CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
1 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Viven sobre bomba
Señala Pemex
que existe 'riesgo intolerable' en San
Juanico. Advierte
paraestatal que se debe cancelar gasoducto;
se oponen empresas gaseras.
Exigen a Diconsa ya no vender cigarros
La gente los pide, dice el organismo;
"no hay prohibición"
La minería no puede
ser rehén del sindicato
Si hay un paro general se perderían
US25 millones diarios. La Cámara Minera
de México (Camimex)
advirtió que una huelga general de labores
provocaría pérdidas de 25 millones de
dólares diarios.
Retroceso de la Bolsa
similar al de 2001
El IPC acumuló un descenso de 9.53
por ciento durante mayo
Coscorrones del IFE
al PAN por su campaña
Tibia multa por usar discurso de Aznar
Tropezó el gobierno
con el asilo de Napo
Presidencia y Relaciones Exteriores
dicen no tener información sobre el
estatus del dirigente en Canadá.
Napoleón y familia,
acusados de lavado
La PGR prepara órdenes de aprehensión
contra la esposa, hijos y cuñado del
líder minero por tráfico de metales
y defraudación.
Pacientes de hospitales
del GDF confirman desabasto
Anaqueles semivacíos en sus nosocomios:
los familiares deben salir a comprar
vendas, algodón, pañales, suero, fármacos…
Inician trámites
para devolver ingenios a sus dueños
originales
El Gobierno federal inicio los tramites
para devolver de manera inmediata
los ingenios “La Margarita”,
“Central Progreso” y “Fomento Azucarero
del Golfo” a sus antiguos dueños, el
grupo Machado, como lo ordenó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ocultan costo del
mensaje de El Peje; su plan, “inviable”
No es un secreto, cada quien lo puede
calcular: Fernández Noroña
Sector agrario
Pide la CDP aclare cuentas el edil. (Voz e Imagen de Oaxaca, Ángel Mendoza, p.web).
Miércoles 31 Mayo, 06.
Tehuantepec.- La dirección política de la Coordinadora
Democrática de Pueblos intervino a través
Alejandro Zamora Orozco para exigir
al presidente municipal José Enrique
Ojendis Garfias
aclare de donde salió los dos millones
y medio de pesos, recurso que utilizó
para la compra de 25 hectáreas de terreno,
donde sería instalado un relleno sanitario,
siendo que las agencias municipales
se encuentran en la marginación por
falta de obras.
Zamora Orozco, dijo, "no sabemos quién le autorizó al
presidente el ingreso, o si lo tomó
de alguna de las participaciones que
envía el gobierno del estado para la
aplicación de obras", y es que,
un recurso que rebase los 200 mil pesos
requiere de una licitación pública.
Y más, si fue aplicado para adquirir un predio en zona ejidal
o comunal, requiere de la aprobación
de la asamblea de la comunidad para
que tenga el aval y certificación, máxime
si el Procede (Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares), ya paso por la entidad,
porque se complica más el problema.
De ser así, la compra-venta de un terreno debe estar licitada
y valorada. El ayuntamiento en este
caso, podría adquirir el predio siempre
y cuando el cabildo en su sesión apruebe
la compra de las tierras, de otra manera,
el alcalde estaría incurriendo en un
ilícito, ya que no estaría tomando en
cuenta a sus concejales.
Alejandro Zamora, quien
fuera regidor de ecología y medio ambiente
durante la administración municipal
de Felipe Orozco Rodas, enfatizó que
un presidente municipal debe tomar en
cuenta a todos sus integrantes como
a los vendedores, para ver si estos
reúnen los requisitos y el ayuntamiento
de comprador, a fin de que pudiera darse
la compra-venta de los terrenos.
Por ello, consideramos necesaria una revisión de la adquisición
por que lo más seguro es que hubo intereses
de por medio donde la población, no
fue consultada y sobretodo si no se
valido la opinión del cabildo tiende a un fracaso las negociaciones
del alcalde con comuneros.
Nuevo comisariado de
bienes comunales en Santiago Laollaga. (Noticias de Oaxaca, Martha Izquierdo, p.web)
Santiago Laollaga.- Con 93 votos
a favor, fue electo Jorge Guzmán Espinoza
como nuevo comisariado de bienes comunales, luego de la asamblea que
se realizó en la segunda convocatoria
emitida por la Procuraduría Agraria.
A las diez de la mañana dio comienzo la asamblea con el pase
de lista correspondiente avalado por
el residente de la procuraduría agraria
Manuel Guadalupe García Olmedo.
Ahí, tras el registro de una planilla única, los 93 comuneros
asistentes, dieron su voto unánime para
que sea Jorge Guzmán Espinosa quien
represente a ese órgano comunal, en
tanto que Zenón Ramírez Palomec quedó al frente del consejo de vigilancia.
En un clima de tensión debido a los roces que anteriormente
se han dado durante estos procesos,
se desarrolló esta asamblea la cual estuvo vigilada de cerca por
la policía preventiva del estado.
El jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria, Manuel
Guadalupe García Olmedo, dio legalidad a este proceso, luego de que durante
años los comuneros han denunciado irregularidades
en el padrón debido a que aparecen los
nombres de comuneros ya fallecidos.
La asamblea concluyó a las 12:00 horas, con el nombramiento
del nuevo comisariado
de bienes comunales y el presidente
del consejo de vigilancia.
Comisión para Juárez busca seguridad en Lomas de
Poleo. (El Estatal de Chihuahua, p.web)
La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez colabora en
la integración de un organismo nacional
orientado a prevenir y erradicar la
violencia contra la mujer en todo el
país, informó Morfín
Otero.
Con el fin ayudar a encauzar jurídicamente el diferendo por
la tenencia de la tierra en Lomas
de Poleo, que ha generado un ambiente
de inseguridad para las mujeres, niñas
y niños que habitan esa zona, la Comisión
para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en Ciudad Juárez
(CPEVMCJ o Comisión para Juárez), gestionó
una audiencia entre el representante
de la Procuraduría
Agraria, dependiente de la Secretaría
de la Reforma Agraria, en esta frontera
y el abogado de las organizaciones civiles
que representan a algunos de los colonos
a fin de exponerle la vías jurídicas
que se pueden impulsar para garantizar
el derecho de acceso a la justicia de
las y los ciudadanos que habitan esa
zona.
Los funcionarios del ombudsman agrario
manifestaron su disposición para atender
a todos los colonos que se acerquen
a solicitar asesoría para defender su
patrimonio. La intervención de la Comisión
para Juárez en este caso fue solicitada
por organizaciones de la sociedad civil
e incluyó gestiones ante el Presidente
Municipal de Juárez, Héctor Murguía
Lardizábal, para que se efectúe una
vigilancia eficaz y permanente que garantice
la seguridad de las mujeres y las niñas
que viven en esa zona.
Estas actividades, efectuadas por el área de Verdad y Justicia
de la Comisión para Juárez, destacan
entre otras contenidas en el informe
de actividades que presentó hoy aquí
la titular de este organismo, María
Guadalupe Morfín
Otero, durante la XXV sesión de la Subcomisión
de Coordinación y Enlace para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En la sesión, Morfín Otero dijo que
el ambiente de diálogo y concordia generado
por la Subcomisión de Coordinación y
Enlace ha permitido “sumar y construir
mejores reglas de convivencia entre
las autoridades y la sociedad juarense
y entre ésta y sus distintos sectores
para generar un diálogo que seguirá
arrojando frutos”.
La Comisionada hizo referencia a la intención de la Secretaría
de Gobernación de crear, en el ámbito
de su competencia y en coordinación
con el Instituto Nacional de las Mujeres,
un mecanismo orientado a prevenir y
erradicar la violencia contra la mujer
en todo el país. En este sentido, explicó
que el organismo que preside aporta
los criterios de estructura y presupuesto
para que dicho mecanismo pueda iniciar
su trabajo en la próxima administración.
Durante la sesión, Morfín Otero dio
la bienvenida a la Subprocuradora
de Justicia de la zona Norte, Teresa
González González,
“quien, junto con la Procuradora General
de Justicia del Estado, Patricia González
Rodríguez, está emprendiendo un cambio
estructural y de fondo en esa dependencia
que le será reconocido por los juarenses
pero que requiere el respaldo de todas
las autoridades y de toda la comunidad
porque están asumiendo retos muy fuertes”,
destacó la funcionaria.
En el informe de actividades entregado a las y los asistentes
a la reunión de la Subcomisión, se precisa
que la Comisionada sostuvo una extensa
reunión con el Consejo Consultivo y
el Comité de Apoyo de la organización
internacional Human Rights
Watch, a quienes expuso el modelo de intervención integral
que se aplica en Ciudad Juárez para
prevenir y erradicar la violencia de
género por los gobiernos municipal,
estatal y federal. Por otra parte, habida cuenta de que el proceso
contra Miguel David Meza Argueta
presuntamente involucrado en el crimen
de su prima Neyra
Azucena Cervantes se encuentra en etapa
de conclusión, la Comisión para Juárez
dirigió un comunicado al Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Chihuahua, José Chávez
Aragón, a fin de que en el proceso contra
el inculpado se tomen en cuenta las
recomendaciones emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Amnistía Internacional y la propia Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Piden a Corte de Chihuahua valorar recomendación
de derechos humanos. (Notimex,
p.web)
La Comisión para Juárez pidió que en el proceso contra Miguel
David Meza Argueta,
presuntamente involucrado en el crimen
de Neyra Azucena
Cervantes, se tomen en cuenta las recomendaciones
de instancias mexicanas e internacionales.
En un comunicado, el organismo dependiente de la Secretaría
de Gobernación informó que dirigió una
misiva al magistrado presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del estado
de Chihuahua, José Chávez Aragón.
En ella recuerda las recomendaciones emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Amnistía Internacional y la propia Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
sobre dicho caso, que se encuentra en
etapa de conclusión.
Neyra Azucena Cervantes desapareció el 13
de mayo de 2003 en la ciudad de Chihuahua,
y según organismos de derechos humanos,
a través de torturas físicas y sicológicas
su primo Miguel David Meza Argueta fue obligado a declararse culpable de su asesinato.
En otro rubro, con el fin de ayudar a encauzar jurídicamente
el diferendo por la tenencia de la
tierra en Lomas de Poleo, que ha
generado un ambiente de inseguridad
para las mujeres, niñas y niños que
habitan esa zona, la Comisión de Juárez
gestionó una audiencia.
Esta reunión, detalló, es entre el representante en esa frontera
de la Procuraduría Agraria, dependiente
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
y el abogado de las organizaciones civiles
que representan a algunos de los colonos.
El objetivo es exponer la vías jurídicas que se pueden impulsar
para garantizar el derecho de acceso
a la justicia de las y los ciudadanos
que habitan esa zona.
Indicó que los funcionarios del ombudsman
agrario manifestaron su disposición
para atender a todos los colonos que
se acerquen a solicitar asesoría para
defender su patrimonio.
La intervención de la Comisión para Juárez en este caso fue
solicitada por organizaciones de la
sociedad civil e incluyó gestiones ante
el presidente municipal de Ciudad Juárez,
Héctor Murguía Lardizábal.
A dicho edil se le solicitó que se efectúe una vigilancia eficaz
y permanente que garantice la seguridad
de las mujeres y las niñas que viven
en esa zona, donde entre el 9 de marzo
y el 7 de abril de 1995 fueron hallados
los cadáveres de ocho mujeres.
Sí hay fundo legal en Catorce. (Pulso de San Luis, Rosa María Morales, p.web)
Los documentos ya fueron mostrados al Gobernador y se espera
que el Congreso los reconozca.
Real de Catorce.- Hay documentos que avalan que en Real
de Catorce sí hay fundo legal; después
de muchos años de investigar al fin
se obtuvo la información y se encontró
el documento, lo que viene a dar certidumbre
y tranquilidad a los ciudadanos catorceños.
El presidente del Consejo de Pobladores Naturales de Real de
Catorce, A.C.,
Felipe Frías Saucedo,
anunció que quedó disipada la duda de
que Catorce no es ejido, como se aseguraba,
lo que había causado controversia entre
los mismos pobladores.
Frías Saucedo destacó que cuentan
con planos y documentos que datan de
los años 1880-1915-1917-1928 y 1980,
en donde se explica las colindancias
de Real de Catorce y su fundación en
el año de 1772, como parte de la Nueva
España.
Señaló que en la Revolución de 1910 el pueblo quedó solo y
los ejidatarios se fueron apropiando
de los terrenos que quisieron, diciendo
que era ejido de ellos, sin contar con
una documentación y de ahí se derivó
la noticia de que en Catorce no existía
el fundo legal.
Ahora con el documento se detuvo la expropiación que meses
atrás había anunciado el Gobierno del
Estado, donde se dijo que se otorgaría
la cantidad de 35 mil pesos aproximadamente
a 150 ejidatarios.
Comentó que hace años se investigó sobre el asunto, sin llegar
a una conclusión y sin disipar la duda
por lo que se tuvo que retomar para
saber con exactitud si es que existía
el fundo legal o no.
Frías Saucedo manifestó que uno de
los integrantes del Consejo, Carlos
Meléndez, representante de la Restauradora
de las Minas de Catorce, en noviembre
del año pasado acudió a la Ciudad de
México para buscar la información ante
las dependencias del Registro Agrario
Nacional y la Procuraduría
Agraria, permaneciendo una semana
en la Capital del país, encontrando
toda la documentación, por lo cual tuvo
que hacer una erogación de cerca de
5 mil pesos para la obtención de los
alegatos. Una vez obtenidos los documentos,
se formó una comisión integrada por
la presidenta de la muy noble y leal
ciudad de Real de Catorce, Petra Puente;
de Carlos Meléndez, de la Asociación
de Pequeños Propietarios, y Felipe Frías
del Consejo de Pobladores Naturales,
quienes fueron acompañados por el cura
Ernesto Vega para entrevistarse con
el gobernador Marcelo de los Santos
y se reconociera que en Catorce sí hay
fundo legal.
Dijo que la reunión se realizó en el mes de enero y donde fue
llamado Antonio Medellín Varela, que
fungía como representante del Gobierno
en la zona Altiplano, a quien lo reprimió
el Gobernador porque siempre le informaba
que todo iba bien en el Altiplano.
“Ahí se estableció que en tres meses se iba a dar una respuesta,
pero ha pasado el tiempo y no hay ninguna
información al respecto”, informó.
También la Comisión estuvo con el presidente municipal Román
Castillo Alvarado, para hacerle del
conocimiento sobre lo anterior y el
Cabildo se comprometió que haría llegar
al Congreso del Estado esta documentación,
para ratificar el fundo legal y sea
reconocido por medio del periódico oficial.
Se espera que en unos días haya una respuesta, luego de entregados
dichos documentos.
Supuesto prestanombres del presidente Fox pide amparo. (La Jornada,
Alfredo Méndez, p.web)
Cosme Mares dice que "judiciales"
intentaron detenerlo.
El guanajuatense Cosme Mares Hernández -constructor a quien
se ha señalado públicamente como supuesto
prestanombres del presidente Vicente
Fox; entre sus adquisiciones cuestionadas destaca la bahía
El Tamarindillo, en las costas de Michoacán-
teme por su libertad.
El pasado lunes pidió ante un juez federal de la ciudad de
México un amparo contra cualquier orden
de aprehensión que pudiera existir en
su contra.
En su demanda de garantías, a la cual tuvo acceso La Jornada,
el empresario (que ha sido beneficiado
en este sexenio durante los años 2002
y 2003 con contratos de obra por más
de 2 mil 100 millones de pesos, lo mismo
en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y
Veracruz, que en Baja California) expuso
que el pasado 28 de mayo "se presentaron
en mi domicilio varias personas que
se ostentaban sin acreditarlo como agentes
de la Policía Judicial".
Agregó que los supuestos agentes "mencionaron que tenían
una orden de aprehensión en mi contra
por la comisión de un delito del que
era responsable, sin especificar de
qué se me acusaba, y que, por tanto,
los tenía que acompañar.
"Todo esto sin que en ningún momento estos supuestos agentes
nos mostraran alguna orden escrita que
ordenara mi presentación o detención.
"Como no quisieron identificarse plenamente, me negué
a acompañarlos, manifestando que volverían
y me llevarían por la fuerza donde quiera
que me encontraran, a lo cual les indiqué
que no tenía nada que temer, porque
no he realizado o cometido acto ilícito
alguno.
"Ellos me expresaron que me privarían de mi libertad y
me incomunicarían en sus separos.
Por eso estoy pidiendo amparo y protección
de la justicia".
El juez Jacinto Figueroa Salmorán,
del juzgado quinto de distrito, admitió
la demanda de amparo (con el expediente
556/2006-VI) y le concedió una suspensión
provisional a Cosme Mares para que no
lo detengan, pero sólo le servirá en
la hipótesis de que exista la orden
de captura y que no implique delito
grave.
Ordenó a las procuradurías de Justicia del Distrito Federal
y del Estado de México, así como a 79
jueces en materia penal de ambas entidades,
que en los próximos tres días hábiles
le informen al juez Figueroa si existe
la orden de captura a la que hace referencia
el quejoso.
En enero de 2005, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia de la Cámara de Diputados
aprobó dos dictámenes que fueron ratificados
en ese tiempo por la Comisión Permanente,
para solicitar información sobre la
presunta compra de terrenos en las costas
de Michoacán por el presidente Vicente
Fox y su esposa,
Marta Sahagún, por medio de Cosme Mares, quien habría fungido como
prestanombres.
También se exigió a las secretarías de la Reforma Agraria,
Función Pública, Medio Ambiente y Recursos
Naturales información sobre la situación
de la bahía El Tamarindillo, en las
costas de Michoacán, luego de que el
senador priísta Esteban Ángeles Cerón
afirmó que Fox
y su esposa han ejercido tráfico de
influencias.
"El más reciente ejemplo -dijo el senador el 5 de enero
de 2005- de estas prácticas indebidas
lo podemos observar en la compra de
la bahía El Tamarindillo por parte de
la Presidencia de la República, a través
de su prestanombres favorito, Cosme
Mares Hernández, a cargo de la empresa
constructora Facopsa,
que adquirió 265 hectáreas".
El legislador del PRI señaló que el área pertenece al ejido
El Ticuiz,
por lo cual su venta requiere que el
adquirente sea ejidatario, lo cual a
su vez -explicó- exige un complicado
y tardado proceso en el que el interesado
debe ser reconocido como tal mediante
la aprobación de una asamblea calificada.
El retraso en la entrega de apoyos federales podría
entorpecer solución de conflictos agrarios. (La Jornada de Michoacán, Ernesto Martínez, p.web).
De los 49 focos rojos se han finiquitado
siete y nueve están por resolverse:
Efraín García.
Admitió que aunque existen las
condiciones, el caso Cocucho-Urapicho
no se ha concluido.
De los 62 focos amarillos que hay
en Michoacán, nueve han sido resueltos
y 17 más están en proceso, afirmó el
subsecretario de Conciliación Agraria,
Efraín García Becerra, y señaló que
de los 49 focos rojos se han finiquitado
siete y nueve están por resolverse;
mientras que de los siete de muy alto
riesgo, sólo cuatro están estancados.
En entrevista con diferentes medios,
García Becerra admitió que el caso más
álgido por la disputa de límites de
tierras (Cocucho-Urapicho)
aún no se ha finiquitado; aunque existen
las condiciones para dar fin a un conflicto
que duró décadas, ahora sólo falta la
sentencia del Tribunal Agrario.
Comentó que de los llamados focos
rojos hay avances importantes en los
casos de San Miguel Tanaquillo-Huécato, ambas comunidades
del municipio de Chilchota,
en la que se disputan 4 mil 200 hectáreas.
Además está el caso de Acachauén-Urén, del mismo municipio, y la disputa es de 250 hectáreas.
Hay una conciliación en proceso
también en los casos de San Felipe de
los Herreros (Cherán)
y San Miguel Pomacuarán
(Paracho),
que se disputan mil 200 hectáreas; ejidatarios
de Tangancícuaro
con Ocumicho
(Charapan),
donde están en juego 477 hectáreas,
y San Francisco Cherán-Arantepacua, municipio de Paracho,
que se están disputando 312 hectáreas.
García Becerra comentó que les
preocupa que algunos casos que están
por resolverse puedan echarse para atrás
debido a que el gobierno federal no
ha enviado los recursos que le corresponden
y que podrían ascender a más de 100
millones de pesos. Dijo que el acuerdo
firmado indica que la federación aportará
75 por ciento de los recursos y el gobierno
del estado el 25 restante para conciliar
los intereses y resolver el mayor número
de conflictos agrarios posible.
Cabe señalar que en torno a los
conflictos más complicados aún están
estancados los casos de Pamatácuaro-Tarecuato; San Francisco
Ichán-Tacuro;
Paracho, pequeños propietarios y Santa Cruz Tanaco-Cherán Atzícurin.
Focos amarillos.
En el caso de focos amarillos,
el subsecretario de Conciliación Agraria
indicó que han sido resueltos los casos
de Uripitío
(Maravatío)
y San Ildefonso (Zinapécuaro),
en el que se disputaron 309 hectáreas;
Santa María Miramar-Achotán,
del municipio de Coahuayana,
donde se disputaron 309 hectáreas.
También están finiquitados los
casos de Córdoba- Panindícuaro,
en el que se disputaron 143 hectáreas;
La Cañada-Puerta de Jiripitiro
(Coeneo),
por 259 hectáreas; Naranjo de Joruyo-Arronjadero (La Huacana) y la disputa fue por 487 hectáreas; el Canelo-Sinagua (La Huacana), donde la disputa
fue por 2 mil 596 hectáreas. De igual
forma, indicó que hay un avance de más
de 80 por ciento en los casos de Pómaro-El
Coire y El Coire-Santa María Ostula.
Cabe señalar que antes de octubre
de 2005 se resolvieron siete casos considerados
como focos amarillos, en los que se
erogaron 31 millones de pesos. En Téjaro
de los Izquierdos, municipio de Tarímbaro,
se encontraban en conflicto 260 hectáreas,
debido a la posesión irregular de tierras
de pequeña propiedad por parte de ejidatarios
y campesinos. Para destrabar el conflicto
la SRA canalizó más de 9 millones
de pesos.
El problema entre vecinos de La
Peñita, municipio de Acuitzio,
fue por la disputa de un predio de 45
hectáreas, de ahí que las autoridades
resolvieron la situación con 2 millones
250 mil pesos. También se resolvió el
caso de Cupuán del Río, donde estaban en litigio 714 hectáreas entre
un particular y ejidatarios. Ahí el
desembolso fue de casi 3 millones de
pesos.
En Aquiles Serdán,
municipio de Zamora, también se canalizaron
3 millones de pesos para resolver la
disputa de 93 hectáreas entre posesionarios
y pequeños propietarios. En Jesús Alcaraz,
municipio de Tacámbaro,
las diferencias entre ejidos vecinos
fue por 368 hectáreas, que finalmente
quedó resuelto con 2.5 millones de pesos.
Se disculpa el
líder de El Cayaco
con el magistrado Rodolfo Lara por los
huevazos. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web)
El dirigente de ejidatarios de El Cayaco,
Alberto Ávila González, ofreció una
disculpa pública al presidente del Tribunal Unitario Agrario, Juan Rodolfo Lara Orozco, por
la agresión a huevazos el 17 de mayo.
El ataque sucedió cuando vecinos de esa comunidad protestaban
en el tribunal por la sentencia que
favoreció a particulares en la posesión
de un terreno que colinda con un panteón
y una calle.
En entrevista, el ejidatario reconoció que la agresión
contra el magistrado fue una acción
“excesiva” y por ello decidió ofrecer
una disculpa en el tribunal, después
que los ejidatarios reflexionaron que
desean “una similitud y cordialidad”
pues hay muchos problemas en el ejido.
Según Alberto Ávila “los que estudian dicen que estoy
mal y los que no estudian dicen que
estoy bien” y justificó la actitud del
magistrado, quien no lo recibió el 26
de mayo que acudió a verlo; “no me recibió
con justa razón porque a veces las cosas
no son compatibles”.
Manifestó la intención de ofrecer una disculpa pública
“y que esto no se repetirá”.
Justificó que entre el TUA y los ejidatarios debe haber
una comunicación constante por los juicios
que se dirimen, “y no quiere decir que
soy sumiso por el acto”.
El propio Ávila González informó que Juan Rodolfo Lara
Orozco lo demandó ante la Procuraduría
General de la República (PGR), y por
ello aclaró que la disculpa no era para
que retire la queja “porque sé que no
procederá”.
Apuntó la necesidad de un diálogo entre los ejidatarios
por los juicios que se dirimen en el
tribunal, pues se tiene que informar
qué está bien o mal a los pobladores.
A pregunta expresa sobre el pleito que se mantiene con
los propietarios del predio, Ávila González
explicó que aunque el TUA haya emitido
un fallo la pelea seguirá en otra instancia.
Aseguró que si no logra nada el pueblo defenderá la calle
y el panteón.
El ejidatario aclaró que legalmente no es presidente
del comisariado
ejidal como en todo momento se ha identificado,
y confirmó los señalamientos de la familia
García Guatemala de que no es autoridad
porque tiene antecedentes penales.
Apuntó que aunque no tenga una legalidad ante el Registro Agrario Nacional el pueblo lo eligió y por eso ha
defendido lo que les pertenece.
Alberto Avila dijo que el delito
por el que fue acusado no fue intencional,
sino una obligación por defender el
ejido y como perdió ante el Ministerio
Público ahora no puede ser presidente
del comisariado
ejidal.
Replicó que la calle que ahora pertenece a los García
Guatemala aparece en la carpeta básica
del ejido y recriminó que el tribunal
haya priorizado “el interés particular
contra el interés común”.
Toman por 3 horas presidencia municipal. (Imagen de Zacatecas, Jesús Álvarez, p.web)
Los habitantes de Loreto exigían la liberación de Benito García.
Poco más de 70 habitantes de la comunidad de Loreto tomaron
el edificio de la presidencia municipal
para exigir la liberación de Benito
García Ayala, Gregorio Sánchez Botello,
José Refugio Castor Estupiñán y Ángel
Meza Rivas.
Estas personas fueron detenidas por elementos de la policía
ministerial a las 23 horas del martes
con una orden de aprehensión girada
por Blanca Alicia Quiñónez Raudales,
juez Segunda del Juzgado de Primera
Instancia.
Al rededor de las 11 horas del día de ayer, poco más de 70
personas encabezadas por Nazario García
Ayala e Ismael Ceballos
Delgado llegaron a la alcaldía; exigían
la liberación de los presos.
El problema legal se arrastra del 2003, tras una invasión realizada
a propiedad privada de José Sandoval
Garay.
El tribunal agrario
dictó sentencia a favor del sujeto y
ordenó al ejido de Loreto a entregarle
2 mil 500 metros cuadrados de terreno,
acción que no se ejecutó.
Los inconformes exigieron la solución a seis puntos a fin de
liberar la presidencia municipal.
Destacan la puesta en libertad de los detenidos y el compromiso
del alcalde Martínez Ramírez con la
comunidad de Loreto para cubrir la deuda
del ejido.
A las 17:30 horas, el munícipe informó la liberación de los Benito García y sus compañeros y, con ello, el fin a la
toma de la alcaldía.
Martínez Ramírez aclaró que la alcaldía no es la instancia
correcta para que los habitantes de
la comunidad de Loreto realicen este
tipo de presión, ya el caso corresponde
al poder judicial.
Pero aún así, agregó, intervino para la liberación de los detenidos.
Se comunicó con el procurador de Justicia
del Estado, Carlos Pinto Núñez, y con
el secretario General de Gobierno, Gerardo
Romo Fonseca.
Acciones que lograron una pronta solución, al dejar en libertad
a los detenidos sin pago de fianza.
La llegada de los detenidos a la presidencia municipal originó
el jubilo de
los quejosos, que entre gritos señalaban
“Sí se pudo” y “Con Loreto no pueden”.
El conflicto.
La juez Quiñónez Raudales informó que la orden de aprensión
fue girada en contra de Benito García
Ayala, Gregorio Sánchez Botello, Refugio Castor Estupiñán y Ángel Meza Rivas, por
delito de despojo.
Estas personas desempeñaban los cargos de delegado, presidente,
secretario y tesorero de la comunidad
respectivamente en 2003.
Fecha en que el tribunal agrario dictaminó que el ejido de
Loreto debía entregar a José Sandoval
Garay 2 mil 500 metros cuadrados del
terreno por delito de despojo; terreno
donde se ubican las bodegas rurales.
El 4 de mayo del 2004 la autoridad agraria dio posesión del
predio en disputa al ofendido, sin embargo
la población evitó que se posesionara
del inmueble, que hasta la fecha es
utilizado por el ejido.
Corruptos como el Talibán
no deben ser candidatos. (Express de Nayarit, Antonio
Siordia, p.web)
El ex secretario de SEDER tiene cuentas pendientes con el OFS:
López Santiago.
Tepic, Nayarit.- El Órgano de Fiscalización Superior cuenta
con el dictamen de los ex funcionarios
tanto estatales como municipales que
fueron requeridos en su momento por
el Congreso del Estado, como es el caso
de Carlos Hernández Ibarría
el “Talibán”,
por haber incurrido en algunas anomalías,
entre ellas el desvío de recursos millonarios
que a la fecha no han podido aclarar,
por lo cual los integrantes de la XXVIII
Legislatura tendremos que analizarlo
para aplicar las sanciones totalmente
apegadas a la legalidad, aseveró el
diputado del PRI, Héctor López Santiago.
Por eso es importante que la gente vea con claridad a las personas
que en su momento administraron recursos
y que hoy son candidatos al Senado de
la República; considero que es algo
que se tiene que dar a conocer a la
comunidad para que esta conozca el perfil
y la forma con que se condujeron como
servidores públicos los hoy aspirantes
a un escaño en la Cámara Alta.
Insistió el legislador que sí hubo o no transparencia en el
manejo de los recursos, es algo que
el Congreso tiene que informarle a la
ciudadanía para que esta conozca los
perfiles, la trascendencia y de ahí
la calificación que les tiene que dar.
Señaló que los funcionarios cuestionados hoy buscan cargos
de elección popular, especialmente la
senaduría, de los cuales hay infinidad
de denuncias por parte del sector
agrario, por cual el ex dirigente
de la FEUAN hizo un llamado a la reflexión
para que no caigan en el engaño ya que
nada bueno pueden esperar del candidato
de la alianza “Por El Bien de Todos”
que es una persona con nombre y apellido,
que todavía no aclara el manejo de una
millonaria cantidad de recursos y aun
así pretende ser senador por Nayarit,
en este caso si no hay transparencia,
el Órgano de Fiscalización Superior,
tiene que dar a conocer el resultado
del dictamen, para que los nayaritas
conozcan el perfil de quienes han administrado
recursos y actualmente son candidatos.
Para finalizar, explicó que el análisis será realizado cuando
el Congreso considere necesario y en
su momento con pruebas suficientes sean
turnadas a la Comisión responsable y
posteriormente al pleno legislativo.
Sector agropecuario
Niños, el sector con más desventajas en el TLC. (La Jornada, Alma E.Muñoz, p.web)
Pobreza, violencia y drogas amenazan
su futuro: ONG
Sea en México, Canadá o Estados Unidos, la niñez mantiene grandes
desventajas con el resto de la población.
Y mientras menor sea su condición social,
mayores son las probabilidades de tener
trabajos precarios y marginales, perspectivas
profesionales limitadas y alto riesgo
de pobreza.
Eso si logran superar "condiciones desfavorables"
de salud, delincuencia, violencia -especialmente
contra las mujeres-, consumo de drogas
y situaciones análogas que acarrean
-principalmente a los latinos- la migración
y ubicarse en la frontera entre México
y el país del norte, de acuerdo con
estudios de organizaciones no gubernamentales
de los tres socios comerciales.
Destacan que en los estados fronterizos mexicanos el índice
de madres solteras entre 12 y 19 años
puede pasar de siete a 19 por ciento,
cuando el promedio nacional es de seis,
en tanto que cinco entidades están entre
los primeros ocho lugares en detenciones
de menores de 18 años, además de que
hasta 35 por ciento de los adolescentes
no estudian ni trabajan, contra un aumento
en el consumo de drogas.
La Red por los Derechos de la Infancia en México y la Fundación
Annie E. Casey
presentaron ayer dos reportes donde
examinan el estado de bienestar de la
niñez en las regiones de América del
Norte y la frontera entre el país y
Estados Unidos.
En el primero, junto con el Consejo Canadiense de Desarrollo
Social hablan de las desigualdades prevalecientes
entre los tres firmantes del Tratado
de Libre Comercio, como que en México
la tasa de mortalidad infantil -según
datos de 2002- era de 21.4 por cada
mil nacidos vivos a escala nacional,
pero por estados la cifra se acrecienta
hasta 25 en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En tanto, en Estados Unidos y en Canadá
es de 7 y 5.4, respectivamente.
No obstante, resaltan que para enfermedades como el asma, en
los tres países aumentó la incidencia
por causas ligadas a la calidad del
entorno físico, recursos domésticos
y el nivel de seguridad que ofrece la
construcción de las casas. En todos
los casos, son los indígenas los más
afectados.
Buscan dependencias autorización para la siembra
de maíz transgénico. (La Jornada, Angélica Enciso, p.web).
Greenpeace:
envía anteproyecto requerido para permitir
cultivos.
Con el fin de dar la autorización para la siembra de maíz transgénico, las secretarías de Medio Ambiente y Agricultura
enviaron el lunes a la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria el anteproyecto
del régimen especial del grano, requisito
establecido por la Ley de Bioseguridad
y Organismos Genéticamente Modificados
para permitir los cultivos experimentales
y comerciales que prevén realizar trasnacionales.
Sagarpa informó que las solicitudes de liberación
experimental de maíz transgénico,
entre ellas el plan maestro, están "en
trámite" y que la resolución se
revelará por medio de un grupo técnico.
Reiteró que una vez que finalice la construcción del marco
normativo sobre el régimen de protección
especial para el grano se procederá
a la decisión sobre la autorización
o rechazo de las solicitudes que se
sometieron a consulta pública en enero
de este año.
El Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, con sede en Irapuato,
presentó, bajo la coordinación de Luis
Herrera Estrella, el proyecto maestro
de maíz para experimentar con semillas
de Monsanto
y Pioner, las cuales se dieron de plazo dos años para mantener
sus planes del transgénico
en México.
Por ello Semarnat y Sagarpa aceleraron la presentación del anteproyecto. "La
industria biotecnológica quiere dejar
la puerta abierta a su maíz transgénico antes del proceso electoral y de que concluya
este gobierno", subrayó Greenpeace.
"La autoridad ambiental busca sentar las bases jurídicas
para que luego se avance hacia la siembra
comercial", puntualizó Gustavo
Ampugnani,
experto de la organización ecologista
en el tema.
El anteproyecto consta de nueve artículos, en los cuales se
establece que previa consulta con la
Conabio se
establecerán las regiones consideradas
como centro de origen y zonas libres
de especies modificadas genéticamente;
el Inifap
determinará los sitios permitidos para
la siembra de dicho grano; el fomento
de estas variedades se orientará a "resolver
problemas nacionales, dando prioridad
a aquellos que sean de interés agronómico,
energético, nutricional o ecológico
para el país". El documento reiteradamente
se refiere a que estos cultivos serán
benéficos para la sociedad y la agricultura.
El anteproyecto considera que la superficie experimental no
superará una hectárea y estará delimitada
por una barrera de contención de al
menos 15 metros de maíz criollo; "la
altura de las plantas utilizadas como
barrera deberá ser similar o superior
a la del maíz modificado". Asienta
que la formación de maíces híbridos
se deberá efectuar mediante polinización
controlada y en cada uno de los casos
utilizarse sólo plantas transgénicas.
El documento omite definir quién se hará responsable ante casos
de contaminación o daño a la diversidad
de maíz y el acceso público a la información,
ya que no se establecen geográficamente
las zonas donde se harían las pruebas
experimentales.
El plan maestro de maíz definía que los experimentos serían
en campos del Inifap
localizados en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
Prensa Estatal
Indemnización por sus tierras exigen campesinos
de Hecelchakán. (Crónica de Campeche, p.web)
Campesinos de Hecelchakán despertaron
ayer de su letargo y se presentaron
ante el Palacio de Gobierno de esta
ciudad, a fin de reclamar el pago de
indemnizaciones por la afectación de
sus tierras y por los programas desarrollados
del Gobierno Federal desde hace mucho
tiempo.
En esta ocasión no se notó la presencia de políticos o candidatos,
como se ha vuelto costumbre cuando un
grupo de habitantes de la llamada “Sabana
del Descanso” viaja hasta esta capital
para plantear un problema o algo que
se les ofrezca, en esta ocasión y debido
a los tiempos que se viven, los políticos
se quedaron en lo suyo y dejaron que
sean los ejidatarios los que se manifestaran.
Unos 50 campesinos encabezados por el presidente del Consejo
de Vigilancia del ejido Hecelchakán,
Jorge Uicab, llegaron hasta los bajos del Palacio de Gobierno a
exigir una audiencia con el gobernador
Jorge Carlos Hurtado Valdez porque ya
estaban cansados de esperar el pago
de las indemnizaciones a las que se
hicieron acreedores desde hace algunos
años.
Aún cuando no precisaron los datos exactos, hablaron de que
la construcción de una carretera les
afectó gran parte de sus tierras y se
les dijo que tan pronto las cosas se
normalizaran se les pagaría cierta cantidad
por el daño; al parecer el ofrecimiento
lo hizo un funcionario del gobierno
federal y hasta el momento no se ha
hecho nada al respecto.
También se habla de tendidos de líneas telefónicas, instalación
de torres repetidoras y otro tipo de
conductores que pasan por las tierras
del ejido. Aseguraron que cuando los
proyectos se programaron vino gente
de otros estados a realizar los trámites
correspondientes y sobre todo explicarles
que no serían afectados en nada, pues
si se requerían sus terrenos se llegaría
a un acuerdo.
Y como dice la canción, el tiempo pasó, los jóvenes se hicieron
viejos y los recursos anunciados nunca
llegaron, con los perjuicios consiguientes
de este tipo de asuntos, que cuando
existe un ofrecimiento los supuestos
beneficiados comienzan a hacer números
y sin saber si efectivamente se les
pagará contraen compromisos de una u
otra índole.
Sus peticiones fueron atendidas por personal de gestoría y
hasta altas horas de la tarde no se
resolvía nada, ya que sus pretensiones
era que les resolvieran el problema
en esos momentos pero ante todo se les
explicó que se trataba de un problema
del gobierno federal, no de hoy, sino
de hace mucho tiempo.
A esto deben agregarse los problemas internos por el que atraviesa
el ejido debido a que los demandantes
se dividieron: unos están del lado del
comisario ejidal, y otros actúan por
cuenta propia, como en este caso.
Persisten conflictos agrarios en región. (Cuarto Poder, Cinthya Vasconcelos,
p.web).
Norte
Selva.
Ejidatarios de municipios de la Región
Norte Selva aseguraron que las disputas
por la posesión de la tierra es una
de las principales causas de confrontaciones
entre comunidades, debido a la falta
de mediación de las autoridades estatales
y municipales, por lo cual la zona debe
ser considerada como un foco rojo
en materia agraria.
Eleazar Jiménez Jiménez,
uno de los representantes ejidales,
manifestó que en esta zona de la entidad
está latente el riesgo de confrontaciones
entre las organizaciones campesinas
y presuntas bases del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), toda
vez que ni el Gobierno Estatal ni las
administraciones municipales han intervenido
para una solución en cuanto a la tenencia
de la tierra.
Agregó que en Ocosingo existen al menos
11 ejidos en donde no está definida
la posesión de los predios, en los que
mientras las organizaciones campesinas
trabajan las tierras o crían ganado,
las bases zapatistas
son las que recogen las cosechas, talan
o realizan invasiones temporales, sin
que las autoridades hagan algo al respecto.
Enfrentamientos
En los primeros meses de este año se
registraron algunos enfrentamientos,
e incluso secuestros por parte de los
presuntos zapatistas,
fue entonces que las autoridades intervinieron
para una solución inmediata, pero después
los problemas continuaron, y así seguirá
latente el riesgo de más conflictos,
subrayó Jiménez Jiménez.
Toma EZLN territorio de escuela secundaria. (Cuarto Poder, Carlos Herrera, p.web).
Chenalhó
Argumentan
que las tierras pertenecían a sus ancestros,
por lo que ahora exigen se implemente
un desalojo.
Indígenas del municipio de Chenalhó se posesionaron de nueve hectáreas de una escuela
secundaria ubicada en la cabecera municipal
de dicho lugar de los Altos de Chiapas,
con el argumento de que las tierras
pertenecían a sus ancestros.
Las hectáreas que tomaron los indígenas,
entre ellos dos presuntos bases de apoyo
del EZLN, pertenecen a la Escuela Secundaria
Técnica número 48, ubicada en la cabecera
municipal.
Las nueve hectáreas fueron tomadas el
12 de mayo por 30 indígenas, pero hasta
este miércoles sólo quedaban 20 que
han construido chozas provisionales
y no quieren salir, lo que ha provocado
que se incremente la molestia de alumnos
y padres de familia.
De acuerdo con la información, entre
los invasores, que militan en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
hay dos indígena que presuntamente son
bases de apoyo zapatista.
Los 20 indígenas que tienen en su poder
el terreno han comenzado a trabajar
las tierras. De hecho, a la entrada
del terreno de nueve hectáreas, los
que tomaron estos terrenos han colocado
un letrero que dice: "Territorio
recuperado por bases de apoyo del EZLN,
ya que pertenecía a nuestros ancestros.
Prohibido el paso a profesores y alumnos".
Ante esa situación, un grupo de 180
padres de familia que tienen a sus hijos
en esa escuela, se reunieron la semana
pasada para exigir a las autoridades
municipales que desalojen a los invasores
o de lo contrario lo harán ellos, pues
se está perjudicando a los alumnos.
Fracasa reunión de Schoeder
Bejarano.
(Cuarto Poder, Héctor Narváez, p.web).
Escuintla.
Los comisariados ejidales no
llegaron a la reunión a la que fueron
convocados para dialogar con el comisionado
para la Reconstrucción en Chiapas, Horacio
Schoeder Bejarano,
lo cual prácticamente fue un desaire.
Al funcionario no le quedó más que retirarse del municipio,
mientras en el pueblo es el principal
tema de conversación, al considerar
que se trató de "un desquite"
por la acción de la fuerza pública en
fechas pasadas en contra de los damnificados
que se manifestaron por la nula reconstrucción.
A las 10 de la mañana Schoeder
Bejarano sostendría una reunión en Escuintla,
en la Casa Ejidal, con los comisariados, pero para su sorpresa en el lugar se encontró
con sólo nueve personas. De inmediato,
decidió dejar el lugar y visitar otro
municipio de la zona devastada.
Este acto es calificado por los pobladores como un desaire
al representante del gobierno, quienes
desde que se dio a conocer que las autoridades
de las comunidades lo dejaron plantado,
no dejan de comentarlo.
Sobre todo, que muestran su agrado de un probable "desquite"
ante el repudio de la orden del también
Secretario de Seguridad Pública de que
interviniera la fuerza pública para
desalojar a los manifestantes que protestaban
por la nula reconstrucción.
De la misma forma, consideran que se trata de una señal
de rechazo al gobierno, y que podría
arrastrar hasta las elecciones próximas.
Chiapas fue azotado por la fuerza de la naturaleza en
octubre de 2005
GUERRERO
"Sospechosa", invitación a opositores
a La Parota, dicen. (La Jornada, Misael Habana, p.web).
Acapulco, Gro., 31 de mayo. El Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a
La Parota (CECOP) confirmó que asistirá
a la mesa de diálogo del próximo viernes,
en la que participarán representantes
de los tres niveles de gobierno; sin
embargo, no descartó que la presencia
de ejidatarios que apoyan el proyecto
de la Comisión Federal de Electricidad
sea una emboscada para propiciar un
enfrentamiento entre los comuneros,
que derive en actos de represión. El
dirigente del CECOP, Marco Antonio Suástegui, afirmó que la invitación "que andan haciendo"
los líderes de la Confederación Nacional
Campesina, Evencio Romero y Nabor Ojeda, para
que asistan los opositores a La Parota
"es sospechosa", pues esa
organización ha estado en favor de la
hidroeléctrica.
Se estanca negociación entre comuneros de Tacuro y CFE. (Cambio de Michoacán, José Perales, p.web).
Carapan, Mich.-
Los indígenas de esta comunidad no estamos
dispuestos a tolerar más abusos de parte
de la Comisión Federal de Electricidad,
por lo que nuestra postura es muy clara:
«O nos cumplen con los pendientes que
se tienen, o se van de nuestras tierras»,
dijeron los comuneros a representantes
de la paraestatal, quienes una vez más
acudieron a una reunión sin la disponibilidad
necesaria para avanzar en el cumplimiento
del pliego petitorio.
Al reunirse ayer en esta comunidad como se tenía ya programado,
los comuneros, encabezados por Norberto
Calderón Molina, dejaron en claro que
fundamentalmente son cuatro los puntos
que deben ser cumplidos por la CFE,
«porque son puntos que están pendientes
y ya basta de burlas para con nosotros
los indígenas».
La reunión programada para las 13:00 horas inició 60 minutos
más tarde, y aunque en momentos parecía
que se avanzaba por buen rumbo, luego
quedaba claro que no había ningún avance
respecto a reuniones anteriores y la
postura de los representantes de la
CFE era siempre la misma.
Como en ocasiones anteriores, el licenciado Manuel Ávila Flores
explicó que la paraestatal tiene en
su poder documentos que establecen que
en su momento se entregaron recursos
por más de un millón de pesos para el
equipamiento del pozo que reclaman los
comuneros.
Sin embargo, Calderón Molina reviró y señaló que nunca en sus
asambleas se habló de que se entregara
efectivo, sino que se debería entregar
la obra del pozo totalmente equipado;
además, dijo que tanto en este punto
como en la recepción de los trabajos
de la iglesia, los representantes comunales
en turno fueron presionados para que
firmaran de recibido sin explicarle
a detalle lo que estaban haciendo.
«Nos queda claro que hay un compromiso de su parte para entregar
el pozo como también para construir
una iglesia, y hoy tenemos un pozo que
no funciona y una iglesia que no tiene
ni campanario, ni altar, ni coro y así
nos quieren convencer de que está terminada».
Reconoció el representante de Bienes Comunales que en su momento,
hubo quienes firmaron de conformidad
para recibir las obras como estaban,
pero lo hicieron presionados con el
argumento de que si no firmaban, los
trabajos no podrían continuar, «por
eso firmaron, pero los trabajos no se
han continuado y para la CFE según ya
concluyeron las obras».
Ávila Flores pidió nuevamente tiempo para seguir buscando los
planos de la iglesia y al arquitecto
que construyó para ver qué estaba en
el convenio y qué no, actitud que molestó
a los comuneros «porque así tenemos
ya muchos años, dando tiempo y la solución
nunca llega».
A medida que avanzaba la reunión y no se lograba conciliar
las posturas, callada y discretamente,
algunos comuneros colocaron piedras
y vigas a lo ancho de la calle Nacional
para impedir que los vehículos de la
empresa generadora de energía eléctrica
pudieran ser movidos del lugar.
Luego de más de dos horas de discusiones y debates, Ávila Flores
insistió en que la CFE no podría disponer
más recursos para algo que legalmente
ya estaba saldado y constaba en documentos,
a lo que Calderón Molina dijo que precisamente
ése era el problema, que no querían
entender que se ejerció presión para
que personas que ni siquiera entendían
plenamente lo que estaban firmando aceptaran
de conformidad algo que no estaba concluido.
El propio representante de Bienes Comunales reiteró que si
la paraestatal no modifica su postura
y se muestras más accesible, «no nos
quedará otra alternativa que recuperar
nuestras tierras y ustedes tendrán que
irse a otra parte.
Ávila Flores dijo por su parte que no se irán a ningún lado
porque ya se pagó por las tierras que
se utilizan y se han cumplido los acuerdos
pactados, pero no pudo luego explicar
cómo es que se cumplió si no hay ni
un sólo comunero de Tacuro
trabajando con la CFE, la iglesia evidentemente
no está concluida y el pozo no está
funcionando.
Vale señalar que los comuneros se quejaron de que pagan una
muy alta tarifa por el servicio doméstico
de electricidad, al grado de que hay
quienes han tenido que pagar recibos
por más de dos mil 400 pesos, mientras
que otros, que solamente tienen dos
focos y uno o dos aparatos eléctricos
en sus domicilios, pagan más de 500
pesos bimestrales por el servicio.
El representante de la paraestatal aseguró que allí nada se
podría hacer, pero los comuneros le
indicaron que sí se puede, porque saben
bien que en el sur del país y en el
norte se aplican tarifas preferenciales
en ciertas temporadas del año y no hay
ningún problema por eso.
Al cierre de la presente, seguían las discusiones y ni los
representantes del gobierno del estado
que acudieron como mediadores podían
abandonar la comunidad porque las calles
estaban bloqueadas.
NAYARIT
Cansados ejidatarios de recibir "mejoralitos" en lugar de soluciones. (Meridiano de Nayarit, Lourdes Vázquez, p.web).
Tepic.-"El problema que tienen
no es provocado por el gobierno del
Estado sino por las inclemencias del
tiempo".
Existe un desacuerdo entre dos unidades
agrarias, entre un ejido y el otro (Villa
Juárez), que no han podido como los
del Sesteo que siempre han acudido a
las pláticas y hay avances, pero lo
que pasa es que los otros no le entran".
Así lo manifestó a los inconformes
del Sesteo, el Subsecretario de Participación
Ciudadana, Luis Carlos Tapia Pérez,
quien platicó con ellos para invitarlos
a establecer una mesa de diálogo para
que levantaran el plantón, el cual rechazaron.
Tras comentarle que están cansados
de viajar hasta la capital del estado
a sólo recibir "mejoralitos",
le exigieron a Luis Carlos Tapia la
presencia de la Secretaria General de
Gobierno Cora
cecilia Pinedo Alonso o del propio gobernador
Ney Manuel
González Sánchez.
Tapia Pérez les adelantó que había
una propuesta que se les dará a conocer
una vez que sea cabildeada con Semarnat y con la Profepa para iniciar
con esa insatisfacción del problema
que enfrentan.
Y añadió "ahora no hemos estado
cruzado como gobierno, la prueba está
que allá hay gente trabajando. Es una
de las cosas que pidieron primero, entonces,
ustedes lo piden, se empieza hacer,
y luego salen con que no sirve".
Sin embargo, las gestiones del subsecretario
de Participación Ciudadana no prosperaron
y se mantuvieron firmes en el plantón
que de estar en la explanada de la Plaza
de los Constituyentes, se bajó a la
avenida México para bloquear la circulación
vehicular hasta en tanto no estaban
presentes las dependencias que tienen
que ver con este asunto como Semarnat,
Profepa, Comisión
Nacional del Agua y el Inades.
Aún no hay acuerdos para pago de terrenos Cantiles. (Enfoque Informativo, Angélica
Cureño, p.web).
“Mientras sean palabras no hay
nada serio, no hay documentos donde
sustenten que esto ya va en serio” declaró
el presidente del comisariado
ejidal de Cantiles al desmentir que
se hubieran llegado a un acuerdo por
el pago de tierras y el cumplimiento
de acuerdo por parte de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) con los
dueños de las tierras afectadas por
la construcción de la presa El Cajón.
Respaldados por la Caravana ¡Aguas¡ en Movimiento Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas
y en Defensa de los Ríos, (Mapder) habitantes Cantiles llegaron ayer a Tepic, última
parada de la marcha integrada por indígenas
y representantes de ONG’s internacionales
iniciada el pasado 23 de mayo en presas
del sureste de la República.
Francisco Villa Montes desmintió
que el director de la CFE, Alfredo Elías
Ayub hubiera
aceptado el pago justo de sus tierras
y propiedades así como la rectificación
del terreno afectado “pedimos una indemnización
justa y no vamos a retroceder” enfatizó.
Villa Montes asegura que después de
las reuniones llevadas a cabo en Palacio
de Gobierno y en Santa María del Oro
no se ha reanudado el diálogo ni han
recibido nuevos ofrecimientos para desalojar
las tierras que dentro de poco estarán
cubiertas por aguas del embalse de la
hidroeléctrica “no han ofrecido nada,
no sabemos cuanto quieren pagar por
bienes distintos, no hablan de precios,
hay cerrazón de la CFE” agregó.
Asentado en tierras de agostadero,
los habitantes de Cantiles mantienen
la petición de 80 mil pesos por hectárea
y otros pagos “es lo que marca la ley,
no estamos hablando incoherencias”.
El número de hectáreas afectadas sigue
siendo un factor de desacuerdo entre
las partes en conflicto “nosotros hablamos
de 800 hectáreas y la CFE reconoce sólo
538 hectáreas, nos quisieron robar nuestras
tierras” agregó.
Francisco Villa afirma estar amenazado
por negarse a aceptar el trato ilegal
por parte de los representantes de la
paraestatal y el residente de El Cajón,
Federico Schroeder,
al tiempo que reclama el cumplimiento
de los acuerdos firmados cuando les
pidieron sus tierras para construcción
del embalse, según expresa son al menos
cincuenta “y ninguno han cumplido”.
Antes de iniciar la obra, la CFE
ofreció la rehabilitación de caminos,
entregar 50 vaquillas por ejidatario,
la construcción de una represa, la instalación
de agua potable, 50 hectáreas de desempedrado,
22 bordos, compensación del agua por
la pérdida de 130 manantiales, un pozo
somero, 15 lámparas de fotoceldas
y la contratación de 10 empleados permanentes
(jardineros, veladores, afanadores)
al finalizar la obra.
OAXACA
Paralizan ejidatarios proyecto eólico. (Voz e Imagen de Oaxaca, Martha Izquierdo, p.web).
Ejidatarios se niegan a desalojar unos predios que sirven de
servidumbre legal de paso a la CFE.
La Venta, Juchitan.-
Los trabajos de la planta eólica que
tendrá una inversión de 112 millones
de dólares en la instalación de 85 aerogeneradores
anunciada por el secretario de energía
el 5 de septiembre del 2005, se encuentran
parados.
Y es que desde hace ya varias semanas el grupo solidario independiente
que encabeza Juan Betanzos, Jesús López
Ramos, Alejo Girón Carrasco, Vicente
Ordaz Ramos, Ernesto Solórzano Ordaz,
asesorados por Manuel Vázquez Nicolás,
tomaron unos terrenos de usos común
en que son de servidumbre legal de paso
que la CFE
usa para pasar las líneas de conducción de energía
eléctrica de la venta a la subestación.
El grupo solidario alega que ese paso que según la cfe fue autorizado por la asamblea,
dicha asamblea nunca se realizo por
eso piden que se haga una asamblea general
además de 5 puntos entre los que destacan
conocer el proyecto eólico, estudio
de impacto ambiental, relacion
de ejidatarios que ya firmaron, la copia
de la renta de los terrenos de uso común,
la copia de cheques cobrados por la
apertura del proyecto.
Al respecto el director jurídico del gobierno del estado Javier
Jiménez Herrera se reunió con los inconformes,
con representantes de la CFE y de la delegación de gobierno a fin de poder llegar a
un acuerdo a través del dialogo.
Así se expuso que de los puntos que se trataron a tres se les
dará respuesta pero sobre la copia de
los cheques cobrados es información
confidencial que solo la CFE
puede tener.
Pese a toda esta situación ya fue puesta una denuncia ante
el ministerio de la federación para
que de no llegar a ningún acuerdo sean
desalojados del predio.
Aunado a este problema, la comisión federal de electricidad
no ha renovado los permisos correspondientes
ante autoridades municipales, los permisos que tenían
se vencieron y habían sido autorizados
durante la administración de
Héctor Matus quien les había cobrado de impuestos un millón
cien mil pesos.
Ahora el presidente municipal Alberto Reyna Figueroa está cobrando cerca de 3 millones de
pesos por renovar los diversos permisos
que requieren para seguir trabajando,
los cuales hasta este momento la CFE
no ha cubierto por considerar que son
excesivos.
SAN LUIS POTOSÍ
Desalojo en El Tullillo. (Pulso, Rosa Elena Cortés, p.web).
Con la participación de más de 70 elementos, entre preventivos,
estatales y ministerial, la madrugada
de ayer se desalojó a varias familias
que ocupaban el lote 55, de la ex hacienda
El Tulillo. El agente del Ministerio
Público, Miguel Ángel Rangel
López dio a conocer que con base a la
denuncia por el delito de despojo y
daños interpuesta por Carlos y Ricardo
Tobías Orta, se dio la orden de desalojo
al presentar los afectados documentos
que acreditan la propiedad de ese terreno.
El desalojo inició a las 5:00 horas de ayer, con el arribo
de los policías y el fiscal al predio
de 20 hectáreas, situado a un costado
del camino que conduce al ejido 20 de
Noviembre.
Ahí se hizo efectiva la orden de desalojo de aproximadamente
15 personas, que se encontraban en el
interior de ese predio, ocupándolo desde
el pasado 11 de mayo, en representación
de alrededor de 200 familias, según
ellos mismos informaron a pocos días
de registrarse la invasión.
El agente del Ministerio Público informó que el procedimiento
se realizó sin disturbio alguno y las
personas que se encontraban en el interior
de predio se retiraron a la orden de
la autoridad. En el lugar quedaron los
elementos estatales a cargo de la vigilancia
de este lugar, con la orden de detener
a todo aquel que pretenda invadir nuevamente
el predio.
Por su parte, Ricardo Tobías Orta, presunto dueño del lugar,
manifestó que los invasores habían iniciado
el desmonte e incluso comenzaban a fraccionar
algunos lotes, por lo cual anunció que
presentará una denuncia.
OAXACA
Piden comuneros investigar fraude. (Imparcial, Gonzalo Domínguez, p.web).
Miércoles 31 de Mayo, 06.
Tehuantepec, Oax.- Comuneros del barrio de Santa Cruz Tagolaba pidieron que la comisión investigadora indague el
fraude por varios millones de pesos
que presuntamente cometió el dirigente
comunal, Andrés de la Cruz Castillo
contra propietarios de tierras de ese
barrio, que serán afectados por el paso
de las vías de Ferrocarriles del Istmo.
Insatisfechos por la
forma en que se conduce el presidente
de Bienes Comunales, Andrés de la Cruz
Castillo, quien en un principio se dijo
que había recibido 5 millones de pesos
por decreto del derecho de vía, los
comuneros pidieron una investigación
exhaustiva y que Ferrocarriles del Istmo
dé a conocer los acuerdos firmados con
los representantes de Tagolaba.
Francisco Pin Revuelta indicó que en las investigaciones que han realizado
los propios comuneros, han descubierto
que existen tres avalúos para indemnizar
a los comuneros afectados con el paso
del ferrocarril, sin embargo Andrés
de la Cruz Castillo no les ha informado
y ha realizado arreglos al oscurito.
La fuente también entregó
copias de los documentos en los que
revela que Andrés de la Cruz entregó
tres millones de pesos a Amadeo de la
Rosa quien se ostenta como gerente de
la Sociedad de Crédito Rural del barrio
de Santa María Reoloteca, y que el recurso será para los afectados en sus
terrenos ubicados en ese barrio, por
el paso de las vías del tren.
Francisco Pin expresó que todos esos movimientos financieros no se han
dado a conocer en asamblea de la comunidad,
por lo que los campesinos sospechan
que se está cometiendo un fraude millonario
a sus espaldas.
Señaló que ante la
falta de información y una indemnización
clara a los comuneros afectados en sus
tierras, harán una serie de resistencia
hasta en tanto no reciban un pago justo
por parte de Ferrocarriles del Istmo.
El entrevistado agregó
que la comisión de comuneros también
investiga la firma del decreto de adjudicación
del título de concesión para la explotación
de una mina con yacimientos de oro y
otros metales en terrenos de Tagolaba,
y que hasta hoy no han sido expuestos
a la comunidad.
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