CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
10 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Pide Cámara aplazar deducción a gasolina
Reclaman legisladores
que la expedición de comprobantes se haga como
antes
Ahora Roberto Madrazo se deslinda de Montiel
No tendrá cabida
en las listas para diputados y senadores, advierte
Cae la captación tributaria del país
Recaudación de
808 mil 210 mdp en 2005;
representa 9.8% del PIB.
Confirma el SNTE: no va reforma al ISSSTE
Gordillo no frenó
la iniciativa y el Instituto no está en “grave
crisis”, dicen.
Sahagún: mis hijos pueden hacer
“lo que ellos quieran”.
“Deben ser los
mejores”, puntualizó más tarde intento corregir
sus declaraciones
La clausura del Sheraton, “un acto de patriotismo”
Justifica el GDF
la acción; el hotel pide amparos
GDF recomienda a Sheraton, pero quieren clausurarlo
EU iniciará proceso a 23 narcoveterinarios
mexicanos
Desiste EU de erigir muro
No tendrá sentido
en zonas desérticas, dice Chertoff,
en áreas urbanas sólo habría vallas
Montiel, vetado
Roberto Madrazo
repudia al ex gobernador mexiquense y lo margina.
Sector agrario
Despachos externos investigarán contratos de hnos Bribiesca: SFP. (Noticieros Televisa, Guadalupe Flores, p.web).
Anuncia SFP que contratará despachos
externos para que investiguen las observaciones
de los legisladores sobre los contratos de los
hermanos Bribiesca.
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) anunció su decisión de que sean despachos
externos, con la observación de testigos sociales,
los que realicen 8 de 37 líneas de investigación
a diversos contratos otorgados por organismos
descentralizados o empresas paraestatales a la
Compañía "Construcciones Prácticas"
donde se les relaciona a los hermanos Bribiesca
Sahagún.
Eduardo Romero Ramos, secretario
de la Función Pública, indicó que la Secretaría
de la Función Pública “ha tomado la decisión de
que en los casos de las revisiones solicitadas
a esta dependencia por la Cámara de Diputados,
las mismas se realicen a través de despachos externos
de auditoría que sean
independientes de las entidades del Ejecutivo
Federal, de que se traten y que gocen de reconocido
prestigio profesional".
El funcionario también giró instrucciones
para que se convoque a testigos sociales de reconocido
prestigio, expertos en fiscalización
gubernamental y ajenos al servicio público,
que observen que todos los trabajos se realicen
con legalidad y objetividad. "Les reitero
que la Secretaría a mi cargo atenderá en todos
sus méritos cada una de las solicitudes que le
corresponden de acuerdo a lo detallado por los
legisladores en su informe, con base en la objetividad,
imparcialidad en el respeto a la legalidad al
margen de presiones e intereses políticos",
dijo.
El funcionario detalló que de las
37 propuestas que contiene el primer análisis
del informe de la Cámara de Diputados, 15 de ellas
son dirigidas a la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación.
Tres a la propia Cámara de Diputados
y las 19 restantes corresponden a diversas entidades
de la administración pública y a la PGR.
De estas 19, el funcionario dijo
que remitió a los titulares de Hacienda, de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al SAT
y a la Reforma Agraria el informe de resultados
para que desahoguen las 6 propuestas que les corresponde.
Contratará la SFP a auditores externos para investigar
caso Bribiesca. (Once Noticias, Carlos Maldonado, p.web)
La Secretaría de la Función Pública contratará
a auditores externos para que investiguen las
acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento
inexplicable de los hermanos Manuel y Fernando
Bribiesca.
Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función
Pública, dijo: “en los casos de las revisiones
solicitadas a esta dependencia por la Cámara de
Diputados, las mismas se realicen a través de
despachos externos de auditoría
que sean independientes de las entidades del Ejecutivo
federal de que se traten”.
El secretario de la Función Pública precisó que
el informe de la Cámara de Diputados sobre el
caso Bibriesca, fue
distribuido a otras dependencias para recabar
mayor información: “he remitido a los titulares
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio
de Administración Tributaria y la Secretaría
de la Reforma Agraria el informe de resultados
para que desahoguen las 6 propuestas que les corresponden”.
Niegan Sindicatos fractura con Gordillo. (Terra Noticias, p.web).
El
líder sindical de la Sagarpa,
negó que el apoyo de 11 sindicatos de la Fedessp
a Roberto Madrazo, signifique un rompimiento con
Elba Esther Gordillo.
Notimex.-
México.- El líder sindical de la Sagarpa,
Ignacio Castillo, negó que el apoyo de 11 sindicatos
de la Fedessp al candidato
presidencial del PRI, Roberto Madrazo, signifique
un rompimiento con Elba Esther Gordillo, ya que esa es una organización plural.
El líder sindical aseguró que en
la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores
Públicos (Fedessp) no hay ningún acuerdo para que todos "jalen"
en un sentido.
Entrevistado luego de reunirse
con Madrazo Pintado, negó que existan presiones
de Elba Esther Gordillo,
pues es una decisión individual en donde cada
una de las organizaciones tiene derecho de apoyar
al candidato de su preferencia.
Aclaró que no ha tenido ninguna
comunicación con la líder del magisterio priísta,
ya que ésta se da normalmente con Rafael Ochoa,
quién no hizo ningún comentario respecto a ese
acto de apoyo.
Precisó que Elba
Esther no fue quien encabezó la rebelión contra
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE) sino que fue una posición
de hace varios años del Sindicato de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa).
Indicó que este apoyo a Madrazo
no es porque anden en busca de candidaturas, sino
porque el PRI recupere la Presidencia de la República.
Aseguró que Elba
Esther Gordillo nunca les ha pedido apoyo y aclaró
que no comparte la propaganda "Tú le crees
a Madrazo, yo tampoco" que ha circulado y
que se atribuye al magisterio, pues aseguró: "nosotros
sí le creemos a Madrazo".
Entre los sindicatos que apoyan
a Madrazo Pintado están el de la Reforma Agraria,
el de Pronósticos, el de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) y el
de la Procuraduría Agraria, entre otros.
Caso Bribiesca: la SFP
ahondará sobre el suicidio de un funcionario de
Pemex. (La Jornada, Elizabeth Velasco, p.web)
Posibles vínculos de la paraestatal con empresas
relacionadas con Construcciones Prácticas.
SCT, Aduanas, SAT y SAE, otras líneas de indagación,
a solicitud de la comisión legislativa.
De las 37 propuestas de indagatoria que solicitó la comisión
legislativa que investiga a los hermanos Bribiesca
Sahagún, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ahondará
sobre el suicidio de un funcionario de Petróleos
Mexicanos (Pemex), además
de practicar auditorías
a la paraestatal sobre sus vínculos con las empresas
Oceanografía, Saint Martin
y el hospital San José, relacionadas con Construcciones
Prácticas y familiares de Marta Sahagún
de Fox.
Asimismo, según el oficio número SP/100/0084/2006, enviado
por la SFP a la presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas,
se auditarán los vínculos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) con la empresa
Facopsa, propiedad del
guanajuatense Cosme Mares Hernández, estrechamente
vinculado con la familia presidencial.
Otras líneas de indagación que profundizará tienen que ver
con Aduanas, Servicio de Administración Tributaria
(SAT) y Sistema de Administración y Enajenación
de Bienes (SAE) del IPAB, y sus nexos con empresas
de los hermanos Bribiesca
Sahagún y socios de
éstos en diversas empresas.
Tales asuntos y los de Pemex se turnaron
a la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial y a la Contraloría Interna
de la SFP, para valorar los elementos contenidos
en las solicitudes de los diputados en torno al
''fincamiento de responsabilidades
administrativas'' a funcionarios que resultaran
involucrados.
Aun cuando el titular de la Función Pública, Eduardo Romero
Ramos, eludió mencionar el nombre del ex funcionario
de Pemex que se suicidó,
se trata de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien
el 7 de octubre de 2004 cayó del piso 12 en las
instalaciones centrales de la paraestatal.
Márquez era esposo de María Amparo Casar, coordinadora de asesores
del entonces secretario de Gobernación, Santiago
Creel, y uno de los
principales colaboradores del director de Administración
de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del portavoz de
la Presidencia, Rubén Aguilar. La investigación
sobre la muerte de Márquez fue cerrada con celeridad
por la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
De las auditorías a la paraestatal
y las empresas citadas cabe destacar que Oceanografía
(a la cual Pemex hizo asignaciones directas por 770 millones de pesos)
ha sido señalada por sus vínculos con Construcciones
Prácticas, propiedad de Miguel Khoury
Siman, socio de Manuel
Bribiesca en empresas
inmobiliarias.
Del hospital San José, destaca que éste es propiedad de Alberto
Sahagún Jiménez, mientras
que de la compañía Saint Martin
-denunciada como presunta beneficiaria de Manuel
Bribiesca-, dijo que
tuvo asignaciones de contratos irregulares de
Pemex por un monto de
896 millones de pesos.
Sobre los casos de Aduanas, SAT y SAE, sobresalen evidencias
documentadas de la comisión legislativa en torno
a que en el proceso de privatización de las aduanas
de México una de las trasnacionales beneficiadas,
la suiza SGS Société
Genéralé de Surveillance,
tenía relación con el hijo mayor de la esposa
del presidente Vicente Fox.
El proceso de privatización de las aduanas se
encuentra en juicio, tras un amparo de empresarios
mexicanos.
La Jornada difundió también la presunta transferencia de mercancía decomisada
a los hermanos Bribiesca,
y su participación en la compra o adquisición
de bienes inmuebles en poder del IPAB, a través
de las subastas que organiza el SAE.
En conferencia de prensa, en la que Romero Ramos eludió profundizar
en torno a las indagatorias vinculadas con los
hermanos Bribiesca, por ''carecer de información suficiente'' -dijo
estar en el inicio del desahogo de las propuestas
de la Cámara de Diputados-, aseguró que las auditorías
serán practicadas por despachos externos, ''independientes
del Ejecutivo federal'', y se convocará a testigos
sociales para que observen que los trabajos se
''desarrollen con legalidad y objetividad''.
A pregunta expresa, el funcionario rechazó que se vaya a investigar
a Marta Sahagún, también
propietaria de Poliductos Tamayo, una de las empresas señaladas por la comisión
legislativa. ''La Función Pública -dijo- no investiga
nombres ni apellidos; es la materia de la auditoría
la que debe limitar su actuación y yo no puedo
anticipar nada''.
Se deslindó además de las dos indagatorias que involucran al
Infonavit, por ser éste
un ''organismo autónomo'', y destacó que de las
37 propuestas de los diputados, ocho las atenderá
SFP, tres la Secretaría de Hacienda, tres la PGR,
una la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y otras más la Reforma Agraria por
el caso de la ribera Laja, en Celaya.
De lo solicitado a Hacienda y CNBV, se limitó a señalar que
''tiene que ver con auditorías
fiscales, cuentas bancarias e información financiera
personal de particulares a los que se refiere
la comisión legislativa'', entre ellas la relativa
a los hermanos Bribiesca. No dio plazo para concluir la investigación, pero
dijo que en las próximas semanas habrá pormenores.
''Los trabajos que habremos de conducir hablarán
por sí solos'', prometió.
Anuncia la SFP ocho auditorías
al expediente de los Bribiesca. (Milenio Diario, p.web).
La investigación la llevarán a cabo despachos ajenos
al gobierno federal.
La Secretaría de la Función Pública contratará despachos
ajenos al gobierno federal para que revisen el
expediente Bribiesca, por presunto tráfico de influencias y utilización
de información privilegiada, anunció el titular
de la dependencia, Eduardo Romero Ramos.
El funcionario aseguró que en el caso de la investigación
a los hijos de Marta Sahagún
de Fox, para él y los servidores públicos de la Secretaría de
la Función Pública “no hay apellidos y nombres,
sino sólo resultados de auditoría”.
Las ocho auditorías del expediente
Bribiesca a cago de
la SFP, serán pagados con una partida de 180 millones
de pesos que tiene la Administración Pública Federal
para este efecto, aún cuando no se sabe cuánto
costarán estos arqueos, pues todo depende de la
complejidad técnica que tengan. Además se desconoce
si serán por asignación directa o por licitación.
En conferencia de prensa, Romero informó que convocará
a un grupo de “testigos sociales” de reconocida
probidad, expertos en el proceso de fiscalización
gubernamental y ajenos al servicio público, para
que sirvan como “observadores” de la investigación
a los hijos de la esposa del presidente Vicente
Fox.
Esta información se originó después que el 3 de febrero
la SFP recibió el expediente Bribiesca
enviado por la Preseidencia
de la República, que tiene que ver con diversos
contratos otorgados por organismos descentralizados
o empresas paraestatales a Construcciones Prácticas,
SA de CV, y otras que tuvieran relación con ésta,
investigación que realizó la Cámara de Diputados
y que estarían vinculadas a Manuel y Jorge Bribiesca
Sahagún, hijos de Marta Sahagún
de Fox.
Romero Ramos envió ayer una comunicación a la presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
María Marcela González Salas y Petricioli,
en la que detalla las acciones que la SFP tomará
para atender las propuestas contenidas en el informe
de la citada comisión.
Conforme a sus facultades, el secretario de la SFP puntualizó
a la diputada González Salas y Petricioli
que estas acciones del gobierno federal se llevarán
a cabo con estricto apego a la legalidad y a la
normatividad que regula la auditoría
gubernamental.
Además, Romero Ramos le solicitó a la presidenta de la
Cámara de Diputados el informe elaborado por el
despacho Escobar, Consulting & Associates, SC,
así como otras pruebas que, a juicio de la Comisión
de Investigación, sustenten las posibles irregularidades
de las empresas donse
están relacionados los hijos de Marta Sahagún.
En un comunicado de prensa, la SFP sostiene que atenderá
en todos sus méritos cada una de las solicitudes
que le corresponden, de acuerdo a lo detallado
por los legisladores en su informe, con base en
la objetividad, imparcialidad, en el respeto a
la legalidad y al margen de presiones e intereses
políticos.
Paralelamente al envío que la SFP hizo a la Cámara de
Diputados, Romero informó que remitió a los titulares
de Hacienda, CNBV, SAT y Reforma Agraria el informe de resultados, para
que desahoguen las seis propuestas que les corresponden.
Con respecto a las dos solicitudes correspondientes al
Infonavit, Romero dijo
que ha informado a los diputados que la SFP carece
de atribuciones legales para ello. “No obstante,
he turnado la petición de los legisladores al
titular de ese instituto para su conocimiento
y efectos legales a que hubiera lugar”.
Respecto a otra propuesta hecha a la PGR, Romero Ramos
dijo: “He solicitado respetuosamente a la H. Cámara
de Diputados mayor información para identificar
con claridad el asunto relativo al suicidio de
un servidor público que laboró en Pemex”.
Aseguró que en el caso de los Bribiesca,
como en todos los de interés público, la SFP mantendrá
informada a la sociedad, conforme a la ley, de
los avances y resultados obtenidos.
Las 37 recomendaciones de diputados
El informe de la Cámara de Diputados enviado a Los Pinos
contiene 37 propuestas.
De éstas, 15 son dirigidas a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior
de la Federación; tres a la propia Cámara de Diputados;
de las 19 restantes corresponden a diversas entidades
y dependencias de la administración pública federal
y a la PGR.
De esas 19, ocho competen directamente a la Función Pública,
en las cuales, según su titular Romero Ramos,
se actuará de la siguiente manera:
En tres de ellas, la unidad de auditoría
gubernamental de esta dependencia coordinará los
trabajos de fiscalización correspondientes.
En otras cinco, la Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial y la contraloría interna
de esta dependencia valorarán los elementos contenidos
en las solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa.
En dos más correspondientes a la PGR, la SFP solicitó
a su Unidad de Asuntos Jurídicos que emita su
opinión al respecto a la existencia de hechos
y elementos materiales que hagan presumir la comisión
de posibles ilícitos penales.
PGR, lista para recibir denuncias
La PGR se encuentra lista para recibir cualquier denuncia
que se presente contra los hijos de la señora
Marta Sahagún de Fox.
Lo anterior lo afirmó el titular de la PGR, Daniel Cabeza
de Vaca, al ser cuestionado entorno al asunto
de los Bribiesca y la
posible llegada del expediente de la comisión
especial de la Cámara de Diputados que investigó
el origen de sus recursos financieros.
En este sentido, Cabeza de Vaca refirió que en caso de
que la Secretaría de la Función Pública envié
algún desglosé de sus investigaciones, su dependencia
actuará conforme a derecho.
La hora de la agricultura nacional. (La Jornada, Víctor Quintana, p.web).
Si no es ahora, ¿cuándo? Hoy que arrancan las campañas presidenciales
es la hora de que la agricultura nacional exija
el espacio al que tiene derecho y que se le ha
negado en los últimos cuatro sexenios. Es el momento
de plantear a candidatos y partidos el rescate
impostergable de la agricultura nacional. El punto
de partida es muy claro: México tiene la capacidad
para producir alimentos suficientes, sanos, de
calidad y de acuerdo con nuestras tradiciones
para toda nuestra población. Y puede hacerlo con
nuestras campesinas y nuestros campesinos y con
nuestras propias semillas. La agricultura mexicana
puede ser una actividad que deje de expulsar mano
de obra y puede producir empleos dignos en nuestra
propia tierra.
Para esto se requiere una política de Estado hacia la agricultura
que rompa las políticas de subordinación comercial
y de concentración productiva que han predominado
desde 1982. Dicha política debería girar, cuando
menos en torno a seis ejes:
Renegociación del TLCAN en materia agropecuaria. Antes que entre en vigor el 1º de
enero de 2008 la última fase del tratado y se
libere totalmente la entrada de maíz, frijol,
azúcar de caña y leche en polvo a nuestro país,
debe montarse todo un aparato de derecho internacional
y de diplomacia que permita que los granos básicos
no se liberen en el marco de este acuerdo comercial.
Al mismo tiempo, la política de comercio exterior
en el ramo agroalimentario debe privilegiar la
soberanía alimentaria
de nuestro país, es decir, la capacidad de ser
selectivo ante las exportaciones de otros países,
por sobre el acceso a mercados internacionales.
Programa multianual de auténtico
fomento a la agricultura nacional: En Estados Unidos hace ya casi un año se viene informando
y discutiendo sobre la Farm
Bill o Ley Agrícola
de 2007, que tendrá vigencia de cinco años y orientará
la política agroalimentaria de ese país. Mientras
tanto, en México estamos restringidos a presupuestos
y planes anuales con rígidas reglas de operación
y subejercicios continuos de las dependencias. Por esto es necesario
que se aprueben las reformas correspondientes
que permitan planificar nuestra agricultura a
mediano plazo, que den certidumbre en sus decisiones
de inversión a nuestros agricultores y que se
elaboren con la participación de ellos.
Inversión y gasto públicos dirigidos prioritariamente a la
agricultura campesina: Los recursos que se inviertan o gasten no deben concentrarse, como hasta
hoy, en unos cuantos gigantes agroalimentarios,
muchos de ellos trasnacionales, sino que debe
privilegiarse la inversión en los campesinos,
en los pequeños y medianos agricultores, los más
afectados por las políticas hasta hoy vigentes.
Los recursos deben dirigirse a recapitalizarlos,
a apoyarlos en la innovación y desarrollo tecnológicos,
en la organización para que controlen las cadenas
productivas. Con inversión, tecnología y créditos
hasta el minifundio puede hacerse altamente productivo.
Desarrollo biotecnológico nacional y política de bioseguridad: Hay una sólida base nacional de investigación agroalimentaria.
Nuestros investigadores e investigadoras han avanzado
enormemente en el desarrollo de semillas híbridas,
adaptadas a nuestras diferentes condiciones geográficas
y climáticas. Contamos además con un riquísimo
patrimonio genético. No necesitamos de los transgénicos
para incrementar nuestra productividad. Si el
gobierno abate el rezago generado en los últimos
23 años en investigación y en extensionismo
agrícolas, no dependeremos de monsantos
o singentas
para aumentar nuestra producción de alimentos
o de materias primas, y preservaremos nuestra
riquísima biodiversidad.
Políticas e inversiones para uso sustentable y soberano del
agua. El
agua ni se puede entregar a manos privadas ni
puede seguirse desperdiciando con técnicas atrasadas
de riego. Son necesarias reformas jurídicas que
aseguren mayor dominio de la nación sobre los
recursos hídricos; debe revisarse a profundidad
el concepto libre alumbramiento y partir
de que el agua es un bien público a la vez que
un derecho colectivo. También son necesarias fuertes
inversiones para la tecnificación del riego en
todas sus formas para lograr un aprovechamiento
más racional y sustentable del recurso. Debe también
convertirse en leyes, en políticas y en presupuestos
el principio de que el agua es un servicio ambiental
que hay que pagar a quienes la producen: los indígenas
y los campesinos.
Política agraria que privilegie los derechos de los pueblos
indios y de las comunidades campesinas: En los programas y en los presupuestos las dependencias del
sector agrario están en vías de extinción y se
centran casi exclusivamente en los focos rojos.
La Secretaría de la Reforma Agraria, la
procuraduría y los tribunales agrarios deben superar
los burocratismos y convertirse en instrumentos
ágiles y eficaces para hacer respetar los derechos
de los pueblos indios y las comunidades campesinas
a sus territorios y a sus recursos naturales.
Más todavía: deben apoyar los esfuerzos de estos
actores agrarios para fortalecer el dominio comunitario
y el manejo productivo y sustentable de los mismos.
Ignoran demandas de grupos campesinos. (Diario Olmeca.com (Tabasco), p.web)
Debido a los conflictos agrarios
que por la nula respuesta a sus demandas enfrentan
diferentes grupos campesinos
Debido a los conflictos agrarios
que por la nula respuesta a sus demandas enfrentan
diferentes grupos campesinos con las autoridades
de la Secretaría de la Reforma Agraria,
un grupo de líderes de organizaciones viajarán
a la Ciudad de México la próxima semana, para
entrevistarse con las dependencias respectivas
y exigir una inmediata solución a sus problemas.
Roberto Ruiz Álvarez, coordinador general del
Congreso Agrario Permanente en la entidad, informó
que de no resolverse nada con este viaje, tomarán
las oficinas de esa dependencia en Tabasco.
Entregan recursos a 4 proyectos productivos. (Ecos de la Costa, Ana I. González, p.web).
Ramón del Toro
Magaña, representante de la Secretaría de la Reforma
Agraria, entregó 650 mil pesos para cuatro proyectos
productivos del municipio en un acto celebrado
este miércoles en Altos del mercado municipal.
La Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) entregó 650 mil pesos
para cuatro proyectos productivos que se desarrollarán
en el municipio, esto en un evento realizado este
miércoles en Altos del mercado municipal. El acto
estuvo a cargo de Ramón del Toro Velasco en representación
de dicha dependencia, contando también con la
presencia del secretario del ayuntamiento de Cuauhtémoc,
Pedro Martínez Rivera. Del Toro Velasco explicó
que para el presidente de la República, Vicente
Fox Quesada, y para
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar, “es importante enfocarse en el desarrollo
agropecuario y de ahí surgen programas como el
FAPA, mediante el cual se apoyan los proyectos
productivos de aquellos campesinos que no pudieron
adquirir tierras, pero viven en sus núcleos agrarios
y quieren ir trabajando en el campo, destinando
recursos a proyectos productivos como la cría
y comercialización de puercos, conejos, becerros,
etcétera, otorgando hasta 30 mil pesos por cada
uno de los socios integrados en un grupo de trabajo”.
Además, dijo que han
apoyado proyectos globales hasta con 500 mil pesos,
e informó que “otro de los programas es el PROMOSAG,
que va enfocado a la mujer en el sector agrario,
y mediante él se apoya a grupos de ejidatarias
o no ejidatarias para realizar cualquier proyecto
que presenten y cumpla con la normatividad”.
Refirió que en el Estado
lograron incrementar al 100% los proyectos aprobados
en el 2004 con una inversión cercana a los 5 millones
de pesos, por lo que en el 2005 lograron llegar
a los 10 millones de pesos invertidos en los distintos
programas; particularmente en el municipio de
Cuauhtémoc, en el 2005 invirtieron 1 millón 283
mil pesos, de los cuales se entregaron ya 609
mil 980, beneficiando a 51 familias.
Refirió que los programas
seguirán vigentes en el presente año aunque desconocen
el techo financiero que manejarán. Recalcó que
una de las prioridades que les ha marcado el presidente
de la República y el secretario de la Reforma
Agraria es mantenerse cerca de los núcleos agrarios,
además de y asegurarse que los recursos lleguen
a donde deben y se apliquen en el campo.
Por su parte, Pedro
Martínez Rivera agradeció al representante de
la Reforma Agraria el apoyo de 650 mil pesos para
cuatro grupos productivos del municipio. Mencionó
que el Ayuntamiento, por su cuenta, también destina
recursos del ramo 33 para el sector campesino
y en breve el Cabildo dará a conocer el Programa
Operativo Anual, en donde sabrán con cuánto se
apoyará a cada uno de los ejidos en el presente
año.
Denuncian posesión de terrenos en Santiago. (Milenio .com, p.web)
Monterrey.
Pequeños propietarios del municipio
de Santiago denunciaron que un grupo de particulares,
entre los que se encuentra un notario, se han
apropiado de tierras comunales de la Sierra Cerro
de la Silla.
Este jueves los campesinos, cuyas
familias han usufructuado esas tierras desde el
siglo ante pesado, acudieron con el director de
Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Arnoldo
Ramos Salazar, a exponer su queja.
Lejos de recibir el apoyo del funcionario
estatal, los pequeños propietarios defendio
el derecho de los particulares que de la noche
a la mañana aparecieron como dueños de tierras
que están dentro de un área natural protegida
del Cerro Sierra de la Silla. Los inconformes
fueron acompañados por la diputada petista, Guadalupe Rodríguez Martínez y el legislador panista, Apolonio González González, así como la presidenta del Patronato Cerro de la
Silla, Reinada Durán de Aguilar.
En total son 336.33 hectáreas de
terreno de las cuales se pretenden apropiar 12
persona entre quienes se encuentra el notario
número 88, Gabriel Cantú Elizondo,
quines han hecho los reclamos de posesión ante
diversas autoridades entre las que se encuentran,
el municipio de Santiago, la Secretaria de
la Reforma Agraria y la Dirección de Asuntos
Agrarios.
Tanto el municipio de Santiago
como la Secretaria de Reforma Agraria les han
negado los derechos de posesión al no existir
constancias que esas tierras les pertenezcan por
herencia de sus familias, sin embargo, la Dirección
de Asuntos Agrarios que depende de la Secretaría
General de Gobierno, le dio el aval para que se
adueñen de las tierras.
Los campesinos afectados viven
en las comunidades de Potrero del Mezcal, Rincón
de Cañitas, La Tinaja y San Roque.
La diputada Guadalupe Rodríguez
Martínez manifestó que los pequeños propietarios
afectados cuentan con una escritura de una merced
que data de 1859, en donde se desprenda que el
espacio de tierra que está siendo invadido son
tierras comunales.
Los que quieren
la tierra
Nombre / Hectáreas
Gabriel Cantú Elizondo / 30
Teodoro Rodríguez / 15
Fernando Garza Barba / 103.4
Guillermo Cantú Torres / 78.44
Raúl Salazar Leal / 50
María Garza de León / 7.19
Elena González Alanís / 4.78
Roberto Almaguer
/ 4.78
Silverio Almaguer
/ 4.78
Gonzalo Almaguer
/ 9.55
Ricardo Almaguer
/ 4.78
Jorge Noé Guerrero / 28.44
Irrumpen pobladores de Moyotepec
en El Capulín. (Novedades de Acapulco,
p.web).
Tlacoapa, Gro.- Pobladores
de la comunidad de Moyotepec,
municipio de Malinaltepec, invadieron la madrugada de este día la comunidad
de El Capulín, destruyendo dos mil metros de mangueras
y llevándose las cosechas.
Lorenzo Arce Tamarit, presidente
municipal de Tlacoapa,
informó que la madrugada de este día, comuneros
de Moyotepec con machetes
y palos llegaron El Capulín donde cortaron dos
mil metros de manguera que utilizan sus habitantes
para surtirse de agua potable.
Agregó que aparte de suspenderles el servicio de agua a los
vecinos de El Capulín, también se llevaron alguna
de las cosechas de maíz y frijol que tienen los indígenas en los patios de sus viviendas.
Arce Tamarit urgió a la Secretaría
de la Reforma Agraria, tomar medidas urgentes
para solucionar el conflicto agrario por la disputa
de 456 hectáreas de tierras entre Moyotepec
y El Capulín, un problema que data desde hace
120 años.
Joel Lleverino busca
diputación federal. (Milenio, Cuauhtémoc Torres,
p.web).
Gómez Palacio.
El ex subdelegado del IMSS, quien
hace 15 años gestionó los terrenos y construcción
de las clínicas 43 y 51, aspira a ser el candidato
de “Alianza por México”
Así como hace quince años gestionó
los terrenos y construcciones de las clínicas-hospitales
números 43 y 51 del IMSS en Gómez Palacio, de
las colonias El Dorado y Chapala, el ex-subdelegado
de dicha institución, CP Joel Lleverino
Reyes, aspira a ser el candidato de “Alianza por
México” para diputado federal y pugnar por la
generación de los necesarios empleos que a los
habitantes de la Comarca Lagunera les proporcionen
seguridad y mejores niveles de vida.
Egresado del Iinstituto
“18 de Marzo” y de la Escuela de Estudios Contables
y Fiscales de La Laguna, el profesionista logró
registrarse el pasado viernes ante la delegada
del Comité Ejecutivo Nacional -CEN- del Partido
Revolucionario Institucional -PRI- en el Estado
de Durango, la senadora Yolanda Eugenia González
Hernández, como aspirante a la candidatura por
el Distrito 02.
Con la amplia experiencia que obtuvo
durante los trienios
1985-1988 y 1995-1998, cuando se desempeñó como
diputado federal y local por el PRI, respectivamente,
el entrevistado dijo buscar nuevamente obtener
la curul que le permita atraer las suficientes
inversiones que generen los suficientes empleos
que ahora requieren sus conciudadanos de la comarca
lagunera duranguense.
Recordó que mediante su labor de
gestoría, en el primero de los cargos antes mencionados,
logró dos equipos de bombeo y eléctricos para
equipar igual número de pozos de agua potable
para Lerdo, Dgo., y
la construcción de las carreteras El Mirador-
Santa María del Oro y La Zarca-El Palmito, así
como una escuela secundaria para el ejido Picardías.
Posteriormente, como subdelegado
del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez
Palacio, puesto que desempeñó durante el período
1991-1995, logró gestionar los terrenos y las
construcciones de las unidades de medicina familiar
números 43 y 51, que desde hace buen tiempo operan
en las colonias El Dorado y Chapala, respectivamente.
También, durante esa misma gestión,
hizo notar, logró gestionar los terrenos y construcción
de la guardería infantil “Nora Quintana de Velásquez”,
localizada también en la colonia antes citada
en segundo término, así como otra que opera en
la colonia José Campillo Sáinz.
Otro de los importantes cargos
que ha desempeñado siempre a favor de las clases
necesitadas, Lleverino Reyes comentó que se encuentra la dirigencia de
la Federación Nacional de Colonias Agropecuarias;
presidente del Comité Directivo Municipal del
PRI en Gómez Palacio; secretario general adjunto
del Comité Directivo Estatal del mismo tricolor;
y delegado estatal del Registro Agrario Nacional
en el Estado de Durango, entre otros.
Campañas deben
ser menos costosas, dicen panistas.
En consideración de los diputados
locales que forman parte del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional -PAN-, la regulación
de las campañas y pre-campañas
políticas es uno de los puntos que mantiene en
suspenso la reforma electoral en la entidad duranguense,
ya que las mismas deben enmarcarse en un período
de corto tiempo para que registren un gasto menor.
Tales conceptos se derivan de la
información que ayer proporcionó el diputado local
representativo del blanquiazul, Lorenzo Martínez
Delgadillo.
Manifestó el representante popular
que el organismo político panista
trabaja en la conclusión de la reforma electoral
y se pretende convocar a un período extraordinario
para finales del mes en curso, con la intención
de aprobar un nuevo código estatal electoral.
Dijo que existen algunos organismos
políticos que pretenden dejar los procesos como
ahora se manejan, pero prefirió no definir cuáles
eran los partidos que están oponiéndose a tal
reforma con el fin de no entorpecer las negociaciones
de modificación.
Señaló el legislador que en los
puntos donde se tienen acuerdos, son en facilitar
el acceso a las candidaturas a los migrantes,
para ampliar su esfera de derecho, allanando obstáculos
y reduciendo los tiempos de residencia, así como
facilitando, a través de reformas a la ley, los
requisitos de elegibilidad.
Sostuvo que otro de los importantes
aspectos en la citada reforma, es la regulación
de las pre-campañas, en las que se establecerán topes de las mismas,
instituyéndose una fiscalización conforme a principios
de contablidad generalmente aceptados, privilegiándose el principio
de transparencia del origen de los recursos, sean
públicos o privados.
Denuncian comuneros de El Capulín nueva incursión
de Moyotepec; destruyen
red de agua de 100 familias. (El Sur (Guerrero), Zacarías
Cervantes, p.web).
Niegan los acusados la agresión
y dicen que sus oponentes se robaron su cosecha
Chilpancingo
Aproximadamente 100 comuneros de
Moyotepec, anexo de
los Bienes Comunales de Ocoapa, irrumpieron la madrugada de ayer nuevamente a la comunidad
de El Capulín, anexo de los Bienes Comunales de
Tlacoapa, y destruyeron
2 mil metros de manguera con la que se surtían
de agua las más de 100 familias de esa localidad.
El asesor de los comuneros de Tlacoapa, Evencio Romero Sotelo, denunció que la destrucción de las mangueras fue aproximadamente
a las 5 de la mañana de este jueves y que fue
encabezado por el presidente del Comisariado
de Bienes Comunales, Natalio Solano Barragán, y el comisario de Moyotepec, Marcelino Ramírez debido a la disputa por 456 hectáreas
de tierras entre los Bienes Comunales de Ocoapa
y Tlacoapa.
Romero añadió que la nueva agresión
de los campesinos de Moyotepec
ocurrió a pesar de que El Capulín se encuentran
30 policías de Seguridad Pública Estatal, los
cuales no intervinieron “y nomás estuvieron de
espectadores”, dijo Romero Sotelo.
Indicó que de estos nuevos hechos
de violencia es responsable la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) porque la dependencia federal
ha dejado crecer el conflicto.
En tanto, el asesor jurídico de
los comuneros de Ocoapa,
Jesús Escobedo González, no sólo negó la versión
de Evencio Romero, sino
que acusó que fueron los comuneros de Tlacoapa
los que entraron a Moyotepec
y robaron las cosechas de maíz, frijol y calabaza.
Dijo que fueron unos 200 comuneros
de Tlacoapa los que
entraron armados en el transcurso de la mañana
de este jueves para llevarse las cosechas de terrenos
que incluso no están en conflicto.
Informó que debido a ello los comuneros
de Ocoapa están analizando
la posibilidad de romper la tregua que habían
pactado con el secretario de la Reforma Agraria
(SRA), Florencio Salazar Adame.
Comentó que de ser así irán a recuperar
las tierras no sólo de El Capulín sino de La Sabana
que también se encuentra asentado en el la zona
de conflicto.
Respecto a que vecinos de Moyotepec destruyeron 2 mil metros de manguera que surtía
de agua a El Capulín, Escobedo dijo desconocer
el caso, “no creo, porque si no se hubiera registrado
un enfrentamiento”, indicó.
En 2005 Moyotepec
entró en tres ocasiones a El Capulín
Los vecinos de Moyotepec han entrado en tres ocasiones a la localidad de
El Capulín durante 2005, y en noviembre destruyeron
40 viviendas para obligar a los habitantes a abandonar
esas tierras que según ellos se encuentran dentro
de las 456 hectáreas que están en conflicto y
que aseguran que les pertenece.
Evencio Romero
informó que por la tarde de ayer el abogado Bernardo
Rayo Mendoza acompañado de los campesinos de El
Capulín presentarían la demanda penal por daños
ante la Agencia del Ministerio Público de Tlapa;
informó que los daños ascienden a aproximadamente
100 mil pesos.
Por la tarde de ayer se informó
en la Procuraduría General de Justicia del estado
que se trasladó a El Capulín el fiscal asignado
en la región de la Montaña, Joaquín Juárez Solano
y 30 policías más a fin de evitar posibles enfrentamientos
entre los habitantes de las dos comunidades en
conflicto.
Prensa Estatal
ESTADO DE MÉXICO
Alista el GDF recurso en favor de la refresquera Pascual. (La Jornada,
Carolina Gómez, p.web).
Se pretende demostrar al juez el daño que provocaría
a la cooperativa un desalojo.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpondrá la próxima
semana ante el 14 juzgado de distrito en materia
administrativa un recurso similar al que el 24
de enero presentó ante la misma instancia la Cooperativa
Pascual, para advertir sobre la inconveniencia
de desalojar a la refresquera de los predios en litigio que actualmente ocupa.
Alfredo Rivera Arteaga, secretario del Consejo de Administración
de Pascual, explico que este recurso, llamado
incidente innominado, tiene como propósito ''evidenciar
todos los elementos técnicos, económicos y sociales,
así como el perjuicio que tendría la cooperativa
en caso de ser desalojada de los predios donde
se asientan dos de sus plantas, el cual sería
mayor al beneficio que obtendría la dueña de los
terrenos" al recuperarlos.
Eduardo Miranda Esquivel, apoderado
legal de la cooperativa, abundó que la estrategia
de defensa de la empresa social es ''acreditar
la necesidad del cumplimiento sustituto",
esto es, que se permita a Pascual comprar los
terrenos, ya que el daño con el desalojo sería
superior a los beneficios que tendría su propietaria,
Victoria Valdés Cacho''.
Según Miranda Esquivel, la interposición
de los incidentes innominados por la cooperativa
y el GDF hace "improcedente que se lleve
a cabo un desalojo mientras no se desahoguen dichos
recursos''.
El abogado también dio a conocer que el próximo 23 de febrero
Pascual realizará un foro en el que destacados
juristas analizarán la vigencia de las causas
de utilidad pública de la ley de expropiación,
reunión en la cual "ya se tiene confirmados
a Bernardo Bátiz, procurador
capitalino, y se ha invitado a José Luis Soberanes,
titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
además de Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Miguel
Angel Granados Chapa,
entre otros.
Durante dicho foro se formalizará el comité de apoyo de organizaciones
e intelectuales a la cooperativa, precisó Miranda
Esquivel.
El 17 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró la inconstitucionalidad del decreto
expropiatorio de 2003
emitido por el GDF, a través del cual se le otorgó
a la refresquera la propiedad de nueve predios de Victoria Valdés.
GUERRERO
Aplaude el alcalde que el PRD medie entre Zeferino y los que rechazan La Parota. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).
“¡Qué bonito sería un encuentro
entre los opositores y el gobernador!”, dice Félix
Salgado. “¿Quién garantiza que van a ser correctamente
indemnizados, quién?”, pregunta y recomienda a
su partido hacer un buen trabajo como intermediario.
El alcalde Félix Salgado Macedonio
consideró acertada la propuesta del Comité Ejecutivo
Estatal (CEE) del PRD para servir de intermediario
y gestionar una reunión entre el gobernador y
los opositores a la presa La Parota, porque dijo
que se debe “abonar” para que se escuche y atienda
a los opositores.
El alcalde se refirió a los comuneros
como “gente humilde, gente pobre, gente campesina”
y que se tiene asegurar que “vivan bien” en caso
de que se construya la presa: “¿Quién garantiza
que ellos van a ser correctamente indemnizados,
quién?”, preguntó y recomendó al PRD que haga
un buen trabajo como intermediario.
Por otro lado, a pregunta expresa
sobre los cambios de última hora que ha hecho
en su agenda pública a partir de la balacera del
27 de enero en la Garita, Salgado Macedonio aseguró
que se que se debe a que tiene muchas reuniones
y no puede atender todas las invitaciones que
recibe.
Entrevistado en la sala Papagayo
del Ayuntamiento, después de reunirse con un grupo
de la Gran Logia Masónica, el alcalde opinó sobre
la reunión del miércoles entre integrantes del
CEE del PRD con funcionarios de la CFE y ejidatarios
opositores a la presa.
“¡Qué bonito sería un encuentro
entre los opositores y el gobernador!”, dijo,
porque sería una posibilidad de que los opositores
convenzan a Zeferino
Torreblanca con sus argumentos o bien de que el
gobernador los convenza a ellos de los beneficios
de la obra.
“Yo pido un acercamiento entre
los opositores y el gobernador para que se escuchen
ambos, porque no deben de ser avasallados”.
Explicó que por su vocación de
ingeniero agrónomo está a favor de las presas
y que siente simpatia
hacia la obra que propone la CFE, “si ese proyecto
es generoso, que se explique con más claridad
y que se convenza a los ejidatarios”, reiteró.
Rechazó la posibilidad de que pudiera
ser él un mediador en el conflicto, porque no
desea ser rechazado como hicieron con la iglesia,
cuando el arzobispo Felipe Aguirre Franco ofreció
esta posibilidad.
Más adelante se le preguntó el
motivo de los constantes cambios de los últimos
días en su agenda que se distribuye a los medios
de comunicación. Salgado Macedonio
respondió que se debe a que surgían compromisos
de última hora y que no podía asistir a todos
los actos programados.
En esta semana, el alcalde no acudió
a la mayoría de los actos previstos en su agenda,
y todas las entrevistas y declaraciones del presidente
municipal se realizaron en actos que no estaban
programados.
Al preguntarle si estos cambios
se debían a cuestiones de seguridad, por los hechos
violentos ocurridos en la Garita el 27 de enero,
dijo que él seguía con sus actividades normales.
“Hay eventos a los que no pudo
asistir y envío un representante, tengo que atender
otras tareas. Quisiera estar en todos, pero me
han de entender y comprender que (ayer estuve)
al teléfono buscando el encuentro de los transportistas
con el gobernador. De plano no me puedo hacer
en 10”, finalizó.
Acepta Zeferino la intermediación
del PRD para reunirse con opositores a la presa. (El Sur, Brenda Escobar, p.web).
“Estoy dispuesto a sentarme a dialogar con respeto,
hasta con el diablo si es necesario”, responde
el gobernador. “Sólo esperaríamos a que hubiera
disposición de las otras partes”, dice
Zihuatanejo.
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo aceptó el llamado del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD para dialogar con los
opositores a la presa La Parota: “Acepto la intermediación
del propio PRD o del que sea y lo hago públicamente,
estoy dispuesto a sentarme a dialogar con respeto,
sin injurias, sin descalificaciones, a respetar
nuestros puntos de vista. Estoy dispuesto a dialogar
con quien sea, es mi obligación, es la convicción
de este gobernador hablar hasta con el diablo
si es necesario”.
Entrevistado ayer en Zihuatanejo
al concluir una gira de trabajo, Torreblanca Galindo
manifestó que “si ésto implica estabilidad, paz y armonía en Guerrero, es mi
obligación estar dispuesto a hacer de la política
el ejercicio para dirimir diferencias”.
Pero condicionó el encuentro con
los opositores a La Parota: “Sólo esperaríamos
a que hubiera disposición de las otras partes.
Qué bueno que los opositores han elegido el camino
de la legalidad, que sean los cauces legales,
no los bloqueos, no los insultos, no las amenazas,
sino la razón, y también esperaría que si reconocen
que una minoría decide que no se haga la presa
y la mayoría decide, que también nos sumemos al
esfuerzo con opiniones de los que hoy pueden no
estar de acuerdo con esta decisión”, dijo.
Sobre el llamado de los ambientalistas
del país a Andrés Manuel López Obrador para que
retire su apoyo al proyecto, pues aseguran que
sólo beneficiaría a constructoras y multinacionales
que quieren privatizar la energía eléctrica, el
gobernador comentó que “los ambientalistas tienen
su punto de vista, nosotros tenemos nuestro punto
de vista.
“Yo no creo que López Obrador o
cualquier otro candidato a la Presidencia de la
República esté contra el desarrollo y mejores
condiciones de vida de la población”, finalizó.
Que no se expropien las tierras donde se construirá
La Parota, pide WOLA a Fox. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).
“Se actuaría de manera unilateral
y arbitraria”, señala una carta de la organización
no gubernamental con sede en la capital de Estados
Unidos. Se resolverán los litigios pendientes,
dice el director de CFE en una entrevista de radio
con Joaquín López-Dóriga
La Oficina de Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) solicitó
al presidente Vicente Fox Quesada, mediante una carta, que no se expropien las tierras
donde se pretende construir la presa hidroeléctrica
de La Parota, porque de hacerlo se actuaría de
manera unilateral y arbitraria.
Lo anterior, argumenta WOLA, por
el nivel de tensión que ha generado el proyecto
–hacen mención del reciente asesinato del ejidatario
opositor– y porque no se ha consultado apropiadamente
a los campesinos de la región.
En la carta de WOLA, de la que
llegó una copia a la Redacción de El Sur
fechada el 7 de febrero, el organismo defensor
de derechos humanos con sede en la capital de
Estados Unidos manifiesta que recibió quejas sobre
irregularidades en los mecanismos de consulta
que se han empleado con los ejidatarios y comuneros
afectados.
Agrega que incluso el Tribunal
Unitario Agrario número 41 resolvió la anulación
de la asamblea celebrada en San Marcos, el 23
de agosto de 2005, en la que campesinos daban
su anuencia para la expropiación de sus tierras.
Más adelante se dice que el veredicto
judicial demuestra que las personas que serán
afectadas por la presa no han dado su consentimiento.
WOLA es una organización no gubernamental
con sede en Washington fundada en 1974, dedicada
a la promoción de los derechos humanos y la democracia
dentro de la política estadounidense hacia América
Latina.
Por otro lado, el director general
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Alfredo Elías Ayub, confirmó que la paraestatal solicitó a la justicia federal
un amparo ante esa resolución contra la asamblea
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
el núcleo agrario más grande de todos los que
serán afectados por el proyecto.
“¿Y La
Parota va”, le preguntó Joaquín López-Dóriga
a Elías Ayub en su noticiero de mediodía en la radio, y éste respondió
que los abogados de la empresa ven buenas posibilidades
de obtener un fallo favorable.
Y ante otra pregunta del periodista
de si no se prevé un escenario similar al de San
Mateo Atenco, “con machetes y todo”, Elías Ayub
respondió congratulándose que “los opositores
a la presa han optado por la vía legal y esperamos
que se mantengan en ese camino y acepten las (subsecuentes)
resoluciones de los tribunales”.
En su carta, WOLA expone que la
falta de consulta apropiada a estas comunidades
ha llevado a los niveles desproporcionados de
tensión y violencia que resultaron en el asesinato
del ejidatario de Dos Arroyos Eduardo Maya, el
domingo 29 de enero.
Expresa su preocupación por el
proyecto La Parota, pues tienen entendido que
desplazará a más de 25 mil personas y afectará
en su totalidad a una población de 72 mil personas,
razón por la cual la participación de las comunidades
afectadas en la toma de decisiones públicas es
fundamental.
No somos invasores, dicen desalojados de Llano
Largo; “no nos dan alternativa”. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
Según el líder de los colonos,
sus familias fueron afectadas por la expropiación
del ejido hace casi 30 años, y el gobierno federal
no les ha pagado las compensaciones. El director
del Fidaca reconoce que con algunos ejidatarios no se logró un
finiquito justo y que ese es el principal argumento
para invadir.
El líder de los vecinos de la colonia
Ampliación Cumbres de Llano Largo desalojados
por policías antimotines la semana pasada, Ángel
Muñoz Marín, comentó que no son invasores y justificó
que se asentaron en ese terreno “porque el gobierno
no nos da alternativa”.
Según Ángel Muñoz, las familias
desalojadas son descendientes de los colonos que
fueron afectados por la expropiación del ejido
Cumbres de Llano Largo hace casi 30 años, quienes
mantienen un litigio con el gobierno federal,
para el pago de las compensaciones económicas:
“Hay una cláusula –en el decreto expropiatorio–
en la que se establece que si no se realizaba
el pago total de las tierras, éstas volverían
a la figura legal de ejido”.
El director del Fideicomiso Acapulco
(Fidaca), David Elbjorn
Trani, confirmó ayer
en entrevista que continúa el juicio de los ex
ejidatarios de Cumbres de Llano Largo contra el
gobierno federal, pero no por la propiedad de
las tierras –pues el decreto presidencial es irrevocable–
sino por la compensación económica a la que tienen
derecho.
Luego del desalojo de la colonia
Ampliación Cumbres de Llano Largo, por una demanda
por despojo en agravio de una empresa inmobiliaria
regiomontana, los afectados, quienes se dicen
hijos de los ex ejidatarios de Cumbres de Llano
Largo, señalaron que en un litigio que aún se
sigue en el Tribunal Unitario Agrario se
acordó que les pagarían por los terrenos, pero
nunca les dieron el dinero y que algunos sólo
recibieron viviendas en mal estado.
Ángel Muñoz Marín dijo a reporteros
que ellos no eran invasores y que entraron a esos
terrenos “porque el gobierno no nos da alternativa”.
Por su parte, David Elbjorn aclaró que los terrenos donde los hijos de ex ejidatarios
se asentaron para formar la colonia Ampliación
Cumbres de Llano Largo fueron vendidos por el
Fidaca hace muchos años
a particulares y que el área que todavía le corresponde
resguardar al fideicomiso son los predios ubicados
abajo de la Universidad Loyola del Pacífico, hasta
el paso a desnivel recién construido en la avenida
Escénica.
A pregunta expresa sobre los crecientes
asentamientos en esa zona con casas de madera,
otras de concreto y hasta residencias, el funcionario
aclaró que sólo han sido regularizados y vendidos
unos 19 lotes y que las demás son irregulares.
Sin embargo, descartó que esos
colonos vayan a ser desalojados como ocurrió con
los vecinos de Ampliación Cumbres de Llano Largo,
“hemos sido respetuosos, pues primero se debe
estudiar la situación para tomar decisiones”.
Como antecedente de las invasiones
en esa zona, David Elbjorn
mencionó que los ex ejidatarios interpusieron
dos amparos para que el gobierno federal les cumpla
su demanda de pago por el valor agrícola de las
tierras: “El 115/91-1 y el 947/96-2, ambos del
Juzgado Tercero de Distrito, que están en proceso
desde 1991 y 1996”.
El funcionario reconoció que desde
la creación del Fidaca
en 1976, con algunos de los originales ejidatarios
no se logró un finiquito justo y que ese es el
principal argumento para invadir, “pero no se
vale que vendan los terrenos y entreguen cartas
de posesión porque carecen de validez”.
PUEBLA
Propondrán otro esquema de pagos a ejidatarios
de San Baltasar; 1 mdp
al mes. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).
La Tesorería y la Sindicatura Municipal propondrán al cabildo
de Puebla un nuevo esquema para pagar los casi
78 millones de pesos de indemnización a los ejidatarios
de San Baltasar Campeche afectados con la construcción
del bulevar Las Torres, el cual consiste en entregar
pagos mensuales de un millón de pesos de aquí
hasta que concluya la administración dogerista, dio a conocer Jorge Alfonso Ruiz Romero, titular
de la primera instancia.
Sin embargo, el funcionario señaló que si el IV
Juzgado de Distrito ordena un pago inmediato a
los campesinos, no habrá otra opción más que recurrir
a un crédito, el cual terminaría de ser liquidado
por los próximos gobiernos municipales. El monto
a pedir, explicó, alcanzaría los 60 millones de
pesos, ya que, a través de diferentes ahorros
y venta de predios, las autoridades municipales
han logrado depositar 18 millones, mismos que
han sido rechazados por los ejidatarios.
Pero Ruiz Romero aseguró que la contratación de
una línea de crédito sería “la medida más dolorosa”
a tomarse, ya que se trata de sólo “70 personas”
afectadas. Pedir ese dinero equivaldría a la contratación
de la máquina pavimentadora
conocida como “dragón” por dos años, o la construcción
de casi dos puentes o la desaparición de los apoyos
a juntas auxiliares. “Imagínese la magnitud que
representa, por un puñado de avariciosos, para
poder hacer frente al tema”, aseveró.
A decir del tesorero, el ayuntamiento de Puebla
nunca se ha negado a hacer lo indispensable, como
ahorros y venta de predios, para dar solución
al problema que representa el pago de casi 78
millones, el cual fue heredado por la anterior
administración, “que no hizo nada y perversamente
lo dejó morir”. Pero, dijo, los campesinos mantienen
una postura de “intransigencia absoluta” para
aceptar todas las propuestas y esquemas de pago.
En conferencia de prensa, el funcionario fue interrogado
sobre las aseveraciones del asesor jurídico de
los ejidatarios de San Baltasar Campeche en el
sentido de que la Comuna tiene la posibilidad
de pagar cuanto antes los casi 78 millones, y
un ejemplo era que suspenda la renta de hasta
25 millones de pesos por un local en la Torre
del Milenio en la zona de Angelópolis.
Al respecto, Jorge Ruiz Romero respondió: “creo
que las cuentas del gran capitán son importantes
para quienes son ignorantes, en este caso, la
opinión pública entiende que, por ejemplo, el
Centro de Respuesta Ciudadana en Angelópolis,
en un mes de operación se recuperó la inversión
(sic). ¿Por qué cerrar algo que genera recursos?
Es parte de la ignorancia en que se mueven algunos”.
SAN LUIS POTOSÍ
Acatar la disposición significaría el fin del proyecto
minero, dice opositores. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web).
Hoy vence plazo para que Semarnat
informe del cumplimiento a la resolución del tribunal
federal
El Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí dio un plazo
de tres días, que se vence hoy, a la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
informe cómo dio cumplimiento a la ejecutoria
que le ordena la anulación del permiso ambiental
de la empresa canadiense Minera San Xavier. Hasta
ayer la empresa no había dado cumplimiento a dicha
ejecutoria que implicaría, según consideraciones
del movimiento opositor a la empresa, el fin del
proyecto minero metalúrgico Cerro de San Pedro.
Lo anterior fue dado a conocer mediante notificación judicial
–de la cual este medio posee copia– fechada el
pasado 8 de febrero.
En el documento Guillermo Zárate Granados, juez Tercero de
Distrito, pide a la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales que “en el término de tres
días remita la resolución que hubiere dictado
en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el
expediente 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04 del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.
En dicho expediente el tribunal federal ordena a la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales la anulación
del permiso ambiental que concedió a la Minera
San Xavier para su proyecto en la cabecera municipal
de Cerro de San Pedro.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa llegó
a esa determinación luego de considerar que la
Secretaría del Medio Ambiente no debió de otorgar
el permiso ni siquiera de manera condicionada,
como lo hizo.
Los opositores a la empresa obtuvieron la resolución del Juzgado
Tercero de Distrito a través del juicio de amparo
630/2004, promovido por el núcleo agrario Cerro
de San Pedro. De acuerdo a lo anterior la Secretaría
del Medio Ambiente tiene hasta hoy para informar
qué cumplimiento dio a la ejecutoria citada.
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