CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
6 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Denuncia Encinas
chantaje
Acusa a Carlos Ahumada. Dice Jefe de
Gobierno que durante varios meses amenazaron
al GDF con otro videoescándalo.
Hablan Robles y Ahumada
de videoescándalo
El argentino envió a la ex perredista una carta con amagos al PRD
Asustan políticas
irresponsables: PAN
Los inversionistas esperan propuestas
sensatas, argumenta
Alerta inflacionaria
en EU; caen mercados
Ben Bernanke
advierte sobre los riesgos de un alza
de precios
El debate, rehén
de la televisión y de encuestas
El formato limita la exposición a fondo
de propuestas
Otro chantaje de
Ahumada: PRD
Dice Encinas que los videos son una
maniobra para dañar al GDF
El debate, entre
dos
AMLO supera por un punto a Calderón;
Madrazo va por su última oportunidad
para remontar
Calderón y AMLO empatan
con 35%; Madrazo, 26%
Encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados
para Crónica señala que empeoró la imagen
pública del panista, pero no mejoró la del perredista.
Aumentan 52% las
denuncias de delitos
Trece millones de llamadas de enero
a abril; crecen 43% las relacionadas
al narco,
según registros del Sistema Nacional
de Seguridad.
Sicartsa quita a empleados
de confianza hasta el IMSS
El Instituto anuncia que los trabajadores
que están en huelga mantienen sus prestaciones
Sector agrario
Presiona Florencio
Salazar a ejidatarios para que voten
por el PAN, dice el PRD. (El Sur de Guerrero, Jesús Saavedra, p.web).
Chilpancingo.
El presidente estatal del PRD Sebastián de la Rosa Peláez
denunció que con fines político-electorales
el gobierno federal “jinetea” más de
110 millones de pesos que se destinarían
este año para el sector pesquero de
la Costa Grande y aseguró que el ex secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame
usa la infraestructura de esa dependencia
para presionar a ejidatarios de Tierra
Caliente para que voten por el candidato
panista en
el distrito 01, Fernando Jaimes
Ferrel, ex
delegado de la Procuraduría Agraria
(PA) en Guerrero.
En una conferencia de prensa afirmó que el dirigente
de la Coordinadora Estatal de Pescadores
José Luis Valdovinos
González, José Luis Mendoza Berber
le pidió que interviniera por la retención
de recursos federales.
Dijo que el año pasado se destinaron 14 millones de pesos
para fomentar la actividad pesquera
en Guerrero y que en 2006 el Congreso
de la Unión aprobó un presupuesto para
todo el país de 3 mil 500 millones de
pesos, de los cuales el 3.3 por ciento
le corresponden a programas federales
para pescadores de la entidad.
De la Rosa agregó: “Estamos hablando de 114 millones
de pesos, sin embargo por decisión del
presidente Vicente Fox
sólo se ha destinado para este año 4
millones de pesos; sospechamos que esos
recursos están siendo jineteados con
fines electorales y exigimos una explicación”.
Afirmó que los diputados federales del PRD investigarán
porque no se han liberado los 114 millones
de pesos para Guerrero, aunque adelantó
que ellos están seguros que se están
utilizando con fines proselitistas a
favor del PAN.
Dijo que en Tierra Caliente, funcionarios de la Procuraduría
Agraria y de Secretaría de la Reforma
Agraria están “presionando a ejidatarios
de San Miguel Totolapan,
Ajuchitlán y Zirándaro, para que
voten a favor del candidato a diputado
federal, Fernando Jaimes
Ferrel; les
ofrecen programas federales de ese sector
a cambio de votos”.
Señaló que con ello se comprueba que Salazar Adame está usando la estructura de esa Secretaría para favorecer
la campaña del PAN en la entidad.
El perredista dijo poseen testimonios
de los ejidatarios que han sido presionados
y que están reuniendo información para
presentar las respectivas denuncias
ante las instancias electorales, “Florencio
Salazar está operando con su gente en
Guerrero y estamos denunciando para
advertirlo”.
Acusan promoción a Calderón desde SRA. (Terra, p.web)
Para la dirigencia perredista el
titular de la SRA, Florencio Salazar,
utiliza su infraestructura para apoyar
a Felipe Calderón.
¿Crees que Felipe Calderón esté recibiendo apoyo de la Secretaría
de la Reforma Agraria?
Selecciona...Sí No
Infosel Financiero.- México.- La dirigencia
estatal perredista
acusó que el ex Secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame,
está utilizando toda la infraestructura
de esa dependencia para la promoción
en Guerrero del voto a favor del candidato
presidencial panista,
Felipe Calderón.
El líder del PRD en Guerrero, Sebastián de la Rosa, dijo que
pronto van a aportar pruebas de esta
acusación, pero que ya tienen en la
mira al ex delegado federal de la
Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrell, quien anda ofreciendo
créditos a los campesinos de la región
de Tierra Caliente.
Jaimes Ferrell,
quien es cercano a Salazar Adame,
es candidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a diputado federal por el distrito
I de Tierra Caliente de Guerrero.
"Tenemos los testimonios de los campesinos, quienes nos
han dicho que ese candidato les ha estado
ofreciendo créditos del campo",
refirió el líder perredista
que no dio a conocer los nombres de
los labriegos.
Denunció que otra de las "artimañas" que está utilizando
el Gobierno federal es restringir recursos
de programas que el Congreso de la Unión
aprobó para diversos sectores sociales.
Con pies y cabeza. (Milenio Diario, p.web)
Denuncia el PRD.
Apoyos Azules.
El dirigente del PRD en Guerrero, Sebastián de la Rosa Peláez,
denunció desvíos de recursos de la delegación
de la Procuraduría Agraria para
apoyar la campaña del PAN. El dirigente
perredista
aseguró que tiene pruebas de que el
delegado de esa dependencia federal,
Fernando Jaimes
Ferrel (sic),
está “jineteando” por lo menos 100 millones
de pesos de programas federales para
beneficio de los candidatos panistas
y en perjuicio de una asociación de
pescadores y campesinos de Tierra Caliente.
Dan primer lugar
nacional a la Procuraduría Agraria local. (El Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Cd. Altamirano, Gro. La residencia
de la Procuraduría Agraria (PA)
de esta ciudad obtuvo el primer lugar
del denominado Programa Operativo Anual,
luego de las recientes evaluaciones
en las 121 residencias del país, y que
se efectúan cada tres meses.
A consecuencia de ello y por medio del residente federal
en la entidad de esa dependencia, Evaristo
Torres Santamaría, se entregó un
reconocimiento firmado por Isaías
Rivera Rodríguez, procurador de esa
dependencia.
De igual manera, se entregó un cheque por 50 mil pesos, que
serán utilizados para comprar algunos
equipos y la remodelación del inmueble,
según lo informó el residente de dicha
oficina, Jesús González García.
Asimismo, se entregó un reconocimiento a Jesús Vergara Romero,
visitador agrario que labora en esta
misma residencia, por haber obtenido
el primer lugar en Código de Ética y
Conducta.
No es la primera vez que esta residencia o incluso la delegación
recibe reconocimientos de esta naturaleza,
pues con anterioridad se lograron estas
metas de productividad y eficiencia,
en los tiempos en que estuvo al frente
de la misma Fernando Jaimes
Ferrel.
Despojan a 300 familias de BC de 130 mil has. (Unomásuno, Alejandro Ábrego, p.web)
El más escandaloso y cruel despojo de tierras y de multimillonarias
cantidades de dinero que se ha venido
cometiendo desde hace 127 años, en Tijuana,
Rosarito y
Ensenada, Baja California, fue denunciado
a través de este diario; en el participan
el gobernador Eugenio Elourduy
Walter y el ex gobernado Alejandro González
Alcocer, actual candidato a senador
por el PAN, así como varios secretario
de la Reforma Agraria. Entre
éstos Florencio Salazar Adame; el actual Abelardo escobar Prieto y ex titular
de la dependencia Eduardo Robledo Rincón.
Pero en este despojo y fraude también participan Ismael Yagues Ames, director estatal de la Propiedad Rural; Carlos
Lagos Yagues,
Ricardo Zazueta
Villegas y Pedro Ramírez Campuzano.
Son 300 familias despojadas por todos estos funcionarios y
otros más, tanto de Baja California,
así como del Gobierno Federal de la
Secretaría de la Reforma Agraria, a
pesar de que esa última cuenta con todos
los
documentos oficiales y extraoficiales
que ha generado este pleito de despojo.
La denuncia fue presentada por los integrantes del Frente Común
Pro Defensa de la Tierra en Baja California,
A.C.
Afirma que se encuentran en juego 130 mil hectáreas valuadas
en millones de dólares.
Informaron que recientemente se entrevistaron con el actual
secretario de la Reforma Agraria, Abelardo
Escobar, que sólo se dedicó a escucharlos
y decirles que enviará a investigar
este asunto, no obstante que existen
documentos en los archivos de la dependencia,
tras varios años de que las víctimas
se han presentado a hacer lad
enuncia, pero no les han resuelto el
problema.
Hoy se entrevistarán con Xóchitl
Gálvez, quien ha prometido escucharlos
y solucionarles el conflicto.
Firmas, huellas
y cartas poder falsas en la aprobación
de La Parota en Los Huajes. (El Sur de Guerrero, p.web).
La asamblea del ejido de Los Huajes en la que se dio anuencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que comience los trámites para la expropiación de las tierras, hubo falsificación de firmas y de huellas y participación mediante cartas poder falsas, confirmaron testigos ayer, en una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco.
Los Huajes, ejido localizado a un lado de la Autopista del Sol, en el área rural de Acapulco, es uno de los 19 núcleos agrarios que se verían afectados con el proyecto hidroeléctrico La Parota. El 27 de diciembre de 2005, con la participación sólo de ejidatarios que están a favor de la presa, se llevó a cabo en el poblado Kilómetro 21, no en Los Huajes, la asamblea en la que se dio anuencia a la CFE para el inicio de los trámites de expropiación.
Los ejidatarios que se oponen a la presa demandaron el 1º de marzo la nulidad de esa asamblea, en el Tribunal Unitario Agrario. Para eso, argumentan que no hubo una convocatoria a la asamblea, que ésta no se hizo en el lugar de costumbre sino en un poblado distante, en el Kilómetro 22, y que a los opositores se les impidió participar.
La demanda de nulidad que presentaron los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), por medio de sus abogados, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, es contra el comisariado ejidal, encabezado por el presidente, Jacinto Nava Nava, que está a favor de la presa, y contra la Procuraduría Agraria, que convocó a la asamblea, y se encargó de llevarla a cabo y de obtener el resultado en favor de la CFE.
En la audiencia de ayer, se presentaron testigos de los ejidatarios que forman parte del Cecop, que confirmaron que la convocatoria para la asamblea del 27 de diciembre establecía que el lugar era la comisaría de Los Huajes, y que sin otra convocatoria y sin algún aviso, el lugar se cambió para el Kilómetro 21, a escondidas de los opositores, y a los pocos que llegaron al lugar se les impidió el paso, además de que el lugar, una escuela primaria, estaba rodeada de policías del estado.
Opositores aparecen votando a favor.
La ejidataria Tomasa Nava Alemán, de más de 70 años, llegó al juzgado apoyándose en el brazo de una joven, porque tiene dificultades para caminar y para sostenerse. Pasó a la silla de los testigos, y reveló que su nombre aparece en las actas, con una carta poder que ella nunca dio, y una firma falsa, entre las ejidatarias y ejidatarios que votaron a favor de la presa. En el expediente de los votos a favor de la presa, aparece el de Tomasa, que aprobó el proyecto mediante una carta poder que supuestamente otorgó a Gregorio Morales Hernández.
Indignada, Tomasa Nava contestó a la pregunta hecha por el secretario del Tribunal: ¿Le otorgó carta poder a Gregorio Morales Hernández para que asistiera en su nombre a la asamblea del 27 de diciembre en el Kilómetro 21?
La ejidataria dijo que no dio ninguna carta poder, y sobre Gregorio Morales agregó: “no lo conozco, no sé quién es ni de dónde es”.
Cuando el secretario del Tribunal le puso a la vista la supuesta carta poder que otorgó, con una firma falsa, ella aclaró: “esa firma no es mía, yo no firmo, yo pongo mi huella, porque no sé escribir ni firmar”.
Muy enojada por el engaño y el uso de su nombre para dar uno de los 69 votos en favor de la expropiación de las tierras, Tomasa Nava Alemán se levantó de la silla y con su andar difícil se alejó y en voz alta fijó su posición: “Yo soy pobre, pero no quiero salirme de mi casa”.
A otro testigo, que además es uno de los tres representantes comunes de los opositores a la presa en Los Huajes, Albérico Gallegos Nava, el secretario del Tribunal le puso a la vista el acta de la asamblea del 27 de diciembre en la que se aprobó que la CFE inicie los trámites para la expropiación de las tierras, por 69 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Dijo que no reconoce el acta, porque él no asistió a esa asamblea, cuando vio que al lado de su nombre aparece una huella digital, él aclaró que esa no es su huella, y que además él pone su firma, no su huella, como lo demostró con su credencial de elector.
En el expediente aparece que el ejidatario Ismael Álvarez Neri votó a favor de la expropiación de las tierras por medio de una carta poder que supuestamente otorgó a su hijo, José Álvarez Carreto.
En el Tribunal, el testigo, el de mayor edad de los que se presentaron, de cabello blanco y cuerpo menudo, dijo que no asistió a la asamblea que se hizo en el Kilómetro 21.
–Que diga si otorgó carta poder a otra persona para que asistiera en su nombre –le preguntó el secretario.
–No.
–Si conoce al señor José Álvarez Carreto.
–Sí, es mi hijo.
–Si sabe que el señor José Álvarez Carreto se presentó a la asamblea con una carta poder en su nombre.
–No.
–Si le dio carta poder a su hijo.
–No, no le di nada.
Tampoco conoce a Herculano Nava y Margarito Ceballos, que firmaron como testigos en el poder falso. Cuando vio la carta que supuestamente él otorgó, confirmó que no la reconoce y que la huella que está ahí no es suya.
Para tratar de confundirlo, el abogado de la Procuraduría Agraria le preguntó, con palabras que los campesinos no usan, si antes había otorgado carta poder a su hijo.
Ismael Álvarez Neri no entendió la pregunta, sus vecinos de Los Huajes, opositores a La Parota, le reclamaron al magistrado, Juan Rodolfo Lara Orozco, que estaban confundiendo al testigo con términos técnicos que él no entiende. Finalmente entendió, cuando le preguntaron, en lugar de “otorgó”, si “dio” carta poder a su hijo, y sin duda dijo que no.
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García, uno de los defensores del Cecop, afirmó que en el ejido de Los Huajes hay múltiples casos como éstos, de falsificación de firmas o huellas para aprobar la expropiación de la tierra.
Antes, los abogados de Tlachinollan que llevan la defensa del Cecop, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García, presentaron tres testigos más, que afirmaron que conocieron la convocatoria de la Procuraduría Agraria a una asamblea que se realizaría en Los Huajes el 27 de diciembre, con el punto central de dar anuencia a la CFE para el inicio de los trámites de expropiación de las tierras, pero nunca les avisaron ni salió una nueva convocatoria con el cambio de lugar de la asamblea al Kilómetro 21.
Ausencio Gallegos Nava afirmó que “la asamblea no fue legal, fue falsa, y con gente acarreada”, y se impidió participar a los ejidatarios opositores a La Parota que por rumores se enteraron, como fue su propio caso: “yo fui al Kilómetro 21 a la asamblea, pero no me dejaron pasar”.
Por su parte, el presidente del comisariado ejidal, Jacinto Nava Nava, se deslindó de la asamblea en el Kilómetro 21 en la que se aprobó la expropiación de las tierras, y dijo que sabe que por ese motivo hay conflictos en Los Huajes, y por eso no firmó la convocatoria, ni tuvo “nada que ver con esa convocatoria”.
Dos testigos a favor de la presa dijeron que la asamblea no se hizo en Los Huajes porque los opositores a La Parota amenazaron al comisariado de que iba a haber problemas.
La Palma y Dos Arroyos
En el Tribunal Unitario Agrario se llevó a cabo ayer la primera audiencia de la demanda que presentaron los opositores a la presa para que se anule la asamblea del ejido de La Palma, municipio de Juan R. Escudero, que se realizó en ese ejido el 27 de diciembre.
El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco buscó la posibilidad de que los opositores, representados por Raúl Vélez Nava y Adelaido Álvarez Gómez, y el comisariado ejidal, presidido por José Díaz Arcos, tuvieran un acuerdo conciliatorio, pero no se consiguió y el juicio seguirá adelante.
Este lunes estaba citada la audiencia para presentar
las pruebas del ejido de Dos Arroyos,
municipio de Acapulco, en el juicio
que promovieron los opositores a la
presa para que se anule la asamblea
del 16 de diciembre en la que se aprobó
la expropiación de las tierras. La audiencia
no se llevó a cabo porque el comisariado
ejidal, presidido por Juan Zapata Jiménez,
ya concluyó su periodo en el cargo,
y el nuevo no fue convocado, además
de que los opositores no lo reconocen.
Nueva denuncia contra los Bribiesca
en Morelos. (La Jornada, p.web)
Cuernavaca, Mor. Al menos 200 comuneros
de Tlayacapan,
municipio de los Altos de esta entidad,
se manifestaron ante el palacio de gobierno
y la delegación estatal de la Secretaría
de la Reforma Agraria para denunciar
que fueron víctimas invasión y despojo
de 2 mil hectáreas, donde actualmente
se construyen 14 zonas residenciales.
De acuerdo con los inconformes, las
obras son promovidas por los hermanos
Manuel y Jorge Alberto Bribiesca
Sahagún, hijos
de la esposa del presidente Vicente
Fox. Los campesinos amenazaron con recuperar por la fuerza
las "tierras ocupadas" si
no obtienen una respuesta pronta de
las autoridades estatales y federales.
El asesor legal de los comuneros, José
de Jesús Olmos Torres, sostuvo que "desde
hace varios años los hijos de Marta
Sahagún de
Fox han utilizado
a invasores y paracaidistas para apoderarse
de las tierras comunales de Tlayacapan".
Vende Catalino Duarte tierra ejidal, denuncian. (El Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. El presidente
municipal de Zirándaro
de los Chávez, Catalino Duarte Ortuño, está vendiendo terrenos que son de
carácter ejidal, según fue denunciado
en la Procuraduría Agraria (PA)
por medio de un oficio que el presidente
del Comisariado
Ejidal de esa población, Alfonso Gaona
Citt, le hizo llegar al residente Jesús González García.
En dicho documento se menciona que el pasado domingo se efectuó
una asamblea ejidal y que ahí salió
a relucir que el alcalde está vendiendo
lotes en las calles Nicolás Romero,
Allende y Narciso Mendoza, sabiendo
de antemano que esos terrenos no son
propiedad del municipio.
Informa que hace un año se llevó a cabo una reunión en la que
estuvo la Comisión Regularizadora de
la Tenencia de la Tierra (Corett), los propios ejidatarios y la Procuraduría Agraria,
donde quedó definida la tierra que es
del fundo legal y la que es ejidal.
Por considerar que el alcalde actúa de una manera arbitraria,
ejidatarios de Zirándaro
solicitaron la intervención de la PA,
donde el residente González García les
informó que va a mandar citar a las
partes para tratar de llegar a un acuerdo
conciliatorio.
De no ser así, el caso será turnado al Tribunal Unitario
Agrario para que determine la situación
legal de esos terrenos, pero mientras
se apercibirá al alcalde para que se
abstenga de repartir lotes que no son
propiedad del municipio.
En el documento, los ejidatarios inconformes mencionaron también
que el alcalde Duarte Ortuño los marginó
en la entrega del fertilizante, pues
quitó a quienes siembran y dio el insumo
a quienes no lo hacen.
Insisten en recuperar un terreno. (Diario de Yucatán, p.web).
No debe quedar en el olvido, señala el ex comisario ejidal.
Ticul.- El comisario ejidal saliente, Mario
Chablé Uicab,
informó anteayer, último día de su gestión
como representante de los ejidatarios
de Ticul, que los problemas del ejido por la ocupación de sus
terrenos es algo que no debe dejar en
el olvido su sucesor ya que es de interés
de todos los campesinos.
Chablé Uicab dejó
ayer el cargo luego de que Fermín Herrera
Martín, de la misma planilla por la
que él contendió en su momento, ganara
anteayer las elecciones. El grupo ganador
está relacionado con los ejidatarios
afines al Partido Acción Nacional.
El candidato perdedor, Wílberth González,
está relacionado al grupo priísta que
encabeza Carlos Salomón Barbosa.
Chablé Uicab indica
que el ahora candidato a diputado federal,
Salomón Barbosa, “sólo nos quiso ver
la cara“ ya
que ofreció dialogar con nosotros por
el asunto de Los Tamarindos, terreno
ejidal del cual se apropió por una supuesta
operación de compra y venta, pero por
más que lo buscamos nunca nos quiso
atender”.
El ex comisario señala que lo único que perseguía era ganar
tiempo para que el aspirante a comisario
afín a su grupo ganara la elección de
anteayer y le dijera después “bueno
don Carlos, el terreno ya es suyo y
por los ejidatarios ya no hay problema“.
Chablé Uicab apunta
que la nueva directiva deberá velar
por los intereses de los ejidatarios,
sobre todo por la recuperación de sus
terrenos. Además del caso de Los Tamarindos,
que ya está en manos del Tribunal
Agrario, también está el juicio
en la Procuraduría Agraria, por
la posesión de cientos de hectáreas
de Ticul,
de las que se han apropiado campesinos
de Santa Elena que aseguran son sus
tierras “porque se las heredaron sus
ancestros”.
Oídos sordos de Gobernación ante la exigencia de
los 400 Pueblos. (Mundo de Hoy.com, Abraham
Dorsman, p.web).
La Reforma Agraria sólo quiere
darles 231 de las mil hectáreas prometidas.
Con antorchas encendidas y casi
totalmente desnudos, unos 500 campesinos
miembros del grupo Movimiento de los
400 Pueblos, se postran a diario
al pie del monumento a Cuitláhuac desde hace 38 días para exigir a la Secretaría
de Gobernación cumpla el acuerdo firmado
con la Secretaría de la Reforma Agraria,
consistente en repartir 231 hectáreas.
El problema estriba en que Gobernación
no quiere resolver la controversia suscitada
porque la SRA se había comprometido
a entregarles mil hectáreas, pero se
retractó y ahora solamente desea darles
231 hectáreas.
Cada día, los manifestantes no
obstruyen las vías de tránsito, pero
sufren abucheos de los automovilistas;
tampoco recurren a la violencia, pero
hay cuatro cuerpos policíacos vigilando
la escultura. No son irrespetuosos con
los transeúntes, pero su lucha no ha
tenido un seguimiento firme por los
medios de comunicación, según dice Mateo
Cortés Montiel,
uno de los líderes de dicho movimiento.
Alrededor de las ocho de la noche
encienden las antorchas y dan vueltas
por el monumento diciendo: "¡No
a la opresión, queremos solución!".
Cortés Montiel
dice que al Gobierno no le importa que
se dañe una plaza pública, que se contamine,
que se afecte a la estética de la sociedad
y, sobre todo, que la gente esté viviendo
en condiciones insalubres, pues la basura
y desechos humanos están al aire libre.
Cuando el semáforo se enciende
en rojo, los manifestantes aprovechan
para entregar a transeúntes y conductores
de vehículos, volantes con el siguiente
comunicado:
A la opinión pública:
Informamos a la ciudadanía que
después de 38 días de manifestarnos
diariamente, el pasado viernes 26 de
mayo, la Secretaría de Gobernación no
nos ha dado respuesta, en el sentido
de que la Secretaría de la Reforma Agraria
sólo acepta entregarnos 231 hectáreas
de 1000 que se había comprometido a
entregar y que ahora se retracta.
Aunque hemos aceptado la propuesta,
tenemos la necesidad de seguir manifestándonos
porque la Secretaría de la Reforma Agraria
nos ofrece entregarlas hasta dentro
de cuatro meses.
Quieren que nos vayamos, pero si
la Secretaría de la Reforma Agraria
no ha cumplido en cuatro años, como
se comprometió en el 2002, menos lo
hará en cuatro meses que le quedan de
vida si no interviene Gobernación, ya
que estamos enterados de que Felipe
Calderón desaparecerá la Secretaría
de la Reforma Agraria de llegar a la
Presidencia.
Mateo Cortés Montiel,
dirigente de los manifestantes, asegura
que funcionarios de Reforma Agraria
dieron al Gobierno cuatro meses de plazo
para cumplir la petición. Sin embargo,
afirma que esto es una treta, porque
el cambio de Presidencia sólo significaría
aplazar el problema otros seis años.
Empero, dice que vendrían caminando
de nuevo desde Veracruz, a no ser que
se cumpliera su petición. "Nosotros
no pertenecemos a ningún partido político
ni estamos afiliados a ‘Marcos’, ni
a la Otra Campaña. Queremos que se cumpla
lo que nos prometió Salinas, en el 89”,
señala.
Por otra parte, el dirigente recuerda
que Emiliano Zapata se levantó en armas
para que el campesinado de México tuviera
posesión de las tierras, terminara la
explotación y se valorara su trabajo.
Dice que esto no se está llevando a
cabo por la desaparición del Artículo
27 constitucional.
Aunque no todos los que se manifiestan
carecen de dinero, su situación se está
volviendo caótica. A pesar de que muchos
no quieran irse de ‘mojados’, están
a punto de hacerlo, señala Montiel. Dice además que la construcción del muro en la frontera
norte hará las cosas imposibles.
Hasta la fecha, las autoridades
no han respondido al llamado de los
“encuerados”. Este apodo se lo ganaron
porque a diario se desnudan (casi totalmente)
para tratar de llamar la atención de
la ciudadanía. A ellos les parece que
la entrega de 231 hectáreas de mil prometidas
es como si se les diera una limosna,
lo que toman como una falta de respeto.
Hasta ahora dicen no saber si el
Gobierno Federal les resolverá su petición,
ni si ésta se hará antes del cambio
de Presidencia, o si seguiremos viendo
a los "encuerados", al Movimiento
de los 400 pueblos, en la ciudad dentro
de dos años, como lo vienen haciendo
desde el año 1989.
‘Chicanean’ en asuntos agrarios. (El Hidrocálido de Aguascalientes,
p.web).
La solución del asunto agrario
en el predio ex-Hacienda de Chichimeco
se irá todavía de largo, ya que los
ejidatarios representados por la UCD
que son beneficiarios de tierras de
la ampliación del ejido Jesús María,
inconformarán ante el Tribunal Agrario
por la forma en que las autoridades
ejidales ejecutaron la resolución del
propio Tribunal Agrario que les era
favorable. Tras la nueva asamblea, donde
se entregó a los ejidatarios solicitantes
de la ampliación del ejido la parte
proporcional que de acuerdo a las autoridades
ejidales les corresponde, estos manifestaron
su inconformidad dentro de la misma
asamblea quedando así establecido en
actas. El representante del grupo, Felipe
Hinojo Alonso, explicó que la causa
de la inconformidad se debe a que las
autoridades ejidales asignaron tierras
a ejidatarios que no son beneficiarios.
Se actuó ilegalmente en este caso, afirmó.
Ante ello, anunció que esta misma semana
interpondrá un recurso de inconformidad
ante el Tribunal Agrario para que sea
este el que resuelva luego de analizar
el caso. Felipe Hinojo aseguró que la
resolución presidencial, primero, y
posteriormente la resolución del Tribunal
Agrario, le dio la razón al grupo de
69 ejidatarios que solicitaron dicha
ampliación para que se les entregara
a ellos. Sin embargo, las autoridades
ejidales le dieron su propia interpretación
y asignaron tierras a quien nunca luchó
por ellas y quienes por tanto no las
merecen porque las adquirieron ilegalmente.
El dirigente de los ucedistas
puntualizó que ya esperaban que se diera
esta situación, por lo que de antemano
estaban preparados para actuar legalmente
en contra de las autoridades ejidales.
«Vamos a meter un recurso en el Juzgado
Agrario y evidenciaremos que no se hizo
la ejecución como marca la resolucion
del Tribunal Agrario y la Resolución
Presidencial». Por eso queremos que
sea la autoridad la que en forma correcta
haga la ejecución correspondiente. Por
ello, con el acta de asamblea en la
mano haremos la impugnación en el Tribunal
Agrario. En la asamblea, tras la ejecución
de la resolución del Tribunal Agrario,
que se había venido posponiendo durante
meses, los ucedistas
manifestaron abiertamente su inconformidad
con la actuación de las autoridades
ejidales.
Denuncian comuneros venta ilegal de tierras. (Diario de Morelos, p.web).
Comuneros de Tlayacapan denunciaron
abuso de poder por parte de los gobiernos
federal y estatal, que apoyan la venta
ilegal de tierras realizada por varias
familias, las cuales construye fraccionamientos
y los venden a un alto costo.
Con pancartas en mano, los ejidatarios llegaron a Palacio de
Gobierno para exigir a las autoridades
se les devuelvan las 3 mil 998 hectáreas
que han sido invadidas por paracaidistas
desde hace años. “Es muy claro que el
gobierno estatal permite que la familia
Bibriesca
Sahagún construya fraccionamientos en estos lugares, y que
haga su negocio vendiéndolos a un alto
precio”, declaró José de Jesús Olmos
Torres, representante de los comuneros.
Según Olmos Torres, de las 3 mil 998 hectáreas, el 50 por ciento
ha sido habitado por personas que emigran
de otros estados o comunidades, mientras
que el resto ya fue vendido por familias
apoderadas que se han enriquecido a
base de estos abusos.
Informó que en el estado se registran más de 400 focos amarillos
por pleito de tierras. “Tlayacapan
ya es un foco rojo que en cualquier
momento podría terminar en enfrentamientos;
pedimos al gobierno que nos ayude, de
otra forma no mediremos nuestras acciones”.
Por lo pronto, señaló que ya se interpuso una demanda ante
el Tribunal Agrario en Morelos
con el número de oficio 413/05, en contra
de las personas que han irrumpido sus
tierras sin ningún permiso.
“Por años, hemos demostrado que estas tierras son de nosotros,
nos fueron heredadas; sin embargo, ni
el Gobierno ni el Tribunal Agrario nos
han apoyado, ahora estamos cansados
y en cualquier momento podríamos tomar
lo que nos corresponde si no se nos
apoya”, expresó.
Más tarde, los inconformes se reunieron con el director de
gobierno, Miguel Ángel Padilla Castañeda;
sin embargo, el funcionario se negó
a dar información sobre dicho encuentro.
Reportan 205 abusos en la Montaña y la Costa de
Guerrero.
(La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).
Chilpancingo, Gro., 4 de junio. Entre
2005 y 2006 se denunciaron 205 violaciones
a los derechos humanos en las regiones
de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero,
dio a conocer el coordinador del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera Hernández, en el 12 aniversario
de la fundación del organismo.
El activista agregó que la migración se ha agravado: ''Cifras
oficiales hablan de más de 20 mil indígenas
que son jornaleros agrícolas y otros
3 mil que se van a Estados Unidos''.
Señaló que 138 víctimas son indígenas y 67 mestizas; en 68
casos se responsabilizó a autoridades
municipales, en 66 casos a estatales
y en 20 más a federales, entre ellas
el Ejército Mexicano.
Los agravios más denunciados fueron el abuso de autoridad (60
casos), seguido por la negación de derechos
laborales (28 casos) y la detención
arbitraria de personas (21).
Sostuvo que cada año emigran 20 mil indígenas de la Montaña,
19 comunidades campesinas siguen luchando
contra la presa hidroeléctrica La Parota
y el conflicto agrario entre
las comunidades El Capulín y Moyotepec propició tres agresiones armadas en 2005.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Comisariado tima a los ejidatarios. (Cuarto Poder, Roberto del Solar, p.web).
Cintalapa.
Versiones extraoficiales señalan aspectos
graves en el manejo de los recursos
económicos de la comunidad Rosendo Salazar
del municipio de Cintalapa.
Al parecer el comisariado
ejidal de ese lugar, Gonzalo Cabrera,
está pidiendo la cantidad de dos mil
pesos a cada persona que está cobrando
recursos dentro del programa de apoyos
a la comercialización.
Esto se ha sabido de algunos de los
mismos ejidatarios quienes comentaron
que supuestamente se intenta reunir
el dinero para que el comisariado
ejidal no sea recluido en el Centro
de Readaptación Social "El Amate".
Ayer algunos de los reporteros intentaron
aclarar esta situación con el máximo
representante ejidal de Rosendo Salazar,
quien no se atrevió a decir nada al
respecto, pues se limitó a preguntar
quién es el que lo acusa de esto.
"Denme nombres de los que me acusan",
dijo el comisariado
ejidal a los periodistas, al mismo tiempo
de no aceptar lo que se ha dicho de
su persona en el sentido de que está
pidiendo partes del dinero que van a
cobrar los ejidatarios.
Se ha comentado por algunas personas del ejido, que hay
recursos de lo que fue Bodegas Conasupo,
que Gonzalo Cabrera utilizó sin dar
parte a los ejidatarios y que por eso
es que ahora desea recuperar el dinero
GUERRERO
LA PAROTA
Diputados de la
Comisión de seguimiento a La Parota
se reúnen hoy con Zeferino. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).
La diputada panista Jéssica Eugenia García Rojas, integrante de la Comisión Especial
para el Seguimiento del Proyecto Hidroeléctrico
La Parota, del Congreso local, lamentó
que en el conflicto por la presa sólo
algunos “alcen la voz y se apoderen
de la voluntad de la mayoría”, y llamó
a todos los sectores de la sociedad
y del gobierno a definir su postura
acerca de la construcción de la presa.
La diputada aceptó que “de manera personal” estaba a
favor de La Parota, pero aclaró que
ningún proyecto justifica un “enfrentamiento
y derramamiento de sangre”, aunque después
agregó que no cree que los opositores
al proyecto estén dispuestos a morir,
“son frases que ellos utilizan”.
A pregunta expresa, García Rojas explicó que su posición
en favor de la presa es personal y apuntó
que quienes conocen el proyecto es porque
están a favor de él.
Más adelante, señaló que los diputados están para atender
las voces “de todos, escuchando pero
también informando, así como aquellos
grupos que difieren del proyecto”.
Adelantó que los integrantes de la Comisión se reunirán
hoy con el gobernador Zeferino
Torreblanca para conocer su postura
–aunque ya ha demostrado su simpatía
por la presa– desean saber de qué manera
será garante de todo lo prometido por
la CFE.
Ayer en conferencia de prensa, la integrante de la Comisión
Especial para el Seguimiento de La Parota
estuvo acompañada por el coordinador
de Relaciones Institucionales de la
campaña de Felipe Calderón –y también
candidato plurinominal
al senado–, Armando Salinas Torres,
proveniente de la ciudad de México;
el ex dirigente del PAN en Acapulco,
Andrés Castrejón;
y el secretario general de ese partido,
Ramiro Arteaga Sarabia.
En su intervención, Jéssica
García criticó a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), porque no ha
sabido difundir correctamente las bondades
del proyecto y por eso los ciudadanos
perciben incertidumbre y confusión.
Urgió a la sociedad a conocer a detalle los avances de
los convenios entre la CFE y la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAG), “porque
todavía no se sabe cuáles son los resultados”.
En este sentido, adelantó que la Comisión Especial del
Congreso convocará al rector Arturo
Contreras Gómez para que explique el
proyecto de desarrollo social en la
región que será afectada.
Los demás diputados integrantes de la comisión son Arturo
Álvarez Angli,
Mario Ramos del Carmen, Fermín Alvarado
Arroyo, Alejandro Luna Vázquez y Rey
Hernández García.
Anuncia Suástegui una segunda convocatoria del Cecop
a Fox, Zeferino
y Félix para dialogar. (El Sur, Maribel Gutiérrez,
p.web).
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa
La Parota (Cecop)
convocará por segunda vez al diálogo
al presidente Vicente Fox,
al gobernador Zeferino Torreblanca, y al alcalde de Acapulco, Félix Salgado
Macedonio, y se propone que sea tentativamente
el 18 de junio, dijo el vocero de esa
organización, Marco Antonio Suástegui.
Después de que el 2 de junio opositores a la presa se
reunieron en el sindicato de trabajadores
del Seguro Social en Acapulco, y Fox y Torreblanca no asistieron, sólo el alcalde, el Cecop decidió abrir una segunda oportunidad para dialogar,
indicó.
Suástegu dijo que hasta ayer no había tenido
alguna comunicación del gobierno federal
o del estado. Sin embargo, recordó que
Torreblanca ha insistido en la importancia
del diálogo, y dijo que en esto coincide
con el Cecop.
Indicó que los opositores tienen interés de que el gobernador
platique con ellos y se convenza de
que son mayoría.
Suástegui dijo que le quiere preguntar a
Torreblanca por qué tanta insistencia
en ese proyecto, y en nombre del Cecop quiere pedirle que rectifique su posición de apoyo al
proyecto hidroeléctrico.
Informó también que con el enviado del gobierno del estado
a la reunión del 2 de junio, el director
de Gobernación, Juan Sanromán, mandó
decir al gobernador que “se ha ganado
el rechazo de los campesinos”, que cuando
en la reunión se mencionaba a Zeferino
Torreblanca la gente abucheaba y aplaudía
cuando se mencionaba a Félix Salgado.
Consideró que el gobernador se tiene
que reivindicar, “escuchando a la gente”.
Dijo que a la reunión del viernes vinieron unos mil 800
ejidatarios y comuneros, y aseguró que
ningún gobierno está financiando este
movimiento, en respuesta a la declaración
del líder de la CNC, Evencio Romero, quien afirmó en una nota en este diario que
los asistentes fueron pagados por el
alcalde de Acapulco.
Califcó a Evencio
Romero como “el operador de la ilegalidad
de Zeferino
Torreblanca y de la CFE”, y agregó:
“vamos a ver si Zeferino
y la CFE le siguen dando cuerda para
que siga engañando y confundiendo”.
Protestas de opositores
en más de siete horas de plantón afuera
del Tribunal. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).
Unos 200 ejidatarios y comuneros opositores a la presa
La Parota se reunieron a las puertas
del edificio del Tribunal Unitario Agrario, en el Zócalo de Acapulco, mientras
se llevaban a cabo las audiencias en
los juicios abiertos por las demandas
de nulidad de las asambleas de los ejidos
de Los Huajes,
Dos Arroyos y La Palma, en las que se
dio anuencia a la Comisión Federal de
Electricidad para la expropiación de
las tierras.
Los manifestantes, que llegaron desde esos ejidos y otros
de las comunidades de Cacahuatepec,
permanecieron en plantón más de siete
horas, mientras gritaban consignas de
repudio a las autoridades ejidales que
apoyan el proyecto hidroeléctrico. “Comisariado, culero, te vendiste
por dinero”, gritaban a cada rato, y
animados por los voceros del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a
la Presa La Parota (Cecop),
Marco Antonio Suástegui
y Felipe Flores, repetían: “Si no hay
solución habrá revolución”, “De norte
a sur de este a oeste ganaremos esta
lucha cueste lo que cueste”.
A coro, llamaban “corruptos” a los comisariados
ejidales, que apoyaron o promovieron
abiertamente las asambleas que el Cecop impugna con apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan.
Al final, grupos de mujeres arrojaron huevos cuando esperaban
la salida de los comisariados
de los tres ejidos, pero en ese momento
sólo salió el de La Palma, encabezado
por el presidente, José Díaz Arcos.
Ejidatarias de Dos Arroyos repudiaron las declaraciones
del líder de la CNC, Evencio
Romero, –uno de los impulsores del proyecto
de la CFE– que dijo que los asistentes
a la reunión de diálogo con el presidente
Vicente Fox,
el gobernador Zeferino
Torreblanca y el alcalde Félix Salgado
(los dos primeros no asistieron) convocado
por el Cecop
el viernes 2 de junio, en Acapulco,
fueron “gente pagada” y que la mayoría
no son dueños de la tierra sino avencindados.
Mujeres enojadas dijeron que Evencio
Romero no sabe, porque él no es ejidatario
ni comunero, y desmintieron que Félix
Salgado haya pagado el transporte a
los manifestantes. Varias de ellas contaron
cómo y en qué llegaron, y cuánto pagaron
por el transporte público.
Advierten colonos
de Lomas de Chapultepec
que impedirán su desalojo. (El Sur, Maribel Gutiérrez,
Lourdes Chávez, p.web).
Ejidatarios de Lomas de Chapultepec
anunciaron una nueva jornada de resistencia
civil para evitar ser desalojados de
esos terrenos el próximo 16 de junio,
como lo ordenó el juez cuarto de lo
penal.
Ayer, en conferencia de prensa, el abogado de los ejidatarios
José Sánchez Sánchez,
informó que el 26 de mayo el juez cuarto
de Distrito autorizó el desalojo judicial
a favor de la inmobiliaria Papagayo,
SA de CV.
Señaló que esa orden se tenía planeada para el 20 de
febrero de este año, pero por la resistencia
de los campesinos (que incluso colocaron
barricadas para enfrentar a los uniformados)
no se cumplió.
El 20 de febrero, un destacamento de policías municipales
llegó a Puerto Marqués y, aunque no
se acercaron a Punta Diamante –donde
está el ejido– ni ejecutaron ninguna
acción, los ejidatarios aseguran que
cancelaron su desalojo debido a la resistencia
de los afectados.
El abogado dijo que los ejidatarios se preparan para
resistir el desalojo no sólo por la
vía legal con un amparo indirecto, sino
con la resistencia física.
Explicó que ejidatarios, vecinos, colonos y otras organizaciones
ya son convocados para el 16 de junio.
José Sánchez advirtió que si hubiera represión de las
autoridades policiacas
para obligar el desalojo, no habrá elecciones
pacíficas el 2 de julio.
Asimismo, demandó al gobierno del estado y al gobierno
municipal que instalen una mesa de diálogo
donde participen el secretario de Gobierno,
Armando Chavarría
Barrera; el secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Heriberto
Salinas Altés,
y el alcalde Félix Salgado Macedonio.
El abogado dijo que ayer por la tarde entregarían en
el Palacio de Gobierno una carta para
solicitar que se instale una mesa de
diálogo antes del 16 de junio. “Esperando
que nos reciban, porque los campesinos
no nos van a salir a defenderse con
lo que puedan”.
Recordó que ya hay experiencias de resistencia y ahora
cuentan con el apoyo del Consejo de
Opositores al Proyecto de la Presa La
Parota (Cecopp),
de los desalojados de Granjas del Marqués
y de ejidatarios del El Cayaco.
El día 16 de junio por la mañana, informó, se llevará
a cabo un foro denominado Por la defensa
de la tierra y la dignidad del pueblo,
y después esperan a la fuerza del estado;
“se prevé (que el desalojo sea) entre
las 12 del día y 2 de la tarde.
José Sánchez estimó que pueden reunir unas mil personas
el 16 de junio, “si la policía interviene
va a tener que mandar a todas las corporaciones
del estado para combatirnos”.
Aseguró que sería paradójico que no se combata la delincuencia
organizada, pero cuando se trata de
reprimir al pueblo “se sienten amparados
y soberbios”.
José Sánchez consideró que el juez (para aprobar el desalojo)
accedió a la presión de la compañía
Inmobiliaria Papagayo porque representa
muchísimos millones de dólares; “se
nota la parcialidad de su parte porque
pretende dar cumplimiento de una orden
que se agotó el 20 de febrero”.
Cuestionó que haya una orden de desalojo por parte del
juez, a punto de ejecutarse por la vía
penal, mientras está en proceso otro
juicio civil interpuesto por los ejidatarios
para demandar la nulidad de las escrituras
que presenta la compañía Papagayo y
así demostrar la propiedad de las tierras.
Los ejidatarios aseguran que son apócrifas.
“Por la vía legal estamos trabajando, pero a pesar de
ello el juez accede a una restitución
provisional de tierras. No termina el
juicio y ya nos quieren quitar las tierras
para meter guardias blancas”, señaló.
A la convocatoria del 16 de junio, informó Sánchez Sánchez, también invitaron a representantes de la Comisión
Estatal Defensa de los Derechos Humanos
y a la organización de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan
para que constaten excesos –si los hubiera–
y “si hay represión el 16, el 2 de julio
no habrá paz, eso se lo garantizamos,
no toleraremos que se reprima al pueblo”.
Ejidatarios de Lomas de Chapultepec
alertan sobre la intención de desalojo. (Diario de Guerrero, F. Salinas, p.web).
Acapulco, Gro.,
Junio 05/2006.- Ejidatarios de Lomas
de Chapultepec,
municipio de Acapulco, alertaron sobre
la intención de un desalojo violento
por parte de la Policía Preventiva del
Estado (PPE) para favorecer a empresarios
que pretenden explotar el río, la laguna
y el mar para tener un paraíso.
En conferencia de prensa, el abogado
defensor de los habitantes de casi 980
hectáreas de tierra del ejido, José
Sánchez Sánchez,
dio a conocer que se promueve un juicio
de amparo para evitar la acción de la
justicia y un desalojo violento en el
que puede haber muertos y lesionados
por parte de la autoridad y de los legítimos
dueños.
Agregó que podría tratarse de un
desalojo inmoral e ilegal porque las
autoridades agrarias quieren dar esa
tierra privilegiada y ubicada en la
carretera a Barra Vieja, a la empresa
inmobiliaria Acapulco Papagayo S. A.
de C. V., que pretende desarrollar el
proyecto Punta Esmeralda.
Por tal motivo, la defensa de los
ejidatarios de Lomas de Chapultepec
hizo un llamado al gobernador de Guerrero,
Zeferino Torreblanca
Galindo, para que atienda a los ejidatarios
a fin de exponerle la situación que
padecen desde hace 15 años las familias
que luchan para no ser despojados de
sus tierras.
“Por eso le pedimos a Zeferino que no acate esta orden inmoral e ilegal e inmoral
de despojarnos de 982 hectáreas de tierra
en el proyecto denominado Punta Esmeralda,
que tiene mar, laguna y río, es el paraíso
de Acapulco que pretenden entregárselo
a los extranjeros”.
Además, Sánchez Sánchez advirtió que la gente se está preparando en caso de
que se de el desalojo, por lo que anunció
que se unirá a su lucha el Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositora a La
Parota (Cecop)
para reforzar su defensa.
“Sin bien nosotros estamos promoviendo
un juicio de amparo para que se evite
el desalojo, lo que es cierto, es que
a nivel de la procuración y la administración
de justicia hay un amasiato porque a
los pobres se les desaloja y se les
mete a la cárcel. A los ricos se les
otorgan concesiones de Punta Diamante,
en Punta Esmeralda, como es el próximo
Disneylandia
que quieren hacer en donde están nuestras
tierras donde están viviendo los campesinos”,
concluyó.
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