CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
14 DE DICIEMBRE DE 2006
OCHO COLUMNAS
Controla el SNTE educación
Un informe entregado
a equipo de transición señala
ingobernabilidad en el sector
educativo.
Combaten narcos y Ejército en Michoacán
Enfrentamiento
deja un sicario muerto y otro
detenido
Pronóstico positivo de la economía para 2007
Pese a una desaceleración
en EU, habrá buenas cifras:
Credit
Suisse.
Sí subirá IEPS a cigarros y refrescos
Logran legisladores
primeros acuerdos para aprobar
las alzas de impuestos
Ola de repudio a la designación del yerno de Gordillo
Fernando González
Sánchez representa la mafia
gangsteril
del magisterio, advierten.
A la PFP, 10 mil militares más
Siete mil 500 soldados
y 2 mil 500 marinos son transferidos
de forma “temporal”.
EL PERIÓDICO DE LA VIDA
NACIONAL
Simulan obras en Oaxaca
El municipio más
pobre de la entidad ya está
libre de pisos de tierra…pero
sólo en el papel
Se baten soldados y narcos en Aguililla:
un muerto
Los militares fueron
recibidos a balazos cuando llegaban
a esa zona de Michoacán.
Será equivalente a homicidio la piratería de medicamentos
Citará el Senador
a funcionarios de tres secretarías
y la PGR, anuncia
Transfieren 10 mil militares más a PFP
Ordena Calderón
duplicar la fuerza de la Policía
Federal para combatir el crimen
organizado.
Cierran Cutzamala
Negligencia de
CNA y Edomex
provocaron cierre de válvulas.
Sector agrario
Réplica: Precisa Rolando Ocampo. (Reforma, p.web)
Sr. Director:
Con relación a la información
publicada el día de ayer en
la columna Templo Mayor, sobre
mi persona y mi trabajo en el
Gobierno Federal, le preciso:
1. Sigo siendo director
en jefe del Registro Agrario
Nacional, toda vez que al
momento de escribir la presente
no se me ha indicado otra cosa.
2. El expediente de
la investigación de la Secretaría
de la Función Pública, a la
que implícitamente se refiere
la columna, fue concluida por
su Órgano Interno de Control
en el RAN el día 15 de noviembre
de 2006, y comunicada mediante
oficio Nº 15/998/OIC/1775/2006
con el expediente DE/22/2006-10.
3. En dicho oficio
y expediente se señala con toda
claridad que "no existen
elementos para determinar la
existencia de irregularidad
administrativa alguna que pudiera
implicar responsabilidad administrativa
por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Art. Octavo
de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos", también dice
que "archívese el asunto
como total y definitivamente
concluido".
4. Lo anterior refuta,
de manera contundente, la afirmación
hecha en la columna de que ya
está prácticamente listo el
expediente contra Rolando Ocampo
como primer foxista a quien se le echará el guante. Por el contrario,
demuestra que la citada investigación
está concluida, archivada y
sin responsabilidad alguna para
mi persona.
5. Por lo anterior,
le solicito se publique esta
aclaración en el mismo espacio
en el que se publicó la nota
referida a mi persona: la columna
Templo Mayor del diario Reforma.
Atentamente
Rolando Ocampo Alcántar
Gobierno de Calderón será de los más inciertos para burócratas
federales. (Noticias de Oaxaca, Pascual
Salanueva,
p.web).
Miércoles 13 de
Diciembre, 06.
En el estado de Oaxaca, la situación de los trabajadores sindicalizados
que laboran para el Gobierno
Federal, no es mejor que el
de los maestros peor pagados
del magisterio estatal, pues
en su gran mayoría, devengan
salarios de seis mil pesos mensuales,
con lo que apenas sobreviven
ellos y sus familias.
A decir del secretario general de la sección XXI del sindicato
de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Arturo Santaella
Rivas, los próximos seis
años del gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa, serán para
todos ellos, de los más difíciles
e inciertos.
Recientemente el presidente Felipe Calderón anunció que las
vacantes que continúen dejando
los trabajadores sindicalizados,
ya no serán ocupadas por trabajadores
que pertenezcan a algún sindicato,
dando a entender que podrían
ser ocupadas por trabajadores
de confianza.
Sin decirlo abiertamente, lo que tratan de hacer los gobiernos
panistas
es acabar con el sindicalismo.
Al respecto, Santaella
Rivas señaló que como van las
cosas todos los sindicatos que
aglutinan a los trabajadores
que laboran para el Gobierno
Federal, podrían desaparecer,
en este mismo sexenio.
En el caso de Oaxaca, seguramente mucha gente tenía la idea
de que entre los profesionistas,
los peor pagados eran los maestros
de la sección 22 del SNTE, ya
que apenas ganan seis mil pesos
al mes. Pero resulta que no
es así. Al igual que ellos existen
otros profesionistas con un
salario semejante que apenas
si les alcanza para malvivir.
"Lo que ganamos quincenalmente no alcanza para llevar
una vida más desahogada o con
más comodidades, como la que
tienen funcionarios de primero,
de segundo nivel y vamos a poner
ejemplos: Cuando nosotros estamos
ganando dos mil 700, dos mil
800 pesos quincenales, en la
misma institución hay personal
de contrato que gana 30 mil,
o que gana 20 mil, o, lo menos,
14 mil pesos".
Secundaria:"NOSOTROS HACEMOS EL TRABAJO PESADO".
¿Aunque el Gobierno Federal puede argumentar que ellos están
mejor preparados pues obtuvieron
su titulo en alguna importante
universidad del extranjero?.
-Sí, sí es cierto, a nivel nacional, a lo mejor hay algunas
excepciones, y bueno, entre
comillas, se dice que están
mejor preparados porque fueron
a estudiar a los Estados Unidos,
Francia o España, pero yo creo
que el trabajo duro, el trabajo
fuerte, al menos dentro del
sector agrario, lo hacemos
nosotros los trabajadores que
también estudiamos en universidades,
en tecnológicos, en escuelas
de medicina de nuestro país,
en escuelas agronómicas. Ahí
está el ITAO de Oaxaca que deja
tanto profesionista muy bien
preparado, el Tecnológico, la
Universidad Benito Juárez de
Oaxaca, con sus problemas, pero
deja buenos elementos. Esos
somos los que trabajamos en
el sector agrario y en otras
áreas de carácter federal en
el estado de Oaxaca.
"Pero nosotros tenemos un salario bastante bajo: cinco
mil pesos mensuales, aproximadamente,
seis mil, a lo mejor. Entonces,
aunado a esto, viene la política
del Gobierno Federal, en el
sentido de maniatar, de reducir
a nuestro sindicato, con la
finalidad de conseguir esos
derechos ya conquistados, desde
hace muchos años, por los trabajadores,
porque quiero decirle con esto
que hubo mucho derramamiento
de sangre, de miles y miles
de trabajadores, que murieron
en la lucha por tener mejores
prestaciones económicas.
"Entonces, no se vale que a estas alturas, el Gobierno
Federal nos esté minimizando,
nos esté coartando la libertad
de seguir siendo esos sindicatos
fuertes, sindicatos que actualmente
tenemos la experiencia. Sí es
cierto, contamos con un poquito
de más edad. Hay juventud nueva,
pero lo mismo da que en estos
momentos se autoricen las plazas
por parte de la SHyCP, para que nuestro sindicato se fortalezca. Quienes finalmente
le están pasando la experiencia
laboral a la gente nueva, somos
nosotros, los que llevamos 20,
25 y 30 años de servicio. Algunos
hasta 40 años de servicio".
Entrevistado en sus oficinas de la SRA, de la calle Independencia,
Centro, sostuvo que al contratar
el Gobierno Federal a trabajadores
de confianza, sólo se está beneficiando
a un grupo y lo cual demuestra
que en materia laboral no existe
justicia, equidad, ni siquiera
una distribución homogénea de
los recursos federales destinados
a los trabajadores.
Preside Ruibal Astiazarán reunión de trabajo. (El Reportero de la Comunidad, p.web/
Información también publicada
en Ehui!
(Sonora,), p.web, ).
Yavaros, Sonora,
13 de Diciembre de 2006.
Para asumir compromisos conjuntos
y resolver la problemática de
la comunidad, el Secretario
de Gobierno, Roberto Ruibal
Astiazarán
presidió la reunión de trabajo
entre autoridades de los tres
niveles de gobierno con habitantes
de Yavaros.
Acompañado del alcalde de Huatabampo, César Bleizeffer Vega,
el Secretario de Gobierno manifestó
que la reunión, en que se analizaron
temas de educación, salud, desarrollo
social, es en respuesta a un
compromiso del Gobernador Eduardo
Bours
Castelo
asumido durante su gira de trabajo
la semana pasada.
“Se trata de una reunión de acercamiento,
de diálogo y de concertación,
donde estamos planteando qué
es lo que estamos haciendo y
en la que estamos intentando
poner como factor indispensable,
la confianza”, precisó.
Padres y madres de familia, tomaron
la palabra para abordar la problemática
que enfrentan en salud, seguridad
pública, infraestructura, deporte,
desarrollo social, contaminación
ambiental e industrial, entre
otros.
El Secretario de Salud, Raymundo
López Vucovich,
presentó el análisis clínico
y las acciones realizadas con
los 19 alumnos que diagnosticaron
con el trastorno conversivo
somatomorfo.
Horacio Socia Salazar, Secretario
de Educación y Cultura, presentó
la situación actual y plan de
acciones inmediatas a realizar
en las escuelas de educación
básica de la comunidad, mientras
que Héctor González Lavandera,
Director de Infraestructura
Hidráulica de la Comisión Estatal
del Agua, informó sobre los
proyectos a realizar para evitar
la contaminación por aguas negras,
en Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, mediante
la construcción de plantas tratadoras.
Las autoridades presentes, reconocieron
la voluntad y decisión del Gobernador
Bours
por mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la bahía
y se comprometieron a trabajar
en sus respectivas áreas para
junto con la comunidad resolver
la problemática a corto y mediano
plazo.
El Secreta rio
de Gobierno asumió el compromiso
de realizar otra reunión en
el mes de febrero, una vez que
se defina el presupuesto, para
plantear acciones concretas
y supervisar los avances significativos
que de esta reunión se generen.
Ruibal Astiazarán destacó la importancia de la reunión porque de
esta manera la comunidad sabe
lo que se está haciendo y cuál
es el rumbo que el Gobernador
del Estado le ha impreso para
atender la problemática específica
de Yavaros.
“Creo que los resultados son satisfactorios,
habría que esperar a que podamos
ir dando respuestas concretas,
para que la gente tenga la oportunidad
de evaluar objetivamente el
trabajo del Gobierno del Estado”,
subrayó.
Manifestó que el valor de este
tipo de reuniones es inmiscuir
a los tres niveles de Gobierno
en la problemática, ya que muchas
de ellas siguieron el tema por
los medios de comunicación y
no tienen la información completa
de lo que está sucediendo.
Resaltó que generando la confianza
de la población y con el empeño
y voluntad política, de todos
los involucrados en la mesa
de trabajo, se puede abonarle
en mucho a la problemática de
esta comunidad.
Presentes en este primer acercamiento
estuvieron Abel Murrieta
Gutiérrez, Procurador General
de Justicia del Estado; Gilberto
Rivera, Director de la Junta
de Caminos del Estado; Carlos
Rodríguez Freanner,
Director de la Comisión del
Deporte del Estado de Sonora;
Arnoldo Salazar Coker, Director General de Bebidas Alcohólicas; César Salazar
Plat,
Director de la Comisión de Ecología
y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora.
Los delegados de Profepa y Semarnat, Ernesto Munro y John Swanson,
respectivamente y representantes
de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Procuraduría General
de la República, Sagarhpa,
Cecop, DIF Sonora, Pasos, Secretaría Ejecutiva de Seguridad
Pública, así como el diputado
local, Próspero Ibarra.
Exigen libertad de Retana en Canatlán. (El Siglo de Durango, Daniel Estrada, p.web)
Canatlán, Dgo.- Alrededor de cien campesinos del ejido San José de Gracia
se trasladaron al Palacio de
Gobierno para exigir a las autoridades
la liberación de José Piedad
Retana García, quien fue detenido
por problemas de linderos, mientras
que otras decenas se manifestaron
en el Juzgado de Primera Instancia
y la Presidencia Municipal de
Canatlán.
Los campesinos exigen la liberación
de uno de sus directivos, el
Jefe del Consejo de Vigilancia,
quien desde hace ocho días se
encuentra detenido en la cárcel
municipal, acusado de despojo
de tierras por la familia Ayala
Grimao,
propietaria del Rancho El Durangueño.
Natalio Betancourt
Campos, comisariado
ejidal, y Antonio Dévora, secretario de la Mesa Directiva de San José de Gracia,
manifestaron, al igual que los
campesinos que los acompañaron
al Gobierno, su molestia por
la permanencia de su colega
en prisión, por lo que solicitaron
la intervención del alcalde
de Canatlán
Rafael Díaz Irigoyen, en el
conflicto.
Los ejidatarios se comprometieron
a sacar sus animales y pertenencias
del territorio en disputa, acción
con la que los dueños del rancho
El Durangueño desistirían de
su denuncia, pero a pesar de
que ellos ya cumplieron con
su parte, la familia Ayala Grimao
aún no solicita la libertad
de Retana García.
Comentaron que hay otras cuatro
órdenes de aprehensión giradas
en contra de miembros de la
Mesa Directiva del ejido San
José de Gracia, por lo que los
líderes temen correr con la
misma suerte que su compañero
por una causa injusta.
Se quejaron de que los Ayala Griamao son una familia influyente y poderosa en el municipio,
motivo por el cual tratan de
arrebatarles tierras que legalmente
les pertenecen a los ejidatarios
y por las cuales seguirán disputando
apegados a la normatividad.
Al Palacio de Gobierno los ejidatarios
de San José de Gracia arribaron
en dos camiones de pasajeros,
y de inmediato se dirigieron
a la Secretaría General, en
donde los dirigentes del grupo,
el Presidente Municipal de Canatlán,
representantes del Gobierno
y la contraparte trataron de
buscar un arreglo al problema.
Mientras tanto, en Canatlán las autoridades policiales, al ver al grupo de manifestantes
encabezado por los hijos de
José Piedad Retana, temieron
que trataran de sacar al detenido
de la cárcel, por lo que cerraron
puertas y redoblaron la seguridad,
aunque después se dieron cuenta
de que no era esa la intención
de la gente.
Más tarde, Díaz Irigoyen dio a
conocer que después de una audiencia,
se llegó al acuerdo de que este
viernes 15 de diciembre del
año en curso, en punto de las
11:30 horas, sostendrán una
reunión en la Procuraduría General
de Justicia las partes involucradas
en el conflicto de linderos
y las autoridades policiales.
Dijo que lo que se busca en primera
instancia es el desistimiento
del demandante, situación que
él apoya en su intervención
en este conflicto como mediador
y buscador de la concordia en
el municipio que dirige.
En cuanto a la situación legal,
manifestó que desconoce en qué
términos se encuentra, ya que
buscan solucionar el problema
por medio de la celebración
de un convenio entre las partes
involucradas.
Aseguran que la tierra les pertenece
Los ejidatarios de San José de
Gracia señalan estar seguros
de que el territorio en conflicto
les pertenece, puesto que ya
se dio un fallo a su favor el
18 de mayo pasado, pero éste
se envió a la ciudad de México
a revisión a solicitud de los
dueños del rancho El Durangueño.
Señalan que el documento revisado
está por llegar y según el respaldo
con el que cuentan están seguros de que el fallo no cambiará, después de ser examinado
por el tribunal de la Reforma
Agraria en la capital del
país.
A pesar de que dicen que la tierra
es suya, decidieron sacar sus
animales y pertenencias para
que su compañero quedara en
libertad, como en un principio
habían acordado con la familia
Ayala Grimao.
Por otra parte, Natalio Betancourt Campos, comisariado
ejidal de San José de Gracia,
informó que cuentan con cuatro
mil hectáreas de uso común y
la misma cantidad de territorio
laboral.
Hay 542 ejidatarios que se dedican
a la ganadería, agricultura
y fruticultura, mismos que apoyan
a José Piedad Retana García
y seguirán insistiendo para
su liberación, que al parecer
no se dará hasta después del
viernes.
Investigan a la mafia agraria peninsular. (Por Esto!, Salvador Canto, p.web).
* "Traje a la medida"
a la empresa APA para lograr
un segundo parcelamiento
irregular en Playa del Carmen
* El subdelegado Alejandro García
Pérez, su cómplice * Voraz y
desmedida ambición que afectará
a los ejidatarios.
Las autoridades agrarias federales,
que se encuentran investigando
la operatividad de la mafia
agraria peninsular, indagan
la relación existente entre
el líder de este grupo, Arturo
Millet Reyes, con funcionarios de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor),
con quienes se ha coludido para que fraudulentamente emitan a favor del Ejido
Playa del Carmen un oficio que
dictaminara que las tierras
de uso común de dicho núcleo
agrario, mismas que quiere parcelar
a través de su empresa Asesoría
Profesional Agraria (APA), no
son bosques, ni selvas tropicales.
Por lo que todo eso le ha quedado
como un "traje a la medida"
para intentar lograr un segundo
parcelamiento irregular y afectar a los ejidatarios de Playa
del Carmen, aprovechando además
la buena relación que tiene
con gente de la delegación
del Registro Agrario Nacional
(RAN), específicamente con el
subdelegado Alejandro García
Pérez, quien es considerado
como su cómplice.
Con lo que nuevamente queda en
evidencia cómo la mafia agraria
peninsular, comandada actualmente
por Arturo Millet Reyes, logra corromper, exponer y terminar con la carrera
profesional de más funcionarios
públicos que son coludidos
y corrompidos con el fin de
que lo apoyen en su voraz ambición
por continuar de manera ilegal
y fraudulenta, regularizando,
comercializando y desarrollando
tierras en los ejidos de Quintana
Roo, demostrando que no hay
poder humano que lo detenga.
Se habla que ésta y la mayor parte
de sus operaciones las realiza
con recursos que le envía su
jefe, Felipe Enríquez Hernández,
para corromper a los funcionarios
de la Conafor
para que fraudulentamente emitan
a favor del Ejido Playa del
Carmen un oficio que dictamine
que las tierras de uso común
que pretende parcelar, no son
bosques, ni selvas tropicales.
Por lo que de manera burda, en
vez de realizar un parcelamiento
que respete la caracterización
de la vegetación de las tierras
de uso común del Ejido Playa
del Carmen, así como el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano
de dicha demarcación, el mismo
Programa de Ordenamiento Territorial
y la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Quintana Roo,
Arturo Millet
Reyes de nueva cuenta se pasa
‘por el arco del triunfo’ los
lineamientos antes mencionados
y realiza un parcelamiento
anárquico.
Arturo Millet
primero realizó las asambleas
de parcelamiento
y después fue a corromper a
las autoridades ambientales
para que le otorgaran oficios
que sean idénticos al parcelamiento,
a pesar de que las áreas a parcelar
sean bosques o selvas tropicales.
Los oficios de Conafor son un perfecto "traje a la medida" y fiel
ejemplo de corrupción.
Hay que aclarar en el resto del
país, la Conafor
primero le indica a los ejidos
cuáles son las áreas que pueden
parcelar y posteriormente los
ejidos realizan sus asambleas
parcelando solamente las áreas
autorizadas.
Es como construir un hotel en la
Rivera Maya y después tramitar
la Manifestación de Impacto
Ambiental.
En las oficinas de la Comisión
Nacional Forestal, ubicadas
en la ciudad de Cancún, Quintana
Roo, ha salido a relucir que
Arturo Millet
Reyes le ofreció a los funcionarios
de la Conafor
pagarles tres mil pesos por
cada hectárea de bosque o selva
tropical que sea convertida
en una hectárea factible de
parcelar, oferta que aparentemente
va a ser difícil de rechazar
para los funcionarios que están
facultados para autorizar dicho
dictamen, en virtud de que si
el nuevo ilegal parcelamiento
de Playa del Carmen comprende
una superficie mayor de siete
mil hectáreas, la "mordida"
que ofrece Arturo Millet
es de más de 21 millones de
pesos.
Hay que destacar, amable lector,
que la investigación de las
autoridades agrarias federales
en contra de la delegación del
RAN se encuentran enfocadas
al subdelegado, Alejandro García
Pérez, pues se han encontrado
evidencias de que éste fue recomendado
de Felipe Enríquez Hernández,
que era secretario particular
de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) y muy amigo
del propio Arturo Millet
Reyes, justo cuando comenzaba
su larga carrera delictiva "regularizando"
los ejidos de Chuburná,
Chablecal, Temozón Norte, Dzitia, Tamanché y San Ignacio.
Del mismo modo, se ha informado
que García Pérez fue transferido
por recomendación de Arturo
Millet e instrucciones de Felipe Enríquez de la dirección
de Catastro Rural, en las oficinas
centrales del RAN, a la Subdelegación
Técnica del RAN, con el
compromiso de aprobar de manera
"express" todos los trabajos que solicite Arturo Millet Reyes o su fraudulenta empresa, Asesoría Profesional
Agraria (APA), a pesar de que
dichos trabajos estuvieran técnica
y jurídicamente mal sustentados.
El mismo RAN permite irregularidades. (Por Esto!, Francisco Hernández,
p.web)
Chetumal, 13 de diciembre.- Aunque
el comisariado
del ejido Playa del Carmen presente
un dictamen de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor)
elaborado ocho meses después
de la asamblea que aprobó el
segundo parcelamiento de 7 mil hectáreas de tierra, con una autorización
hecha a modo de los intereses
del despacho Asesoría Profesional
Agraria (APA), propiedad de
Arturo Millet
Reyes, representante de la mafia
agraria en Quintana Roo, el
Registro Agrario Nacional
(RAN) admitirá el documento
y lo integrará al expediente
incompleto que le presentaron
los ejidatarios el 30 de noviembre.
La delegada del RAN en Quintana
Roo, Alicia Ricalde
Magaña, afirmó que el organismo
agrario no se fija la fecha
en que se elaboran los documentos
que sirven de requisitos para
los actos jurídicos del cambio
de destino de la tierra ejidal,
sino sólo se preocupa de que
formen parte del expediente.
De este modo, la funcionaria admitió
que para el RAN es aceptable
que un ejido, como el de Playa
del Carmen, autorice la realización
de un parcelamiento
sin contar con el dictamen ambiental
antes de realizar la asamblea
respectiva y conseguir el permiso
después, cosa que ha dejado
al despacho APA la oportunidad
de realizar los actos irregulares
con los que se ha enriquecido
en los ejidos ubicados en zonas
de potencial desarrollo turístico.
Son la permisividad y complicidad
de autoridades del sector
agrario las que han permitido
a APA pasarse por el arco del
triunfo las exigencias de las
normas ambientales, como sucedió
con el primer parcelamiento
del ejido Playa del Carmen,
realizado en 2002, sobre 7 mil
137 hectáreas, violando las
limitaciones que estableció
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
en su dictamen.
Pero también existe complicidad
y consentimiento en las mismas
autoridades ambientales que
deben velar porque se cumpla
la disposición que prohíbe el
parcelamiento
de bosques y selvas, puesto
que hasta el día de hoy la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa)
no ha sancionado a los responsables
de la violación del dictamen
de la Semarnat
sobre el primer parcelamiento
de Playa del Carmen, y existen
funcionarios de la Conafor
dispuestos a emitir un dictamen
a modo de los intereses de APA
para cubrir el requisito que
le falta al ejido Playa del
Carmen para que el RAN le reciba
el expediente de su segundo
parcelamiento.
Y es que cabe mencionar que si
el ejido Playa del Carmen presenta
un dictamen de la Conafor
favorable al segundo parcelamiento
de 7 mil hectáreas, éste claramente
habrá sido elaborado ocho meses
después de la asamblea ejidal
donde se autorizó el acto, que
tuvo lugar en marzo, porque
hasta el día de hoy la Conafor
no ha notificado al RAN que
haya emitido un permiso para
ese parcelamiento,
debido a que de manera ordinaria
y oficiosa la autoridad ambiental
le avisa a las autoridades agrarias
cuando emite ese tipo de documentos,
aun cuando los ejidos no hayan
iniciado ningún trámite de registro.
La propia delegada del RAN dio
a conocer este detalle en la
entrevista que Por Esto!
de Quintana Roo le realizó,
al decir que la Conafor
debió enviarle una copia del
permiso del parcelamiento
si existiera.
"Hasta hoy, aquí en esta delegación,
no ha ingresado ninguna copia
sobre ese permiso de Conafor; así que nosotros, de manera oficial, no tenemos conocimiento
de que exista algún permiso
sobre este parcelamiento
en Playa del Carmen", manifestó.
Sin embargo, y a pesar de este
reconocimiento, la delegada
del RAN dijo que esperarán a
lo que el ejido les diga oficialmente,
si lo tienen o no y, si lo presentan,
aunque evidentemente será un
documento extemporáneo y a modo,
la delegación lo admitirá, porque
Ricalde Magaña manifestó que la ley no obliga a que el ejido
obtenga ese documento antes
de realizar su asamblea.
Pero además de que el RAN está
dispuesto a admitir el dictamen
extemporáneo de la Conafor
sobre el segundo parcelamiento
del ejido Playa del Carmen,
la delegada del organismo en
Quintana Roo afirmó que tampoco
tomarán en cuenta que existe
todavía un juicio agrario interpuesto
en contra del primer parcelamiento en el Tribunal Unitario Agrario por la falsificación
de las firmas del notario que
dio fe de la asamblea de formalidades
especiales realizada en 2002
para aprobarlo.
Ricalde Magaña
justificó que el RAN no prevenga
al ejido sobre la admisión del
segundo parcelamiento, tomando en cuenta que el primero está en juicio,
arguyendo que el Tribunal
Unitario Agrario no ha emitido
ninguna medida cautelar que
le ordene al organismo suspender
las diligencias que tengan relación
con el acto realizado en 2002.
Según la funcionaria, sólo si una
orden administrativa o judicial
se lo ordena puede suspender
el trámite del parcelamiento,
porque, de otra forma, la pueden
acusar de abuso de autoridad.
Clausurará Zeferino un
Congreso de la CNC en el que
se esperan respaldo a La Parota. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web)
Chilpancingo.
El gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo clausurará este jueves
el Congreso Agrario Estatal
que realizará la fracción de
la CNC que encabeza Evencio
Romero Sotelo,
en donde se espera que los participantes
se manifiesten en favor de la
presa La Parota, proyecto en
el que según un análisis del
Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, su gobierno está siendo utilizado por la Comisión
Federal (CFE) de Electricidad
para violar los amparos que
concedió el Tribunal Unitario Agrario a los opositores al proyecto.
Ayer, el mandatario estatal nuevamente se negó a dar
entrevista a reporteros de la
fuente en Chilpancingo, bajo
el argumento de que iba a perder
relevancia el acto que tuvo
en Metlatónoc
por la mañana, en donde entregó
ropa de frío, así como el del
foro estatal del proyecto de
la nueva Ley de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero que clausuró
por la tarde en el Instituto
de Capacitación y Formación
Policial (Infocap).
“No me gusta darles conferencias banqueteras”
atajó, antes de que el grupo
de reporteros soltara las preguntas
para conocer su opinión sobre
diversos temas, entre éstos
el operativo policiaco
que se aplica en Michoacán y
la frontera con Guerrero, así
como la denuncia de Tlachinollan en torno a que su gobierno es utilizado por la
CFE para construir dos carreteras
y así eludir las disposiciones
que ordenó el TUA.
Al preguntarle el por qué su negativa a dar la entrevista,
Torreblanca contestó: “Porque
no me gusta; porque no me gusta
dárselas así (las entrevistas),
yo los respeto a ustedes, mañana,
mañana los atiendo”; y justificó
que restaría importancia a su
acto que tuvo en La Montaña.
Tras la insistencia de otro reportero sobre el acto en
La Montaña, el gobernador propuso:
“Pues pregúntele a sus compañeros
–en referencia a un grupo de
reporteros que fueron invitados
por la Dirección de Comunicación
Social a esa gira–, la refritea
(copiar una nota); ahí la refritea,
¿a poco no refritea?”, la información.
Vía telefónica, Romero Sotelo
informó que a petición de la
fracción de la CNC que dirige,
este jueves a la 1 de la tarde
Torreblanca clausurará el Congreso
Agrario Estatal que organizó
esa agrupación ligada al PRI
y principal impulsora de la
hidroeléctrica La Parota, para
evaluar las políticas públicas
del gobierno estatal y federal,
en materia rural.
Señaló que en ese encuentro que comienza a las 11 de
la mañana y en el que participarán
unos 300 delegados, también
se tocará el tema de la presa
e incluso resaltó que comisarios
y campesinos que simpatizan
con la presa, harán un pronunciamiento
ante el gobernador.
Divide opiniones donación de predio a la Corte. (La Jornada, Alfredo Méndez, p.web).
Es legal, dicen algunos juristas; Marín busca comprar fallo
en caso Lydia
Cacho, creen otros.
La donación de un terreno hecha por el Gobernador de Puebla,
Mario Marín Torres, al Poder
Judicial Federal (PJF) para
la construcción de juzgados
y tribunales en esa entidad,
dividió la opinión de juristas
y abogados litigantes consultados
ayer por La
Jornada.
Bárbara Zamora, defensora de derechos humanos y representante
legal de diversos movimientos
sociales, como el de San Salvador
Atenco, consideró que se trata de un "acto de corrupción"
de ambas autoridades, porque
"es algo indebido y la
ley prohíbe que una de las partes
que hizo el regalo esté bajo
investigación en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN); con esta donación, el
Gobernador de Puebla está comprando
una resolución en su favor en
el caso que tiene pendiente
en su contra por la denuncia
de la periodista Lydia
Cacho".
Agregó que la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos
Civiles y la Ley Orgánica del
PJF "prohíbe que una de
las partes dé regalos, convide
comidas o invitaciones de ningún
tipo al juzgador que va a resolver
sobre un asunto jurídico".
El penalista Xavier Olea Peláez, defensor de la autora del
libro Los
demonios del Edén,
Lydia Cacho, sobre prácticas de pederastia, luego de enterarse
de que Azuela aceptó la donación
del terreno que le hizo el llamado
góber precioso, expresó: "qué bueno que
ya se va de la presidencia de
la Corte; es el peor dirigente
que ha tenido el máximo tribunal
del país; Azuela siempre ha
sido un juez de consigna".
Indicó que aunque la donación se dio por los cauces institucionales,
"eso no elimina el hecho
de que Marín la hizo como parte
de su juego político para obtener
una resolución de la Corte en
su favor".
No obstante, añadió que "aunque Azuela votara en favor
del mandatario de Puebla, los
otros ministros encontrarán
razones suficientes para fallar
en contra de él".
En contraparte, el constitucionalista Clemente Valdez aseguró
que todo parece indicar que
la donación del terreno al PJF
no implica irregularidad alguna,
porque se trata de una acción
prevista por la ley. Sugirió
investigar a fondo la procedencia
del terreno, ya que "si
se trata de una posesión privada
del gobernador, eso cambiaría
las cosas".
Para José Antonio Becerril, abogado y catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), especialista en Derecho
Procesal Penal, "el acto
celebrado en Puebla no necesariamente
implicaría un revés para la
periodista Lydia
Cacho", y confió en que
la Corte integre un equipo imparcial
que se encargue de investigar
las violaciones a las garantías
individuales de la autora de
Los demonios del Edén.
El abogado, quien participó en el caso del homicidio de Digna
Ochoa, estimó que los integrantes
del Poder Judicial federal gozan
de independencia, y descartó
que el acto tenga significación
respecto al caso de Lydia Cacho, porque en los próximos días habrá cambio de presidente
de la Corte.
Para el profesor universitario Eduardo López Betancourt, lo
ocurrido en Puebla "debe
leerse como una situación irregular,
ya que la Corte ha utilizado
la amnesia en el caso Lydia
Cacho y, a pesar de que hubo
violaciones graves, no ha desarrollado
ninguna acción de manera expedita,
lo que demuestra la relación
de quienes integran el máximo
tribunal con representantes
de otros poderes. Esto sólo
mueve a picardía, pero demuestra
la carencia de órganos de justicia
adecuados para los ciudadanos,
no así para los gobernantes,
porque parece un descarado contubernio".
En tanto, el especialista en derecho Marcos Castillejos dijo
que la justicia federal es "sumamente
confiable y no se puede pensar
que en Puebla sucede algo indebido.
Creo que la comisión que se
instale para investigar el caso
Lydia
Cacho emitirá una opinión imparcial".
Sector agropecuario
En México, el TLCAN, con efectos regresivos; afectó
a los más pobres. (La Jornada, Roberto González,
p.web)
Informe del Banco Mundial: sin ganancias, ese sector de la
población, indica.
Comparativamente, el organismo mundial señala que en Brasil
hay una fuerte progresividad
que beneficia a los estratos
de menor ingreso.
Aboga por mayor asistencia para el desarrollo.
El Banco Mundial aseguró este miércoles que la apertura comercial
emprendida por México en los
años 90 y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), en el que está asociado
con Estados Unidos y Canadá,
tuvieron efectos "regresivos",
al afectar el bienestar de los
más pobres.
Comparado con otros procesos de apertura comercial, como el
de Brasil en el marco de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC), la experiencia de México
dejó menos ganancias para los
sectores más pobres de la población,
apuntó el organismo.
En el informe Perspectivas económicas mundiales 2007: afrontar
la nueva etapa de la globalización,
el organismo comentó que el
TLCAN ha tenido "muchos
menos beneficios" para
los más pobres.
"Mientras el TLCAN en México y la participación de Brasil
en la Ronda Doha (el actual
proceso de apertura comercial
en el marco de la OMC, en la
que el país sudamericano ha
sido una de las voces más influyentes)
han producido similares ganancias
en términos de los agregados
del Producto Interno Bruto,
los pobres mexicanos han ganado
mucho menos que los pobres brasileños"
con el respectivo proceso elegido
para la apertura comercial.
"En otras palabras, para México la reforma comercial puede
ser algo regresiva (es decir,
que perjudica más a los pobres),
mientras una fuerte progresividad
(que beneficia a los estratos
de menor ingreso) es observada
en Brasil", apuntó.
El reporte del Banco Mundial no es una evaluación sobre México,
sino que las alusiones a los
dividendos que ha generado el
TLCAN están incluidas en un
apartado en el que el organismo
considera que antes de medir
las reformas por su efecto en
los agregados económicos, en
especial en el Producto Interno
Bruto, importa también el efecto
en la distribución del ingreso.
De hecho, en el informe el organismo aboga por una mayor y
más eficaz asistencia para el
desarrollo. Señala que la reducción
a las barreras al comercio también
reviste crucial importancia,
dado que puede brindar nuevas
oportunidades a los países y
a las personas más pobres.
"Es urgente revitalizar la Ronda de Doha de negociaciones
sobre el comercio mundial y
concertar un acuerdo que beneficie
a los pobres", de acuerdo
con Uri
Dadush, director del departamento de comercio internacional
del Banco Mundial, citado en
la presentación del informe.
Las consideraciones del Banco Mundial son hechas públicas en
un momento en que existe la
intención en los gobiernos de
los países integrados en el
TLCAN de ampliar la esfera de
influencia del pacto, de un
acuerdo comercial a otro que,
además, involucre abasto de
energía y cuestiones de seguridad.
También en momentos en que organizaciones
campesinas mexicanas han alertado
sobre los efectos devastadores
que sobre la economía campesina
y la seguridad de los alimentos
tendrá la eliminación total
de aranceles a la importación
de maíz y frijol,
prevista para 2008, como parte
del TLCAN.
En el informe, el Banco Mundial comentó que la disminución
en la demanda de productos latinoamericanos
en Estados Unidos afectará a
la región en 2007, pero el efecto
será más severo en México.
"La menor demanda de importaciones de Estados Unidos en
2007 afectará a muchas economías
en Latinoamérica, notablemente
a México, en donde el Producto
Interno Bruto caerá de una tasa
proyectada de 4.5 en 2006 a
3.5 por ciento el siguiente
año", indicó el reporte.
Se acelera la caída en la producción de alimentos:
ANEC. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
Por una agricultura de comestibles y no de combustibles se
manifestaron los integrantes
de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC),
luego de conocer que en Estados
Unidos una cuarta parte del
territorio sembrado con maíz
está destinado a la producción
de etanol y del peligro que
en México se reproduzca esa
experiencia.
En el contexto de la novena asamblea general, los delegados
de 19 estados del país se sumaron
al cuestionamiento de Víctor
Suárez Carrera: "¿quiénes
alimentarán a los mexicanos
si la agroalimentación se sustituye
por el agrocombustible?",
apuntar que las reservas mundiales
de maíz son las más bajas de
los pasados 23 años y la producción
de sorgo en Estados Unidos tiene
una caída histórica.
México, abundó, está importando 8 millones de toneladas de
maíz para cubrir la demanda
interna a un precio dos veces
más caro que el año pasado,
debido al rápido crecimiento
de la demanda de biocombustibles
en el ámbito internacional.
Sin embargo, en el país se tiene
la caída más grave en la producción
de alimentos de los pasados
20 años, y aunque los precios
de éstos se están elevando vertiginosamente,
eso no repercute en los bolsillos
de los campesinos.
Por ello pidió a los delegados de la ANEC comprometerse a seguir
produciendo alimentos y continuar
peleando para que el gobierno
y la sociedad reconozcan la
importancia de la agricultura
y su aportación a la economía
nacional. "No somos improductivos,
somos pobres pero no requerimos
limosnas sino apoyos para producir;
no pedimos compasión sino oportunidades".
Convocó a los productores a
no hacer a un lado las movilizaciones
porque sin ellas "no habrá
cambio ni respeto a los labriegos".
Insistió en que se reconozca el potencial de desarrollo productivo
y económico del campo y que
los recursos se orienten a la
inversión productiva, sobre
todo ante la apertura total
en 2008 que, dijo, significará
una competencia desleal, incremento
de las importaciones, aumento
del desempleo, caída de los
ingresos de los productores
y desempleo. La situación se
complica en un marco internacional
en el que hay menos oferta de
granos, alzas de precios y ahora
no tenemos ni producción interna
ni importaciones disponibles,
por lo que la inseguridad alimentaria
de México aumenta. "Vivimos
una oleada alcista del precio
de los alimentos por la falta
de oferta local y porque el
valor de las importaciones se
ha duplicado y podrían continuar
al alza por la caída de la producción
mundial".
Necesario, invertir en infraestructura hidroagrícola
De acuerdo con un reporte de la FAO, por el alza de los precios
de maíz, trigo, sorgo y soya,
los países en desarrollo pagarán
cinco por ciento más por las
importaciones con respecto a
2005 e incluso muchos de ellos
reducirán sus compras por ese
incremento de los precios.
Luego de la inauguración de la asamblea, el senador Silvano
Aureoles dijo que es urgente
volver a invertir en infraestructura
hidroagrícola del país, ya que desde hace 40 años está en
el olvido y se sigue desperdiciando
el 80 por ciento del agua destinada
al riego; esa tendencia no puede
continuar, acotó.
Organizaciones campesinas
Signan alianza FAP, UNT, grupos agrarios y sindicatos. (La Jornada, Georgina Saldierna,
p.web)
Proteger del bloque derechista el patrimonio nacional, la meta.
Se fortalecerá la visión de izquierda progresista: Ortega.
En un hecho que fue calificado como histórico, el Frente Amplio
Progresista (FAP), la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT),
el Comité Nacional de Organismos
Rurales y Pesqueros (Conorp)
y la Coalición Ciudadana Nacional
suscribieron ayer una alianza
"política y estratégica".
Su objetivo es proteger el patrimonio nacional, impedir cualquier
intento de privatizar el sector
energético, evitar retrocesos
en las conquistas laborales
y, al mismo tiempo, impulsar
una ambiciosa reforma del Estado
que permita modificaciones en
el sistema político-electoral,
así como reformas económicas
que propicien el desarrollo,
la sustentabilidad,
la equidad y la competitividad
de la economía.
La formalización de la coalición sirvió de marco para informar
que Jesús Ortega fue designado
coordinador del FAP. En su discurso,
el perredista
destacó que se conformó ya un
bloque de derecha contrario
a los intereses del país. Frente
a ello dijo, la alianza integrada
ayer "va a fortalecer una
visión de izquierda progresista".
Explicó que el propósito es "realizar una profunda transformación
del régimen político e impedir
que se detenga el proceso de
transición democrática. Hay
que cambiar el sistema vigente
porque se agotó y ya no responde
a las necesidades y exigencias
de los nuevos tiempos",
subrayó.
Otro de sus objetivos es "modificar el rumbo económico,
pues el modelo neoliberal es
un fracaso y solamente ha producido
mayor marginación en los últimos
25 años". Esta lucha, aclaró,
"vamos a darla juntos;
partidos políticos y organizaciones,
sin que éstas queden bajo la
tutela o supeditadas a los primeros".
Con la suscripción del acuerdo, los tres partidos del frente
PRD, PT y Convergencia trabajarán
de manera conjunta con más de
un centenar de agrupaciones
que forman parte de la UNT,
la Conorp
y la Coalición Ciudadana. Sobresalen
la CIOAC, la Central Campesina
Cardenista, el sindicato de
telefonistas, de trabajadores
de la UNAM y el del Seguro Social,
entre otros.
Por su parte, Leonel Cota Montaño,
presidente del PRD, destacó
que con la alianza se está "venciendo
un grave problema que tenía
el movimiento democrático: la
dispersión. Los tiempos nos
exigen esta clase de respuestas,
esta firma, entonces, es una
respuesta a tiempo".
Francisco Hernández Juárez, secretario general del sindicato
de telefonistas y presidente
colegiado de la UNT, dijo que
la coalición no implica que
los sindicatos y organizaciones
campesinas y civiles "seremos
parte de los partidos políticos
que la integran".
Consideró que "lo más importante del acuerdo es que lo
hagamos efectivo". En entrevista
posterior, descartó que la UNT
esté navegando en dos aguas,
pues antes de acudir a esta
firma, la dirigencia de esa
central se reunió con el titular
de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS), Javier
Lozano, integrante de un gobierno
que no es reconocido como legítimo
por parte del FAP.
"Es una alianza para trabajar sobre puntos muy concretos;
no nos sumamos a los partidos
ni tenemos que andar en todas
las movilizaciones, y podemos
no coincidir con algunos aspectos,
como el desconocimiento del
gobierno actual; esta es una
forma de lograr que la sociedad
sea cada vez más protagónica
en los procesos de participación
del país".
Por su lado, Alberto Anaya, integrante de la dirección colegiada
del Partido del Trabajo, puntualizó
que se requiere el concurso
de las organizaciones sociales
y sindicales para defender el
patrimonio de la nación y evitar
una contrarreforma laboral,
fiscal y educativa.
A su vez, Luis Maldonado, presidente de Convergencia, dijo
que con el convenio signado
ayer se busca realizar transformaciones
profundas en el sistema político,
social y económico del país,
que no puede soportar más la
prevalencia
de un régimen que ha mostrado
disfunción, desigualdad e injusticia
para millones de mexicanos.
Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC) e integrante de la dirigencia
del Conorp,
sostuvo que las agrupaciones
del agro suscribieron el acuerdo
con el propósito de poner un
alto a la imposición de las
políticas neoliberales que han
dañado al campo durante más
de dos décadas.
Agustín Rodríguez Fuentes, también integrante de la presidencia
colegiada de la UNT y líder
del STUNAM, insistió en que
se requiere una "transformación
política y social del país",
y confió en que mediante la
propuesta de iniciativas legislativas,
la alianza logre los cambios
que requiere México.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Impunes, los agresores de indígenas de Montes Azules. (La Jornada, Elío Henríquez, p.web).
San Cristóbal de las Casas, Chis. Este miércoles se cumplió un mes del
ataque a pobladores de la comunidad
Viejo Velasco Suárez, ubicada
en los límites de la reserva
de Montes Azules, municipio
de Ocosingo, sin que haya información
de cuatro indígenas desaparecidos,
dio a conocer el Centro de Derechos
Humanos Fray
Bartolomé de las Casas. Destacó
que las autoridades estatales
han tolerado la impunidad por
estos hechos y solicitó la intervención
de organismos internacionales,
entre ellos la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, para que
''insten al Estado mexicano
a que asuma sus responsabilidades
y garantice justicia a las víctimas
y juicio justo a los detenidos''.
Selva Lacandona, rehén de invasores. (Chiapas Hoy, p.web).
Considera diputada Holly
Matus
prioritario integrar proyectos
para el desarrollo sustentable
de la zona.
La diputada por Chiapas, Holly Matus Toledo exhortó a seguir trabajando y una vez que sea
instalada la Mesa Interinstitucional"
se deberá incorporar activamente
la Secretaría de Gobierno y
de Desarrollo Social de ambos
niveles", para contribuir
a la solución integral y sustentable
de la Selva Lacandona.
Durante su intervención, manifestó que la Selva Lacandona es
un bosque considerado como patrimonio
de la humanidad que ha experimentado
una fuerte transformación y
que sólo se conserva el 37%
de la vegetación original.
Aclaró que en esta región las invasiones y los problemas agrarios
han sido una constante por décadas,
ya que diversos actores indígenas
y no indígenas, organizaciones
que han promovido la ilegalidad
a través de invasiones con declaraciones
o decretos presidenciales, sin
deslinde oficial y la justificación
de colonizaciones o a través
de la técnica de rosa-tumba
y quema, justificaron asentamientos
irregulares.
La diputada por Chiapas añadió que a pesar de las invasiones,
el deterioro ambiental yla
inestabilidad social, fue en
el 2003 cuando se instaló la
Comisión Interinstitucional
para la Atención Integral de
la Selva Lacandona y Montes
Azules, que han tenido avances
significativos.
Mencionó que en la actualidad, se ha obtenido una declaratoria
de terrenos propiedad de la
SEMARNAT para la conservación
de una superficie de más de
22 mil hectáreas en el centro
de la reserva, para dar certeza
agraria a los grupos que no
la tenían, con lo que se disminuyeron
los focos rojos.
JALISCO
Riesgo para el hábitat, la construcción de dos
desarrollos turísticos en Jalisco. (La Jornada,
Angélica Enciso, p.web).
La Tambora y Marina Careyes podrían afectar especies de flora
y fauna silvestres.
Las autoridades en la materia, que antes rechazaron los planes, ahora no ponen objeciones.
El desarrollo turístico La Tambora, que se hará en Chamela, Jalisco, fue rechazado en dos ocasiones por la Comisión
Nacional de Areas
Naturales Protegidas (Conanp), la cual consideraba que representaba "un importante
riesgo de impacto negativo"
hacia las zonas ecológicas.
Luego que el proyecto fue autorizado
ambientalmente, el presidente
de la Conanp, Ernesto Enkerlin, afirmó
que no hay objeciones ambientales
por las condicionantes que se
establecieron.
Autorizado el 22 de noviembre, este proyecto fue objeto de
una denuncia popular ante la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente. La Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental
(DGIRA) de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat)
tardó siete meses en resolverlo.
Este plan, previsto en los límites de la reserva de la biosfera
Cuitzmala-Chamela,
y el de Marina Careyes, del
empresario Roberto Hernández,
en el área de protección natural
Playa Teoapa,
en la Costa Alegre de Jalisco,
se harán en una región donde
existe baja disponibilidad de
agua y se albergan especies
en riesgo de extinción.
La Tambora está planeada en una superficie de 681 hectáreas,
en 174 de las cuales se prevé
la construcción de un hotel
de gran turismo con 200 habitaciones,
salón de convenciones, clubes
de playa, campo de golf; se
edificará en la localidad Chamela,
en el kilómetro 62.8 de la carretera
Melaque-Puerto
Vallarta, municipio La Huerta,
Jalisco. Se encuentra en los
límites con la reserva de la
biosfera y la DGIRA consideró,
en la resolución del estudio,
que ahí se encuentran especies
de flora y fauna silvestre catalogadas
en riesgo, de acuerdo con la
norma 059.
En el proceso de autorización del estudio, la DGIRA consultó
a la Conanp
en dos ocasiones, en las cuales
su respuesta fue que "no
era pertinente" la autorización
por inconsistencias en la información.
En la respuesta de la Conanp del
27 de septiembre, se señala
que no se habían atendido, entre
otros, los aspectos relacionados
con los impactos ambientales
específicos sobre los elementos
de la biodiversidad; "el
proyecto implica un importante
riesgo de impacto negativo hacia
las áreas protegidas, tanto
por la obra como por su operación".
Agregó que no se habían considerado "de manera objetiva
e imparcial los posibles impactos
negativos sobe las áreas protegidas,
sino que no los ha considerado
del todo". Indicó que era
el caso de la deforestación,
fragmentación del hábitat, contaminación
lumínica y auditiva, y contaminación
de suelos, agua y desechos sólidos.
El presidente de la Conanp, Ernesto
Enkerlin,
sostuvo que la ley faculta a
este organismo para dar opinión
formal de cualquier tipo de
actividad o proyecto dentro
de las áreas naturales protegidas,
"cuando es en el área de
influencia, a veces son consultados
y a veces no, en este caso no
podemos extralimitarnos".
Reconoció que con estos proyectos podría haber perturbaciones
de manera directa por afectaciones
al hábitat contiguo por la interrupción
de los corredores biológicos,
pero en este caso en particular
el estudio tomó en cuenta que
no hubiera este tipo de afectaciones.
"Dentro del punto de vista
purista se buscaría que las
zonas estén intactas; si es
un área protegida y el promovente
no cumple con las leyes no se
puede ir más allá. Este tipo
de obras han ocasionado problemas
y hay que estar atentos a que
esto no vuelva a suceder".
Consideró que el activo que representa para un destino turístico
estar cerca de una reserva y
una selva bien conservada va
en el interés del propio desarrollo,
y se buscaría que los dueños
y las áreas que se destinen
a la conservación sean lo que
se señala en el propio proyecto.
Para analizar el impacto que tendrán Marina Careyes y La Tambora
en las áreas naturales, investigadores
del Centro de Investigaciones
en Ecosistemas de Michoacán
harán una evaluación este jueves.
La importancia de la reserva Cuitzmala-Chamela, explicó Patricia Balvanera,
del laboratorio de Biodiversidad
y Funcionamiento de Ecosistemas,
es que se trata de una de las
zonas que albergan mayor diversidad
biológica por la presencia de
selvas tropicales secas que
casi no están protegidas en
el país.
Explicó que hay investigadores con al menos 25 años de trabajo
en la zona y que llegaron ahí
desde antes de que fuera decretada
como reserva de la biosfera
en 1993. En entrevista vía telefónica,
agregó que esta área es importante
para conocer este tipo de selvas
en América Latina; se trata
de vegetación de gran importancia
para las poblaciones locales
y de otras regiones, porque
ayudan a la regulación del clima,
protegen contra la erosión y
regulan la calidad del agua.
También se cree que tienen un
papel importante en la regulación
de plagas en la zona.
Por su parte, la estación de Biología de la UNAM, que se encuentra
en la reserva, advirtió sobre
la escasez del agua dulce en
la región de Chamela,
ya que se estima que "en
poco tiempo será insostenible
la brecha entre demanda y suministro
de agua dulce, con lo que se
requerirá obtener el líquido
de las cuencas vecinas".
Consideró una "problemática" la localización del
proyecto La Tambora debido a
que colinda con la reserva de
la biosfera y el santuario natural
Islas de la Bahía de Chamela,
además de que los terrenos del
plan son parte del área de influencia
del área protegida.
En relación con el proyecto Marina Careyes, del empresario
Roberto Hernández, en los límites
del área de protección de flora
y fauna de la playa Teopa,
Enkerlin
indicó que no afecta el área
de arribo de las tortugas y
no se construirá sobre el área
donde llegan los quelonios.
Colectivos ecologistas buscarán que se dé marcha
atrás a los proyectos. (La Jornada, Juan Carlos
G. Partida, p.web).
"Con Fox las áreas protegidas fueron letra muerta".
Guadalajara, Jal.-. Colectivos ecologistas locales y miembros
del Instituto del Derecho Ambiental
preparan un plan de acción y
una manifestación pública en
repudio a que el ex presidente
Vicente Fox autorizó, ocho días
antes de concluir su gestión,
que el empresario Roberto Hernández
urbanice 256 hectáreas en la
costa jalisciense, en una zona
colindante con la reserva Cuitzmala-Chamela,
y el área natural protegida
de Playa Teoapa,
donde el ex dueño de Banamex
construirá el complejo turístico
Marina Careyes.
Pedro León Corrales, miembro del Instituto de Derecho Ambiental,
señaló que "este pago que
Fox hizo a su amigo Roberto
Hernández" forma parte
de una serie de acciones similares
que el ex mandatario realizó
por todo el país en favor de
diversos potentados.
Que esta autorización haya sido en la Costa Alegre de Jalisco
demuestra además, dijo, la serie
de intereses que los también
ex gobernadores Alberto Cárdenas
Jiménez y Francisco Ramírez
Acuña han protegido, "y
continuarán cuidando en sus
actuales puestos" dentro
del gabinete de Felipe Calderón
como titulares de las secretarías
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa)
y de Gobernación, respectivamente.
"La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat),
en todo el gobierno de Fox,
pero sobre todo en el periodo
de Alberto Cárdenas Jiménez,
y el del último secretario y
actual director de la Comisión
Nacional del Agua (José Luis
Luege
Tamargo),
prácticamente se desentendió
de sus funciones de conservación
y preservación de recursos naturales,
privilegiando el otorgamiento
de permisos para los proyectos
y afectando los recursos; no
tuvo ningún problema en autorizar
todo lo que se mueve. En el
caso de Jalisco autorizó Arcediano,
El Zapotillo, La Yesca y los
proyectos turísticos de la costa",
recordó León Corrales.
El activista anunció que todos los colectivos ecologistas independientes
de la entidad se reunirán el
viernes próximo en asamblea,
para conocer a detalle lo referente
al proyecto de Roberto Hernández,
y la manera abrupta en que la
Sermanat
le autorizó un permiso en una
zona de alta fragilidad ambiental
y enorme riqueza ecológica,
donde además se ubica una casa
del ex gobernador del estado
de México Arturo Montiel.
"Hemos cuestionado históricamente el que se pretenda privilegiar
desarrollos costeros en la zona
más importante de la costa de
Jalisco en lo que se refiere
a su biodiversidad, y esa zona
alrededor de Cuitzmala es una zona fundamental, un corredor de fauna que
ya está protegida en una parte,
pero los alrededores son igual
de interesantes y evidentemente,
como (Fox) lo hizo en todo el
sexenio, las áreas naturales
protegidas se convierten en
letra muerta: lo que importa
son los proyectos económicos
para hacer negocios", agregó.
León Corrales recordó que en todo ese corredor costero hay
pueblos afectados por proyectos
anteriores, como los ejidos
Ley Federal de Reforma Agraria
y Francisco Villa, ambos en
el municipio de La Huerta, a
los que perjudicó el proyecto
de desarrollo turístico que
promovió el empresario inglés-francés
James Goldsmith,
quien en la década pasada adquirió
su propia reserva ecológica
también en Cuitzmala,
antecedente que viene de la
administración de Cárdenas Jiménez
como gobernador.
"Con esto se llega a la culminación de un sexenio a escala
federal en el que imperó una
política depredadora y desde
la Semarnat se renunció a las funciones esenciales de proteger
los recursos naturales del país",
afirmó.
MORELOS
Se agrava invasión a zonas protegidas: ejidatarios. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Jiutepec, Mor. El
gobierno del estado inauguró
el día de ayer el taller de
Áreas Naturales Protegidas,
foro organizado con el fin establecer
un compromiso para rescatar
dichas reservas; por su parte,
ejidatarios de Tejalpa
denunciaron que van en aumento
las invasiones a zonas protegidas
como El Texcal.
En entrevista Margarito Cevallos
Figueroa, secretario de la Unión
de Comisariados
Ejidales, Comunales y Asociaciones
de Morelos, aseguró que el desalojo
de la zona protegida de El Texcal,
“es una exigencia de los ejidatarios
de esa zona, ante la proliferación
de asentamientos irregulares
que hasta el momento han destruido
300 hectáreas de dicha área”.
Señaló que en la última asamblea de este año buscarán los mecanismos
que ayuden a resolver los conflictos
de la tierra a partir de 2007,
pero lamentó que la autoridad
utilice un doble discurso para
poner fin a los problemas de
la tierra, “anuncia una cosa
y nada hace”, agregó que los
ejidatarios “tenemos que poner
en marcha acciones para desalojar
a los invasores de nuestras
áreas protegidas, esto ante
la indiferencia de las autoridades
para solucionar dichos conflictos”.
Ante esta situación, Cevallos Figueroa reiteró la intención
de preservar la zona referida,
“pedimos en principio el desalojo
y luego la vigilancia, porque
de las más de mil hectáreas
en conflicto –entre las comunidades
de Tejalpa,
municipio de Jiutepec y Santa Catarina municipio de Tepoztlán–
más de 300 ya están devastadas
y cada día se están llevando
a cabo ocupaciones ilegales,
devastación de la área natural
protegida y no se está haciendo
absolutamente nada, a pesar
de la constante contaminación
de los mantos freáticos, porque
son cerca de cinco mil familias
asentadas en esa área que no
cuentan con sistemas de drenaje
y todos los desechos están depositándose
en el subsuelo”.
Por su parte, autoridades estatales pusieron en marcha el taller
de capacitación en normatividad
en áreas naturales protegidas,
cuyo fin es estrechar la coordinación
con dependencias federales para
la realización de operativos
de vigilancia.
Rafael Martínez Flores, subsecretario de Gobierno y representante
personal de Sergio Álvarez Mata,
secretario de Gobierno, expresó
que el tema es fundamental para
la política de desarrollo del
estado, pues “una de las prioridades
de esta administración es contar
con un programa integral de
atención a estas áreas”.
El taller contó con la participación de integrantes de la Comisión
Estatal del Agua y Medio Ambiente,
en coordinación con la Comisión
Nacional de Áreas Protegidas,
así como de regidores y directores
de Medio Ambiente y de Desarrollo
Urbano de los municipios de
Huitzilac,
Cuernavaca, Tepoztlán,
Jiutepec,
Yautepec,
Tlayacapan,
Tlalnepantla, Totolapan, Atlatlahucan y Ocuilán de Arteaga,
estado de México. El subsecretario
de Gobierno señaló que por la
ubicación del Corredor Biológico
Chichinautzin,
“éste enfrenta amenazas como
el crecimiento urbano desorganizado,
cambios de uso de suelo y la
venta ilegal de terrenos con
carácter social, ejidal y comunal,
así como el aprovechamiento
irregular de sus recursos naturales”.
Agregó que “es necesario mantener una estrecha coordinación
con dependencias federales para
la realización de operativos
de vigilancia y con ello evitar
que sean invadidas o deforestadas
estas áreas, que son de gran
importancia para la entidad,
por ser generadoras de agua
y oxígeno”.
Será Agustín Maldonado, el fiscal agrario de Morelos. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor.- Francisco Coronato Rodríguez, procurador estatal, designó a Agustín
Maldonado Colín como fiscal
especial en temas del campo,
con el objetivo de abatir el
rezago de más de tres años,
en averiguaciones respecto a
temas del campo. Por su parte,
líderes de organizaciones integrantes
del Congreso Agrario Permanente
(CAP) confiaron que con la designación
del fiscal agrario, “no haya
más asuntos agrarios pendientes”.
La mañana de ayer, organizaciones firmantes del acuerdo denominado
Proyecto Integrador para el
Desarrollo Rural sustentable
de Morelos, se reunieron con
Coronato
Rodríguez a efecto de instalar
en la misma Procuraduría una
mesa para atender los asuntos
jurídicos relacionados a la
problemática agraria.
Ahí, el procurador designó a Maldonado Colín como fiscal especial
para atender los temas del campo,
de quien dijo, “es un agente
del Ministerio Público especializado”.
Agregó que el nuevo funcionario, “tiene sus orígenes en el
campo, lo que garantiza que
su trabajo será en beneficio
del agro, al haber vivido la
problemática a la que se enfrentan
diariamente los campesinos de
Morelos”.
Coronato Rodríguez reiteró que con esta medida,
la institución cumple con el
acuerdo y da las condiciones
necesarias para que se agilicen
los trámites de los asuntos
agrarios, principalmente en
lo relativo al despojo, “que
al ser un delito común, corresponde
a la Procuraduría llevar ese
tipo de casos y con esta designación
esperamos acabar con el rezago
de tres años que se tiene en
la materia”.
Por su parte, Miguel Ángel Jaime Acevedo y Adrián Cortés Hernández,
integrantes del CAP, coincidieron
en señalar que al designar al
fiscal agrario, “se da un paso
importante en el cumplimiento
del acuerdo, ya que sin duda
buscará terminar con la gran
cantidad de averiguaciones previas,
que en la actualidad pareciera
que duermen el sueño de los
justos porque en tres años no
ha habido avances en la materia”.
Por último reconocieron que
ante el gran rezago en asuntos
agrarios planteados ante el
fiscal, deberán irse ventilando
y solucionando en su momento,
“porque confiamos en la capacidad
del nuevo fiscal del estado,
y que se atenderán todas las
demandas relacionadas a la justicia
en temas del campo”.
Cabe destacar que en el Proyecto Integrador para el Desarrollo
Rural sustentable de Morelos
contempla la justicia agraria
para el campo del estado y establece
que las instancias estatales
de planeación y de asuntos agrarios,
“deberán de dar acceso y todas
las facilidades a las organizaciones
para la gestión de diversos
casos que tienen que ver con
asuntos jurídicos relacionados
a la problemática agraria”.