CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
7 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Gana Calderón en
debate 'light'
Se lanzan candidatos acusaciones, pero
evaden responder a sus oponentes
Chocan Calderón y
AMLO
El panista
critica labor del perredista
en GDF; Felipe benefició a familiares,
acusa el tabasqueño.
Gana Felipe Calderón
el debate
Gustó a dirigentes de la IP ambiente
de propuestas entre candidatos
La Bolsa de Valores,
lejos del "crash
técnico"
El factor político cobra fuerza sobre
los inversionistas: Prieto Treviño.
Tras el no debate,
nada para nadie
Confrontación de ideas y alusiones
entre los 2 punteros
Duelo de dos, feria
de spots
El único encuentro entre los cinco
candidatos a la Presidencia se convirtió
en un choque entre Felipe Calderón
y Andrés Manuel López Obrador.
Calderón pega pero
no tumba
Un debate entre dos, en el que Felipe
Calderón tiró un golpe que no tuvo
respuesta, con el que le recordó
a Andrés Manuel López Obrador que
Arturo Núñez, su candidato al Congreso
de la Unión, fue uno de los priistas
conversos a su causa y que aprobaron
el Fobaproa.
Calderón desplumó
a un apagado López Obrador
Por su imagen y propuestas, grupos
de enfoque de BGC vieron ganador
del segundo debate a Felipe con
42%; AMLO, 29%; Mercado, 8%.
Civilizado debate
Más propuestas que descalificaciones;
sólo se enfrentan Calderón y López
Obrador
… Y el cuñado sembró
la duda
Se esfuma sonrisa panista
Sector agrario
Lectores. (Milenio
Diario, p.web)
C. Carlos Marín
Director General Editorial
“Milenio Diario”
Presente.
Por este medio le solicito atentamente la publicación de las
siguientes precisiones a la nota
“Denuncia el PRD apoyos azules”,
publicada el día de hoy, en el periódico
bajo su dirección.
El Lic. Fernando Jaimes Ferrel —como erróneamente señala el dirigente del PRD en Guerrero,
Sebastián de la Rosa Peláez— no
es el delegado estatal de la Procuraduría
Agraria en funciones, toda vez que
esta persona dejó de prestar sus
servicios en la Institución desde
el 31 de marzo de 2006.
El Procurador Agrario, Dr. Isaías Rivera Rodríguez, nombró
en ese cargo al Lic. Evaristo Torres
Santamaría.
La Procuraduría Agraria rechaza categóricamente que la Delegación
estatal en Guerrero esté canalizando
recursos de programas federales
“para beneficio de los candidatos
panistas”,
toda vez que ésta es una Institución
de servicio social cuyas tareas
fundamentales se sustentan en la
asesoría y representación legal
de los sujetos agrarios y no ejerce
recursos para apoyo directo a los
campesinos.
La Procuraduría Agraria considera que estas precisiones resultan
de primordial importancia para que
los diversos sectores de la sociedad,
y particularmente el público lector
de su diario, queden debidamente
informados del esfuerzo institucional
que despliega la Procuraduría Agraria
para otorgar seguridad jurídica
y certeza patrimonial a los sujetos
agrarios del estado de Guerrero
y de todo el país.
Sin otro particular, agradezco la amable atención que se sirva
prestar a la presente.
ATENTAMENTE
Ing. Carlos Nuño Robles
Coordinador General de Delegaciones de la Procuraduría Agraria.
Cartas. (El Sur de
Guerrero, p.web)
El PRD siente
pasos en Tierra Caliente, responde
Florencio Salazar a De la Rosa.
Estimado Juan:
Respecto a la declaración de Sebastián
de la Rosa sobre el uso de recursos
públicos por el candidato del PAN
a diputado federal por el distrito
01 (Tierra Caliente), Fernando Jaime
Ferell, categóricamente afirmo que es una falsedad.
En primer lugar, me desempeñé como
secretario de la Reforma Agraria
hasta el 26 de abril y no está en
mis convicciones ni actuales atribuciones
disponer de programa público alguno.
En segundo lugar, como titular
de la SRA acordé que ningún recurso
de los programas de apoyo a proyectos
productivos del ejercicio 2006 se
liberaran
antes del 2 de julio, precisamente
para que nadie pretendiera usarlos
con fines electorales.
En tercer lugar, si De la Rosa
se molestara en solicitar información
sobre el presupuesto de la SRA,
advertirá que los 110 millones de
pesos que reclama para la Tierra
Caliente, sobrepasan lo asignado
a todo el estado de Guerrero.
Lo que pasa es que sienten pasos
en Tierra Caliente. Fernando Jaimes
Farrell es un un abogado prestigiado
en la región, que se ha caracterizado
por una permanente labor social.
El PAN no postula candidatos cuestionados,
como el que tiene el PRD en el distrito
01.
En todo caso, que pruebe sus dichos
en la Fepade.
Como siempre, agradeceré la publicación
de la presente en El Sur, periódico
de la pluralidad guerrerense.
Florencio Salazar
Niega que la delegación
de la Procuraduría Agraria presione
a que voten por el PAN.
Señor director:
Por este conducto solicito a usted
la publicación de la presente, a
fin de precisar la información publicada
ayer en El Sur, respecto
de la nota periodística “Presiona
Florencia Salazar a ejidatarios
para que voten por el PAN, dice
el PRD,” bajo la firma del reportero
Jesús Saavedra.
Quiero señalar que la Procuraduría
Agraria, como instancia del
Sector Agrario, rechaza categóricamente
que la Delegación estatal en
Guerrero maneje programas federales
de apoyo para entrega de recursos
a la población campesina, “con fines
político-electorales”, porque esta
es un institución de servicio social
cuyas tareas fundamentales se sustentan
en la asesoría y representación
legal de los sujetos agrarios.
La Procuraduría Agraria también
niega que la infraestructura de
su Delegación estatal en Guerrero
o de cualquier otra en el país,
esté siendo usada por el ex secretario
de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame,
“para presionar a ejidatarios de
Tierra Caliente” o de cualquier
otro núcleo ejidal o comunal del
territorio nacional para que sufraguen
a favor de candidatos panistas.
La Procuraduría Agraria afirma
que los programas federales que
tiene a su cargo son absoluta
y estrictamente voluntarios y gratuitos,
y en forma alguna ejerce presión
o coacción “a cambio de votos” como
se refiere erróneamente en la nota
en comento.
Considero que estas precisiones
resultan de primordial importancia
para que los diversos sectores de
la sociedad, y particularmente el
público lector de su diario, queden
debidamente informados del esfuerzo
institucional que despliega la Procuraduría
Agraria para otorgar seguridad jurídica
y certeza patrimonial a los sujetos
agrarios del estado de Guerrero
y de todo el país.
Por todo lo anterior señalado,
solicito a usted atentamente la
publicación de estas precisiones,
agradeciéndole de antemano la amable
atención que se sirva otorgar a
la presente.
Atentamente.
Ing. Carlos Nuño
Robles
Coordinador General
de Delegaciones de la Procuraduría
Agraria.
Acusan a Sedeso de aumento
arbitrario en el gasto social. (La Jornada, Roberto Garduño,
p.web).
Los beneficiarios, bajo control
del gobierno, dice
estudio.
Reforma Agraria lo incrementó en
más de 73 por ciento.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
erogó, en el primer trimestre del
presente año, casi mil 500 millones
de pesos más que en el mismo periodo
de 2005, con objeto de incrementar
el gasto en programas cuyo padrón
de beneficiarios es controlado por
el gobierno federal.
El monto total del gasto citado fue reportado por Sedeso, en un informe a la Cámara de Diputados sobre el presupuesto
ejercido por la dependencia.
Gabriela Barajas, autora del estudio, sostiene que Sedeso "incrementó de manera totalmente arbitraria el
gasto de los programas sociales
en los primeros meses de este año".
En el caso de la dependencia ahora encabezada por Ana Teresa
Aranda, el gasto creció en los siguientes
programas: Tu Casa pasó de una erogación,
en el primer trimestre de 2005,
de poco más de 156 millones de pesos
a más 758 millones de pesos en 2006;
Abasto Rural pasó de un gasto de
328 millones a 458 millones en el
mismo periodo. El programa de leche
de Liconsa creció de 43 millones en 2005 a 350 en 2006, y el
programa Oportunidades vio aumentado
su presupuesto en más de 243 millones
de pesos durante el mismo periodo.
El trabajo de análisis refiere que el programa de Coinversión Social, cuyo costo en el primer trimestre de 2005
fue de 9 millones de pesos, representó
en el presente año, y en el mismo
periodo, más de 20 millones de pesos.
"Esto último teniendo como
marco las acusaciones de triangulación
de que recursos presupuestales
entre organizaciones de la sociedad
civil y diputados de Acción Nacional
se utilizaron en la campaña de Felipe
Calderón."
Por lo que respecta al Programa de Adultos Mayores en Zonas
Rurales, éste ejerció más de 166
millones de pesos; es decir, más
de 60 por ciento del presupuesto
anual total.
Es importante hacer notar que el común denominador de estos
programas es que el padrón de beneficiarios
es controlado por el gobierno federal,
a diferencia de otros programas
como Opciones Productivas, Tres
por Uno Migrantes,
incentivos estatales, desarrollo
local o Hábitat, entre otros, que
son programas que funcionan a partir
de convenios con los gobiernos estatales
y, por lo tanto, los beneficios
llegan por la vía de los gobiernos
locales, los cuales, sin embargo,
prácticamente no ejercieron recursos.
"Sedeso es un caso de abuso
en el manejo discrecional del presupuesto
público, y no es el único".
Otro ejemplo, aún más escandaloso,
es el de la Secretaría de la
Reforma Agraria, la cual incrementó
en más de 73 por ciento el gasto
ejercido el primer trimestre. Esta
secretaría maneja el programa
de Fomento y Organización Agraria
(Formar), el Fondo de Apoyo para
Proyectos Productivos (FAPPA), Programa
de la Mujer en el Sector Agrario
(Promusag),
Programa Fondos de Tierras e Instalación
del Joven Emprendedor Rural, que
incluye otros planes de beneficio
como el Fondo de Tierras y el de
Joven Emprendedor Rural.
Acusa Padilla Trujano
al munícipe de Tlayacapan
de realizar fraude agrario. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor.-
Julio Padilla Trujano,
dirigente de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA), señaló
que diversas organizaciones campesinas
solicitan se apliquen los recursos
federales para solucionar los conflictos
agrarios en Morelos considerados
como focos amarillos, con el fin
de evitar un enfrentamiento entre
las comunidades en pugna.
Luego de que el representante de
los comuneros de Tlayacapan,
Artemio Escamilla, acusara a Padilla
Trujano
de ser el principal invasor de tierras
en la comunidad, ayer martes, el
líder de la UNTA aseguró que con
estos señalamientos en su contra,
lo que buscan “es paralizar la regularización
de tierras, y con ello confundir
a la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) para no titular
a los poseedores de las tierras,
decisión que será resuelta en definitiva
por el Tribunal Unitario Agrario”.
Mencionó que la regularización
de los predios no ha se ha podido
realizar, debido a que las mismas
autoridades comunales han revendido
las tierras desde hace 10 años,
afectando a más de mil 500 pobladores
con la ayuda de Humberto Serrano,
dirigente priísta de la Confederación
Agrarista Mexicana.
Igualmente, detalló que al existir
por primera vez la oportunidad de
que se regularicen las tierras,
“ellos mismos están echando para
atrás esta titulación con la aparición
de grupitos, que (son) solapados
por el presidente municipal de Tlayacapan,
Agustín Sánchez Ortiz”.
Padilla Trujano
afirmó que el grupo contrario que
busca obtener las tierras de Tlayacapan, “ha presionado a la SRA”, ya que estas personas
“ven en peligro su forma de vivir
que es la venta ilegal de tierras”.
Además, lamentó que detrás de este
asunto agrario, y ante las evidencias
claras de fraudes, existan “intereses
mezquinos de carácter político electoral”.
Por ello, exigió a la SRA, al igual
que al gobierno del estado, que
se apliquen los casi 80 millones
de pesos para desactivar los seis
conflictos agrarios, entre
ellos el de Tlayacapan, a través del programa federal de focos amarillos
en el sector rural.
Lo anterior, con el fin de “que
de una vez por todas se delimite
qué son bienes comunales, qué es
ejido, qué son pequeñas propiedades
y terrenos nacionales, porque son
más de 3 mil 500 hectáreas las que
están siendo sujetas del abuso de
los que dicen ser comuneros y políticos,
como el edil de Tlayacapan”.
Un total de mil 521 quejas recibió la Cámara de
Diputados. (Crterios.com, p.web)
En esta LIX Legislatura.
México, DF 6 Junio.- A sólo unos
meses de que concluya esta LIX legislatura
de la Cámara de Diputados, el Comité
de Información, Gestoría y Quejas
ha recibido mil 521 solicitudes
de intermediación de los distintos
sectores sociales, de las cuales
se dio respuesta a 720 y 787 se
encuentran en trámite de resolución.
El comité informó que se han recibido
quejas de toda índole, principalmente
relacionadas con conflictos laborales,
auxilio asistencial, seguridad pública,
servicios urbanos así como la petición
de mayores recursos presupuestales
a municipios y de conflictos
agrarios.
Este Comité de Información Gestoría
y Quejas lo preside el diputado
Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI), durante
el primer año legislativo se concluyeron
230 expedientes, de los cuales sólo
36 continúan en trámite.
Durante el segundo año de esta
legislatura, se abrieron 468 recursos,
se resolvieron 204; 259 permanecen
en gestión, mientras que sólo cinco
fueron cancelados por improcedentes.
Además, la Cámara de Diputados
ha realizado diversos foros, mediante
los cuales se abrieron 576 expedientes,
resolviéndose 141 y quedando pendientes
hasta el momento un total de 428.
En el periodo comprendido del 16
de agosto de 2005 al 16 de febrero
de 2006 se abrieron 209 casos, 64
se encuentran en trámite y 145 se
han resuelto.
Con estas acciones, la Cámara de
Diputados atiende el derecho legítimo
de los ciudadanos, ya que el “derecho
de petición es una garantía constitucional,
una tarea a la que la Cámara de
Diputados ha dado continuidad, como
el órgano por excelencia que debe
asumir la responsabilidad de atender
y gestionar las demandas ciudadanas
que lleguen a este recinto parlamentario.
El comité resulta ser un puente
de enlace institucional entre la
ciudadanía y diversas instancias
del Gobierno Federal, ya que es
un espacio de deliberación, diálogo
y compromiso social, que canaliza
de forma adecuada la solución a
las demandas más sentidas y apremiantes
de distintos sectores de la sociedad.
Prensa Estatal
GUERRERO
Sigue siendo “viable”
el proyecto de La Parota, dice el
gobernador a diputados. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
Chilpancingo
Durante la reunión privada que sostuvo ayer con la Comisión
Especial para el Seguimiento del
Proyecto Hidroeléctrico La Parota
del Congreso del estado, el gobernador
Zeferino
Torreblanca dijo que sigue “viable”
la construcción de la presa y además
de continuar con la difusión de
ésta insistirá en el diálogo con
los opositores.
Por su parte, los diputados informaron que serían “mediadores”
para que los involucrados con el
proyecto logren un consenso, principalmente
los miembros del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores a la presa
La Parota (Cecop).
En conferencia de prensa en Acapulco, el lunes, la diputada
panista
Jessica Eugenia García Rojas adelantó
que este martes se reunirían con
el gobernador para conocer su postura
ante el proyecto y la manera en
que será garante de las promesas
de la CFE.
Consultado al término de la reunión que se llevó a cabo
ayer en el Palacio de Gobierno,
el presidente de dicha comisión,
Arturo Álvarez Angli,
explicó que intercambiaron brevemente
puntos de vista sobre la hidroeléctrica
y luego de exponer los avances del
proyecto Torreblanca Galindo “dejó
claro que bajo ninguna circunstancia
va a vulnerar el derecho de los
comuneros”.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México agregó
que el gobernador les dijo que “seguirá
difundiendo el proyecto porque éste
aún tiene viabilidad. Nos quedó
claro que continúa su interés por
socializar el proyecto y nos dijo
que insiste por todos los medios
en que haya un diálogo, un acercamiento
con los opositores”.
Indicó que Torreblanca Galindo pidió a la Comisión Federal
Electricidad (CFE) que “haga públicos
los acuerdos y compromisos que adquiera
con los campesinos afectados con
la presa, esto para que no escape
y no cumpla”.
Álvarez Angli precisó que la
reunión no fue para buscar acuerdos
con el gobernador, pero que él y
los diputados que conforman la Comisión
Especial “dijimos, a iniciativa
propia, que seremos mediadores”
con los comuneros opositores para
que se instale la mesa de diálogo,
aunque todavía no tienen fecha para
ello o si ya se actúa en el contexto
de la segunda convocatoria que hizo
el Cecop
a los tres ámbitos de gobierno para
el próximo 18 de junio.
Destacó: “Lo que nos queda claro es que cada quien tiene
que hacer lo propio para lograr
un consenso, no nada más con los
opositores”.
Informó que además de Jéssica
Eugenia García acudieron a ese encuentro
los diputados Fermín Alvarado Arroyo
(PRI), Alejandro Luna Vázquez (PRD),
Rey Hernández García (PT) y Mario
Ramos del Carmen (Convergencia).
MICHOACÁN
Exigen indígenas al gobierno estatal que respete
su forma de organización comunal. (La Jornada
de Michoacán, Martín Equihua,
p.web).
■ Guadalupe Hernández y Graciela Andrade encabezaron
asamblea en Cherán
Atzícurin.
■ Los pobladores reiteraron sus demandas en materia de servicios, infraestructura y educación.
Cheran Atzicurin, Paracho, 6
de junio.- Pedimos a las instancias
gubernamentales que respeten a las
comunidades en sus formas de organización,
es la mejor manera en que podrían
contribuir a reconstituir de manera
fina el tejido social, aseguró Guadalupe
Hernández Dimas, coordinadora de
Atención a las Comunidades Indígenas,
quien junto a Graciela Andrade,
secretaria de Desarrollo Social,
encabezó una asamblea nocturna en
Cherán
Atzícurin,
donde escucharon avances de proyectos
y nuevas demandas, además de los
infaltables reclamos a la falta
de atención, a las promesas incumplidas,
pero los más de 200 asistentes reiteraron
su voluntad de recibir cordialmente
al gobernador del estado.
Los reclamos más sonados
tuvieron que ver con “la forma en
que han engañado a la comunidad”,
dijo un profesor, quien recordó
que un par de años atrás el ex presidente
municipal, Marco Antonio Piña, les
prometió 830 mil pesos pero nunca
llegaron; después les dijo que a
cambio les entregarían una motoconformadora,
pero tampoco llegó. El 25 de junio
del año pasado lo expusieron al
gobernador, pero no tuvieron resultados;
mientras que este año, el gobierno
municipal sólo ha hecho “dos cajoncitos”,
por lo que quisieran saber con cuánto
contarán del presupuesto municipal
y con cuánto del estatal para 2006.
Como en toda comunidad
visitada por funcionarios de primer
nivel, como les dicen, se aprovecha
para demandar todo lo que se considera
rezago, carencia, y por eso se reclamó
la rehabilitación del sistema de
agua y drenaje, la construcción
de una unidad deportiva y la regularización
de la preparatoria comunitaria.
Ante los conciliadores del programa
Focos Rojos, pidieron también un
avance más claro en la resolución
de los conflictos agrarios que Cherán
Atzícurin mantiene con Santa Cruz Tanaco
y Cherán,
y expresaron que debería atenderse
sin demora el trato “con la punta
de lo pie que nos dan funcionarios
menores de gobierno”, dijeron en
contraste al humor de Graciela Andrade,
o a la solemnidad respetuosa de
Guadalupe Hernández.
Algunas peticiones
tienen carácter de inmediatas, como
la sustitución del techo metálico
de la escuela Niño Artillero, que
en tiempo de lluvias es una sonaja,
y un horno en temporada de secas;
el recuento de los daños que los
talamontes
han hecho al bosque, que ellos calculan
en 650 hectáreas, en voz del representante
de Bienes Comunales; la presencia
de elementos del Ejercito Mexicano
para el resguardo del recurso forestal;
material de oficina para la jefatura
de tenencia, y la remodelación de
la plaza pública, que cuenta ya
con una mezcla estatal y municipal
de recursos, así como la construcción
de un mercado.
En la asamblea de esta
comunidad, donde la mujer registra
una participación elevada, también
fue evidente el desconocimiento
de las funciones del Comité de Desarrollo
Comunitario (Codeco),
a pesar de las bondades que se le
atribuyen, no obstante que en su
constitución está trabajando un
grupo de mujeres que en asamblea
corrigió su acuerdo anterior de
impedir la presencia de los hombres,
por lo que acordaron abrir el comité
a todos.
Para la secretaria
Graciela Andrade los comités son
importantes para “volver a hacer
fuerte a nuestro tejido social”,
ya que a la división de los núcleos
comunitarios han contribuido “programas
buenos que desgraciadamente sólo
son para algunos”, como Oportunidades,
Alianza, Procampo,
y otros. La comunidad como tal ha
ido perdiendo su fuerza, dijo la
secretaria de Desarrollo Social,
“nos peleamos, hemos dejado de ser
comunidades”, ya no se cuida a los
viejos como antes, el individualismo
crece. Por eso, los que quieran
estar juntos deben hacer muchas
cosas por la comunidad, la faena,
el trabajo colectivo en sus distintas
modalidades. Que los Codecos
son para acompañar ese esfuerzo
de la comunidad, dijo, para “volver
a estar todos unidos”, aunque tampoco
se obligará a nadie a participar
en ellos, los comités ayudarían
a darnos la mano entre todos.
Entonces, Guadalupe
Hernández hizo su única intervención,
y aseguró que es verdad “que el
tejido social está roto, que la
movilidad social está muy pesada;
estamos en un estacionamiento social
que no se puede mover, está muy
pesado”, y por eso llamó a reforzar
el comité, pero más que eso, a fortalecer
a la comunidad.
Pidió a la secretaria
Graciela Andrade y a su personal
“que nos respeten, porque nosotros
tenemos nuestra propia organización
en la comunidad, y no es necesario
hacer más organizaciones”, porque
en la comunidad se sabe quiénes
están preocupados por la escuela,
por la lengua, por la música, por
las obras, y “nosotros sabemos en
qué momento hay que hacer tal cosa”.
Sabemos, le dijo la
coordinadora Hernández Dimas a los
asambleístas, que están muy dolidos,
que hay resentimiento, pero les
pidió encauzar ese coraje y ponerlo
al servicio de la reconstitución
de “ese tejido social del que tanto
se habla desde las cúpulas”.
Y en efecto, se trató
de una asamblea, como la que se
desarrolló simultáneamente en Huécato, a 15 kilómetros de distancia, participativa y sin
necesidad de ajustarle nuevas camisas
de fuerza, como el Codeco
u otros, porque como dijo Guadalupe
Hernández, “las comunidades tienen
su propia organización”.
Graciela Andrade reaccionó
favorablemente a la observación
de Guadalupe Hernández, y ante la
solicitud de formar nuevos grupos
de trabajo, reiteró la disposición
del gobierno del estado para “respetar
efectivamente a la comunidad en
sus formas de organización”.
OAXACA
Magisterio, un problema de gobernabilidad. (Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, Pedro Matías, p.web).
El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ya no sabe cómo acabar con
un movimiento popular cada vez más
irritado. Sólo le queda la represión.
Mientras, Oaxaca entró en un estado
de sitio que podría derivar en una
"guerra civil".
Y es que "lo que estamos viviendo en Oaxaca es un cóctel
explosivo que está a punto de estallar",
advirtió el coordinador de la Comisión
Diocesana de Justicia y Paz, Francisco
Wilfrido Mayrén
Peláez.
Los ingredientes de este cóctel explosivo, dijo, es la ceguera,
sordera, cerrazón, brutalidad y
represión en la que se han conducido
las autoridades gubernamentales,
ya no es solo en lo político sino
en lo laboral, en lo social y en
los derechos más fundamentales.
Apenas han transcurrido 18 meses de la presente administración
y el gobierno de Ulises Ruiz se
tambalea por su incapacidad para
contener la irritación social que
solo espera una chispa para que
incendie la pradera.
Violencia no puede ser erradicada.
Un balance realizado del primero de diciembre de 2004 al 18
de abril de 2005 reveló que la violencia
se ha enquistado en el estado de
Oaxaca y no se ve por donde erradicarla
o por lo menos controlarla.
Al inicio de esta administración el dolor de cabeza fue la
violencia política derivada de los
conflictos postelectorales y las
demandas sociales, situación que
motivó encarcelamientos y una represión
institucional.
Sin embargo, en las últimas fechas, los espacios en la nota
roja política lo han ganado los
enfrentamientos y emboscadas perpetradas
por la disputa de tierras en cuatro
regiones importantes del estado,
la Sierra Sur, la Costa, la Mixteca
y el Papaloapan, donde los conflictos
agrarios dejaron al menos siete
muertos, siete heridos, 60 familias
desalojadas y 5 casas incendiadas.
Mientras que la violencia política cobró la vida de unas 18
personas, dos del PRI, dos del Partido
Unidad Popular, cuatro del PRD, dos de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, tres del Movimiento para
Unificación de Lucha Triqui,
un sindico municipal de Putla
y su chofer, así como la de un policía
preventivo y la de un agente de
la policía ministerial que fue linchado.
A los que se sumaron la ejecución del líder del CROCUT, César Toimil
Roberts,
del presidente municipal de Ixtepec,
Neguib Tadeo Manríquez Madariaga, el dirigente del PT, Manuel de Jesús Guillen Álvarez, el expresidente municipal de San Juan Mixtepec, Moisés Cruz Sánchez y
del tesorero del ayuntamiento popular
de San Blas Atempa, Faustino Acevedo
Bailón.
Tambiéns hay que sumar por lo menos 34 heridos,
64 retenidos, 22 detenidos, un palacio
municipal (San Blas Atempa) y cinco
vehículos incendiados, derivados
entre grupos políticos.
De igual forma, hay que mencionar que en al menos cinco municipios,
San Blas Atempa, San Juan Lalana,
Jalapa del Marqués y en Santa Catarina
Juquila,
persisten conflictos postelectorales
que están sostenidos con alfileres.
A los que hay que agregar los municipios que enfrentan conflictos
agrarios y que se han convertido
en bombas de tiempo como lo es el
caso de Amoltepec
que mantiene problemas con Santa
Cruz Zenzontepec,
con San Mateo Yucutindoo,
con Santa María Zaniza
y con Santiago Textitlán,
el de San Lorenzo Texmelucan
con Santo Domingo Teojomulco,
el de Cerro Hermoso en San Pedro
Tututepec,
el de Santa María Jjacatepec
y el de San Miguel Papalutla,
perteneciente a Huajuapan
de León con Cerro de Agua perteneciente
a San Marco Arteaga.
Esto sin olvidar el caso de Santa María Chimalapas donde gente de Chiapas, Veracruz y Michoacán
pretende apoderarse de 46 mil hectáreas
en la Región de los Chimalapas, situación por la que
los habitantes de San Francisco
la Paz solicitaron la intervención
del gobierno estatal y federal para
desalojarlos.
Según informes oficiales de los nueve muertos derivados de
conflictos políticos se encuentran
un priísta de Coicoyán
de las Flores, dos perredistas
de Mazatlán Villa de Flores, un
priísta del San Juan Lalana y de los cuatro registrados en San Martín Itunyoso, dos son perredistas y dos del Partido Unidad
Popular.
Aunado a ello, hay que agregar las 400 hectáreas que fueron
incendidadas motivadas por los conflictos
agrarios.
A ellos, hay que sumarle los dos muertos del Frente Popular
Revolucionario que fueron asesinados
por integrantes del Frente Amplio
de Lucha Popular por la disputa
de un predio de 100 hectáreas en
Cerro Hermoso perteneciente a San
Pedro Tututepec.
O el muerto de Nuevo Faisán en Santa María Jacatepec cuando militantes del
Consejo Regional Obrero Campesino
Urbano de Tuxtepec
encabezados por César Toimil
desalojaron a 60 familias e incendiaron
cinco casas.
Antes, la disputa de 887 hectáreas entre San Miguel Papalutla, Huajuapan, y Cerro de Agua, San Marcos Arteaga, dejó
seis heridos.
Aunado a esto se dio la retención de 9 funcionarios en Temaxcaltepec y en San Juan Mazatlán
donde fueron retenidos cinco policías
preventivos y ex autoridades municipales.
Esto sin contar, las amenazas de muerte que han recibido el
obispo emérito de Tehuantepec,
Arturo Lona Reyes y el periodista
Juan Pérez Audelo,
así como la invasión al periódico
Noticias.
Ahora se reavivó la violencia en la zon trique donde en el último mes se han registrado
cuatro muertos y dos heridos.
Cartones
El cuñado · El Fisgón
Palabra de Murat · Hernández
El
que faltaba Naranjo
El sexto participante Omar
