CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
9 DE MARZO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Quieren frenar al
IFAI
Presentan iniciativa AN y PRI. Podrán
dependencias impugnar las órdenes de abrir información
y prolongar opacidad.
“Congelan” las cuentas
de Gómez Urrutia; está en EU
Vive en casa de un empresario ligado
a industria del acero, en San Antonio
Los monopolios impiden
la competitividad
El país gasta 5% del PIB en regulación:
CFC
La volatilidad no
es preocupante: Ortiz
Normales, los altibajos de las monedas
en esquemas de flotación
Ortiz: grupos dominantes
frenan libre competencia
Ejercen ''presiones'' en el mercado
Van por todos los
líderes mineros
“No huyo ni estoy clandestino: Napoleón
Firma y distribuye
Encinas volantes con lema de López
El eslogan Por el bien de todos primero
los pobres encabeza
dípticos
Presidencia rechaza
“chantajes y amenazas”
Hay voluntad de diálogo: Aguilar y
líderes mineros
Rechaza Fox “chantaje” de mineros
Exige el Presidente a sindicatos disposición
a iniciar diálogo con el secretario del Trabajo
Provocada, la explosión en la Mina 8: sindicato
Según investigaciones del gremio, de
lo que se trata es de encubrir privatizaciones
a Grupo México y Villacero
Sector agrario
Destaca el número de ejidatarias. (El Sudcaliforniano, Gustavo Alonso, p.web).
Dentro de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer
en las oficinas de la Procuraduría Agraria
se inauguró una exposición de la pintora
María Eugenia Medellín y las escultoras Paty Díaz, Alicia Torres, Saraí
Forsman y Patricia Hernández. (Delgadillo)
En Baja California Sur el campo ya no es sólo de los hombres,
la mujer forma parte importante del sector agrario
y en cuanto a la tenencia de la tierra y representación
de las familias en el campo sudcaliforniano, el 16% de los ejidatarios son mujeres y mientras
a nivel nacional las posesionarias
de los predios son el 25% respecto a los hombres,
en BCS son el 34% y en calidad de avecindadas
son el 38%, reveló el delegado de la Procuraduría
Agraria en el estado, Alberto Orozco Moreno,
al inaugurar ayer el Rincón del Arte de esta
institución, con obras de mujeres artistas.
Luego de señalar que en los últimos años se ha observado un
incipiente incremento de las mujeres titulares
de tierra social, el delegado precisó que en
la entidad poco a poco la mujer va ganado terreno
en un sector tradicionalmente machista, de modo
que conforme a los datos de la PA las mujeres
no sólo son ejidatarias en BCS sino también
representantes de los núcleos agrarios.
En los cien ejidos existentes en BCS, hay 86 mujeres en los
organismos directivos; de esta cifra 30 son
titulares y el resto son suplentes, 3 son tesoreras
de los ejidos y 8 son secretarias de la directiva,
lo más destacado es que 3 son presidentas del
ejido, estos casos son los del ejido Todos Santos
con Rita González Martínez al mando, Guillermo
Prieto con Margarita Arcigia
y Loreto con la presidenta María Piedad Ceseña.
“Los cambios en la vida
de los ejidos deben observarse por la sociedad
en su conjunto, por la academia, por las instituciones
que trabajamos en el sector agrario, cualquier
intento por impulsar el desarrollo de Baja California
Sur debe ser consciente del nuevo papel que
juegan las mujeres en la vida nacional, en nuestras
ciudades y aquí, en nuestros pueblos, rancherías
y en nuestros ejidos” señaló el delegado
de la PA, Alberto Orozco.
Por otra parte ayer Día Internacional de la Mujer, en las instalaciones
de la PA en Luis D. Colosio
y Agustín Olachea, se inauguró el Rincón del Arte, un espacio para la
difusión cultural y principalmente de obras
de arte de artistas de la entidad, ayer se abrió
al público este espacio con trabajo de mujeres
expositoras: en pintura María Eugenia Medellín
y en escultura Paty
Díaz, Alicia Torres, Sarai
Forsman y Patricia
Hernández.
Detienen llenado de El Cajón hasta "lograr
acuerdo" con campesinos. (La Jornada, Jesús Narváez,
p.web).
El proyecto hidroeléctrico seguirá pese a las
protestas en Nayarit, advierte la CFE.
Exigen afectados indemnización según la ley.
"Algunos caseríos ni siquiera figuran en
el plan".
Tepic, Nay. Lucas Vallarta Robles,
director de Fomento Municipal del gobierno del
estado y comisionado para atender el caso de
los afectados por la construcción de la presa
El Cajón, informó que se convino con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) que se detenga
el llenado del embalse hasta que haya acuerdo
con las comunidades inconformes, las cuales
se niegan a abandonar sus casas.
El funcionario recordó que la tarde del martes se reunió con
una comisión de ejidatarios procedentes de Cantiles
-el pueblo más cercana al embalse-, El Ciruelo,
San José Mojarras,
San Jerónimo Jomulco
y El Tepetate, quienes -en presencia de representantes
de la Procuraduría Agraria y de la CFE-
expusieron sus planteamientos.
Alejandro López Aguayo, abogado de los campesinos, solicitó
que la paraestatal envíe interlocutores con
capacidad de negociación y de tomar decisiones,
por lo que se acordó realizar una nueva reunión
el próximo martes en la zona de comunidades
afectadas.
Por lo pronto, indicó Vallarta Robles, se tomaron dos puntos
de acuerdo: el arraigo del caso en el estado
de Nayarit, no en la capital del país, y realizar
juntas de conciliación con cada uno de los grupos
inconformes.
Las comunidades indígenas afectadas por la construcción de
la presa, en especial la de Cantiles, se niegan
a desalojar sus casas hasta que se les indemnice
de acuerdo con la ley, en tanto que los habitantes
de Platanitos han empezado a emigrar hacia la
parte más alta de la sierra, pues a causa de
la obra hidroeléctrica se han secado sus mantos
freáticos y ya no tienen agua ni para beber.
Alicia Castañeda Contreras, una de las dirigentes de la organización
civil Kupuri, que
ha apoyado a los poblados inconformes, dice
que entre éstos se hallan "algunos caseríos
que ni siquiera están contemplados en el acuerdo
con la CFE, y sus habitantes no saben qué pasará
con ellos una vez que sus viviendas desaparezcan"
bajo las aguas de la presa.
Recordó que la visita (el jueves pasado) de personal del Ejército
a Cantiles "es una de varias ocasiones
en que han acudido a querer intimidar a la gente,
diciéndoles que tienen que desalojar, porque
de lo contrario van a reaccionar de manera distinta".
"Los están asustando, e incluso han amenazado con golpearlos
y les dicen que tomen el ejemplo del poblado
de Platanitos, cuyos habitantes ya se retiraron
voluntariamente. Lo que no precisan es que ese
poblado tuvo que ser abandonado debido a la
escasez de agua, ya que se han secado muchos
mantos freáticos."
-¿Quién se supone que manda al Ejército a realizar esta intimidación?
-No han querido identificarse; sólo advierten: somos el Ejército
y venimos a informarles que tienen que desalojar.
Dicen que se trata de información, pero gritan
a la gente, la avientan y no dan explicación,
mucho menos sus nombres.
-¿Les están dando algún plazo para que se salgan?
-No, pero la CFE les informó que ya cerraron el túnel de desagüe
de la presa, por lo que ya empezó a formarse
el embalse (llenado de agua), con lo que incurren
en un atentado contra las familias que aún viven
en la zona (200 en Cantiles).
Castañeda Contreras recuerda que la gente de la zona "ya
tomó una decisión, y asegura que si no hay pago
de sus tierras no se saldrán, aun cuando les
inunden".
Explica que "hasta ahora no les están dando ni una razón
sobre el pago de sus predios, pues les hicieron
un depósito en el Fifonafe (Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal) de 11 millones
de pesos, pero ellos consideran que es muy poco,
pues debe tomarse en cuenta el costo de la tierra
y los bienes distintos a la misma.
"Esos millones depositados los utilizan como pretexto
para ordenarles que se salgan de sus comunidades,
cuando ni siquiera han recibido nada de ese
dinero, pues para tener acceso al mismo deben
presentar proyectos que indiquen en qué van
a utilizar los recursos, y una vez aprobados
se les entregará en tres o cuatro etapas".
Agrega que "como otro peligro más, las pocas casas que
tienen de concreto (la mayoría son de madera
y palma) se están cuarteando por la detonaciones
y explosiones que se realizan en la construcción
de la presa".
Niega funcionario de la paraestatal que el Ejército
intimide a comunidades para desalojar. (La Jornada, Víctor Cardoso, p.web).
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo
Elías Ayub, afirmó
que el proyecto hidroeléctrico El Cajón, Nayarit,
no va a detenerse pese a las protestas de algunos
ejidatarios de la comunidad indígena de Cantiles,
en el municipio de Santa María del Oro.
"No hemos recibido ninguna orden del juez (que lleva el
proceso de un juicio de amparo interpuesto por
los residentes de la zona) y el nivel del agua
del embalse nunca va a llegar hasta las viviendas
de los comuneros que se dicen afectados",
afirmó.
Por su parte, el coordinador de proyectos hidroeléctricos de
la paraestatal, Humberto Marengo Mogollón, señaló
que la CFE aceptará pagar un monto mayor de
indemnizaciones a los afectados por la construcción
de la hidroeléctrica, pero sólo si lo determina
la autoridad judicial.
Rechazó cualquier enfrentamiento con la comunidad Cantiles,
como se ha difundido en medios locales y nacionales.
Según la denuncia de los ejidatarios, el jueves
de la semana pasada un grupo de militares se
presentó en Cantiles para advertir a sus habitantes
que debían dejar sus viviendas para ser reubicados
en un lugar todavía no definido.
"Yo viajo cada semana a El Cajón; el jueves estuve allá
y no se me informó de ningún incidente. Además,
el Ejército no interviene en estas cosas, es
una institución sería y no creo que participara
en un desalojo", declaró Marengo Mogollón.
No obstante, el funcionario reconoció que la paraestatal ya
solicitó la presencia del Ejército para el resguardo
de las instalaciones de la presa, pero aclaró
que sólo para aquellas que están a punto de
ser terminadas y para evitar cualquier acto
de sabotaje. Esos elementos, dijo, están concentrados
en la zona de la presa donde serán instaladas
las turbinas de generación eléctrica.
Insistió en que ningún caserío será afectado por el embalse
de la presa y que sólo se inundarán 539 hectáreas
de las comunidades San Juan, El Ciruelo y La
Playa, las cuales se encuentran entre 3.5 y
6 kilómetros del nivel máximo del agua.
"Estamos enterados de que un grupo de abogados se presentó
en las comunidades para despertarles falsas
expectativas sobre la posibilidad de un pago
superior al establecido por la Comisión de Avalúos
de Bienes Nacionales, de 11 millones de pesos,
los cuales fueron depositado en el Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Si este
organismo ha condicionado la liberación de los
recursos, ya no es competencia de CFE",
explicó.
Recordó que en febrero de 2005 los comuneros interpusieron
un juicio de amparo contra el decreto expropiatorio
del 24 de noviembre de 2004. El juez, efectivamente,
les otorgó la suspensión provisional "de
plano", la cual no implica la suspensión
de las obras, pues no se pone en riesgo la vida
de las personas.
Pemex paga indemnización a ejidatarios. (Tribuna de Campeche, p.web)
El aporte estatal sería con obras.
El comisario ejidal de Atasta, Juan
Carlos Heredia Torres, refirió que ya les entregaron
los primeros cheques por el pago de indemnización
por la ocupación de tierras por más de 25 años
por parte de Pemex,
recursos por 14 millones de pesos logrados dentro
del acuerdo firmado con Petróleos Mexicanos.
Señaló que sólo falta que el Gobierno del Estado libere cuatro
millones de pesos más que serán ejecutados en
obras de beneficio social en la comunidad y
obra pública.
Mencionó que espera tener un millón de pesos más, estos mediante
los programas de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado, pero mientras que esto sucede, seguirán
con los problemas de falta de fuentes de empleo
en la Península de Atasta.
De los recursos, que en total son 19 millones de pesos para
los habitantes de la Península de Atasta,
14 son producto de la decisión que tomó el Tribunal
Superior Agrario en el sentido de que Pemex
debe pagar como indemnización por la ocupación
de más de 25 años de las tierras de los ejidatarios,
y que ya están siendo entregados a pesar de
que los afectados no están completamente de
acuerdo con ello.
"No podemos hacer más, ya lo decidió una máxima autoridad,
ni Pemex puede decir
que va a pagar menos, sin embargo, tendremos
algo", expresó Heredia Torres.
Señaló que el tiempo que se llevó en resolver este problema
entre Pemex, Gobierno
del Estado, y otras instancias, fue muy desgastante,
por lo que ahora, a pesar de no estar muy contentos,
los ejidatarios pueden ya tener alivio y una
tranquilidad.
Por otro lado, indicó que esperan que los gobiernos Estatal
y Municipal liberen próximamente las obras,
en las que se empleará a gran cantidad de habitantes
que por el momento no tienen trabajo y viven
al día.
Escuela requiere apoyo.
El funcionario ejidal indicó que otro de los graves problemas
que enfrentan no sólo los habitantes de Atasta
pueblo, sino también las comunidades cercanas
a esta población, es el total abandono por parte
de las autoridades de educación, tanto del ámbito
municipal como del estatal, de la Secundaria
Técnica No. 41.
Explicó que el plantel tiene capacidad para dar atención a
más de 600 alumnos, que cubriría perfectamente
las necesidades de educación media de los adolescentes
de toda la Península de Atasta,
pero que desafortunadamente no cuenta con maestros,
es decir, van un día o dos, y se toman el resto
de la semana.
Indicó que esto ha sido reportado en diversas ocasiones, pero
hasta el momento las autoridades correspondientes
no han puesto una solución a este problema,
además de que las condiciones en las que se
encuentra la escuela son deplorables.
Indicó que los ejidatarios le donaron a la escuela más de tres
hectáreas para que pudieran realizar los muchachos
sus prácticas y tuvieran espacios suficientes
para algunos proyectos de ganadería y agricultura,
pero aseguró que hoy día esas tierras están
abandonadas.
De igual forma se les donó un tractor, para lo cual se hizo
una fuerte inversión y también está abandonado,
al igual que los talleres, las canchas, los
salones y en general toda la escuela.
Si a esta escuela le pusieran el mismo empeño que la Universidad
Tecnológica de Campeche, se tendrían a los jóvenes
de la Península recibiendo una muy buena educación
y se satisfacería
a la población estudiantil, evitando que los
niños sigan corriendo el riesgo de sufrir accidentes
como ha ocurrido en otras ocasiones, al trasladarse
a Frontera o a Ciudad del Carmen para recibir
una educación digna.
Reiteran rechazo a Metropolisur. (Tribuna de Campeche, p.web).
YUCATÁN.
Entregan constancia a nuevo comisario de Hunucmá.
La Procuraduría Estatal Agraria entregó su constancia
de mayoría a Marcelino Mex
Cauich, quien el pasado
cinco de marzo ganó las elecciones de comisario
ejidal de Hunucmá.
Ante cientos de ejidatarios, Mex
Cauich invitó a cerrar filas y defender las mil 600 hectáreas
que dice el Gobierno que le pertenecen.
Mex Cauich afirmó
que es el momento de redoblar esfuerzos para
vigilar que las tierras sean utilizadas por
los campesinos y no por el Gobierno del Estado,
que quiere construir en ellas un aeropuerto
internacional de Hunucmá,
como parte del proyecto Metropolisur.
"Defenderemos nuestro patrimonio, estemos alertas, en
pie de lucha, porque el gobernador Patricio
Patrón Laviada insiste
en que a su administración le pertenecen nuestros
terrenos ejidales y que se los compró a un particular,
que es su prestanombres Antonino Almazán Arteaga",
reiteró.
Advirtió que si Almazán Arteaga y sus familiares vivieran en
el Municipio ya los habrían linchado y expulsado,
pero el prestanombres sólo acudió el año pasado
para comprar fraudulentamente tierras ejidales
a través de asambleas amañadas por la misma
Procuraduría Estatal Agraria y avalada por la
Delegación Federal de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA).
Llamado a cerrar filas.
Llamó a los campesinos de Hunucmá,
San Antonio Chel,
Texán Palomeque y Hunkanab, a que cierren
filas para una mejor defensa de sus patrimonios
y no permitan que ni la Junta de Agua Potable
y Alcantarillado de Yucatán (Japay)
ni la Comisión Federal de Electricidad entren
a trabajar en sus terrenos.
"Exigiremos al Tribunal Nacional Agrario que emita
lo más pronto posible su dictamen, que nos debe
favorecer, de forma que el Gobierno del Estado
tendrá que buscar otros terrenos para llevar
al cabo su proyecto Metropolisur",
remarcó.
Por su parte, el representante de los ejidatarios, Felipe Moo Borges, lamentó la decisión del gobernador Patrón Laviada de no debatir con los líderes de los campesinos afectados
por el acaparamiento de tierras, demostrando
que no tiene elementos para sostener un encuentro
público, porque sabe que ilegalmente los quiere
despojar de sus terrenos.
"El debate no sólo lo queremos con el Ejecutivo Estatal
sino también para el prestanombres Almazán Arteaga
quien es un cobarde que dice que vive en la
población, pero sólo vino a despojarnos de nuestras
tierras para ponerlas a nombre de sus hermanos
y luego las vendió al Gobierno Estatal",
concluyó.
Entregaron 108 Certificados Parcelarios en El Campanario. (Diario de Colima, Juvenal
Martínez, p.web)
•Fue el último ejido en regularizarse
en Armería •Ramón del Toro: 99 por ciento de
la tierra ya cuenta con certificación.
Armeria, Col. El alcalde Ernesto Márquez Guerrero,
acompañado del representante del Registro
Agrario Nacional (RAN), Milton de Alba Gutiérrez,
hizo entrega de 108 certificados parcelarios
y de uso común a productores del ejido El Campanario.
En un evento en el que además estuvo presente la delegada
de la Procuraduría Agraria en el estado, María
de la Luz Rodríguez Mendoza, el representante
de la Secretaría de la Reforma Agraria, Ramón
del Toro Velasco y el subdirector estatal del
Inegi, Felipe Ortiz
Ramos, el alcalde señaló que con la entrega
del documento se adquiere la seguridad al patrimonio
de sus familias.
Márquez Guerrero, apuntó: "tengo la plena seguridad que
esta entrega de títulos los estimulará como
grupo para trabajar unidos en proyectos productivos
que ayuden a reactivar su economía, y a elevar
su nivel de vida de sus familias".
Para terminar, agradeció el apoyo de las dependencias federales
gubernamentales en lograr que los ejidatarios
ya cuenten con un documento legal de sus propiedades,
y felicitó al presidente del comisariado ejidal, Jaime Beltrán Galván, por su trabajo para
impulsar el desarrollo del mencionado ejido.
En su intervención, el representante del Registro Agrario Nacional
(RAN), Milton de Alba Gutiérrez, manifestó:
"en esta nueva etapa, con esta certificación
de sus tierras, encontrarán mecanismos tanto
con la federación, el gobierno del estado y
el municipal para fomentar mayor apoyo y hacer
más productiva la tierra de todos ustedes".
Por su parte, la delegada de la Procuraduría Agraria, María
de la Luz Rodríguez Mendoza, refirió que el
ejido El Campanario fue el último ejido del
municipio de Armería en regularizarse y certificarse,
"por lo que esto debe ser una satisfacción
también para el municipio que ya no tengan este
tipo de problemas".
Recordó que al cierre del Procede en el año 2003, el ejido
quedó pendiente porque había muchos problemas,
"sabíamos que estaban luchando por tierras,
que hacían un reclamo justo, y nosotros como
servidores públicos lo que queríamos era que
lo poquito que tuvieran lo registraran y lo
documentaran" acotó.
Finalmente, el representante de la secretaría de la Reforma
Agraria, Ramón del Toro Velasco, especificó
que en Colima, la dependencia tiene el 99 ciento
de la tierra rural debidamente certificada,
"fue una ardua labor en la que intervinimos
conjuntamente con el Registro Agrario Nacional,
el INEGI y la Procuraduría Agraria, por lo que
vemos con orgullo que esto haya podido culminar
aquí".
Anuncian Encuentro Estatal contra el Procede/Procecom. (Cuarto Poder, Carlos Herrera,
p.web).
LAS CASAS.
Integrantes de unas
15 organizaciones sociales y campesinas hicieron
un llamado al Primer Encuentro Estatal contra
el Procede/Procecom
con el objetivo de acordar acciones legales
y estrategias políticas para contrarrestar la
imposición de este programa del Gobierno Federal.
Preocupados por la
enorme división y los conflictos que ha causado
la imposición del Procede a través de la Procuraduría
Agraria, los organizadores de este evento
a realizarse del 10 al 12 de marzo, en el ejido
Petalcingo, municipio
de Tila, expresaron que es urgente detener estos
programas.
Al dar a conocer
este evento, Manuel Cruz Guzmán, del CEDIAC,
mencionó que "tenemos el deber ético de
defender la Propiedad Ejidal y Comunal de esa
amenaza privatizadora llamada Procede/Procedecom,
que obedece a los dictados de los organismos
multilaterales (Banco Mundial y FMI) para abrir
al mercado empresarial los territorios indígenas
y campesinos con sus valiosos recursos, limpiando
así el camino a los grandes proyectos neoliberales".
Dijo que las políticas
neoliberales impulsadas desde el Gobierno Federal,
buscan despojar al pueblo mexicano de todas
sus riquezas -incluyendo la tierra y sus recursos
naturales-, así como sus derechos laborales,
económicos, culturales y ambientales, y pretenden
entregar la soberanía nacional a los intereses
del Gobierno de Estados Unidos y de las empresas
multinacionales.
Explicó que en este
encuentro se contará con el apoyo y la asesoría
de organismos independientes de derechos humanos
y de especialistas en el tema: "Si tienen
dudas sobre el Procede/Procdecom
asistan para saber lo que realmente significa".
Entre los convocantes están la organización Yomblej,
el Movimiento Agrario Indígena Zapatista
(MAIZ), el Movimiento de Resistencia Popular
del Sureste (MRPS), Xinich,
Sociedad Civil de Las Abejas, Fundación León
XIII, entre otrasa.
Se reúnen autoridades agrarias con comuneros de
Cuautepec; buscan salida al conflicto con Copala. (El Sur (Guerrero), Karenine Trigo, p.web)
Los funcionarios tratan de
convencer a los campesinos que el programa Focos
Amarillos es la mejor salida a la disputa. En
la reunión, los ejidatarios se manifiestan en
contra del Procede.
Cuatepec.
Visitadores de
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y
el residente de la Procuraduría Agraria (PA)
en Costa Chica se reunieron ayer con comuneros de Cuautepec, para explicar el programa Focos Amarillos, y buscar
soluciones al conflicto de tierras que tienen
con Copala. En esta
reunión los comuneros se opusieron al Procede.
El conflicto de linderos entre
Copala y Cuautepec tiene sus antecedentes
en 1956, cuando por resolución presidencial
se le otorgó el título de bienes al segundo
municipio, donde se le conceden mil 200 hectáreas
en el título primordial pero no le fueron reconocidas
800 hectáreas, las cuales pueden ser rescatadas
mediante la vía restitutoria.
Años más tarde –cuando se creó
el ejido de Copala–
en el título primordial se le otorgan 400 hectáreas
que corresponden a Cuautepec,
sumando así las hectáreas en conflicto que son
mil 200 y que están en posesión de los ejidatarios
de Copala.
El presidente del comisariado de los bienes comunales de Cuautepec,
Jesús Armenta Abarca,
dio la bienvenida a los asistentes a la reunión,
a la cual asistieron alrededor de 120 comuneros
y donde también llegaron comisarios de diferentes
comunidades para recibir la información y difundirla
entre los integrantes del núcleo agrario.
En su intervención el asesor de
los comuneros, Ramón Gracida,
explicó que es importante tener la información
del programa de Focos Amarillos pues
el conflicto agrario lleva años y no ha sido
resuelto.
“Nosotros tenemos un abogado que
está peleando en los tribunales, pero no sabemos
qué va a pasar, puede ser que los jueces digan
que esas tierras son de Cuautepec,
porque así lo dice el título primordial o puede
decir que Cuautepec
ya perdió esos derechos y ahora son de Copala,
cualquier decisión que tome el juez no va a
resolver el problema”, indicó.
Abundó que primero se tiene que
confiar en el abogado y aprovechar las propuestas
que está haciendo la Reforma Agraria de que
este problema se pueda resolver mediante el
programa de Focos Amarillos.
Dijo que lo que significa es que
se puede resolverlo pacíficamente, “sentándose
Copala, Cuautepec
y el gobierno para buscar una solución que deje
satisfechas a las dos partes; esta es una propuesta
que ustedes van a decidir si la aceptan o no”.
Indicó que es importante tomar
en cuenta que “cuando nosotros queramos que
esto se resuelva de esta manera, puede que el
programa de Focos Amarillos ya no funcione porque
es un programa de este gobierno federal, no
se nos vaya a ocurrir después del 2 de julio,
porque ya para entonces quizás sea demasiado
tarde”.
En tanto, el integrante del grupo
de trabajo para la atención de conflictos agrarios
en el medio rural, Focos Amarillos, Víctor Manuel
Zapata Borgado explicó
en su intervención que dicho programa consiste
en otorgar dinero a cambio de las tierras.
Abundó que éstas pertenecen a Cuautepec, pero están en posesión de los ejidatarios de Copala y que lo mejor es llegar a un acuerdo. Si las tierras
pasan a manos de los campesinos de Cuautepec,
a los de Copala se
les entregaría dinero a cambio; otro acuerdo
sería la mitad de tierras para ambos núcleos
agrarios y el dinero destinado para este conflicto
también sería repartido en partes iguales.
Al término de la explicación del
programa Focos Amarillos, se le
insistió a los comuneros que esta reunión era
de carácter informativa, que en ella no se tomarían
ningún acuerdo, sino que sería llevada a las
comunidades y decidir en asamblea plenaria.
El enviado de la Procuraduría
Agraria Evaristo Zapata dijo en su explicación
que jurídicamente la posesión de la tierra le
corresponde a los comuneros de Cuautepec;
sin embargo la tienen los ejidatarios de Copala,
y que el gobierno federal está interesado en
resolver el conflicto lo más pronto posible,
pero también tendría que ser antes del 2 de
julio.
El comunero Enrique Armenta Arpisto, dijo que no está
de acuerdo en que se le otorgue la mitad de
las tierras a los ejidatarios de Copala, ya que éstas les pertenecen, también dijo estar en
contra del programa Procede “no queremos Procede
porque el gobierno después nos va a cobrar impuestos”,
dijo.
En ese sentido, el subdelegado
de conciliación de la Procuraduría Agraria,
Evaristo Torres Santamaría, dijo que es urgente
que tomen una determinación en cuanto al programa
Procede, pues el próximo año sería muy difícil
que la cámara de diputados destinara un recurso
para este hecho, ya que son muy pocos los núcleos
agrarios que hacen falta.
Por su parte el residente de la
Procuraduría Agraria en Costa Chica, Rigoberto
Salazar Morán, dijo que de aceptar el Procede
las hectáreas en conflicto no se certificarían
y en el plano correspondiente a los bienes comunales
se resaltarían la zona de conflicto.
Otro comunero, Hermelindo Gutiérrez Torreblanca, dijo que en los últimos
ocho años se han encontrado pruebas suficientes
par determinar que las tierras pertenecen a
Cuautepec y se manifestó
en contra de resolver el problema por medio
del programa Focos Amarillos, “el juez tiene
que ponerse las pilas”.
A la reunión asistieron además
el residente de la Procuraduría Agraria en
Costa Chica, Rigoberto Salazar Moran, el
regidor de Desarrollo Rural, Servando Sotelo
González, los visitadores agrarios, Jorge Omar
Jacinto Cruz y Mauro Javier Morán Ramírez.
Declara Cuautepec su
apoyo a los opositores a La Parota y acusa de
insensible a Zeferino. (El Sur (Guerrero), Karenine Trigo,
p.web).
El presidente de los bienes comunales
de ese municipio dice que faltó diálogo para
resolver el conflicto de forma civilizada.
Cuautepec.
El presidente de los bienes comunales
de este municipio, Jesús Armenta
Abarca y de su asesor Ramón Gracida
manifestaron su apoyo total a los ejidatarios
que se oponen al proyecto hidroeléctrico La
Parota, durante una reunión con enviados de
la Reforma Agraria y de la Procuraduría
Agraria.
Armenta dijo
que está en contra de la construcción de la
hidroeléctrica “porque algunos campesinos han
sido acosados por el gobierno para que acepten
este proyecto”.
Afirmó que muchos habitantes de
este municipio también se oponen al proyecto
de la Comisión federal de Electricidad (CFE),
aunque reconoció que la mayoría carece de información
en torno al conflicto, “pero un 30 por ciento
está en contra”.
En tanto, el asesor de los comuneros,
Ramón Gracida acusó
de insensible al gobernador Zeferino
Torreblanca por el conflicto en torno a La Parota
“me parece que las partes interesadas en que
esto se lleve a cabo, no han tenido la sensibilidad
suficiente para encauzar de manera correcta
el conflicto”
Afirmó que esa insensibilidad del
gobierno del estado, “desde Zeferino
Torreblanca hasta la misma Comisión Federal
de Electricidad han llevado a una confrontación
inútil, estéril y que pudo haber sido evitada”.
Consideró que faltó una operación
política que hubiera permitido el diálogo entre
ambas partes “y resolver esto de manera civilizada,
democrática y en plena libertad, de entrada
cuestiono el chantaje, los métodos de presión,
la manipulación con la que se han llevado a
cabo algunos acuerdos tomados en algunas asambleas,
no se ha respetado la libertad plena para que
los campesinos decidan en completa autonomía”.
Ramón Gracida
llamó a las autoridades estatales a que busquen
el diálogo “franco, sincero, abierto y en plena
libertad para llegar a los acuerdos que convengan
a la comunidad”.
Dijo que los comuneros de Cuautepec “nos pronunciamos en apoyo total a la resistencia
de los campesinos que se oponen al proyecto
de La Parota”.
En breve, resultados de convenios de conflictos
ejidales: Efraín García. (La Jornada de Michoacán,
Ernesto Martínez, p.web)
Por definirse, las indemnizaciones
a los comuneros.
El subsecretario de Concertación
Agraria del gobierno del estado, Efraín García
Becerra, manifestó que en breve se darán
a conocer los resultados de otros convenios
entre comunidades indígenas que permiten resolver
conflictos por la tenencia de la tierra, considerados
como "focos rojos y amarillos".
Dijo también que ya iniciaron las pláticas con
los ejidatarios de Angamacutiro para analizar lo referente al pago de indemnizaciones
por las tierras utilizadas para construir la
presa.
Señaló que los inconformes buscan
un acuerdo en el que las autoridades se comprometan
a pagar la indemnización de 2 mil 600 hectáreas
que fueron expropiadas hace 37 años para la
construcción de la presa El Rosario. "En
realidad no hay problema con los ejidatarios,
quienes han demostrado su paciencia, quienes
se han metido en asuntos que no les corresponde,
y han hecho grilla, son los alumnos de
la Escuela Normal de Tiripetío".
Antes del 16 de marzo se llevará
a cabo una reunión con el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel y con autoridades federales para
definir los detalles en cuanto a la indemnización,
que dependerá de los avalúos que apenas se están
levantando.
En torno a los problemas que se
han generando en la comunidad indígena de San
Lorenzo, donde ha habido tomas de carreteras
y plantones, García Becerra manifestó que la
Dirección de Gobierno ha dado atención, pero
es imposible que siempre esté presente la policía,
antes se tiene que dialogar y llegar a un acuerdo.
Por una parte, se busca proteger los bosques,
y por otra, evitar enfrentamientos entre los
dueños del bosque y quienes sacan de manera
ilícita la madera.
En torno a los conflictos agrarios
denominados "focos amarillos", comentó
que hay 62 casos que se están atendiendo, de
los cuales ya se han logrado convenios de intención
y otros más están finiquitados, como el de la
costa de Santa María Miramar, en Coahuyana; se resolvió también el problema ancestral de la
Puerta de Jiripetiro;
otro caso más en Copándaro, y en La Huacana se arreglaron
las diferencias entre El Canelo y Silahua.
Hay avances en otros casos que
en breve se resolverán y se darán a conocer.
En el caso de los "focos rojos", Efraín
García dijo que en el municipio de Chilchota,
donde hay por lo menos cuatro conflictos graves,
es probable que pronto se llegue a un acuerdo
definitivo, lo mismo que en la zona de Cherán
y Los Reyes. "Espero que en 30 días podamos
dar alguna información sobre la solución a buena
parte de los conflictos agrarios, que durante
décadas no sólo han afectado a las comunidades
sino a todo el estado".
Acusan comuneros de Tingambato
corrupción en comisariado
de bienes ejidales. (La Jornada de Michoacán, Antonio Aguilera, p.web).
Salvador Ramírez trata de rematar
terrenos a empresarios aguacateros,
sostienen.
Señalan que el comisario realizó
una asamblea ficticia para avalar el bajo precio
en la venta
Comuneros de Tingambato
acusaron que el comisariado
de bienes ejidales, Héctor Salvador Ramírez
López trata de "rematar" alrededor
de siete mil 500 hectáreas de esa comunidad
a un grupo de empresarios aguacateros, y para ello usurpó funciones al realizar una
asamblea ficticia donde se avala la venta "a
bajo precio" de estos terrenos que serían
despojados a más de mil comuneros.
En una marcha multisocial, donde compartieron arengas y calles tanto estudiantes
de la Preparatoria número 4, como normalistas
de Tiripetío, los vecinos en lucha de la Colonia Felícitas del Río, y que fue encabezada por la coordinadora
estatal de la Otra Campaña, los comuneros
señalaron que el comisariado desconoció un decreto presidencial, dado que la
"espuria asamblea que encabezó fue solapada
por Pavel Hernández", subdirector de la
Secretaría de Gobierno.
Los comuneros demandaron la liberación
de siete presos que tienen más de 80 años de
edad, que se opusieron a entregar sus terrenos
y que desde el mes de febrero ingresaron al
Centro Penitenciario "Mil Cumbres"
de la capital del estado, sin orden de aprehensión
de por medio.
José Luis Zarco García, portavoz
de los comuneros de Tingambato,
explicó que desde el pasado mes de febrero las
autoridades de manera "inexplicable"
encarcelaron a Salvador Zamudio
Baéz, Arturo Ramírez
Terán, Delfino Hernández
Melchor, Guillermo Báez Madero, Herón
Figueroa Frías, Ismael Figueroa León y José
Luis Zarco Rueda, todos ellos, ex líderes comunales
de la región.
Comentó que los comuneros fueron
demandados por supuestos dueños de 'minas' de
arena de Tingambato,
sin embargo, precisó que el lugar donde se encuentran
las grandes cantidades de tierra son zonas ejidales
que huerteros de aguacate
tratan de apropiarse.
En compañía de más de 200 indígenas
de la zona purépecha,
que participarán en los preparativos para la
potencial visita del Delegado Zero
del EZLN a Tingambato,
arribaron aproximadamente a las once de la mañana
a Palacio de Gobierno a fin que las autoridades
atendieran un problema que de seguir de la misma
manera podría convertirse en un 'foco rojo'
ejidal.
José Luis Zarco, en compañía de
otros líderes sociales, expusieron durante la
manifestación diversos problemas, entre los
que destaca la tala de árboles, la falta de
atención a los pueblos indígenas y el aumento
de presos "políticos" en el estado
de Michoacán.
"El gobierno del estado los
encarceló de manera arbitraria por explotar
las minas que existen en ese lugar, pero no
tienen ningún proceso legal aunado de ningún
documento donde piden que deban ser encarcelados",
precisó, la esposa de uno de los detenidos.
Encarcelan a ex comisariaza ejidal de Sta. María Ahuacatitlán. (Diario de Morelos, p.web)
José Martínez Cruz, vocero de la
Comisión Independiente de Derechos Humanos,
se pronunció por un juicio justo para la ex
comisariada ejidal
de Tetela del Monte,
al tiempo que criticó lo aparatoso de los operativos
para detener a dirigentes sociales.
Por otra parte, advirtió del conflicto
que se está recrudeciendo entre los habitantes
de Alpuyeca ante la
contaminación que genera el basurero de Tetlama,
problema al que no le han dado solución los
cinco ayuntamientos que ahí tiran sus desechos
ni respuesta a los pobladores en los ocho meses
en que han estado haciendo toda clase de trámites
en diferentes dependencias En cuanto al conflicto
ejidal en Lomas de Tetela,
que tuvo una expresión más con la detención
de Carmen Lucila González, Martínez Cruz señaló
que las autoridades de la Secretaría de la
Reforma Agraria han desatendido el asunto
agrario y dejado que llegue a instancias judiciales,
en tanto “que la asamblea de Lomas de Tetela
decidió que las tierras no se toquen para proyectos
urbanos que otros sectores han estado promoviendo”.
Criticó que la Policía Ministerial haya implementado
un operativo tan aparatoso y abusivo para detener
dirigentes sociales en la entidad, y si la procuradora
no sabe porqué se le detiene, me parece excesivo”,
señaló.
Otra provocación. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, p.web).
Por instrucciones del gobernador del Estado, la Procuraduría Agraria no envió ayer a la
visitadora Rubí Aké
Ventura, quien se comprometió el domingo
pasado a entregarle su constancia de mayoría
al comisario electo de Hunucmá,
Marcelino Mex Cauich/ Vendrá una comisión
a Mérida para averiguar a qué obedeció su ausencia/
Mex Cauich
pide calma a los ejidatarios ante esta nueva
chicanada del gobierno
La Procuraduría Agraria no acudió ayer a Hunucmá
a entregarle su constancia al comisario Marcelino
Mex Cauich,
lo que fue interpretado por los campesinos como
“otra trampa” del gobierno de Patricio Patrón
Laviada para dilatar
la ratificación de la denuncia ante el Tribunal
Agrario que busca nulificar la asamblea
en la que se despojó de sus extensas tierras
al ejido.
Unos 150 campesinos se dieron cita desde las 10 de la mañana
en el edificio del Comisariado
Ejidal, en espera de que la visitadora de la
Procuraduría Agraria, Rubí Aké
Ventura, se presentara para concluir oficialmente
con el trámite de cambio de dirigencia ejidal.
Después de que el domingo pasado se contabilizara la votación
y se conociera el triunfo de Mex
Cauich, Aké Ventura anunció que
ayer miércoles estaría de regreso para entregarle
la constancia de mayoría que lo acredita ante
la Procuraduría como nuevo comisario del ejido
de Hunucmá.
Sin embargo, hasta las 13:30 horas, es decir, tres horas y
media después de la hora que había fijado, la
funcionaria no se presentó y ello obligó a los
ejidatarios a nombrar a una comisión que se
encargará de viajar mañana viernes a la Procuraduría
Agraria para exigir la entrega del documento
que designa a Mex
Cauich como autoridad
ejidal ante las autoridades agrarias.
—Vamos a esperar hasta mañana jueves (por hoy) para ver si
la Procuraduría manda a alguien, pero si no
lo hace entonces la comisión viajará a Mérida
para averiguar qué sucede, explicó a los presentes
el comisario.
Hay que recordar que Mex Cauich, antes de que resultara electo, se comprometió a que
tan pronto asumiera el cargo y tuviera la representación
legal, acudiría al Tribunal Agrario para ratificar
la denuncia interpuesta contra la ilegal asamblea
del 27 de febrero del 2005, en la que se adjudicó
mil 526 hectáreas a Antonino Almazán Arteaga,
el acaparador favorito y protegido de Patricio
Patrón Laviada, y
cinco prestanombres más.
El expediente está en proceso desde hace varias semanas, pero
no había sido posible aportar más elementos
debido a que el comisario anterior Pedro Puc
Canul fue uno de los
que precisamente avaló la irregular asamblea.
—No se preocupen compañeros, si ya conocemos cómo han actuado
las autoridades agrarias para ser cómplices
de las trampas y el robo de nuestras tierras,
esta puede ser una trampa más, precisó a su
vez el campesino Felipe Moo
Borges.
Enseguida, el comisario Mex Cauich pidió tranquilidad a los demás ejidatarios al hacerles
notar que la autoridad ejidal electa por la
mayoría es él, y es un hecho consumado que no
puede ser invalidado por ninguna autoridad.
Ustedes decidieron libremente elegir a un nuevo comisario en
la asamblea del domingo pasado y por decisión
de la mayoría vamos a trabajar en unidad y respeto,
aseveró.
La fuerza de la asamblea son ustedes —subrayó—, porque ustedes
aprueban o desaprueban los asuntos que se pongan
a discusión.
Agradeció asimismo a los campesinos haber acudido al llamado
para que asistieran al acto programado a las
10 de la mañana, y lamentó que la funcionaria
de la Procuraduría haya incurrido en una irresponsabilidad
en no acudir ayer como ofreció.
Lo que quiero insistirles —observó por su parte Moo Borges—, es que las cosas ya cambiaron y todos los asuntos
del ejido se van a tratar sobre la mesa y con
la participación y aprobación de todos, no bajo
la mesa como antes se hacía.
El ejido es un solo núcleo, ya no hay grupos como por mucho
tiempo se manejó de manera ilegal y por conveniencia
de unos cuantos, precisó.
Insistió en que se gestionará y se conseguirá el verdadero
padrón ejidal, no el alterado que enlista a
personas que no son campesinos, para que sobre
la mesa lo revisen todos y vean quiénes son
los verdaderos ejidatarios y sus reales sucesores.
—Se acabó aquello de que con mil pesos quitaban a un ejidatario
y metían a un amigo del comisario en turno,
puntualizó.
A la reunión asistió el comisario anterior (destituido) Pedro
Puc Canul,
quien no entregó las llaves y demás bienes precisamente
porque de ese trámite iba a dar fe la visitadora
de la Procuraduría Agraria.
Llamó la atención el exagerado gusto de Puc
Canul por el oro,
pues en ambas manos portaba anillos en cuatro
dedos, es decir, ocho en total, además de tres
pulsos que lucía en la mano derecha, y para
rematar, en el cuello llevaba colgadas tres
cadenas con cinco medallas del preciado metal.
Puc Canul es
uno de los que avaló la venta de las tierras
a Antonino Almazán Arteaga y sus prestanombres.
Voracidad sin freno. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, p.web).
El especulador y acaparador de tierras Antonino Almazán Arteaga
sólo le vendió al Gobierno del Estado el 70
por ciento de las hectáreas (1,526) que había
comprado a ejidatarios de Hunucmá
y en el papel se quedó con 461 has/ Hay “bailando”
tres millones 227 mil pesos más
Antonino Almazán Arteaga, el acaparador contratado por Patricio
Patrón Laviada para
apropiarse de extensas superficies ejidales
de Hunucmá, sólo le
vendió al Gobierno del Estado el 70 por ciento
de las hectáreas (1,526) que había comprado
y en el papel se quedó con 461 hectáreas.
Ahora que se ha confirmado plenamente la información proporcionada
por POR
ESTO!, en el sentido de que en ese lugar
se planea construir un aeropuerto, que forma
parte del proyecto de Plataforma Logística de
Exportación con Zona Franca, que se entregará
a un grupo de empresarios españoles con fuertes
lazos con la República Popular de China, la
pregunta obligada es si Almazán Arteaga verdaderamente
conserva para sí este preciado filete inmobiliario
o no es más que un vulgar prestanombres de encumbrados
políticos y “hombres de empresa” vinculados
con “Los Amigos de Patricio”.
Con base en documentos oficiales que dejó el comisario destituido
de Hunucmá, Antonino
Almazán Arteaga y su banda de prestanombres
se apropiaron de otras 461 hectáreas de superficies
ejidales, que no fueron asentadas en ningún
acta de asamblea, no obstante lo cual el Registro
Agrario Nacional les expidió los títulos
de propiedad correspondientes desde el pasado
13 de mayo.
Si el especulador favorito y protegido de Patricio Patrón Laviada pagó esas tierras al mismo precio que las otras mil
526 hectáreas que adquirió para después vendérselas
a su jefe, tuvo que haber desembolsado tres
millones 227 mil pesos más.
Sin embargo, el destino de ese dinero “se desconoce” debido
a que la desincorporación
de las 461 hectáreas mencionadas se ocultó documentalmente
y sólo se descubrió al conocerse los títulos
de propiedad que otorgó el RAN.
Lo más probable es que los más de tres millones de pesos se
hayan repartido entre los 14 “líderes” y ex
comisarios que facilitaron la ilegal venta y
a quienes Patricio Patrón les ofreció una comida
de agradecimiento en el Centro de Convenciones,
cuyos detalles publicamos el pasado martes.
El acta de la supuesta asamblea celebrada el 27 de febrero
de 2005 precisa que las tierras a vender suman
mil 526 hectáreas a Antonino Almazán Arteaga
y cinco prestanombres, pero en los títulos de
propiedad expedidos por el RAN para estas mismas
personas se asientan un total de mil 987 hectáreas
divididas de la siguiente manera:
1.- Antonino Almazán Arteaga, título 1909 con una superficie
de 507-97-62.29 hectáreas.
2.- Blanca Azalia Huesca Damián,
título 1910 con una superficie de 229-51-85.90
hectáreas.
3.- Santa Bartola Acuña, título 1911 con una superficie de
225-31-33.24 hectáreas.
4.- María Yesenia Méndez Rebollo,
título 1912 con una superficie de 128-33-42.25
hectáreas.
5.- María del Carmen Nieva Domínguez, con dos títulos: El primero,
con el número 1913 y una superficie de 199-74-99.33
hectáreas y el segundo, el 1914, con una superficie
de 460-68-16.95 hectáreas.
6.- Francisco Javier Hernández Cruz, título 1915 y una superficie
de 235-68-95.07 hectáreas.
“Plantaron” a los ejidatarios de Hunucmá. (Diario de Yucatán, Jorge
Castilla, p.web).
No puede tomar posesión el nuevo comisario ejidal.
Hunucmá.- Numerosos ejidatarios y viudas de
campesinos mostraron su inconformidad por la
ausencia de la visitadora agraria Rubí Aké
Herrera, por motivos que se ignoran, al
local de la comisaría ejidal, donde tomaría
posesión Maximiliano Mex Cauich como nuevo comisario.
Después de esperarla durante tres horas, desde las 10 de la
mañana, algunos productores llamaron por teléfono
a la Procuraduría Agraria, donde les
informaron que la funcionaria no se había reportado
a sus oficinas y que desconocían donde se encontraba
en ese momento.
Ante la molestia y preocupación de los ejidatarios, el nuevo
comisario pidió a los presentes paciencia, ya
que se había hecho “los más importante: ganar
la elección ejidal”.
Varios ejidatarios externaron la falta de responsabilidad de
la funcionaria pues habían perdido un día de
trabajo por estar presentes en el acto.
También llamó la atención de los presentes que ninguno de los
que conforman la directiva de Mex
Cauich, ni el presidente del Consejo de Vigilancia, Nicolás
Pech Borges, hayan
hecho acto de presencia, lo que causó preocupación
ente los campesinos.
Como se sabe, Mex Cauich y los ejidatarios que lo apoyan buscan cancelar la
venta de tierras para el proyecto del gobierno
del Estado de construir un aeropuerto. El candidato
de los que apoyan esa venta fue derrotado por
Mex Cauich el domingo pasado.
Un espectáculo para ingenuos. (Diario de Yucatán, Víctor Fernández, p.web).
Mérida, Yuc.
Los enredos de Hunucmá.
El subsecretario de Gobierno Hugo Sánchez Camargo declaró que
jurídicamente la compra de los terrenos para
el aeropuerto de Hunucmá se hizo conforme a la ley y las operaciones son irreversibles.
El gobierno le compró a Antonino Almazán (un honesto ex funcionario
de la Secretaría de la Reforma Agraria),
así que si tienen algo que reclamar es con
él, no con el Ejecutivo. Se lo olvidó añadir,
para ilustrar a los ingenuos, que este personaje
amablemente le hizo un favor al gobierno del
Estado o, lo que es lo mismo, al pueblo de Yucatán,
particularmente a los marginados del “sur profundo”
de Mérida.
Wílliam Santos, asesor legal del nuevo comisario
ejidal de Hunucmá,
declaró: “El despojo de tierras a los ejidatarios
no se va a concretar”. El flamante comisario,
Marcelino Mex Cauich,
por su parte dice: “No estamos contra el desarrollo
del Estado, queremos que nos paguen lo justo.
Es muy importante sentarse a dialogar”.
Esperemos que ese diálogo, si se llega a dar, sea a los cuatro
vientos y a la vista de nosotros los ingenuos
incrédulos, y no en lo oscurito, al estilo de
los gobiernos de antes de la era del “cambio”.
Estamos ante un espectáculo de varios actos y enredos. Si Carlos
Salinas, “El innombrable”, se entera del caso,
les diría a los actores: No se hagan bolas,
quien tiene la verdadera solución es don Antonino
Almazán, el altruista intermediario del despojo.
Así lo dijo también don Hugo Sánchez a los ejidatarios: El
balón no lo tiene el gobierno; el gol se los
metió Antonino.
Si acaso hay alguna duda del enredo de la honrada compraventa
entre Almazán y el gobierno, consúltenle al
Mosco Pereira, otro ex funcionario de Reforma
Agraria y ahora rico acaparador y vendedor de
tierras ex ejidales.
Como colofón del “entremés” y antes de bajar el telón, surge
una pregunta: ¿ya tiene el gobierno del Estado
el macroplan detallado
de qué, cómo, cuándo y con qué va a hacer para
que Metrópolisur le lleve la prosperidad y el bienestar a los
marginados del “sur profundo”? Los meses pasan
y sólo se habla del nuevo aeropuerto, que según
nos dijeron no era lo importante, sino condición
sine qua non para el progreso de los habitantes
de más allá del muro de la ignominia.
Los ingenuos espectadores, así nos consideran, sólo esperamos
el final. ¿Aplaudiremos?.
Destaca GDF la firma de acuerdo entre habitantes
de Milpa Alta. (Excélsior,
p.web).
México, 9 de Marzo.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se
estableció una minuta de acuerdos entre los
habitantes de Milpa Alta que sostuvieron un
conflicto por un predio, en el que estuvo involucrada
la delegación y el gobierno de la ciudad.
En conferencia prensa señaló que la minuta establece ocho
acuerdos entre las comunidades de San
Pablo Oztotepec y
San Salvador Cuauhtenco entre ellos:
la intervención del Tribunal Unitario Agrario para agilizar la resolución de los expedientes
relacionados con
litigios de tierra entre ambos poblados.
Se acordó que la Comisión de Recursos Naturales del Gobierno
de la
ciudad de México emita un dictamen técnico por
los daños ambientales
que pudieran haberse presentado por la tala
de árboles y se inicien denuncias penales.
Encinas Rodríguez destacó que se establecerá un reten permanente para evitar el acceso de camiones para la tala
clandestina de
árboles, y habrá un recorrido para ubicar
rutas de actividades
ilícitas, entre otros.
Por otro lado, el mandatario local señaló que seguirán utilizando los lemas "Por el Bien de Todos,
Primero los Pobres" y
"México ciudad de la Esperanza",
pues se trata de insignias de esta administración y negó que sean las mismas que
utiliza en su campaña
presidencial el ex jefe de gobierno,
Andrés Manuel López Obrador
Comentó que desde el inicio de la administración se han utilizado estas insignias y negó que se trate
de una simulación.
En otro tema, informó que el gobierno de la ciudad presentará
hoy un recurso de requerimiento a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza su facultad de averiguación
sobre los acontecimientos
de 1968 y 1971.
El mandatario local dijo que harán referencia a los hechos
puntuales de la intervención del grupo
paramilitar denominado "Los
halcones".
Sobre el caso de la presidenta municipal de Coacalco, Julieta Villalpando,
Alejandro Encinas reconoció que estuvo mal planteada
la información
que dio a conocer ayer, "asumo mi responsabilidad".
Encinas Rodríguez dijo que sí hubo tal detención pero fue por
parte de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal.
El jefe de Gobierno consideró necesaria la intervención del
Instituto Electoral del Distrito Federal
para frenar los actos de
campaña anticipados.
En este sentido dijo que se requiere de una reforma política
y electoral
acorde con las nuevas condiciones del sistema
político y de
partidos en el país, para evitar situaciones
de simulación e incumplimiento de la ley.
Cabe señalar que durante la conferencia de prensa, un grupo
de integrantes
de la Asamblea del Barrio se plantaron frente
al gobierno
del Distrito Federal en demanda de créditos
para vivienda.
Darán prioridad a conflictos agrarios de la entidad.
(Cambio de Michoacán, América Juárez, p.web).
MORELIA.
Prioritaria la resolución de los conflictos agrarios en la
Meseta Purépecha,
y es de los tres focos rojos que a nivel
nacional aún están sin resolverse, informó Francisco
Javier Cañada Melesio,
representante regional de la Secretaría de la
Reforma Agraria en Michoacán.
Entrevistado en el marco del Programa Michoacano de Biofertilización, señaló que la atención a conflictos que
ha estado operando desde hace tres años, ya
tiene resultados concretos en donde se logró
desactivar once conflictos en el país, sin embargo
prevalece la problemática en la Meseta, por
esta razón se ha brindado especial atención
del gobierno federal y estatal.
Por su parte Efraín Becerra, encargado del área agraria en
el gobierno del estado, precisó que aún continúan
en el estado 62 focos amarillos y siete
rojos, de los cuales ya se tienen importantes
progresos en su solución.
Sobre los focos amarillos mencionó que varios de ellos
ya han firmado los convenios de intención, mientras
que otros ya se han finiquitado, tal es el caso
de Santa María Miramar en la Costa, el de Canelo
y Sin Agua en Cohuayana,
La Puerta de Jaripitiro, algunos de Copándaro,
y está por resolverse del municipio de La Huacana,
que son Arrojadero
con Copales.
Indicó que hay otros que tienen importantes adelantos, y sólo
se está en la espera de la audiencia para la
firma del acuerdo; al referirse a los focos
rojos manifestó que en Cherán,
Paracho y Tangamandapio
y Charapan, que son las zonas detectadas con más problemas,
también ya tienen avances importantes, por lo
que en una semana más se podrán dar resultados
más concretos sobre la solución de conflictos
agrarios hasta la fecha.
Cabe mencionar que actualmente hay tres grupos formados por
el gobierno federal y del estado, quienes en
este momento trabajan en las mesas de diálogo
para establecer los acuerdos.
Piden comuneros de Tingambato
liberación de presos. (Cambio de Michoacán, América
Juárez, p.web).
MORELIA.
Comuneros de la localidad de Santiago, municipio de Tingambato, acompañados de doce organizaciones sociales del
estado pidieron ayer a las autoridades la liberación
de siete presos de entre 75 y 80 años de edad,
que se presume ingresaron desde febrero al Centro
Penitenciario David Franco Rodríguez de Morelia,
por delitos que hasta la fecha no les han sido
comprobados, como despojo de inmueble y malversación
de recursos.
Los presos, de acuerdo con José Luis Zarco García, portavoz
de estas organizaciones, son Salvador Zamudio
Báez, Arturo Ramírez Terán, Delfino
Hernández Melchor, Guillermo Báez Madero, Herón
Figueroa Frías, Ismael Figueroa León y José
Luis Zarco Rueda, todos ellos ex líderes comunales
de la región.
La situación, de acuerdo con habitantes de esta comunidad,
quienes por temor a represalias no quisieron
dar su nombre, tiene un trasfondo político,
además de que se quiere proteger a aguacateros
que reclaman la posesión de tierras que fueron
declaradas por el Tribunal Agrario Nacional
propiedad de los comuneros.
El comisariado ejidal, de nombre
Héctor Salvador Ramírez Razo,
señalaron, ha actuado en contra de la mayoría
de la asamblea general, que fue constituida
por cerca de mil miembros de esta localidad,
sin embargo hasta la fecha las reuniones esta
persona las efectúa con sólo 100 miembros, sin
contar con la mayoría para aprobar los acuerdos.
Denunciaron que de la mano de las autoridades estatales, este
individuo no sólo ha buscado encarcelar a quien
denuncie estas irregularidades, sino además
despojarlos de sus tierras.
Un campesino de esta localidad, quien dijo tener una acusación
en su contra, manifestó que actualmente en la
lista del comisariado se encuentran diez personas más denunciadas que
temen por su libertad.
Hasta la fecha, precisó, las autoridades no han escuchado las
peticiones de este grupo social, a pesar de
que son evidentes las condiciones anómalas bajo
las cuales este grupo de personas de la tercera
edad fueron encarcelados.
El grupo conformado por más de 100 indígenas de la región purépecha que arribó aproximadamente a las 11:00 de la mañana
a Palacio de Gobierno, fue atendido por el subsecretario
de Gobierno, Pável Hernández, quien confirmó que efectivamente se presentaron
algunas irregularidades durante la detención
de estas personas, razón por la cual ya se toman
cartas en el asunto y se revisará el expediente
de cada uno de los encarcelados para definir
cuáles serán las acciones a seguir, por las
autoridades estatales.
Demanda el crecimiento urbano 60 por ciento de
tierra social: SRA. (Notimex,
p.web).
Miércoles 8 de marzo, 06.
México, 8 Mar.- El crecimiento urbano demanda 60 por ciento
de la tierra ejidal o comunal, por lo que los
campesinos también pueden incorporarse a actividades
inmobiliarias para tener un mayor ingreso y
convertir la tierra en su patrimonio, aseveró
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame.
En entrevista, indicó que en los ejidos hay recursos forestales,
mineros, paisaje y posibilidades de desarrollo
ecoturístico que dan
la posibilidad a los campesinos de asociarse
en actividades económicas diversas, como el
ramo inmobiliario.
"Todo esto le da a los campesinos la oportunidad de tener
un mayor ingreso, de convertir a la tierra realmente
en su patrimonio y no sólo en usufructuarla
en condiciones precarias como ocurre ahora,
porque la gran mayoría precio en el mercado,
pero que son productos de subsistencia",
dijo.
Salazar Adame recordó que en los
años 50 México estaba conformado por una población
fundamentalmente rural y que ahora es una población
fundamentalmente urbana, ya que la vida en las
ciudades ofrece más alternativas y atractivos
que la vida campesina.
Planteó que la migración no es resultado sólo de la falta de
oportunidades, sino de un desplazamiento natural
de personas que buscan tener mejores condiciones
de vida aunque no siempre las encuentren en
las ciudades.
De ahí, dijo, la importancia del programa de Certificación
de Ejidos Solares Urbanos (Procede), el cual
le da la oportunidad al campesino que tiene
la tierra de poder asociarse para que obtener
una inversión que le resulte incluso altamente
productiva.
Apuntó que pese al crecimiento de las ciudades México puede
ser autosuficiente porque en este caso además
de la tierra que absorben las ciudades, siendo
tan importantes, hay actividades agropecuarias
que igualmente desarrolla el sector privado
y que le permiten satisfacer al mercado nacional.
Prensa Estatal
CHIAPAS
"Las parcelas ociosas" aún son asignatura
pendiente. (Cuarto Poder, Marco González,
p.web).
CHIAPAS
La actual migración hacia la frontera
norte, Estados Unidos y Cancún ha solucionado
gran parte de los problemas de la tenencia de
la tierra; ya es un asunto de seguridad nacional.
Una gran parte de los problemas de la tenencia
de la tierra en la entidad se han resuelto debido
al gran flujo migratorio de los chiapanecos
-a partir de finales de 1998 hasta la fecha
- hacia la frontera norte, Estados Unidos (EU)
y Cancún, primordialmente, y porque cientos
de organizaciones indígenas y campesinas han
desaparecido ya que únicamente eran de membrete,
señala Cecilio Marroquín Molina.
Si bien en Chiapas ya no hay invasiones
como las que ocurrían desde 1975 hasta finales
del 1988, esto no se debe a la labor de las
autoridades por resolver el intrincado problema
de la tenencia de tierra en la entidad, sino
porque cuando menos unos 180 mil padres de familia
indígenas y campesinos han dejado tiradas las
parcelas o las peticiones de éstas, porque han
emigrado de la entidad o del país en los últimos
siete años, señala el investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Problemas de tenencia de la tierra
como el de Chimalapas,
la Selva Lacandona y algunos otros intermunicipales
o intercomunitarios
en los Altos, Centro, Norte y Ocosingo, están
pendiente de solución, señala el sociólogo rural.
Si bien hay un pequeño avance, las dificultades
por la tenencia de la tierra persisten, aunque
oficialmente no se reconozcan, puntualiza.
El flujo migratorio de la gente
del campo -indígenas y campesinos- así como
de la zona urbana chiapaneca, debe ser motivo
de preocupación, en primer lugar porque revela
la falta de oportunidades de empleo, la crisis
en el sector agropecuario, la desintegración
familiar y hasta un problema de seguridad nacional,
consideró Eduardo Zenteno Núñez, legislador local del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM).
Al mismo tiempo dijo que la migración
ha traído a Chiapas dinero fresco, producto
de las remesas que suman más de 500 millones
de dólares en el último año, pero a un gran
costo social -abandono familiar temporal, cientos
de parcelas sin cultivar, baja en la producción
agropecuaria, entre otras- que debe ser analizado
y estudiado a conciencia por la condición fronteriza
de Chiapas y la porosidad de nuestra línea divisoria
con el vecino país de Guatemala.
Hay menos presión:
Arturo Velasco
En tanto para Arturo Velasco, diputado
del Partido del Trabajo (PT), la migración de
cientos de miles de indígenas y campesinos -
internamente dentro de la entidad y del país
como fuera de éste- ha quitado presión al conflicto
de la tenencia de la tierra en Chiapas, mismo
que se recrudeció a partir del surgimiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994.
A raíz del flujo migratorio y la
llegada a Chiapas de fuertes cantidades de remesas
de dólares, el problema de la tenencia de la
tierra dejó de ser de seguridad nacional, apunta
el legislador local, pero no se debe perder
de vista el asunto de las parcelas abandonadas
porque inciden en la baja de la producción agropecuaria,
enfatizó.
Con gran costo social: Enoch Araujo
Por su parte Enoch
Araujo, diputado local del Partido Acción Nacional
(PAN), destacó que el flujo migratorio chiapaneco
hacia Estados Unidos principalmente, ha venido
a romper con la estructura familiar y esto,
en una entidad fronteriza como Chiapas, debe
ser motivo de una especial atención por parte
de las autoridades municipales, estatales y
federales.
Al mismo tiempo, añadió, este flujo
migratorio ha bajado la presión a los problemas
de la tenencia de la tierra que anteriormente
existían en Chiapas. No se han resuelto del
todo los problemas, pero la mayoría de los indígenas
o campesinos que pedían parcelas, han dejado
su lugar de origen para buscar trabajo en Cancún,
la frontera norte y EU, principalmente.
¿De qué tamaño será la necesidad
y las condiciones de vida de miles de chiapanecos
que emprenden el éxodo hacia Estados Unidos,
aun a riesgo de propia vida?, se pregunta el
diputado Araujo Sánchez, al tiempo de responderse
a sí mismo - muchísima, que hasta abandonan
sus tierras, cuando las tienen, a cambio de
un destino incierto que es, mucho mejor al de
aquí.
Solución inmediata al conflicto:
Belisario Gómez
En tanto para Belisario Gómez,
diputado local del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), la migración de indígenas y campesinos
chiapanecos resuelve -por el momento- el problema
de la tenencia de la tierra, al mismo tiempo
de generar la ruptura de cientos de miles de
familias, lo cual se ha venido acentuando en
los últimos cuatro años y enfatiza:
"Al principio solamente se
iba el papá, ahora, también se va la mujer y
dejan los hijos al cuidado de los abuelos o
los familiares. Ahora estas familias tienen
un poco más de dinero para la comida y la escuela,
pero los niños no tienen el rigor y las enseñanzas
de sus padres. En algunos casos los chamacos
tienen hasta cinco años sin ver a sus papás".
Las autoridades del sector agrario no han levantado
un censo real de las parcelas que han dejado
los migrantes chiapanecos
que hoy están en Cancún, en la frontera norte
de México, EU y Canadá, porque en muchos casos
estas tierras son trabajadas por gente de Centroamérica
que se hace pasar por familiar de los ausentes,
subraya Marroquín Molina.
Si bien con el flujo migratorio
hacia el exterior se ha postergado indefinidamente
la solución al conflicto agrario en Chiapas,
se están gestado otros
problemas sociales, quizá, de mayor envergadura
como una invasión silenciosa de trabajadores
agrícolas centroamericanos, el debilitamiento
de la estructura familiar, en primer término,
lo cual conlleva a una mayor delincuencia juvenil.
GUERRERO
Aprueba el Congreso local la creación de una Comisión
Especial para La Parota. (El Sur,
Jesús Saavedra, p.web.
/Información también publicada en Diario de
Guerrero).
Dará seguimiento al proyecto
de la presa y buscará ser una instancia de interlocución
“para propiciar el diálogo en la toma de decisiones
entre los afectados y las autoridades”. La presidencia
estará a cargo del diputado del PVEM Arturo
Álvarez.
Chilpancingo.
Por unanimidad, la Comisión Permanente
del Congreso local aprobó ayer la creación de
una Comisión Especial para dar seguimiento al
proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota
y convertirse en una instancia de interlocución
“para propiciar el diálogo en la toma de decisiones
entre los afectados y las autoridades”, según
establece uno de los apartados del punto de
acuerdo que fue presentado por la Comisión de
Gobierno.
El 30 de noviembre de 2005, el
dipuado del PRI René González Justo presentó al pleno del
Congreso una iniciativa para la creación de
la citada Comisión Especial; ese mismo día,
la propuesta se turnó a la Comisión de Gobierno,
la que ayer presentó su dictamen.
La presidencia de la Comisión estará
a cargo del diputado del PVEM Arturo Álvarez;
la Secretaría, por el legislador de Convergencia
Mario Ramos del Carmen; y como vocales, los
diputados Alejandro Luna, del PRD; Fermín Alvarado
Arroyo, del PRI; Jessica García Rojas, del PAN;
y Rey Hernández, del PT.
En el dictamen de la Comisión de
Gobierno se establecen las atribuciones que
tendrá la Comisión Especial, como la de analizar
integralmente el proyecto de la presa, “allegándose
información proporcionada por las autoridades
de los tres niveles de gobierno, por los ciudadanos
que serán afectados con la obra, o por cualquier
otra organización o persona interesada”.
También se señala que deberá “constituirse
como interlocutor para propiciar el diálogo
en la toma de decisiones entre los afectados
y las autoridades.
El dictamen señala además que la
vigencia de la Comisión será hasta que finalicen
los asuntos para los cuales fue creada; que
sus integrantes sesionarán por lo menos dos
veces al mes, “tomando todas sus decisiones
conforme a las normas de votación de todas las
comisiones de este Congreso”.
Más adelante, el dictamen establece
que la Comisión Especial elaborará y aprobará
un plan de trabajo, a más tardar a los ocho
días siguientes a su creación y rendirá un informe
parcial y un informe final detallado sobre el
trabajo en el ejercicio de sus facultades”.
La discusión del dictamen
A nombre de la Comisión de Gobierno,
el legislador panista
Benito García Meléndez subió a tribuna para
fundamentar el dictamen de la Comisión Especial;
dijo “que el problema de La Parota se ha recrudecido
y esta soberanía se ha dispuesto retomar la
propuesta del legislador René González Justo”.
Al momento de someter a votación
el dictamen, el legislador del PRD Ramiro Solorio
señaló que “de forma personal, estoy en desacuerdo
con las burdas estrategias que se han utilizado
para tratar de convencer a los campesinos que
se oponen al proyecto”.
Criticó que en el Congreso local
se haya aprobado un presupuesto de 4 millones
y medio de pesos para las zonas que serían afectadas
por la construcción de la presa. “El gobierno
del estado no tenía porqué aportar recursos,
porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
ha dicho que invertirá recursos multimillonarios”,
comentó.
Solorio Almazán
argumentó que el Congreso deberá ser un interlocutor
“ante estos atropellos, los que están afectados
necesitan un espacio de interlocución y de contrapeso,
deben respetarse los derechos de los pueblos
que ahí habitan, en contra de ésos que están
montados en el engaño y el avasallamiento”,
finalizó.
Por su parte, el legislador priísta
Moisés Carbajal señaló
que los diputados que integran la Comisión Especial
“deberán asumir con responsabilidad ese encargo,
porque no vamos a avalar que haya un entreguismo
de los legisladores, como lo hubo en la anterior
Comisión que se formó para este caso. De lo
contrario, seré el primero en llamarlos a cuentas,
porque ha habido muchos personajes a los que
se les ha dado dinero y no ha sido del todo
claro”.
La opinión de Moisés Carbajal fue secundada por Ramiro Solorio,
quien subió a tribuna nuevamente y propuso adicionar
una nueva atribución de la Comisión: “Que se
establezca que pidan información a la CFE sobre
los recursos que han entregado a esos dirigentes
y con qué finalidad”.
Finalmente, los diputados de la
Comisión Permanente del Congreso local aprobaron
por unanimidad, tanto la propuesta de Solorio,
como el dictamen de la Comisión de Gobierno para la creación de la
Comisión Especial que dará seguimiento al proyecto
de La Parota.
MORELOS
Parar invasiones y lotificación
en El Texcal. (La Jornada de Morelos,
Miguel Ángel García, p.web).
Cuernavaca, Mor. Pobladores de Santa
Catarina exigieron que las tierras de El Texcal
sean objeto de resguardo y preservación. Acusaron
que miembros de la Central Campesina Independiente
(CCI), se han dedicado a invadirlas y a lotificar.
Denunciaron que el gobierno no tiene voluntad
para resolver este problema, por lo que analizan
la posibilidad de incoar juicio político contra
el gobernador Sergio Estrada Cajigal, por omisión
en atender denuncias, leyes estatales y federales
que le ordenan el cuidado y protección de la
reserva ecológica.
Encabezados por el ayudante municipal del pueblo tepozteco
de Santa Catarina, Celso Julián Guerrero, señalaron
que lamentablemente los casi seis años de gobierno
fueron una muestra evidente de que nunca pretendió
establecer una solución a los conflictos que
existen dentro del área ecológica; las invasiones
y despojos crecieron y ahora la reserva El Texcal
esta en riesgo de desaparecer porque no hay
acciones legales para detener su urbanización.
Antes de iniciar la reunión Solución a los Problemas de El
Texcal, realizada ayer en el salón “Mariano
Matamoros” del palacio de Gobierno, los campesinos
tepoztecos aseguraron que es evidente la falta
de voluntad de Estrada Cajigal y la reserva
que es ahora objeto de invasiones para dar nacimiento
a un sinnúmero de colonias irregulares.
Indicaron que de nada sirven decenas de reuniones, gran número
de compromisos, acuerdos y hasta pactos entre
autoridades municipales, estatales y federales
para proteger El Texcal, ya que en la realidad
al gobierno estradista
le faltó “voluntad política” para atender y
resolver este problema.
Cerca de 200 hectáreas de la zona son objeto de invasión, despojo
y construcción de colonias y fraccionamientos
irregulares. Es tan grave la destrucción ecológica,
que hasta organizaciones políticas se han sumado
a la ola de invasiones, como es el caso de la
CCI, que invade para lotificar y vender terrenos, bajo el argumento de que son
para familias pobres.
Informaron que debido a que Sergio Estrada omitió la aplicación
de leyes municipales, estatales y federales,
además de decenas de peticiones oficiales para
proteger El Texcal, analizan poder incoar juicio
político en su contra.
Detienen fuera del Congreso local a la ex comisariada de Tetela del Monte. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales Velázquez,
p.web. /Información
también publicada en El regional de Morelos).
Cuernavaca, Mor. Por el delito de
fraude por la reventa de tierras en el ejido
de Tetela del Monte
fue detenida la ex comisariada
ejidal, Carmen Lucila González García, y presentada
ante el Juez segundo penal en Atlacholoaya.
En el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer,
seis agentes ministeriales detuvieron con violencia
a la activista ambiental afuera del recinto
parlamentario, luego de que fuera denunciada
por fraude por la reventa de terrenos en dicha
comunidad en agravio de Vicente Olivos Fernández,
Jorge Guerra Deguer
y Bruno Vicente Bahena,
tal como se establece en el expediente penal
1706-3.
Por su parte, Silvia Dorantes Peña,
integrante de la comisión auxiliar del ejido
de Tétela del Monte, manifestó que la detenida
“defraudó a dos personas -junto con su hermano-
al vender el mismo predio a dos diferentes personas
con un monto total de 6 millones de pesos, esto,
a pesar de que es una área de uso común”.
Explicó que esta detención se debe a dos de las 16 denuncias
penales que pesan contra de la ex comisariada,
promovidas por los afectados, por lo que no
descartó que más gente sea detenida en las próximas
fechas.
Dorantes Peña, quien pertenece al grupo de
Leoba Morales, adelantó que en la reventa de las tierras se
encuentran más ejidatarios que han recibido
parte de los recursos obtenidos por la venta
fraudulenta de los terrenos.
Lamentó que la persona se dice cuidar el monte con su parque
ecológico, a través de una falsa postura “sea
la primera la que ha vendido ilícitamente las
tierras de los ejidatarios, que ni a ella le
pertenecen”.
NAYARIT
Traeremos programas agrícolas Oportunos y eficientes:
Mejía. (Meridiano, p.web).
** El aspirante
al Senado convivió con presidentes de ejidos
de Santiago con quienes intercambió puntos de
vista sobre las políticas agropecuarias del
actual gobierno.
** Amado Vargas,
destacó la presencia del abanderado del PRI,
al que reconoció como un hombre de palabra y
de compromiso campesino.
Tepic.- Este miércoles, el precandidato
del PRI al senado de la república, Raúl Mejía
González, asistió en calidad de invitado al
77 aniversario de la dotación de tierras al
ejido de Yago, en una fiesta popular, el presidente
del comisariado ejidal
del lugar, Amado Vargas, destacó la presencia
del abanderado del PRI, al que reconoció como
un hombre de palabra y de compromiso campesino.
Por Susana Piña
En el evento, Mejía González convivió
con poco más de 30 presidentes de ejidos de
Santiago Ixcuintla con quienes intercambio puntos
de vista acerca de las políticas agropecuarias
del actual gobierno.
En su intervención, el presidente del
comisariado ejidal
de Yago, Amado Vargas, agradeció la presencia
de Mejía González, a quien le reconoció un excelente
trabajo en la cámara de diputados al defender
a los campesinos de Nayarit al aprobar un presupuesto
mayor desde el Congreso de la Unión, que lamentablemente
fue obstaculizado por el presidente Fox.
En su participación, y ante el pueblo
de Yago, Mejía González precisó que se tiene
el firme compromiso con el campo para invertirles
recursos a fin de establecer una base económica
campesina, a partir de la cual inicie el proceso
de desarrollo sostenido.
Mejía González precisó que a lo largo
de su ejercicio público, ha desarrollado un
conocimiento sólido acerca de los problemas
por los que atraviesa el campo nayarita.
En este sentido, señala, el agro de
la entidad no puede esperar ni un minuto más,
y en trabajo legislativo, se tendrán que gestionar
los recursos para que, de la presa de La Yesca
y la de Aguamilpa, se establezca la infraestructura de riego para
incorporar a este sistema a poco más de doscientas
mil hectáreas de la costa norte del estado.
Dejar de lado el cultivo de temporal
y la incertidumbre del mercado mediante los
respaldos financieros para el soporte del precio
de garantía a los cultivos, y en el caso de
Nayarit, en el que su economía basa más del
50 por ciento de la producción agrícola, no
existe, puntualizó Mejía González, pretextos
para postergar los programas de beneficio agrícola
de manera oportuna y eficiente.
Reclaman el pago justo en El Ciruelo. (Enfoque Informativo, Angélica
Cureño, p.web)
Antes de que el pueblo sea hundido
por las aguas del embalse de la presa El Cajón
exigen pago justo por sus huertas y cumplimiento
de acuerdos; habitantes de El Ciruelo, municipio
de Jala, no han encontrado respuesta de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE); el precio ofrecido
por cada árbol es ridículo, dicen los propietarios
“y a algunos ni siquiera les han construido
las casas que les prometieron y ya hasta los
quieren echar fuera”.
Anunciado el desalojo de sus tierras,
los habitantes de este poblado y algunas rancherías
hicieron un llamado a las autoridades estatales
y federales para no ser timados o, en el peor
de los casos, despojados de sus propiedades.
Aseguran que de no haber respuesta inmediata
a sus demandas recurrirán a otras instancias.
Flavio Serrano Gutiérrez al igual
que otros propietarios de huertas frutales en
El Ciruelo, municipio de Jala, actualmente pelea
un pago justo por los árboles, así como por
el cumplimiento de los acuerdos ofrecidos por
la CFE. Desde hace tres años esperan una resolución
que ahora se hace urgente, debido a que las
obras de la presa El Cajón están por concluir
y empezar el llenado del vaso del embalse.
El Ciruelo es un poblado pequeño
de apenas unas 50 casas, el más grande de los
ranchos de la región, pero que cuenta con iglesia,
tres escuelas –incluyendo el nivel preparatoria-
y un panteón “todo se va a hundir”.
Para el productor, los ofrecimientos
hechos hasta ahora son ridículos “empezaron
por ofrecernos 250 pesos, últimamente ya ofreciendo
mil pesos” cantidad que sigue sin ser justa,
ya que consideran que tiene un valor más elevado
al estar libres de químicos y con alto rendimiento;
otro de los argumentos es que en una cosecha
obtiene más que la suma total de lo que quiere
darles la CFE. Según explica, cada árbol tarda
unos cinco años en alcanzar la madurez para
empezar a dar frutos.
Flavio Serrano narra como fue acordado
desde un principio que no serían pagadas las
tierras, únicamente los árboles “los árboles
a mil pesos y la tierra no nos la iban a pagar,
y nos jodieron a todos” dijo, añadiendo que
poco a poco fueron cediendo algunos al ofrecimiento.
Actualmente quedan 12 personas en espera de
respuesta, “somos las que andamos luchando para
que se nos pague lo justo dentro de la ley,
porque es nuestro patrimonio familiar”.
El abogado Alejandro Pérez Aguayo
es quien lleva la defensa de El Ciruelo, en
un pleito que lleva más de tres años “y hasta
ahora no hemos logrado nada”. Con el anuncio
del inminente desalojo de las tierras que quedarán
bajo el agua de la presa, quedan pocos habitantes,
“ellos (CFE) quieren tumbarles sus casas y echarlos
para arriba (parte alta del cerro) pero como
hicieron muchas promesas la gente dice que no
se sale hasta que les cumplan”.
Desilusionado afirma que por otra
parte nunca fueron cumplidas las promesas de
mejorar, y explica en qué consisten: se les
dijo que la brecha, o camino, sería mejorada,; mejoras a la instalación eléctrica, construcción de casas
“a algunos no quieren ni hacerles sus casas”
comentó.
Asimismo comenta cómo fueron aplicadas
prácticas de intimidación para intentar convencerlos
“a puros amagos, decían que era cosa del Presidente
de la República (Vicente Fox)
y que si quería no nos daba nada y puras cosas
de esas para asustarlos”.
Flavio, al igual que otros agricultores,
piensa resistir hasta el último momento, cuando
la tierra empiece a desaparecer debajo del agua
“a los que quedamos, que no nos han pagado no
pensamos salirnos, hasta que no le paguen a
todos, como es”.
PUEBLA
Ejidatarios denuncian agresiones y tentativa de
homicidio. (Síntesis, Pablo Estrada,
p.web).
Señalan como sus agresores a la familia Cortés Garrido.
Huauchinango. Ejidatarios de Teopancingo,
esperan un “milagro”, ante el riesgo de perder
sus propiedades y hasta la vida. Por los que
se presentaron en las oficinas de la presidencia
municipal encabezados por Gilberto Hernández
Garrido, para denunciar una serie de agresiones,
amenazas, tentativa de homicidio, despojo, por
parte de la familia Cortés Garrido, por no estar
conformes en tener la posición de las parcelas
conocidas como “los Olivos”.
Ante tal situación y con conocimiento de la Secretaria de Gobernación
con oficio de fecha de recibido del nueve de
febrero del 2006 a las 13:37 horas, entrevistados
por Síntesis en el palacio municipal, afirmaron
con escritos en mano que tener el título de
propiedad que por decreto presidencial del año
1997 son propietarios del ejido de Teopancingo,
acusando que en la administración del entonces
gobernador del estado de puebla Melquíades Morales
Flores.
Ante esta situación los beneficiados han instaurado una serie
de denuncias en contra de la familia Cortes
Garrido, las averiguaciones y procedimientos
judiciales que desgraciadamente no se han podido
consignar ante los juzgados, por motivos que
no están al cansé de nuestro entendimiento y
conocimiento, pero estamos conscientes y seguros
de estos señores están fuera de la ley, violentando
la paz social, que tanto anhelamos, tan es a
si que en los últimos meses los acusados “portan
armas de alto calibre, de uso exclusivo del
ejercito”, “amenazándonos” dijeron tragando
gordo por las declaraciones y una rabia por
no encontrar, en las autoridades federales estatales
y municipales, garantías de seguridad en ejercer
su trabajo libremente en las parcelas que de
ahí sale el sustento de neutras familias y el
futuro de nuestros hijos, manifestaron un entrevista
el grupo de campesinos afectados.
Por lo que a través de este medio “solicitamos la intervención
del edil Carlos Martínez Amador, para solicitar
a quien corresponda garantizar nuestra seguridad,
ya que el tiene pleno conocimiento del asunto,
en donde a través del jurídico se están integrar
las averiguaciones correspondiente y en su momento,
se aplique la ley, en consignarlas ante las
autoridades del ministerio público”.
Finalmente, este problema se esta saliendo de control por las
autoridades, en donde han hecho caso omiso,
dando como consecuencia dejar nuestras tierras,
por temor a perder la vida por las amenazas
de esta familia, en donde tienen una averiguación
la 288/05 Huauchinango,
por los delitos de despojo, de igual manera
sin importarles perder los tiempos de siembra
y para no exponer la seguridad de sus familias
perderán esta cosecha, reafirmaron su dicho
ejidatarios de Teopancingo.
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