CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
14 DE MARZO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Avala edil del PRD
a Nacif
Impulsa proyecto de Kamel. Gana el empresario 131 millones de pesos gracias a
López Rosas, ex Alcalde de Acapulco.
Slim: gane quien gane
no caerá la inversión
Pide respetar voto y democracia; “el
pueblo sabrá a quién elige”. Lo importante es
sentar las bases de un futuro cierto, señala
Ealy Ortiz.
Revés a Hacienda
en el Código Fiscal
No discrecionalidad ni “independencia”
de contadores aprobarán los diputados.
El país, con equilibrio
fiscal por decreto
La Ley Federal de Presupuesto ordena
mantener “déficit cero”. Sólo en casos excepcionales
es factible un saldo negativo: SHCP. Las elecciones
no causarán volatilidad: Charles Dallara (IFI).
IP de Puebla: juicio
político a Marín o paro
Presenta Cacho querella contra el góber; Nacif y otros. Empresarios; inadmisible, que haya vendido
la justicia a pederastas. Presenta la periodista
pruebas testimoniales y las grabaciones.
Respeto, si gana
la izquierda: Slim
Llamó el empresario a someterse a la
voluntar ciudadana. Habló en Guadalajara de
las alusiones de Salinas a AMLO.
GDF garantiza seguridad
en IV Foro Mundial del Agua
El jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Alejandro Encinas Rodríguez, garantizó la seguridad
de los asistentes al IV Foro Mundial del Agua
y llamó a la ciudadanía de la zona norte-poniente
de la ciudad a tomar precauciones debido a que
habrá restricciones a la circulación
Ya la hicimos, vamos
por la mayoría en el Congreso: AMLO
El PRD se proclama como segunda fuerza
pública en el Estado de México; desplaza a AN.
PRI 33.7% PAN 26% al cierre del programa de conteo rápido,
informa el IEEM.
Culpa Salazar a minera
Es la “primera responsable” de las 65 muertes, abrirán investigación externa.
Niega juez amparo definitivo a Napoleón. Amenaza
PGR con pedir a Interpol que lo detenga si no se presenta a declarar.
Alarma en el PAN
por la derrota en Edomex
Los resultados no obligan a redoblar
esfuerzos: César Jáuregui. Tenemos que poner
al trabajo político más intensidad, afirma.
Sector agrario
Abre la PGJ investigación contra 69 labriegos acusados
de invadir tierras. (La Jornada, Carlos Camacho,
p.web).
En 1980 les expropiaron 433 hectáreas; no les
pagaron.
Pachuca, Hgo., 13 de marzo. La situación
legal de las 69 personas detenidas el domingo
durante un desalojo policiaco en la comunidad de Cantera de Villagrán,
municipio de Tepeji
del Río, se resolverá en las próximas 48 horas,
informó la Procuraduría General de Justicia
estatal, que empezó la averiguación previa 12/DAP/076/2006
por el delito de invasión de las tierras.
Se trata de 66 campesinos que se encuentran en el área de retención
primaria de la policía ministerial, dos personas
más que fueron hospitalizadas debido a los golpes
sufridos durante el lanzamiento, así como un
niño de 12 años de edad, que fue enviado al
Consejo Tutelar para Menores.
El secretario de Gobierno, Francisco Olvera
Ruiz, justificó la incursión de unos 800 uniformados
para sacar violentamente a los campesinos que
ayer por la mañana iniciaron labores de agricultura
en un predio de 433 hectáreas que se encuentra
en litigio desde 1980, cuando les fue expropiado.
Según autoridades estatales, el 22 de abril de 1980, al ejido
La Cantera (Cantera de Villagrán)
se le expropió una superficie de 77 hectáreas
para la creación de la zona industrial de Tepeji
del Río.
El gobierno del estado fijó un monto de indemnización de 816
mil 865 pesos y de 121 mil 791 pesos por bienes
distintos a la tierra, depositados en el Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe)
el 18 de marzo de ese año.
Mediante un segundo decreto, el gobierno expropió seis meses
después 433 hectáreas al mismo ejido y para
el mismo fin, por las cuales pagó 2 millones
939 mil pesos de indemnización el 5 de noviembre
de 1980, y por bienes distintos a la tierra,
un millón 305 mil pesos.
El conflicto agrario comenzó en 1992, cuando el nuevo presidente
del comisariado ejidal,
Candido Barreto, acudió
al Fifonafe para preguntar por los supuestos
pagos de indemnizaciones que la asamblea sostenía
no haber recibido. El Fifonafe reportó el pago
de 2 mil 900 pesos, lo que indignó a los ejidatarios
y los llevó a promover un juicio ante la autoridad
agraria.
El Fifonafe informó sobre un depósito o "pago duplicado"
realizado por el gobierno estatal el 4 de agosto
de 1992 por 2 millones 939 mil pesos por concepto
de indemnización por 433 hectáreas.
Años después, el ejido promovió un nuevo juicio en el Tribunal
Unitario Agrario (TUA) del distrito 14,
demandado la compensación, pero la autoridad
agraria declaró improcedente dicho pago el 3
de marzo de 2003, en el expediente 788/00-14.
Inconformes con el fallo, los representantes ejidales promovieron
juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado
de Circuito, que les concedió la suspensión
provisional y dictó que en su lugar el TUA emitiera
otra resolución en la que se analizara con libertad
de jurisdicción el planteamiento efectuado por
el ejido.
El GDF pagará por el Paraje San Juan sin saber
a quién. (La Jornada, p.web)
El Gobierno del Distrito Federal pagará los 60 millones de
pesos por el Paraje San Juan que determinó la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero
el problema ahora es a quién se entregará, pues
continúa el litigio entre particulares y la
Secretaría de la Reforma Agraria, que
declaró que eran terrenos nacionales. En caso
de acreditarse que son propiedad de la nación,
no tendría que entregarse ese dinero a un particular,
pero de acreditarse lo contrario, se daría el
dinero a un juez. Mencionó que además de la
familia Arcipreste, ha habido otros particulares
que han reclamado la posesión de ese predio,
por lo cual, seguramente, "será un litigio
que llevará un mayor tiempo del que esperamos
para su resolución", indicó.
Es de la nación: SRA. (Milenio Diario, p.web)
El Paraje San Juan no es propiedad de particulares, asegura
la dependencia.
Reforma Agraria dijo que Arcipreste Nouvel
jamás terminó de concretar la compra. Alejandro
Encinas aceptó la sentencia de la Corte y está
dispuesto a pagar.
En los expedientes de la Secretaría de la Reforma Agraria
existe un oficio, el 460377, en el que, en 1966,
se ordenó la realización de trabajos de deslinde
del predio.
Alberto Pérez Gasca, director general
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Reforma Agraria, aseguró que el Paraje San Juan
“no ha salido del dominio de la Nación por expedición
legal de un título”.
En su edición de ayer, MILENIO dio a conocer un oficio
expedido por la propia SRA, en el que, el 21
de septiembre de 1965, se establecía que “dicho
predio no es nacional, ejidal o comunal, sino
particular”, el cual fue expedido por Efraín
Castañeda Alderete,
entonces director de Terrenos Nacionales. No
obstante, la propia Reforma Agraria señaló,
en una misiva enviada ayer a este diario, que
“este documento no tiene carácter de un título
por el que se haya enajenado de manera formal
el predio a particulares”.
Pérez Gasca explicó que en los expedientes
de la propia SRA existe un oficio, el 460377,
en el que, en 1966, ordenó la realización de
trabajos de deslinde del predio en cuestión,
concluyéndose que, efectivamente, el Paraje
San Juan sí es propiedad nacional. “Tan es así, que el propio Arturo Arcipreste
Nouvel (padre de Arcipreste del Abrego),
solicitó la compra de una fracción del predio,
de aproximadamente 80 hectáreas, trámite que
concluyó con acuerdo de archivo emitido el 30
de septiembre de 1997, ya que el interesado
no actualizó su solicitud de enajenación en
términos de lo previsto por la ley”, dijo.
De esta forma, aunque el gobierno capitalino fue condenado
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a pagar, antes del 23 de marzo, 60 millones
de pesos a Enrique Arcipreste del Abrego,
la posibilidad de recuperar ese dinero queda
abierta. Finalmente, el funcionario de la SRA
afirmó categórico que “no existe título legalmente
expedido y ello sólo implica que el predio no
ha salido del dominio de la Nación”. Por otra
parte, en su habitual conferencia de prensa
de las mañanas, el jefe del gobierno del Distrito
Federal, Alejandro Encinas, aceptó que la sentencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre este caso, en la que le obliga a pagar
los 60 millones de pesos a Enrique Arcipreste
es “irreversible y definitiva”. No obstante,
aunque el fallo de la Corte es claro sobre quién
debe ser el beneficiario de este pago, el titular
del GDF dijo que “el problema ahora será a quién
pagarle”, pues existen varias personas que aseguran
que el Paraje San Juan es de su propiedad, mientras
que la propia Secretaría de la Reforma Agraria
asegura que es un bien nacional. De esta forma,
Encinas Rodríguez mencionó que, en caso de que
la propia Reforma Agraria acredite que el Paraje
San Juan son terrenos nacionales, no habría
porqué pagar a un particular, “pero en caso
de que alguien pudiera acreditar la propiedad,
pues tendríamos que hacer el pago directamente
a ese particular”.
- Claves
La historia
• Durante el juicio, la consejera jurídica del gobierno capitalino
había aceptado, sin miramiento alguno, pagar
a Arcipreste mil 810 millones de pesos por el
predio, pero Andrés Manuel López Obrador rechazó
este acuerdo e inició la defensa legal del presupuesto
del Distrito Federal.
• Durante varios meses, Enrique Arcipreste del Abrego permaneció encarcelado en el Reclusorio Norte, acusado
del delito de fraude procesal; no obstante,
un tribunal ordenó la inmediata libertad del
detenido, pues para estructurar su acusación
el GDF tardó casi cuatro años.
Denuncian irregularidades en la entrega de apoyos
en Chiapas. (La Jornada, p.web).
Más de 450 organizaciones anuncian protesta
pacífica.
Aproximadamente 40 organizaciones de campesinos, ejidatarios
y obreros de Chiapas denunciaron que en la puesta
en marcha de los programas federales Procampo,
Procede y Procecom, las autoridades encargadas de distribuir los recursos
incurren en actos ilegales, engaños y condicionamiento
de obras, servicios y otras asistencias gubernamentales,
así como en la comisión de una serie de irregularidades.
Ante la serie de irregularidades que reportan, las organizaciones
agrícolas y rurales contemplan desarrollar un
plan de acción de información, denuncia y protesta
pacífica en contra de estos programas de apoyo
del gobierno federal.
Los asistentes al primer encuentro estatal contra el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede) y el de Certificación
en Comunidades (Procecom)
ofrecieron los resultados de la encuesta aplicada
en ejidos y bienes comunales de Chiapas.
El cuestionario, aplicado en 28 ejidos, cinco bienes comunales
y a nuevos centros de población, destaca que
en 18 comunidades donde las autoridades agrarias
ya habían acudido a promover el Procede, a 44
por ciento de los habitantes no se les había
notificado que se trataba de un programa voluntario;
a 77.7 por ciento no se les había explicado
que ambos programas pueden aplicarse en seis
formas distintas, y a 83.3 por ciento les dijeron
que sólo al aceptar el programa les darían apoyos,
proyectos productivos y manteriales
de construcción de obra pública.
Destaca el informe, entre otras particularidades, que las actitudes
de los visitadores agrarios en su mayoría eran
poco claras para ofrecer información, y en la
mayoría de los casos se amenazaba a las comunidades
con marginarlas del Procampo
si no se incribian al Procede y al Procecom.
Ante las anomalías detectadas, las organizaciones y ejidos
y bienes comunales denunciaron que el gobierno
federal da a sus programas agrarios enfoques
de engaños, mentiras, amenazas y condicionamiento.
Además, que se aplican con base en políticas violatorias de
leyes vigentes en materias agraria y civil,
a la Constitución y a tratados internacionales
en cuestión de derechos humanos.
El agua y los pueblos indígenas. (La Jornada, Magdalena Gómez, p.web)
El cuarto Foro Mundial del Agua no incluye en su agenda de
manera explícita el tema central del derecho
al agua, cuya revisión crítica se impone más
allá de los acertados diagnósticos y prospectivas
sobre la situación que guarda este recurso fundamental.
Si bien se cuenta con la observación del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas (No. 15, 2002), el cual "reconoce
el derecho humano al agua y establece las obligaciones
que tienen los estados para garantizar su cumplimiento",
dicha observación no tiene efecto vinculatorio
alguno y en la práctica se imponen las normas
nacionales, cuyas sucesivas reformas pavimentan
el camino de la privatización sobre los restos
de lo que alguna vez fuera, como en el caso
mexicano, "propiedad originaria de la nación".
En el caso de los pueblos indígenas cada día encontramos nuevos
elementos para mostrar cómo la contrarreforma
indígena de 2001 entraña una propuesta para
cerrar el paso a la reconstitución de estos
pueblos. Hace cinco años destacábamos la inoperancia
del derecho al uso y disfrute de recursos naturales
por la supresión del concepto de territorio
y porque se antepone su ejercicio a que se haga
"con respeto a las modalidades de propiedad
y tenencia de la tierra establecidas en esta
Constitución y a las leyes de la materia, así
como a los derechos adquiridos por terceros
o por integrantes de la comunidad". Veíamos
cómo el supuesto nuevo derecho constitucional
para los pueblos indígenas nacía supeditado
a las leyes, cuestión contraria al principio
de "jerarquía de normas". Hoy vemos
el sentido de otro cambio de última hora que
se realizó en el Senado después de aprobado
el dictamen, pues la iniciativa Cocopa
decía "salvo aquellos cuyo dominio directo
corresponde a la nación" y se modificó
por "salvo aquellos que corresponden a
las áreas estratégicas, en términos de esta
Constitución". En el primer caso se refería
a recursos exclusivos, como el petróleo, y con
la inclusión de estratégicos se amplió la limitación;
es decir, el agua, por ejemplo, dado que es
un recurso estratégico, no queda incluido
ni siquiera como uso y disfrute, con lo que
las llamadas concesiones serían otorgadas de
facto sin mayores trámites. En lugar de
ello, los pueblos enfrentan las concesiones
a agentes externos, el registro forzoso de sus
manantiales y el consiguiente pago de derechos.
Como parte del mismo proceso, en 2004 el Congreso de la Unión
por sospechosa unanimidad aprobó la nueva Ley
de Aguas Nacionales, que "refrenda y legaliza
la privatización de los servicios municipales
de agua; autoriza privatizar toda la infraestructura
hidráulica de propiedad federal" y "regulariza"
la venta de derechos de extracción del agua.
Un ejido, una unidad de riego, de cualquier
tamaño, operan mediante concesiones que establece
el 27 constitucional para extraer anualmente
cierto volumen de agua. Esos eran derechos intransferibles.
Si alguien pretendía transferirlos los perdía
porque eran propiedad de la nación. Ya no lo
son: la reforma salinista
de 1992 al artículo 27 constitucional abrió
la concesión a particulares y extranjeros "para
el uso o aprovechamiento de estos recursos"
(Félix Hernández Gamundi, Ojarasca, núm. 106 ). Ante este panorama, ¿cuáles son los espacios jurídicos
para los pueblos indígenas tratándose del agua
y en especial de aquella que aún se encuentra
en sus tierras ejidales o comunales?
Siempre acompañados de la organización y la resistencia, habrá
que insistir en la aplicación del convenio 169
de la OIT, que refiere a territorios y sólo
excluye en el caso de los recursos naturales
a aquellos que sean de dominio exclusivo de
la nación, y aun en ese caso establece medidas
como es la consulta previa antes de que el Estado
intervenga en sus territorios. Y esta reivindicación
se puede canalizar no únicamente por la vía
de la reclamación ante la OIT, sino que de inmediato,
ante la amenaza de aplicación de alguna de las
leyes privatizadoras, por ejemplo la de aguas,
se promoverá un amparo porque dicha ley vulnera
un convenio internacional que, según la propia
Suprema Corte de Justicia, está por encima de
la legislación secundaria.
Por otra parte, habría que recordar que el artículo 27, párrafo
primero, divide el dominio de las aguas en dos:
el de la nación, que es originario, y el de
los particulares, que es derivado, y en el párrafo
quinto enumera las aguas que son propiedad de
la nación y determina que las no comprendidas
en esa enumeración son parte de la propiedad
de los terrenos por los que corran o en los
que se encuentren sus depósitos.
Es vital recolocar el estado de derecho como el referente para
la regulación de los conflictos, todo ello en
el marco de las acciones sociales que, más allá
del terreno oficial del cuarto Foro Mundial
del Agua, habrán de destejer la maraña legislativa
privatizadora y su red de complicidades con
organismos internacionales y empresas trasnacionales.
La tierra no se vende. (Indymedia Chiapas, p.web).
No al PROCEDE.
Lunes 13 de Marzo,06.
En mayo tendrá lugar el II encuentro Nacional en contra del
Procede. Será en Zirahuén,
Michoacán. Antes, tuvo lugar el I Encuentro
Estatal en Chiapas. Procedentes de Comitán,
Tila, SCLC, Yajalón, Palenque, Sabanilla, Nicolás Ruíz, Chalchihuitán, Altamirano, Sitalá,
Ocosingo, Zona de los Altos o
Oaxaca, más de 600 campesinas y campesinos e
indígenas, choles,
tseltales, tsotsiles, zoques y chinantecos, se reunieron en el ejido Petalcingo,
mpio de Tila. El 22
de abril se volverán a reunir en Ocosingo, tras
consultar con sus bases las propuestas surgidas
en Petalcingo, para concretar actividades y acciones contra el
Procede.
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Ejido Petalcingo, Municipio de Tila,
Chiapas, México, a 12 de Marzo de 2006.
A LOS EJIDOS Y BIENES COMUNALES DE CHIAPAS Y TODO MÉXICO.
A LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS.
AL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS.
AL RELATOR PARA PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CIDH.
AL RELATOR ESPECIAL PARA MUJERES DE LA CIDH.
AL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
Los pasados días 10, 11 y 12 de marzo, las 35 organizaciones
y 6 Ejidos y Bienes Comunales abajo firmantes,
participamos en el Primer Encuentro Estatal
contra el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos así
como contra del Programa de Certificación de
Derechos Comunales (en adelante el programa
o PROCEDE/PROCECOM, respectivamente).
Dicho evento se inscribió dentro de los trabajos y actividades
previos al Segundo Encuentro Nacional Contra
PROCEDE y PROCECOM, que se realizará del 12
al 14 de mayo próximo en Zirahuén,
Michoacán.
En este Primer Encuentro Estatal, en que participaron 600 campesinos
y campesinas e indígenas de los Pueblos Cho´l,
Tzeltal, Tsotsil,
Zoque, y Chinanteco de todo Chiapas, así como Mixe
y Zapoteco de Oaxaca,
analizamos las formas en que el Estado Mexicano
a través de sus dependencias agrarias, está
instrumentando el PROCEDE y PROCECOM, encontrando
que en la gran mayoría de los casos lo hicieron
incurriendo en actos ilegales, con engaños,
condicionando obras, servicios y otros programas
gubernamentales, así como cometiendo una serie
de irregularidades que se detallan en el siguiente
diagnóstico, que se realizó a través de encuestas
en ejidos y bienes comunales de todo el estado
de Chiapas:
Los resultados que se muestran a continuación corresponden
a 35 encuestas aplicadas a 28 Ejidos (80%),
a 5 Bienes Comunales (14.3%), a un Nuevo Centro
de Población (3.8%), y uno más a Copropiedad
( 2.9%); pertenecientes a los municipios de
Ocosingo con 11, Palenque 5, Tumbalá 3, Benemérito de las Américas
2, Marqués de Comillas 4, San Cristóbal de Las
Casas 2, Tila con 2, Chenalho 2, Chalchihuitan 1, Chilón 1, Altamirano 1 y Salto de Agua 1; correspondientes
a los Pueblos indígenas Cho’l
con un 38%, Tseltal con 36%, Zoque con 12%, Tsotsil
con 2% y Chinanteco
con el 2%. El total de la población representada
por este análisis es de 41,523 habitantes, con
un total de 69,541 hectáreas en posesión.
En 18 Comunidades, ya se ha ido a promover PROCEDE/PROCECOM:
 De 18 comunidades en donde ya se promovió el PROCEDE,
a 8 (44.4% ) no les
informaron que se trataba de un programa voluntario.
 A 14 (77.7%) no les dijeron que PROCEDE/PROCECOM
puede aplicarse para 6 formas distintas ni se
las explicaron.
 A 14 ( 77,7%) no les
dijeron que pueden aceptarse las 6 formas, sólo
algunas o ninguna de ellas.
 En 14 casos (77.7%) no les explicaron que aunque
no entren al PROCEDE, de todos modos seguirán
teniendo validez los documentos de la carpeta
básica.
 Al darles la información sobre el programa, a
17 comunidades (94.4%) les dijeron que si lo
aceptaban les darían fácilmente crédito en los
bancos.
 En 15 casos (83.3%) les dijeron que sólo con PROCEDE/PROCECOM
iban a poder acreditar que son ejidatarios o
comuneros; y que todos los documentos de la
Carpeta Básica quedaban sin valor jurídico.
 A 15 comunidades (83,3%) les dijeron que sólo
al aceptar el programa les darían apoyos, proyectos
productivos y construcción de obras públicas.
 A 14 (77,7%) les dijeron que el programa es la
única forma de dejar claras las colindancias
entre parcelas, solares y entre comunidades
vecinas.
 En 15 casos (88.2%) no se les informó a las mujeres
sobre PROCEDE/ PROCECOM.
 En la promoción del programa, en 7 casos (38.9%)
el visitador agrario llegó solo; en 2 casos
(11,11%) lo llevó alguien ajeno a la comunidad;
en 4 casos (22.22%) lo llevo alguien de la misma
comunidad pero a nivel personal (mayoritariamente
el Presidente del Comisariado); y sólo en 5 casos (27.7%) fue convocado legalmente
por la Asamblea.
 La forma o actitud con que llegó el visitador
agrario fue, en 10 casos (55.5%) engañando,
en 4 (22.2%) Respetuoso pero también engañando,
en 2 (11.11%) agresivo, prepotente y engañando,
en 1 (5.55%) intimidando y amenazando, y solamente
en 1 caso (5.55%) se comportó respetuosamente.
 En 7 comunidades (46.7%) quienes llegaron a promover
el programa no hicieron la traducción al idioma
indígena correspondiente.
 En 17 comunidades (94.4%) les dijeron que si no
entraban al programa, dejarían de recibir el
subsidio gubernamental denominado Procampo.
 En 9 de los casos (50%) les dijeron que si no
entraban al programa, las mujeres dejarían de
recibir el programa asistencial llamado Oportunidades.
 En 16 de los casos (88.8%) les dijeron que si
no entraban al programa dejarían de recibir
apoyos del gobierno.
 A 13 comunidades (72.2%) les dijeron que si no
entraban en ese momento al PROCEDE, después
será obligatorio hacerlo y les costará mucho
dinero.
En 13 Comunidades ya se iniciaron trámites para entrar a PROCEDE:
 De las 13 comunidades que ya iniciaron trámites
para entrar al PROCEDE, en 4 (30.8%) no se respetó
el padrón Básico actual de Ejidatarios o Comuneros.
 En 7 casos (53.8%) no se hizo convocatoria escrita
para la Asamblea de decisión para aceptar o
no el PROCEDE.
 En la votación para decidir si aceptar o no el
programa, en 8 comunidades (72.7%) no estuvo
presente el fedatario público requerido legalmente.
 En 8 comunidades (72.7%), quienes impulsan la
aceptación del programa son militantes del partido
político PRI.
 En 5 comunidades (38.5%) se pidieron de casa en
casa las firmas para la aceptación del programa,
y no dentro de la Asamblea como lo exige la
ley.
 10 comunidades (76.9%) reportan haber sido amenazados
para entrar al PROCEDE.
 En 10 casos (76.9%) el PROCEDE ha provocado divisiones
y conflictos internos.
En 10 Comunidades ya aceptaron entrar al PROCEDE/PROCECOM:
 En 3 comunidades (30%) la cantidad de votos para
aceptar el programa fue menor a las 2/3 partes
del total de los ejidatarios o comuneros que
exige la ley, y en otros 2 casos (20%) el programa
se aprobó indebidamente fuera de la Asamblea.
 En 5 de las comunidades (50%) ya se han vendido
tierras después de haber entrado al programa.
 En 8 comunidades (80%) hubo inconformidad por
el Programa y por la forma en que han tratado
de implementarlo.
 En 5 comunidades (50%) no se han respetado sus
derechos y tierras a quienes no quisieron entrar
al Programa.
 En 3 casos (30%) ha habido acaparamiento de tierras
después del PROCEDE.
Por todo lo antes expuesto, las Organizaciones, Ejidos y Bienes
Comunales firmantes hacemos el siguiente PRONUNCIAMIENTO:
1. Que las instancias encargadas de instrumentar el PROCEDE/PROCECOM,
lo hacen enfocadas generalmente en engañar,
mentir, amenazar y condicionar a Ejidatarios
y Comuneros para obligarlos a aceptar estos
programas, que son legalmente voluntarios.
2. Que lo anterior denota la existencia de una política de
Estado violatoria de Leyes vigentes tales como
la Agraria, el Código Civil, el Derecho Consuetudinario
Indígena, la propia Constitución Política Mexicana
y una serie de Tratados Internacionales en materia
de Derechos Humanos suscritos por el mismo Estado
Mexicano.
3. Que en esta estrategia de imposición ilegal se encuentran
coludidos los tres
niveles de gobierno, federal, estatal y municipal,
a través de sus distintas instancias como la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
y Pesca (SAGARPA), Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), Registro Agrario Nacional (RAN),
Procuraduría Agraria (P.A.), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), Delegaciones Regionales del
Gobierno Estatal (SG), Presidencias y Agencias
Municipales y otras. Así mismo lo hacen los
partidos políticos. Cabe mencionar que en muchos
casos estas autoridades presionan, corrompen
y amenazan a los órganos de representación ejidal
y comunal, tales como Comisariados
y Consejos de Vigilancia.
4. Que la reforma de 1992 al Artículo 27 de la Constitución
Federal, por la cual se permite la legalización
del latifundio, concluye el reparto agrario
y se eliminan las garantías de inalienabilidad,
inembargabilidad, instransferibilidad
e imprescriptibilidad de los Bienes Ejidales
y Comunales que garantizaban el patrimonio de
las familias campesinas, indígenas y no indígenas,
dejando así sus tierras a disposición del mercado,
son del todo contrarias a diversos tratados
internacionales suscritos por el Estado Mexicano,
especialmente el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo así como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia
que el Sistema Interamericano ha emitido a favor
de los Pueblos Indígenas; lo cual implica una
situación de regresividad
en los derechos humanos de nuestros pueblos.
5. Que PROCEDE y PROCECOM, además de poner en riesgo el patrimonio
y medio de subsistencia de las familias campesinas
indígenas y no indígenas, también constituye
un acto del Estado que afecta culturalmente
a las comunidades indígenas en particular, introduciendo
prácticas individualistas contrarias a las ancestrales
basadas en la tenencia colectiva de la tierra
y trabajo y convivencia comunitaria; provocando
desintegración familiar, comunitaria e intercomunitaria;
alterando de igual modo sus instituciones y
sistemas normativos tradicionales. PROCEDE y
PROCECOM afectan gravemente el acceso a los
recursos naturales que tradicionalmente han
sido de uso común (leña, bosque, agua, grava,
recursos minerales, etc.), convirtiéndolos ahora
en propiedad individual.
6. Que RECHAZAMOS PROCEDE y PROCECOM porque reproducen las
prácticas de exclusión a las mujeres, al no
ser tomadas en cuenta en las Asambleas ni con
su voz y mucho menos con su voto, negándoles
de hecho su derecho a la posesión de la tierra
y a decidir sobre su destino. De la misma forma,
la titulación individual a nombre de los varones,
deja a las mujeres totalmente desprotegidas,
pues los hombres pueden decidir unilateralmente
el destino de la tierra sin ningún mecanismo
comunitario que proteja el patrimonio familiar.
Por otro lado, el ingreso a estos programas
gubernamentales elimina la obligatoriedad ejidal
o comunal, que antes de las reformas constitucionales
se preveía, de otorgar una parcela productiva
para las mujeres (Unidad Agrícola Industrial
de la Mujer).
7. Que RECHAZAMOS rotundamente el PROCEDE y PROCECOM, por ser
contrarios a nuestros derechos y porque están
claramente enfocados en la privatización de
la propiedad ejidal y comunal, para favorecer
los intereses económicos del sector empresarial
nacional y extranjero, y despojarnos de nuestras
tierras y sus recursos para entregarlos al capital
trasnacional.
8. Que dichos programas gubernamentales, además de ser el punto
de partida para repetir el error histórico del
acaparamiento de tierras, representan el abrir
las puertas de nuestra soberanía a proyectos
transnacionales como el Plan Puebla Panamá,
el Área de Libre Comercio de las Américas y el Corredor Biológico Mesoamericano, entre otros.
9. DENUNCIAMOS, que durante la mañana del 10 de marzo, precisamente
el día de inicio de este Encuentro, se instaló
un retén militar en el acceso al Ejido Petalcingo,
siendo que jamás se habían colocado en ese punto,
en donde se dedicaron a intimidar y fotografiar
a los participantes que se dirigían al evento,
a quienes interrogaron acerca de su procedencia,
actividades, así como sobre su asistencia al
Encuentro Estatal. Aclaramos que una situación
exactamente igual sucedió en el 2º Encuentro
Nacional de Reservas efectuado del 18 al 20
de febrero de 2005 en la comunidad Nuevo Francisco
León, Ocosingo; con lo cual se pretende coartar
nuestro derecho constitucional a la reunión
y libre asociación. Consideramos que esto es
un acto de hostigamiento.
10. DENUNCIAMOS, que el día 11 por la mañana fue cortado el
suministro de energía eléctrica en el Ejido
Petalcingo, afectando
el desarrollo de nuestro Encuentro al imposibilitar
el uso de equipos de sonido y video; casualmente
al igual que sucedió durante el mismo evento
referido en el punto anterior.
11. DENUNCIAMOS igualmente, que al menos tres personas que
logramos identificar como miembros del ejército
federal destacamentados
en Tila, se infiltraron vestidos de civil en
nuestro Encuentro y estuvieron tomándonos fotografías
y video; motivo por el cual los expulsamos del
lugar. Esta situación, junto a las referidas
en los dos puntos anteriores, que suelen repetirse
en eventos similares de la Sociedad Civil, revelan
un cuadro sistemático de violación de derechos
por parte del Estado Mexicano.
12. Dado que en Oaxaca se repiten situaciones similares con
PROCEDE y PROCECOM, CONVOCAMOS a los diversos
pueblos indígenas y no indígenas, así como movimientos
sociales de Chiapas, Oaxaca y el resto del país
para unirnos frente a las distintas políticas
neoliberales que atentan contra nuestro patrimonio,
cultura, derechos, usos y costumbres.
13. Que por todo lo antes expuesto hemos acordado desarrollar
un Plan de Acción de información, denuncia y
protesta pacífica en contra del PROCEDE y PROCECOM,
que en su momento daremos a conocer y que incrementará
la intensidad de su exigencia en la medida que
el gobierno siga insistiendo en atropellar nuestros
legítimos derechos.
¡ LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE
DEFIENDE !
Movimiento de Resistencia Popular del Sureste de Petalcingo, Resistencia Civil de Benemérito de las Américas, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica
(PUDEE), Colectivo Tsoblej-UNACH,
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ),
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI),
Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-histórica),
Central Independiente de Obreros agrícolas y
Campesinos (CIOAC- Jitotol), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo (UCIZONI-Oaxaca), Sociedad Civil Las
Abejas, ARIC –Independiente y Democrática, AUPSEC
de San Andrés Tuxtla, Colectivo Feminista Casa
de Apoyo a la Mujer Ixim
Antsetik, Bats`il Yajval Lum de Palenque, Comité de Derechos Humanos de Napité Zona Indígena, Kichan Kichañob, Red de Defensores de Tila, Maderas del Pueblo del
Sureste, Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, Fundación León XIII-CDC
Chiapas, Movimiento de Resistencia Popular del
Sureste(MRPS), Comité de Derechos Humanos Fray
Pedro Lorenzo de La Nada, Frente Democrático
Regional de Obreros y Campesinos(FEDROC), Organización
Yomlej, Nuevo Amanecer
de Chilón, Centro
de Derechos Indígenas(CEDIAC), Movimiento Agrario
Indígena Zapatista(MAIZ),
Xi`nich, Antena Civil
de La Selva, Enlace Comunicación y Capacitación,
K’inal Antsetik, Foro
para el Desarrollo Sustentable en Chiapas, Red
de Comunicadores Boca de Polen, Melel Xojobal, Servicios y Asesorías
para la Paz (SERAPAZ), Bienes Comunales de Nicolás
Ruiz, Ejido Sitalá, Resistencia Civil del Ejido Aguacatenango,
Ejido Emiliano Zapata de Marques de Comillas,
Ejido Nueva Magdalena de Benemérito de las Américas,
Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova.
Demandan grupos atención del gobierno; sí se les
atiende, responde Juan José Sevilla. (Ecos de
la Costa, Mario Alberto Solís, p.web)
Colima.- Un centenar de personas adheridas a 10 organizaciones
civiles acudieron a las afueras de Palacio de
Gobierno con la finalidad de entrevistarse con
el gobernador Silverio Cavazos
Ceballos y exponerle
una serie de peticiones que, a decir de ellos
mismos, son compromisos incumplidos de la administración
estatal.
Y es que según los líderes de estas organizaciones, entre las
que se encuentran el Comité de Defensa Campesino
(Codeca), Acolsida,
Bios Iguana y el Movimiento
de Integración del Adulto en Plenitud, este
frente agrupa a unas 2 mil 500 personas con
diferente problemática.
Inicialmente, Alfredo Suástegui Rentería, presidente del Movimiento de Integración del Adulto
en Plenitud, señaló que se integró un frente
para hacer escuchar su voz ante el titular del
Ejecutivo estatal y sus más cercanos colaboradores,
“en virtud de que tenemos meses buscando una
audiencia y no somos recibidos”.
Dijo entender la apretada agenda de Silverio Cavazos, “pero a sus colaboradores y secretarios no, porque
sí tienen mucha disposición para atender a otros
grupos sociales, pero a los nuestros no les
hacen caso y nos tienen esperando el cumplimiento
de compromisos que incluso tienen años”.
Señaló que en su caso, están demandando el otorgamiento, en
comodato, de un terreno; “además, el gobernador
nos ofreció que se impartirían diversos cursos
para los adultos mayores e incluso la gestión
para un albergue que coadyuve en la situación
de compañeros sin hogar”.
Abundó que hay una importante cantidad de adultos mayores que
no accedieron al beneficio de la pensión estatal,
“pero lo más grave es que el consejo que regula
el otorgamiento de becas no está cumpliendo,
porque no hay programas de vivienda, ni en materia
de recreación y cultura”.
Enseguida, Suástegui Rentería negó que la movilización de ayer se tratara de un
plantón; “aquí está solamente una comisión representativa
que vino a pedir una fecha en la que podamos
reunirnos, porque no queremos hablar con sus
secretarios y subalternos, como quieren hacerlo”.
Por su parte, el presidente del Comité de Defensa Campesina
(Codeca), Mateo Rosales
Flores, enfatizó que ellos también están padeciendo
la desatención del gobierno estatal, “en este
sentido nosotros le vemos voluntad al gobernador,
pero no hay avances con sus secretarios”.
Detalló que la Codeca tiene un asunto
pendiente con la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) y el gobierno estatal, “porque
ellos se comprometieron a realizar una aportación
de un millón de pesos cada uno, para que alrededor
de 80 familias de campesinos pudieran adquirir
tierras en el municipio de Coquimatlán”.Puntualizó
que ese compromiso tiene al menos cuatro años
de establecido, “desde tiempos de Fernando Moreno
el gobierno estatal se comprometió a darnos
el apoyo, pero se ha pospuesto y queremos que
el actual gobernador nos ofrezca una solución
definitiva”.
Insistió en que ha pasado el tiempo y ni siquiera hay la disposición
para reunirse con el gobierno estatal y la Secretaría
de la Reforma Agraria, “por eso no podemos esperar
más, hay 80 familias campesinas que están en
posesión de la tierra y deben realizar los pagos
correspondientes”.
El gobierno del estado atiende las demandas.
Luego, en comunicado de prensa, el gobierno del Estado informó
que “a nombre del gobernador Silverio Cavazos
Ceballos, el secretario
general de Gobierno, Juan José Sevilla Solórzano,
acompañado de la directora general de Gobierno,
Yolanda Verduzco Guzmán, atendieron en su totalidad
las demandas y solicitudes realizadas por organizaciones
campesinas y sociales como el Comité de Defensa
Campesina, Bios Iguana,
Acolsida e integrantes
de algunas colonias que se manifestaron el día
de ayer frente a las instalaciones de Palacio
de Gobierno”.
En este sentido, existe un grupo de demandas que conciernen
al gobierno del Estado y otras en donde los
manifestantes, en voz de Mateo Rosales, Antonio
Suástegui e Ignacio
Vizcaíno Orozco, entre otros, piden interceder
ante las diversas dependencias federales
Es el caso de la petición del dirigente del Comité de Defensa
Campesina (Codeca),
Mateo Rosales, a la Secretaría de la Reforma
Agraria para que acceda a otorgarle una prestación
económica que, dice él, se le adeuda derivada
de la última visita del secretario federal de
la Reforma Agraria.
En lo que respecta a las solicitudes de comodato de inmuebles
para los pacientes tanto con VIH como para los
adultos en plenitud, fue requerida por parte
del gobierno del Estado la documentación correspondiente
de las agrupaciones que las solicitan, como
el acta constitutiva, número de integrantes
y condiciones de organización para que el gobierno
del Estado sepa con certeza a qué agrupación
se le entregarían estos inmuebles en caso de
que esta petición sea procedente, siempre y
cuando se cuente con los inmuebles apropiados
a las necesidades de los solicitantes.
En este marco se requiere que las agrupaciones presenten una
relación formal de las personas a quienes dicen
representar, porque muchas de las demandas planteadas
ya están siendo atendidas por otras dependencias
como el DIF o la Secretaría de Salud.
Por otra parte, se informó a los manifestantes, quienes solicitaban
que se diera celeridad a la ley contra la discriminación,
que ya existe dentro del Código Penal del Estado
un delito denominado “discriminación” que lo
prevé el artículo 225 bis en sus reformas del
19 de noviembre de 2005, fecha en la que se
publicó en el Periódico Oficial del Estado,
el Decreto 279 en donde se está incluyendo ya
como delito la discriminación.
En su oportunidad, la organización Bios
Iguana fue informada de la nueva realización
de los estudios de impacto ambiental en la futura
construcción de la regasificadora
del municipio de Manzanillo, además de la realización
de los foros correspondientes con la participación
de especialistas pertenecientes a diversas Universidades
el país.
En este sentido, todas las organizaciones que apoyen el cuidado
del medio y el desarrollo sustentable podrán
realizar sus aportaciones para el cuidado de
la biodiversidad en beneficio de toda la gente.
No obstante, la respuesta puntual en lo concerniente a los
problemas planteados y que son competencia del
gobierno del Estado los integrantes la organización
campesina Codeca expresaron
que continuarán en su plantón hasta que la Secretaría
de la Reforma Agraria liquide el adeudo que
dicen tiene con ellos.
Presentarán propuestas. (Diario Olmeca, Fabián de la Cruz,
p.web)
El precandidato del tricolor, Humberto Hernández Haddad, señaló que hoy a partir de las once de la mañana.
Villahermosa, Tabasco.-El precandidato del tricolor, Humberto
Hernández Haddad,
señaló que hoy a partir de las once de la mañana
los seis aspirantes llevarán a cabo la presentación
de sus propuestas, programas, y visión del futuro
de Tabasco, esto como parte del proceso interno
para la selección del candidato al gobierno
del estado, esta presentación terminará el próximo
domingo 19 de marzo.
“Esto se trata de que haya una presentación con el movimiento
territorial, con el sector obrero CTM, con el
sector agrario CNC, con la CNOP, con
las mujeres priístas y con la juventud de igual
manera priísta, en el caso de las mujeres, ya
me fijé mi compromiso con ellas y de llegar
a ser Gobernador de Tabasco, el 50 por ciento
de todas las posiciones del Gobierno serán para
ellas”, aseveró.
De igual forma indicó, que las presentaciones deberían llevarse
a cabo también en los municipios a fin de involucrar
de manera directa a toda la militancia, y traer
consigo toda esa vitalidad partidista, así mismo
precisó, que hasta el momento dos de los seis
candidatos, Barceló, Francisco Herrera y él,
firmaron la boleta que determina la convocatoria
para la realización de la encuesta, “esta encuesta
no debe ser restrictiva, sino más bien servirá
para saber el posicionamiento e cada aspirante,
no para que sólo lleguen a la boleta los aspirantes
que hallan salido favorables en esta”, aseveró.
Incumple SRA y regresan protestas. (El Mañana de Matamoros, p.web)
Cd. Victoria, Tam.- Decenas de campesinos
pertenecientes a la Central Campesina de los
Trabajadores de Tamaulipas(CCTT), procedentes de municipios de la zona centro
y del llamado cuarto distrito, se apostaron
éste mediodía, en las puertas de la Delegación
de la Secretaría de la Reforma Agraria, en demanda
de solución, a los graves problemas que enfrentan,
en la repartición de predios, amparados -en
su mayoría- en resoluciones presidenciales.
Al iniciar el movimiento -que desquició el tráfico vehicular
en la zona- los manifestantes acusaron a funcionarios
de la Reforma Agraria, de estar manipulando
los expedientes de resoluciones presidenciales
y otros, obedeciendo a intereses políticos y
a consignas del gobierno estatal, para proteger
a funcionarios de ésta y otras administraciones
estatales federales.
Encabezados por el líder agrario, Juventino
López Ruiz, los manifestantes, interrumpieron
la circulación del carril norte sur de la avenida
17 -frente al edificio de la SRA- amenazando
con no abandonar su postura, hasta en tanto
no se les resuelva favorablemente su situación.
López Ruiz, hizo público el acuerdo tomado el pasado 13 de
febrero, en el que se dieron veinte días de
gracia para resolver, este ofrecimiento, hecho
directamente por la titular de la delegación,
Elva Lidia Valles Olvera.
Reveló que los asuntos, tienen que ver con el reparto agrario
de más de doscientas mil hectáreas, que beneficia
a más de setenta mil familias, unos 200 mil
campesinos que viven en la incertidumbre de
la tenencia de sus tierras.
Los manifestantes, venidos de los municipios de Soto la Marina,
Jaumave, Tula, Xicotencatl,
San Fernando y otros municipios de la región,
señalaron estar cansados de esperar y por ello,
tomaron la determinación de manifestarse de
ésta forma, hasta en tanto no se les resuelva
su situación.
Descalifican protestas por tierras de Plaza Galerías. (Unomásuno
Morelos, Isís Saldaña,
p.web)
Lunes 13 de Marzo 06
l subsecretario de Gobierno, Rafael
Martínez Flores, manifestó que la autoridad
estatal actuó con apego a la ley luego de desalojar
a presuntos integrantes del ejido de Chapultepec,
el pasado sábado a las afueras de una conocida
plaza de Cuernavaca.
El funcionario dijo que desde hace tres meses se ha venido
atendiendo a los inconformes, pero a pesar de
las posibles soluciones a sus demandas, estos
complicaron aún más sus reclamos.
Martínez Flores dijo que se ha llegado a la conclusión de que
no existe, bajo ninguna circunstancia, bajo
ningún antecedente, la comunidad de Chapultepec,
es decir, que no tienen derecho o interés legítimo
respecto de las tierras que están reclamando
y donde se encuentran en este momento las instalaciones
de Plaza Galerías.
Además, declaró que son supuestos comuneros los que bloquearon
las inmediaciones del complejo comercial “Plaza
Galerías, quienes argumentaron ser propietarios
de los predios; no obstante, estos fueron desalojados
y detenidos por elementos de la Policía Preventiva.
Ante esta situación, el funcionario aseguró
que la detención de Miguel Ángel Elguera Arismendi y Rubicel Monterubí, dos supuestos
comuneros, y la intervención de los uniformados,
fue con estricto apego
a derecho.
Por el momento, indicó, no se tiene identificado a ningún partido
político que pudiera estar detrás de esta situación;
no obstante, abundó que el gobierno del estado
será responsable de esta situación, inclusive,
atenderá el problema conforme a derecho mediante
las denuncias correspondientes.
Cabe mencionar que los ocho detenidos obtuvieron su libertad
luego de pagar una fianza de mil pesos cada
uno; en tanto, indicó que no permitirá que se
continúe con la obstrucción de vías de comunicación
y la afectación a terceras personas como medida
de presión por parte de algunos grupos sociales.
Finalmente, informó que se han celebrado reuniones con anterioridad,
incluyendo la participación del Registro
Agrario Nacional y la Delegación de la
Reforma Agraria, para determinar la situación
de la comunidad de Chapultepec.
La problemática indígena, un mosaico de “claroscuros”:
Stavenhagen. (Proceso, Pedro Matías, p.web)
Oaxaca, Oax., 13 de marzo.- El problema
de los pueblos indígenas en México conforma
un mosaico de “claroscuros”: a la respuesta
parcial del Estado a las demandas del movimiento
indigenista, se le agregan “la exclusión, los
conflictos, las injusticias, los brotes de resistencia
y la represión, como sucede en el estado de
Oaxaca”, afirmó el Relator Especial para Derechos
Humanos de los Indígenas de Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen.
Por desgracia, debido a la falta de voluntad política del presidente
Vicente Fox y del
Congreso de la Unión, que dieron carpetazo a
los acuerdos de San Andrés, se retrasó por un
sexenio más el diálogo necesario que se tiene
que hacer entre el Estado mexicano y los pueblos
indígenas, dijo el representante de la ONU.
Después de su participación en la Octava Sesión Ordinaria del
Consejo Consultivo 2004–2006 de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
que se realizó este fin de semana, Stavenhagen
consideró importante la oportunidad que brinda
la Otra campaña de los zapatistas, porque en diferentes comunidades indígenas y no
indígenas se hacen planteamientos que no siempre
son recogidos por las instituciones gubernamentales
ni los partidos políticos.
Entonces, agregó, “en este sentido creo que es una gran oportunidad
para que la gente pueda dar a conocer sus problemas;
ojalá que sean recogidos por otras instancias
como los partidos políticos y formen parte de
los compromisos de campaña”.
E insistió en que desde el punto de vista de las comunidades
que participan en las actividades de la Otra
campaña es una gran oportunidad para abrir otros
espacios de discusión que no están abiertos
en las campañas políticas de los partidos políticos
o en las formas más institucionales de encuentros
y reuniones.
Respecto a la situación actual de pueblos indígenas, Stavenhagen dijo que hay inversiones, hay instituciones como
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,
pero todavía hay muchos problemas sin resolver
como el conflicto de Chiapas, los problemas
agrarios, educativos y de infraestructura sanitaria.
Con respecto al conflicto de Chiapas, reconoció que el presidente
Fox incumplió con
su promesa de campaña de resolverlo en 15 minutos…
“Por desgracia no lo pudo resolver”.
“Le faltó en parte voluntad política pero no es sólo del presidente
(Fox) sino del propio
Congreso de la Unión que dio entrada a la propuesta
de la reforma constitucional pero no le dio
la importancia que le dio haberle dado, no escuchó
lo que realmente los pueblos indígenas y buena
parte del pueblo mexicano habían planteado,
casi casi al adoptar una reforma constitucional al vapor como resultado
de un compromiso entre grupos y dirigentes de
las fracciones parlamentarias”, añadió Stavenhagen.
Así mismo, reconoció que como relator de la ONU, envió estudios
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), recomendaciones a los gobiernos y generalmente
la respuesta es inmediata, al sostener que las
van a tomar en cuenta y que van hacer lo posible
por cumplirlas.
Hasta ahora, dijo, se han emitido ocho informes a la comisión
de derechos humanos de la ONU sobre problemas
de los derechos de los pueblos indígenas a México,
Guatemala, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda,
Colombia y Chile, y el mes próximo van a ir
a Ecuador.
Mencionó que en el informe anual de la relatoría presentó evidencias
sobre la problemática de los derechos de los
pueblos indígenas, de los proyectos de desarrollo,
de educación y de administración de justicia,
aplicación de la legislación y respeto a las
leyes.
Hizo hincapié en que el gobierno de México ha respondido a
la relatoría y se ha comprometido a cumplir
con el programa nacional en materia de derechos
humanos, muestra de ello es que el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame ha dado inflación detallada acerca de como se han
ido resolviendo algunos conflictos agrarios
y otros que se están en curso.
Sobre el caso del estado de Oaxaca, Stavenhagen
aceptó que muchos conflictos tienen su origen
en conflictos intracomunitarios y entre las
comunidades, ya sea por tierras, por elecciones,
por el control político, por los caciquismos,
por la corrupción de las autoridades, todo lo
cual no es exclusivo de esta entidad.
Y es que, es frecuente que los conflictos se agudicen debido
a que cuando se pone una demanda y no se atiende,
los quejosos insisten y se originan excesos
por parte de una autoridad y a la violación
a los derechos humanos, puntualizó.
Resuelve FHB problema agrario en la zona norte. (El Golfo Info, p.web)
* Entrega recursos por 10 mdp a 66
familias.
* Adquirirán nuevos terrenos para trabajar y producirlos.
* Se pone fin a reclamo por más de 4 años.
Xalapa, Ver.-Con la entrega de recursos por 10 millones de
pesos a 66 familias del grupo denominado Solidaridad
Chichicuaxtla, el
gobernador Fidel Herrera Beltrán dio solución
a un conflicto agrario en la zona norte del
estado, que por más de cuatro años había afectado
el patrimonio y la vida de mujeres y hombres
trabajadores del campo.
Este es un acto de justicia que concluye una etapa de lucha
entre hermanos y se resuelve con los instrumentos
de ley, de gestión y de reconocimiento a un
legítimo reclamo de habitantes para prosperar
y para vivir mejor, señaló el Mandatario veracruzano.
Destacó que con la entrega de los recursos para la adquisición
de los nuevos predios, de manera simultánea
se entrega el derecho a trabajar sus propias
tierras, “son tierras de primera, como las merecen
porque estarán ahora mejor ubicadas, más productivas
y cerca de los mercados”, sostuvo el Ejecutivo.
En respuesta a una solicitud de quienes hoy recibieron su cheque,
el gobernador Fidel Herrera Beltrán expresó
su respaldo para que puedan adquirir la maquinaria,
herramientas y el diseño de un trazo urbano
para que el asentamiento se realice en condiciones
ecológicas sustentables, con la calidad y dignidad
que merecen en su patrimonio.
El Ejecutivo Estatal reconoció aquí el respaldo del Presidente
de la República y sensibilidad del secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para concretar los acuerdos que llevaron a la conclusión
de este conflicto agrario en el norte de la
entidad.
Luego de haber sido desalojadas y luchar durante cuatro años
para garantizar la posesión de sus tierras,
66 familias tendrán ahora la posibilidad económica
de recuperar su patrimonio y fuente de ingreso.
El director de Gobernación, José Luis Salas Torres, señaló
que desde 1989, cuando la sección 30 de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) entregó en custodia
a una organización campesina 1,362 hectáreas,
el Grupo Solidario Chichicuaxtla,
afiliado a esta organización, reclamó y luchó
por obtener las 400 hectáreas que les correspondían
y de las cuales fueron desalojadas.
Hoy, agregó el funcionario estatal, su reclamo es escuchado
por un Gobernador cercano a la gente y que cumple
con ese compromiso contraído hace un año, el
de resolver los problemas en el campo veracruzano
para que este pueda seguir trabajando y produciendo
en un clima de certidumbre y tranquilidad.
En el acto estuvo el delegado de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Víctor Manuel Contreras Galván, y
el alcalde de Tiuhuatlán, Francisco Ortiz Yorio.
Premian al RAN por su atención a los campesinos. (Meridiano de Nayarit, Fátima Gaspar, p.web)
Lunes 13 de Marzo, 06
La delegación del Registro Agrario Nacional en Nayarit
fue distinguida con el primer lugar nacional
por los servicios que presta a los campesinos
del estado, pero principalmente por cumplir
con eficacia todos y cada uno de los indicadores
del programa operativo anual y de Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).
El delegado del Registro Agrario Nacional, Carlos Carrillo
Santana dijo que la entrega de la presea por
el primer lugar se llevó a cabo en la ciudad
de México en la Quinta Reunión del Sector
Agrario, “este reconocimiento fue por el
desempeño de los trabajadores de la delegación
durante el 2005 y por el cumplimiento eficaz
de los programas”.
Dijo sentirse satisfecho por el trabajo que han desarrollado
en la delegación y dijo que están por cerrar
las actividades de Procede en el mes de julio,
para entregar libros en blanco en el mes de
diciembre.
Expuso que lograron importantes avances en la regularización
de tierras, ya que de dos millones 200 mil hectáreas
que tiene el estado en propiedad de ejidos y
comunidades, se han logrado regularizar aproximadamente
un millón 800 mil y de 400 núcleos de ejidos
y comunidades que se tienen se ha podido avanzar
de tal manera que únicamente quedan 48 ejidos
y comunidades pendientes.
Indicó que el fin de semana acudieron a comunidades de San
Andrés Milpillas del municipio de Huajicori
del Palmar de Cuautla
del municipio de Santiago Ixcuintla y Sayulilla
en Acaponeta, sitios
en los que realizaron la entrega de documentos
de Procede, “eso nos lleva a entregar certificados
parcelarios, de tierras de uso común incluso
los de los solares urbanos, escrituras de viviendas
donde están los ejidatarios y comuneros”.
Presionaron ejidatarios para ser recibidos por
el Ejecutivo. (Meridiano de Nayarit,
Angélica Cureño, p.web)
Lunes 13 de Marzo, 06
“O nos reciben a todos o no entra nadie” fue la frase estratégica empleada
por los ejidatarios de La Peñita de Jaltemba
para forzar a ser recibidos por el gobernador,
Ney González Sánchez,
en la audiencia de los lunes. Aseguran que la
ley les asiste para declarar vigente y legal
la mesa directiva conformada por suplentes.
Citados en Casa de Gobierno a las
13:00 horas, y apostados en una esquina, un
grupo de 45 hombres esperaba la llegada del
mandatario procedente de la ciudad de Guadalajara.
Renuentes a hacer declaraciones
antes de la entrevista, Eduardo Gómez Gómez,
dijo que demostrarían que el desconocimiento
que hiciera el Registro Agrario Nacional
de la autoridad ejidal carece de sentido, asegurando
que el artículo 39 de la Ley Agraria
no estipula plazos para la terminación de una
mesa conformada por suplentes, por lo cual sigue
vigente.
La espera se prolongó hasta después
de las dos de la tarde cuando intervino el director
de la Policía Estatal Julio César Arcadia quien,
cumpliendo órdenes, informa que sólo una comitiva
de 10 personas entraría. El grupo liderado por
Eduardo Gómez y el abogado Sergio Solórzano
decide retirarse del lugar “o nos reciben a
todos a no entra nadie” fue el argumento.
Momentos después, la intervención
del secretario General de Gobierno, Roberto
Lomelí Madrigal sirvió
para que los ejidatarios regresaran a la exCasa
de Gobierno y entablaran el diálogo con el mandatario,
a quien solicitaron su mediación para llegar
a un acuerdo entre ambos grupos rivales (identificados
respectivamente con Beto
Cuevas y Roberto Peña) y que se ostentan como
autoridad ejidal, en tanto vuelve a la legalidad
el Comisariado Ejidal de La Peñita de Jaltemba,
suspendida cuando concluyó el mandato de Manuel
Ibarría, en abril
del año pasado. Para la Procuraduría Agraria
el Comisariado Ejidal de la Peñita “está acéfalo” y carece de
autoridad reconocida, ante lo cual quedan canceladas
las posibilidades de cualquier intervención
de la federación. Antonio Cuevas, suplente del
secretario, explicó que el argumento que esgrimirán
para anular la mesa directiva que se autoerigiera
como autoridad y tomara por la fuerza las instalaciones
del Comisariado Ejidal,
será en base a la Ley Agraria, la cual no estipula
el tiempo de finalización “hasta que hay nuevas
elecciones es cuando caduca la labor de los
suplentes, porque entregan a esa mesa”.
Diario Oficial de la Federación. (Agencias, p.web).
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
3-00-00 hectáreas, colindando al Norte con el
C. Miguel Pacheco, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
3-20-00 hectáreas, colindando al Norte con Reyna
Morales Sánchez, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
2-00-00 hectáreas, colindando al Norte con Jesús
Castillo Martínez, Municipio de Axochiapan, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
1-00-00 hectárea, colindando al Norte con Odilón
Morales Hernández, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propie dad nacional innominado, con una superficie aproximada
de 0-50-00 hectáreas, colindando al Norte con
Hermelindo Santos
Calero Silvestre, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
2-00-00 hectáreas, colindando al Norte con Josefina
Fuentes Porfirio, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
1-20-00 hectáreas, colindando al Sur con la
C. Eufrocina Bonilla
de Jesús, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
0-50-00 hectáreas, colindando al Este con Barranca
y con el C. Hermelindo
Santos, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
0-50-00 hectáreas, colindando al Norte con Enrique
Morales Pérez, Municipio de Axochiapan,
Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
1-50-00 hectáreas, colindando al Norte con Ejido
de Telixtac, Municipio
de Axochiapan, Mor.
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de
2-00-00 hectáreas, colindando al Norte con Teresa
Sánchez Jiménez, Municipio de Axochiapan, Mor.
Organizaciones campesinas
Múltiples protestas por la política acuífera. (Por Esto!, p.web)
El Congreso Agrario Permanente (CAP) informó que las doce agrupaciones
nacionales que la integran se sumarán a la toma
de las calles de la ciudad de México durante
la realización del IV Foro Mundial del Agua
en protesta por las políticas inequitativas
de distribución del vital líquido en el campo.
El dirigente en turno que agrupa al 85 por ciento de los trabajadores
del campo nacional, Álvaro López, alertó que
el gobierno federal no ha tomado las previsiones
necesarias ante la crisis de abasto que enfrentan
los mantos freáticos del centro y norte del
país.
El también líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA), López Ríos consideró que ante la inminente
celebración del Foro el sector campesino se
encuentra marginado de este espacio público,
"carente de una visión de perspectiva en
materia de agua y en la que la política de los
gobiernos no es coincidente con una equitativa
distribución de los recursos".
Además, dijo que el gobierno de Vicente Fox
ha caído en un proceso de despojo de los recursos
hidráulicos a partir de las concesiones que
ha estado otorgando a sus amigos y allegados.
Prensa Estatal
HIDALGO
Apoyan a 53 campesinos explotados en Hidalgo. (La Jornada, Carlos Camacho, p.web).
Pachuca, Hgo. La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) logró,
por medio de su homóloga de Nayarit, regresar
a sus lugares de origen en la sierra y la Huasteca hidalguense a 53 jornaleros agrícolas, quienes laboraban
en condiciones infrahumanas en campos del municipio
de Compostela, donde en mayo murieron dos menores
intoxicados con plaguicidas. El presidente de
la CDHEH, Alejandro Straffon
Ortiz, informó que luego de recorrer los campos
nayaritas donde cientos
de hidalguenses trabajan de jornaleros, se encontró
que ivían hacinados
en barracas, sin alimentación adecuada ni servicios
elementales de salud.
JALISCO
Trasladan al Senado conflicto territorial entre
Colima y Jalisco. (La Jornada, Nelda Judith Anzar, p.web).
Guadalajara, Jal. El gobernador de
Colima, Silverio Cabazos Cevallos, informó que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
trasladó al Senado la controversia de límites
territoriales entre Jalisco y la entidad que
gobierna, la cual, confió, ganará el litigio.
Reconoció que la solución del conflicto tardará
tiempo, pero, dijo, mientras se resuelve Colima
mantiene en su poder los territorios en disputa
en la desembocadura del río Marabasco.
Agregó que los municipios de Manzanillo, Colima
y Cihuatlán, Jalisco,
no pueden entrar en controversia debido a que
los límites municipales no pueden estar por
encima de los estatales. Sin embargo, sostuvo,
respetará el fallo final.
MORELOS
Denuncian a Tenorio Avila
de desalojo violento a propietarios. (La Jornada
de Morelos, Miguel Ángel García, p.web).
Cuernavaca, Mor. Por lesiones, robo,
amenazas, invasión a propiedad privada y lo
que resulte, fue denunciado Guillermo Tenorio
Avila, debido a que
con un grupo de “golpeadores” desalojó a condóminos
de Acolapa, bajo el
argumento de que habría adquirido 170 casas
y departamentos, los cuales esta recuperando
con medidas de represión. Pidieron la intervención
del gobernador para no seguir sufriendo agravios
a su patrimonio.
La manifestación de medio centenar de amas de casa llegó al
palacio de gobierno ayer, y a voz en cuello
gritaron “Sergio, papucho, Acolapa te quiere mucho”,
para denunciar que el ex procurador violó chapas
de casas y metió gente a casas y departamentos,
pretextando que él era el propietario de los
bienes.
Los agraviados denunciaron que durante cerca de 10 años han
pagado puntualmente los créditos que obtuvieron
a través del Infonavit y Fovi, por lo que es
mentira que Tenorio Avila
adquiriera las casas. En voz de Hortensia Vidal
Cabañas, expresaron que “desconocen” el negocio
en el que está metido el ex funcionario, pero
lo cierto es que ha llegado con despojadores
profesionales a “arrancarles” el patrimonio
de sus hijos.
Fuera del Palacio de Gobierno exigieron la intervención de
Sergio Estrada Cajigal, para que ordene una
investigación referente a la compraventa de
departamentos y casas, situación que es totalmente
ilegal. Dijeron que seguramente el ex procurador
no tiene documentos que diga que es el dueño,
“porque nosotros estamos pagando a través de
los créditos y, en algunos casos, tenemos hasta
las escrituras”, aseguraron los manifestantes.
Denunciaron la amenaza de desalojo por parte “golpeadores”
del ex funcionario, conflicto que se suma al
problema de la tenencia de la tierra, debido
a que hasta el momento desconocen si sus casas
forman parte de los terrenos de Jiutepec
o Tepoztlán. Mientras
tanto, Germán Castañón
Galaviz, secretario
de Gobierno, aseguraba que este caso deberá
resolverse en estricto apego al derecho y destacó
que el descontento de los agraviados es justificado.
NAYARIT
Que gane La Peñita: Ney. (Meridiano de Nayarit, Claudia Macías, p.web)
Durante la audiencia pública de este lunes, el gobernador Ney González Sánchez, recibió a un grupo de ejidatarios de
La Peñita de Jaltemba,
municipio de Compostela, a quienes les reiteró
que en este gobierno se actúa conforme a lo
que establecen la Constitución y las leyes.
Con relación a reciente manifestación que realizaron frente
a Palacio de Gobierno, bloqueando el paso de
vehículos por espacio de varias horas, comentó:
“Aquí están las puertas abiertas para que ustedes, y todos
los nayaritas, expresen
lo que en derecho les corresponda, y no entendemos
cual es la razón de que su abogado, o alguien,
les haya recomendado venir a violentar la paz
de la capital estableciéndose en plena vialidad”.
En Nayarit existe irrestricto respeto por la libertad de expresión,
apuntó.
Les expuso que es derecho de ellos, como ciudadanos expresarse.
Encargó, personalmente, el asunto de La Peñita
de Jaltemba, al procurador de Justicia del Estado, Héctor Béjar Fonseca, y anunció que se establecerá un grupo de trabajo.
“Se tendrán a la vista dos caminos: uno, el estrictamente jurídico
y judicial, que tiene que ver con la Procuraduría
de Justicia; y dos, con la Secretaría General
de Gobierno para seguir haciendo esfuerzos a
que los grupos se pongan de acuerdo.
“Vamos hacer un ultimo intento de que las cosas se vayan por
el lado de la conciliación”, apuntó.
Se fijó como plazo una semana más para que el asunto tome el
cauce de solución que se espera.
“Nosotros no vamos a litigar ni por ustedes ni por ellos, los
que litigan son ustedes” recalcó.
Reiteró su confianza en que cada una de las partes acatará
lo que la autoridad judicial “tengan una certeza:
que el Gobernador no influye. Esos tiempos ya
terminaron. Además, puntualizó: “yo quiero dejarles
algo muy en claro, pero clarísimo: el Gobernador
quiere que gane la Peñita de Jaltemba, no un grupo u otro”.
Finalmente, ratificó que seguirá congelado el programa de obras
para esa población hasta en tanto no se pongan
de acuerdo; los recursos destinados para el
programa de agua serán aplicados una vez que
el pueblo esté unido en propósitos y metas.
“Ahí están 8 millones, si nos llega julio, agosto, vamos a
tener que ejercerlos en alguna otra parte del
estado; esos 8 millones son para el agua potable
de la Peñita de Jaltemba,
son para perforar un pozo profundo, para rehabilitar
el 30 por ciento de la tubería”.
YUCATÁN
Codhey dispuesta a moderar debate. (Tribuna de Campeche, p.web).
Necesario conocer como se adjudicaron ejidos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), propuso servir como moderadora en caso de que se
celebre el debate que quieren los ejidatarios
de Hunucmá y Oxcum,
con el gobernador Patricio Patrón Laviada.
El asesor jurídico de los ejidatarios, William Santos Sáenz,
acompañado del Comisario Municipal de Hunucmá,
Marcelino Mex Cauich,
y los representantes de los ejidatarios de Oxcum,
Felipe Moo Borges e Idelfonso Dzul García, se entrevistaron con el ombudsman
yucateco, Sergio Salazar Vadillo.
Según dijeron, el titular del organismo aceptó la solicitud
y comentó que de inmediato se comunicará con
la dirección de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), para
solicitar un espacio en el cual puedan debatir
el gobernador Patrón Laviada
y los representantes de los ejidatarios que
se supone fueron despojados de sus terrenos
en asambleas amañadas.
Salazar Vadillo agregó que en caso de lograse un debate, éste
no solo se debe tocar el aspecto jurídico o
legal en el acaparamiento de terrenos, ya que
este asunto va más allá. "Los afectados
también deben buscar el apoyo de los antropólogos,
arqueólogos, investigadores, historiadores y
economistas, porque se trata también de un asunto
cultural e histórico", comentó.
"La Codhey ha realizado sus
propias investigaciones al respecto y en definitiva
podemos considerar que hubo una red de complicidades
para despojarlos de sus tierras, violando sus
derechos humanos ya que fueron engañados y sus
patrimonios cedidos a Antonino Almazán Arteaga
que a su vez, vendió las tierras al Gobierno
del Estado", recalcó.
Posteriormente, el asesor jurídico y los representantes de
los campesinos, acudieron a la Facultad de Derecho
de la UADY, donde el consejero universitario,
Jacinto Lara García, reiteró su apoyo para que
se realice el debate lo más pronto posible y
se aclare ese problema de una vez por todas.
Acordaron que este jueves 16 de marzo, llevarán
la invitación al debate a Palacio de Gobierno
a las 11 de la mañana para que el mandatario
estatal ponga fecha y hora del encuentro en
el cual abordarán solamente el aspecto jurídico
de la adquisición de terrenos a través de Almazán
Arteaga.
Santos Sáenz declaró que en la asamblea ejidal amañada del
27 de febrero pasado en la cual hubo el despojo
de su patrimonio, estuvo presente el presidente
del Consejo de Notarios Públicos de Yucatán,
Carlos Gamboa Gamboa,
quien a pesar de detectar la ilegalidad de la
reunión, firmó como válida la cesión de mil
600 hectáreas a favor de Almazán Arteaga.
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