CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
24 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Da gas a Pemex utilidad récord
Sufre IP lo que
disfruta la paraestatal. Suben 27 por ciento las
ganancias en 2005 de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Se desmoronaron esperanzas de hallar vivos a mineros
El aire ya no es respirable en zona
donde debían estar entre 18 y 25 obreros. Sólo
escombros, donde preveían localizar a dos trabajadores.
Ni tibieza ni indolencia, exige la IP
Los candidatos deben ofrecer proyectos
concretos: Concanaco.
Oferta para recomprar deuda por
5 mil mdd
Será únicamente una sustitución de
vencimientos: García Tamés.
Positivo, que México mejore su perfil crediticio:
Goldman Sachs. El riego-país, en su mínimo; la Bolsa, en franca recuperación.
Fallecieron al menos 26 mineros
Reporte de médicos; se mantiene el
hermetismo oficial. El aire del sitio en que se
encuentran ese grupo es “irrespirable”. El titular
de Trabajo dice que aún no se puede confirmar
decesos.
Los dan por muertos
Antecedentes de
inseguridad en la minera.
Detectan aire mortal en túnel; habría 26 mineros
Análisis de técnicos de EU muestran
que la diagonal 23 es irrespirable. Desmayos y
cólera de familiares por versiones de muertos.
Denuncian negocio irregular de Montiel
Yáñez
Documentos implican
al hijo del ex Gobernador. Convierten terrenos
agrícolas en habitacionales. Ampliarán demanda
por tráfico de influencias.
Temen muerte de mineros por falta de oxígeno
Declaran técnicos
“no respirable” el aire en el sitio donde creen
que estaban 26 de los 65 trabajadores. Confirma
la empresa pronóstico pesimista; “esto es una
tumba, creemos que la situación es difícil”.
Homicidio
culposo, cargo a directivos de la minera
La empresa habla
ya de un muerto; familiares de las víctimas pueden
recurrir a una demanda penal: Néstor de Buen.
Sindicatos mineros responsabilizan a la secretaría
del Trabajo y de Economía.
Sector agrario
Inician trabajos
de regularización en 4 ejidos. (Despertar
del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. Las brigadas
de la Procuraduría Agraria y del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) iniciaron los trabajos en 4 ejidos para
regularizar unas 7 mil 500 hectáreas aproximadamente,
según lo informó el residente de esa dependencia,
Jesús González García.
El funcionario federal mencionó que los trabajos se iniciaron
en Jario y Pantoja,
perteneciente a este municipio, en San Pedro y
Garzas, del municipio de Ajuchitlán del Progreso; en Hacienda Nueva, de Tlapehuala, y Pinzán Morado, en
el municipio de Coyuca
de Catalán.
Se espera que los trabajos estén concluidos entre los meses
de marzo y abril y que a partir de esa fecha se
estará en condiciones de que sean incorporados
al Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
De igual manera se informó que para el próximo domingo se va
a realizar una asamblea ejidal en la población
de Amuco de la Reforma,
perteneciente al municipio de Coyuca
de Catalán, en donde se llevará a cabo la elección
de la nueva mesa directiva.
Por tratarse de una segunda convocatoria, la reunión se llevará
a cabo con los ejidatarios que asistan a la plaza
del lugar, la cual se está convocando a las 11
de la mañana.
Recibe trato especial de la SRA y no indolencia
el conflicto en El Capulín, aclaran. (El Sur, Cartas, p.web).
Señor director:
Con relación a la información publicada
el 20 de febrero, en la página 5 del diario que
usted dirige, titulada: “Hay indolencia de autoridades
agrarias en el conflicto de El Capulín, dice el
TSA”, me permito hacer las siguientes precisiones:
1.- Se rechaza categóricamente
que en el proceso de atención que se brinda al
conflicto por límites de tierras entre Tlacoapa
y Ocuapa se haya cometido
acto de indolencia alguno, tal y como se publica
en la información en cuestión.
Resulta pertinente señalar que
el amparo y protección de la justicia federal
se concedió para el efecto de que el pleno del
Tribunal Superior Agrario ordene a las autoridades
administrativas señaladas como responsables que
procedan a delimitar de forma exacta los linderos,
materia del conflicto de límites entre la comunidad
quejosa de Tlacoapa y el poblado tercero perjudicado denominado Ocuapa.
2.- El fallo judicial al que se
hace referencia en la nota es para que, como resultado
de los trabajos técnicos, se delimite la superficie
en conflicto y con base en ello el Tribunal Superior
Agrario resuelva el juicio agrario del conflicto
por límites, con base en el convenio celebrado
entre ambas comunidades el 26 de octubre de 1883.
3.- La Secretaría de la Reforma
Agraria ha sido diligente en todo momento en el
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
dentro de su ámbito de competencia, derivadas
del fallo protector de garantías.
4.- El conflicto por límites entre
Tlacoapa y Ocuapa
recibe, por parte de la Secretaría de la Reforma
Agraria, un tratamiento especial, a fin de intentar
una solución por la vía conciliatoria y lograr
acuerdos satisfactorios sustentados en la voluntad
de las partes.
5.- En virtud de la presentación
del recurso de revisión por parte del Tribunal
Superior Agrario, le corresponde al Poder Judicial
de la Federación resolver lo que corresponda.
6.- La Secretaría de la Reforma
Agraria estará atenta para las actuaciones que,
en su caso, le resulten a su cargo como derivación
de la resolución que en su oportunidad se emita.
Agradeceré la publicación de la
presente y le envío un cordial saludo.
Atentamente
Jaime Alcudia Goya
Director general de Comunicación
Social
Secretaría de la Reforma Agraria
La presa La Parota, ''ecocidio
y etnocidio'', dicen ONG a Fox. (La Jornada, Israel Rodríguez, p.web).
Inundará 72 mil hectáreas,
advierten en una carta.
Más de una docena de organizaciones ambientalistas y no gubernamentales
expresaron su preocupación e inconformidad por
la eventual construcción del megaproyecto La Parota
en el estado de Guerrero, cuya imposición por
parte de diversas autoridades ha generado un clima
de violencia. Demandaron al Ejecutivo federal
no emitir un decreto expropiatorio
porque podría orillar a los campesinos a defender
su territorio.
En una misiva enviada al presidente Vicente Fox, las organizaciones sociales advirtieron que de construirse
la presa hidroeléctrica inundaría 17 mil hectáreas
de selvas de alta biodiversidad, y desplazaría
de manera directa a más de 25 mil personas, afectando
en total a una población de 72 mil personas constituyéndose
en un verdadero ''ecocidio
y etnocidio''.
Recordaron que recientemente el Tribunal Unitario Agrario
número 41, con sede en Acapulco, resolvió anular
la asamblea comunal de Cacahoatepec, por medio de la cual, supuestamente, los comuneros
daban su anuencia para la expropiación de sus
tierras.
El texto enviado al Ejecutivo federal el pasado día 15 del
presente señala: ''Nos parece de suma relevancia
que este tipo de veredictos judiciales sean atendidos
apegándose efectivamente al estado de derecho,
pues es más claro que la mayoría de los campesinos
que serán afectados por este megaproyecto no están
de acuerdo con la expropiación''.
El Grupo de los Cien Internacional, Unión de Grupos Ambientalistas,
Centro de Análisis Social, Pacto de Grupos Ecologistas,
Guerreros Verdes y el Instituto de Derecho Ambiental,
entre otras organizaciones, aseguraron que han
constatado las aberrantes ''irregularidades y
violaciones'' a la Ley Agraria y al Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo,
cometidas por la Comisión Federal de Electricidad,
la Procuraduría Agraria y el gobierno del
estado, en las asambleas ejidales efectuadas para
el caso de los bienes comunales de Cacahoatepec,
pero también en las realizadas para los ejidos
los Huajes, La Palma
y Dos Arroyos.
Las organizaciones no gubernamentales afirmaron que también
han constatado cómo el rompimiento del tejido
social comunitario, provocado por los intentos
de imposición de esta obra, ha costado ya tres
víctimas mortales entre los campesinos, generando
un clima subterráneo de fuerte violencia e inconformidad.
En este contexto, las asambleas ejidales y comunales, que nuevamente
pretenden llevar a cabo la CFE y el gobierno estatal,
generan profundos cuestionamientos en torno a
su legitimidad como mecanismo de consulta, pues
en realidad los ejidatarios y comuneros, legalmente
reconocidos, representan un porcentaje mínimo
de la población total de las comunidades y de
la región, población que en su totalidad sería
desalojada, perdiendo su patrimonio, sus costumbres
y cultura.
En la carta, cuya copia fue enviada a la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra,
Suiza, al Relator Especial para los Pueblos Indígenas
de la ONU, y la Oficina Regional para América
Latina de la OIT, entre otras instancias, los
inconformes acudieron al Ejecutivo para solicitar
que su gobierno ''no cometa una irresponsabilidad
política, emitiendo un decreto expropiatorio
del territorio de los campesinos afectados, de
manera unilateral y arbitraria, pues con ello
se violentaría el derecho de estos pueblos a una
verdadera consulta y se orillaría a los campesinos
a defender su derecho al territorio en la vía
de los hechos'', alertaron.
Los programas de apoyo al campo no necesitan "blindaje". (El Occidental, p.web. /Información también publicada en La Prensa, p. 38).
Dice Sagarpa.
Los secretarios de Agricultura, Francisco
Mayorga, y de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar, aseguraron que los programas de apoyo
al campo no requieren "blindaje", y
afirmaron que no habrá desvío de recursos para
apoyar al candidato panista
a la Presidencia de la República.
Entrevistados por separado en el marco
de la XXXIV Asamblea General Ordinaria y Quinto
Informe del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales, informaron que
la actuación de estas dos dependencias y sus funcionarios
se basan en lo que establece la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Electorales.
Francisco Mayorga Castañeda, titular
de la Sagarpa, aseguró
que los programas de la dependencia están focalizados
para ciertas épocas del año, "a nosotros
nos gobiernan los ciclos agrícolas, y eso está
completamente desvinculado de los tiempos electorales".
Por lo que añadió que no ve la necesidad
de un blindaje especial, los recursos de Alianza
para el Campo se manejan conjuntamente con los
estados, y ahí se ejerce una actividad de vigilancia
mutua entre los estados y la Federación.
Explicó que la Secretaría de Agricultura
tiene un convenio firmado con la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Electorales, además,
hay constantes avisos o capacitación a los servidores
públicos en la República, para que no vayan a
incurrir en faltas en estos tiempos.
En tanto, el titular de la SRA, Florencio
Salazar, aseguró en entrevista por separado que
en esta época electoral no hay manera que se desvíen
recursos del gobierno federal que se destinan
al campo, toda vez que las reglas de operación
son muy claras.
Informó que durante la reunión nacional
de delegados de la SRA, que se llevará a cabo
en la ciudad de México del 1 al 3 de marzo, con
la subprocuradora especial
de Delitos Electorales y la SRA, en este marco
se firmará un convenio "que no es necesario,
pero justamente con la idea de Ôblindar´
los programas".
Indicó que todos los funcionarios tienen la obligación de escuchar
la conferencia que ella impartirá durante dicha
reunión y conocer con precisión "la obligación
que tenemos de respetar la ley y hacer un uso
indebido de los recursos públicos y de los programas".
Arrancó programa RAN Itinerante en el Estado. (Tiempo, Cd. Juárez, p.web).
El Registro Agrario Nacional dio inicio al programa
RAN Itinerante, el cual consiste en realizar módulos
de atención agraria en todo el Estado, con el
fin de brindar a los ejidatarios, posesionarios
y comuneros servicios.
Entrega de documentos agrarios, levantamiento de lista de sucesión,
entre otro, son algunos de los beneficios que
ofrecerá el programa RAN totalmente gratuitos.
Dicho programa dio inicio en el municipio de Balleza, mañana arrancará en El Tule y Huejotitan,
y el sábado en el municipio de Rosario.
El programa RAN Itinerante, será permanente y su objetivo consiste
en llevar directamente a los núcleos agrarios,
los diversos servicios que presta el Registro
Agrario Nacional.
No existe irregularidad en urbanización de Vallecillos. (El Siglo Torreón, Rafael
Ibarra, p.web).
Torreón, Coah.- El director de Desarrollo
Urbano, Alberto Guillermo Hermosillo Morales,
aseguró que fue durante la pasada Administración
cuando se emitió la autorización para que urbanizaran
el predio denominado Vallecillos, dijo que si
el Tribunal Unitario Agrario ordena la suspensión
de los trabajos, el Municipio cancelará la licencia.
Como se informó en la edición de ayer, un grupo de colonos
acudió a la Presidencia Municipal para denunciar
que la empresa constructora JB invadió y empezó
a urbanizar el predio de 57 hectáreas, ubicado
a un costado de la carretera a San Pedro.
Rafael Sánchez Álvarez, presidente de la mesa directiva de
los colonos de Vallecillos, afirmó que dicho terreno
está en litigio ante el Tribunal Unitario Agrario,
y por este motivo ninguna persona puede disponer
de este terreno hasta que se emita una sentencia.
Los colonos señalaron que el juicio agrario inició en 1997
cuando los ejidatarios manipulados por un grupo
de inversionistas pretendieron desconocer la compra-venta
que habían celebrado al menos dos años antes.
La magistrada, Luisa Ramírez Romero, informó que nadie puede
hacer uso de los terrenos hasta que se emita una
sentencia definitiva.
Hermosillo Morales afirmó que la licencia para la urbanización
de este predio fue emitida el 30 de septiembre
de 2005, señaló que en teoría la empresa que lo
solicitó tuvo que cumplir con todos los requisitos,
uno de los principales es que tuvo que comprobar
la propiedad.
El funcionario dijo que la licencia está vigente y comentó
que hasta el momento el Municipio no ha recibido
ningún comunicado oficial del Tribunal Agrario,
donde se ordene la suspensión de los trabajos,
pues aseguró que si llega a recibir este mandamiento
de inmediato se actuará para detener los trabajos
de urbanización.
Por su parte, el alcalde, José Ángel Pérez Hernández, aseguró
que giró instrucciones para que las dependencias
involucradas realicen un estudio que permita detectar
dónde hay problemas por terrenos irregulares,
para evitar la expedición de licencias en los
predios que están en litigio.
“Hay que estar atentos
para no cometer ninguna irregularidad”, dijo el
edil y afirmó que no sabe si la licencia se dio
en esta Administración o en la pasada, pero recalcó
que le ha pedido al personal de Desarrollo Urbano
que se ponga especial atención para que en esta
Administración no haya invasión de terrenos.
Los Azulejos
El alcalde, José Ángel Pérez Hernández, reconoció que la pasada
Administración le dejó varios pendientes como
la regularización de la colonia Zaragoza Sur,
además del asunto del club de golf Los Azulejos,
que entregó 25 lotes en dación de pago para cubrir
los adeudos que tenía por el Impuesto Predial,
y recientemente se descubrió que uno de los terrenos
tenía dueño.
Sobre este problema, el edil panista
dijo que primero hablarán con los representantes
de Los Azulejos para pedirles que entreguen un
nuevo terreno y en caso de que no lo hagan el
Municipio fijará una postura para exigir el pago
de los adeudos.
Primeros acuerdos para regularizar ejidos. (Cambio de Michoacán, Gema Reyes, p.web)
MORELIA
Realizan la primera reunión entre autoridades y colonos de
La Aldea, Lomas del Quinceo,
La Quemada y Santa María.
En la reunión establecida ayer entre los colonos de varios
ejidos de la ciudad con las instancias correspondientes,
como es el Instituto de la Vivienda del Estado
de Michoacán (IVEM) y el Ayuntamiento, donde se
estableció que en el ejido de La Aldea será necesario
que los colonos presenten una propuesta de cómo
se establecerán las vialidades y los planos de
las manzanas que integraran la colonia, en el
caso del ejido de Lomas del Quinceo se les pidió que entreguen la petición por escrito
y un plano del lugar para que el municipio pueda
intervenir en el asunto, por lo que quedó pendiente
de tratar la situación del ejido de Santa María
de Guido. Todo esto lo volverán a retomar las
partes involucradas el próximo lunes para ver
los avances que se lleven a cabo.
El pasado miércoles 21 de febrero los colonos de estos ejidos
se reunieron con estas mismas autoridades con
la finalidad de solucionar el problema de escrituración
de de estos asentamientos irregulares. Sin embargo,
sólo se estableció el acuerdo de llevar a cabo
la reunión celebrada ayer para establecer los
factores técnicos que han impedido que exista
una negociación entre las partes interesadas.
La Aldea
Uno de los principales problemas que se han generado en el
ejido de La Aldea es que los habitantes no han
contemplado el dejar las áreas de equipamiento
urbano que no han sido respetadas, sobre todo
aquellas que se encuentran cerca del borde del
río que pasa cerca y que podrían representar un
riesgo para los habitantes, ya que la misma Comisión
Nacional del Agua (CNA) llevó a cabo una observación
en la que reclamó 35 mil metros de la orilla del
río que se encuentra en el lugar, y que en caso
de certificar la zona como regular se fincarían
responsabilidades a las autoridades responsables
de permitir este acto.
Al respecto Armando Sandoval, representante de los colonos,
externó: «Ya contamos con un documento emitido por la CNA
donde se nos hizo la observación de respetar la
zona, y donde la misma comisión nos dice que al
hacer esto el resto de las negociaciones las debemos
llevar a cabo con las otras autoridades competentes
por lo que estamos conscientes de ello. Lo que
solicitamos es que tanto el IVEM como el Ayuntamiento
nos apoyen para establecer las vialidades que
se deben construir, así como la asignación de
áreas de donación para que en caso de ser necesario
hacer ajustes, éstos se lleven a cabo y poder
de esta manera llegar a acuerdos que agilicen
la escrituración de los lotes a quienes los habitan.
Además de que es necesario llevar a cabo un recorrido
con personal del Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) para analizar
la manera en que se establecerá el red de drenaje
en la zona; este recorrido lo realizarán en conjunto
con el IVEM, que es quien está llevando a cabo
las obras de las vialidades».
Por su parte, Sergio Ruiz Becerra, secretario de Desarrollo
Urbano municipal, externó
que es muy importante que se respeten las áreas
de donación, ya que éstas más adelante sirven
para dotar de equipamiento urbano a los habitantes
del lugar con construcciones que pueden ser un
mercado, una escuela y las áreas verdes de esparcimiento
y las vialidades con las que debe constar todo
desarrollo habitacional. «Es necesario que los
colonos nos presenten una propuesta de un plano
de cómo se establecerán las vialidades, así como
la integración de cada una de las manzanas para
hacer una revisión con las instancias correspondientes
y no sólo del aspecto técnico. Existe la disposición
de parte nuestra de apoyar en la regularización
de esta zona, pero como en todos los casos nos
guiaremos por los lineamientos del Programa de
Desarrollo Urbano Municipal». En
conclusión sobre la situación de este ejido, Miguel
Ángel Aquino, visitador agrario, comentó que hace
falta que se establezca la notificación del orden
de uso urbano respecto a las vialidades y su ordenamiento,
además de la entrega de oficios a patrimonio tanto
municipal como estatal.
Lomas del Quinceo
Este ejido consta de seis hectáreas donde existen alrededor
de 250 terrenos y ya se encuentran construidas
80 casas, ya que dicho asentamiento tiene más
de diez años de haberse asentado en este lugar,
y el principal problema al que se han enfrentado
los habitantes es que no es posible escriturarles,
ya que se han dado casos de doble venta de terrenos,
mismas que realizó Juan Gaspar Rojas, quien ahora
se encuentra prófugo.
Sin embargo, en el lugar ya se cuenta con algunos servicios
como es luz y actualmente se está instalando la
red de drenaje, comentó Armando Sandoval. «En
el lugar ya existen 80 viviendas construidas habitadas
por familias, pero el Ayuntamiento está llevando
escritos de infracciones por no contar con una
licencia de construcción, lo cual nos parece ilógico,
porque no se puede multar a alguien que no cuenta
con una situación regular.
«Sin embargo, ya se cuenta con un plano de la Comisión Federal
de Electricidad, del OOAPAS, un padrón de lotehabienetes,
un plano de lotificación
y vialidad sólo hace falta el estudio topográfico,
que esperamos poder tener dentro de 20 días».
Sergio Ruiz Becerra aseveró: «En este caso es importante identificar
el procedimiento de las ventas, cuáles se realizaron
primero y cuáles después, porque a fin de cuentas
fue gente engañada, por lo que consideramos que
es necesario llevar a cabo una lista de quienes
tengan la documentación correspondiente que los
avale como legítimos compradores, ya que por el
momento a las personas que ya construyeron es
imposible otorgarles una licencia de construcción,
porque se trata de un asentamiento irregular,
y lo que se debe hacer es evitar que se siga construyendo,
porque aún no se tiene la total certeza si se
va a regularizar o no».
Por su parte, Miguel Ángel Aquino, representante de la Procuraduría Agraria, aseveró: «Para poder
regularizar este lugar es necesario revisar los
estatutos, y en el caso de las dobles ventas es
necesario que los compradores realicen una denuncia
penal ante el Comité Unitario Agrario, para que
éste tome cartas en el asunto. Además que es necesario
hacer un levantamiento topográfico de la zona,
y recomendarle a los vecinos de no realizar movimientos
de compra-venta para evitar que se complique el
proceso de regularización, además de dejar en
claro que no fueron los fraccionadores
quienes realizaron las dobles ventas».
La Quemada
En este ejido se acordó que podría llevarse a cabo una regularización
parcial de las zonas que son susceptibles a hacerlo,
y en el caso de las áreas que se pueden inundar,
Sergio Ruiz Becerra, titular de Desarrollo Urbano
municipal, aseveró que se requiere que el OOAPAS
realice un dictamen en el que se establezca que
las zonas que ya cuentan con un dictamen de Protección
Civil municipal y que por la naturaleza del terreno
se salvan de no inundarse se les señale cómo deben
de rellenar la zona y con qué materia.
Se avecinan cambios en la delegación de la SRA. (Diario de Yucatán, p.web).
MÉRIDA
Lízbeth Medina Rodríguez informó que mañana
dejará la delegación de la Secretaría de la Reforma
Agraria para dedicarse a la campaña electoral.
La funcionaria es aspirante a una diputación federal por la
vía plurinominal. En
la convención estatal del PAN para seleccionar
a los candidatos ocupó el primer lugar de la lista,
que prácticamente le asegura un escaño.
Fuentes cercanas al PAN indicaron que se manejan pocos nombres
de candidatos a sustituirla en la delegación.
Uno de los que se mencionan con más insistencia
es el de Miguel Gutiérrez Machado, ex delegado
de la Semarnat en Quintana
Roo, ex precandidato a la alcaldía de Mérida y
ex presidente del Comité Municipal panista
en la capital yucateca.
El gobernador Patricio Patrón Laviada
estuvo ayer en la ciudad de México y, según se
averiguó, entre sus actividades incluyó una reunión
con el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
para tratar el asunto del relevo en la delegación.
El jefe del Ejecutivo regresó anoche.
Renuncia delegada de SRA para dedicarse a campaña. (Tribuna de Campeche, p.web).
La delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Lízbeth Medina Rodríguez,
renunció ayer a ese cargo, ante la presión del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
pretende denunciarla ante el Ministerio Público.
La candidata a una diputación plurinominal
por el Partido de Acción Nacional (PAN) dejó el
cargo a Miguel Gutiérrez.
Machado, acérrimo enemigo del gobernador, Patricio Patrón Laviada, y ahora se enfocará a su campaña, al tener el primer
lugar de la lista de los candidatos plurinominales.
Además, dimite ante la amenaza del PRI de denuncia por participar
en un acto oficial de manera proselitista.
La ahora ex delegada Medina Rodríguez quedó con mil 217 votos
para diputada federal de representación proporcional,
en el primer lugar, seguida de Alberto del Río
Leal, con mil 79, mientras que en el tercero,
Aristeo Catzín Cáceres,
ex diputado local, con 619.
Los tres tendrán que laborar con los candidatos de los cincos
distritos electorales federales, cuyos resultados
de campaña se evaluarán el próximo dos de julio.
Diario Oficial de la Federación. (Agencias, p.web).
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aviso de deslinde del predio presunto baldío denominado Subestación
Eléctrica Rumorosa, con una superficie aproximada
de 06-25-00 hectáreas, Municipio de Tecate, B.C.
64
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de 1-00-00
hectárea, Municipio de Axochiapan,
Mor. 64
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de 1-50-00
hectáreas, colindando al Norte con Erasto
Calero Mendoza, Municipio de Axochiapan,
Mor. 65
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de 1-50-00
hectáreas, colindando al Sur con Ciriaco
Aguilar Fuentes, Municipio de Axoch
iapan, Mor. 66
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de 1-50-00
hectáreas, colindando al Este con Noel Jiménez,
Municipio de Axochiapan,
Mor. 66
Denuncian impunidad de la familia Baeza. (Frontenet, Sandra E. Gutiérrez,
p.web).
Jueves 23 de Febrero,
06.
Chihuahua.- “Señor gobernador, aplique la ley a su familia”,
es la petición que alzaron al titular del ejecutivo
estatal, los campesinos que se plantaron este
jueves frente al palacio de gobierno, solicitando
una audiencia con el gobernador José Reyes Baeza
para pedirle que aplique las medidas correspondientes
contra la familia Baeza Cisneros, ante su negativa
de acatar una disposición del Tribunal
Agrario.
Los campesinos procedentes del ejido Emiliano Zapata, señalan
que el Tribunal Agrario les otorgó en 1980 más
de 6 mil hectáreas en el municipio de Julimes,
las cuales aún no les han sido entregas por que
están en posesión de dos familias, siendo una
de ellas la familia Baeza Cisneros, padre y los
tíos del gobernador.
Héctor Salayandía indicó que 16 jueces
han decidido que las tierra son propiedad del
ejido Emiliano Zapata, y en el 2006 el Tribunal
Agrario fue a darles posesión de las tierras,
siendo recibidos con armas de alto poder por seis
individuos que agredieron a los campesinos y al
personal del Tribunal Agrario.
“Esto es un acto de
prepotencia, de impunidad de las autoridades de
no querer cumplir las leyes”, sentencio Salayandía
al declarar que Fernando Baeza, tío del gobernador
firmó un acta ante el Tribunal Agrario donde declara
que él se opone a que las hectáreas sean entradas
a los campesinos, por lo que los ejidatarios apelan
a la buena voluntad del gobernador del estado
para que esta situación se solucione.
Innecesario blindaje especial para programas sociales
sobre el campo. (Notimex,
p.web)
Jueves 23 de febrero, 06.
Los programas sociales que dependen de las secretarías que
atienden al sector rural no necesitan blindaje
especial para evitar desvíos de recursos ante
el proceso electoral federal, coincidieron los
titulares de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, y de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
Luego de asistir a la 34 Asamblea General Ordinaria Plenaria
Inaugural del 60 aniversario de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Mayorga
Castañeda destacó que los programas a cargo de
la Sagarpa están focalizados a cierta
época del año.
"A nosotros nos gobiernan los ciclos agrícolas" que
están desvinculados de los tiempos electorales,
entonces "no vemos necesidad de un blindaje
especial", comentó el responsable de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa).
Agregó que los programas de Alianza para el Campo se manejan
conjuntamente con los estados, por lo que se ejerce
una actividad de vigilancia mutua entre éstos
y la federación.
Sin embargo, recordó el convenio firmado con la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
de la Procuraduría General de la República (PGR),
y los constantes avisos y capacitación que se
ha dado para que los funcionarios no incurrir
en faltas.
A su vez, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Florencio Salazar Adame,
señaló que en la dependencia a su cargo "no
hay manera que se desvíen recursos, porque las
reglas de operación son muy claras.
Sin embargo, señaló que los días 1, 2 y 3 de marzo, se llevará
a cabo la reunión nacional del personal de la
dependencia, a la cual se invitó a la fiscal especial
de Delitos Electorales, María de los Angeles Fromow, con quien se firmará
un convenio.
Ese acuerdo, agregó, "no es necesario" pero se hará
justamente con la idea de que el personal del
sector agrario "conozca con precisión la
obligación que tenemos de respetar la ley y de
no hacer un uso indebido de los recursos públicos
ni de los programas".
La productividad en el campo solo es posible con
certidumbre: SRA. (Notimex,
p.web).
Jueves 23 de febrero, 06.
La producción y la productividad en el sector rural sólo son
posibles con certidumbre en la tenencia de la
tierra, por lo que se requiere una estrecha colaboración
para compartir esa visión, afirmó el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
El funcionario informó que en la Cámara de Diputados está una
iniciativa de reforma al marco jurídico secundario
que es producto del trabajo de muchas organizaciones,
como la Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR), la cual también sufrió modificaciones
por los legisladores.
Además, dijo que se está en pláticas con los diputados para
asegurarse de que la ley responderá a los requerimientos
de desarrollo rural y mantener inalterable la
base de un desarrollo para la tranquilidad de
los que poseen la tierra en propiedad privada
o social.
"Sólo con esta visión compartida, con esta actitud responsable
de todos nosotros podemos pensar que vamos a dejar
esta realidad que nos mexicanos en condiciones
de pobreza que tienen tierras que no les otorgan
los recursos para su sano desarrollo", expresó.
Sobre la solución de los conflictos en el campo, dijo que espera
que los focos rojos que aún existen en el país
sean resueltos durante la actual administración
y señaló que en 2005 se resolvió uno y quedó pendiente
el de los Yaquis, mismo
que se espera resolver en 2006.
Asimismo, confió en que en agosto de este año se solucione
la situación de la Meseta Purépecha
en Michoacán, que involucra a unos 60 asuntos,
así como la de la Selva Lacandona y Montes Azules
en Chiapas, donde existen 180 asuntos pendientes.
Respecto a la resolución de conflictos por la tenencia de la
tierra catalogados como focos amarillos, Salazar
Adame aseveró que se
ha trabajado en ellos y que en la actualidad sólo
quedan 150 pendientes en todo el territorio nacional.
Dijo que no hubo ningún ajuste en el presupuesto destinado
a ese propósito, pues "vamos a tener cuatro
mil 300 millones de pesos. Tuve una reunión con
el titular de Hacienda la semana pasada y convinimos
en que se va a mantener íntegro el presupuesto
de la Secretaría", anotó.
Prensa Estatal
GUERRERO
Piden campesinos de Ocoapa
diálogo con el gobierno, para liberar a un empleado
de la SCT. (El Sur, teresa de la Cruz, p.web).
El presidente de los Bienes
Comunales de Ocoapa,
Natalio Solano, indica
que las autoridades han mostrado desinterés en
resolver el problema, no quieren ir a Alacatlatzala
y si no van, no
será liberado el detenido.
Chilpancingo.
Antela negativa de la Secretaría
General de Gobierno y de la delegación federal
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) por establecer una mesa de diálogo, campesinos
de Malinaltepec y Copanatoyac
mantienen retenido –en la comisaría de Alacatlatzala–
al trabajador de esta última dependencia, que
destruyó la tarde del miércoles un lindero que
tres pueblos de esos municipios han respetado
desde hace 200 años.
Según el presidente de los Bienes
Comunales de Ocoapa,
en Copanayotac, Natalio
Solano González, “las autoridades han mostrado
un desinterés en resolver el problema, no quieren
ir a Alacatlatzala y pues si no van, el empleado de la SCT estará
ahí retenido, no se va a liberar mientras no haya
una mesa de negociación”.
Consultado por teléfono la tarde
de ayer, Natalio Solano
dijo que por la inconformidad que generó el operador
de maquinaria pesada de la SCT, al destruir el
punto trino entre Coatzoquitengo,
Alacatlazala, –en Malinatepec–
y Ocoapa, “se va a llevar
a cabo una y de no haber respuesta por parte de
las autoridades, se va bloquear la carretera Tlapa-Marquelía
así como la carretera que está ampliando la SCT
que va hacia Malinaltepec”.
Detalló que en el transcurso de
la mañana de ayer, se comunicaron a la Secretaría
General de Gobierno, “pero nos dijeron que no
había ningún funcionario que nos pudiera atender,
que todo estaban en Acapulco con el gobernador
(Zeferino Torreblanca)
y otros andaban resolviendo problemas importantes”.
Relató que cerca del mediodía,
el delegado de la SCT en la región de La Montaña
se comunicó por teléfono con el comisario de Alacatlatzala,
“pero lejos de invitar al diálogo, mejor los amenazó
diciendo que van a presentar denuncias en contra
de ellos, por el delito de privación ilegal de
la libertad del trabajador”, quien, según Natalio
Solano, continúa sin querer dar su nombre.
Agregó que sí hay esa actitud “de
intimidación hacia los campesinos, pues también
nosotros vamos a demandar a la SCT por destruir
nuestras áreas verdes con la ampliación del camino
a Malinaltepec, han destruido árboles y ahí si no dicen nada.
Esperamos que haya pronto una mesa de diálogo
y sino, pues el operador va a seguir preso y vamos
a hacer bloqueos”.
Exigen a Zeferino que
indemnice a afectados de El Cucuyachi
en el gobierno de Aguirre. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
Un campesino relata que hace
ocho años unas 24 familias se salieron de esa
comunidad de la sierra de Atoyac, “porque un grupo del EPR, a todos los que poco más
o menos vivíamos bien, nos exigió dinero y mató
a algunas personas”.
Chilpancingo.
Campesinos de El Cucuyachi, que abandonaron ese lugar en 1998, luego de que
fueron acusados por el Ejército Popular Revolucionario
(EPR) de ser paramilitares, exigieron al gobernador
Zeferino Torreblanca
Galindo el cumplimiento de una minuta que firmaron
con el ex mandatario Ángel Aguirre Rivero, mediante
la cual, éste prometió indemnizar las huertas,
casas y propiedades que dejaron en aquella localidad.
De acuerdo con uno de los afectados,
Bonifacio Peñaloza Corona,
hace ocho años unas 24 familias se salieron de
El Cucuyachi, en la
parte media de la sierra de Atoyac,
“porque un grupo del EPR, a todos los que poco
más o menos vivíamos bien, nos empezaron a exigir
dinero y mataron a algunas personas, ¿Que quiénes
fueron? Nosotros no supimos, nada más resultaron
muertos”.
Abordado en el la antesala de la
Secretaría General de Gobierno, Peñaloza
Corona indicó que en 1997 “hubo ataques y murieron
algunas personas, y cuando nosotros nos dirigimos
con el gobernador Aguirre Rivero, para evitar
los hechos de violencia, él nos pidió que nos
saliéramos del pueblo y cuando le dijimos que
de qué íbamos a vivir nosotros, nos dijo: yo les
pago todas sus pertenencias que dejen”.
Expuso que bajo esa promesa abandonaron
en lugar, “pero también desde entonces dimos varias
vueltas y nunca nos pagó. Hablamos con el alcalde
en ese entonces, Javier Galeana Cadena y él hizo
de nuevo la solicitud con el gobernador, y no
nos pagó nada, nos engañó nada más”.
Dijo que de ese lugar “nos salimos
con la esperanza de que nos iban a pagar, pero
ningún gobernador ha pagado, ni René Juárez, no
nos dio ningún apoyo, hay una minuta y por eso
pedimos al gobernador (Zeferino
Torreblanca) que nos paguen, porque nosotros hicimos
un acuerdo con una institución no con un particular”.
Peñaloza Corona
informó que –actualmente radica en Acapulco– a
él le deben “6 millones de pesos por tierras,
huertas de café, beneficio húmedo, los potreros,
casas y todo, nos prometieron pagar, pero nunca
lo hicieron y ahora queremos que nos paguen”.
Por su parte, el diputado del PRI
Fermín Alvarado Arroyo, afirmó que como “legislador
veo muy poca voluntad, pues del secretario general
de Gobierno (Armando Chavarría
Barrera) deja de atender problemas sensibles de
familias de la Costa Grande para andar en asuntos
de campaña de la UAG”.
Reprochó que hasta el momento el
gobernador no haya querido intervenir
, “el gobierno del estado hizo el compromiso
de apoyar a estas familias y resulta que ahora
están abandonadas, dejaron sus tierras y no han
recibido en lo absoluto ningún apoyo del gobierno
de Zeferino”, incluyendo
a los ex mandatarios, Ángel Aguirre Rivero y René
Juárez.
“Hay una minuta, iban a recibir
asistencia y apoyo, por parte del gobierno del
estado ante una muestra de voluntad de estas familias
del Cucuyachi, para
garantizar la paz y la convivencia armónica y
evitar que estas disputas siguieran cobrando vidas
humanas”, expuso.
Más tarde los inconformes se reunieron
con Chavarría, Noé Jiménez
Silverio, quien pidió a éstos comprobar que han
estado insistiendo en esa gestión, para sentarse
en una mesa de negociación más formal.
MICHOACÁN
Indígenas y campesinos del estado, a la campaña
de AMLO. (La Jornada de Michoacán,
Ernesto Martínez, p.web).
DOCE ORGANIZACIONES FIRMARON ACUERDO
CON LA COALICION POR EL BIEN DE TODOS.
El mitin de hoy dejará claro que
el perredismo y el cardenismo
representan el mismo proyecto: Godoy.
Más de una docena de organizaciones
indígenas y campesinas de Michoacán firmaron un
acuerdo con la coalición Por el Bien de Todos,
en el que se comprometen a apoyar al candidato
del PRD a la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador, mientras que la otra parte
sostiene que de ganar las elecciones el 2 de julio,
incluirán las demandas de estos grupos en favor
del campo mexicano.
Por otra parte, el candidato al
Senado de la República, Leonel
Godoy Rangel, afirmó que este viernes, con el mitin de Andrés Manuel
López Obrador se dejará en claro que el perredismo
en su conjunto apoya al candidato de la coalición
Por el Bien d Todos, y también quedará bien asentado
que el cardenismo forma parte de la izquierda
de este país y que no tiene ningún nexo con el
PAN, porque esta fuerza política es antagónica
a la izquierda.
En tanto, el dirigente estatal
del PRD, Armando Hurtado, manifestó que será hasta
la próxima semana cuando se atienda el caso del
diputado David Garibay,
pues la prioridad en este momento es la visita
del candidato presidencial.
Los dirigentes de la Central Campesina
Cardenitas (CCC), la Coordinadora Nacional Plan
de Ayala (CNPA), Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Nación
Purépecha Zapatista,
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), Unión Campesina Democrática (UCD), la
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas
y Campesinas, el Frente Estatal Indígena, entre
otros, se comprometen a sumarse a las labores
proselitistas tanto entre sus organizaciones como
con sindicatos y otros grupos sociales.
Mientras, la coalición Por el Bien
de Todos acepta integrar las propuestas de dichas
organizaciones al programa alternativo de nación,
pero antes, para ganar los comicios les facilitará
las condiciones legales y logísticas a su alcance
para que estos representantes sociales se sumen
a la campaña.
Carlos Ramos, dirigente de El Campo
no Aguanta Más, manifestó que a nivel estatal
se han alcanzado algunos logros; sin embargo,
en el ámbito federal es necesario que se revise
el Tratado de Libre Comercio en el aspecto agropecuario,
ya que sin duda el mayor reto para el país es
alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
Los efectos de 27 años de política
neoliberal nos obligan a una alianza y a luchar
por la reconstrucción social y económica del campo
a partir de un proceso de transformación democrática
de nuestro país, manifestó el dirigente campesino
a nombre de todas las organizaciones.
Por su parte, el candidato a senador,
Leonel Godoy Rangel,
manifestó que es necesario revisar el artículo
27 constitucional para brindar mayores apoyos
al campo y rescatar los recursos del Fobaproa
para destinarlos a proyectos de beneficio social.
El acuerdo firmado por los dirigentes
estatales del PRD, Armando Hurtado; Convergencia,
Manuel Antúnez, y del PT, Reginaldo Sandoval; así como por Godoy
Rangel y los dirigentes de las organizaciones sociales, establece
que en el plan de gobierno deben existir los siguientes
ejes rectores: la soberanía alimentaria
como una prioridad; la revisión y renegociación
del capítulo agropecuario del TLC; reivindicar
la propiedad social de la tierra y la revisión
del artículo 27; establecer una política social
del campo para reconstruir el tejido social; un
presupuesto rural creciente y una ley indígena
que incorpore las propuestas de la Cocopa.
Asimismo, se comprometen a establecer
una agenda legislativa que restablezca la nueva
relación de los campesinos con el Estado mexicano,
además de generar espacios de representación legislativa
y de gobierno a las organizaciones campesinas.
El agua y el aceite
Leonel Godoy
Rangel dijo que el PAN surge en 1939 en contra de las políticas
públicas del general Lázaro Cárdenas del Río.
"Hay que recordar que Acción Nacional estaba
en contra de la educación socialista y contra
la expropiación petrolera, de la nacionalización
de ferrocarriles, el reparto agrario y
la educación rural. Son adversarios políticos
naturales nuestros, no enemigos, con ideologías
absolutamente opuestas a nosotros, y por eso el
cardenismo se ubica claramente en la izquierda",
señaló.
Y agregó que "hace unos días
quedó absolutamente claro que el PAN tiene una
alianza con partidos ultraconservadores; el Partido Popular, del cual Aznar es dirigente, es el partido de la dictadura franquista,
de la ultraderecha española, por eso viene a México
a violar la Constitución y expresar que ojalá
gane Felipe Calderón".
Por su parte, el dirigente estatal
del PRD, Armando Hurtado, afirmó que se espera
un mitin multitudinario este viernes, a las 17
horas, en la plaza Melchor Ocampo. "Hay mucho
ánimo de militantes y simpatizantes que saben
perfectamente que Andrés Manuel se perfila como
presidente de México, su candidatura se va fortaleciendo
en esta primera etapa que concluye el 26 de febrero
en el Distrito Federal, es excelente, la evaluación
es positiva porque en estados donde el PRD no
tiene mucha presencia, como el norte, las plazas
han estado llenas".
PUEBLA
Propone Cruz Azul apoyar a campesinos para crear
empresa extractora de minerales. (La Jornada de Oriente,
Ignacio Juárez, p.web).
Como una medida desesperada ante
la resistencia de los ejidatarios, la cementera
Cruz Azul propuso el día de ayer al ejido de Tecamachalco
apoyarlos técnica y financieramente en la puesta
en marcha del proyecto de explotación de una mina
ubicada en dicha región, la cual sería administrada
por los mismos campesinos, a cambio de permitirles
la construcción de una carretera la cual les permitirá
tener un acceso directo a la planta que se está
edificando en Palmar de Bravo, la cual se ubica
dentro de la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán.
Jesús Ponce, responsable del área de yacimientos de Cruz Azul,
advirtió que la posibilidad de inversión en la
operación de la mina también está condicionada
a que los campesinos otorguen el derecho de vía
a la Comisión Federal de Electricidad para la
instalación de torres de electricidad que atravesarán
por el ejido. Eso no exime a que la paraestatal
pague la indemnización correspondiente.
En una reunión que Jesús Ponce e Ignacio Muñoz,
asesor jurídico de Cruz Azul, sostuvieron con
las autoridades e integrantes del comisariado
de Tecamachalco, el
primero explicó que la empresa requiere construir
una carretera de siete kilómetros que atravesará
por el ejido a fin de tener un acceso directo
a la planta que se edifica en Palmar de Bravo.
En total, dijo, unos cinco kilómetros atravesarán
áreas de uso común y el resto pequeña propiedad.
A cambio de otorgar el permiso, indicó, Cruz Azul
apoyará técnica y financieramente a los campesinos
para echar a andar un proyecto de explotación
de una mina que se ubica a un costado del cerro
El Monumento en la zona, una idea concebida hace
muchos años por los ejidatarios. De acuerdo con
los primeros sondeos, refirió, se estima que el
yacimiento pueda ofrecer una producción de 500
toneladas diarias de minerales, los cuales serán
comprados por la empresa durante los próximos
cinco años.
Para que los campesinos puedan obtener un crédito
bancario para comprar la infraestructura de la
planta extractora, Jesús Ponce subrayó que la
compañía signará un convenio en la que se compromete
a comprar el material, así como ofrecer la asesoría
técnica necesaria para garantizar el éxito del
proyecto. Eso, dijo, será suficiente para que
cualquier institución ofrezca el préstamo.
La propuesta de Cruz Azul despertó el interés de
los campesinos que asistieron a la reunión, efectuada
en la Casa Campesina del ejido de Tecamachalco;
sin embargo, el principal obstáculo para la concreción
del proyecto es la división dentro del núcleo
agrario debido a las anomalías cometidas por el
comisario Pedro Rodríguez con las áreas de uso
común.
La última irregularidad descubierta por un grupo
de ejidatarios fue la donación por parte de Rodríguez
Torres, sin autorización de la asamblea, de 11
hectáreas al ayuntamiento de Tecamachalco
para ser destinadas como reserva territorial.
Con anterioridad, los campesinos revelaron que
entre el comisario, la Comisión Federal de Electricidad
y Cruz Azul había un acuerdo, sin consultar al
núcleo, para construir la carretera y la instalación
de las torres.
El rechazo hacia el comisario aumentó las últimas
semanas debido a que el edil de ese lugar, Jesús
Notario Díaz, dio a conocer en su I informe de
gobierno que destinó 1.3 millones para la construcción
de un salón de usos múltiples a favor de los ejidatarios,
pero la obra nunca fue realizada y se desconoce
a dónde fueron a parar esos recursos.
De hecho, el pleito interno en el ejido ayer salió
a relucir durante una reunión que sostuvieron
los campesinos, anterior al encuentro con los
representantes de Cruz Azul. No obstante, las
autoridades ejidales y un grupo de campesinos
acordaron con los enviados que el domingo someterán
la propuesta a consideración de la asamblea a
fin de que se designe una comisión negociadora,
la cual analice a profundidad el proyecto.
Algunos ejidatarios, quienes pidieron el anonimato,
confiaron al reportero que el principal temor
es que el conflicto interno termine por perjudicarlos,
pues una vez que se firme el acuerdo para realizar
el proyecto, Cruz Azul comenzará la construcción
de la carretera, mientras los campesinos estarían
enfrascados en la pelea por designar a los responsables
de supervisar y administrar la mina.
Se trata, abundaron, de un proyecto que generará
recursos a favor de los campesinos, de ahí que
el comisario ejidal y su grupo harán lo posible
para controlar todo.
Jesús Ponce insistió en la reunión con los campesinos
que la construcción de esa carretera de siete
kilómetros y el apoyo para la explotación de la
mina está condicionada a que la Comisión Federal
de Electricidad también pueda instalar sus torres
de electricidad que abastecerán a la planta de
Palmar de Bravo, de ahí que si los campesinos
deciden no permitir el paso de las líneas de alta
tensión, entonces se retiran todas las propuesta.
SAN LUIS POTOSÍ
La Minera San Xavier ha cumplidos con los requisitos
solicitados: Secretaría de Economía. (La Jornada
de San Luis, Miguel Ángel Mata, p.web).
El permiso de operación fue anulado por un juez federal
La delegada de la Secretaría de Economía, Eugenia Díaz Infante
Ibarra, indicó que para esta dependencia, la Minera
San Xavier cumplió con todos los requisitos y
fue por eso que les otorgaron un permiso de operación,
que más tarde fue cancelado por un juez federal.
En conferencia de prensa, mencionó que desde su perspectiva
la empresa canadiense cumplió con todos los requisitos
y fue por eso que otorgaron una autorización temporal
de ocupación de tierras para que se pudiera desarrollar
el proyecto minero.
Un juez federal desechó dicha posibilidad debido a que la empresa
no pudo demostrar la propiedad de los predios
sobre los cuáles iban a estar trabajando.
Eugenia Díaz Infante justificó el permiso porque se trata de
una nueva inversión para el estado, además que
consideró que la entidad se vería beneficiada
en la producción de metales porque San Luis Potosí
podría ocupar el primer lugar nacional de producción
de plata y segundo de oro.
“Para la Secretaría de Economía el trámite se lleva a cabo
a nivel central, no se otorga localmente; la información
que yo tengo es que la Secretaría otorgó el permiso
y la empresa en cuanto la Secretaría de Economía
ha cumplido con todos los requisitos”, añadió.
Lo tomaría como otra inversión, mencionó, como otra empresa
que se viene a la zona industrial y ese es el
tratamiento que le debemos de dar. “Debemos de
ser parejos y brindar las mismas posibilidades
a las nuevas inversiones que llegan a San Luis
Potosí, mientras cumplen con todos los requisitos”,
completó.
Díaz Infante también añadió que desconocía cuál es el estado
actual que guarda el caso. “Lo que yo tengo es
que el permiso se le otorgó; tendría que revisar
los expedientes como están y ese caso no se lleva
en San Luis Potosí, se lleva a cabo directamente
en la Dirección General de Promoción Minera en
la capital del país”, explicó.
En caso de que llegara a funcionar, aseveró que esta mina no
enfrentaría desgracias como las que se están viviendo
en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Externó
que Minera San Xavier trabajará a tajo a cielo
abierto y no va a realizar excavaciones profundas.
Cartones
La justicia acosada · Magú
No m´amenaces · El
Fisgón
Marcha el domingo · Helguera
Pasta de conchas · Rocha
La
diestra y el diestro español Carreño
El mismo camino Helioflores
