CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
14 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Pactan partidos y
arrecia batalla
Se lanzan PAN y PRD nuevas acusaciones
Gasta Tamez millones en viajes por el mundo
La SEP compró boletos a precios mayores
que los de agencias
Prudencia, defensa
ante la volatilidad
Los inversionistas deben mantener una
visión de largo plazo, recomiendan
Cuesta más a México
retener capitales
Sube 65 puntos base la prima de riesgo
por la volatilidad mundial
Campaña por Calderón
en la Secretaría de Economía
Complacencia de autoridades
Calderón también
rechaza encuesta en que no puntea
Acusa a María de las Heras de falsear cifras por ser esposa de un priista
Firman civilidad,
pero sigue la guerra
Acuerdan respetar el resultado del 2 de julio;
mantienen el intercambio de spots y
acusaciones
Denuncian que AMLO
se financia de fuentes ilegales
Los recursos provienen del cobro de
cuotas ilegales y adjudicación directa
de obras del GDF con sobreprecios: PAN.
Estoy dispuesto a
compartir mi gabinete: Calderón
De ser necesario, gobernaría con la
oposición para tener mayoría en el Congreso
Gobierno del PRD
también hizo negocios con el cuñado
En la administración de Cárdenas Batel
se han adjudicado contratos por 90 mdp
a empresas de los hermanos Zavala.
Sector agrario
Dueños de Playa
Encantada demandan al TUA la restitución
de predios de El Podrido. (El Sur de Guerrero, Cristina Sierra, p.web).
Desde hace seis meses, los abogados de los propietarios
del fraccionamiento Playa Encantada
demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA)
41,
a varios ejidatarios de El Podrido para
exigir la restitución de una franja
de playa.
Reynol Gómez Escalera, uno de los abogados,
informó que se interpuso una demanda
en contra de algunos ejidatarios, debido
a que el fraccionamiento resultó afectado
después de una donación de terrenos
a ese ejido por resolución presidencial.
Por su parte, el presidente del comisariado
ejidal, Martín Cruz Bello, explicó que
los demandados son ocho ejidatarios
y cada uno tiene entre media y una hectárea.
Criticó que a pesar de que Playa Encantada ha perdido
varios juicios contra los ejidatarios,
el apoderado legal de nueva cuenta insiste
en que existe un fraccionamiento en
dichos terrenos y que le pertenece a
Playa Encantada.
Cruz Bello agregó que el problema con Playa Encantada
data desde que la Secretaría de la Reforma Agraria entregó tierras al ejido 756 hectáreas
en la sentencia 85/90 en diciembre de
1999, de acuerdo con una resolución
presidencial debido a que todavía no
funcionaban los tribunales y los litigios
agrarios dependían del Ejecutivo.
En ese entonces, dijo, Reynol
Gómez se amparó contra la ejecución
y promovió un amparo que también perdió.
Dijo que el abogado siempre ha alegado que existe un
fraccionamiento porque sus representados
compraron 600 hectáreas a hermanos de
apellido Stephens,
y aclaró que desde ese tiempo existe
el fraude “porque ellos nunca pudieron
tener estas tierras”.
Cruz Bello aseguró que el abogado interpretó mal la resolución
presidencial porque alega que el ejido
El Podrido colinda al sur con el fraccionamiento,
pero “éste no existe”.
Explicó que hace dos años, Playa Encantada demandó la
nulidad de la dotación de tierras al
ejido y el TUA lo favoreció, pero de
nueva cuenta Reynol
Gómez pidió una revisión a la sentencia
y el Tribunal Superior Agrario (TSA)
dictaminó que se elaborara un peritaje,
acción que no beneficiaba a los ejidatarios
y por ello desistieron de ese juicio.
Dijo que a raíz de ese desistimiento Playa Encantada
inició, en enero, una nueva demanda
pero ahora contra algunos ejidatarios
“porque quieren la parte de la playa”.
Señaló que los ejidatarios ya tienen inscritos sus títulos
en el Registro Público de Propiedad
y Comercio y además en el Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de. Solares
(Procede).
Por su parte, Gómez Escalera explicó que el ejido El
Podrido “jamás podrá ser dueño de tierras
que la resolución presidencial no les
dotó, “por lo que se exige la restitución
a Playa Encantada.
Una segunda controversia.
Reynol Gómez explicó que existe otra controversia
con los ejidatarios, la 26/2006, donde
Playa Encantada exige la nulidad de
la cesión de derechos de una venta de
terrenos que ofrecieron ejidatarios
de El Podrido al hotel Mayan Palace,
representada por la empresa Marina Vallarta,
en diciembre de 2004.
Dijo que de acuerdo con un recurso legal Playa Encantada
pudo acreditarse como tercera perjudicada
en esta compra-venta, por lo que ahora
Reynol Gómez
demandó a 13 ejidatarios y el TUA dictaminó
medidas cautelares y se ordenó al Registro Agrario Nacional no hacer ningún trámite al ejido
El Podrido.
Relató que los ejidatarios recibieron un adelanto de
Marina Vallarta pero como no pueden
otorgar la posesión de las tierras iniciaron
un juicio porque los empresarios “se
dieron cuenta que los ejidatarios no
son los dueños y no les quieren pagar
la otra parte que les deben”.
Los despojaron de
una cancha de fútbol, denuncian. (El Despertar
del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Cd. Altamirano, Gro. Representantes
del poblado de Pocitos de Catana, del
municipio de Coyuca de Catalán, se presentaron en la residencia de la
Procuraduría Agraria (PA) para solicitar
su intervención, porque una familia
pretende despojarlos de una cancha de
futbol.
El comisario municipal y el comisariado
ejidal, Santiago Palacios Sandoval y
Eduardo Gómez Toribio, se hicieron acompañar
de por lo menos una veintena de habitantes
de es población, para entrevistarse
con Jesús Vergara Romero, visitador
agrario de la PA.
A dicho funcionario le hicieron entrega de un documento que
es firmado por 42 personas, entre ellas
16 jugadores de futbol,
que están protestando porque la familia
Eriza Gómez se posesionó de un terreno
que abarca el campo deportivo, y construyeron
allí unas galeras.
De hecho este asunto por un tiempo lo llevó el síndico Simón
Gama García, pero por una u otra razón
no se le dio la salida correcta al mismo,
debido a que el acusado Fortino
Eriza trabaja en el ayuntamiento, lo
que de alguna manera le benefició en
este conflicto.
La familia Eriza Gómez aduce que compró estos terrenos a una
señora, y admite que se incluye el campo
deportivo. Sin embargo, parece que no
logró entender que ese campo ya estaba
en posesión de los jóvenes de Pocitos
de Catana que juegan futbol,
y que de manera tradicional, los órganos
ejidales donan este tipo de terrenos
para la práctica deportiva.
Lo que sucede es que esta familia había malinformado
a los habitantes al decirles que ya
la Procuraduría Agraria (PA) les había
autorizado los trabajos, siendo que
esa no es su facultad. Una vez aclarado
el asunto, los pobladores afectados
determinaron solicitar la intervención
de dicha instancia.
Es por ello que para el próximo sábado, a las 5 de la tarde
se llevará a cabo una asamblea en donde
sea la misma la que de manera oficial
solicite la intervención de la PA, con
lo que seguramente el juicio se trasladará
al Tribunal Unitario Agrario.
Se informó también que de este problema tuvo conocimiento el
presidente municipal Orbelín
Pineda Maldonado, pero lo minimizó al
decir que el campo deportivo era reclamado
por “4 ó 5 jugadores” y que estos mejor
se olvidaran de ese terreno.
No se podrá construir en terrenos de Unión Progreso. (Cambio de Michoacán, Humberto
Castillo, p.web)
El alcalde de Charo, José Luis Hernández
Yépez, aseguró que aunque los 30 ejidatarios
de Unión Progreso vendan las 80 hectáreas
de tierra comunal, quien compre no podrá
construir ni modificar el predio hasta
que el Ayuntamiento autorice el cambio
de uso de suelo, trámite que difícilmente
procederá.
Hasta la fecha el asunto lo ha llevado la Procuraduría Agraria, ya que actualmente
el trámite que está realizando el ejido
es el dominio pleno, es decir, convertir
el predio en área parcelada en beneficio
del comprador.
Sin embargo, el terreno puede cambiar de dueño pero no de uso,
deberá continuar como zona arbolada
y para actividades de la comunidad como
paseos y pastoreo de ganado.
Para que el Cabildo de Charo pueda
autorizar un cambio de uso de suelo,
el predio tiene que encontrarse dentro
del Plan de Desarrollo Urbano del municipio,
concesión para el uso de agua, lo cual
también será difícil ante la veda que
tiene el municipio.
«Los ejidatarios pueden continuar con sus planes pero cuando
vengan ante el Ayuntamiento a realizar
el cambio de uso de suelo, enfrentarán
el problema», precisó el presidente
municipal de Charo.
Desde hace un año, 30 de los 36 ejidatarios de Unión Progreso
iniciaron el proceso de venta del predio,
compuesto por cerro, cientos de árboles
de eucalipto, áreas de pastoreo y manantiales,
predio que resultó atractivo para el
comprador Antonio Toral.
De realizarse la venta cada ejidatario recibiría un aproximado
de 30 mil pesos del predio, el cual
está ubicado a un kilómetro del Cereso David Franco Rodríguez, aproximadamente.
Hijos y familiares de ejidatarios, además de vecinos de Unión
Progreso, se muestran inconformes ante
la controvertida venta y hace tres meses
detuvieron maquinaria que se encontraba
en el terreno derribando árboles y realizando
un camino.
Denuncian a la titular de Sedesol. (Novedades de Acapulco, Antonio Jiménez, p.web)
Chilpancingo, GRO., 13 de junio.- El diputado local perredista Ramiro Solorio Almazán,
interpuso una denuncia ante la Procuraduría
General de la República en contra de
la secretaria de Desarrollo Social federal,
Ana Teresa Aranda Orozco, por la presunta
comisión de delitos de carácter electoral.
El legislador denunció el hecho de que la funcionaria federal
haya acudido ayer a Chilpancingo a realizar
actos de abierto proselitismo a favor
de los candidatos del Partido Acción
Nacional.
“Ella señala que en 15 días les va a dar a los trabajadores
31 paquetes de cómputo, cinco vehículos
y además les va a incrementar las prestaciones
a los trabajadores, les pide que deben
consolidar la política de Vicente Fox
que sigan por el mismo camino”, declaró.
Luego de entregar la denuncia en la delegación estatal de la
PGR, para que sea turnada a la Fiscalía
Especial Para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), dijo que es un
hecho muy grave que la funcionaria esté
haciendo campaña a menos de 20 días
de los comicios federales.
Solorio Almazán también presentó una demanda
más contra el exdelegado
de la Secretaría de Economía en Guerrero
y actual coordinador de las campañas
panistas,
Marcos Efrén Parra Gómez, así como contra
la candidata de ese partido por el distrito
09 de Acapulco, María de los Ángeles
González Astorga.
El diputado local informó que días antes de que Parra Gómez
dejara el cargo para dedicarse al proselitismo,
otorgó un recurso a fondo perdido a
la propietaria de la cadena de pastelerías
y cafeterías Sharons, de Acapulco.
“Estamos solicitando a la PGR que indague si estos recursos
públicos no han sido canalizados para
una campaña política, porque resulta
sospechoso que el delegado de Economía
ahora es coordinador de campaña del
PAN y la otra es candidata a diputada
federal por el mismo partido”, declaró.
La diputada federal perredista Yadira Serrano también denunció que la Sedesol
federal despojó a una organización social
de 54 millones de pesos que serían entregados
en apoyos a seis mil familias que habitan
en 22 estados del país, a una organización
fantasma, representada por militantes
panistas.
Agregó que esos apoyos del rubro de vivienda ya se están entregando
en municipios guerrerenses como Apaxtla
y Teloloapan, por parte de la estructura del partido albiazul, por lo cual también ya se presentó una demanda ante
la FEPADE.
Por su parte, el diputado Martín Mora Aguirre presentó fotografías
donde un candidato a diputado federal
por el Distrito 01, Fernando Jaimes
Ferrel -exdelegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en la entidad-está entregando apoyos de la
Sedesol federal a campesinos.
Con estas pruebas, dijeron los legisladores del Sol Azteca,
se demuestra que existe una elección
de estado, donde el gobierno federal
está destinando abiertamente sus recursos
y funcionarios para promocionar a los
candidatos del Partido Acción Nacional.
Resguardan 60 policías predio por riesgo de violencia
en Hidalgo. (El Universal, Dinorath Mota, p.web)
Martes 13 de junio de
2006
Queman una camioneta y retienen a las autoridades un grupo
de campesinos para exigir el reconocimiento
de la propiedad como suya
Pachuca, Hidalgo.
19:56 Al menos 80 elementos de la policía estatal de Hidalgo
resguardan el predio conocido como Gaxitho
en el municipio de Santiago de Anaya
donde dos grupos campesinos se disputan
la posesión de 120 hectáreas de terreno.
Marcos Manuel Soubervile
González, secretario de Seguridad, señaló
que luego de que un grupo de indígenas
de la comunidad de Patria Nueva retuvieran
el lunes a seis funcionarios y quemaran
un vehículo del gobierno estatal, se
logró que los campesinos entablaran
una mesa de diálogo con las autoridades.
Sin embargo las negociaciones entre los campesinos de Yolotepec encabezados por Nazario Montiel
y los indígenas de Patria Nueva dirigidos
por Damacelo
Moreno, se desarrollan sin avances debido
a que ambos bandos señalan ser los propietarios
de los terrenos en conflicto. Souberville
señaló que ante la tensión que aún se
vive en la zona ha sido necesaria la
permanencia policiaca
para evitar algún enfrentamiento entre
los campesinos debido a que ambas comunidades
se encuentran armadas con instrumentos
de labranza, así como con piedras y
palos, además de que los ánimos se enardecen
por momentos.
Así también el funcionario aceptó que los campesinos se encuentran
apostados en el cerro con armas de fuego
(escopetas) pero descartó que éstas
tengan alcance suficiente para herir
a los pobladores que pretendan acercarse
a la zona de conflicto. Indicó que las
negociaciones por parte del gobierno
del estado se encuentran dirigidas por
el subsecretario de gobierno Manuel
Sánchez, quien ha señalado que el gobierno
no puede dar solución al problema, ya
que esto corresponde a la Secretaría
de la Reforma Agraria, quien es
la que debe decidir a quién pertenece
el predio.
Sumado a este conflicto también se registró la retensión de
cuatro funcionarios municipales de Yahualica
por parte de un grupo de talamontes,
quienes mantuvieron por la fuerza a
Clemente Hernández, director de Ecología,
a su auxiliar y a dos elementos policíacos.
Artemio Castillo Palacios, director
de Seguridad Pública Municipal, destacó
que el incidente se registró en los
momentos en que los funcionarios municipales
acudieron a la comunidad de Tepetitlán,
en el municipio de Yahualica,
ubicado en la Huasteca para cobrar la cuota a los talamontes
por el uso del bosque. Sin embargo señaló
que los campesinos que realizan de manera
ilegal el corte de árboles se negaron
a sufragar este pago y retuvieron a
las cuatro personas.
Finalmente dio a conocer que tras varias horas de negociación
se pudo lograr la liberación de los
funcionarios a cambio de no cobrar ningún
tipo de cuota.
Surge otro conflicto. (Unomásuno Hidalgo, Editorial, p.web)
Apenas el lunes pasado se daba cuenta de un problema que se
desató en el municipio de Santiago de
Anaya, derivado de un añejo conflicto
agrario, y ayer de nueva cuenta
se suscitó otro altercado, ahora en
Yahaulica.
Resulta que en este lugar enclavado en la Huasteca Hidalguense, fue retenido el Director de Ecología
del Ayuntamiento, Clemente Hernández,
uno de sus colaboradores y dos elementos
policíacos por parte de un grupo de
talamontes
en la comunidad de Tepetitlán.
Los hechos ocurrieron cuando los servidores públicos acudieron
a cobrar a los talamontes,
la cuota correspondiente por el uso
y explotación del bosque, a lo que se
negaron a pesar de que el derribamiento
de árboles lo hacen de manera ilegal,
procediendo a la retención de los funcionarios,
según explicó el comandante Artemio
Castillo Palacios, director de Seguridad
Pública Municipal.
A fin de lograr la liberación de Clemente Hernández y los otros
tres servidores públicos, las autoridades
accedieron a establecer una negociación
con los taladores, a quienes se decidió
no cobrarles la cuota correspondiente
a cambio de que dejaran en libertad
a los funcionarios.
Respecto al asunto de Santiago de Anaya, a casi 48 horas de
haberse recrudecido el conflicto agrario
entre ejidatarios de las comunidades
de Yolotepec
y Patria Nueva, la calma volvió a este
municipio luego de que ambas partes
acordaran establecer mesas de diálogo
para buscar solución a la disputa de
120 hectáreas que forman parte del predio
conocido como Gaxitho.
Como se informó oportunamente, los ejidatarios habían tomado
posesión de cerca de 350 hectáreas que
se disponían a trabajar los agricultores,
lo que generó la movilización de aproximadamente
600 granaderos del grupo especial Fuerza
de Tarea de la Dirección General de
Seguridad Pública y Transito del Estado
para evitar un enfrentamiento.
El día lunes los ejidatarios incendiaron un vehículo compacto
marca Volkswagen
y retuvieron por la fuerza a seis funcionarios
del gobierno del estado, entre ellos
Wilfredo Pérez, encargado de Conflictos
Agrarios de la Subsecretaría de Gobierno;
Francisco Javier Mayorga Domínguez,
director de Investigación y Política
Social, y Yareli
Melo Rodríguez,
de la Dirección Regional de Gobernación,
así como al presidente municipal de
Santiago de Anaya, Gregorio Jaén Gaspar
y a su esposa.
Los seis servidores públicos fueron liberados y se establecieron
las mesas de diálogo, por lo que la
fuerza pública se retiró del lugar en
el cual únicamente permanecen alrededor
de 80 granaderos que resguardarán 120
hectáreas para evitar que se presenten
brotes de violencia, según informó Martín
Torres Paredes, vocero de la DGSPyTE.
Marcos Manuel Souberville González,
secretario de Seguridad Pública, informó
que las negociaciones entre los campesinos
de Yolotepec,
encabezados por Nazario Montiel Hernández, y los comuneros de Patria Nueva, representados
por José Damaseno
López, se desarrollan sin avances debido
a que ambas partes afirman ser los legítimos
propietarios de los terrenos en conflicto.
Detalló que en el Gaxitho se mantendrá
la presencia policíaca el tiempo que
sea necesario, debido a que se ha detectado
que los campesinos de Yolotepec
y Patria Nueva se encuentran armados
con palos, machetes, instrumentos de
labranza, piedras y escopetas.
Se complica el litigio por tierra para la UPEMOR. (Unomásuno Morelos, Maciel Calvo, p.web)
A pesar de que las autoridades educativas y del municipio de
Jiutepec afirman
que la construcción de la Universidad
Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR)va
viento en popa, el litigio por el predio
donde se asienta el plantel continúa
y ayer fueron exhibidas presuntas pruebas
que confirman las irregularidades en
que incurrió el ayuntamiento de Jiutepec
en la compra-venta de más de 24 mil
metros cuadrados del predio conocido
como La Joya para la construcción de
la institución de educación superior.
José Isaías Poza Richard, representante legal del comunero
Benjamín Cuevas Flores, mostró a los
medios de comunicación documentos han
sido aportados como elementos de prueba
en el juicio
agrario 293/2005, que corroboran
que la transacción se hizo de manera
sospechosa.
El origen del conflicto se remonta al inicio del trienio del
alcalde de Jiutepec
y candidato a diputado federal por Acción
Nacional, Demetrio Román Isidoro, quien
impulsó el proyecto de la Universidad
Politécnica y ordenó la compra de predios
para llevarlo a cabo, luego de que Banobras
otorgó a la comuna un crédito de 60
millones de pesos.
De esta manera, el ayuntamiento de Jiutepec
realizó la transacción de compra-venta
con 11 comuneros de Tejalpa,
entre ellos, Rafael Cuevas Flores, quien
por un predio de casi 25 mil metros
cuadrados recibió 11 millones 451 mil
788 pesos, sin embargo, su hermano Benjamín
Cuevas Flores reclamó ser el legítimo
dueño del terreno e inició una larga
disputa legal.
De acuerdo con los documentos exhibidos por el abogado de Benjamín
Cuevas, el presidente del Comisariado
de Bienes Comunales de Tejalpa
Baltasar Meráz Cuevas hace constar mediante el oficio B.C.T./020/2006 que “no se encontró antecedente alguno de
la documentación en relación a las actas
de asambleas respecto a los predios
de la Universidad”.
Es decir que, por tratarse de tierras comunales, el uso y el
traspaso de los derechos debieron ser
sometidos a decisión de la asamblea
de comuneros, pero no ocurrió así. Otra
de las irregularidades exhibidas es
un contrato de transmisión de derechos
en el que el propietario original Isaías
Cuevas Díaz cede el predio a Rafael
y Estela Cuevas Flores, sin embargo,
en el documento no aparece la rúbrica
del Isaías Cuevas ni tampoco hay constancia
oficial de la certificación de firmas
que supuestamente se realizó en el municipio
de Miacatlán,
dado que la secretaria municipal, Martha
Eréndira Luna
Jiménez, mediante oficio PMM/125/2006-04
informó que no existía registro en archivos.
Con base en estos argumentos, el defensor legal de Benjamín
Cuevas Flores acusó al alcalde de Jiutepec
Demetrio Román, al secretario Municipal
Magdaleno
Rodríguez Ramírez y al sindico procurador
José Manuel Rubí Vallejo, de haber incurrido
en irresponsabilidad pública, porque
de manera dolosa omitieron cumplir con
la verificación de la documentación
y los requisitos que establece la Ley
Agraria para llevar a cabo la adquisición
de los derechos del predio La Joya.
Indicó que el ayuntamiento de Jiutepec
omitió reiteradamente revisar la transacción,
a pesar de que se advirtió de las irregularidades
y de que el Rafael Cuevas no era propietario;
además, el abogado José Isaías Poza
Richard expresó que su representado
no está en contra del proyecto de la
Universidad Politécnica, al contrario,
lo apoya pero pide que le sean restituidos
sus derechos sobre el predio y reciba
su indemnización correspondiente.
Marcelo deslinda a su administración de los manejos
de Dintel en El Panalillo. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web)
El mandatario niega conocer el proceso mediante el cual adquirieron
las tierras.
Marcelo de los Santos, con reporteros Foto: Mauricio Palos
Gutiérrez.
El gobernador Marcelo de los Santos Fraga dijo no saber nada
del proceso mediante el cual la empresa
chihuahuense Dintel del Centro adquirió
casi 800 hectáreas en el ejido El Panalillo
poco antes de que él anunciara el proyecto
de la Ciudad Satélite, para el cual
se compraron 350 hectáreas a esa empresa.
En entrevista, también indicó que desconocía los vínculos de
la empresa con la familia Barrio Terrazas.
El mandatario estatal consideró que debe hacerse una investigación
sobre está situación, pero no detalló
si su administración la haría.
Anunció que en un principio construirán cinco mil casas en
esa zona y que gastarán entre 60 y 100
millones de pesos en las obras de cabecera.
De los Santos Fraga se deslindó de las maniobras por las cuales
los terrenos ejidales se privatizaron
y que luego adquirió la administración
para la Ciudad Satélite.
Cuestionado sobre la información del Registro Agrario Nacional que indica que empresarios de Dintel –la
empresa que venderá 700 hectáreas del
ex ejido al gobierno estatal– se hicieron
ejidatarios de El Panalillo en donde
adquirieron terrenos, días antes de
que su gobierno diera a conocer el proyecto
de la Ciudad Satélite, respondió: “no
le sé decir, nosotros le compramos a
Dintel, es todo lo que le puedo decir”.
–¿Tuvieron información privilegiada estas
personas?
–No. No le puedo decir.
–¿Cómo se explica que se hayan hecho
ejidatarios gente de Chihuahua?
– Nosotros le compramos a Dintel y no sé más.
–¿Sería conveniente una investigación?
–Si, claro.
Por otra parte, anunció que en cuanto tengan la escritura de
la segunda etapa –350 hectáreas más
que comprarán a Dintel, en El Panalillo–
y una vez que hayan presentado el proyecto
y que puedan disponer del recurso para
las obras de cabecera, arrancarán la
construcción de la Ciudad Satélite.
No es fácil convertir en propiedad privada terrenos
ejidales, reconoce la CMIC. (La Jornada
de San Luis, p.web)
En “condiciones normales” cambios en El Panalillo habría tardado
tres años: Quintero.
Enrique Quintero Higuera, presidente de la delegación potosina
de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), señaló que
no es fácil convertir en propiedad privada
terrenos ejidales, como lo ha hecho
la compañía Dintel del Centro con los
predios del ejido El Panalillo, que
vendió al gobierno estatal para la Ciudad
Satélite.
En entrevista, el representante empresarial señaló que en condiciones
normales, este proceso se lleva, mínimo,
tres años.
Desde la entrada de los funcionarios de la constructora chihuahuense
al ejido y la venta de los terrenos
a Dintel pasaron menos de cinco meses,
de julio a noviembre de 2005.
Quintero Higuera señaló que el procedimiento de posibilitar
que las tierras ejidales pasen a propiedad
privada se lleva 36 meses, en los cuales
se deben realizar asambleas comunales
y con ejidatarios, además de iniciar
programas de certificación de derechos
ejidales.
“No es un procedimiento que se lleve de la noche a la mañana”,
indicó.
El presidente de la CMIC dijo que el país enfrenta un problema
relacionado con la reserva territorial
para las ciudades, aunque reconoció
que las reformas hechas en 1993 al artículo
27 de la Constitución abrieron la posibilidad
de reconvertir tierras ejidales en reserva
territorial para el crecimiento urbano.
Quintero Higuera dijo que la CMIC está en espera del expediente
del proyecto de la Ciudad Satélite para
que los constructores potosinos elabores
sus propuestas para participar en la
edificación de las 30 mil viviendas
previstas por el gobierno estatal.
Se apoyó el desalojo
en Diamante a petición de los empresarios,
confirma Villapando Milián. (El Sur de Guerrero, Daniel Velázquez,
p.web).
El director de Asuntos Jurídicos, Carlos Villalpando
Milián, confirmó que el Ayuntamiento intervino en el desalojo
del sábado en la zona de Acapulco Diamante
a petición de los empresarios afectados,
debido a que los terrenos no fueron
entregados a quienes reclaman la propiedad
por un actuario.
Sin embargo, entrevistado por separado, el alcalde Félix
Salgado Macedonio dijo que no tenía
información de lo ocurrido el sábado,
“yo estoy ajeno a eso”, comentó, y aclaró
que el municipio no vendía tierras en
esa zona.
El sábado, unos 80 policías del estado y municipales
desalojaron a las personas que cuidaban
algunos predios que son parte de las
240 hectáreas que el Tribunal Superior Agrario restituyó a la familia Stephen.
Villalpando Milian explicó
que intervino a petición de los empresarios
y que se brindó apoyo al gobierno del
estado sustentado en el artículo 77
del Bando de Policía y Buen Gobierno.
Informó que antes de actuar se preguntó al Tribunal Superior
Agrario si había un documento de posesión
para los ocupantes, y que el magistrado
presidente confirmó que no había dado
posesión material a nadie.
El director de Asuntos Jurídicos descartó que incurriera
en desacato a la autoridad, aunque admitió
un fallo de “inafectabilidad” sobre la propiedad de los Stephen y sobre la restitución a los ejidos de la Alfredo
V. Bonfil,
pero que una parte no fue entregada
por un actuario y por ello los empresarios
solicitaron el desalojo.
Entrega Gobierno la Cuenta de la Hacienda Pública
2005. (Diario de México, p.web).
El Gobierno federal entregó a la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión la Cuenta de la Hacienda
Pública 2005, la cual establece que
se ejerció un gasto por un billón 988
millones 304 mil 300 pesos. El documento
fue recibido el viernes y será entregado
de manera oficial a la Cámara de Diputados
hoy durante la sesión de la Comisión
Permanente, como establecen la Constitución
y la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal.
El documento enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) destaca que el gasto
de la Presidencia de la República durante
2005 ascendió a mil 622 millones 812
mil 480 pesos. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ejerció dos mil
537 millones 78 mil 797 pesos, mientras
que la Secretaría de Gobernación (Segob)
gastó cinco mil 877 millones 961 mil
811 pesos. Respectó al gasto en la Cámara
de Diputados, el documento indica que
ascendió a tres mil 956 millones 778
mil 558 pesos y el Senado de República
erogó mil 784 millones 838 mil 847 pesos.
El sector educativo aplicó un presupuesto de 137 mil 371 millones
320 mil pesos, de un total de 137 mil
371 millones 484 mil 578 pesos, y el
sector salud ejerció 33 mil 705 millones
489 mil 096 pesos de un gasto aprobado
por 33 mil 706 millones 93 mil 432 pesos.
En Trabajo y Previsión Social se aplicó
un presupuesto de tres mil 344 millones
657 mil 514 pesos, de un total de tres
mil 675 millones 985 mil 441 pesos,
y para el sector energía fueron aplicados
recursos presupuestales
por 77 mil 435 millones mil 44 pesos.
Para aportaciones a Seguridad Social se ejercieron 150 mil
346 millones 249 mil 594 pesos, de los
150 mil 561 millones 953 mil 603 pesos
que fueron autorizados. Caso similar
es el de Desarrollo Social, sector en
el que se gastaron 21 mil 755 millones
241 mil 234 pesos de un presupuesto
original de 22 mil 112 millones 541
mil 964 pesos, es decir, dejaron de
ejercerse poco más de 357 millones de
pesos autorizados.
El documento muestra que entre las dependencias y ramos con
más gasto respecto al presupuestado
originalmente están las secretarías
de Energía (Sener),
de Educación Pública (SEP), de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) y de Comunicaciones
y Transportes (SCT). Tambien las secretarías
de Gobernación (Segob),
de Turismo (Sectur), de la Defensa Nacional (Sedena),
de Relaciones Exteriores (SRE) y de
Marina (Semar),
así como el Ramo 19, debido al aumento
de las transferencias al IMSS para cubrir
adeudos del ejercicio anterior por concepto
de pensiones.
En tanto, las dependencias y ramos que ejercieron menos recursos
de los programados fueron las secretarías
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa);
de Desarrollo Social (Sedesol);
de la Reforma Agraria (SRA) y de Economía (SE),
así como la Procuraduría General de
la República (PGR).
También las secretarías de Salud (Ssa)
y de Seguridad Pública (SSP), así como
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt)
y los tribunales agrarios.
La información será remitida por la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados a la Comisión de Vigilancia,
a fin de que ésta la envíe a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), para
que haga un análisis completo del manejo
de los recursos públicos.
Reconoce el gobierno que sobrepasó el gasto autorizado
en San Lázaro. (La Jornada, Enrique Méndez,
p.web)
La función administrativa compete al Ejecutivo, alega.
Al entregar la Cuenta de la Hacienda Pública 2005 a la Cámara
de Diputados -turnada por conducto de
la Comisión Permanente-, el gobierno
federal confirmó que ejerció el gasto
de ese año a partir de sus propias políticas
y no con los criterios establecidos
por los legisladores. Esta práctica
condujo a un exceso en el gasto por
166 mil 366.3 millones de pesos, 8.9
por ciento adicional a lo aprobado por
el Poder Legislativo.
En el documento, elaborado por la Secretaría de Hacienda, se
afirma que la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) 2005
aprobados por los diputados "transgredían
leyes federales y asignaciones específicas
de recursos, que sustituían la función
administrativa que compete exclusivamente
al Poder Ejecutivo".
Señala que éste ejerció un gasto neto total de 1 billón 979
mil 808 millones de pesos, cuando el
gasto aprobado por la Cámara de Diputados
fue de un billón 802 mil 610.2 millones.
La Cuenta Pública, enviada desde el viernes y de la que hoy
se dará cuenta en la sesión de la Permanente
para que ésta la turne a los diputados,
asegura que las ampliaciones presupuestales
se cubrieron con ingresos excedentes,
y que la mayor parte se destinó a los
estados y a la inversión en el sector
energético, el más favorecido en comparación
con los rubros sociales y para el campo,
que registraron subejercicios.
Así, aun cuando las inversiones en el sector energético continuaron
financiándose mediante la figura de
Proyectos de Inversión Diferidos en
el Registro del Gasto (Pidiregas)
-se destinaron 40 mil 939.9 millones
de pesos-, la Secretaría de Energía
recibió la mayor ampliación presupuestaria.
De los 26 mil 413.9 millones de pesos aprobados por la Cámara,
Hacienda le otorgó recursos adicionales
hasta por 77 mil 435 millones de pesos,
es decir, un aumento de 193.2 por ciento.
Hacienda argumentó que los 51 mil 21.1 millones de pesos adicionales
a Energía se transfirieron a Petróleos
Mexicanos "para fortalecer la inversión
en infraestructura en materia de exploración,
gas, refinación y petroquímica",
y a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), "a fin de cubrir incrementos
en los combustibles utilizados en la
generación de fluido eléctrico".
Otros rubros con recursos adicionales fueron el educativo,
con 9 mil 702.9 millones de pesos por
subsidios al nivel básico en los estados,
así como a la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos; el aumento salarial
del magisterio y para cubrir "el
alza en los precios de los servicios
de telefonía y energía eléctrica".
Hacienda destinó parte de los 56 mil 430.6 millones de pesos
que entregó adicionalmente al sector
comunicaciones y transportes y al Fideicomiso
Nuevo Aeropuerto, "para las obras
de la segunda terminal del aeropuerto
internacional de la ciudad de México".
Entre los sectores que se vieron beneficiados, a pesar del
rechazo explícito de los diputados,
estuvo el Poder Judicial, al cual se
le otorgaron 467.3 millones de pesos
adicionales no autorizados por la Cámara.
En contraparte, el sector social y la PGR sufrieron recortes
en su presupuesto. A Agricultura se
le descontaron 2 mil 117.1 millones
de pesos; a Desarrollo Social mil 988.9
millones; a la Reforma Agraria mil 100.9 millones de pesos, mientras por cancelación
de plazas la procuraduría dejó de ejercer
571.3 millones.
Excede Presidencia gasto en 214.7 mdp. (El Diario de Chihuahua,
p.web. /Información
también publicada en El Universal)
Distrito Federal-- En la Cuenta Pública de 2005 se constata
que la Presidencia de la República gastó
214.7 millones de pesos más de los que
le autorizó el Congreso de la Unión.
Los incrementos incluyen la partida 3,800 "Servicios Oficiales'',
cuestionada por la oposición al señalarla
para la utilización de vestuario y recepciones
oficiales, en la cual se erogaron 174
millones 344 mil 404 pesos, cuando el
Congreso sólo autorizó 99 millones 398
mil 303 pesos, así como gastos en Comunicación
Social y Publicidad de Los Pinos.
En total, la Presidencia tuvo una ampliación neta de 214.7
millones de pesos, respecto de lo que
le aprobó el Congreso de la Unión.
La ampliación, explica el documento emitido por la Secretaría
de Hacienda, fue para brindar apoyo
a las actividades de seguridad y logística
del Estado Mayor Presidencial (EMP),
así como "para las acciones de
comunicación social y giras presidenciales''.
El Congreso le autorizó a la Presidencia un gasto total de
mil 408 millones de pesos, pero gastó
mil 622 millones de pesos.
El reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005
fue enviado el viernes pasado a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
El informe será enviado mañana a la Cámara de Diputados para
que a su vez esa instancia lo turne
a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) para
su análisis.
En la cuenta se reconoce además que en 2005 el Gobierno federal
ejerció en siete ramos un presupuesto
mayor al autorizado por el Congreso.
Energía, Provisiones Salariales y Económicas,
Educación Pública, Comunicaciones y
Transportes, Hacienda y Crédito Público,
Aportaciones a Seguridad Social y Gobernación
absorbieron juntos 94.7% del total de
las ampliaciones.
En el reporte se detalla que en rubros como el de Comunicación
Social y Publicidad de Presidencia se
gastaron 35.2 millones de pesos, cuando
lo aprobado fue de 15.5 millones de
pesos.
En la Secretaría de Gobernación se tuvo una ampliación del
presupuesto original de 2 mil 445.6
millones de pesos, recursos que sirvieron
entre otras cosas para que el Centro
de Investigación y Seguridad nacional
(CISEN) reforzara sus sistemas de comunicación,
seguridad y servicios tecnológicos.
En cambio, entre las dependencias que registraron disminuciones
con respecto al gasto originalmente
aprobado se encuentran las secretarías
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo
Social; y Reforma
Agraria, con 73.2% de las reducciones
totales.
En SEDESOL se reportó una reducción neta de mil 988 millones
de pesos, porque se otorgaron menores
subsidios a los programas sociales.
Uno de éstos fue el de apoyo alimentario,
debido a una depuración del padrón de
beneficiarios, al detectarse que recibían
apoyos alimentarios de otros programas
federales.
En la PGR se dio una disminución de 571.3 millones de pesos,
entre otros motivos, por cancelar 219
plazas, menores recursos ejercidos en
el Instituto de Capacitación y Profesionalización
en Procuración de Justicia Federal --al
reducir becarios y gastos de traslado
y alimentación-- y la baja de personal
por no cubrir los requerimientos del
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
(GAFES).
En el resumen de Egresos, que mañana será enviado a la Cámara
de Diputados, se señala que por productos
alimenticios la Presidencia gastó 40.6
millones de pesos, por 26.7 millones
de pesos que en un principio le autorizó
el Congreso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores gastó mil 180.9 millones
de pesos más por apoyar zonas devastadas
por el tsunami en Indonesia, y a los
connacionales
por el paso de los huracanes "Katrina''
y "Rita'' en Texas, Mississipi y Alabama.
Prensa Estatal
CHIAPAS
La zona afectada por Stan,
foco rojo social y político. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p.web)
Corrupción y rezagos del gobierno generan
conflictos.
Tuxtla Gutierrez, Chis., 13 de junio. La zona devastada por el ciclón Stan se ha convertido en un foco rojo social
y político, revela un estudio elaborado
por organizaciones no gubernamentales
que integran el Proyecto de Observación
y Vigilancia de los Derechos Políticos
y Civiles de los Pueblos de Chiapas
2006.
El análisis señala que en las regiones costa y sierra, azotadas
por el meteoro en octubre pasado, se
presentaron entre enero y mayo de este
año 131 conflictos sociales, casi 40
por ciento de todos los que se originaron
en Chiapas.
Según el estudio, la causa de 63 por ciento de los conflictos
fue la demanda de apoyos para damnificados,
el retraso con que se otorga la ayuda
y la lentitud en el desazolve
de ríos, mantenimiento de caminos y
reconstrucción de puentes, así como
en construcción y entrega de viviendas
y apoyos al sector agrícola.
El 27 por ciento restante se generó por problemas de corrupción,
entre los que destacan el reparto selectivo
de ayuda gubernamental, o por el desvío
de recursos públicos. El resto han sido
básicamente por conflictos agrarios
y por acceso a recursos naturales.
De acuerdo con el informe La zona del Stan: foco rojo social y electoral, la situación de
los damnificados ''raya en la desesperación,
debido al adelanto del periodo de lluvias,
al arranque de una nueva temporada de
huracanes y al retraso en la atención
oficial''.
Advierte que el atraso gubernamental en la rehabilitación de
obras de infraestructura y comunicación
hará muy difícil, y en algunos casos
imposible, que centenares de comunidades
puedan votar en los comicios federales
del 2 de julio y en los estatales del
20 de agosto.
''A ocho meses de que ese terrible fenómeno natural asolara
la sierra y costa de Chiapas, dejando
alrededor de 700 mil damnificados en
los 41 municipios oficialmente declarados
como zona de desastre, cada vez son
más frecuentes y violentos los brotes
y manifestaciones de inconformidad,
producto de los lentos avances gubernamentales,
en el proceso de reconstrucción de la
infraestructura social'', concluye el
estudio.
Ulises Zapata y Ariel Espinosa, presidentes municipales de
Motozintla y Acapetahua, respectivamente,
reconocieron que existe un ambiente
de ''desesperación y miedo entre la
población'', porque los habitantes ''no
entienden de plazos ni de burocracia''.
Plantón ejidal frente a Presidencia Municipal. (Cuarto Poder, Ramón García, p.web).
Tapachula.
Ante la falta de respuesta al campo
por parte de los gobiernos Federal y
Estatal, comisariados
ejidales y representantes de organizaciones
adheridos a la Unión de Ejidos Emiliano
Zapata (que comprende seis municipios
de la región) realizaron ayer un plantón
frente a la Presidencia Municipal.
Los inconformes exigen acciones
de reconstrucción y prevención ante
la temporada de lluvias, así como la
entrega de apoyos de programas federales
ordinarios y extraordinarios.
En lo que calificaron como el inicio
de una serie de acciones de protesta,
un centenar de campesinos encabezados
por el presidente de la Unión de Ejidos
Emiliano Zapata, Gilberto Santos Galicia,
Otilio Wong
de la Junta Local de Fruticultores
y representante de los soyeros,
Indalecio Flores Bamaca
de la CNC entre otros, señalaron que
el Gobierno del Estado que encabeza
Pablo Salazar no ha enfrentado la realidad,
se ha escondido de la población ante
el abandono en que se encuentra la región.
Dieron lectura a un documento en
el señalan que no han tenido respuestas
sus peticiones hechas en tiempo y forma
ante los gobiernos Federal y Estatal,
para la recuperación económica y productiva
de quienes fueron afectados por "Stan"
en octubre del año pasado
COLIMA
Sobreseimiento a disputa de límites entre municipios. (La Jornada, Jesús Aranda,
p.web).
Después de varias sesiones, el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió, por
seis votos contra cinco, sobreseer la
controversia constitucional interpuesta
por el municipio jalisciense de Cihuatlán en contra del de Manzanillo, Colima, por un conflicto
de límites. Los ministros discutieron
varios días el artículo 105 constitucional,
que estipula que las controversias constitucionales
proceden sólo entre estados, no entre
municipios, y la reforma constitucional
de 2005, que señala que el Senado debe
resolver problemas de límites entre
entidades.
ESTADO DE MÉXICO
Se unen colonos de Edomex
e Hidalgo contra inmobiliarias. (La Jornada, Javier Salinas,
p.web).
Demandan que les devuelvan el control
de los pozos de agua.
Autoridades mexiquenses pretenden autorizar
700 mil viviendas, dicen.
Tecamac, Mex., 13
de junio. Pobladores de siete municipios
del noreste del estado de México y uno
de Hidalgo formaron el Frente Regional
en Defensa de los Recursos Naturales
y del Agua para evitar que autoridades
estatales y municipales permitan la
construcción de más conjuntos habitacionales
y la sobrexplotación
de mantos acuíferos.
Los dirigentes del frente indicaron que se proyecta edificar
más de 700 mil viviendas, que acabarían
con los terrenos ejidales y aumentarían
la escasez de agua potable en la zona.
El frente, que tendrá como lema ''El agua es un derecho. No
a la privatización'', está integrado
por organizaciones sociales de los municipios
de Tecámac,
Acolman, Teotihuacán,
Zumpango,
San Martín de las Pirámides, Ecatepec
y Tonanitla, estado de México, y Tizayuca,
Hidalgo; localidades amenazadas por
el crecimiento de la mancha urbana.
También buscará fomentar la cultura de cuidado del agua y que
se reconozca el acceso al agua potable
como un derecho universal.
Encabezan la coalición los líderes del Comité Independiente
del Agua Potable de la zona centro de
Tecámac, quienes
desde hace más de un año han luchado
por que les devuelvan la administración
del Sistema Independiente y el control
de cinco pozos que les quitó el ayuntamiento.
Mateo Martínez Urbina, del Comité Independiente, llamó a los
pobladores de la región a unir esfuerzos
para evitar que los gobiernos estatal
y municipal otorguen licencias a constructores
de vivienda.
''Pretenden quitarle poder a los pueblos para administrar el
agua. Con ello será el gobierno quien
la controle para traer miles de casas
a nuestras tierras, que aún pueden ser
aprovechadas para el cultivo y la conservación
del medio ambiente'', apuntó.
Sólo en Tecámac, denunció Martínez
Urbina, el alcalde Aarón Urbina Bedolla
autorizó la construcción de más de 120
mil viviendas como parte del Plan de
Desarrollo Municipal.
Para dotar de líquido a los fraccionamientos, el ayuntamiento
inició una estrategia para controlar
los ocho comités independientes de agua
potable que son administrados por los
pobladores, según usos y costumbres,
y con ello disponer del agua que producen
unos 40 pozos, denunció Martínez Urbina.
En febrero de 2005 el ayuntamiento despojó del control de cinco
norias al Comité Independiente de la
zona centro de Tecámac
y las municipalizó. A pesar de la lucha
de los colonos y de que el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo ordenó
al alcalde devolver la administración
de los manantiales, el ayuntamiento
se ha negado.
Tecámac tiene 15 mil 304 hectáreas de cultivos
y áreas verdes. Las autoridades prevén
ocupar 10 mil 97 hectáreas para casas,
dijo Mateo Martínez.
Otra zona que el gobierno estatal tiene en la mira para la
construcción de fraccionamientos es
Nextlalpan
y municipios circundantes. Ahí los ejidatarios
se oponen a la expansión de la mancha
urbana. Argumentan que las autoridades
pretenden autorizar la construcción
de viviendas en 30 mil hectáreas.
''Están violando el decreto presidencial de 1987, que estipula
que las tierras son de utilidad pública
y de uso agrícola. Contemplan crear
una ciudad alterna de cinco millones
de habitantes y eso no lo vamos a permitir
porque acabaría con nuestras tierras
de cultivo'', dijo Pedro Sánchez, de
la organización ejidal Los Insurgentes.
Esteban Medina, integrante de la Asociación de Colonias de
Acolman, dijo que este año se construyeron los dos más grandes
fraccionamientos en la historia del
municipio, con 13 mil viviendas: Real
del Valle y Geo
Villas de Terranova.
Expuso que con la llegada de familias a los dos nuevos fraccionamientos
la población del municipio creció en
52 mil personas, lo que representa un
incremento de casi 100 por ciento, ya
que Acolman
tenía poco más de 60 mil pobladores.
La organización Coordinadora del Agua, con sede en Ecatepec, expuso que un ejemplo palpable de problemas de disponibilidad
de agua potable es la reciente edificación
de 13 mil viviendas en 300 hectáreas
del predio que ocupaba la fábrica Sosa-Texcoco.
El fraccionamiento Las Américas
realizó el proyecto inmobiliario más
grande en la región y ahora sus habitantes
enfrentan desabasto del líquido.
Otras organizaciones que se han adherido a la alianza son el
Frente Teotihuacano y Vamos Zumpango,
que hicieron un llamado a los pobladores
para evitar que los gobiernos estatal
y municipal otorguen licencias de construcción
a los constructores de vivienda.
HIDALGO
Tensión
en localidad de Santiago de Anaya por
conflicto agrario. (Síntesis Digital, Jaime Arenalde,
p.web).
Santiago de Anaya- Armados con piedras, palos y machetes, habitantes
de la comunidad de Patria Nueva, en
el municipio de Santiago de Anaya, bloquearon,
el domingo, por varias horas, la carretera
federal México-Laredo, a la altura del
kilómetro 85, mientras que la mañana
de ayer quemaron un vehículo particular
y retuvieron a seis funcionarios para
exigir una solución al conflicto
agrario que mantienen con sus vecinos
de la localidad de Yolotepec.
El enfrentamiento es por 120 hectáreas de terreno cerril que
reclaman como suyo los pobladores de
las localidades de Yolotepec
y Patria Nueva, del citado municipio,
quienes, en protesta, la tarde de ayer,
quemaron la unidad de Wilfredo Chavarría,
encargado del área de conflictos Agrarios
de la Subsecretaría de Gobierno, a quien
mantienen retenido con seis funcionarios
más.
Entre los retenidos se encuentran Wilfredo Chavarría; Yareli Melo Rodríguez, directora de Gobernación; el alcalde, Gregorio
Jaen Gaspar,
quien fue sacado por la fuerza de la
camioneta de Seguridad Pública en la
viajaba, al igual que su esposa, además
del director de Investigación y Política
Social de la Secretaría de Gobernación,
Francisco Mayorga, así como un agente
del gobierno del estado.
JALISCO
Corte: resuelve
el Senado los conflictos limítrofes. (El Universal, Carlos Avilés, p.web).
La Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) emitió un criterio
mediante el cual ratificó que los municipios
de dos entidades no pueden promover
juicios de controversias constitucionales
para solucionar los conflictos de límites
que enfrenten.
Los ministros de la SCJN estimaron
que esto es así, porque al estar en
juego no sólo el territorio de los municipios
sino también los límites de dos entidades,
este tipo de problemas le corresponde
solucionarlos por la vía política a
la Cámara de Senadores, de acuerdo con
una reforma constitucional que entró
en vigor en diciembre de 2005.
El alto tribunal emitió este criterio
al desechar, en una votación dividida
de seis votos contra cinco, un juicio
de controversia constitucional que promovió
el municipio de Cihuatlán, Jalisco, en contra del ayuntamiento de Manzanillo,
Colima.
En 2004 las autoridades de Cihuatlán promovieron un juicio de controversia constitucional
en contra del ayuntamiento de Manzanillo
porque clausuró un desarrollo turístico
en un territorio del primer municipio,
conocido como el ejido "El Rebalse",
el cual está catalogado como de alto
valor comercial.
En opinión de Cihuatlán, Manzanillo violó la Constitución al ejercer actos
de autoridad en territorio que no le
corresponde al clausurar las obras de
construcción del desarrollo turístico
denominado "Música del Mar Status".
En respuesta a esta demanda, las
autoridades de Manzanillo alegaron que
quien había invadido su territorio había
sido el municipio de Cihuatlán.
Pero antes de que su caso se resolviera
entró en vigor, en diciembre de 2005,
una reforma a la Constitución mediante
la cual se estableció que el único facultado
para resolver los conflictos por límites
territoriales entre las entidades del
país era el Senado de la República.
MICHOACÁN
Los comuneros corren el riesgo de que no se les
permita aprovechar el bosque en el Pico
del Tancítaro. (La Jornada de Michoacán, Nicolás Casimiro, p.web).
Visos de solución al problema de
la comunidad indígena de San Juan Nuevo
Parangaricutiro.
La Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
ha mostrado su disposición para atender
el punto de acuerdo parlamentario aprobado
por el pleno del Congreso del Estado
en el que se le exhortó para que autorice,
conforme a derecho, el Programa de Manejo
Forestal Sustentable de un predio ubicado
en el Parque Nacional Pico de Tancítaro
otorgado a favor de la comunidad indígena
de San Juan Nuevo Parangaricutiro,
ya que de otra forma los comuneros estarán
en riesgo de sufrir un quebranto económico,
señaló el diputado local Alejandro Méndez
López.
Como presidente de la Comisión
de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
el legislador recordó que en la sesión
del pasado 8 de junio el pleno de la
70 Legislatura aprobó el exhorto para
que la Semarnat,
a través la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp),
publique a la brevedad la recategorización
del actual Parque Nacional Pico de Tancítaro
como Zona de Protección de Flora y Fauna
Pico de Tancítaro.
En el mismo documento se explicó
que la comunidad indígena de San Juan
Nuevo Parangaricutiro,
reconocida en la región, en el país
y en el mundo por su manejo adecuado
del bosque y su organización interna,
se encuentra en riesgo de sufrir un
quebranto económico por la situación
de irregularidad en la que se encuentra
durante los últimos 10 años el Pico
de Tancítaro.
Retraso en la recategorización.
Alejandro Méndez manifestó, en
su propuesta de punto de acuerdo, que
en 1996 se aprobó una reforma a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente en la que se modificó la
organización de las áreas naturales
protegidas en México, con lo que se
crearon nuevas categorías y modalidades.
Por ese motivo se ordenó la recategorización de las áreas naturales preexistentes, pero
en el caso del Parque Nacional Pico
de Tancítaro
esto no se cumplió y, por lo tanto,
10 años después dicha demarcación no
ha recibido la protección que originalmente
se le otorgó.
Además, en 2002 y 2004 la Conanp promovió la recategorización
del área, la que no se logró por la
presión de grupos minoritarios, la mayoría
de ellos externos al bosque. Según el
legislador, existen versiones de los
asistentes a las reuniones de concertación
y participación ciudadana de que la
mayoría de los opositores “ni siquiera
son propietarios de predios comprendidos
dentro del área protegida, sino que
fueron acarreados por quienes sienten
afectados sus intereses”.
Afectarían a comuneros.
Una de las consecuencias negativas
de la falta de recategorización
es la problemática que manifiesta la
comunidad indígena de San Juan Nuevo
Parangaricutiro, que se encuentra en riesgo de “quebrar” econonómicamente
o de verse seriamente afectada por la
situación de irregularidad en la que
se encuentra Tancítaro.
La comunidad es reconocida mundialmente
por el manejo adecuado del bosque y
su organización interna, por lo que
ha recibido el Premio al Mérito Ecológico
2004, otorgado por la Semarnat; el premio Equator Initiative, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y el ALCAN Prize
de Canadá, por su manejo responsable
ambiental, social y económico de sus
bosques. Además, ha logrado obtener
el sello verde internacional más reconocido
en el mundo, el FSC Forest
Stewardship
Certificate.
Los comuneros cuentan con un predio
de poco más de 2 mil hectáreas dentro
del perímetro del Parque Nacional Pico
de Tancítaro,
sin embargo su éxito podría verse comprometido
por la incertidumbre jurídica que se
vive en la región, ya que actualmente
tiene autorizado un Programa de Manejo
Forestal para 10 anualidades, de las
cuales la décima debería ejecutarse
en el polígono de la mencionada área
natural en el mes de julio de 2006.
Sin embargo, para la autorización
se requiere una manifestación de impacto
ambiental que podría no ser autorizada
porque el proceso de recategorización
no ha terminado y no se ha decretado
la nueva forma de área natural protegida
en la modalidad que estableció el estudio
técnico justificativo de la propia Conanp de diciembre de 2002.
Visos de solución.
Méndez López informó que una vez
que el Congreso del Estado aprobó el
exhorto para la recategorización
del Parque Nacional Pico de Tancítaro,
el delegado estatal de la Semarnat,
Ramón Ponce Contreras, se puso en comunicación
con la 70 Legislatura para buscar soluciones
al problema.
Así, el diputado Alejandro Méndez
y el delegado Ramón Ponce participaron
el pasado 12 de junio en una reunión
con el director general de la Conanp,
Francisco García, y un grupo de abogados
de la Semarnat,
para darle salida al problema. Al regreso
del encuentro, el legislador explicó
que ya se están avizorando posibles
soluciones, dado que existe el antecedente
de que en 1988 ya se permitió una autorización
de aprovechamiento en el Pico de Tancítaro
en circunstancias que podrían ser consideradas
como similares.
SAN LUIS POTOSÍ
Vicente Rangel mandó
destruir un muro en el ejido La Pila,
denuncian afectados. (La Jornada de San Luis, Montserrat Balcorta,
p.web).
La construcción tenía 100 años,
y sirve para contener el agua en tiempo
de lluvias, dicen
Luego de la visita del presidente
Vicente Fox
a la entidad, habitantes del ejido La
Pila se quejaron de Vicente Rangel,
dueño del Parque Logístico, porque ordenó
derruir un muro de contención denominado
Zanja de Damasco. “Derrumbó una construcción
que tiene más de 100 años, que sirve
para contener las inundaciones por las
lluvias, y todo para que pasara el presidente,
el cual ni transitó por aquí”, expresó
Antonio López Torres, consejero de vigilancia
del ejido.
El líder ejidal denunció que la
noche del sábado trabajadores no identificados
acudieron al entronque que colinda con
el Parque Logístico para derrumbar dos
metros del muro de contención, que mide
más de seis kilómetros. El ejidatario
aseguró que dicha pared fue derrumbada
por Vicente Rangel
para que el presidente Fox,
en su visita a la empresa General Motors, pudiera transitar libremente por el camino.
López Torres indicó que el pasado
domingo ya estaba destruido, “ese muro
tiene más de 100 años, porque fue construido
para evitar el desbordamiento del río
de la Zanja Damasco. En temporada de
lluvias, el muro evita la destrucción
de las cosechas de los campesinos del
ejido”, indicó. Aseveró que de no repararse
el muro de contención, entablarán una
demanda al gobierno del estado y a los
responsables, “ellos deben dejar el
muro como lo encontraron, pegado con
cemento”.
Insistió en que sin el muro, el
agua se desborda en temporada de lluvias
y advirtió que el ejido “no está preparado
para recibirlas sin el muro reconstruido.
Así como quedó posiblemente puedan ocurrir
desastres, aunque creemos que esto fue
para que el dueño pueda transitar libremente”,
indicó.
Señaló que el empresario Vicente
Rangel es
el responsable de los hechos, aunque
también culpó al gobierno del estado
por permitir las acciones en contra
del ejido. “Nadie pidió permiso ni autorización
al consejo ejidal. En caso de que hubieran
solicitado permiso al Comisariado,
se hace con un mes de anticipación.
Pero los responsables vienen de un día
para otro a destruir el muro para que
pasara Fox,
quien para variar, ni pasó por aquí.
Queremos que el gobierno del estado
refuerce el muro que vino a derrumbar”,
dijo.
En la escena se presentó Florencio
López Torres, secretario de la delegación
La Pila, quien expresó que anunciaron
el desperfecto al gobierno del estado.
Informó que en la mañana de ayer, trabajadores
no identificados se presentaron para
reconstruir el muro de contención, “pero
vemos que únicamente aplanaron más el
muro, por lo que creemos que se podría
convertir en camino para el parque logístico,
ya que la Zanja Damasco se ubica paralelamente,
a 12 metros de distancia de la propiedad
de Vicente Rangel”,
enfatizó.
Puntualizó que en caso de no reconstruirse
el muro, los habitantes del ejido La
Pila “actuarán conforme a la ley en
contra de los responsables”, finalizó.
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