y Pacificación (Cocopa),
para confirmarles que ha dejado de existir la
denominada "zona gris" en el estado
sureño: "hoy se vive un ambiente de libre
tránsito en el estado, y será en este mes cuando
se completen los pagos a los afectados, en materia
agraria, por el movimiento" zapatista.
El titular de la Secretaría de Gobernación informó a los legisladores
que el Ejército mexicano atiende únicamente
las necesidades de una entidad con características
de estado fronterizo, pues dejó de atender y
vigilar las zonas de conflicto en donde el EZLN
tiene presencia.
En la reunión, a la que asistieron el presidente en turno de
la Cocopa, el senador
Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, y el coordinador
para el diálogo y la negociación en Chiapas,
Luis H. Alvarez, Abascal Carranza se comprometió a que en la próxima
reunión que sostendrá con la Cocopa,
la Secretaría de la Reforma Agraria presentará
un informe pormenorizado de todos los pagos
correspondientes a las indemnizaciones de personas
cuyos predios fueron afectados desde 1994.
El secretario de Gobernación expresó la satisfacción del gobierno
federal por que el EZLN busque transitar por
el terreno político.
Aseguró que el recorrido que actualmente realiza el EZLN en
diferentes entidades del país refleja que el
gobierno de la República tiene respeto pleno
por la libertad de expresión de las diferentes
organizaciones y fuerzas que integran el mosaico
político nacional.
La población, vulnerable ante la construcción de
La Parota. (La Jornada, Patricia Muñoz,
p.web)
Se violan derechos de campesinos, reportan ONG.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota informó que organismos internacionales
realizaron una investigación en la zona de Guerrero
y advirtieron que existe una estrategia mundial
para privatizar las presas a costa de la subsistencia
de las comunidades, que sería la primera fase
para dejar en manos de empresarios y del capital
internacional la comercialización del agua.
La organización FIAN Internacional y la Coordinación Alemana
para los Derechos Humanos en México, después
de realizar un recorrido por la región que será
afectada por la construcción de la presa, reportaron
la "vulnerabilidad de la población frente
a las violaciones de los derechos humanos que
cometieron autoridades federales, estatales
y locales para tratar de imponer el proyecto
a toda costa", así como la firme determinación
y oposición que existe para que no se construya
el embalse. Además, atestiguaron la fertilidad
de las tierras que, según las autoridades, no
existen en esa región.
Rolf Künnemann,
director de los Derechos Humanos de FIAN, y
Teresa Ávila, encargada de la Coordinación Alemana
para los Derechos Humanos en México, encabezaron
el recorrido por el ejido de Cacahuatepec,
municipio de Acapulco, uno de los lugares que
serán afectados por la construcción de La Parota,
acompañados por integrantes del Consejo de Ejidos,
Espacio DESC y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Ambas organizaciones integran una delegación internacional
que ayer se reunió con funcionarios de la Secretaría
de la Reforma Agraria, a quienes expresaron
su preocupación por la nula intervención de
la dependencia en la vigilancia de la organización
de asambleas comunales donde se vota la expropiación
de las tierras (19 poblaciones) que han de ocuparse
para construir la presa La Parota, originando
el desplazamiento de por lo menos 20 mil campesinos
nativos.
Los observadores internacionales inclusive sostendrán una reunión,
en los próximos días, con funcionarios de la
Comisión Federal de Electricidad; así como de
la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, y el subprocurador
de la Procuraduría Agraria, Rogelio Parasilva.
Sin embargo, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
y de Energía se negaron a recibirlos.
En su opinión, el proyecto de La Parota es la apuesta para
expandir el Plan Puebla-Panamá, propuesto en
2001 por el presidente Vicente Fox.
Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan, afirmó
que en La Parota hay financiamiento del gobierno
del presidente Vicente Fox y de grandes consorcios de la construcción de México,
Estados Unidos, China y Brasil, que "invertirán
850 millones de dólares en la presa".
La obra fue detenida en enero pasado por orden de un juez del
Tribunal Unitario de Guerrero, que cuestionó
la veracidad de las consultas públicas para
expropiar los terrenos.
La reparación de El Capulín depende de la Conadepi, dice el delegado de la SRA. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
La dependencia indígena tiene
que responder por qué se ha atrasado la reconstrucción
de las casas, indica Natividad Salas y atribuye
el problema a la demora jurídica del conflicto.
Chilpancingo.
El delegado de la Secretaría
de Reforma Agraria (SRA), Natividad Salas Estrada,
dijo ayer que el retraso a la reparación de
los daños que ocasionaron comuneros de Moyotepec
a sus vecinos de El Capulín, no es una situación
que tenga que ver con ellos, sino que está en
manos de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (Condepi),
debido a que fue ésta quien asumió ese compromiso.
Dijo que eso no significa que la
Reforma Agraria se esté deslindando del conflicto,
“pero pues, cada quien está trabajando en lo
pactado y si la Conadepi
aún no ha reparado las viviendas, posiblemente
es porque el problema jurídico se ha retrasado”.
En entrevista con El Sur, este
martes en las oficinas de la CNC no oficial,
autoridades agrarias de Tlacoapa –a donde pertenece El Capulín– emplazaron a la Reforma
Agraria a que repare los daños del desalojo
violento, que llevaron a cabo en noviembre del
año pasado, sus vecinos de Moyotepec.
A ese respecto, Natividad dijo
que “para que se repongan las casas que se invadieron
por parte de otro núcleo agrario, estamos platicando
con la Conadepi, que
hizo el compromiso formal y es la responsable
de rehabilitar esas casas”.
Dijo que la solución a ese conflicto
“no es tan sencillo, porque ya no depende solamente
de nosotros, también depende mucho que los núcleos
agrarios pongan de su parte la voluntad, para
que de una vez nos podamos sentar en una mesa
de trabajo, y poder definir una solución consensada,
en la que nadie pierda, ni nadie gane, y que
el gobierno federal por medio de la Reforma
Agraria pueda contraprestar al núcleo que no le queden las tierras”.
Dijo que en el caso de la demanda
de reparación del daño, su retraso posiblemente
tenga que ver porque “no hemos tenido solución
al conflicto por la vía jurídica”.
Recordó la sentencia dictada por
el juez Primero de Distrito y la solicitud de
revisión que se hizo el Tribunal Superior
Agrario, y hasta que no se resuelva “tenemos
que esperar a que nos indiquen qué es lo que
tiene que hacer la Reforma Agraria en este asunto”.
Destacó que “lo que pudiéramos
hacer con ambos grupos agrarios y en conjunto
con el gobierno del estado, es buscar una solución
consensada, una solución
que permita que nadie gane y que nadie pierda.
Nosotros por nuestra parte estamos cabildeando
con el gobierno del estado esa propuesta”.
Natividad agregó que antes de que
venza el plazo, la Reforma Agraria estaría buscando
“una plática con la Conadepi para conocer el por qué del retraso y así informar
a los comuneros de Tlacoapa”.
Rechazó las críticas que hizo el
asesor de los comuneros de Tlacoapa
y dirigente de la CNC no oficial, Evencio
Romero, en relación a que la política de la
Reforma Agraria es “valemadrista”,
y dijo que más bien siempre ha habido voluntad
de parte de esa dependencia y de su titular,
Florencio Salazar Adame
“no se puede decir que hay desinterés cuando
el secretario estuvo en El Capulín” en diciembre
del 2005.
“Yo insisto en que la solución
al conflicto depende de la voluntad que haya
de parte de los dos pueblos, tiene que ser en
serio, no se vale que nos dejen el paquete sólo
a la Reforma Agraria y al gobierno del estado,
depende de todos”, apuntó.
Comuneros invaden y destruyen cultivos. (Milenio, Zacarías Cervantes, p.web).
Guerrero. Conflicto por tierras.
Los agredidos les dieron un ultimátum de 24 horas para desalojar
la zona.
Malinaltepec.-Armados con rifles y machetes, unos
100 comuneros de Moyotepec,
municipio de Malinaltepec, destruyeron cultivos y comenzaron la tala de
árboles el martes pasado en terrenos que se
encuentran en conflicto con sus vecinos de Tlacoapa,
lo que mantiene un riesgo latente de enfrentamientos
entre ambos grupos en Guerrero.
El presidente y el secretario del Comisariado
de Bienes Comunales de Tlacoapa,
Isamel Sixto y Noé
Martínez, respectivamente, informaron que a
pesar de que existe una resolución del Juez
Primero de Distrito de Chilpancingo que favorece
a los habitantes de El Capulín, anexo de Tlacoapa,
los campesinos de Moyotepec
invadieron la zona y destruyeron sembradíos
y talaron árboles.
Indicaron que ante esa nueva agresión los cinco mil campesinos
del núcleo agrario de Tlacoapa
acordaron dar un plazo de 24 horas, a partir
de ayer, a los “invasores” de Moyotepec para que se salgan de las tierras.
Dijeron que los campesinos de Moyotepec
llegaron la mañana de este martes a la zona
de conflicto y en un acto de provocación permanecen
en ese lugar.
Indicaron que los campesinos de las 17 comunidades del núcleo
agrario ya están preparados para trasladarse
a ese lugar para desalojarlos a como dé lugar.
Sixto mencionó que el pasado 7 de enero el Juzgado Primero
de Distrito de Chilpancingo resolvió que las
456 hectáreas de tierras que se disputaban con
los labriegos de Moyotepec
les pertenecen.
Sin embargo, añadió, el titular de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame,
sigue alentando al comisariado
ejidal de Ocoapa, Natalio Solano, para que
mantengan la toma de tierras.
“En caso de que en las próximas horas estalle la violencia
en esa zona de conflicto, el principal responsable
será Florencio Salazar”, dijo Sixto.
Recordó que el siete de diciembre del 2004, Salazar Adame se comprometió a que una vez que la autoridad judicial
federal emitiera su sentencia, la SRA entregaría
la indemnización a los campesinos que perdieran
el juicio.
En el 2005, los comuneros de Moyotepec
invadieron en tres ocasiones los terrenos en
conflicto e incendiaron viviendas y sembradíos
de los habitantes de El Capulín.
Según Isamel Sixto, los daños ocasionados
por los comuneros de Moyotepec
ascienden a un millón de pesos, y que pese a
que Salazar Adame
se comprometió gestionar a que se indemnizara
a los afectados, esto no ha sido así.
Dijeron que el grupo de policías del estado que desde hace
seis meses se mantiene en la zona de conflicto,
están como “simples expectadores”, ya que no hacen nada para evitar las agresiones
que llevan a cabo los comuneros de Moyotepec
contra las familias de El Capulín.
Campesinos de Hunucmá,
víctimas de doble fraude. (Por esto!, Rafael Mis Cobá, p.web)
No sólo los despojaron de más de 1,500 hectáreas de tierras,
sino que jamás recibieron los casi 26 mil pesos
que correspondían a cada uno de los 538 ejidatarios
que presuntamente aprobaron la adjudicación
a favor de Antonino Almazán Arteaga y secuaces.
Casi 26 mil pesos debió recibir cada uno de los 538 campesinos
que, según la fe pública del notario Carlos
Gamboa Gamboa, aprobaron por unanimidad transferirle a Antonino Almazán
Arteaga y sus cinco prestanombres mil 526 hectáreas
de tierras ejidales.
Sin embargo, los ejidatarios fueron vilmente engañados porque
jamás se les entregó esa cantidad; si a caso
a unos 200 les dieron únicamente 150 pesos en
"agradecimiento" por sus firmas o
huellas que asentaron en hojas anexas al acta
de asamblea simulada del 27 de febrero del 2005.
Recibieron los 150 pesos durante una taqueada
organizada por el ex comisario y 13 "líderes"
más que son los que han operado como contactos
de Almazán Arteaga y de Patricio Patrón Laviada, entre ellos, Antonio May Chay,
el aspirante a comisario que perdió la contienda
hace tres semanas.
Antonino Almazán Arteaga dice haber pagado a siete mil pesos
la hectárea de tierras, lo que multiplicado
por las mil 526 hectáreas dan un total de 10
millones 682 mil pesos. Esta cantidad debió
entonces dividirse entre los 538 campesinos
que aprobaron por "unanimidad" la
transferencia durante la asamblea del 27 de
febrero del 2005, según la certificación hecha
por el notario Gamboa Gamboa.
En consecuencia, a cada uno de los 538 ejidatarios se les debió
de pagar 25 mil 853 pesos, lo que nunca se hizo.
El actual comisario ejidal, Marcelino Mex
Cauich, se pregunta
dónde acabó ese dinero y se responde que existe
la sospecha que la mayor parte de los 10 millones
682 mil pesos, se los dividió el grupo que organizó
la tramposa asamblea de febrero del año pasado.
Hay que recordar que el campesino Felipe Moo
Borges, reveló que fortuitamente fue invitado
a una comida que ofreció Patrón Laviada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para
agradecer al ex comisario Pedro Puc
Canul y a los 13 "líderes", las facilidades que
le dieron a Antonino Almazán para que pudiera
adquirir las mil 528 hectáreas que luego le
compró para su proyecto aeroportuario.
En esa comida cuyo menú principal fue pavo en relleno negro,
el gobernador destacó "lo barato"
que le salió comprar las extensas superficies,
pese a que pagó Antonino Almazán, su acaparador
favorito y protegido, el doble del precio original,
es decir, a 14 mil pesos la hectárea "con
todo y escrituras".
Tan sólo por esa operación, Antonino Almazán Arteaga, obtuvo
de un plumazo una ganancia extra de 10 millones
682 mil pesos, lo que se presume no fue sólo
para él, sino para dividir con sus socios y
protectores.
Por si fuera poco, el especulador y protegido de Patrón Laviada se quedó con 461 hectáreas adicionales a las mil 526
que le vendió a su jefe, según consta en actas
de los títulos de propiedad otorgadas por el
Registro
Agrario Nacional.
Ahora, si Almazán Arteaga pagó esas tierras a los 538 campesinos
que presuntamente asistieron a la asamblea,
según el notario Gamboa Gamboa, debió entregar entonces a cada uno de los campesinos,
siete mil pesos extras a los 25 mil 853 pesos,
lo que indica que en total, a cada labriego
le debió haber pagado 32 mil 853 pesos.
Calderón: Apoyos incómodos. (Proceso, Álvaro Delgado, p.web)
* De perfil clientelar y prohijado
desde el poder público, el PAN edificó la organización
Unimos.
México, D.F., 15 de marzo.- Además
de las adhesiones de personajes y organizaciones
priistas y perredistas
operadas por Vázquez Mota --quien en el equipo
de Calderón se promueve como secretaria de Gobernación
en un hipotético triunfo--, el propio PAN ha
edificado sus propios organismos campesinos,
de perfil clientelar
y prohijados desde el poder público.
El ejemplo más acabado de esta estrategia es Unimoss, que se ufana de agrupar a medio millón de campesinos,
cuyo presidente es Javier López Macías, quien
al mismo tiempo que creaba ese organismo, ejercía
como director general de Operación Regional
del Fondo Nacional de Empresa Sociales (Fonaes)
de la Secretaría de Economía.
López Macías, excandidato panista a la alcaldía de Torreón, Coahuila, comenzó las gestiones
para fundar Unimoss
desde finales del 2003, cuando todavía era servidor
público en la dependencia que encabeza Gerardo
Aranda Orozco, hermano de Ana Teresa, sustituta
de Vázquez Mota en la Secretaría de Desarrollo
Social.
De acuerdo con documentos de Unimoss,
de los cuales la agencia Apro
tiene copia, este organismo recibió, el 9 de
marzo del 2004, el permiso 0907,346 de la Secretaría
de Relaciones Exteriores con el número de expediente
200409006565, folio 285/16/1, pero López Macías
renunció al cargo hasta junio, cuyo día 12 se
celebró la Primera Convención Nacional con la
presencia de Vázquez Mota, Fernando Canales
Clariond, entonces
secretario de Economía, y Gerardo Aranda.
Casualmente, el 13 de junio de ese año, justo al día siguiente
de la formalización de Unimoss,
el PAN instaló el Consejo Nacional del Programa
de Acción Rural (Plantar), una de las estrategias
para incorporar a la agenda panista
de todo el país el tema agropecuario. Y ahí
estuvo también Vázquez Mota.
Plantar forma parte de las siete estrategias que el PAN implementa
para incursionar a sectores habitualmente vedados:
Maestros en Acción, que forman parte del magisterio;
Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Comunidad;
Cautivarte; Emprendedores; y Derechos Humanos.
A un año y ocho meses de operar, Plantar tiene consejos en
25 estados y a nivel municipal. Integrados por
expertos en el tema, operan como órganos consultivos
en temas del campo y de gestión aunque, según
Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad del PAN,
no son una maquinaria electoral.
Miembros fundadores de Plantar, sin embargo, ya están en la
operación político-electoral: Vázquez Mota y
Javier Usabiaga colaboran
directamente con Calderón, y Alberto Cárdenas
es candidato a senador por Jalisco, mientras
que siguen en su cargo el secretario de la Reforma Agraria, el expriista
Florencio Salazar, y el comisionado para
la Paz en Chiapas, Luis Álvarez.
Pese a ello, Priego niega que Plantar
sea usado con propósitos electorales; y rechaza,
también, que Unimoss sea parte de la estrategia del PAN para obtener votos,
porque no tiene relación orgánica: “Ninguna.
Es una organización de organizaciones. Mantenemos
una relación respetuosa, (pero) ellos no pertenecen
a Plantar.”
Sigo siendo dirigente de Campeche Avanza: Castillo.
(Tribuna de Campeche, p.web).
La disolución de la directiva de la Sociedad Campeche Avanza
no se da simplemente por capricho de alguna
líder en específico, sino que tiene que contar
con el aval del Registro Agrario Nacional
(RAN), que es el organismo rector de las
sociedades triple "S", como esta organización,
expuso Miguel Francisco Castillo Rosado, quien
argumentó que en tanto no esté oficializado
esta documentación, legalmente él sigue siendo
su presidente.
Castillo Rosado desestimó con ello las declaraciones de quien
se ostenta como dirigenta
de esta agrupación, Julia Guadalupe de la Candelaria
Almeyda Pereira, porque
si bien ella pudo haber hecho un simulacro de
asamblea, los documentos deben estar avalados
por el RAN, "lo que no ha sucedido".
Castillo Rosado expuso que no necesita del liderazgo de la
sociedad civil Campeche Avanza para aspirar
a algún cargo en específico, "porque cuento
con reconocido prestigio político por los trabajos
partidistas que he realizado a lo largo de más
de 30 años de estar afiliado al Partido Revolucionario
Institucional".
Lo que pasa es que soy respetuoso de las leyes y es innegable
que la llegada de Almeyda
Pereira está en contra de los ordenamientos
porque se hicieron de forma arbitraria y sin
el aval de las autoridades competentes.
Sostuvo que cuenta con su propia organización denominada Frente
Independiente de Colonias Populares y Ejidos
México Nuevo, afiliado a la organización política
nacional "México Nuevo".
Lo que deseamos aclarar, abundó, es que para evitar incurrir
en dimes y diretes,
necesitamos que se nos otorgue una copia del
acta de asamblea en que supuestamente se nos
dio de baja, pero ésta debe estar debidamente
sellada e intervenida por el RAN, que es el
organismo encargado de regular a las
sociedades triple "S"
como Campeche Avanza.
Sostuvo que ante los registros del RAN sigue apareciendo como
presidente de la Asociación Campeche Avanza,
al igual que seis compañeros más que no han
sido dados de baja.
El Diario Oficial de la Federación. (Agencias, p.web).
La
Secretaría de la Reforma Agraria difunde
tres avisos de deslinde de predios de presunta
propiedad nacional, ubicados en el municipio
de Amatenango del
Valle, Chiapas.
Sector agropecuario
"Deficiencias" en Seguro Popular y Procampo: PNUD. (La Jornada,
Alma Muñoz, p.web)
Los esquemas sociales del país son proclives a la manipulación
electoral, porque tienen vacíos de procedimiento
que impiden verificar su autenticidad y funcionamiento.
Las mayores deficiencias las tienen Seguro Popular
y Procampo, revela
el primer informe del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Consejo
por la Transparencia de Programas Sociales Federales,
dado a conocer ayer.
Aunque sólo analizaron ocho de los 230 esquemas con que cuenta
el país -los más grandes en presupuesto y número
de beneficiarios-, el PNUD tuvo elementos suficientes
para denunciar que los más propensos a ejercer
presión sobre los más marginados son los operadores
locales de los mecanismos, pero también pusieron
en duda a los gobiernos estatales, porque se
desconoce qué hacen con los recursos que les
entrega el federal para el impulso de los programas
de combate a la pobreza.
Clara Jusidman, una de las 12 integrantes
del Alto Consejo, explicó en conferencia de
prensa que aunado a lo anterior, detectaron
que la Secretaría de Agricultura tiene reglas
de operación "oscuras", no se entienden,
al grado que los integrantes del organismo debieron
pedir ayuda de otros especialistas para revisar
los procedimientos de esa dependencia.
Organizaciones campesinas
Reclama el CAP a delegados federales que los programas
para el campo no llegan a Guerrero. (El Sur (Guerrero), Jesús Saavedra, p.web)
Chilpancingo.
Dirigentes de agrupaciones que
conforman el Congreso Agrario Permanente (CAP)
sostuvieron ayer una reunión con funcionarios
federales del sector agropecuario, en donde
les demandaron mayor información de los programas
y recursos que se tiene disponibles para el
campo guerrerense.
Además, los dirigentes de los campesinos
manifestaron su desacuerdo por la forma de ejecución
de los recursos públicos federales y afirmaron
que el Acuerdo Nacional para el Campo no está
aterrizando en su totalidad en Guerrero, porque
hay desinterés de las organizaciones por un
lado y los hábitos del gobierno de mantener
ocultos todos los recursos.
En la reunión denominada Audiencia
campesina y realizada en una sala del Congreso
local –convocada por el diputado del PRI Moisés
Carbajal Millán– los
funcionarios federales explicaron a unos 50
campesinos presentes los esquemas de financiamiento
público por medio de programas federales que
se tienen para este año en materia agropecuaria.
El coordinador del CAP en la entidad,
Moisés Duarte, dijo que será necesario que en
coordinación con las autoridades federales “podamos
aterrizar todos los proyectos para que bajen
los recursos hacia el campo, porque de otra
manera no vamos a poder avanzar en el propósito
como organizaciones sociales; primero de mantener
la calma social a través de programas sociales;
no queremos tanto paternalismo, lo que necesitamos
son recursos para proyectos productivos que
generen la producción de alimentos básicos para
el pueblo”.
Duarte señaló que la gran mayoría
de campesinos guerrerenses “desgraciadamente
desconocen los programas que hay y es por falta
de atención de los líderes, cada organización
es responsable de bajar la información a sus
agremiados”.
Indicó que el CAP, tiene especial
interés en que el gobierno federal a través
de las delegaciones en Guerrero den
a conocer las posibilidades que se tienen para
tramitar recursos y proyectos financiados por
la federación “pero también hay desconocimiento
de cómo acceder a esos recursos y eso limita
a los campesinos”.
“Las delegaciones tienen personal
que a veces actúan maliciosamente y a las organizaciones
nos ven como enemigos y no debe ser así; si
no eres de la línea partidista te pulverizan
tus proyectos y te dan migajas, es una burla
para las organizaciones que gestionamos recursos”,
reclamó.
“Y tal vez tenga una razón de ser,
porque anteriormente los líderes se quedaban
con todos los recursos y se hacían ricos muchas
personas, la situación ahora es diferente, las
organizaciones somos serias, hay gente que trabajamos
y aterrizamos los recursos”, asentó.
El CAP y las autoridades federales
acordaron seguir reuniéndose para despejar las
dudas que tengan los campesinos.
Asistieron, además el coordinador
del CAP, Moisés Duarte; el dirigente de la Central
Campesina Independiente (CCI), Maclovio
Avilés; el dirigente de la agrupación Aras,
Carlos Buenaventura; el dirigente de la Federación
Agronómica, Gustavo Labra y el dirigente de
la Coalición de Organizaciones Democráticas
y Campesinas (Coduc),
Jesús Escobedo.
Estuvieron el delegado de la Secretaría
de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación
(Sagarpa), Francisco
Velarde García; el coordinador en Guerrero de
Financiera Rural, Faustino Favila Ávila; el
coordinador de distritos de riego de la Comisión
Nacional del Agua (CNA), Manuel Montiel
Esquer y el gerente estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido
(Firco), Jorge Izquierdo.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
Solidaridad del GDF con cooperativistas de Pascual. (La Jornada, Carolina Gómez,
p.web).
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) "nuevamente mostró
su solidaridad" con la Sociedad Cooperativa
Pascual y presentó un "incidente innominado"
para acreditar ante el juez 14 de distrito en
materia administrativa del primer circuito "la
necesidad de que se lleve a cabo un cumplimiento
sustituto de la sentencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el pasado 17
de noviembre, con el argumento que se podría
ocasionar un daño grave e irreparable"
a los cooperativistas, informó Eduardo Miranda
Esquivel, representante
legal de la agrupación laboral. El abogado expuso
que el juzgado 14 "busca por todos los
medios apresurar la ejecución del fallo de la
Corte". Es por ello que el pasado 8 de
marzo "requirió nuevamente al GDF para
que deje insubsistente el decreto expropiatorio,
concediéndole solamente cinco días para hacerlo,
con el apercibimiento de proceder contra el
jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, por desacato
si no lo hace". Ante esto, el GDF optó
por presentar el mencionado incidente, en lugar
de acatar la petición del juzgado. De no haberse
pronunciado en algún sentido "se podría
haber iniciado un proceso en contra de Encinas".
GUERRERO
Sí se violan derechos humanos al imponer La Parota,
dicen ONGs de alemania. (El Sur, Haydee Martínez, p.web).
Visitan representantes de
organismos defensores de las garantías humanas
las comunidades de Agua Caliente y Las Cruces.
Anuncian manifestaciones durante el Foro Mundial
del Agua
Ciudad de México.
Organizaciones alemanas aseguraron
que hay violaciones a las garantías de los habitantes
que serán afectados por la presa La Parota,
debido a que se trata de imponer un proyecto
que causará “conflictos sociales muy fuertes,
el desplazamiento social y el desmoronamiento
del tejido social de esa área”.
Rolf Künnemann, director de Derechos Humanos de FIAN (Food First Information
and Actino Network)
Internacional, así como Teresa Ávila, representante
de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos
en México, presentaron los resultados de la
gira que llevaron a cabo el martes en las comunidades
guerrerenses.
A la gira fueron acompañados por
los voceros del Cecop,
Felipe Flores Hernández y Marco Antonio Suástegui
Muñoz, así como Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Los representantes de las ONGs acudieron a las comunidades de Agua Caliente y Las Cruces
para constatar las violaciones que implica la
construcción de la presa La Parota.
Teresa Ávila indicó que si hay
violación a los derechos humanos al tratar de
imponer el proyecto, pues “dañará no sólo a
los habitantes de la región sino que dará paso
a conflictos sociales muy fuertes que propiciarán
un desplazamiento social y por lo tanto el tejido
social de esa área se desmoronará”.
Adelantó que su organización junto
con otras 14 ONGs
de Alemania estudiarán las posibilidades de
ayudar a los afectados, además de que analizarán
y evaluarán este hecho.
Por su parte, Rolf Künnemann dijo que anhela la
posibilidad de dialogar con las autoridades
correspondientes.
Al concluir los discursos de las
organizaciones alemanas, los voceros del Cecop
y el asesor jurídico manifestaron su agradecimiento
al esfuerzo y la ayuda de colaboradores extranjeros
por venir y difundir los hechos en sus países.
Asimismo valoraron que los asesoren
con sus conocimientos y manifestaron que no
sólo en Guerrero se han cuestionado los procedimientos
ilegales con los que se ha tratado de imponer
este proyecto.
Al finalizar, se informó que 800
guerrerenses opositores a la presa La Parota
se manifestarán mañana en la sede del Foro Mundial
del Agua, a partir de las 4 de la tarde, acompañados
por Organizaciones No Gubernamentales y más
de 80 organizaciones de estados como Nayarit,
Jalisco y Chiapas.
La Parota se construirá en cuanto se resuelvan
“algunas cuestiones legales”, dice Elías Ayub. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).
El Cajón, La Yesca y La Parota
retoman la tradición de proyectos de CFE, señala
el director de la CFE al participar en la conferencia
de prensa del vocero de la Presidencia, Rubén
Aguilar
El director general de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías
Ayub, dijo que la
construcción de la presa hidroeléctrica de La
Parota comenzará en cuanto se resuelvan “algunas
cuestiones legales”.
En un boletín de la CFE publicado
en su portal de Internet, se informa que como
parte de las actividades de la Semana Nacional
de la Energía, Elías Ayub
asistió el martes a la conferencia de prensa
que ofrece diariamente el vocero de la Presidencia,
Rubén Aguilar.
En la conferencia, el director
de la paraestatal explicó que la presa El Cajón,
en Nayarit, se concluirá
este mes de marzo y en junio comenzará a llenarse,
pues se estima que haya una buena temporada
de lluvias. Pronosticó que será en noviembre
cuando comenzará a generar electricidad.
Elías Ayub
comentó que las presas representan el reinicio
de la tradición de proyectos hidroeléctricos,
de los cuales La Yesca empezará próximamente.
De las obras que ha planeado la
CFE en los últimos cinco años, destacan tres
presas, algunas que ya se construyen y otras
que apenas comenzarán, como la de El Cajón,
La Yesca y La Parota, las cuales representan
el reinicio de la tradición de proyectos hidroeléctricos,
afirmó Elías Ayub.
Sobre La Parota, indicó que comenzará
su construcción en cuanto se resuelvan “algunas
cuestiones legales”.
Alfredo Elías señaló que para el
proyecto El Cajón se han presentado 17 ofertas
para contratar el crédito por 700 millones de
dólares, en pesos, a 30 años, con tasa fija,
“lo cual revela la confianza que hay en el país”.
En el comunicado de prensa se subraya
que las presas El Cajón, La Yesca y La Parota,
junto con la central eólica La Venta, que se
construye en Oaxaca y otros proyectos geotérmicos
en varios lugares del país, son parte de la
política de desarrollo de fuentes renovables
de energía de la paraestatal.
La conferencia de prensa en Presidencia
sirvió para que el director de la CFE enumerara
los avances durante los últimos cinco años,
en los que se han construido 32 nuevas centrales
y 15 mil kilómetros de líneas de transmisión,
lo cual fue equiparado con la capacidad total
de generación de energía en Chile, con una inversión
de 8 mil millones de dólares.
Hay recursos para indemnizar a ejidatarios de Zihuatanejo:
DAN. (Despertar de la Costa,
Juan Francisco García, p.web).
Luego de señalar que hay toda la
voluntad del gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo de lograr un acercamiento
con cada uno de los afectados por el proyecto
de libramiento de la carretera a Feliciano,
el director general de la Comisión de Infraestructura
Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero
(CICAEG), Donaciano Astudillo Nava, dijo que
se les pagará lo justo por sus predios y bienes
distinto a la tierra.
Entrevistado al término de la reunión
que sostuvo con alrededor del 70 por ciento
de los ejidatarios y avecindados que serán afectados
con la construcción del libramiento a Feliciano,
Astudillo Nava sostuvo
que no se va a comprar ningún terreno sin previo
convenio o consenso con el ejidatario o avecindado.
“Estamos conscientes de que este
libramiento a Feliciano dará un gran impulso
a la Costa Grande y en especial a Ixtapa-Zihuatanejo, pero no por ello se va a actuar con autoritarismo;
al contrario, vamos a realizar todas las reuniones
que sean necesarias para llegar a acuerdos,
a consensos con quienes sus terrenos serán afectados”,
dijo el director general del CICAEG.
Cuestionado sobre si hay los recursos
suficientes para las indemnizaciones y si el
precio que se les pagará a los afectados será
justo, Donaciano Astudillo
Nava señaló que el gobierno del estado, por la importancia
de esta vía, dispondrá de los recursos que sean
necesarios.
“Esos recursos son para pagar un
precio justo a los afectados, con quienes estamos
iniciando las pláticas y acordado que vamos
a esperar los avalúos que haga el Inabin
(Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales)
para que nos sirvan de referencia, para partir
de ahí”, precisó.
Indicó que se tomarán en cuenta
la vocación de las tierras y los bienes distintos
a la misma para determinar el costo “esperamos
tener listo todo esto en 30 días y con ello
el pago respectivo para el libramiento del derecho
de vía, para que de esta forma se puedan iniciar
los trabajos de construcción del libramiento”.
Para terminar, el director general
del CICAEG, Donaciano
Astudillo Nava, a pregunta expresa manifestó que será el gobierno del
estado quien indemnice a los ejidatarios y avecindados,
en tanto que los trabajos de construcción del
libramiento le corresponde costearlos el gobierno
federal “los recursos ya están radicados en
el estado, por lo que consideramos que tan pronto
se logre el libramiento del derecho de vía,
iniciarán los trabajos que si bien no se concluirán
este año, cuando menos se ejercerá el recurso
disponible”, acotó.
Antes, el comisariado
ejidal, Jorge Luís
Reyes López, en la reunión con los ejidatarios
y avecindados afectados, que la falta de información
es la que ha frenado los avances de estos trabajos,
en tanto que otro ejidatario puntualizó que
hace cuatro años se firmaron algunos acuerdos,
entre ellos el pago de los bienes distintos
a la tierra, como árboles, los cuales ante el
proyecto carretero se dejaron de cuidar, pero
que hay ya un convenio de pago al respecto.
Comuneros de Moyotepec destruyeron sembradíos en Tlacoapa. (Pueblo Guerrero, p.web)
Armados con rifles y machetes, unos 100 comuneros de Moyotepec,Malinaltepec, destruyeron
cultivos y comenzaron la tala de árboles el
martes pasado en terrenos que se encuentran
en conflicto con sus vecinos de Tlacoapa,
lo que mantiene un riesgo latente de enfrentamientos
entre ambos grupos.
El presidente y el secretario del Comisariado
de Bienes Comunales de Tlacoapa,
Ismael Sixto y Noé Martínez, informaron que
a pesar de que existe una resolución del Juez
Primero de Distrito de Chilpancingo que favorece
a los habitantes de El Capulín, anexo de Tlacoapa,
los campesinos de Moyotepec
invadieron la zona, destruyeron sembradíos y
talaron árboles.
Indicaron que ante esa nueva agresión, los cinco mil campesinos
del núcleo agrario de Tlacoapa
acordaron dar un plazo de 24 horas a los “invasores”
de Moyotepec para
que se salgan de las tierras.
Dijeron que los campesinos de Moyotepec
llegaron la mañana de este martes a la zona
de conflicto y en un acto de provocación permanecen
en ese lugar.
Indicaron que los campesinos de las 17 comunidades del núcleo
agrario ya están preparados para todo y trasladarse
a ese lugar para desalojarlos a como dé lugar.
Sixto mencionó que el pasado 7 de enero, el Juzgado Primero
de Distrito de Chilpancingo resolvió que las
456 hectáreas de tierras que se disputaban con
los labriegos de Moyotepec,
les pertenecen.
En el 2005, los comuneros de Moyotepec
invadieron en tres ocasiones los terrenos en
conflicto e incendiaron viviendas y sembradíos
de los habitantes de El Capulín.
Según Sixto, los daños ocasionados por los comuneros de Moyotepec ascienden a un millón de pesos y pese a que las
autoridades se comprometieron gestionar que
se indemnizará a los afectados, esto no ha sido
así.
Dijeron que el grupo de policías del estado que desde hace
seis meses se mantiene en la zona de conflicto
está como “simple espectador”, ya que no hacen
nada para evitar las agresiones de los comuneros
de Moyotepec contra las familias de El Capulín.
Las autoridades comunales señalaron que sus vecinos de Moyotepec cuentan con armas de grueso calibre y machetes.
“Tenemos conocimiento de que la secretaría de Gobernación sabe
de todas las actividades de la gente que dirige
Natalio Solano y están
investigando”, indicó Sixto.
HIDALGO
Consignan a 12 de 73 campesinos detenidos durante
desalojo en Tepeji
del Río. (La Jornada, Carlos Camacho, p.web).
Pachuca, Hgo., 15 de marzo. La Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo consignó ante
un juez a 12 de los 73 campesinos detenidos
durante un desalojo policiaco
realizado el domingo pasado en la comunidad
de Cantera de Villagrán,
municipio de Tepeji
del Río. Dos de ellos están acusados del delito
de tentativa de homicidio, y el resto por despojo
agravado.
Los otros 61 campesinos, incluidas tres mujeres y un menor
de edad, fueron liberados la noche del
martes, subidos a dos autobuses y regresados
a su lugar de origen. Los 12 consignados encabezaron
el movimiento que "recuperó para labores
agrícolas" el predio que el gobierno les
expropió en 1980.
En un escueto comunicado, la procuraduría estatal informó que
Marco Antonio Santana Herrera y Gabino Miranda
Santana fueron consignados ante el juez tercero
penal por el delito de tentativa de homicidio,
relacionados con la averiguación 12/DAP/076/2006.
Agrega que Miguel, Jaime y Gabriel Barreto Santana, Martín
y Octaviano Santana Barreto, Marcos Santana
Orozco, Porfirio Guerrero Santana, Filiberto
Rodríguez Miranda, Abundio Barreto Miranda y
Gerónimo Calzadilla
Santana quedaron a disposición del mismo juez
por el delito de despojo agravado.
La dependencia informó que los agraviados son el gobierno del
estado y los ciudadanos Rafael Francisco Lagos
Martínez, Teresita Inoriza Pomar y María Teresa, Rafael y Francisco Lagos Inoriza.
El texto no precisa qué papel juegan en este conflicto estas
cinco personas, pero de Lagos Martínez se recuerda
que era funcionario del gobierno del estado
en 1980, cuando se llevó a cabo la expropiación
de las 433 hectáreas del ejido Cantera de Villagrán
para integrarlas al parque industrial de Tepeji
del Río. Por la tipificación del delito (robo
agravado) se infiere que ellos son poseedores
de predios del parque industrial.
Respecto a Mario Vélez, asesor del movimiento de los campesinos
que reclaman el pago de indemnización y los
intereses generados por el retraso del mismo,
el secretario de Seguridad Pública de la entidad,
Marcos Souberville González, consideró: "este señor, que no
es de Hidalgo, se dedica a andar provocando
estos movimientos. Es de esas personas que viven
y creen que pueden desarrollarse gracias a la
violencia".
JALISCO
Abandonan defensa de Cihuatlán. (El Informador, p.web).
Guadalajara.- A pesar de que la primera sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía
programado discutir, y posiblemente emitir una
resolución a la controversia de límites entre
Cihuatlán, Jalisco,
y Manzanillo, Colima, ningún alto funcionario
del Gobierno estatal asistió, con todo y que
una resolución negativa implicaría perder casi
mil 800 hectáreas de territorio jalisciense
o alrededor de siete kilómetros de zona costera.
Martín Ortíz Quintero, presidente
municipal de Cihuatlán,
y un regidor, fueron los únicos presentes en
la Ciudad de México, para conocer el resultado.
Nadie más se preocupó.
La mañana de ayer, el Ayuntamiento interpuso ante la Corte
una recusación contra los ministros Olga Sánchez
Cordero y José Ramón Cossío Díaz, por presunto tráfico de influencias y por haber
externado opinión sobre el sentido de la sentencia
antes de emitir fallo. El recurso bastó para
que Jalisco siga ejerciendo actos de Gobierno
en el Ejido “El Rebalse”, y para que el caso
pase al Pleno de la Corte.
Al término de la sesión, Martín Ortiz indicó que este resolutivo
es satisfactorio, “porque era el objetivo del
Ayuntamiento (...), nos vamos contentos, satisfechos
y nos da la oportunidad de que verdaderamente
se haga el peritaje en tiempo y forma, como
la misma Suprema Corte lo había dictaminado”.
Sobre la falta de apoyo del Gobierno de Jalisco,
dijo: “Como pueblo, quisiéramos que esto fuera
un parteaguas, para
que el Gobierno se interese. Que no se le olvide
que el territorio municipal es parte del territorio
estatal. Ojalá que nos apoyen”.
MICHOACÁN
La Meseta, un polvorín: tala clandestina, sobrexplotación y conflictos por la tierra. (La Jornada de Michoacán, Ernesto Martínez, p.web).
Aunado a esos problemas, la pobreza
es otro de los signos en casi toda la región.
El gobierno y seis comunidades
acuerdan establecer retenes permanentes de vigilancia.
El enfrentamiento entre presuntos
talamontes de Capacuaro
y elementos del Grupo de Operaciones Especiales
(GOE), que dejó como saldo un policía muerto
entre los bosques de Paracho,
pone en claro que la Meseta Purépecha
en su conjunto es un "foco rojo",
porque además del robo de madera y la sobreexplotación
de sus recursos forestales existen más de
40 conflictos por la tenencia de la tierra,
que aún no han sido resueltos.
Hay comunidades tan confrontadas
que no aceptan ninguna negociación con sus vecinos,
sin contar que la pobreza se encuentra presente
en toda la región. Quien conozca la forma de
ser y cultura de estos pueblos indígenas, sabe
perfectamente que la situación es compleja porque
muchas comunidades no admiten ninguna intromisión,
aunque sea con fines conciliatorios.
El gobierno del estado, en coordinación
con las autoridades de Cheran
Atzícurin, Ahuiran, Zopoco, Tanaquillo, Urén y Acachuén, acordaron mantener
vigilancia permanente en la región de la Cañada
de los Once Pueblos, así como en las zonas boscosas
de Cherán y Paracho.
Las comunidades responsabilizan
a comuneros de Capacuaro,
San Lorenzo, Santa Cruz Tanaco y Huécato, del robo de madera.
No obstante, el dirigente de Nación Purépecha,
Abundio Marcos Prado afirmó que es injusto que
se involucre a toda una comunidad, cuando son
sólo algunos grupos los que se dedican a la
tala ilegal.
Continúan los operativos en esa
región purépecha,
donde más de 100 elementos del GOE buscan a
los responsables de la muerte del policía, ocurrida
el pasado martes durante una emboscada, informó
la Dirección de Seguridad Pública.
Asimismo, los dos menores detenidos
fueron liberados porque se demostró que ellos
no habían utilizado ningún arma de fuego, el
día de la balacera. Antonio Navarro Serafín,
de 17 años y Pablo Calderón de 14 quedaron en
libertad, aunque cabe señalar que éste último
al ser detenido presentaba una herida de bala
en el pecho, pero ya está fuera de peligro.
La Cañada
A principios de 2002, en la región
de la Cañada de los Once Pueblos, integrada
por las comunidades de Tacuro, Ichán, Carapan, Huáncito, Zopoco, y Huécato, así como la cabecera
municipal de Chilchota,
talamontes de Huécato
se enfrentaron a militares. El saldo fue de
dos soldados y dos civiles muertos.
En los primeros cuatro meses de
2004 se registraron tres enfrentamientos entre
policías y talamontes,
además de agresiones físicas entre comunidades,
y retención de autoridades y vehículos oficiales.
Chilchota ha sido
la más afectada, porque entre bandas organizadas
y comuneros que no cuentan con bosques, han
arrasado casi con todo el pino, señaló el ex
síndico municipal, Conrado Baltasar Justo.
El entonces director de Seguridad
Pública, Carlos Alberto Macedo
Prado, dijo que no tenía caso acercarse al cerro,
porque las bandas de talamontes
están fuertemente armadas. "Lo más frecuente
es que unos 10 sujetos vigilan, mientras otros
tres o cuatro derriban los árboles".
Las autoridades de Chilchota han señalado que los conflictos por la tenencia
de la tierra han propiciado la tala ilegal,
y de alguna forma la impunidad.
El corazón de
la Meseta
Cherán, Charapan, Paracho, Nahuatzen, Zacán y parte de Uruapan
son la otra región purépecha,
donde también existe el problema de la tala
clandestina.
En este momento la situación más
delicada se encuentra en Cherán
Atzícurin, municipio
de Paracho, donde
a partir del 4 de marzo pasado las mujeres iniciaron
una serie de acciones para exigir al gobierno
del estado el freno de la tala ilegal.
Según el subsecretario de Gobernación,
Pavel Hernández, dijo que en la Meseta hay 2
mil 500 talleres clandestinos que se abastecen
de madera ilegal. Los comuneros utilizan la
madera para fabricar empaques, algunas partes
de muebles, sillas y artesanías.
"La situación es delicada
y si no se frena la tala clandestina, en cinco
años prácticamente las comunidades se quedarán
sin recursos forestales, de hecho son varias
comunidades que utilizan la madera como materia
prima, entre las que destacan Capacuaro, y ya no tienen bosques.
La Meseta Purépecha
requiere urgentemente de un programa especial
para frenar la sobreexplotación de los recursos
forestales, antes de que surja una crisis en
la región, que se ha caracterizado por el desorden
y la anarquía, señalaron funcionarios estatales
y federales del sector forestal, al evaluar
los programas desarrollados en 2005.
El gerente regional de la Comisión
Nacional Forestal, Salvador Moreno García, indicó
que en la Meseta el bosque es la única fuente
de vida, de ahí que se requieren proyectos con
inversión productiva a largo plazo y mayores
recursos para el sector ambiental, es decir
se necesita una atención especial.
Según estudios de la Comisión Forestal
de Michoacán (Cofom),
la Meseta se caracteriza sobre todo en las regiones
de Tangancícuaro,
Chilchota y Zacapu,
por el sobre aprovechamiento en predios con
autorización, donde utilizan documentos falsos
o alterados. También existe robo de arbolado
en predios sin autorización de aprovechamiento,
en municipios como Charapan,
Cherán, Paracho Nahuatzen, Tingambato, Uruapan,
Ziracuaretiro y Nuevo Urecho.
La madera se lleva a talleres de
las comunidades, donde se transforma en productos
no regulados como cajas de empaque, artesanías,
tarimas y muebles. Hay industrias, aserraderos
y talleres artesanales que operan sin estar
inscritos en el Registro Nacional Forestal,
están instalados cerca de las comunidades, donde
no hay acceso de las autoridades.
Francisco Contreras Luna, delegado
de Profepa sostuvo
que "no se puede frenar de tajo la sobreexplotación
de los bosques, es como pretender detener una
máquina en plena marcha, se tiene que dar poco
a poco. El gobierno debe combatir esta situación
pero también generar opciones productivas".
El problema de la degradación de
los bosques no podrá frenarse en tanto el gobierno
de Michoacán no lleve a cabo el ordenamiento
territorial, afirmó el delegado de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ramón
Ponce Contreras, después de mencionar que los
2 mil 850 permisos de explotación forestal que
se otorga a los dueños del bosque, representan
300 mil hectáreas bajo control, pero existen
un millón 200 mil hectáreas que carecen de ordenamiento.
Entre 1990 y 2000 se perdieron
total o parcialmente 52 mil hectáreas por año,
y se reforestaron sólo 15 mil, es decir fueron
afectadas más de 500 mil hectáreas y reforestadas
150 mil, según la Cofom.
NAYARIT
Gobierno atado de manos en el problema de La Peñita. (Meridiano de Nayarit, p.web).
** Tras la situación
legal que se dio después de interponer un amparo,
las autoridades estatales quedan impedidas para
mediar, informó Lucas Vallarta.
** El coordinador
de Fortalecimiento Municipal, señaló que los
grupos de ejidatarios no ceden por los fuertes
intereses económicos que manejan.
Tepic.- El Gobierno Estatal quedó impedido
para interceder como mediador en el conflicto
que ejidatarios de la Peñita, municipio de Compostela,
plantearon a las autoridades después de realizar
de un plantón en la semana pasada, esto debido
a que la disputa de tierras lo protege un amparo
ante los juzgados de distrito.
De esta manera el coordinador de Fortalecimiento
Municipal, Lucas Vallarta Robles, fijó la postura
de la autoridad estatal en el problema interno
que dos grupos de ejidatarios sostienen en la
población costera de La Peñita, los cuales se
disputan el control de la autoridad ejidal.
El coordinador de Fortalecimiento Municipal,
señaló que el amparo interpuesto en los tribunales
agrarios "impiden cualquier acción que
se pueda hacer para llevar adelante la convocatoria
para una nueva elección".
El problema reviste en que dos grupos
de ejidatarios se dicen ganadores del Comisariado
Ejidal, sin que ninguno tenga la menor intención
de declinar su postura porque en ese ejido se
manejan fuertes intereses de tipo económico.
Sin embargo, "con la disposición
que tiene el gobernador, Ney
González, siempre estamos atentos a dialogar
a concertar para tratar de llegar a un acuerdo,
el cual se torna difícil por los intereses económicos
que hay".
Vallarta Robles, expresa que ambos grupos se adjudican los derechos en la representación ejidal, pero que eso tendrán que definirlo las autoridades agrarias de lo que resulte el procedimiento legal.
Asimismo, dijo que el gobierno del
estado, no actuará en forma represiva para con
aquellas personas que por derecho deseen manifestarse
frente a Palacio de Gobierno.
Esto, porque la semana pasada, los
ejidatarios de La Penita fueron rodeados por
elementos de la PJE, ante lo cual explicó que
solamente se les pidió que dejarán libre el
acceso de la avenida México para no lesionar
los derechos de cientos de nayaritas
que transitan por una de las arterias viales
más importantes de Tepic.
"La respuesta no puede ser otra
más que de respeto al amparo, no puede ser ninguna
otra la que de el gobernador, pero en fin estaremos
dialogando con ellos para que en Nayarit siga privando la tranquilidad".
En forma definitiva dijo que los ejidatarios
no encontrarán una solución de la instancia
institucional, pero si de atenderlos para que
sientan que está atento a sus problemas, pero
que en este caso: "no los puede resolver
porque hay una autoridad federal que lo está
impidiendo".
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