CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
17 DE JULIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Convoca
AMLO a resistencia civil
Definirán acciones en el transcurso
de la semana. Pide a Felipe Calderón
pensar en su familia y apoyar el recuento
de todos los votos.
AMLO convoca
a la resistencia civil pacífica
Paz social en juego, advierte.
El sur
necesita inversión: Coparmex
El clima político no ayuda a establecer
proyectos, dice Alberto Núñez.
Crece
preocupación por alza del petróleo
Exige el G-8 que terminen los bombardeos
en Medio Oriente.
AMLO:
México no merece un presidente espurio
Concentración histórica; llama a la
resistencia civil pacífica.
Llama
a la resistencia civil pacífica
La estabilidad de México está en riesgo,
advierte AMLO.
Abrir
paquetes no influye: IFE
El órgano electoral reconoció que estuvo
justificada la apertura durante el
cómputo distrital,
porque en 95 por ciento de los casos
hubo ajustes.
AMLO ordena
resistencia civil sin precisar contra
qué
Encabezó marcha al Zócalo acompañado
de Batres
y Porfirio, entre otros, Ahora acusa
al IFE de “actitud facciosa” No aportó
las pruebas que prometió.
Sacarán
de Líbano a 280 mexicanos
La SRE, en operación multinacional
de evacuación; los llevarán mañana
a Chipre.
Inician
resistencia pacífica
AMLO: millón y medio de votos si sustento
en boletas reales.
Sector agrario
Convocan a indígenas y núcleos agrarios a rechazar
aplicación de Procede y Procecom. (La Jornada de Michoacán, Antonio Aguilera, p.web)
45 organizaciones y 13 ejidos de
10 estados, en el Segundo Encuentro
por la Defensa de la Tierra.
Ambos obedecen a la profundización
de la política neoliberal para el
campo, señalan en
Zirahuen, 16 de
julio.- En esta comunidad, 45 organizaciones
y 13 ejidos y Bienes Comunales procedentes
de los estados de Michoacán, Jalisco,
Nayarit, Durango, Distrito Federal,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco
y Chiapas, reunidos en el Segundo
Encuentro Nacional por la Defensa
de la Tierra y el Territorio, convocaron
a todas las comunidades indígenas
del país y a todos los núcleos agrarios
a rechazar la aplicación del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares (Procede)
y el Programa de Certificación de
Bienes Comunales (Procecom),
toda vez que “ambos obedecen a
la profundización de la política neoliberal
para el campo, pretendiendo la privatización
de la propiedad social indígena y
campesina, así como la destrucción
del tejido comunitario”.
Asimismo, con la representación
de 12 pueblos indígenas (purépecha,
mixteco, zapoteco, mixe, tlapaneco, náhuatl, ñahñu, tzeltal, tzotzil, cho’l, zoque y wirrarika), los líderes comunales y los comisariados
de bienes ejidales advirtieron que
para el próximo sexenio, independientemente
de quién sea el próximo Presidente,
“se profundizará la aplicación de
estos programas privatizadores, ya
que se trata de uno más de los instrumentos
neoliberales para el campo que ha
creado el Banco Mundial, quien es
su autor y financiador, en el marco de una política global de privatización
y despojo de territorios y recursos
naturales, y de explotación y empobrecimiento
del sector rural”.
Reunidos del pasado 14 al 16 de
este mes en este Caracol Zapatista,
los representantes indígenas acordaron
crear una Red Nacional por la Defensa
de la Tierra y el Territorio, y en
contra del Procede/Procecom,
a fin de mantener un intercambio permanente
de experiencias, y una coordinación
y apoyo mutuo en nuestras luchas regionales
y estatales.
Igualmente, los comuneros acordaron
fortalecer la unidad comunitaria a
través de asambleas, bajo una visión
territorial y de autonomía; promover
la construcción de alternativas comunitarias
para el manejo y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, y para
una producción agroecológica
basada en la autosuficiencia local
y la soberanía alimentaria,
fomentando mercados regionales que
rescaten el trueque.
En la declaración política del
encuentro, los representantes subrayaron
su plan inmediato: “generaremos una
intensa campaña de información y difusión,
a niveles local, nacional e internacional,
acerca de lo que significan Procede
y Procecom,
es decir, hablaremos de los engaños,
despojos, problemas de división, confrontación
y discriminación al interior de las
comunidades y ejidos.
“Realizaremos también diversas
movilizaciones en nuestros estados
y regiones, en apoyo a acciones de
carácter jurídico que documentarán
las acciones ilícitas cometidas por
el gobierno en su afán de imponer
el Procede y Procecom”.
Por tal motivo hicieron un llamado
a todos los ejidos, bienes comunales,
organizaciones indígenas y campesinas
del país, a unirse a la lucha por
la defensa de la tierra y el territorio,
lo cual significa, entre otras cosas,
derogar la contrarreforma agraria
de 1992, recuperar el espíritu original
del artículo 27 constitucional
por el cual han muerto muchos miles
de campesinos e indígenas de todo
México y, por ende, nulificar todos
los trabajos relacionados con los
programas Procede y Procecom.
Asimismo, en el Segundo Encuentro
Nacional por la Defensa de la Tierra
y el Territorio, los líderes comunales
se manifestaron por la liberación
de todos los presos políticos y de
conciencia del país, así como por
el desistimiento de las órdenes de
aprehensión derivadas de las luchas
sociales, particularmente los casos
relacionados con San Salvador Atenco,
el magisterio de Oaxaca y varios presos
políticos en Yucatán.
La declaración política fue dedicada
a los ejidos y bienes comunales de
todo el país, a las organizaciones
indígenas y campesinas, a los medios
de comunicación nacionales y del extranjero,
al relator de Naciones Unidas para
los Pueblos Indígenas, al relator
de Pueblos Indios del Comité Internacional
de Derechos Humanos y al Comité del
Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Durante los tres días de trabajo,
los representantes de las comunidades
indígenas analizaron las formas en
que diferentes instancias del Estado
mexicano han venido imponiendo el
Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede)
y el Programa de Certificación de
Bienes Comunales (Procecom), encontrando que ambos obedecen a la profundización
de la política neoliberal para el
campo, pretendiendo la privatización
de la propiedad social indígena y
campesina, así como la destrucción
del tejido comunitario.
Destacaron que en la gran mayoría
de los casos, al aplicar estos programas,
el gobierno mexicano ha incurrido
en actos ilegales, engaños, presiones,
amenazas, represión e incluso asesinatos,
además de condicionar obras, servicios
y otros programas gubernamentales.
Todo lo anterior, subrayaron, significa
la violación de los más elementales
derechos de nuestros pueblos, contemplados
en distintos tratados internacionales
como el Convenio 169 de la OIT, el
Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU, y otros. Igualmente significa
el incumplimiento del Estado mexicano
hacia la Constitución Política, y
diferentes normativas y leyes nacionales
vigentes.
“Hemos visto que en esta estrategia
de imposición ilegal se encuentran
coludidos
los tres niveles de gobierno, federal,
estatal y municipal, a través de sus
distintas instancias como la Procuraduría
Agraria (PA); Tribunal Superior Agrario;
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA);
Registro Agrario Nacional (RAN);
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos y Pesca (Sagarpa); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT);
Comisión Nacional Forestal (Conafor); Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); delegaciones regionales de los gobiernos estatales;
presidencias y agencias municipales
y otras. Asimismo lo hacen los distintos
partidos políticos. Cabe mencionar
que en muchos casos estas autoridades
presionan, corrompen y amenazan a
los órganos de representación ejidal
y comunal, tales como comisariados
y consejos de vigilancia”.
Dijeron que pese a toda esta estrategia
de imposición, enmarcada dentro de
la contrarreforma al artículo 27 constitucional,
encontramos que muchos son los pueblos
que han resistido totalmente a todos
esos embates del Estado y que la mayoría
de los que por diversas razones han
aceptado el Procede/Procecom
no ha llegado hasta la aceptación
de la titulación individual de parcelas
y solares. “Esto muestra que es falso
el discurso triunfalista del gobierno,
basado en cifras que no corresponden
a la realidad, cuando nos dice que
98 por ciento de los ejidos y comunidades
ya han aceptado totalmente dichos
programas”.
Firmaron el documento representantes
de las comunidades indígenas y ejidos
de Zirahuén,
Cherán,
Nurío, Urapicho, Comachuén, Ixtaro, Paracho, San Bartolo Cuitareo y Puruándiro, todos del estado de Michoacán; bienes comunales
de Nicolás Ruiz, Chiapas; comunidades
indígenas de Cuzalapa,
Tuxpan y Santa Catarina, en el estado
de Jalisco.
Unión de Comuneros Emiliano Zapata
(UCEZ-Vive), Colectivo Juvenil Poj-Huandi, Casa del Estudiante Efrén Capiz,
Unión de Comunidades Indígenas de
la Zona Norte del Istmo (UCIZONI),
Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas, Foro para
el Desarrollo Sustentable, Enlace
Comunicación y Capacitación, Comité
de Derechos Humanos Fray
Pedro Lorenzo de la Nada, Kichan Kichañob, Colectivo Utopía
de la Otra Campaña, Colectivo Zapatista
Jetitas, Maderas del Pueblo del Sureste, ARIC Independiente
y Democrática, Centro de Derechos
Indígenas (CEDIAC), Organización Yomlej, Red de Comunicadores Boca de Polen, Radio Ts’umbal Xithalá.
Organización Las Abejas Acteal, Red de Apoyo al Chiapas Rebelde, Comité de Derechos
Humanos Sierra Norte de Veracruz,
Frente Popular del Sur de Veracruz
(Freposev-MAIZ), Unión Campesina Zapatista,
Comité de Defensa Campesina, Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras
a La Parota, Centro de Derechos Humanos
Tlachinollan,
Centro de Apoyo al Movimiento Popular
Oaxaqueño, Organización Independiente
de Pueblos Mixtecos,
Colectivo Puente a la Esperanza Oaxaca.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ de Veracruz y Tabasco), Unión de Comunidades
Indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca,
Xi’nich,
Centro de Derechos Humanos Tepeyac
del Istmo de Tehuantepec, Centro Regional
de Derechos Humanos José María Morelos
y Pavón, Organización Campesina de
la Sierra Madre de Chiapas, Asociación
Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas
(AJAGI), Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo
Regional de Pueblos Indígenas Nahuas
y Popolucas
del Sur de Veracruz, Casa del Estudiante
V.I. Lenin, Organización de Comunidades Indígenas de Tuxpan, Movimiento
de Resistencia Popular del Sureste
(MRPS), Equipo Tierra y Territorio
FLXIII-Chiapas, Asesoría Agraria,
Red Semilla Nueva Sierra Norte de
Puebla, Comité de Organización de
Campesinos y Comuneros de la Sierra
de Oaxaca, Radio Ayuuc de Oaxaca.
San Juan de Guadalupe tiene nuevas autoridades
comunales. (La Jornada, Hugo Becerra,
p.web).
Margarito Jasso Menchaca encabeza la nueva
mesa directiva.
Después de 25 años, la comunidad
de San Juan de Guadalupe tiene una
nueva mesa directiva encabezada por
el comunero Margarito
Jasso Menchaca, que ayer fue elegido en una cerrada votación, como
presidente de la mesa directiva de
la comunidad para los próximos tres
años.
Cerca de las 4:30 de la tarde,
desde el interior del salón comunal
se dio la noticia de que Jasso Menchaca y la planilla azul
habían vencido a la planilla roja
con una votación de 108 contra 103.
Así terminó un periodo de 25 años
en el poder del grupo encabezado por
Anastasio Esquivel
Bravo, Gregorio Bravo Luna y Juan
Fidel Cruz Campos, conocido como el
grupo los juanes,
que ocuparon la mesa directiva
en ocho periodos consecutivos de tres
años y que contaron con el apoyo de
diversos gobiernos priístas.
En entrevista, Jasso Menchaca se pronunció a favor
de hacer un trabajo en conjunto con
todos los comuneros, analizar cuál
es la situación en que se encuentra
la comunidad y decidir entre todos
cuál es el rumbo que seguirán.
“Aquí todos somos comuneros, todos
iguales y debemos trabajar todos en
conjunto”, indicó.
El nuevo presidente de la mesa
directiva es un hombre modesto, dedicado
a la albañilería, que utiliza como
medio de transporte una bicicleta.
Hace algunos meses, cuando ya se planteaba
la posibilidad de ser electo, consideraba
que quizá tendría que dejar la albañilería
para dedicarse de tiempo completo
a la presidencia de la mesa directiva
de la comunidad. Este puesto no es
remunerativo.
Pertenece a una familia que tradicionalmente
ha luchado por los derechos de los
comuneros que conforman una de las
comunidades más pobres de la ciudad
de San Luis Potosí y que además enfrentan
un serio problema de invasiones y
de presión de especuladores de la
tierra.
Ha sido detenido en diferentes
ocasiones por defender los derechos
de su comunidad. En una de esas detenciones,
hace casi 10 años, su padre Pedro
Jasso Bravo
–quien está próximo a cumplir los
100 años de edad– optó por irse caminando
a la ciudad de México, acompañado
de un burro llamado El Chaparro,
para protestar ante el presidente
de la República por la detención y
por las invasiones que sufría la comunidad.
En entrevista el presidente saliente,
Anastasio Esquivel
Jasso, dijo
que ojalá el cambio sea para mejorar,
ya que si no se logran los consensos
necesarios se podría generar otro
problema. Dijo que en su experiencia
los pleitos no dejan nada bueno.
Los representantes legales del
grupo que obtuvo el triunfo, Enrique
González Ruiz y Carlos Covarrubias
Rendón, indicaron que este triunfo
costó casi 10 años de lucha.
Señalaron que de 1982 al 2006 han
ido a prisión por defender su comunidad
cerca de 80 comuneros, entre ellos
Margarito Jasso, Raymundo Huerta,
Juan García Leyva,
Juan Uresti,
José Luis García Granja, Guadalupe
Dávalos, Rafael Uresti,
Víctor Rosales y Noe de la Rosa.
Indicaron que el propio Margarito Jasso está bajo proceso,
acusado de despojo de terrenos comunales.
Reconocieron a los grupos de Francisca
García Bravo, dirigente de La Virgen;
de Juan García Leyva, de Tierra Blanca; y de El Arbol
su esfuerzo para lograr el triunfo
de ayer.
A la asamblea asistió Víctor
López González, representante de las
oficinas centrales de la Procuraduría
Agraria, quien señaló que “el
proceso de elección de órganos de
representación de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos
fue llevado a cabo conforme a los
procedimientos que marca la ley y
el reglamento de la Ley Agraria,
aquí se respetó la voluntad de la
mayoría de los comuneros, incluso
la diferencia fue mínima, fueron cinco
votos, en la cual los dos grupos mantuvieron
el orden”.
Asistieron también Juan Antonio
González Galarza, Jefe de Residencia
de la Delegación estatal de la Procuraduría
Agraria, quien dijo que ahora
el futuro de la comunidad está en
las manos de la asamblea.
Dos notarios, uno por cada uno
de los grupos, levantaron las actas
de la asamblea.
Las autoridades electas son Margarito Jasso Menchaca, presidente; Librado Pérez Almendárez,
secretario; José Luis García Granja,
tesorero.
El Consejo de Vigilancia está integrado
por Rafael Acosta Pitones, como presidente;
Porfirio Jasso Bravo, primer secretario y Víctor Rosales Cuevas.
Indígenas
protegen su tierra; rechazan canjearla
por autos. (Excélsior,
Sergio Fimbres,
p.web).
Automóviles a cambio de terrenos fue el canje que el gobierno
federal promovió entre choles
y tzeltales para lograr su desplazamiento y así se zanjara una
expropiación que, según se publicitó
desde 2005, pone fin a tres décadas
de conflicto agrario.
Esa es la denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al documentar la exclusión que
sufrieron pueblos indígenas chiapanecos
como Flor de Cacao, Ojo de Agua El
Progreso y San Jacinto Lacanjá,
que ni siquiera fueron considerados
en el padrón de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) a la
hora de indemnizar a los pobladores
de la selva lacandona.
Una fracción de los comuneros acordó rechazar la reubicación
forzada, realizada por medio de ofertas
engañosas que ellos testifican en
los asentamientos de Montes Azules,
Viejo Velasco y Ojo de Agua El Progreso.
"No queremos regalos, ni vehículos, ni dinero, ni cervezas;
nuestra lucha es por la tierra y la
defenderemos con nuestra sangre, vivos
no nos van a sacar, solamente muertos
(...) Aquí nos dejaron nuestros abuelos
y aquí moriremos", indica un
comunicado de los pobladores que exigen
negociaciones justas.
Los agricultores indígenas defienden la zona denominada El
Desempeño, ubicada dentro de los bienes
comunales de tres poblaciones que
no se incluyeron dentro del finiquito
de expropiación que el gobierno federal,
a través de la SRA, anunció el pasado
28 de marzo, con una indemnización
de 172.1 millones de pesos.
A salto de mata.
Esos tres pueblos son choles y tzeltales. Acumulan desalojos desde el decreto expropiatorio que en 1972 dictó el entonces presidente Luis
Echeverría.
Esa disposición dio a 66 familias "de los lacandones"
614 mil 321 hectáreas de tierras,
"para justificar el tráfico de
maderas finas y el control de los
recursos naturales", dice el
centro defensor de derechos humanos.
Pero entre esas familias no estaban estas tres comunidades.
Entre 1976 y 1977, el gobierno federal congregó en dos centros
de población a choles
y tzeltales,
asentados en la selva lacandona; los
primeros en Frontera Echeverría, ahora
Corozal y los segundos en Velasco
Suárez, hoy Nueva Palestina.
Por un convenio celebrado en Tuxtla Gutiérrez, el 24 de octubre
de 1984 fueron reubicados en la zona
denominada El Desempeño.
Pero los lacandones y el Gobierno del Estado acusaron a los
reubicados de invadir bienes comunales
y el 28 de abril de 2005 se instaló
una mesa de negociaciones en que aquél
se comprometió a otorgar certeza jurídica
mediante un finiquito agrario.
El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía
anunció en spots televisivos, al principio
de este año, el contenido del Diario
Oficial de la Federación en sus ediciones
de 29 de diciembre anterior y el 22
de febrero de 2006 el beneficio de
25 comunidades, lo que provocó el
desmentido de la comunidad lacandona
mediante bloqueos carreteros en que
exigieron que la SRA libere los recursos
para pagar las hectáreas donde hay
16 poblados irregulares.
Desde entonces, el Centro Fray Bartolomé
documenta las presiones que han recibido
los indígenas que, en vez de indemnización,
sólo tienen el ofrecimiento de automóviles
y maquinaria, a cambio de sus tierras.
Organizaciones campesinas
Baja en presupuesto afecta a productores de granos. (La Jornada, Matilde Pérez
U, p.web)
El presidente Fox prometió reponer dinero al agro.
El congelamiento de 4 mil 800 millones de pesos al presupuesto
destinado para el campo, que se sumó
a una reserva federal por el adeudo
que tiene el Instituto Mexicano del
Seguro Social, afectó a productores
medianos y pequeños de frijol
y maíz, y dejó prácticamente sin apoyos
a los pescadores; de persistir ese
recorte podría afectarse la producción
y comercialización de ambos granos,
asentaron organizaciones del Congreso
Agrario Permanente (CAP).
Los recursos para el sector pesquero y de acuacultura se redujo
a la mitad y el destinado al programa
Alianza para el Campo -considerado
uno de los de mayor importancia para
el agro ya que involucra apoyos para
inversiones, reconversión y de desarrollo
de los sistemas productivos- suma
ya 35 por ciento, si se considera
25 por ciento que se aplicó a éste
el año pasado y que no se recuperó.
Alianza para el Campo -abundaron las organizaciones del CAP-
engloba a los programas de fomento
productivo para maíz y frijol,
fomento agropecuario y al Fideicomiso
de Riesgo Compartido.
Los programas para la mujer del sector agrario, fomento a los
proyectos productivos, vivienda rural
y de adultos mayores también sufren
los efectos de la reducción al presupuesto.
Los dirigentes de las agrupaciones que forman el CAP confían
en que esta semana la Secretaría de
Hacienda detalle la decisión de ajuste
al presupuesto para el campo, y que
el presidente Fox
cumpla con la promesa de reponer ese
dinero al agro.
Prensa Estatal
CAMPECHE
Tras pagar fianza liberan a tres líderes campesinos. (Tribuna de Campeche, p.
web. ).
Tras pagar cada uno una fianza
de 20 mil pesos, obtuvieron su libertad
el asesor campesino William Santos
Sáenz; el comisario ejidal de Hunucmá,
Marcelino Mex Cauich, y el representante de
los ejidatarios de ese Municipio,
Felipe Moo
Borges, detenidos por paralizar las
obras del proyecto Ciudad Caucel.
La liberación de Santos Sáenz y
Mex Cauich fue a las 23:45 horas
del pasado viernes, y por la mañana
fue puesto en libertad Moo
Borges y otras seis personas de las
38 detenidas junto con un menor de
edad y una mujer que golpeó a agentes
de la Secretaría de Protección y Vialidad
(SPV). Los dos últimos, al ser llevados
a los separos,
fueron liberados por falta de elementos.
TRIBUNA informó
el pasado viernes 14 que un grupo
de 200 personas detuvo los trabajos
de construcción de Ciudad Caucel y
elementos policíacos detuvieron a
40 personas, entre ellas al asesor
Santos Sáenz, quien afirmó que violaron
los derechos humanos en el operativo
e incluso él fue esposado como si
fuera un peligroso delincuente, por
lo cual presentarán ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán (Codhey)
denuncias contra la SPV.
Santos Sáenz aseveró que continuarán
su lucha contra el tráfico de tierras
ejidales, pues la Comisión Ordenadora
del Uso del Suelo del Estado de Yucatán
(Cousey)
adquirió en Caucel 880 hectáreas,
pero quiere disponer de mil 300, sin
importarle afectar el patrimonio de
muchas familias.
Gajes del oficio.
Recalcó que no se siente intimidado
por su detención, ya que es consecuencia
de su trabajo de defender a los campesinos,
aunque lamentó la forma arbitraria
y prepotente en que actuó el Gobierno
Estado, que recurrió a la violencia
y a la represión en vez del diálogo.
"Que quede claro que continuaremos
la lucha hasta donde los afectados
de Caucel quieran, advirtió, porque
fue injusto que les hayan fijado fianzas
a pesar de que no hubo delito qué
fincarles".
Por su parte, el abogado de los
38 detenidos, Villevaldo
Pech Moo,
afirmó que la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), por
más que buscó los mecanismos para
fincar responsabilidades a los detenidos
arbitrariamente por los hechos en
Caucel, nunca los encontró.
"Ahora resulta que supuestas
personas agraviadas por la paralización
momentánea de las obras fueron a interponer
denuncias por hechos posiblemente
delictuosos contra Santos Sáenz, porque
la intención es fincarle un proceso
penal inventado", concluyó.
CHIAPAS
Respaldo CIOAC a López Obrador. (Expresso, Roselindo
Jiménez, p.web.
/Información también publicada en
Chiapas Hoy.).
El Secretario General del Comité
Ejecutivo Estatal de la Central Independiente
Obreros Agrícolas y Campesinos CIOAC,
Luis Hernández Cruz, dijo ayer que
los agremiados a esta organización
respaldarán las acciones de lucha
y defensa de las causas justas de
Andrés Manuel López Obrador, quien
ha emprendido una resistencia pacífica
para defender los votos de los mexicanos
que creyeron en su proyecto de nación.
De igual forma el dirigente estatal
ratificó su postura de continuar con
la lucha por la democracia, la justicia,
la libertad, donde seguiremos impulsando
un proyecto de alternativa para el
país, un proyecto de izquierda con
ideales diferentes al proyecto de
la derecha que encabeza Felipe Calderón
Hinojosa.
Por otro lado expresó Luis Hernández,
“como CIOAC estamos preparándonos
para los posibles movimientos que
vienen en defensa de los votos de
la democracia el esfuerzo de los indígenas
y campesinos de este país”.
Así mismo dio a conocer que el
día 28 de julio celebrarán el 40 pleno
estatal de esta organización campesina
y que en este mismo acto, por acuerdo
previo, realizarán un pleno ampliado
participando en éste dos representantes
por comunidad, ejido, barrio, ranchería
y grupos “el cual nos da un total
de mil 500 representantes que participarán”,
acotó.
Subrayó que es tan importante este
pleno que tratarán “precisamente de
construir un acuerdo político con
el candidato a la gubernatura
Juan Sabines
Guerrero, porque en ese día presentaremos
al candidato un documento de propuesta
alternativo para el campo chiapaneco,
de alternancia a los indígenas, a
las mujeres de las etnias, y si Juan
Sabines
está de acuerdo con estas peticiones
ese mismo día se firmará un compromiso
a resolver las diversas demandas y
planteamientos de la CIOAC, y también
nosotros a partir de esta fecha iniciaremos
la campaña nombrando coordinadores
en las 8 regiones y así llegar triunfante
el día 20 de agosto pero reiterando
el respeto a la autonomía de la CIOAC”,
finalizó.
GUERRERO
Se niegan ejidatarios
de Xocomanatlán,
en Chilpancingo, a que se reforeste
el parque Omiltemi. (El Sur, Ezequiel Flores, p.web).
Ejidatarios de Xocomanatlán,
municipio de Chilpancingo se enfrentaron
verbalmente con un agente del Ministerio
Público federal y 15 policías de la
Agencia Federal de Investigaciones
(AFI), este sábado en las inmediaciones
del parque Omiltemi porque los campesinos impidieron que la directora
del Centro Infantil Ciencia y Cultural
(Circyc),
Ángela Memije
Alarcón y un grupo de 200 niños, jóvenes
y padres de familia efectuaran actividades
de reforestación.
Los ejidatarios acusaron a la funcionaria estatal de
asumir una actitud ambientalista como
una estrategia para que el Gobierno
del Estado asuma el control de este
bosque, fuente importante de abastecimiento
de agua para esta capital y calificada
como una zona de conflicto por las
acciones ligadas al narcotráfico,
tala inmoderada y aprovechamiento
de recursos naturales.
“Ángela Memije sin pedir permiso
a la asamblea ha incursionado al bosque
para sembrar árboles con cientos de
niños y familias que vienen de Chilpancingo
en varias ocasiones; sin embargo,
a nosotros nos miente al decir que
sólo viene a un recorrido por la sierra
para pasar un día de campo”, expresaron
los ejidatarios consultados este domingo
y que pidieron omitir sus nombres.
Afirmaron que otro de los propósitos de Memije Alarcón es proteger las acciones que han realizado
ex alcaldes y políticos ligados al
PRI, como el ex acalde de Chilpancingo,
José Luis Peralta Lobato, quien se
conectó a la red Omiltemi
para instalar una embotelladora de
agua en esta capital, llamada Agua
La Sierrita.
La mañana del sábado, aproximadamente 200 personas, en
su mayoría niños y padres de familia
respondieron a la invitación que hizo
la directora del Circyc,
días antes en diversas entrevistas
y spots que transmitió la radio, para
dirigirse al parque Omiltemi y sembrar árboles bajo el lema Al rescate del parque
ecológico Omiltemi.
Escoltados por un grupo de 15 policías de la AFI y un
agente del MP federal el contingente
se dirigió al bosque a bordo de dos
autobuses y varias camionetas, las
cuáles fueron detenidas por 35 ejidatarios
de Xocomanatlán
a la altura del punto denominado El
paso del Borrego, refirieron los campesinos
inconformes.
Luego señalaron que molestos exhibieron la copia de un
amparo federal que indica que el entorno
no puede ser modificado hasta que
se resuelva un conflicto ejidal generado
por la disputa del bosque y los recursos
naturales desde hace más de 20 años.
En ese momento se suscitó una fuerte discusión entre
los ejidatarios y Memije
Alarcón, quienes le reprocharon su
actitud y enseguida intervinieron
los agentes de la AFI que portaban
armas largas y el agente del MPF,
quien no se identificó y exigía que
permitieran la siembra de los árboles.
El incidente no pasó a mayores debido a que la directora
del Circyc
acordó no llevar a cabo la plantación
y la actividad de reforestación se
convirtió en un día de campo y sólo
recorrieron la fuente que surte a
la capital del estado del agua, abastecida
por las vertientes de Agua Fría, La
Perra y El Potrerillo.
Los ejidatarios criticaron a la directora del Circyc por confundir a la ciudadanía y usarla como escudo
para tratar de tener el control del
bosque realizando campañas de reforestación
en una zona sumergida en diferentes
conflictos de tipo social provocados
por el presunto trasiego de enervantes,
la tala inmoderada y el aprovechamiento
del agua de un grupo de políticos
priístas, afirmaron.
SAN LUIS POTOSÍ
Pronatura pagará a ejidatarios para
proteger al perrito llanero. (La Jornada,
Angélica Enciso, p.web).
Impulsa contratos de servidumbre ecológica
o compra de derechos de pastoreo.
Labores agrícolas y ganaderas lo ponen
en riesgo de extinción, advierte.
Durante los últimos tres años se han perdido 30 por ciento
de las colonias de perrito llanero,
especie de roedor que vive sólo en
México y está en riesgo de extinción.
Esta especie se encuentra distribuida
en apenas mil kilómetros cuadrados,
entre los límites de San Luis Potosí,
Nuevo León y Coahuila. Esta población
se ha visto diezmada por las enfermedades
y por envenenamiento, pero la principal
causa de mortandad es la pérdida del
hábitat, ocasionada por las actividades
de agricultura y ganadería.
Este mamífero está considerado como especie ecológicamente
clave, ya que al establecerse en colonias
de miles o millones de individuos
causa efectos profundos que modifican
el paisaje, incrementan la heterogeneidad
ambiental e inciden en la diversidad
biológica.
Para la recuperación de esta especie, Pronatura
Noreste firmó convenios de conservación
con los ejidos Trinidad, del municipio
Galeana, en Nuevo León, que destinará
780 hectáreas para su protección,
y San José del Alamito, del municipio
de Saltillo, en Coahuila, el cual
destinará 800 hectáreas.
Estos ejidos están localizados en una región de pastizales
que aún cuenta con perrito llanero
mexicano. En la Trinidad serán 3 mil
las hectáreas destinadas a la protección
del mamífero, ya que también están
considerados los ejidos Venustiano
Carranza, 6 de enero y las Vegas,
además de ranchos privados.
Para la protección del roedor, Pronatura
impulsa la servidumbre ecológica,
que en este caso consiste en la compra
de derechos de pastoreo y con la que
se garantiza a los ejidatarios un
incentivo económico durante 15 años
por el hecho de destinar las tierras
a la conservación.
La organización explicó que además del incentivo económico
se financiará la adquisición de semilla
para sembrar las tierras que están
fuera de la zona protegida. Otras
especies bajo protección especial
que también están en La Trinidad son
el águila real, el aguililla real,
el tecolote llanero, la zorra
norteña y el gorrión de Worthen.
En tanto, el ejido San José del Alamito difícilmente tiene
acceso a los programas de desarrollo
rural de Coahuila, debido a que parte
de su terreno se encuentra en Nuevo
León, aunque el núcleo agrario está
en Coahuila. Se encuentra en el Llano
de la Soledad, área natural protegida
que tiene la colonia de perritos llaneros
más extensa de América del Norte,
de alrededor de 15 mil hectáreas.
Se trata de un ecosistema de alto valor y seriamente amenazado,
ya que 80 por ciento del suelo está
desnudo a consecuencia del sobrepastoreo y la agricultura, pero aún cuenta con alta riqueza
biológica. Este es el tercer contrato
de conservación de Pronatura Noreste en el Llano de la Soledad; antes se firmaron
servidumbres ecológicas con el ejido
La Carbonera, que tiene 3 mil 200
hectáreas para la conservación, y
con el rancho Los Arrieros, donde
se conservan 3 mil 800 hectáreas.
Con la servidumbre se prevé establecer corredores naturales
de vegetación primaria para la fauna,
salvaguardar la diversidad de las
especies biológicas y tener un campo
propicio para la investigación genética.
En este lugar, además de la colonia
de perritos llaneros hay especies
de flora y fauna, es sitio de invernación
de aves playeras como el chorlito
llanero y el zarapito pico largo.
A pesar del papel clave que tienen los perros llaneros en los
pastizales, han sido víctimas de campañas
de exterminio. Al inicio del siglo
XX ocupaban de 40 a 100 millones de
hectáreas de los pastizales de América
del Norte, pero como se les consideraba
competidores del ganado por el pasto,
comenzó una campaña de erradicación
que llevó a que en los años 60 ocuparan
tan sólo 2 por ciento de su hábitat
original.
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