CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
22 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Multiplica Fox spots en 2005
Transmite 12 mil
horas. Detalla informe de SHCP que el Ejecutivo
subió considerablemente sus comerciales.
El Congreso pide a Corte investigar caso Marín
Acuerdos de Cámara y Senado. La mayoría de los diputados piristas apoyó el punto de acuerdo. Citan a secretario de Gobernación para que informe sobre presunto espionaje.
Urge desarrollar el sistema financiero
Contribuiría con un punto porcentual
más al crecimiento del PIB: Carstens.
Sector financiero, capaz de impulsar al país
Dejó de ser factor de vulnerabilidad
y puede elevar un punto al PIB. Viable, incrementar
el crédito a las empresas rezagadas: Carstens.
Decepcionante, el crecimiento de México, reconoce
Francisco Gil Díaz.
El Congreso consigna a la Corte el caso Marín
Se pliegan los legisladores priistas. Demanda investigar al gobernador por la violación
de derechos de la periodista Cacho. Chuayffet
intentó terso deslinde, pero su compañero Ávila
lanzó ataque al mandatario.
Se les acabó el tiempo y hay más derrumbes
La PFP llegó a
la mina en Coahuila.
Temerosos, los mineros acusan: faltaba seguridad
Fallan las bolsas de oxígeno. Sólo
parchan la red eléctrica. Hay pilotes inadecuados
y déficit de parrillas para detener piedras.
Un derrumbe complica el rescate en la mina
Socorrista aún
mantienen la esperanza. Exigen diputados a STPS
investigación.
Pide Congreso a la Corte investigar a Mario Marín
Voto unánime en
el Senado y de 373 diputados; sólo uno en contra.
Proponen comisión que averigüe violaciones contra Cacho. Implican
al gobernador, a la procuradora y una juez de
Puebla.
Federación minera pide peritaje no gubernamental
La organización
internacional de mineros teme que la autoridad
oculte hechos; la Cámara de Diputados exige investigación.
Continúan las labores de rescate con dificultad
debido a nuevos derrumbes.
Sector agrario
Demanda la organización Alfredo Zalce regularización de predios. (La Jornada de Michoacán, Redacción, p.web)
SE LOCALIZAN EN LA QUEMADA, LA
ALDEA Y QUINCEO II; EL DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL
INTERCEDE POR LOS COLONOS.
Irregularidades en la normatividad
municipal han detenido los trámites: Marco Tulio
Chacón
Un grupo de personas adheridas
a la organización "Alfredo Zalce"
acudieron ayer al Ayuntamiento en compañía del
diputado local, Reginaldo Saldoval, para exigir al gobierno municipal apresurar la regularización
de tres predios ejidales.
El dirigente de la organización,
Mauricio Corona, detalló que los asentamientos
ubicados en los ejidos La Quemada, La Aldea y
Quinceo II, demandan
cumplimiento de obras, redes internas de drenaje,
agua potable y pavimentación.
Los demandantes fueron atendidos
ayer por funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento,
quienes precisaron que los asentamientos en cuestión
no cumplen con algunos requisitos que marca la
Ley de Desarrollo Urbano como la definición de
áreas verdes y de donación para el municipio.
En la reunión el director de Gobierno
de la Secretaría del Ayuntamiento, Marco Tulio
Chacón valencia aclaró a los manifestantes que
los predios incumplen la normatividad, lo que
hace imposible iniciar los trámites de regularización.
Explicó a los miembros de la organización
que la cumplir la normatividad es una garantía
para ellos porque significa que en sus colonias
no podrían contar con áreas de esparcimiento,
como jardines y plazas, en donde los jóvenes y
niños podrían practicar actividades deportivas,
o tener espacio para construir mercados o escuelas.
Ante la situación, se acordaron
futuras reuniones, donde de manera técnica se
analizará la situación de cada uno de los predios.
Chacón se comprometió, a nombre
del Ayuntamiento, a analizarán la manera de apoyarlos
y con esto cumplir con la encomienda del presidente
municipal, Salvador López Orduña, de regularizar
todos aquellos predios que sean factibles y tener
una ciudad más ordenada.
En la reunión estuvieron presentes
personal del Instituto de Vivienda del Estado,
la Procuraduría Agraria, así como de Desarrollo
Urbano municipal, Secretaría del Ayuntamiento
y de la Dirección de Gobierno.
Inician negociaciones con indígenas de San Rafael
acusados de despojo. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web).
Espera que reunión con Castillo Machuca
beneficie el conflicto agrario.
Integrantes de la comunidad indígena que tienen 30 órdenes
de aprehensión en su contra dictadas por el juez
Juan Méndez Gatica, por el delito de despojo, entraron en negociaciones
con el gobierno del estado.
En entrevista el comisariado de bienes
comunales de San Rafael en el municipio de Tamazunchale,
Juan Hernández Hernández, señaló al término de una reunión en palacio de
gobierno que el secretario general, Alfonso Castillo
Machuca se comprometió a privilegiar el diálogo
e interceder con las dependencias correspondientes
para que se resuelva el conflicto agrario del
cual se desprendieron las averiguaciones previas
que culminaron con las órdenes de aprehensión
en contra 30 de integrantes de la comunidad de
origen náhuatl.
“Las órdenes de aprehensión que libraron por la vía penal para
nosotros es un acto de injusticia a nombre de
la justicia”, dijo. Señaló que están amparados
y que en próximos días van a tener una reunión
con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado.
“Vamos a esperar, si vemos que hay buena voluntad por parte
de las dependencias de gobierno en San Luis Potosí,
como la Procuraduría Agraria, si vemos
que ha servido nuestra visita a la capital vamos
a continuar en esa dinámica de esperar a que se
resuelva por la vía agraria”, señaló respecto
a la advertencia que habían hecho de salir en
marcha desde Tamazunchale a la ciudad de San Luis
Potosí para manifestarse en contra de la situación
que prevalece en su comunidad.
“Hemos pedido –finalizó– que se le respete al Tribunal Agrario
su autonomía para que sea ahí donde se termine
el juicio agrario”.
Con manifestación exigen regularizar 40 colonias. (Mi Morelia, p.web).
Morelia, Mich., 21 de febrero del
2006.- Cerca de 100 personas de la organización
Alfredo Zalce acudieron
al edificio del Palacio Municipal, con la finalidad
de exigir al ayuntamiento la regularización de
cinco ejidos localizados en Lomas de Quinceo, en donde se encuentran 40 colonias en la que habitan
15 mil familias.
Acompañados por el legislador petista,
Reginaldo Sandoval Flores, el grupo insistió en
lograr una entrevista con el Secretario de ayuntamiento,
José Luís Marín Soto,
quien en varias ocasiones los ha dejado plantados
a pesar de que se habían concertado audiencias,
según denunciaron.
El legislador señaló que esta organización tiene dos años intentando
regularizar su situación ante autoridades estatales
y federales, y aunque la Procuraduría Agraria
ya dio su visto bueno, son varios ejidos que continúan
en proceso de regularización.
Insistió que se han tenido avances importantes tanto en la
Procuraduría Agraria, Desarrollo Urbano
y la Comisión Nacional de Agua, sin embargo, ha
sido el ayuntamiento quien ha detenido los trámites
para lograr este fin.
Destacó que son 350 hectáreas las que se encuentran en esta
condición irregular, por lo que han exhortado
al gobierno municipal para que de su anuencia
y de conocer si estas familias que ya tienen más
de 15 años viviendo en estas localidades, puedan
estar en posibilidades de ser regularizadas.
Al ser cuestionado sobre si estas áreas contaban con las condiciones
para ser habitadas y no se encontraban en zonas
consideradas de alto riesgo por el impacto que
pudieran sufrir por algún fenómeno natural, señaló
que eso es lo que requieren saber, por lo que
están en espera de una resolución por parte del
gobierno municipal.
Asimismo subrayó que los miembros de esta organización ya dieron
dinero para obtener los títulos de propiedad,
un pago de dos mil pesos por persona, sin embargo,
hasta el momento se desconoce a donde fue a parar
este recurso, sin referir a quien había sido entregado
Sandoval Flores señaló que pedirán también explicaciones
de esto al municipio.
Cabe mencionar que este grupo de inconformes fue recibido por
el secretario de ayuntamiento, mismo que pacto
una reunión en la próxima semana, por lo que será
en breve cuando se conozca la situación jurídica
de esta zona.
Tribunal Latinoamericano del Agua tratará 6 casos
ocurridos en el país. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.web)
Miércoles 22 de febrero de 2006
Por primera vez hará una audiencia pública para exponer daños
generados al ambiente.
La Parota, contaminación del río Coatzacoalcos y el problema
con mazahuas, entre
otros.
Por primera vez el Tribunal Latinoamericano de Agua hará una
audiencia pública en México para tratar seis casos
en los que hubo daños ambientales y afectaciones
a la población, como el de las indígenas mazahuas y la contaminación del río Coatzacoalcos.
En conferencia de prensa, Javier Bogantes, director del tribunal,
dijo que se seleccionaron seis, en lugar de tres,
de los 14 casos que se presentaron en México,
debido a su importancia, y el tribunal sesionará
del 13 al 20 de marzo. Precisó que el problema
con el líquido en la región tiene que ver con
la crisis de sustentabilidad,
ya que se trata sólo 14 por ciento de las aguas
residuales.
Por su parte, Silke Helfrich, directora en México de la Fundación Heinrich Böll, sostuvo que si se
aplicara la justicia ambiental en los países,
el tribunal, que es de carácter ético, no tendría
razón de ser. "El tribunal surge por la ineficacia
de los sistemas de justicia de América Latina".
Aseveró que ante la realización del cuarto Foro Mundial del
Agua en la ciudad de México, y el proceso electoral
que se avecina, el tema de la crisis del agua
puede colocarse en la agenda nacional. Las resoluciones
del tribunal no son vinculantes, dado su carácter
ético, pero los gobiernos pueden tomar en cuenta
sus acuerdos.
Bogantes agregó que no existe ninguna instancia internacional
que abogue por un medio ambiente sano, ya que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
emitido pocos pronunciamientos al respecto, y
ahora el tribunal, con sede en Costa Rica, ha
trascendido a América Central, para abordar ahora
temas de toda América Latina.
Los principales afectados con la crisis de agua son los sectores
de bajos recursos, ya que son los que padecen
la escasez y la carestía del líquido, pese a que
en América Latina se encuentra 46 por ciento del
agua dulce disponible en el mundo.
Puntualizó que el estrés hídrico, derivado de una mala planeación
industrial y agrícola, es uno de los principales
problemas de la zona; México ocupa el tercer lugar,
después de Perú y El Salvador. Consideró que si
no se soluciona el bajo tratamiento de aguas residuales,
no se puede pensar en acabar con la crisis del
agua.
Los problemas del agua no son comprendidos, y por ello los
gobiernos buscan solucionarlos con la privatización,
"pero no se ataca la causa sino que se entregan
los sistemas de almacenamiento a las grandes trasnacionales".
Entre los casos que fueron presentados al tribunal por organizaciones
ambientalistas y comunidades afectadas y cuya
resolución se dará a conocer el 20 de marzo, están
el proyecto hidroeléctrico La Parota, que fue
presentado por el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la obra, ya que alegan que implicaría
inundar 17 mil 300 hectáreas con una cortina de
192 metros. Los denunciados son la Secretaría
de Medio Ambiente y la Procuraduría Agraria.
Asimismo, está el derrame petrolero en el río y playa de Coatzacoalcos,
Veracruz, que afectó a 15 mil habitantes de Nanchital
y por ello se demanda a Pemex;
la contaminación de la bahía de Zihuatanejo, atribuida
a descargas orgánicas y al complejo turístico;
la contaminación industrial en el río Atoyac,
por las descargas de la industria textilera;
el trasvase del sistema Cutzamala
en el estado de México, denunciado por el Movimiento
Mazahua, y el deterioro
de las cuencas Lerma-Chapala-Santiago.
Demandan escrituración en La Aldea y La Quemada. (Cambio de Michoacán, Gema Reyes, p.web).
MORELIA.
Se reúnen con autoridades municipales y representantes del
Ivem
Colonos de La Aldea y La Quemada se reunieron ayer con las
autoridades municipales representantes del Instituto
de la Vivienda del Estado de Michoacán (Ivem),
con la finalidad de solucionar el problema de
escrituración de estos asentamientos irregulares.
Sin embargo, será hasta mañana jueves que se lleve a cabo una
reunión de carácter técnico con la finalidad de
establecer los factores que han impedido que se
llegue a una negociación, ya que en La Aldea son
alrededor de 300 lotes los que se pretenden regularizar
y que se encuentran en una propiedad federal,
y en La Quemada son alrededor de tres polígonos
los que se solicitan pero que no cumplen con la
reglamentación para su regularización, ya que
hay zonas inundables
con barrancas y además pasa un ducto
de Pemex.
El Ayuntamiento ya está llevando a cabo los estudios pertinentes
para analizar si es factible o no esta regularización,
sin embargo se tendrá que esperar hasta celebrar
la reunión de mañana para establecer las zonas
susceptibles a regularizar y las que no, según
comentó José Luis Marín Soto, secretario municipal.
Armando Sandoval, líder de la organización de colonos, explicó:
«Desde hace 15 años los colonos de La Aldea han
estado solicitando la regularización de alrededor
de 300 lotes que se encuentran en un ejido de
mil hectáreas que es propiedad federal, por lo
que le solicitan al Ayuntamiento su apoyo para
que se lleve a cabo el proceso de lotificación,
ya que han estado trabajando con el Ivem
y la Procuraduría Agraria, pero sin tener
respuesta favorable para los pobladores a pesar
de presentar hace cinco meses una propuesta a
estas dependencias, y en el caso de La Quema sí
existe señalamiento en los que nos dicen que el
asentamiento no cuenta con ellos, lo que pedimos
es que se valla regularizando por partes a los
que cumplen, porque hay gente que ha estado pagando
el trámite desde hace dos años».
Por su parte, Jesús Pompa y Padilla, director de Desarrollo
Urbano Municipal, comentó: «La situación en La
Aldea es que los habitantes del lugar quieren
regularizar la zona, el problema es que son tierras
muy viejas asentadas en terrenos ejidales por
lo que no es fácil la situación porque no existe
una escritura pública, sino de orden federal,
y son alrededor de 300 lotes los que se encuentran
en esta situación porque es necesario regularizar
la tierra pero aún no se cuenta con el visto bueno
de parte del Ayuntamiento, pero eso no puede ser
hasta que se cuente con la escritura pública de
parte de los ejidatarios. Además que los mismos
ejidatarios no quisieron firmar un acuerdo sobre
un plano que realizamos en la Dirección de Urbanismo
porque no estuvieron de acuerdo con la distribución.
«Nosotros como Ayuntamiento debemos cumplir con tres requisitos
que es el plan de Desarrollo Urbano, la Ley de
Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción,
para poder autorizar por lo que debemos de esperar
a ver que es lo que se acuerda mañana jueves donde
estará presente el Departamento Jurídico de la
Dirección de Urbanismo Municipal, la Comisión
Nacional del Agua (CNA), la Procuraduría Agraria
y la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente
(SUMA), entonces todos estos organismos determinarán
si se puede regularizar o no la zona».
El caso de La Quemada
En este lugar son tres polígonos los que se pretende regularizar,
pero además desde hace dos años algunas personas
han estado realizando pagos de hasta dos mil pesos
para el trámite de regularización.
Rodrigo Luengo, encargado del Área Jurídica de Desarrollo Urbano
Municipal, destacó: «En un principio de presentó
el proyecto para la regularización de tres polígonos,
misma que se ha estado analizando, pero hasta
el momento consideramos que no será posible en
su totalidad ya que en algunos casos hace falta
determinar las áreas de donación que no se han
contemplado, además de otras zonas que se deben
dejar libres como son barrancos que es necesario
que dictamine la CNA.
«Además de otros problemas que se han presentado como es la
presencia de un ducto
de Pemex, sobre el cual
se están vendiendo terrenos, situación que el
municipio no puede tolerar, además que en algunas
zonas del lugar existen varios puntos pantanosos
que no se pueden regularizar ya que son alrededor
de 591 lotes. Por lo que se ha pensado en ir solucionando
el problema en partes pero es necesario que lo
determine la Comisión de Desarrollo Urbano».
Prometen solución al problema limítrofe. (Noticias de Oaxaca, Francisco Simerman,
p.web).
En Puerto Escondido.
Tras dos reuniones realizadas en las cabeceras municipales
de San Pedro Mixtepec
y Santa María Colotepec, para buscar una solución en el arcaico conflicto
de límites territoriales en Puerto Escondido,
el secretario general de gobierno del estado,
encabezó la última reunión en la palapa
de usos múltiples de este destino de playa.
Asistieron cerca de trescientas personas de los diferentes
sectores, a quienes el delegado de gobierno de
la región de la costa les pidió que durante sus
intervenciones “fueran concretas al tema”, pues
el secretario de gobierno saldría en un vuelo
privado a la ciudad de Oaxaca.
El servidor público reconoció de la invasión que Santa María
Colotepec está haciendo
a Puerto Escondido es “grave porque hay una definición
legal agraria, es el Tribunal Unitario Agrario
(TUA) quien tiene empantanado este conflicto;
hay un retardo del tribunal para no dar solución
a este conflicto para no originar un conflicto”.
Estamos buscando la solución a la invasión que ha hecho Colotepec, física, administrativa y públicamente a Puerto
Escondido, lo que ha originado que no se pueda
desarrollar verdaderamente Puerto Escondido, y
ha originado que los conflictos y diferencias
inhiba o ahuyente la inversión privada.
La invasión ha ocasionado que Puerto esté medianamente desarrollándose
con una medianía de estancamiento también, por
ello venimos a decirles y pedirles ser solidarios
con los comuneros de San Pedro Mixtepec por que a través de ellos vamos a aterrizar la parte
legal de la solución a este conflicto y la solidaridad
para las propuestas que el gobierno del estado
haga llegar a su debido momento”.
En su intervención, la doctora Olga Livia
Cortes Loaeza, integrante
del Concejo Ciudadano de Puerto Escondido Oaxaca
(CCPEO), dijo que este concejo solamente busca
“la dignificación de este lugar”, asimismo dio
al secretario del gobierno un documento dirigido
al gobernado, en el que desarrollan algunos puntos
que pueden dar una solución definitiva a este
conflicto.
El funcionario de gobierno dijo que se pretende tener un Puerto
Escondido con orden, y que no quede estancado
en el desarrollo.
Después se despidió pues había otro problema “más urgente”
que solucionar en la capital de estado, mientras
los porteños se quedaran esperando “esta prometida
solución” que más bien parece que tiene miras
electorales.
Exigen campesinos que se cumplan acuerdos agrarios.
(El Porvenir (Nuevo León), p.web).
Exigieron que cumpla con los compromisos asumidos con la organización
de compra de tierras, regularización de predios
ocupados desde hace 20 años.
México, D.F. “El tiempo se terminó”
corearon integrantes de la Central de Organizaciones
Campesinas y Populares (Cocyp)
en la oficina del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, al exigir que cumpla con los compromisos asumidos
con la organización de compra de tierras, regularización
de predios ocupados desde hace 20 años, entre
otros acuerdos agrarios.
Lo que inició como un mitin- plantón de protesta en la SRA
terminó en una ocupación breve de la oficina del
titular de la SRA, allí los campesinos encabezados
por José Jacobo Femat
asentaron que hay una agenda de 27 asuntos a resolver
en Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Sinaloa
y Chihuahua.
Ante la protesta, el subsecretario de Política Sectorial de
la SRA, Rolando Ocampo, atendió al grupo y se
comprometió a que en los primeros días de marzo
tendrán respuestas a sus peticiones.
Por lo pronto, el próximo día 27, los campesinos llevarán a
cabo una movilización agraria en Papantla,
Veracruz, para exigir la entrega de 10 mil hectáreas
que están semi abandonadas.
Renuncia delegada de la SRA en Chiapas. (Proceso, isaín Mandujano, p.web).
* Díaz Gordillo irá por una curul de mayoría por el PAN.
* Dice que concluyó la regularización de tierras ocupadas por
el EZLN.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.. Al renunciar hoy a su cargo, la representante de la SRA
en Chiapas, Martha Cecilia Díaz Gordillo,
dio a conocer que ya fueron regularizadas las
más de 250 mil hectáreas de tierras compradas
a cientos de campesinos luego del levantamiento
zapatista.
Luego de cinco años, Díaz Gordillo dejó su oficina, y quedó
al frente Arturo Márquez, de quien dijo dará continuidad
a los trabajos que quedan pendientes en esa representación
en Chiapas.
Dijo también que 90% de 131 conflictos agrarios en la Selva
Lacandona quedaron resueltos, lo que permitió
se recuperaran 2 dos mil 657 hectáreas de la reserva
de la biosfera de Montes Azules.
Díaz Gordillo dijo que dejaba el cargo por cuestiones personales,
cuando es vox populi
que es una de las primeras seleccionadas en el
listado de las diputaciones federales plurinominales
del PAN, tema que evitó abordar.
La funcionaria federal dijo que mejor prefería informar a detalle
cómo estaba la situación agraria en este día de
su partida.
Explicó que “las más de 250 mil hectáreas, que se compraron
en administraciones anteriores, fueron regularizadas
en estos cinco años, y con ello se regularizaron
más de mil 208 asentamientos, creándose con ello
800 ejidos, y que bajo esta gestión se les hizo
entrega, a esos grupos de campesinos, de la documentación
que los acredita como legítimos propietarios”.
Las más de 250 mil hectáreas de tierras regularizadas estaban
en poder de campesinos de diversas organizaciones
sociales que, tras el levantamiento del EZLN,
fueron parte de la oleada de invasiones de ranchos
y latifundios, o bien de exigencia al gobierno
para que se les dotara de ellas.
Dijo además que, en el caso de la Selva Lacandona, se logró
excluir en forma definitiva 52 casos de asentamiento
irregulares; 17 de ellos fueron solucionados mediante
reubicaciones, expropiaciones y convenios; 5 mil
28 hectáreas fueron regularizadas; 102 casos están
en vía de solución, lo que representa 45mil 194
hectáreas por regularizar, y existen 12 casos
más pendientes de entrega de su documentación.
Dijo que “focos rojos” que representaban conflictos agrarios
en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano
Carranza han quedado ya solucionados, y que también
se atiende a 250 ganaderos que perdieron sus tierras
en 1994.
Desoye Felipe Calderón llamados a deslindarse de
las mafias panistas. (La Jornada, Claudia Herrera, p.web).
Marcaré distancia cuando sea necesario, responde
a integrantes del Unimos.
Asiste Lino Korrodi
a la reunión; el michoacano comió con José María
Aznar.
En distintos tonos, el candidato presidencial del Partido Acción
Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, escuchó
críticas al foxismo; inclusive, el ex operador financiero de Amigos de
Fox, Lino Korrodi, le sugirió desligarse
ya de esta administración y de las "mafias"
de su partido, en las que incluyó a Santiago Creel.
Pero la respuesta del michoacano fue la misma
para todos: defenderá los logros del gobierno
y marcará distancia cuando sea necesario.
Calderón recibió ayer el respaldo de la Unión Integradora de
Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss),
organización que nació en 2004 con el apoyo del
PAN y apadrinada por cuatro secretarios de Estado,
entre ellos Josefina Vázquez Mota, entonces titular
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
y actual coordinadora política de la campaña del
michoacano.
Creada como brazo agrario del panismo
y calificada en aquel momento como la CNC azul,
la Unimoss es encabezada
por Javier López Macías, militante del PAN desde
hace 20 años y ex funcionario del Fondo Nacional
de Apoyos para Empresas en Solidaridad, quien
asegura representar a 600 mil productores.
Calderón también recorrió un centro comercial Wal-Mart en el Toreo de Cuatro Caminos
y comió con el ex presidente del gobierno español,
José María Aznar, pero su casa de campaña eludió informar sobre estas
actividades.
¿Por qué creerle?, cuestionan
Temprano, el abanderado panista escuchó
fuertes cuestionamientos al foxismo.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Privada, Alejandro Desfassiaux, se quejó de que hace seis años solicitaron una
regulación a las empresas que ofrecen seguridad,
pero "todo sigue igual".
Después, una integrante del consejo le recordó que hace seis
años Fox hizo planteamientos
similares a los suyos para acabar con la inseguridad,
pero no los ha cumplido. "¿Por qué creerle
ahora?", preguntó.
El michoacano enunció sus propuestas en materia de seguridad
pública, se pronunció en favor de aprobar la citada
ley de seguridad privada y reconoció que debe
remontar las expectativas insatisfechas de este
gobierno, pero insistió en que rescatará los programas
"buenos" del foxismo, como el Seguro Popular y las becas escolares.
En los momentos en que el ex precandidato presidencial del
Partido Verde Ecologista de México Bernardo de
la Garza estaba por anunciar su salida de la campaña
del priísta Roberto Madrazo, Calderón lo calificó
de un cuadro valioso que tuvo un "tropezón",
y deslizó la posibilidad de invitarlo a colaborar
si gana la Presidencia.
En la reunión con los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad
Privada se presentó Lino Korrodi,
ex operador financiero de Amigos de Fox,
agrupación que trianguló recursos a la campaña
presidencial de Vicente Fox,
motivo por el cual el PAN pagó una multa de 545
millones de pesos.
Entrevistado por la prensa, Korrodi
aclaró que fue invitado por Desfassiaux
y se deslindó del manejo financiero de la campaña
de Calderón. "Bastante tarea he tenido con
Amigos de Fox; me atacaron,
fueron perversos, conmigo, con mi familia y con
mucha gente. Lo único que quiero es que me dejen
en paz", exclamó.
Con su coloquial estilo, acusó al ex secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda,
al senador Diego Fernández de Cevallos y al ex
presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, de haber dañado "mucho"; inclusive consideró
un error de Fox el nombramiento
de Bravo Mena como embajador en el Vaticano.
-¿Votará por Calderón?
-Vamos a esperar los tiempos... No puedo ser efusivo, tengo
que mantener mi línea, si no me quemo, me tatemo
con los otros candidatos.
-Dicen que no levanta la campaña de Calderón.
-Felipe se tiene que desligar del gobierno. Lo que le dio sustento
a Vicente Fox en precampaña
y en la campaña fue desligarse del gobierno de
Zedillo. Si no se desliga
en esa parte es difícil que los mexicanos le demos
credibilidad a Felipe.
-¿Las mafias podrían afectar al candidato panista?
-Depende de Felipe, de su grupo, que si los dejan actuar y
operar con él. Para empezar, tiene que sacar a
Creel de ahí (del comité
estratégico de campaña), porque hizo un pésimo
papel en Gobernación, estuvo ligado a actos de
corrupción... Al Presidente no lo puedo meter
en este asunto por respeto a los mexicanos.
Después de la reunión, Calderón dijo respetar la opinión de
Korrodi y de quienes le plantean deslindarse del foxismo, pero insistió en que este gobierno ha hecho "cosas
buenas" y que corregirá lo que se ha hecho
mal.
Posteriormente recibió el respaldo de la organización Unimoss, que se creó cobijada por el PAN y con el respaldo
de quienes en ese momento fungían como secretarios
de Estado: Javier Usabiaga en Agricultura, Fernando Canales Clariond en Economía, Vázquez Mota en la Sedeso y el actual titular de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame.
En el encuentro, Calderón retomó las palabras de una mujer
indígena y afirmó que la solución a los problemas
del país "no es problema de redentores",
y prometió que él dará el hachazo que falta al
árbol de 70 años de priísmo.
Aunque los integrantes de la Unimoss
no escatimaron loas al gobierno foxista,
también se quejaron de la falta de créditos. Una
de ellas, María Larios, de plano dijo que la Comisión
de Atención a los Pueblos Indígenas (encabezada
por Xóchitl Gálvez) se dedica "a ver el futbol en Los Pinos" y no a atender a esta población.
Aunque se presentaron como apartidistas,
Larios admitió que "nacieron como organización
panista" y que
no pocas veces los han tildado de ser una agrupación
"de blof y fantasma".
Deja la casa del México ganador
Anoche, Calderón se mudó de la llamada "casa de campaña
del México ganador", que también fue la de
Fox hace seis años,
a otra en la avenida Angel
Urraza.
Su equipo organizó una fiesta, a la cual asistieron diputados,
senadores y líderes panistas
para la inauguración de esta nueva sede que, de
acuerdo con su casa de campaña, tiene una renta
de 80 mil pesos mensuales que serán pagados por
Acción Nacional a una empresa privada.
Además de este local, que se eligió por ser de mayores dimensiones,
ayer se difundieron nuevos espots
de Calderón. Después de las críticas que suscitaron
los primeros anuncios, los calderonistas optaron por presentar un candidato en mangas
de camisa, respaldado por personas de distintas
ocupaciones, que ponen énfasis en el lema de campaña
de "manos limpias".
Preocupa a ONG violencia y sobornos en torno a
La Parota. (Diario de México, Janosik García, p.web)
Chilpancingo, Gro.- Mediante un escrito
enviado al presidente de la República, Vicente
Fox Quesada, y al titular
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Florencio Salazar Adame,
la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos
en México (Deutsche
Menschenrechtskoordination Mexiko)
expresó su preocupación por "los hechos de
violencia y soborno” que se están generando alrededor
del proyecto hidroeléctrico planeado por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en La Parota.
La misiva está firmada por todos los miembros de la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos en México, “que
es una red de 15 organizaciones e instituciones
alemanas cuya meta es acompañar los procesos de
democratización y la vigilancia al respeto de
los derechos humanos en México”.
En el texto, la coordinación plantea que la división de las
comunidades afectadas por el planeamiento de la
presa La Parota y los resultados violentos de
las discordias “se deben a la mala política de
información y de consulta, además de la coacción
del voto de comuneros por parte de la CFE”.
“Aunado a ello -añadieron-,
esta la división de las comunidades… a nosotros
nos preocupan también la serie de violaciones
a los derechos humanos que están acompañando esta
fase de planeación.”
Prueba de ello, apunta el texto, es el hecho de que el Tribunal
Unitario Agrario del 41 en Acapulco haya anulado
en su resolución del 17 de enero del presente
año (447/2005) el acta de la Asamblea de San Marcos.
“Eso es una muestra
clara de que han habido violaciones a la ley agraria
y otra serie de irregularidades durante las asambleas
en las que se ha votado parcialmente por la expropiación
de las tierras, recalcándose que la anulación
del acta implica la anulación de los convenios
y acuerdos suscritos entre la CFE y los comuneros
firmantes”, precisan.
En ese sentido, informan que la Comisión Mundial de Represas
(CMR) -que fue creada bajo los auspicios del Banco
Mundial (BM)- ha recomendado en torno a este tipo
de proyectos “que las decisiones en proyectos
hidroeléctricos deben tener como fundamento el
reconocimiento de los derechos de todos los afectados
por estos proyectos (por ejemplo, el derecho a
la información y a participar en la toma de decisiones
de todos los implicados) y además hacer una evaluación
de los riesgos que estos proyectos conllevan”.
Además, lamentan: “En este sentido, las asambleas comunales
y ejidales no pueden ser el mecanismo adecuado
para un posicionamiento de la población en referencia
a la expropiación, pues los padrones comunales
y ejidales componen un porcentaje mínimo de la
población afectada, quedando muchos ciudadanos
poseedores y avecinados excluidos de este proceso”.
Tras señalar que la misma CMR ha reconocido los daños devastadores
para el medio ambiente que conlleva la construcción
de las grandes represas -concluyendo que el impacto
sobre los ecosistemas han llevado a pérdidas irreversibles
tanto de ecosistemas como de especies- la carta
expone que llevan “varios meses” siguiendo de
cerca “los conflictos sociales encendidos” debido
al pretendido avance forzado en la toma de decisiones
por parte de la CFE.
De igual forma, la coordinación alemana reprobó la violencia
desatada que está cobrando vidas, al tiempo que
exigió que se investiguen los asesinatos de Tomás
Cruz Zamora, ocurrido el 18 de septiembre de 2005,
y de Eduardo Maya Manrique, acaecido el 29 de
enero del presente en el ejido de Dos Arroyos,
municipio de Acapulco.
Finalmente, y basándose en los acuerdos internacionales que
México ha ratificado -entre otros, la Convención
169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos-, los alemanes
piden que se haga un estudio exhaustivo de proyectos
alternativos sustentables que eviten la construcción
de la presa, como lo recomienda la Comisión Mundial
de Represas.
Asimismo, exigen que no se expropien las 17,300 hectáreas,
por no existir las condiciones adecuadas ni de
información ni de alternativas viables para las
comunidades ni que en el proceso de decisiones
“sea implantada una política de información transparente,
de consulta extensa y adecuada, en apego a los
estándares requeridos por los convenios internacionales”.
Acuerdan la solución a un conflicto agrario de
más de 12 años en Playa Larga, Zihuatanejo. (El Sur, Brenda
Escobar, p.web)
Acepta un particular que
reclama 6 hectáreas 4 millones del programa de
Focos Amarillos de la SRA. Pide también 20 hectáreas.
Zihuatanejo.
El particular que reclama como
suyas 6.2 hectáreas de terreno ubicadas frente
al mar en Playa Larga, pertenecientes al ejido
de Agua de Correa, Alejo Maldonado Cuevas, en
una audiencia el lunes 20 en el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) 41, aceptó la cantidad de 4
millones de pesos que le ofrece la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) por medio del
programa Focos Amarillos, a modo de solucionar
este conflicto que data de hace más de 12 años.
Sin embargo, para que la situación
entre los 198 posesionarios
y Maldonado sea definitiva, éste exige la entrega
de 20 hectáreas de tierra, divididas en dos parcelas,
por lo que el magistrado del TUA, Juan Rodolfo
Lara Orozco, aplazó dos fechas; en una, la suspensión
de la orden de desalojo programada para el 10
de marzo próximo y la segunda, para la audiencia
definitiva a este conflicto.
El representante del comisariado ejidal de Agua de Correa, Bernardo Solís Radilla,
dijo que el ejido está en la mejor disposición
de darle la posesión a Alejo Maldonado de 13 hectáreas
comprendidas en la parcela 577, pero las otras
siete hectáreas que están en la parcela 578, sólo
estarían dispuestos a darle cinco, siempre y cuando
las autorice la asamblea general.
El lunes 20, se llevó a cabo la
audiencia en el TUA 41, entre los representantes
del comisariado ejidal
de Agua de Correa, encabezados por Bernardo Solís
Radilla; y la parte demandante, Alejo Maldonado
Cuevas, quien se hizo acompañar por sus abogados
Taurino Arturo Hernández Vega y Alberto Villagrán
Greenwell.
En la audiencia, Maldonado expuso
su aceptación de recibir los 4 millones de pesos
que la SRA ofrece por el área en conflicto, pero
además, pidió un total de 13 hectáreas divididas
en dos parcelas, a lo que Solís Radilla dijo que
el ejido está en la disponibilidad de darle la
superficie total de la parcela 577 (13 hectáreas)
pero que de la parcela 578, “solamente estamos
dispuestos a reconocer 5 hectáreas de la superficie
total (que son 8 hectáreas)”.
Entonces pidió la oportunidad de
llevar a la asamblea general la propuesta de Alejo
Maldonado, por lo que el abogado Hernández solicitó
el aplazamiento de la ejecución de la sentencia
para dar margen a que el comisariado
ejidal lleve a cabo su convocatoria en la que
expondrá su propuesta.
Diario Oficial de la Federación. (Agencias, p.web)
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 433-82-75 hectáreas de temporal
de uso común, de terrenos de la comunidad Zona
Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis.
76
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 971-47-84 hectáreas de temporal
de uso común, de terrenos de la comunidad Zona
Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis.
78
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 986-05-03 hectáreas de temporal
de uso común, de terrenos de la comunidad Zona
Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis.
81
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 905-80-57 hectáreas de temporal
de uso común, de terrenos de la comunidad Zona
Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis.
83
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 157-30-45 hectáreas de temporal
de uso común, de terrenos de la comunidad Zona
Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis.
86
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública
una superficie de 334-39-73 hectáreas de temporal
de uso común, de terrenos de la comunidad Zona
Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis.
89
Autoridades municipales atienden petición de para
regularizar predios. ( Mi
Morelia, p.web)
Martes 21 de Febrero
de 2006
Morelia, Mich.,- Autoridades municipales
atendieron a una comitiva perteneciente a la organización
denominada “Alfredo Zalce”,
cuya demanda es la regularización de tres predios
ejidales que incumplen con la normatividad municipal.
Dichos asentamientos se encuentran ubicados en La Quemada,
La Aldea y Quinceo II,
los cuales -de acuerdo con autoridades municipales-
no cumplen con algunos requisitos que están marcados
en la Ley de Desarrollo Urbano, como definir las
áreas verdes y de donación para el municipio.
Ante la queja de que el Ayuntamiento no atendía sus peticiones,
Marco Tulio Chacón Valencia, titular de la Dirección
de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento,
aclaró que los propios miembros de la organización
saben que incumplen con la normatividad municipal,
por lo que no es posible iniciar los trámites
de regularización.
El director de Gobierno municipal explicó a los miembros de
la organización que la cumplir la normatividad
es una garantía para ellos, ya que significa que
en sus colonias contarán con áreas de esparcimiento,
como jardines y plazas, en donde los jóvenes y
niños podrán practicar actividades deportivas,
o tener espacio para construir mercados o escuelas.
Se acordaron futuras reuniones, donde de manera técnica se
analizará la situación de cada uno de los predios
y para emitir con ello conclusiones que a las
autoridades les permita tomar decisiones más acertadas.
Por lo tanto, Marco Tulio Chacón mencionó que analizarán la
manera de apoyarlos y con esto cumplir con la
encomienda del presidente municipal, Salvador
López Orduña, de regularizar todos aquellos predios
que sean factibles y tener una ciudad más ordenada.
En la reunión estuvieron presentes personal del Instituto de
Vivienda del Estado, la Procuraduría
Agraria, así como de Desarrollo Urbano municipal,
Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección
de Gobierno.
Pedirá diputado enajenar terrenos nacionales. (Frontenet, Héctor García, p.web).
Martes 21 de Febrero
de 2006
El diputado federal del PAN, Fernando Alvarez
Monje, presentará esta semana ante el pleno de
la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma
al artículo 161 de la Ley Agraria que faculte
a la Secretaría de la Reforma Agraria para
enajenar los terrenos nacionales de su competencia
y otorgarlos a los gobiernos estatales y municipales
como reserva territorial, ecológica o para desarrollo
urbano.
Esta iniciativa cumple el compromiso del Poder Legislativo
Federal en la Convención Nacional Hacendaria
y en especial, revalora el patrimonio público
como herramienta de la Hacienda de los tres ámbitos
de gobierno, de manera que se potencie la identificación,
control, preservación, uso, aprovechamiento y
disposición de dichos terrenos en beneficio de
la sociedad mexicana en general.
Esta reforma legislativa busca eliminar múltiples problemas
que hoy impiden optimizar el uso del patrimonio
público, indicó el diputado panista Alvarez Monje, quien precisó
que específicamente, la iniciativa intenta llenar
el vacío legal que hoy impide a la Secretaría
de la Reforma Agraria enajenar –a favor- a los
estados y municipios los terrenos nacionales que
no están siendo utilizados.
Entonces la reforma propone eliminar esa ¨laguna
legal¨ y lograr que
el Poder Legislativo Federal cumpla su compromiso
con la sociedad, aportando elementos que construyan
un nuevo Federalismo Fiscal en nuestro país.
Con la aprobación de esta iniciativa se resolverá parte de
la problemática en la que se encuentra inmerso
el patrimonio público, misma que fue diagnosticada
a profundidad en la Primera Convención Nacional
Hacendaria.
Finalmente se reitera que con la propuesta del diputado Fernando
Alvarez, se facultará
a la SRA a enajenar a los gobiernos de los estados,
municipios y el Distrito Federal, los terrenos
bajo su competencia, haciendo eficiente la adquisición,
administración, uso, aprovechamiento, explotación
y enajenación del patrimonio público en beneficio
de los mexicanos.
Reclaman tierras de la Politécnica. (Unomásuno Morelos, Juan Manuel Nájera, p.web).
Martes 21 de Febrero
de 2006
A casi cuatro años de la inauguración de la Universidad Politécnica,
pobladores de la comunidad de Tejalpa,
del municipio de Jiutepec,
invalidaron la operación de compra-venta de los
30 mil metros cuadrados en donde se encuentra
asentada esta universidad y ahora reclaman la
restitución del inmueble, es decir, “está en juego
la carrera de cientos de alumnos que no saben
qué hacer ante la insistencia de los comuneros,
de promover el juicio agrario número 293/2005,
radicado éste en el Tribunal Unitario Agrario
del Distrito 18”.
Benjamín Cuevas Flores, comunero, declaró que Rafael Cuevas
vendió los 30 mil metros cuadrados al gobierno
del estado sin la plena autorización de las demás
personas involucradas, quienes en ningún momento
lo respaldaron, tan es así que con documentos
falsos y apócrifos procedió a la operación de
compra-venta, a sabiendas de que su progenitor
incurría en un grave delito, puesto que no hay
cesión de derechos ni autorización de la asamblea.
Aunado a esto, agregó, “la supuesta venta se concreto en los
60 millones de pesos, mismos que fueron autorizados
por el Congreso del estado; sin embargo, el presidente
municipal panista Demetrio
Román Cruz, alteró la cifra y supuestamente señaló
que el terreno había costado 65 millones de pesos,
situación que evidencia una serie de irregularidades,
al margen del costo real, ya que dentro de este
litigio radicado en el TUA, se corre el riesgo
de que los alumnos no tengan reconocimiento oficial
por parte de la Secretaría de Educación Pública,
debido a los problemas en cuestión.
Aseguró que uno de los impulsores de la venta fue José Lagunas,
secretario de Desarrollo Económico del ayuntamiento
panista de Jiutepec, e hijo de Isaías
Cuevas Díaz, quien designó como sucesor preferencial
al servidor público municipal, de ahí que éste,
aprovechándose de la coyuntura obtuviera más de
11 millones de pesos, mientras que los comuneros
exigen la restitución del inmueble, ya que confabulados
con el ex diputado y delegado del Registro Agrario Nacional, Edmundo Venosa
Peña, han hecho de las suyas, tal y como ocurriera
con la comunidad de Tetela del Monte, en donde el funcionario federal está evidenciando
su interés personal y no el de la comunidad.
De acuerdo a los documentos que obran en manos de esta casa
editorial, la venta se dio en complicidad con
el presidente municipal panista, el síndico municipal, el secretario general del ayuntamiento
y el secretario de Desarrollo Económico, José
Lagunas, quien de la noche a la mañana se convirtió
en millonario, producto del pago que realizara
el gobierno por la supuesta venta de los terrenos
de 30 mil metros cuadrados.
Benjamín Cuevas Flores aseguró que el daño será tan grave,
que muchos de los alumnos no tendrán reconocimiento
oficial de sus estudios por la inseguridad que
hay sobre el plantel que ha sido construido en
terrenos “fantasmas”, por la sencilla razón de
que la Universidad Politécnica no está plenamente
legitimada.
Prensa Estatal
GUERRERO
Demanda Moyotepec a campesinos
El Capulín por el robo de su cosecha. (El Sur,
Teresa de la Cruz, p.web).
Autoridades entregan una
denuncia de hechos a la PGJE donde acusan al presidente
de los bienes comunales, Ismael Galeana, y al
asesor Evencio Romero.
Chilpancingo.
Autoridades agrarias de Moyotepec, La Lucerna y San Juan de las Nieves, presentaron
ayer en la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) una denuncia de hechos en contra
de un grupo de comuneros de Tlacoapa
–a donde pertenece El Capulín con quienes se disputan
456 hectáreas de tierra–, por el presunto delito
de robo de cultivo de grano básico, ocurrido en
la primera semana de febrero.
La acusación fue presentada al
medio día de este martes, por el comisario de
Moyotepec, Marcelino
Ramírez Reyes y el comisario de La Lucerna, Máximo
García González –aunque en el escrito se menciona
que fue afectada también San Juan de las Nieves–;
acudieron asimismo el presidente de los bienes
comunales de Ocoapa, Natalio Solano González
así como del asesor legal de éstos, Jesús Escobedo.
El documento fue entregado en la
Dirección General de Averiguaciones Previas de
la PGJE, porque según el escrito “el fiscal regional
de la Montaña (Joaquín Juárez Solano) se negó
a darnos facilidades para interponer la denuncia
de hechos, pero además fuimos intimidados por
dicho servidor público y agentes de la Policías
Investigadora Ministerial” adscritos a ese sector.
En la denuncia –que consta de cuatro
hojas– las autoridades agrarias de Moyotepec
y La Lucerna, señalan como responsables del robo
al presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa,
Ismael Galeana Sixto; al asesor legal y líder
de la CNC no oficial, Evencio
Romero Sotelo y también
de los campesinos de esa localidad, Bernardo Rayo
Mendoza; además del presidente del Consejo de
Vigilancia de El Capulín, Noé Cano Martínez.
También mencionan a los campesinos:
Baltazar Ignacio Basurto,
Bernardino Ignacio Hernández, Gualterio
Vélez Sixto, Rolando González Pérez, Eutiquio
Hernández Espinosa, Eusebio Sixto Colón, Andrés
Flores Colón, Albino Colón González, Edudoxio Colón González, Albino Hernández Bonilla, Leandro
Hernández González.
Asimismo Marcos Remigio Espinosa,
Celedonio Espinosa Acevedo,
Benito Colón Espinosa, Adrián Espinosa Acevedo,
Fidel Bello, Tomoteo
Acevedo, César Hernández Espinosa, Raúl Neri
Cantú, Antonio Nazario Onofre,
Paulino Nazario Cantú y Ubaldo Neri Colón.
Según el escrito, el robo de la
cosecha ocurrió del 4 al 8 de febrero de este
año en un horario de 8 de la mañana a 2 de la
tarde y precisa que se robaron el cultivo de unas
50 hectáreas –donde habían sembrado de maíz, fríjol
y calabaza–, de las cuales sólo cinco se encuentran
dentro de la zona de conflicto, a unos cuatro
kilómetros de El Capulín.
Detallan en su acusación que el
4 de febrero se percataron de que unas 150 personas
armadas (con escopetas y AR-15) se introdujeron
a sus tierras de cultivo y se llevaron la cosecha
en bestias de carga “e inclusive ellos mismos
se retiraban cargando costales de mazorca o calabazas”.
Indican que por “temor a ser privados
de la vida” y a “un enfrentamiento” en esa ocasión
sólo se mantuvieron observando los hechos, sin
hacer reclamos. Pero añaden que durante una asamblea
de comuneros, éstos optaron por que se presentara
una denuncia formal “para que se investigue, se
cuantifique el daño y se repare”.
Retiran el plantón de Lomas de Chapultepec; promete Félix a ejidatarios una reunión con Zeferino. (El Sur, Jorge Nava, p.web).
Hoy dialogarán en la capital
del estado con el subsecretario de Asuntos Políticos
del gobierno estatal, Guillermo Ramírez Ramos,
informa el abogado José Sánchez. El alcalde dio
la orden de no llevar a cabo el desalojo, informa
el diputado local Wulfrano Salgado Romero quien acompañó a los colonos a la
reunión con Salgado Macedonio.
En la madrugada de ayer ejidatarios
de Lomas de Chapultepec
retiraron las barricadas que habían colocado la
tarde del lunes al enterarse que serían desalojados
de las hectáreas que se disputan con la empresa
Inmuebles Acapulco y Papagayo SA de CV tras concertar
una reunión con el gobernador del estado por medio
del alcalde Félix Salgado Macedonio, quien dio
la orden a los policías preventivos de no llevar
a cabo la maniobra.
Aunque el encuentro con el gobernador
Zeferino Torreblanca
Galindo fue pactado al medio día tras una reunión
privada que tuvo Salgado Macedonio con los ejidatarios
que asistieron acompañados del diputado local
–Wulfrano Salgado Romero–,
por la noche el abogado José Sánchez precisó que
el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno
estatal, Guillermo Ramírez Ramos, los atendería
hoy al mediodía en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo.
Las dos demandas centrales de los
ejidatarios en esa reunión serían el cese a la
persecución y hostigamiento por parte de las autoridades
y la libertad del ejidatario detenido. afirmo el abogado.
Por otro lado el detenido Carmelo
García del Valle rindió su declaración en el juzgado
cuatro de primera instancia del ramo penal donde
negó los cargos de despojo que le imputa Inmuebles
de Acapulco y Papagayo SA de CV.
La tarde del lunes los ejidatarios
colocaron dos barricadas con troncos y palapa
seca, una de ellas la ubicaron antes de llegar
a los terrenos en disputa que se encuentran después
del restaurante Beto
Godoy.
Del caso, el abogado de los ejidatarios,
José Sánchez, informó que cuenta con el amparo
1017/2006 contra actos del juez cuarto de primera
instancia del ramo penal que promovió en la mañana
de ayer con la jueza sexto de distrito, Martha
Leticia Muro Arellano.
La reunión
Tras salir de la reunión a puerta
cerrada con Salgado Macedonio, Wulfrano
Salgado dijo que el lunes ya había hablado con
el presidente municipal y ayer solo hablaron para
que interviniera con el gobernador y recibiera
a la gente.
Wulfrano Salgado
reveló que la Policía municipal tenía la orden
de intervenir en la operación, sin embargo finalmente
no lo hicieron porque al hablar con el alcalde,
éste se comunicó con el encargado de despacho,
Salvador Vargas Villanueva, a quien le pidió que
cualquier movimiento de la Policía local, se lo
tenían que notificar, ya que Salgado Macedonio
no sabía de esa acción.
El diputado local comentó que incluso
Salgado Macedonio incluso le dijo a Vargas, que
a él como presidente le tenían que mandar un documento
de ese tipo de orden de desalojo y que él no contaba
con dicho documento.
Aún por la noche, Wulfrano Salgado indicó que de la presidencia municipal le
llamaron para indicarle del día, lugar y hora
del encuentro con Zeferino Torreblanca y los ejidatarios.
La declaración del detenido
El ejidatario detenido, Carmelo
García del Valle, declaró en la mañana por el
cargo de despojo con el segundo secretario de
acuerdos del juzgado cuatro penal, Edilberto
Calderón Juárez, donde negó el delito.
Al concluir la declaración, a reporteros
indicó que nunca invadió con los otros ejidatarios
porque esas tierras son del Ejido Lomas de Chapultepec.
El ejidatario, de 61 años de edad,
declaró a reporteros cuando se encontraba tras
la rejilla de diligencias que la empresa con quien
se disputan la propiedad, después de 15 años de
ver que no hicieron nada en el terreno, diez personas
del ejido acordaron volverlas a ocupar porque
allí él tiene palmeras, limoneros y platanares,
que no había aprovechado durante esos años porque
la empresa se los impedía.
Dijo que es dueño de tres hectáreas
y que para comprobar su propiedad tiene el Diario
Oficial de la Federación que indica la expropiación
de ejidos, su certificado de ejidatario y un testamento
de su padre que le indica de qué terrenos es dueño.
Ya existe una orden de restitución
El diputado local, Wulfrano Salgado informó que se tiene que revisar la manera
en que se hizo la expropiación a favor de la empresa
Inmuebles Acapulco y Papagayo SA de CV porque
desde un principio hubo irregularidades.
Indicó que años atrás, a los ejidatarios
pagaron 5 mil, 8 ó 15 cuando esos terrenos tienen
demasiado valor.
Por otra parte una fuente del juzgado
cuarto penal indicó que existe una orden de restitución
que libró el juez Manuel Ramírez Guerrero, pero
que debido a que los policía
preventivos se retiraron, la policía ministerial
no quiso actuar sola.
Indicó que se envió el oficio al
encargado de la Secretaría de Protección y Vialidad,
quien habría incurrido en desacato, sin embargo
para entregar el predio señaló que será después
porque por ahora es imposible.
El desalojo no se daría por mi gusto sino por una
orden de un juez que debo acatar: Zeferino. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
Chilpancingo.
El gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, dijo ayer que el desalojo de
los ejidatarios de Lomas de Chapultepec,
no se dará por “gusto” del gobierno del estado,
sino porque detrás haya una orden de un juez y
justificó que de no acatarla podría ser sancionado
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
Al medio día de este lunes, ejidatarios
de Lomas de Chapultepec
que disputan la propiedad de 282 hectáreas con
la empresa Inmuebles Acapulco y Papagayo SA de
CV, colocaron dos barricadas sobre el puente de
Barra Vieja en protesta por la detención de unos
de sus compañeros y quienes presuntamente serían
desalojados.
Durante la conferencia de prensa
que ofreció en el auditorio del SUSPEG –luego
de inaugurar los juegos deportivos que se llevarán
a cabo como parte de los festejos del 61 aniversario
de ese sindicato–, a pregunta expresa sobre el
porqué se va a desalojar a los ejidatarios, Torreblanca
respondió que “el gobierno no desaloja por gusto,
sino porque alguien incumpla con las disposiciones
legales”.
“Y si un juez ordena al gobierno
del estado utilizar la fuerza pública, el desalojo
lo vamos a hacer, no es un gusto del gobierno
del estado, desalojar por desalojar, nosotros
quisiéramos prevenir”. Afirmó
Señaló que en caso de que se pueda
evitar el uso de la fuerza, se va a buscar una
salida al conflicto por la “vía política”, sin
embargo resaltó que “son mandatos de autoridad
que obligan al desalojo y ordenan el desalojo
y si el gobernador no lo acata se hace acreedor
a las sanciones que la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación tiene establecida para esos
casos”.
A pesar de que se le insistió en
conocer si ya había tal orden de desalojo y si
se iban a integrar averiguaciones previas en contra
de los ejidatarios que estaban bloqueando el puente
de Barra Vieja, Torreblanca se negó a contestar
argumentando que ya había respondido.
Reconoce que hay un movimiento
mundial en contra de la construcciónde presas
Más tarde sobre el caso de La Parota
y las recomendaciones de ONG internacionales de
que no se construya esa presa, el gobernador consideró
que “la opinión de quienes no están de acuerdo
en la construcción de presas es un movimiento
mundial y estarían de acuerdo en que no construyéramos
una presa más, pero lo que si le puedo asegurar
es que parece que el gobierno federal va a iniciar
la construcción de la Yesca (en Nayarit) y en
la Yesca no hay nada a 100 kilómetros a la redonda,
y un interés de construir La Parota y el interés
de la misma es que la inversión trae beneficio
social”.
Dijo que “aquí lo que buscamos
es que tenga un proyecto detonador para generar
mejores condiciones para que se detenga la población
y no se siga yendo a Estados Unidos de Norteamérica”.
SAN LUIS POTOSÍ
Sólo cuatro familias se oponen a la MSX en Cerro
de San Pedro, dicen pobladores. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web).
Funcionarios de la minera realizaron ayer una reunión informativa.
Directivos de MSX aseguran que mantienen vigentes todos los
permisos para operar.
En Cerro de San Pedro pobladores y empleados de la empresa
canadiense Minera San Xavier participaron
en una reunión informativa en la que aseguraron
que la mayoría de la población de la cabecera
municipal se encuentra a favor del proyecto de
la empresa. Directivos de la compañía indicaron
que la empresa mantiene todas sus autorizaciones
vigentes y sostuvieron que no existe posibilidad
de que la oposición a su proyecto logre detenerlos.
Unas 40 personas participaron en la reunión la tarde de ayer
en las oficinas de la Minera San Xavier al exterior
del poblado fundado en el siglo XVI.
El funcionario de la Minera San Xavier, Juan Guerrero, informó
a los pobladores que asistieron a la reunión que
ya realizaron la primera detonación en la cima
de la mina de Cerro de San Pedro.
Como ejemplo indicó que los sismógrafos en el poblado oscilan
más con un brinco de un ser humano que con las
detonaciones en la cima de la mina mencionada.
Apuntó que la población en Cerro de San Pedro podrá permanecer
en el poblado mientras la Minera San Xavier opera
en la cabecera municipal y señaló que actualmente
están trabajando en la construcción de la contención
de piedras que protegerá al poblado histórico
de piedras que se desprendan por las detonaciones.
Los pobladores de Cerro de San Pedro que asistieron a la reunión
aseguraron que de 24 familias que habitan las
24 horas en Cerro de San Pedro, sólo cuatro se
oponen al proyecto de la empresa canadiense.
Se quejaron de los horarios del festival de Cerro de San Pedro
y de los insultos en contra de la empresa Minera
San Xavier. Señalaron que en la cabecera municipal
no está ninguno de los funcionarios de la compañía
a los que se refieren en sus manifestaciones,
por lo que solicitaron que el horario y las expresiones
en dicho festival sean moderados.
De acuerdo a información de la empresa, actualmente Minera
San Xavier está dando trabajo a 50 pobladores
del municipio de Cerro de San Pedro, esto representa
la mitad del total de los empleados de la compañía
Cartones
Refuerzos de la madre patria · Magú
Condiciones de trabajo · El Fisgón
Empresarios mexicanos · Helguera
Teléfono descompuesto · Rocha
Nuevo espot · Hernández
El
sordo Naranjo
El trapecista Helioflores
