CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
28 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Contamina Tula a DF
Demanda Edomex al corredor industrial hidalguense por polución. Aseguran
que 70% de contaminantes en el Valle de México
provienen de Hidalgo.
Tragedia confronta a Coahuila y Federación
Mineros se rebelan contra líder sindical;
asumen dirigencia. Engañaron a familiares de
los obreros, dice el gobernador. El secretario
de Trabajo rechaza haber ocultado datos.
Superan remesas a salarios en cinco estados
Suman más los envíos que los ingresos
de los trabajadores locales.
Signos de fortaleza en la economía: Sojo
Buen síntoma, que extranjeros tomen
papel a 20 años en pesos. “Reformas, única vía
conocida en el mundo para elevar el crecimiento”.
Repunta la participación de las Afore en la
BMV: Prieto Treviño.
Engulló el fisco ventas históricas de Pemex
La empresa obtuvo 86 mil mdd en 2005. Las utilidades de la paraestatal superaron a
las de Exxon, Shell
y Chevron-Texaco. Los pagos que realizó
a Hacienda equivalen a 61 por ciento de sus
ingresos.
Moreira: pedían que no ayudara
Escala el conflicto
entre los gobiernos federal
y de Coahuila. Grupo México y la Secretaría
de Trabajo exigían que retirara comida y baños
a las familias de los 65 mineros, sostiene el
gobernador.
GDF se lava las manos en caso de Alberto Saltiel
Operaban en el DF empresas fantasma
del hermano de la titular de Desarrollo Económico
pero para Encinas es asunto de particulares,
por eso no investigará.
Piden gobernadores a Bush reforzar
la frontera con México
Llaman a frenar
incesante flujo de inmigrantes. Definirá Washington
postura en marzo: Derbez. Buscarán librar impuesto a remesas en Arizona.
Cárcel para responsables: Salazar
Inició investigación
para determinas las causas de la tragedia, anuncia
que si es necesario se cerrará la mina. Acusa
Moreira al Gobierno federal y a Minera México de ocultar información sobre
muertes.
Engañan a judiciales… los acarrean para AMLO
Afirman haber
sido engañados para participar en un operativo,
pero les pidieron ir sin arma ni identificación.
“Lamentamos que se burlen de nosotros, pero
sobre todo el doble discurso de Encinas”, dijo
jefe policiaco.
Sector agrario
Plantón de campesinos en la Procuraduría Agraria. (Diario del Istmo, Carlos Delgado, p.web)
Campesinos posesionarios del ejido
Ocozotepec, municipio
de Soteapan, desde
la tarde de este lunes realizan un plantón pacífico
en las oficinas de la Procuraduría Agraria
(PA) en protesta porque los trabajos del
Procede los excluyó del reparto de tierras.
Acayucan, Ver.
27 de Febrero del 2006
Encabezados por el luchador social Ramiro Guillén Tapia, dirigente
del organismo no gubernamental Comité Regional
Pro Defensa de los Derechos Humanos (CRPDH),
los 42 soteapeños
señalaron que las tierras que ellos ocupaban
se las están dando a gente que ni siquiera es
de Ocozotepec, con
la complicidad del presidente del comisariado
ejidal.
Los campesinos manifestantes decidieron plantarse en protesta
porque en la residencia de la Procuraduría
Agraria (PA), en la visita que realizaron
el miércoles de la semana pasada con la misma
intención, les prometieron que este lunes dialogaría
aquí con ellos el delegado de la PA en la entidad,
contador Fernando Santamaría Prieto, en embargo,
el referido funcionario no llegó bajo el argumento
de que su señora madre está delicada de salud.
En aquella ocasión fue el visitador agrario de la residencia
local de la PA de Acayucan, Félix Tépox
Cruz, el que se comprometió a que les concertaría
una cita con Santamaría Prieto y ayer fue el
mismo funcionario el que se ofreció a llevar
en una camioneta oficial al representante de
los campesinos inconformes a entrevistarse en
la ciudad de Jalapa con el delegado estatal
de la Procuraduría Agraria.
Mientras el profesor Ramiro Guillén Tapia se trasladó a la
ciudad de Jalapa para entrevistarse con el contador
Fernando Santamaría Prieto, los 42 campesinos
soteapeños permanecieron
apostados en las oficinas de la PA, en lo que
ellos llaman una toma simbólica, hasta que regrese
su representante y les informe a qué acuerdos
llegó con el máximo funcionario de la Procuraduría
Agraria en la entidad respecto a la inconformidad
por la aplicación del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos (Procede).
Eligen nuevo órgano
ejidal en Amuco de
la Reforma. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Cd. Altamirano, Gro. El residente
de la Procuraduría Agraria (PA), Jesús González
García, acudió a la asamblea ejidal que
se realizó en Amuco
de la Reforma, del municipio de Coyuca
de Catalán, en donde se llevó a cabo el cambio
del órgano ejidal.
En el padrón que se tiene de dicho ejido, se contempla que
está integrado por 344 socios, pero solamente
asistieron un poco más de 150 y la asamblea
fue válida debido a que fue por segunda convocatoria.
El objetivo de la misma fue cambiar la mesa directiva que venía
presidiendo Floriberto
Vivas Segura y para tal evento se registraron
dos planillas, una de representada por Francisco
Mendoza Pérez, con el color verde y que obtuvo
29 votos, y la otra la planilla roja encabezada
por Jaime Maganda
López que tuvo 132 votos y más dos votos nulos,
y de esa manera ser la planilla triunfadora
que estará al frente del ejido por espacio de
3 años.
Previamente a dicha reunión, acudió Fernando Jaimes Ferrel, delegado federal
de la PA, quien hizo entrega de certificados
agrarios y les habló también de las posibilidades
de solución en el asunto con San Juan de la
Cruz.
El caso de Amuco de la Reforma y
San Juan de la Cruz ya fue tratado con anterioridad,
pero de manera colateral se espera que la Secretaría
de la Reforma Agraria libere algunos recursos
que de manera conveniente serán aplicados para
la construcción de la Casa Ejidal, ya que las
asambleas de ejidatarios se realizan en el zócalo
de la población.
Precisa autoría de información sobre porcicultura. (La Jornada, Correo Ilustrado,
p.web).
Señora directora: El 27 de febrero apareció en la página 47 de este diario una
nota de José Galán intitulada "Daños colaterales
de la porcicultura en aire, agua y suelo, revela
estudio". Se trata de un artículo que publiqué
en el número 21 de Estudios
Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria,
cuyo objetivo era destacar los obstáculos
a los que se enfrenta la producción de cerdos
en México, cuando tiene que cumplir con una
norma que no está diseñada para esa actividad.
En la página 141 del artículo se concluye que
la aplicación de esa norma a la porcicultura
es injusta, regresiva e inequitativa,
y que el cobro de derechos por incumplimiento
de la misma es arbitrario. Por último, quisiera
aclarar que ese artículo no lo escribió Isabel
Patiño Pascumal, sino la suscrita.
Rosario Pérez Espejo, del Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM
Los caciques andan sueltos. (La Jornada, Magdalena Gómez, p.web)
Uno de los saldos del mal llamado gobierno del cambio es el
fortalecimiento de los cacicazgos regionales.
Los gobernadores priístas han acentuado su autoritarismo
ante la ausencia del freno que les significó
el presidencialismo setentón de su partido.
Nuestra desgracia es que en el foxismo se tiró al niño con todo y el agua sucia, pues queriendo
desterrar el presidencialismo en realidad se
anuló la figura presidencial. Ni lo uno ni lo
otro, así que en cierta forma regresamos a la
etapa previa al surgimiento del Partido Revolucionario
Institucional. Las fuerzas regionales, sus caciques
gobernadores, señores absolutos y cabeza de
los tres poderes, han actuado a sus anchas,
sin contrapeso alguno.
Hoy por hoy nos están ofreciendo evidencias de sus andanzas
criminales y violatorias a las más elementales
reglas constitucionales y de derechos humanos.
Ni qué decir del gobernador precioso
y sus contubernios poblanos contra la periodista
Lydia Cacho y también
contra Martín Barrios. Ahí están las evidencias
y no debería sorprender la reacción que tenga
la Suprema Corte de Justicia, la cual no tenía
por qué esperar a que le solicitaran su intervención
ante las evidencias escandalosas de la confabulación
y sometimiento de la ley para aplicarla a modo
de los intereses y preferencias definidos por
"el señor gobernador", si se me permite
el recuerdo de Miguel Ángel Asturias con su
genial obra El señor presidente.
Pero no sólo en Puebla se cuecen habas; también en otros lugares
de Oaxaca se están esmerando en la desviación
de poder en contra de autoridades comunitarias.
Lamentablemente aún opera una suerte de "zona
de tolerancia" para las noticias que tienen
escenario indígena.
La madrugada del 20 de febrero, 60 elementos de la policía
ministerial de Oaxaca llegaron a la comunidad
de San Juan Bosco
Chuxnabán abriendo
fuego contra toda la población para "detener"
a Lorenzo Canseco
Hernandez, Pioquinto Vásquez Martínez y Anastacio
Morales Vásquez, y dejaron tirado y abandonado
en los límites de Chuxnabán a Filomeno Flores Sánchez, quien apareció un día
después esposado en el monte.
Si uno se pregunta el porqué de un operativo así para
intimidar no sólo a esa comunidad, sino a toda
la región, se requiere recordar que en la zona
de Quetzaltepec se
presentaron numerosos conflictos con los caciques
apoyados por diputados priístas y el gobierno
del estado; a raíz de ello las autoridades comunales
expulsaron a quienes violentaban la autonomía
que practican en los hechos. No es ajena al
conflicto la manipulación oficial de los recursos
destinados a los municipios que, antes que palancas
para el desarrollo, se han convertido en la
manzana de la discordia.
Lamentablemente en Oaxaca no hay condiciones para esperar justicia:
primero los acusaron de violación tumultuaria,
y luego han pretendido configurar otros delitos
aduciendo que en realidad fueron emboscados
por los comuneros y que sólo repelieron la agresión.
¿Quién garantiza una investigación seria? ¿Dónde está la famosa
ley oaxaqueña de derechos indígenas que hizo
tantas declaraciones de autonomía? ¿A quién
rinde cuentas el gobernador Ulises Ruiz? Y de
nuevo el Poder Judicial en manos locales. ¿Dónde
está la vigilancia del consejo de la judicatura?
Las autoridades de Chuxnabán
han declarado: "Negamos rotunda y categóricamente
que nuestros compañeros ahora detenidos hayan
cometido delito alguno... En todo caso, su único
delito fue haber servido y estar al servicio
de nuestra comunidad cumpliendo y haciendo cumplir
las normas y mandatos que nos han enseñado nuestros
antepasados y que para nosotros son ley suprema".
Sus abogados de Servicios del Pueblo Mixe
preparan la defensa, pero no se duermen en sus
laureles y difunden la denuncia comunitaria
sobre la operación política que está detrás,
en la cual las autoridades señalan con nombres
y apellidos a los autores intelectuales de estas
agresiones, porque los materiales fueron las
autoridades constituidas: la policía ministerial
a su servicio. ¿Algo puede ser más escandaloso?
Por otra parte, también estos días San Juan Lajarcia en Yautepec, Oaxaca, concitó
la unión de comuneros de cuatro municipios para
detener al costo que sea la ejecución de una
resolución del Tribunal Unitario Agrario
que los privaría de 4 mil 650 hectáreas que
han poseído desde tiempo inmemorial y que serían
adjudicadas a San Bartolo
Yautepec.
La resolución fue publicada el 31 de diciembre de 2004 y declaró
"resuelto el conflicto de límites".
Un caso más, aparentemente "agrario",
con trasfondo político, en el que la aplicación
del derecho requiere de un clima de gobernabilidad
y búsqueda de consensos previos a la formalización
de una resolución, pues de otra manera únicamente
se está detonando la violencia y las que ponen
los muertos son las comunidades. ¿Será que de
eso se trata?.
Choque entre ejidatarios de Tetela
del Monte. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor. En medio de empujones
y gritos, ejidatarios de Tetela
del Monte que se disputan las más de 200 hectáreas
de bosque, se encararon y se acusaron mutuamente
en las afueras del Tribunal Unitario Agrario;
la secretaria del Medio Ambiente se deslindo
del caso.
En las afueras del TUA, la gente que encabeza Leoba Morales y Carmen Lucila González, se empujaron e increparon,
además, acusaron a la magistrada
agraria Ramona Garybay,
de favorecer a otros grupos.
En medio de gritos y consignas de “mentirosa, mentirosa”, y
de “te quieres aferrar al poder cuando ya no
lo tienes”, Carmen Lucila González García, vocera
de los ejidatarios, hizo un recuento del caso
Tétela, en donde destaca que el grupo contrario
pretende parcelar las tierras para venderlas;
ella fue encarcelada por la misma situación
en el 2004.
Detalló que acudieron a solicitar copias certificadas del expediente
29-2005, “del cual se nos había negado el acceso,
a los verdaderos dueños de la tierra, actuando
la magistrada, de
manera parcial, como juez y parte”.
González García justificó la legalidad del parque -que ayer
domingo cumplió su aniversario, pero por la
amenaza de un enfrentamiento se canceló su evento-,
y lamentó que las autoridades “no hagan caso
a las advertencias; ellos mismos han dejado
crecer el conflicto”, acusó además al grupo
contrario de querer generar mayor confusión
en el ejido y favorecerse con ello.
Luego de haber dialogado con los medios de comunicación, los
ejidatarios de ambos grupos se apercibieron
en la entrada de la dependencia agraria.
Ante ello, personal del Tribunal Unitario intento
-sin éxito- poner orden, y al ver que no hubo
respuesta a su llamado, regresaron a las instalaciones.
Leoba Morales, explicó que la magistrada dictó una medida precautoria, “por que Lucila Gózales
nos quiere despojar de las tierras de uso común
para hacer un parque”, cosa a la que no nos
oponemos, siempre y cuado sea en su tierra.
Además, mostró un documento en donde Rupetino
González García, presidente del comisariado
ejidal, le notifica a la Semarnat
de la devastación de más de 140 hectáreas de
bosque. “supuestamente plagadas”.
Pidió que se respete la medida cautelar otorgada por el Tribunal
Unitario Agrario, en la cual se pide que el
bosque no se toque hasta que no se dirima el
juicio promovido por los “verdaderos ejidatarios”.
Por su parte, el delegado en Morelos de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Arturo Gómez Mancilla, se deslindó del conflicto
ejidal, y afirmó que la disputa de los predios
por parte de los bandos “es un asunto que no
es de su competencia”, pero aceptó que la dependencia
autorizó la explotación de recursos forestales
“porque se encontró un foco de infestación en
los árboles”, permiso que se le entregó a Lucila
Ochoa, que fungía entonces como representante
de la comunidad.
Sin embargo, ante el conflicto que ha crecido en esa comunidad,
dijo que “es evidentemente agrario, por esa
razón la Semarnat ni siquiera puede hacer un pronunciamiento, dado
que no es la instancia adecuada porque no tenemos
conocimiento de los hechos”.
La gente que acompañaba a Carmen Lucila, salió rumbo a la procuraduría
a levantar una denuncia penal, mientras que
el grupo contrario, se quedo en el Tribunal
Unitario.
Nuevo ultimátum de Moyotepec
para que El Capulín desaloje las tierras en
conflicto. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
El llamado va también para
La Sabana, indica el presidente de los bienes
comunales, Natalio
Solano. Se molestan porque la Profepa
sancionó a 12 campesinos acusados de deforestar
6 hectáreas
Chilpancingo.
Debido a que la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa),
determinó sancionar con 312 mil pesos a 12 campesinos
de Moyotepec que deforestaron
seis de las 456 hectáreas que se disputan con
sus vecinos de El Capulín; en su asamblea del
sábado pasado, aquéllos dieron 72 horas a estos
campesinos y a los de La Sabana –que pertenecen
a Tlacoapa– para que
desalojen sus comunidades de manera pacífica
porque de no ser así “los vamos a sacar a chingadazos”.
Asimismo insistieron al gobierno
del estado y a la delegación estatal de la Procuraduría
General de la República (PGR), que retiren a
los policías que enviaron a la zona de conflicto,
porque además de que éstos no han hecho nada
por evitar que se tense el conflicto, pueden
ocasionar una masacre, cuando intenten recuperar
las tierras que aseguran les pertenecen.
Los presuntos talamontes son: Mario Acho Anastasio, Facundo Acho Anastasio,
Hermenegildo Chávez Flores, Abel Chávez Flores,
Eulogio Guzmán Flores, Teodoro Chávez Flores,
Crecenciano Ángeles
Vivario, Romualdo
Ángeles Flores, Constantino Ángeles Flores,
Felipe Maldonado Navarrete, Valentín Ángeles
Flores, y Eusencio Anastasio Ramos.
En conferencia de prensa, el presidente
de los Bienes Comunales de Ocoapa
–a donde pertenece Moyotepec–
Natalio Solano González,
informó que ese emplazamiento fue acordado por
sus representados, “porque ya no estamos dispuestos
a que nos estén fabricando delitos, en lo que
resuelve el Tribunal Colegiado el recurso de
revisión del Tribunal Superior Agrario
y en lo que buscan una supuesta salida política,
¿qué más tiene que pasar?, ¿qué más tenemos
que padecer?”.
Según Solano la noche del viernes
24 “cientos de campesinos del núcleo comunal
de Ocoapa, de La Lucerna,
Moyotepec, San Juan
de las Nieves estuvieron a punto de desalojar
La Sabana, Rancho los Candelarios y El Capulín,
del núcleo comunal de Tlacoapa,
para contrarrestar la actitud de intimidación
que está ejerciendo en contra de nosotros”.
Acompañado de autoridades agrarias
de tres anexos de Ocoapa,
contó que “el problema surgió cuando ese mismo
viernes por la mañana los 12 campesinos fueron
notificados por la Profepa
de que eran perseguidos en base a una denuncia
que presentó Tlacoapa
en el 2004 por la tala de árboles”.
Abundó que por la noche “extrañamente,
militares pretendieron catear las casas en Moyotepec,
sitiaron la comunidad y policías del programa
México Seguro, montaron retén en el crucero
de la Lucerna, preguntaron por los de Ocoapa,
Moyotepec queriendo
someternos a una política de intimidación”.
Mencionó que “ese mismo día también
se enteraron (los campesinos) de otra denuncia
que nos hacen ante el presidente de la República,
Vicente Fox y la PGR,
por delitos contra la salud, portación
de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano,
contrabando de armas y pues eso es totalmente
falso”.
Indicó que para ellos los “más
grave y doloroso fue que en la denuncia (de
la Profepa) aparecen
nombres de la misma gente de Moyotepec;
es decir nos acusamos nosotros mismos, y eso
es ilógico, por eso muchos campesinos están
molestos y sabiendo que el único adversario
son los de Tlacoapa, querían actuar. Pues nos damos cuenta que está muy
delicada la denuncia”.
Expuso que “la Profepa le fija una sanción de 26 mil pesos a cada uno de
los 12 campesinos, pero ellos nunca hicieron
nada, incluso tenemos actas de asamblea en donde
el presidente del Consejo de Vigilancia de Ocoapa, Eustaquio Cantú González está exhortando a los comuneros
a que evitemos seguir acabando con nuestras
áreas verdes, es lo que más nos ha ocupado”,
indicó.
Destacó que “ahora resulta que
Tlacoapa nos denuncia, la Profepa,
persigue esto de oficio y procede a sancionar
a los campesinos sin haber realizado las investigaciones
pertinentes, para comprobar si son responsables
o no”.
Dijo que “en cambio en el 2004
detuvimos al ex comisariado
de los Bienes Comunales de Tlacoapa,
Germán Galeana Marcos, en flagrancia con cuatro
motosierras, talando, acabando con ocotes
de 50 y 80 años de vida; lo capturamos, se pone
a disposición del Ejército mexicano, y más tardó
en ser detenido que en ser liberado”.
Respecto al conflicto agrario dijo
que “si bien es cierto que la Reforma Agraria
argumenta que hay un recurso de revisión que
interpuso el Tribunal Superior Agrario en base
al amparo promovido por Tlacoapa
ante el juez federal y nos dicen que hay que
darle una tolerancia, nosotros preguntamos:
¿cuánto tiempo va a tardar el Tribunal Colegiado
para resolver esto?”.
“Y mientras dure la revisión, cuántas
fabricaciones de delito nos van a crear en complicidad
con Evencio Romero –asesor legal de los comuneros de Tlacoapa y dirigente de la CNC no oficial–; él ha confundido
y ha engañado vilmente a los pobres campesinos
de Tlacoapa”, aseguró.
Solano insistió que “la provocación
de tantas fabricaciones de delitos, ocasionó
que en la asamblea de Ocoapa que se llevó acabo en la comunidad de la Lucerna, se
decidiera finalmente decir: ‘les vamos a dar
un ultimátum’; no tiene sentido, aquí les hemos
propuesto líneas de conciliación, pero no han
querido aceptar nada, ¿qué es lo que quieren?
Aseguró que “de que nos sigan fabricando
delitos, pues mejor acordamos sacarlos; una
piedra en el calzado te impide caminar, hemos
acordado darles 72 horas a Tlacoapa
que empiezan a correr mañana (este martes),
para que desaloje a La Sabana, El Capulín y
Rancho los Candelarios”.
Y advirtió que si la policía del
estado no se retira, ni el Ejército, ni la AFI,
ni la policía ministerial, “pues lo sentimos
mucho”; después apuntó que “no queremos un enfrentamiento
con cuerpos policiacos,
si va a haber un enfrentamiento lo queremos
con Tlacoapa”.
Señaló que si el viernes “no se
llevó a cabo el desalojo, fue porque yo pedí
de rodillas a la gente, e hice hincapié diciendo
que era injusto actuar por actuar, que se necesitaba
conocer a fondo y al conocer todo pues decidimos
pedir que se quiten de manera pacífica o los
retiramos a chingadazos,
ese es el acuerdo de la asamblea”.
Solano justificó que decidieron
tomar esa decisión, porque “si los campesinos
(de Ocoapa) no pagan
la multa están condenados a que la Profepa
turne el expediente ante la PGR y posiblemente
el Ejercito Mexicano o la PGR quieran detenerlos,
esa es nuestra preocupación, simplemente por
las babosadas del delegado de la Profepa,
Eloy Arroz (Jiménez), porque sin haber ordenado
las investigaciones pertinentes procede ya ha
multarlos cuando no son los responsables”.
“A nosotros nos robaron la cosecha,
le dijimos al gobierno del estado y a la Reforma
Agraria que obligaran a Tlacoapa
a que la regresen por la buena, que la vaya
a dejar a las parcelas así como se lo llevaron
de las parcelas, no a nuestras casas, sino las
parcelas y por la buena, pero no han respondido”,
resaltó.
Indicó que “todo esto ha abonado
a que los campesinos digan: por qué vamos a
hacer rehén de un conflicto en donde hemos mostrado
nuestra voluntad de resolver, cuando ellos (sus
vecinos de Tlacoapa)
son los que se han retirado de la mesa de negociación;
cuando la SRA tuvo la oportunidad de ejecutar
y no ejecutó y nos metió a esta dinámica; pues
bueno no tenemos porque pedir más mesas de negociaciones,
nosotros damos el ultimátum”.
Entregará RAN más de 6 mil títulos de propiedad. (Meridiano de Nayarit, p.web).
* Los núcleos agrarios,
dijo Carlos Carrillo, recibirán en corto plazo
la documentación que les da certidumbre jurídica
a las familias que habitan en estos lugares.
Tepic.- El Registro Agrario Nacional
(RAN), entregará certificados parcelarios
y títulos de propiedad en comunidades agrarias,
ya que después de regularizar sus bienes, los
nayaritas que viven en este tipo de tierra deben contar con
una documento que les acredite ser propietarios
legítimos para terminar con la posesión que
únicamente tenían cuando les fue asignada una
parcela en los ejidos y comunidades indígenas.
Así lo dio a conocer el titular de
la dependencia federal, Carlos Carrillo Santana,
ya que estos documentos se generan con la participación
de diversas autoridades agrarias, como la Procuraduría
Agraria, la Reforma Agraria, el INEGI y
el gobierno del estado, quienes participan de
manera activa como integrantes del Comité Operativo
del PROCEDE, el cual fue muy exitoso
en el 2005 porque se pudo regularizar más de
400 mil hectáreas en la entidad.
Indicó el funcionario federal que derivado
de estos trabajos efectuados hasta diciembre
del 2005, ya se tienen elaborados seis mil,
702 documentos listos para ser entregados a
los beneficiarios, entre ellos se cuenta con
3 mil 130 certificados parcelarios, tres mil
046 certificados de tierras de uso común y 526
títulos de solares, pertenecientes a las comunidades
de Miguel Hidalgo, Campo Los Limones y Palmar
de Cuautla, en el
municipio de Santiago Ixcuintla.
Añadió que al tener los ejidatarios,
posesionarios o avecindados,
esta documentación, para ellos representa la
tranquilidad de tener sus bienes debidamente
regularizados porque solo así podrán sentirse
como verdaderos dueños de la tierra en la que
viven, ya que de lo contrario solo la tenía
como si fuera prestada y en cualquier momento
se la podía quitar, pero "al recibir su
documento de propiedad, la familia completa
puede estar segura que nadie le desplazará de
donde vive, porque estos documentos les dan
seguridad jurídica".
Carrillo Santana informó que la dependencia
a su cargo se está preparando para entregar
la documentación respectiva en La Guásima y
Sayulilla, del municipio
de Acaponeta; Ixtlán
del Río, del municipio de Compostela; San Andrés
Milpillas y Quiviquinta,
de Huajicori; la comunidad indígena de San Jerónimo, Jomulco, en Jala; Santa Rosa, San Juan Peyotán
y Novillero, de El Nayar.
Así como las comunidades de La Providencia,
en Rosamorada; El
Cora y Huaynamota,
de San Blas; Mojarritas, de Santa María del
Oro; Paso Hondo, de Tecuala,
así como Pochotitán, de Tepic.
Estos núcleos agrarios, dijo Carlos
Carrillo, recibirán la documentación que les
da certidumbre jurídica a las familias que habitan
en estos lugares, por lo que será en corto plazo
"cuando demos a conocer la fecha de entrega
de estos documentos a los beneficiarios, con
lo cual podrán conseguir créditos o ser socios
de empresas que les guste invertir en proyectos
productivos, tanto agropecuarios, como pesqueros
y de cualquier rama de producción".
Prensa Estatal
CHIHUAHUA
Acusan a la Sedue de
hostigar a posesionarios
de parque nacional. (La Jornada, Miroslava Breach, p.web).
Denunció a 3 guardabosques en Chihuahua: El
Barzón.
Chihuahua, Chih., 27 de febrero.
Posesionarios del parque nacional Cumbres de Majalca dijeron ser víctimas de una campaña de hostigamiento
auspiciada por el secretario de Desarrollo Urbano
y Ecología estatal (Sedue),
Víctor Valencia de los Santos, quien interpuso
una denuncia para que tres vecinos de la reserva,
empleados de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat),
sean sujetos a proceso administrativo por presunto
daño ambiental.
El conflicto entre los posesionarios
originales y el consejo de colonos que administra
la reserva federal surgió hace años, cuando
familias adineradas de la capital de Chihuahua
empezaron a construir casas de descanso en la
zona boscosa de 4 mil hectáreas que conforma
el parque nacional, e intentaron expulsar a
los campesinos avecindados en esa zona desde
hace varias generaciones.
En conferencia de prensa, Luz Estela Castro y Gabino Gómez,
dirigentes de El Barzón, informaron que el titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(Sedue) estatal hostiga
a familias posesionarias
de pequeñas parcelas y corrales de ganado en
Cumbres de Majalca
y que demandó ante la Semarnat
que se realizara un procedimiento administrativo
contra Ramón Rodríguez Estrada, Luis Rodríguez
Erivez y Francisco Rodríguez Ramírez, quienes trabajan de
guardabosques en la reserva.
Los tres vigilantes forestales son miembros del grupo de 20
familias de rancheros que han vivido en el lugar
por más de cuatro generaciones, y que desde
hace años luchan contra los abusos del consejo
de administración de colonos, constituido por
empresarios y familias ricas de la capital chihuahuense,
que construyeron en Cumbres de Majalca
residencias donde pasan los fines de semana.
El año pasado la Sedue interpuso
una demanda penal en contra de Ramón, Luis y
Francisco, a quienes acusó de delitos federales
relacionados con la explotación del bosque en
el área de la reserva; después de una larga
negociación, el gobierno estatal pagó la fianza
para que quedaran libres.
Sin embargo, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
presentó la semana pasada otra acusación contra
los guardabosques.
GUERRERO
Piden ONG no apoyar económicamente a La Parota. (Diario de México, Janosik García,
p.web).
Chilpancingo, Gro.- El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota
(CECOP), acompañado del Espacio DESC
-formado por 11 organizaciones civiles comprometidas
en la defensa de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales- y del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña “Tlachinollan”,
alertaron al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en México sobre las “graves
violaciones a los derechos humanos” relacionadas
con el proyecto de construcción de la presa
hidroeléctrica “La Parota”.
Este proyecto -que
el Gobierno mexicano y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) pretenden construir en la
cuenca del río Papagayo, en Guerrero- fue motivo
de un par de reuniones entre las ONG e Isabel
Guerrero, la directora para México del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Tras esa reunión -celebrada
el 14 de febrero-, los opositores a La Parota
charlaron el 17 de febrero con Gabriel España,
responsable de Inversiones del CFI (Corporación
Financiera Internacional), ambas, instituciones
integrantes del Grupo del Banco Mundial (BM).
Un día antes, el CECOP,
el Espacio DESC y
“Tlachinollan” sostuvieron
un diálogo con Lawrence Harrington,
representante del BID en México.
El motivo de todas
las reuniones tuvo un solo eje: “Alertar a estas
instituciones financieras sobre las graves violaciones
a los derechos humanos relacionadas con el proyecto
de construcción de la presa hidroeléctrica ‘La
Parota’, que el Gobierno mexicano pretende construir
en la cuenca del río Papagayo, en el estado
de Guerrero”.
Mediante un boletín
enviado directamente por “Tlachinollan”,
se dio a conocer que los opositores al proyecto
hidroeléctrico presentaron a las autoridades
bancarias internacionales testimonios de dos
de los comuneros de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
así como detalles sobre las violaciones a derechos
humanos consumadas y potenciales por la CFE
y los gobiernos local, estatal y federal relacionadas
con este megaproyecto hidroeléctrico.
Anulan en Zumpango el
permiso a la minera San Luis; son muchos riesgos,
dicen. (El Sur, Zacarías Cervantes, p.web).
El contrato era para el uso
de 420 hectáreas en Xochipala,
pero los hechos de Coahuila alertaron a los
comuneros. Los beneficios prometidos no se han
visto, informa un habitante
Chilpancingo.
Habitantes del poblado de Xochipala, municipio de Zumpango,
acordaron la anulación de un contrato con la
empresa Desarrollos Mineros San Luis, en el
que le autorizaban realizar trabajos a cielo
abierto para la explotación de una mina que
se encuentra en esa localidad.
La cancelación del contrato, signado
mediante sus autoridades comunales el 23 de
diciembre del 2005, fue hecha en la asamblea
del domingo 26 con el propósito de “no correr
riesgos”, como la explosión en la mina de Pasta
de Conchos en el estado de Coahuila, pero también
porque los supuestos beneficios que traería
la empresa al pueblo no se han visto.
En ese contrato los habitantes
de la localidad se comprometían a ceder los
derechos de 420 hectáreas de tierras durante
30 años, a partir de la firma del documento,
con posibilidades de renovación, si así lo decidía
la empresa, más no la comunidad.
A cambio, la comunidad recibiría,
por medio de sus autoridades ejidales la cantidad
de 420 mil pesos anuales.
Según el documento –firmado por
el presidente del Comisariado
de Bienes Comunales, Francisco Ramírez Castillo,
el secretario, Melesio
Camargo Rodríguez y el tesorero, Epifanio Rodríguez
Camargo, mientras que por parte de la empresa
Desarrollos Mineros San Luis el apoderado legal,
Adalberto Terraza Soto–, la empresa solicita
las tierras para utilizarlas para la exploración
y explotación minera de oro, plata “y otros
materiales”.
Con la autorización de los habitantes
del poblado se conviene que las 420 hectáreas
pasarán de ser agostadero cerril a minero, “por
tal razón mediante este acto libera a San Luis
(la empresa minera) de cualquier responsabilidad
y/o reclamación que por dicho uso se derive,
obligándose a no ejercitar acción o derecho
alguno en contra de San Luis o persona física
alguna que la represente derivada de esta utilización”,
se asienta en el documento firmado.
Con el documento la comunidad autoriza
a la empresa minera para que realice en el área
de ocupación levantamientos topográficos, estudios
geológicos, geoquímicas y geofísicos, perforación
de barrenos, desarrollo de zanjas, construcción
o rehabilitación de caminos, construcción de
oficinas, casas campamentos, estaciones de bombeo
de agua, tendido de líneas para energía eléctrica,
y conducción de agua, depósito de materiales
provenientes de la mina, “y en general para
todas las obras y trabajos necesarios para la
exploración y explotación de minerales”.
La anulación del contrato es porque
la empresa minera realiza trabajos a “cielo
abierto” con lo que aseguran que se genera la
acumulación de gases que pueden ser peligrosos
para la comunidad, ya sea por alguna explosión
como la que ocurrió en la mina Pasta de Conchos
Coahuila, o por la posible intoxicación de los
habitantes.
En vecino de la comunidad, Amador
Medina Carreto, explicó
que la decisión de los habitantes fue tomada
luego de que en el Ayuntamiento de Zumpango,
municipio al que pertenecen, les advirtieron
que “tuvieran cuidado con las reuniones que
impulsáramos porque podrían sacar a los líderes;
pero en el pueblo no hay ningún líder, ya que
todos estamos en contra de este proyecto mientras
no haya beneficio del pueblo”.
Denunció que hasta ahora los supuestos
beneficios que entregaría la compañía minera
para la comunidad no han llegado y que esa es
otra de las inconformidades de los habitantes
de la localidad.
El comunero explicó que el temor
es porque se han enterado que los gases “son
muy peligrosos y venenosos, como es el caso
del Cianuro, que es muy letal, ya que el que
lo huela o lo consuma automáticamente se muere;
sabemos que eso ha pasado en Japón y Colombia;
pero también en Petatlán,
esa compañía trabajó una mina y dejaron todos
sus desechos, y hay mucha contaminación”, dijo.
Explicó que el regidor del Ayuntamiento,
Bernardo Martínez Cienfuegos es médico y está
apoyando ese proyecto de mina a cielo abierto.
Dijo que están solicitando una
audiencia con el alcalde y el gobernador, “porque
no es justo que el recurso que llega a Xochipala
de esa mina nunca llega”.
Abundó que al comisario municipal
Isidro López Ortiz, nunca lo toman en cuenta,
y sólo toman en cuenta al de Bienes Comunales.
Advirtió que debido a ello “vamos
a echar abajo ese convenio hasta que haya beneficios
a la comunidad, ya que de Xochipala
hay pocos mineros, muchos son de la comunidad
de Carrizalillo; hay comuneros, la mayoría que
están en desacuerdo con ese convenio”, indicó.
Por su parte el investigador de
la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Moisés
Santos Carrera, denunció que ha pretendido investigar
“los pros y los contras” de la mina pero que no le han permitido el acceso,
porque le dijeron que “es propiedad privada,
pero ahora con ese proyecto más ambicioso de
impulsar una mina a cielo abierto sin duda que
habrá más problemas”, advirtió.
Explicó que de acuerdo a lo que
sabe a Xochipala le
pagan a mil pesos la hectárea para poder almacenar
todo tipo de minerales, “y el problema es que
esa tierra no se va a recuperar, hablando en
términos ecológicos; el plazo para el uso del
suelo no está definido”; y dijo que es cierto
que hay desacuerdo entre los comuneros porque
unos quieren prestar las tierras comunales y
otros no”.
Más peligrosa, la política estatal de despojo de
tierras a los pobres, acusan. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
Militantes perredistas
y ex colonos del desaparecido fraccionamiento
Copacabana reprocharon
que continúa la política del gobierno estatal
de despojar a los pobres de sus tierras para
cederla a los inversionistas “y ahora es más
peligrosa”.
En un mitin de ayer en el Zócalo
para recordar la represión que ordenó el ex
gobernador José Francisco Ruiz Massieu en 1990, en el bulevar de Las Naciones, líderes del
PRD como Salvador Zacarías Flores y Rosario
Merlín García tomaron el micrófono para recordar
el despojo de sus propiedades para construir
el proyecto más trascendente de la administración
de Ruiz Massieu: el
desarrollo turístico de Punta Diamante, específicamente
el área donde se ubica el desarrollo Mayan Resorts,
antes Vidafel.
Los convocantes
recordaron que el 27 de febrero de 1990 se organizó
una marcha que partiría de la glorieta de Puerto
Marqués hacia la comunidad de La Poza, pues
enfrente estaba la playa Copacabana
y ahí se planeaba hacer un mitin para protestar
por el despojo de sus tierras.
Pero los manifestantes no lograron
su cometido porque policías del estado recibieron
la orden del ex gobernador de reprimirlos a
toletazos y pedradas. Entre ellos estaban simpatizantes
de Juan García Costilla, quien perdió la elección
para alcalde ante René Juárez Cisneros, y se
manifestaba por un supuesto fraude electoral.
Por su parte, la ex presa política
Rosario Merlín pidió un minuto de aplausos “por
los compañeros caídos en las luchas sociales”
y resaltó que continúan los pleitos por la posesión
de la tierra como en Lomas de Chapultepec,
parte de Punta Diamante que reclama César Sabino
Palma, y La Parota.
También Francisco González Jiménez
reprochó que a 16 años persistan los problemas
ejidales, “pues el gobierno del estado quiere
desalojar a la gente pobre para dársela a los
empresarios y esto se da más peligrosamente
ahora”.
González Jiménez recordó que en
1990 persistía la lucha por la última etapa
de desalojados de la playa Copacabana, por lo que los campesinos decidieron hacer una
marcha y ese día pasó por el lugar Francisco
Ruiz Massieu, quien
ordenó a policías antimotines y del estado reprimir
a los marchistas, pero se refugiaron en el hotel Princess porque el gerente ordenó que les abrieran las puertas
y se quedaran ahí.
Según el luchador social, el gerente
del Princess ordenó
que los policías privados, que llevaban armas,
se enfrentaran con los policías del estado,
pero como éstos llevaban sólo palos, los evitaron.
Como indemnización después de todas
las manifestaciones de los ex colonos de Copacabana
se les retribuyeron varios terrenos donde se
fundaron las colonias Miramar y Los Viveristas.
MICHOACÁN
Interviene el gobierno en el conflicto agrario. (La Jornada de Michoacán, Martha Luna, p.web).
TZIRIO Y TARECUATO
Los Reyes.- La Subsecretaría de
Gobierno, la Secretaría Agraria, a través de
Focos Rojos, la Coordinación Interinstitucional
para la Atención de Comunidades y Pueblos Indígenas
de Michoacán y el Ayuntamiento de Los Reyes
conformaron una comisión encargada de convocar
a comuneros de Tzirío,
anexo de Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, a desalojar el predio
en disputa con comuneros de Tarecuato,
municipio de Santiago Tangamandapio;
tomar acuerdos y finalizar el conflicto, que
mantienen desde hace 40 años.
Luego de que comuneros de Tarecuato sostuvieran recientemente una audiencia con el subsecretario
de Gobierno Pavel Hernández, donde participaron
dichas dependencias a fin de exigir la intervención
del gobierno estatal para destrabar el conflicto
por la posesión de 62 hectáreas, se signó el
compromiso de que una vez integrada la comisión
se reanudará el diálogo directo, el cual se
encuentra programado para mañana con comuneros
de Tzirío que tienen
tomado el predio en disputa desde enero pasado
para invitarlos a retirarse y tomar acuerdos
de solución. La comisión acudirá con comuneros
de Tarecuato para informar los acuerdos con Tzirío y evitar posibles confrontaciones violentas.
A principios de febrero se estableció
el acuerdo de que Representantes de Bienes Comunales
de ambas comunidades, donde se recalca que establecerán
un diálogo, además de cotejar los respectivos
documentos que avalan la posesión de las tierras,
en está ocasión comuneros de Tarecuato,
así como el comisario de Bienes Comunales, Roberto
Pérez Castro, manifestaron que agotarían todos
los recursos para que el conflicto llegara a
buen término, evitando a toda costa la violencia,
no obstante advirtieron, de no lograr un acuerdo
mediante el diálogo, recurrirán a proceder legalmente.
A dicho diálogo no acudió la comunidad
de Tzirío, por lo
que se avivó la posibilidad de conatos de violencia;
poniendo la comunidad de Tarecuato un ultimátum al gobierno estatal para que
intervenga y anunciaron que el primero de marzo
tomarían las tierras, utilizando la fuerza si
fuera necesario en caso que no hubiera una solución.
Por otro lado, informó Alfredo
Amescua Mateo, comunero de Tarecuato,
que es hasta ahora que el gobierno estatal a
través de las dependencias involucradas se acerca
directamente a la comunidad de Tzirío
buscando acuerdos que puedan evitar enfrentamientos,
y agregó que el representante de Bienes Comunales
de Pamatácuaro Jaime
Alonso, había señalado que el Ayuntamiento reyense
tenía que ver con la falta de voluntad de la
comunidad de Tzirío,
argumento que quedó desmentido en la reciente
audiencia cuando el secretario del Ayuntamiento
declaró que es Jaime Alonso quien está azuzando
a la gente a no entregar el predio.
MORELOS
Persisten conflictos en ejidos capitalinos. (Diario de Morelos, , p.web).
Se inconforman en el Tribunal
Unitario Agrario.
Gritos, insultos
y acusaciones protagonizaron ejidatarios de
Tetela del Monte contra
las representantes de los bandos contrarios,
Leoba Morales y Carmen
Lucila González, en pleno Tribunal Agrario,
en donde ambos grupos se quejaron de la actuación
que ha tenido la magistrada
Ramona Garibay en
este litigio, en el que las dos partes en conflicto
aducen estar en defensa del bosque de Tetela
del Monte.
Los ejidatarios que
representa Leoba Morales
señalaron la ilegalidad en que se encuentra
Rupertino Arturo González
García como presidente del Comisariado
Ejidal de Tetela del Monte, por lo que pidieron al Registro Agrario
Nacional “calificación negativa a la solicitud
de registro del acta de asamblea de elección
del comisariado ejidal
y consejo de vigilancia”.
A su vez, Leoba Morales advirtió de que las autoridades del medio ambiente
están del lado de los ejidatarios que representa
la ex comisariada Carmen Lucila González, pues les ha autorizado
talar árboles de una superficie de 140 hectáreas,
al señalar que es una estrategia para garantizar
el paso del libramiento norte.
Por su parte, Carmen
Lucila González señaló que revisarán el expediente
para verificar la actuación de la magistrada
Ramona Garibay, toda
vez que ha habido acciones a favor de la otra
parte. Asimismo, reclamó que la Procuraduría
General de Justicia no los han
atendido bien, toda vez que la Policía Judicial
no realizó la inspección que debían en esos
ejidos.
OAXACA
Dictan formal prisión a tres comuneros mixes en Oaxaca. (La Jornada,
Redacción, p.web).
Jesús Ángel Martínez Oceguera, juez
mixto de primera instancia con sede en Zacatepec
Mixe, Oaxaca, dictó
acto de formal prisión contra los comuneros
Lorenzo Canseco Hernández,
Pioquinto Vásquez Martínez y Anastasio Morales
Vásquez, como supuestos responsables de violación
tumultuaria, informó la autoridad municipal
de Chuxnabán Mixe.
En un comunicado, sostuvo que los comuneros
son procesados injustamente, sin pruebas, víctimas
de "fuerzas caciquiles del PRI en la región mixe
y la sierra norte que quieren someter a nuestras
comunidades". Destacó que sus compañeros
fueron arrestados "porque han sido férreos
defensores del sistema político comunitario
frente aquellos que quieren vernos sometidos,
pero no vamos a echarnos para atrás ni a tenerles
miedo".
Cartones
Lápida · El Fisgón
Lágrimas de cocodrilo · Rocha
Acreditación oficial · Hernández
PAN
sin migajón Efrén
Carrera presidencial Helioflores
