CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
13 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Investiga la PGR
a Zamora
Indagan nexos con el narco. Revela el Procurador que abren
averiguación contra candidato del PRI
al gobierno de Jalisco.
Cruzan acusaciones
en debate por el GDF
Sodi, rijoso contra el perredista
Los ricos, los que
más impuestos pagan
Más de 60% de la recaudación la paga
una quinta parte de las familias
Tormenta bursátil;
la BMV se desploma 4.30%
Crece el temor al alza en tasas de
interés en Estados Unidos
Slim: se necesitan 65
mil mdd para
infraestructura
Propone coinversión
pública, privada y ahorro social
AMLO 34.2%, Calderón
31%, Madrazo 29.6%
El panista
cae 2.6%, el priista
pierde 0.2% y el perredista sube 0.8%
La guerra sucia sí
nos beneficia: PAN y PRD
Monreal descarta que la campaña negativa
genere más indecisos; Nava
prevé un efecto búmerang sobre el abanderado perredista.
En narcoguerra en el sureste, pariente incómodo de AMLO
A José Flores Torruco,
sobrino político del candidato presidencial
y líder del cártel de Palenque, lo ejecutó
un kaibil
por 30 mil dólares.
Gané el debate y
amplié mi ventaja: Calderón
No vamos a soltar la delantera; no
he bajado la guardia ni descuidado ningún
flanco porque no hay que perderle la
cara al toro.
Exigen freno a los
Zavala y evitar una nueva Marta
Investigadores piden indagar privilegios;
Calderón insiste en su defensa y solicita
hurgar en las cuantas del GDF
Sector agrario
Pedirán empresarios
que el TUA aclare que sus predios en
Diamante no son de los Stephens. (El Sur de Guerrero, Cristina
Sierra, p.web).
Empresarios afectados por el dictamen del Tribunal Superior Agrario (TSA)
para
restituir 250 hectáreas de terrenos
en la zona de Acapulco Diamante, solicitarán
que el Tribunal Unitario Agrario (TUA)
aclare que sus predios no son los que
reclama la familia Stephens.
En entrevista para El Sur en el desarrollo turístico
Pacífico Diamante, los abogados de los
empresarios, Prometeo Hernández Zamora
y Luis Vicente Altamirano Pineda, reiteraron
que la sentencia del TSA no afecta los
terrenos de sus clientes, sino que ordena
la restitución de predios del ejido
Alfredo V. Bonfil.
Los afectados por las ocupaciones que llevaron a cabo
personas allegadas a la familia Stephens
se reunieron ayer en un desarrollo turístico
para analizar las acciones a seguir
y evitar un nuevo desalojo.
En el desarrollo Pacífico Diamante estuvieron el representante
legal de Comercial Multifil
y Costa Real Barra Diamante, SA de CV.,
Jorge Oseguera Murguía; Román Cabello
Reyes Espíndola, Gabriel Arturo Pérez
Gutiérrez, Antonio Rullán
Dichter, Pedro
Escobar Fernández y varios copropietarios
del desarrollo Arena.
Ahí, el abogado Luis Vicente Altamirano aclaró que los
inversionistas tienen escrituras con
fe notarial y algunos tienen su posesión
desde hace 15 años, por lo que se sorprendieron
ante la acción de los Stephens el 6 de junio, cuando entraron a predios baldíos,
corrieron y golpearon a los trabajadores,
además de que derribaron la barda del
conjunto Vida Mar 2.
El asesor legal comentó que el abogado defensor de los
Stephens llegó
con “un supuesto actuario” del Tribunal
Unitario Agrario (TUA) llamado Rafael
Ballesteros, quien –aseguraron– no trabaja
para ese órgano judicial porque acudieron
a preguntar y allí les dijeron que el
tribunal no había enviado a nadie a
ejecutar ninguna sentencia.
Esa versión también fue informada al Ayuntamiento después
de que los inversionistas se quejaron
por el desalojo en sus propiedades.
Según Altamirano Pineda, la resolución del TSA –con el
expediente 470/997– especifica los terrenos
del ejido Alfredo V. Bonfil, se ordena la dotación definitiva de los terrenos que
pidieron en 1973 y que en ese tiempo
sólo fue provisional, por lo que hace
efectivas 80 hectáreas de 240 que en
un inicio solicitaron los ejidatarios.
Especificó que estas hectáreas son las que actualmente
tiene el ejido Alfredo V. Bonfil,
con las que se les otorgó el derecho
real a los ejidatarios sobre ellas y
por eso rechazaron que la sentencia
haya restituido los predios a los Stephens
y que sean los que actualmente poseen
los inversionistas, por lo que la sentencia
no habla de una restitución, sino de
una dotación de tierras al ejido.
Asimismo, Luis Vicente Altamirano explicó que el problema
con los Stephens
estriba en la interpretación de la sentencia
que emitió el TSA, pues como el ejido
le quitó terrenos la familia cree que
la resolución les otorga la posesión
de otros y por ello pretenden asentarse
en la playa y en algunos a un costado
del aeropuerto, propiedad de los actuales
inversionistas.
Indicó que con la sentencia del TSA ahora los ejidatarios
podrán registrar sus predios en el Registro
Público de la Propiedad y también en
el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos, (Procede).
Dijo que quienes comenzaron el juicio ante el tribunal
en contra de María Esther Stephens
fueron los ejidatarios para exigir la
dotación de tierras, por ello justificó
que la actual resolución no toma en
cuenta los terrenos turísticos pues
si hubiera sido así los ejidatarios
los demandarían a ellos.
Vicente Altamirano señaló que fueron ocho los predios
invadidos por allegados a la familia
Stephens.
Y todos en total constan de 25 mil metros
cuadrados de playa.
Por su parte, el abogado Prometeo Hernández Zamora explicó
que fueron dos expropiaciones: una en
2001 y otra en 2005, en la administración
de René Juárez Cisneros, a fin de establecer
una reserva territorial para desarrollos
turísticos. En dichos terrenos expropiados
ahora se construyen los desarrollos
Playa Vela y Puente del Mar. A pregunta
expresa, negó que Carmen, hermana del
ex gobernador René Juárez, haya comprado
terrenos en la zona Diamante después
de una expropiación solicitada por Prometeo
Hernández a Juárez Cisneros para continuar
con “ventas fraudulentas”, según el
abogado Evaristo García Memije.
Prometeo Hernández acusó de invasores a Damián García
Cruz, a Juan Stephens,
a María Esther Stephens y a su hija Deny, “quienes
utilizan a Evaristo García, que dice
ser abogado, pero no creo que un abogado
se atreva a hacer un desalojo sin actuario”.
Dijo que continuarán con las demandas penales contra
los Stephens
y sus allegados, pues se quejó que se
hubo invasiones en otras ocasiones.
Asimismo iniciarán procedimientos legales ante un juez
de distrito para pedir al TUA que aclare
que la resolución especifica a terrenos
del ejido y no de los inversionistas.
Hernández Zamora negó que haya amenazado de muerte al
abogado Evaristo García: “jamás lo he
amenazado, no puede interpretar como
amenaza que se ejerciten acciones conforme
a las leyes, pero sí vamos a buscar
que haya castigo para los invasores”.
Ambos abogados negaron que funcionarios del gobierno
del estado estén involucrados en las
propiedades que ahí hay; “es falso no
hay sociedad, ni participación de ningún
funcionario, éstas son inversiones privadas”,
finalizaron.
Hay folios de escrituras canceladas en el Registro de
la Propiedad
Por su parte, el delegado del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Acapulco,
Juan Perea Rodríguez, admitió que de
acuerdo con la ejecución del TSA se
cancelaron folios de escrituras de la
Zona Diamante.
Dijo que la dependencia sólo inscribe documentos que
reúnan los requisitos del reglamento
y el Código Civil, por lo que las divergencias
entre los poseedores de la Zona Diamante
deben dirimirse en un tribunal civil
“porque es un asunto de disputa de derechos
reales”.
Sin especificar qué folios fueron cancelados, el delegado
explicó que de acuerdo con la orden
judicial se ejecutó “en los términos
de la misma demanda”, y especificó que
la dependencia a su cargo no conoce
realmente quiénes están implicados.
En su oportunidad, el abogado Luis Vicente Altamirano
dijo que las cancelaciones de folios
en el Registro Público de la Propiedad
se tratan de los terrenos ya ubicados
en el ejido Alfredo V. Bonfil,
donde se les quita la dotación provisional
para otorgar la definitiva.
Pedirá la familia
Stephens a
Vicente Fox
que se respete el dictamen del TSA. (El Sur de
Guererro,
Cristina Sierra, p.web)
Después del desalojo por parte de policías estatales
de predios que están dentro de las 250
hectáreas de terrenos en la zona de
Acapulco Diamante, que el Tribunal Superior Agrario (TSA) dictaminó restituir, el abogado
de la familia Stephens,
Evaristo García Memije, anunció que buscarán la intervención del presidente
Vicente Fox
Quesada para que se respete la ejecución
de la sentencia.
Opinó que los empresarios afectados le han dado al gobernador
Zeferino Torreblanca
Galindo argumentos “que no son verdaderos”,
y adelantó que promoverán amparos en
contra de las acciones del gobierno
del estado.
En entrevista, Evaristo García comentó que el gobierno
del estado no debe intervenir en un
asunto particular, “porque demuestra
que tienen cierto interés”.
En este sentido, denunció que los secretarios de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas estatal, Guillermo
Torres Madrid; de Seguridad Pública
(SSP), el general Heriberto Salinas
Altés; y el
director de la Promotora Turística (Protur),
Alfonso Guillén Quevedo, “tienen intereses
y compromisos con esa gente (los empresarios
afectados por el dictamen) porque los
protegen al tener escrituras falsas”.
Reiteró que en esta semana presentarán demandas penales
por los delitos de despojo, en contra
de los inversionistas que solicitaron
la ayuda del gobierno estatal y municipal,
y adelantó que intentarán recuperar
los predios, pues “nadie tiene la posesión,
porque si la tuvieran ahí debería haber
accesorios”.
Buscan en El Timbre
incorporar solares al Procede. (El Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. Campesinos de
El Timbre, población perteneciente al
municipio de Catalán, habían aceptado
el pasado 29 de agosto de 1994 su incorporación
al Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
(Procede), aunque sólo en las parcelas,
pero ahora están solicitando la tramitación
para la legalización de terrenos.
Esto, debido a que con el transcurso de los años se dieron
cuenta de que el Procede les serviría
también para la lotificación
de sus terrenos.
Los trámites fueron solicitados en la Procuraduría Agraria
durante el cargo de Fernando Jaimes
Ferrel.
La población de El Timbre cuenta con los anexos de San Fernando
y Pantoja,
donde una vez que se hizo la medición
respectiva, resultaron 199 lotes, por
lo que se programó una reunión.
A la misma asistió el visitador agrario de la PA Jesús Vergara
Romero quien dio a conocer la exhibición
de los croquis y los planos, donde quedaron
ubicados los respectivos lotes.
De manera posterior se llevará a cabo otra asamblea para solicitar
al Registro Agrario Nacional (RAN)
la titulación de los respectivos
solares.
Luego de ello se espera que en un lapso de dos meses les lleguen
los respectivos documentos.
Piden a Mojica que reclame terrenos expropiados al Ejido. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Cd. Altamirano, Gro. Integrantes
de la Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas AC, cuyo secretario
general es J. Jesús Real Dimas, insisten
en que el municipio reclame ante la
Comisión de Regularización de la Tenencia
de la Tierra (Corett) unas 40 hectáreas que le corresponden por el decreto
de expropiación de 290 hectáreas del
ejido de Pungarabato.
Ante el presidente municipal Víctor Mojica
Wences, dijeron
que a consecuencia de dicho decreto
expropiatorio, les corresponden esa cantidad de hectáreas
para la construcción de viviendas de
personas de bajos recursos económicos,
como se menciona en el mandato.
Es por ello que ellos insisten en que el alcalde haga los trámites
correspondientes, para que de esa manera
les asignen 8 hectáreas para la construcción
de varias viviendas que ya tienen programadas.
José Rubén Jure Cejín, responsable
de la Corett
en Guerrero, hace días le mandó un oficio
al presidente de la Comisión de Desarrollo
Rural de la Cámara de Diputados, J.
Miguel Luna Hernández, en el que le
informa que no hay espacio disponible
en los terrenos que fueron expropiados
en el Ejido.
A consecuencia de ello, el alcalde les solicitó que le dejaran
copias de toda la documentación de que
disponen para ser analizadas, pero les
adelantó que serán ellos, la propia
Corett y la
Procuraduría Agraria las que
definan dicha petición.
Directivos de Dintel se hicieron ejidatarios 15
días antes de que se anunciara la Ciudad
Satélite. (La Jornada de San Luis, Miguel Ángel Mata, p.web).
Necesitaron la aprobación de los demás para tener dominio pleno
de la tierra.
Los directivos de Dintel del Centro SA de CV se convirtieron
en “ejidatarios” de El Panalillo tan
solo dos semanas antes de que se anunciara
el proyecto de la Ciudad Satélite.
Quienes en noviembre del año pasado vendieran los predios a
Dintel del Centro, que luego haría lo
propio con el gobierno del estado, fueron
reconocidos como miembros del ejido
en una asamblea celebrada el 28 de julio
de 2005. En esa misma ocasión se les
reconoció el dominio pleno de 749 hectáreas,
de las cuales, 350 ya fueron vendidas.
Catorce días después, el 11 de agosto del año pasado, el gobierno
del estado anunciaba el proyecto de
la Ciudad Satélite.
En la asamblea donde se contó con la presencia de 84 de los
105 ejidatarios que conforman la comunidad
de El Panalillo, se aprobó la modificación
del plano interno del ejido. Aprobaron
el cambio de destino de tierras de uso
común –es decir propiedad de todos los
ejidatarios– a tierras parceladas a
favor de los empleados de Dintel del
Centro, quienes habían pagado en su
mayoría a nueve pesos el metro cuadrado
a la comunidad. En la aprobación votaron
72 a favor, uno en contra y se contó
con 11 abstenciones.
“Es válido que en una asamblea registren a nuevos ejidatarios
y que les entreguen el dominio pleno
de las tierras para que puedan hacer
lo que ellos quieran”, mencionó el subdelegado
del Registro Agrario Nacional, Raymundo
González Jiménez.
Entre los compradores, los beneficiados fueron Miguel Angel Barreda Araiza con 123 hectáreas,
Rogelio Nicanor Cataño
Betancourt, Adrián Lugo Astiazarán
y Juana Betancourt con 122 hectáreas
cada uno. Carlos Alberto González Barreda
y María Cecilia Barreda Araiza se apropiaron de 119 hectáreas cada uno, mientras que
José Arturo Crespo Pavón compró 21 hectáreas.
La asamblea culminó cuando el presidente del comisariado ejidal de El Panalillo, Cecilio Arista Gómez,
propuso a los presentes que les otorgarán
el dominio pleno de las tierras. Los
delegados lo aprobaron con 69 votos
a favor, cero en contra y 15 abstenciones.
El delegado del Registro Agrario Nacional, Rito Sandoval
Vázquez, mencionó que los ejidatarios
que son aceptados en una asamblea requieren
que el resto de los inscritos en el
padrón les aprueben el dominio pleno
para poder hacer los movimientos que
ellos quieran con los terrenos. “Como
venderlos, regalarlos o entregarlos
en renta; eso ya depende de ellos. También
ya depende de ellos si son bien vendidas
las tierras que les compraron a los
ejidatarios”, completó.
¿Y el gobierno federal?. (Unomásuno, Editoral,
p.web)
A principios del año en curso el
diputado local Juan Ortiz Simón alertó
sobre la posibilidad de que en diferentes
regiones del estado se suscitaran hechos
de violencia, principalmente -dijo-
por conflictos agrarios.
En esa oportunidad el legislador
aseguró también que persistían en la
entidad por lo menos 15 de esos problemas,
los cuales podrían derivar en un estallido
social y hacer que una vez más corriera
sangre por el campo de Hidalgo, como
anteriormente ha ocurrido en algunos
lugares.
Posteriormente, el 22 de marzo
pasado, durante una visita que realizó
a Huasca de Ocampo el entonces secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame,
el funcionario federal afirmó que existían
en la entidad al menos 22 conflictos
agrarios oficialmente registrados.
Bajo esa premisa, destacó que se
trataba de asuntos muy complejos, ya
que en muchos de los casos algunas de
las partes cuentan con un juicio de
carácter jurídico, pero destacó que
es deseable que la solución de los conflictos
en general pudiera darse mediante un
acuerdo entre las partes involucradas.
Pasó el tiempo y nada se hizo,
y prueba de ello es que ayer en el municipio
de Santiago de Anaya seis funcionarios
estatales y municipales fueron retenidos,
así como un vehículo incendiado, como
resultado del resurgimiento del conflicto
agrario entre habitantes de las comunidades
de Yolotepec
y Patria Nueva, que por décadas se han
disputado cientos de hectáreas.
Ambos grupos, armados con palos,
machetes y herramientas de labranza,
también bloquearon la carretera federal
México-Laredo, a la altura del kilómetro
85.
Frente a la posibilidad de que
se suscitara un enfrentamiento entre
ejidatarios y comuneros de ambas localidades,
este lunes 12 de junio fueron enviados
alrededor de 600 elementos policíacos
del grupo especial "Fuerza de Tarea",
dependiente de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado (DGSPYTE),
para resguardar una fracción del predio
en disputa.
Por versión de los lugareños, se
afirma que a la comunidad de Yolotepec
un grupo de agricultores ingresaron
maquinaria para trabajar el predio en
disputa, cuya propiedad no ha sido definida,
lo que originó que se reactivara el
conflicto.
Ante ello, la Secretaría de Seguridad
Pública envió al cuerpo de granaderos
para evitar un enfrentamiento entre
los lugareños en un sitio conocido como
Gaxithó, en
el Valle del Mezquital.
Se sabe que personal del gobierno
del estado intervino para mediar entre
las partes en pugna, a las que les propuso
que se estableciera una mesa de diálogo,
a lo cual se afirma que accedieron algunos
de los cerca de 100 comuneros de Yolotepec
liderados por Nazario Montiel
Hernández, pero se opusieron al acuerdo
los habitantes de Patria Nueva, al mando
de José Damaseno López.
Derivado de estos hechos, pasado
el medio día fue incendiado a orilla
de carretera un vehículo compacto marca
Volkswagen, presuntamente propiedad de Wilfredo Pérez Chavarría, encargado de Conflictos Agrarios de la Secretaría
de Gobierno.
Más tarde, como medida de presión
para exigir una solución al añejo conflicto,
los pobladores decidieron retener a
funcionarios del gobierno del estado,
entre ellos el propio Wilfredo Pérez;
Francisco Javier Mayorga Domínguez,
director de Investigación y Política
Social, y Yareli
Melo Rodríguez,
de la Dirección Regional de Gobernación,
así como al presidente municipal de
Santiago de Anaya, Gregorio Jaén Gaspar
y a su esposa, quienes rondaban el lugar
a bordo de una camioneta de seguridad
de que la fueron bajados.
Retiene pueblo a edil en Hidalgo. (Excélsior, Redacción, p.web).
Pachuca, Hgo.-
El presidente municipal de Santiago
de Anaya y seis funcionarios del gobierno
estatal fueron retenidos por habitantes
de la comunidad Patria Nueva, cuando
intentaban mediar para solucionar la
invasión de 180 hectáreas por campesinos
de Yolotepec.
Los pobladores de Yolotepec se disputan con los de Patria Nueva, desde tres
décadas, el predio referido; mismo que
los primeros prometieron hace tres años
no ocupar hasta en tanto las autoridades
federales solucionen en definitiva el
problema.
Sin embargo, un centenar de campesinos
invadió el domingo pasado, con apoyo
de maquinaria y enseres de labranza,
el terreno ubicado en la zona del Valle
del Mezquital, por lo que el bando contrario
solicitó la intervención policiaca
para evitar un enfrentamiento.
Policías del grupo especial de
Fuerza de Tarea del estado tuvieron
que interponerse para evitar un choque
entre los invasores, encabezados por
el perredista
Nazario Montiel
Hernández y los indígenas de Patria
Nueva.
Funcionarios del área de conflictos
agrarios de la subsecretaría de Gobierno
se presentaron en el lugar para tratar
de darle solución al antiguo problema,
pero los habitantes, armados con palos,
piedras y machetes les reclamaron la
indolencia tanto del gobierno federal
como del estatal.
Los burócratas fueron retenidos
por los campesinos, quienes incluso
incendiaron el vehículo en que se transportaban
Wilfredo Cavaría, Yareli
Melo Rodríguez, así como el alcalde Gregorio Jaen Gaspar y su esposa. También detuvieron a Francisco Mayorga,
comandante de la policía ministerial
de Ixmiquilpan y un agente de Gobernación.
Los campesinos exigen al gobierno
de Miguel Osorio Chong
y a las autoridades de la Secretaría
de la Reforma Agraria den solución
a sus demandas sobre la definición de
la posesión de la superficie en disputa
Organizaciones campesinas
Denuncian que empresarios promueven voto por el
PAN. (La Jornada, Patricia Muñoz,
p.web)
El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), Isaías González Cuevas, denunció
que patrones de los sectores turístico, de la maquila y el comercio, así
como de las industrias textil, del calzado
y restaurantera
están promoviendo el voto en favor del
PAN entre sus empleados, por lo que
podría iniciar emplazamientos a huelga
en estas empresas. Se detectó, dijo,
que diversos empresarios enviaron cartas
a sus trabajadores o hicieron reuniones
para tratar de incidir el voto entre
sus empleados ofreciéndoles, a cambio,
estímulos económicos, regalos y promociones,
por lo que la central obrera tomó cartas
en el asunto e instó a los sindicatos
a hacer valer su contrato y la Ley Federal
del Trabajo, y advirtió que el asunto
podría llevar a la huelga a estos centros
laborales. A su vez, el Partido del
Trabajo (PT) y Convergencia coincidieron,
por separado, en que la promoción del
voto es una responsabilidad que sólo
compete al Instituto Federal Electoral
(IFE). En alusión a un desplegado de
la Conferencia del Episcopado Mexicano
en que invita a la ciudadanía a acudir
a las urnas el 2 de julio y a emitir
un voto "consciente", señalaron
que aun cuando no habla a nombre de
ningún partido, la Iglesia católica
debe abocarse a sus tareas eminentemente
religiosas. José Narro, dirigente del
PT, advirtió que ese tipo de llamados
pueden tener consecuencias en los niveles
estatales y municipales, donde "hay
un clero muy politizado que se pronuncia
en favor del PAN, y que se escuda en
la cuestión religiosa para promover
el voto entre los fieles".
Prensa Estatal
BAJA CALIFORNIA
Cien mil predios irregulares. (Zeta Tijuana, Patricia Tamayo, p.web)
Tijuana
Ante la falta de supervisión de
las autoridades, la ambición de algunos
constructores y la necesidad de la población
recién llegada a la ciudad, en Tijuana
abundan los terrenos irregulares.
Por el dinamismo y crecimiento
de la ciudad, de casi tres hectáreas
diarias, en Tijuana hay por lo menos
100 mil predios irregulares, es decir
la mitad de la tierra no está regulada,
por consiguiente millares de familias
carecen de un título de propiedad.
Por si fuera poco, la Procuraduría
Urbana Municipal detectó que en los
últimos años abundan los fraccionamientos
irregulares. De acuerdo a sus investigaciones
ya rebasan los 62 desarrollos que no
están en regla.
Javier Cital
Camacho, titular de la dependencia,
declaró que es la zona Este, para más
exactitud cerca del Corredor 2000 y
La Presa, donde hay más predios irregulares.
“El que no está moviendo tierra ya está
viviendo ahí, así de simple.
“El problema de la ciudad es no
poder detener el desarrollo. Es un asunto
histórico cultural de Tijuana y de toda
la vida. Los desarrolladores empiezan
a vender sin haber concluido su tramitología.
Simplemente consiguen un permiso para
mover tierra e inician un proceso sin
la autoridad correspondiente que es
el municipio. De repente con esos documentos
sellados empiezan a venderle a la gente,
hasta llegar a un momento en que hay
tantos desarrollos irregulares. La gente
compró y se endeudó con un terreno que
todavía no está tipificado ni mucho
menos entregado al Ayuntamiento”.
Cital Camacho
expresó que analizando la problemática,
el 9 de enero de 2006 por acuerdo de
Cabildo se autorizó a la Procuraduría
Urbana operar un programa que se denominó
Regularización del Suelo Urbano de Tijuana,
en donde se han descubierto infinidad
de desarrollos irregulares, muchos de
ellos tienen de 9 a 10 años vendidos,
y otros se están ofertando.
“Además hay otros 50 fraccionamientos
más otorgados por la Inmobiliaria Estatal
Tijuana-Tecate (INETT), Promotora para
el Desarrollo Urbano de Tijuana (Produtsa)
y por la Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra del Estado
(Corette)
que están atorados con trámites en el
Ayuntamiento, porque no cumplen alguna
norma o simple burocracia. Pero estos
desarrollos no sólo están vendidos,
también impactados como colonias Camino
Verde (reserva ecológica), 3 de Octubre
(terrenos nacionales y trámite detenido
en Reforma Agraria), y como estas colonias
hay muchas”, señaló.
De Produtsa
exactamente son 9 fraccionamientos irregulares
que abarcan 5 millones de hectáreas
de metros cuadrados. De Corette
son 15 fraccionamientos, es decir, 3
millones 349 mil metros cuadrados de
tierra De Inett son 22 colonias las anormales que equivalen a 804 mil
metros cuadrados.
“Los dueños de los predios otorgados
por las autoridades tienen más seguridad
de tener en algún momento su título
de propiedad, pero todas esas familias
que llegan de otras partes y les venden
un terrenito que ni saben si está regular,
viven con la incertidumbre, y quizá
nunca lleguen a tener sus documentos
en regla”.
Cital Camacho
explicó que por lo general son particulares
y no empresas los dueños de los fraccionamientos
irregulares, considerado un negocio
atractivo, siendo su principal mercado
la gente que llega a la ciudad de paso
o que viene en busca de un mejor empleo.
“Vender lotes en abonos como es
costumbre anunciar con lonas espectaculares,
es un mercado muy bueno. La gente llega
a Tijuana en una actitud de desesperación
y en la ‘bondad’ de las ofertas pues
no es de pensarse, porque lo que quiere
la gente es un terreno. Les dicen ‘denme
100 dólares y firme’. Son tan inocentes
que ni leen el contrato”, manifestó.
El titular de la Procuraduría Urbana
manifestó que para alertar a la ciudadanía
de los problemas que puede ocasionar
el comprar un predio irregular, colocarán
en zonas estratégicas, especialmente
donde están los asentamientos, anuncios
exhortando a la comunidad a adquirir
un lote legal y regular.
HIDALGO
Campesinos toman tierras en Yolotepec,
hay tensión. (Plaza Juárez, Notimex, p.web)
Cerca de 400 policías de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado (DGSPyTE) resguardan decenas de hectáreas que campesinos tomaron
ayer en la comunidad de Yolotepec.
Martín Torres Paredes, vocero de
la DGSPyTE,
informó que los uniformados se desplazaron
al lugar de los hechos para evitar un
enfrentamiento entre los 100 campesinos
de la comunidad de Yolotepec,
pertenecientes al municipio
de Santiago de Anaya. Informó que los
campesinos, encabezados por Nazario
Montiel Hernández,
decidieron tomar las tierras de cultivo
que se disputan con comuneros de Patria
Nueva, y por un momento bloquearon la
vía federal México-Nuevo Laredo. Torres
Paredes indicó que los comuneros entraron
con maquinaria pesada a las tierras
de cultivo, por lo que habitantes de
Patria Nueva solicitaron la presencia
de los uniformados para evitar un enfrentamiento.
Dijo que hasta el momento no se
ha suscitado algún conato de violencia
entre comuneros y policías, sin embargo,
la orden es desalojar a los campesinos
de Yolotepec
que mantienen el predio en disputa.
Apuntó que los uniformados, encabezados
por Sixto Hoyos, titular de la DGSPyTE,
mantienen la calma para evitar un enfrentamiento
con los comuneros.
Hasta el cierre de esta edición
se tenían reportes de que los campesinos
había bloqueado de nueva cuenta la carretera
que va a Nuevo Laredo, donde además
incendiaron un vehículo, por lo que
había amplias posibilidades de que fueran
desalojados por elementos de Seguridad
Pública.
MICHOACÁN
Cuestionan escrituración de terrenos del Tecnológico. (Cambio de Michoacán, Ángel
Ramírez, p.web).
Huetamo | Cutzio.
Casa Ejidal.
En una reunión de evaluación convocada por La Casa Ejidal de
la Tenencia de Cutzio
en la mañana del domingo, y con la asistencia
de unos 40 miembros, se ventiló el tema
de la legitimidad de los terrenos del
Tecnológico Superior de Huetamo
sobre un espacio de 18 hectáreas, las
que a pesar de que están anexas a espacios
ocupados por enormes torres de alta
tensión, el problema central consiste
en la escrituración.
Con la presencia en la reunión, del vendedor Leodegario Ávila, un representante del Ayuntamiento y un visitador
agrario, se dilucidaron detalles sobre
la adquisición y para conocer a fondo
la situación definitiva de esa transacción.
Ahí salió a flote que existe un adeudo
de 300 mil pesos, los que de no ser
liquidados por el Ayuntamiento, serían
impedimento para la entrega de las escrituras
de esa compraventa.
En Cutzio de nuevo salió a flote
aquella desangelada adquisición de terrenos
no adecuados para levantar el edificio
del Tecnológico, dada su lejanía e incomunicación,
pero acuerdos debajo del agua
dejaron fuera otras propuestas, y terminó
por construirse ese plantel educativo,
prácticamente debajo de enormes torres
de alta tensión, cuestión que acarrearía
una serie de situaciones en la utilización
de equipos eléctricos y computacionales,
todo enmedio
de la apatía municipal del año 2002.
Como condición del vendedor para finiquitar la escrituración,
éste solicita la liquidación del adeudo
faltante al actual ayuntamiento, y en
contraparte, los ejidatarios de Cutzio
pidieron al vendedor una aportación
de 150 mil pesos, pero éste sólo ofreció
10 mil, y al final aceptó aportar 15
mil pesos a la Casa Ejidal.
Las parcelas no pueden ser fraccionadas, señaló el visitador
agrario (quien solicitó no se diera
a conocer su nombre por aquello de las
campañas políticas), pero sí pueden
ser enajenadas, ya sea a nombre del
Tecnológico o del Ayuntamiento, pero
sólo mediante una aportación de tierras
al municipio y con dominios plenos,
es decir, incorporar el régimen ejidal
por pequeña propiedad.
Se citó para el próximo martes a otra junta de trabajo, donde
estarán presentes todas las partes interesadas,
ya que aparece el faltante de una hectárea
Cuestionan legitimidad de terrenos
del Tec de
Huetamo. (Despertar del Sur, Ángel Ramírez, p.web).
-Adeudo de 300 mil pesos de la administración del priísta Cuitláhuac Santos, origen de la polémica.
Huetamo/cutzio,
Mich. La mañana del domingo fue ventilado el tema de la legitimidad
de los terrenos del Tecnológico Superior
de Huetamo,
que abarcan 18 hectáreas anexas a unos
espacios ocupados por enormes torres
de alta tensión.
El problema central de la escrituración fue abordado durante
una reunión de evaluación convocada
por la Casa Ejidal de la tenencia de
Cutzio la mañana del domingo, que contó con la asistencia
de unos 40 miembros.
En la reunión estaban presentes el vendedor, Leodegario Ávila; un representante del ayuntamiento y un visitador
agrario, quienes dilucidaron detalles
sobre la adquisición, y tras conocer
a fondo la situación definitiva de esa
transacción, salió a flote que existe
un adeudo de 300 mil pesos, los que
de no ser liquidados por el ayuntamiento,
serían impedimento de la entrega de
las escrituras de esa compraventa.
En Cutzio de nuevo salió a flote
aquella desangelada adquisición de terrenos
no adecuados para levantar el edificio
del Tecnológico, dada su lejanía e incomunicación,
pero acuerdos debajo del agua
dejaron fuera otras propuestas y terminó
por construirse ese plantel educativo
prácticamente debajo de enormes torres
de alta tensión, cuestión que acarrearía
una serie de situaciones en la utilización
de equipos eléctricos y computacionales,
todo en medio de la apatía municipal
del año 2002.
Como condición del vendedor para finiquitar la escrituración,
solicita la liquidación del adeudo al
actual ayuntamiento, y en contraparte,
los ejidatarios de Cutzio
pidieron al vendedor una aportación
de 150 mil pesos, pero este sólo ofreció
10 mil, y al final aceptó aportar 15
mil pesos a la Casa Ejidal.
“Las parcelas no pueden ser fraccionadas”, advirtió el visitador
agrario, quien solicitó que no se diera
a conocer su nombre, por aquello de
las campañas políticas. Explicó que
las parcelas sí pueden ser enajenadas,
ya sea a nombre del Tecnológico o del
ayuntamiento, pero sólo mediante una
aportación de tierras al municipio,
y sólo con dominios plenos, es decir
incorporar el de régimen ejidal por
pequeña propiedad.
Para concluir la reunión, se citó para el próximo martes a
otra junta de trabajo, donde estarán
presentes todas las partes interesadas,
ya que aparece el faltante de una hectárea,
pero al parecer se trata de acuerdos
establecidos.
Pero desde ahora se advierte evidente que los citados 300 mil
pesos faltantes vendrán a convertirse
en otro dolor de cabeza del actual municipio,
que ya cuenta con problemas económicos
que han llegado hasta los embargos.
MORELOS
Elecciones frenan procedimientos para rescatar
a Tetela del
Monte. (La Jornada de Morelos, Raúl Mroales,
p.web).
Cuernavaca, Mor. Carmen Lucila Gonzáles
García, ex comisariado
ejidal de Tetela de Monte, dijo que en tiempos electorales “están parados”
los asuntos que tienen que ver con el
rescate del bosque de la región. Agregó
que las demandas penales de despojo,
las revisiones para determinar la legalidad
del comisariado
ejidal con las autoridades agrarias,
al igual que los casos administrativos
que se llevan en el ayuntamiento de
Cuernavaca, “están detenidos sin que
haya un avance para determinar la situación
de las tierras”.
Gonzáles García lamentó que por el proceso electoral y la falta
de interés por solucionar el problema
de tierras en el ejido, “se estén perdiendo
importantes hectáreas de zona verde,
al estar cerrado el parque que los ejidatarios
mantuvieron abierto por algún tiempo”.
Pareciera que para las autoridades, no hay un conflicto real
en Tetela
del Monte a pesar de los conflictos
jurídicos que se han dado entre los
grupos. Reiteró que la defensa del bosque
está firme, a pesar de que algunos ejidatarios
están cansados de hacerlo desde hace
muchos años. Lamentó que la defensa
de la tierra no siempre es fácil, que
se requieren recursos económicos, y
que el no tenerlos a la mano limita
la salvaguarda del bosque.
SAN LUIS POTOSÍ
Gobierno de SLP benefició a herederos de Barrio,
acusa el PRD de Chihuahua. (La Jornada de San Luis,
p.web).
Usaron la misma estrategia que en Juárez, dice Héctor Barraza.
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en Chihuahua, Héctor Barraza Chávez,
denunció ayer públicamente que herederos
de Federico Barrio, el fallecido hermano
de Francisco Barrio Terrazas, coordinador
local de campaña del candidato presidencial
Felipe Calderón Hinojosa, fueron beneficiados
por el gobierno panista de San Luis Potosí en la transacción por los predios
de El Panalillo, en la Ciudad Satélite.
El periódico El Diario,
de Ciudad Juárez, publicó una nota ayer
en donde retoma los datos publicados
por La
Jornada San Luis sobre los
vínculos de Dintel del Centro, la empresa
vendedora de los predios, con el difunto
hermano del ex titular de la Secodam.
Esa misma información fue tomada por el PRD estatal para censurar
al panismo
chihuahuense.
Barraza Chávez aseguró que la estrategia que se detecta en
el caso de El Panalillo, en donde una
empresa con información privilegiada
hace un gran negocio con el gobierno
estatal, es similar a la que operó en
Juárez durante los gobiernos panistas,
de manera particular en la administración
estatal de Francisco Barrio.
El Diario recuerda en su nota un reportaje publicado en 2004 en donde
se reseñó el ascenso de Federico Barrio
Terrazas, que de empleado de una constructora
“logró acumular una de las fortunas
más importantes de todo el estado”.
Ello, en gran medida debido a que durante
la administración de su hermano “pudo
influir en la definición de los usos
de suelo a su conveniencia, obtuvo todos
los permisos de construcción que requería
y todo tipo de facultades discrecionales
que tiene la autoridad”.
Además de que en ese sexenio, indicó la investigación, “se
aprovecharon todas las lagunas en la
ley para facilitar trámites, lograr
la autorización de las obras y, especialmente,
influir en la orientación del desarrollo
urbano de la ciudad a la vez que se
tenía acceso a información privilegiada
sobre la obra pública que habría de
realizarse”.
Silencio.
El periódico chihuahuense señala que buscó a directivos del
Grupo Lintel, pero que en las oficinas
informaron que no había ninguna persona
en la empresa que pudiera dar su versión
sobre esta denuncia.
También encontraron a Francisco Barrio, pero el ex aspirante
a la presidencia de la República declinó
hacer algún comentario. Solo dijo que
“no tengo ningún interés en tomar parte
en ese tipo de comentarios”.
Barraza Chávez por su parte, lamentó que en el año de Juárez
“estemos hablando del año de Hidalgo
para el grupo de privilegiados del gobierno
de Vicente Fox
y ahora del equipo cercano y familiares
del equipo de Felipe Calderón”.
Criticó que Francisco Barrio, “el contralor, el que supervisaba
que las cosas se hicieran bien” también
esté involucrado en los casos de manejo
de información privilegiada.
En este contexto, el dirigente estatal del PRD cuestionó la
calidad moral y ética de los panistas,
pues aseguró que aunque estos casos
podrían no resultar del todo ilegales,
resultan “alarmantes y graves” porque
se pone en evidencia el enriquecimiento
a la sombra del poder público.
En la conferencia de prensa en la que también estuvo la secretaria
de alianzas en la dirigencia nacional
del PRD, Hortensia Aragón Castillo,
destacó que estos casos colocan en la
mesa de la discusión a los políticos
de Acción Nacional porque revela que
no tienen una política de desarrollo
empresarial, sino familiar y de sus
grupos cercanos.
Funcionarios desconocen cuanto pagaron ejidatarios
por el traslado de dominio de El Panalillo. (La Jornada de San Luis, Rosa Elena Pedraza, p.web).
AL operación se realizó
en la delegación de Pozos, justifican.
Funcionarios municipales confirman que la primera operación
de los ejidatarios a Dintel debió cubrir
un impuesto correspondiente al traslado
de dominio por los predios de El Panalillo
en donde se pretende construir la Ciudad
Satélite.
El director de Catastro Municipal, Miguel Maza Hernández, apuntó
que la primera regularización de terrenos
no está obligada a pagar el traslado
de dominio –correspondiente al impuesto
de adquisición de inmuebles de 1.6 por
ciento– pero en cambio comparó si hay
una obligación subsecuente.
El funcionario se refirió a que cuando el ejidatario le vende
a una tercera persona y en este caso,
dijo, los empleados de Dintel que se
menciona en
La Jornada San Luis , “si
es que se hicieron ejidatarios, tuvieron
que haber pagado el traslado de dominio”,
indicó.
Maza Hernández reconoció que al ayuntamiento de la capital
debiera ingresar a sus arcas recursos
procedentes de la operación, pero dijo
desconocer cuánto porque fue en la delegación
de Pozos en donde hicieron el trato.
Apuntó que en esa demarcación hay Tesorería
y Catastro, y por tanto la delegación
de Pozos procede después a dar cuentas
a la tesorería municipal.
El funcionario precisó que en el informe del ejercicio fiscal
de mayo se podrá constatar cuánto ingresó
a las arcas municipales. “Tanto el avalúo
catastral como el traslado de dominio
se debieron hacer en Pozos”, puntualizó.
Por otra parte y en entrevista telefónica, el tesorero del
ayuntamiento, Gerardo García Siller,
adujo que no tenía el dato a la mano
de lo que ingresó a la Tesorería, porque
requería conocer cuál fue el procedimiento
que utilizaron los dueños de los predios.
Pero aseguró que hoy proporcionaba el
monto.
Igual sucedió con la secretaria general del ayuntamiento, María
de la Luz Islas Moreno, al afirmar que
hubo un pago de traslado de dominio
de quienes se ostentan como dueños de
los terrenos de El Panalillo, pero justificó
no conocer la cantidad exacta porque
dijo, “es un trámite que se lleva por
jurisdicción en la delegación de Pozos”.
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