CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
8 DE AGOSTO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Prevé Abascal conflicto largo
Dice el Secretario
que el problema podría llegar
hasta
los primeros
días del nuevo gobierno.
Participará el PRD en conteo ‘bajo protesta’
AMLO anuncia movimiento
para transformar las instituciones
del país.
Suben petroprecios por temor a escasez
Cerca del máximo
histórico, el WTI llega a 76.98 dólares
por barril.
Se pierde por bloqueos $1,450 millones
Decenas de negocios
podrían quebrar, advierte la Coparmex.
La lucha es por transformar el país: AMLO
Llama al TEPJE
a no convalidar “una imposición”.
AMLO: cambio ya, “a como dé lugar”
Amplía sus demandas
y al “voto por voto” suma la
transformación inmediata
de las instituciones.
Con videos de Chávez anima PRD su plantón
En una cinta el
presidente venezolano arremete contra
Fox.
AMLO se fuga hacia delante: “cambio de un modo u otro”
Impone el PAN coordinadores
a Felipe; protestas persiguen a Fox.
Recontarán votos 149 magistrados
El Consejo de la
Judicatura Federal presentó la lista
al Trife; escrutinio comienza mañana.
Oaxaca Disparan a maestros
Crece clima de
violencia ante la ingobernabilidad
de Ulises Ruiz.
Sector agrario
La construcción de presas unifica las protestas
y resistencia de los afectados. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.web)
Se organizan ante el temor de ser
desplazados de sus tierras y perder
su arraigo.
La autoridad federal incumplió promesas
de pago justo y otros beneficios,
acusan.
Las comunidades en resistencia a la construcción de las presas
y en defensa del agua afirman que
no quedará aislado ninguno de estos
movimientos que se gestan en el país,
para lo cual mantendrán comunicación
entre ellos sobre el estado de los
proyectos y harán uso de los recursos
legales para buscar la cancelación
de las obras.
Cansados del incumplimiento de las promesas del gobierno, con
temor a ser desplazados de sus tierras
y perder su arraigo, las comunidades
afectadas se agruparon en el Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas
y en Defensa de los Ríos (Mapder),
el cual ha comenzado a unificar las
protestas de Guerrero, estado de México,
Nayarit y Jalisco, donde hay planes
de construcción de siete presas.
Mientras el gobierno federal presume que estas grandes obras
de infraestructura generan empleos
y benefician el desarrollo del país,
lo que es un hecho es que en la mayoría
de las 575 grandes presas construidas
en territorio nacional se engañó a
las comunidades, que fueron inundadas
y reubicadas, prometiéndoles que se
les haría un pago justo por sus tierras,
que mejoraría su calidad de vida,
que llegaría el desarrollo, pero hoy
estos conglomerados viven en extrema
pobreza, advierte el Mapder.
Señala que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones
de la Comisión Mundial de Represas
y a su informe final de 2000, en el
cual especifican las acciones a tener
en cuenta para la construcción de
grandes embalses. El gobierno mexicano
no ha respetado los amparos, pues
ha violado flagrantemente la Constitución,
las leyes agrarias y normatividades
internacionales, indica la organización.
Sin embargo, se trata de una política que se da en el mundo,
y "cambiar las prioridades del
sector hídrico requerirá que el Banco
Mundial deje de actuar como defensor
de la industria mundial que construye
grandes represas", indica en
un análisis el director de la Red
Internacional de Ríos, Patrick
McCully.
Aunque admite que no "todas las
grandes represas son inherentemente
malas, las estrategias hídricas enfocadas
en las grandes represas no pueden
reducir significativamente la pobreza,
y desvían el dinero de los enfoques
que sí pueden hacerlo".
Resistencia organizada
Aunque la oposición a la construcción de presas no es nueva,
lo relevante es que esto ha llevado
a una nueva organización de las comunidades.
Ya no sólo es La Parota, en Guerrero,
donde hace tres años comenzaron las
protestas, sino que en Jalisco también
se ha desatado la inconformidad por
los proyectos Arcediano, San Nicolás
-sobre el río Verde-, el Zapotillo,
la Yesca -prevista entre Jalisco y
Nayarit-, y San Cristóbal, así como
en los casos en que las obras ya se
hicieron como en Aguamilpa,
y donde están por concluir, como El
Cajón, en Nayarit.
Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a La Parota (Cecop),
dijo en entrevista que "el gobierno
habla de desarrollo para los campesinos,
pero les quita sus tierras y son desplazados
por las trasnacionales. De ahora en
adelante vamos a luchar en todos los
estados donde pretendan hacer una
presa", advierte.
En el caso de La Parota, que se construiría sobre el río Papagayo,
en Guerrero, Flores Hernández señala
que "los dueños de las tierras
no vamos a permitir que ese proyecto
se lleve a cabo". Agrega que
a los afectados no se les ha dado
un peso, además de que hay amparos
y los campesinos no están dispuestos
a ceder su tierra sin que les hayan
pagado, aunque, acota, el gobierno
dice que ya se les liquidó y que a
los campesinos ya los convenció.
Tan sólo en La Parota los desplazados serán alrededor de 25
mil personas que pertenecen a 36 comunidades,
pero en lo que sería la parte baja
de la cortina hay unas 50 mil personas
que sólo se quedarían con tierras
áridas, por el cambio en la corriente
del río. Señala que en contra de este
proyecto han utilizado medios legales,
como la revisión de la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA), hay dos
demandas contra la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) por delitos
ambientales, y otra contra el comisariado de bienes comunales por falsificación de firmas.
Refiere que representantes de La Parota acudieron a la Organización
de las Naciones Unidas, la cual emitió
una recomendación sobre este caso,
y planean interponer demandas internacionales,
porque aquí "ni nos ven, ni nos
oyen".
Otros proyectos.
La obra de la presa el Zapotillo se planea sobre el río Verde,
en los Altos de Jalisco, para abastecer
de agua a León, Guanajuato, y tendrá
un costo de 7 mil 450 millones de
pesos; se prevé que afectaría directamente
a alrededor de 700 personas de las
comunidades Temacapulín,
El Palmarejo
y Acasico.
Este proyecto considera el trasvase de agua de la cuenca del
río Santiago hacia el Lerma con impactos
ambientales que no han sido evaluados.
En el caso de San Nicolás, también
en los Altos de Jalisco, se dio una
suspensión en mayo de 2005 por la
resistencia de los pobladores de San
Gaspar.
Arcediano se haría también sobre el río Santiago y se pretende
que abastezca de agua a la zona metropolitana
de Guadalajara: la inversión requerida
es de 3 mil 900 millones de pesos.
El líquido de esta presa sería un
grave riesgo para la salud de la población
debido a la cantidad y tipo de contaminantes;
Guadalupe Lara, habitante de la zona
donde se prevé la obra, en la barranca
Huentitán-Oblatos,
presentó amparos en contra del proyecto,
precisó el Mapder.
El pasado 10 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales autorizó la MIA de la presa
la Yesca, que aprovechará el agua
del río Santiago en la colindancia
entre Jalisco y Nayarit. Sin el aval
de la comunidad indígena wixarica,
que sería la principal afectada, esta
presa será la más alta del mundo en
su tipo, con una cortina de 210 metros
de altura, y prevé regular los escurrimientos
de los ríos con la formación de un
vaso de almacenamiento para la generación
hidroeléctrica.
La superficie que se tiene previsto que se inundará es de 3
mil 492 hectáreas, además de que ocupará
el tercer lugar en potencia y está
considerada como planta de generación
para horas pico de consumo de energía
eléctrica, indica la MIA. El sitio
previsto para la construcción es sobre
el cauce principal del río Santiago,
seis kilómetros debajo de la confluencia
con el río Bolaños, y 62 kilómetros
aguas arriba de la cortina de la presa
El Cajón. El embalse afectaría el
cañón Santiago y el paisaje agavero,
declarados patrimonio
de la humanidad por la Unesco.
Este es uno más de los proyectos del gobierno federal que se
prevé imponer a los habitantes, señaló
la comunidad tuapurie,
localizada en territorio wixarica,
la cual acordó formar parte del frente
de lucha contra las presas ante lo
que consideran una imposición
En cuanto al proyecto Aguamilpa,
en Nayarit, una de las presas hidroeléctricas
más grandes del país que ya está en
operación, donde los habitantes aceptaron
el pago de la CFE, se han detectado
daños a la zona costera por la retención
de sedimentos, mientras que la denominada
"obra del sexenio", El Cajón,
edificada sobre el río Santiago, entre
los municipios de la Yesca y Santa
María del Oro, tuvo un costo de 750
millones de dólares, pero sólo funcionará
a 16 por ciento de su capacidad y
está a 95 por ciento de su construcción.
Rodolfo Chávez, de La Parota, sostiene que el movimiento contra
las presas no surgió porque un pequeño
grupo tiene un problema. "De
aquí en adelante ningún movimiento
estará solo. De aquí en adelante estará
presente el Mapder,
que hará la defensa de la gente afectada
por los ríos, los envases, las presas
y la contaminación del agua."
Sigue juicio contra expropiación decretada por
Salinas en NL.
(La Jornada, David Carrizales, p.web).
Labriegos obtienen amparo; el TUA
intentó carpetazo.
Monterrey, NL, 7 de agosto. Campesinos del ejido San Nicolás,
municipio de Escobedo, obtuvieron
un amparo contra una resolución del
Tribunal Unitario Agrario,
el cual declaró caduco el juicio para
exigir la restitución de 204 hectáreas
que les fueron expropiadas por el
ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
El 4 de abril de 1990 el ex mandatario expropió las tierras
de uso agrícola de 49 ejidatarios
para la construcción de un hospital,
un parque ecológico y una central
de autobuses, entre otras obras; sin
embargo, fueron utilizadas para desarrollos
comerciales e inmobiliarios.
Sergio Garza Elizondo, asesor legal
de los afectados, y el ejidatario
Antonio Morales Méndez informaron
este lunes que el segundo tribunal
colegiado en materia administrativa
del cuarto circuito, con sede en Monterrey,
concedió el amparo contra una resolución
del magistrado Claudio Aníbal Vera
Constantino, del tribunal unitario
agrario número 20.
Expusieron que, ''mañosamente'', el magistrado Vera Constantino
declaró caduco el juicio agrario 20/488/02,
luego de que el Tribunal Superior
Agrario (TSA) les había dado la razón
al sentenciar, el 19 de octubre de
2004, que el decreto de expropiación
era revocable porque los campesinos
afectados no recibieron indemnización,
no se justificó la causa de utilidad
pública y tampoco se desarrollaron
en cinco años los proyectos de beneficio
colectivo ofrecidos para sustentar
la resolución presidencial.
Los representantes de los ejidatarios señalaron que aunque
el TSA ordenó a Vera Constantino notificar
''personalmente'' sobre la sentencia
al representante común de los campesinos
de San Nicolás, Antonio Morales Méndez,
el magistrado no acató la resolución.
Indicaron que el 4 de abril de 2005 el togado envió las notificaciones
a un domicilio anterior al que habían
señalado los promotores del juicio,
pese a que él mismo autorizó el cambio
de domicilio para los nuevos avisos.
Dijeron que apenas el 15 de febrero de 2006 Vera Constantino
hizo la notificación personal de la
sentencia favorable del TSA, dos días
después de que declaró caduco el juicio
agrario ''por inactividad procesal''.
Por ello, los quejosos promovieron el amparo directo 110/2006-III,
que resolvieron a su favor los magistrados
del segundo tribunal colegiado en
materia administrativa del cuarto
circuito, para que, ''de ser procedente,
se continúe con la secuela procesal
del juicio agrario de origen''.
Sergio Garza dijo que esperan que esta vez el magistrado Vera
Constantino sí ejecute la resolución
del Tribunal Superior Agrario, que
ordena la restitución de las 204 hectáreas
a sus propietarios originales, porque
no se cumplieron los fines del decreto
de expropiación.
Sin embargo, consideró que la batalla será larga, porque son
muchos los intereses económicos y
políticos involucrados en este ''vericueto''.
Por último, refutó la afirmación del presidente Vicente Fox de que en materia agraria ''no hay focos rojos'', pues
en Nuevo León, sostuvo, hay uno que
está encendido desde hace más de ocho
años sin que autoridad alguna haga
algo.
Vox Populi.
Vox Dei. (Por Esto!, p.web)
La voz
de los yucatecos en POR ESTO!
En suma,
que no hay que darle muchas vueltas
a las cosas para encontrarnos con
la verdadera realidad del quehacer
oficial en Yucatán, en estos tiempos
del llamado "gobierno del cambio"
que está copado por una turba de simuladores
emanados del PAN...
Como el
tal Patricio Patrón Laviada
y los alcaldes panistas de Yucatán, como este felón y pérfido Pedro Couoh Suaste de Tizimín, que se confirma como uno de los puntales de la corrupción
oficial en la entidad.
-- En
este mar de corrupción oficial, es
claro que Patricio Patrón Laviada pasará a la historia como el mayor fiasco gubernamental,
pero también como el mayor acaparador
de tierras ejidales para beneficio
de sus familiares y "Amigos".
Como la denunció el senador Orlando
Paredes Lara durante su intervención
en el evento realizado el pasado sábado
por la mañana en el Centro de Convenciones
de la CTM en Mérida, en el cual el
priísmo
de la entidad se reunió con motivo
del cumpleaños del legislador federal,
pues es innegable, y ahí están las
pruebas al respecto, que esto de los
despojos de sus tierras a los ejidatarios
de Yucatán, como sucede en los casos
de Hunucmá,
Conkal, Oxcum, y ahora Yaxkukul, esta práctica deleznable que se asienta en pasajes
de entredicho que involucran a ex
funcionarios federales cesados por
corruptos, como el ex delegado
del Registro Agrario Nacional, RAN,
Antonino Almazán Arteaga, entregado
ahora al servicio de esta depredación
oficial de Yucatán a cargo de la administración
"patipanista"
del "cambio".
Lo cual
fue señalado también por Paredes Lara
en ese evento con motivo de su cumpleaños,
pues sin duda que casos como este
reciente de Yaxkukul,
en donde se despojó prácticamente
de 820 hectáreas a los ejidatarios,
"son las acciones con las que
Patricio Patrón evidencia que no sólo
beneficia a sus amigos sino también
a sus familiares, como ha quedado
de manifiesto a lo largo de su gestión".
En la
que si algo ha proliferado es precisamente
este apartado de los acaparadores
profesionales de tierras, como el
citado Antonino Almazán Arteaga, para
hacerse de todas las superficies ejidales
que le sean posibles, en perjuicio
innegable del sector campesino y del
desarrollo integral de Yucatán en
su conjunto...
Esto es,
como sucede en sí con lo que ha sido
la administración estatal del panista: un oprobio, dada la depredación integral que sustenta
la corrupción oficial de hoy.
Finiquita gobierno de Quintana Roo conflicto agrario
de hace 60 años. ( El Sur de Campeche, p.web).
Chetumal, Q.Roo.,
7 Ago.- Integrantes
del Ejido Chetumal recibieron ocho
millones 860 mil pesos y tres hectáreas
de terreno en el municipio de Solidaridad,
lo que le da fin al conflicto que
inició hace más de 60 años.
En el Tribunal Agrario de esta capital se dieron cita
el procurador general de Justicia
del Estado, Bello Melchor Rodríguez
y Carrillo, así como los representantes
legales del núcleo agrario para la
firma del convenio correspondiente.
Anteriormente, el gobierno de Quintana Roo entregó una placa
de taxi con un valor de 600 mil pesos,
un cheque por 100 mil pesos, y un
terreno urbanizado en Tulum
con alta plusvalía.
Lo anterior, con el interés de finiquitar el problema añejo
por las tierras que ocupa
el aeropuerto de Chetumal, así como
las colonias Miraflorees,
Jardines, Nueva Italia, 8 de Octubre,
Ampliación 8 de Octubre y Forrjadores.
Sin embargo, para los ejidatarios no fue suficiente y decidieron
solicitar otro pago para dar fin a
esta problemática de hectáreas.
Previo a la firma del convenio que se llevó a cabo en el Tribunal
Agrario al mediodía, el gobernador
Félix González Canto se reunió con
el presidente del Ejido Chetumal,
Juan Valencia Pech,
y los miembros de la directiva de
los ejidatarios, en donde con este
acuerdo pusieron fin a una larga serie
de negociaciones y litigios.
En dicha reunión, los ejidatarios estuvieron acompañados en
todo momento por su abogado, Álvaro
Marrufo
Chiu, mientras que como responsable de los acuerdos signados,
además del Ejecutivo estatal, estuvo
la presidenta municipal de Othón P.
En el convenio, basado en el expediente TUA 44/315/2005 iniciado
con motivo de la controversia constitucional
del Ejido Chetumal en contra del Gobierno
estatal, los ejidatarios se desisten
de la instancia y acción en contra
de las autoridades estatales por el
uso de 89 hectáreas, en donde se ubican
seis colonias.
Con el acuerdo se da al, mismo tiempo, certeza y seguridad
jurídica a los ciudadanos y colonos
que cuentan con un predio en estos
lugares.
Por su parte, el presidente del Comisariado
Ejidal de Chetumal, Juan Valencia,
reconoció la buena disposición y voluntad
del gobernador para concluir con esa
controversia constitucional.
Expresó, en nombre de los ejidatarios, que con la firma de
este convenio ante el Tribunal Agrario,
demuestran su voluntad de no frenar
el desarrollo de Chetumal como capital
y sus deseos de contribuir a la prosperidad
económica de la región.
Se quejan contra delegado agrario. (Hoy Tamaulipas, Víctor Molina, p.web).
Lunes 07 de Agosto del 2006.
Campesinos aseguran que el funcionario
no los atiende
Ciudad
Victoria, Tamaulipas.- Productores
agropecuarios
de la región de Abasolo
tronaron en contra de la delegación
del Registro Agrario Nacional y de
su titular Rafael Salazar de León
por la pésima atención que se viene
brindando por parte de esta dependencia
federal.
Se quejan
de que para ingresar a entrevistarse
con su titular u otra área, tiene
que pasara una “aduana”, es decir
por guardias de seguridad quienes
los hacen esperar demasiado tiempo
y para que al final de cuentas reciban
respuesta negativa.
Así
lo dieron a conocer ejidatarios del
citado municipio quienes se identificaron
con los nombres de Eulalio Ramírez,
Antonio Reyes y Martín Moreno quienes
aseguraron que acudían para ver sobre
lo de un testamento agrario.
Sin
embargo después de una hora de esperar,
se les notificó por otra persona que
no podía atenderlos por estar muy
ocupado con otra persona.
Para
poder ingresar algunas de las oficinas
del RAN, mencionan, tienen que anunciarse
a través del guardia que está en la
entrada, pues mientras no pueden introducirse.
“Venimos
tan lejos y este señor panista
simplemente nos dice que esta muy
ocupado atendiendo asuntos importantes
cuando nos hace esperar más de una
hora, no hay buena atención por parte
del personal de esta dependencia federal.
Esta
ocasión dicen, no es la primera vez
que reciben la negativa de ser recibidos,
pues ya son otras veces la respuesta
de rechazó del titular en atenderlos,
cuando sólo acuden para ver sobre
lo de un testamento agrario.
Pueden recuperarse tierras en San Felipe. (Noticias de Oaxaca, Reynaldo Bracamontes, p.web)
Procede recuperación de los terrenos invadidas por Ulises Ruiz
y su camarilla, afirma diputado
Ante el ignominioso despojo que de sus tierras sufren los comuneros
de San Felipe del Agua, por parte
de delincuentes de "cuello blanco",
entre ellos José Murat,
Ulises Ruiz, Jorge Franco Vargas y
Héctor Pablo Ramírez Leyva,
entre otros, los primeros, con la
protección que les concede la ley,
pueden recuperar sus bienes comunales
a la hora que quieran.
Las lujosas y ofensivas mansiones construidas por quienes han
saqueado a los oaxaqueños, pueden
ser habilitadas como bibliotecas,
centros de alfabetización, talleres
de artes y oficios o como casas comunales,
expresó el abogado Francisco López
Santiago, al reiterar su solidaridad
al movimiento magisterial y popular
de Oaxaca, en demanda de la renuncia
de Ulises Ruiz.
El núcleo comunal, tiene dos acciones para ejercer, en
busca de la restitución de sus bienes.
La primera que es eminentemente legal, se hace consistir en
los derechos que conceden los artículos
163, 164, 165, 166 inclusive de la
Ley Agraria, en los que la
comunidad puede y debe ejercer la
acción restitutoria o reivindicatoria,
para que sus tierras retornen al núcleo
comunal, de donde indebidamente
salieron.
Es pertinente hacer notar que la comunidad de San Felipe del
agua, cuenta con resolución presidencial,
donde se le reconocen todas sus tierras
como bienes comunales, además de que
sus títulos primordiales fueron declarados
auténticos.
DESPOJANTES, SIN DEFENSA ALGUNA.
Esto es, que, los despojantes, carecen de defensa alguna, dada
la autenticidad de los títulos en
cuestión, lo que no acontece con otras
comunidades, donde sus títulos son
declarados falsos, señaló el ex vicepresidente
de la desaparecida Federación Estudiantil
Oaxaqueña, piedra angular de la caída
de Manuel Zárate Aquino.
Reforzó: Con estas ventajas que tienen ante la Ley Agraria,
los comuneros de San Felipe del Agua
estarían recuperando también bienes
inmuebles en poder de Héctor Anuar
Mafud Mafud, así como de los hermanos
Javier y Jorge Villacaña
Jiménez.
La lista incluye igualmente a Aurora López Acevedo, quien
por cierto se pasea tranquilamente
en la ciudad, a pesar de que -según
confirmación de la Procuraduría de
Justicia del Estado, tiene librada
en su contra una orden de aprehensión
por abuso de autoridad y falsificación
de documentos oficiales.
La corrupción galopante en los gobiernos de Diódoro Carrasco, José Murat y en
la recién iniciada y ya agonizante
administración de Ulises Ruiz y cómplices,
se ha traducido en el acaparamiento
de tierras comunales de San Felipe
del Agua.
Eligieron la zona más exclusiva de esta agencia municipal de
Oaxaca de Juárez, para establecer
su refugio. Han construido fastuosas
residencias con dinero que le han
robado al pueblo. Son delincuentes
de "cuello blanco" que de
la noche a la mañana se agregaron
a la lista de los ricos de Oaxaca,
pero a costa del erario.
MANSION EN DERECHO DE VÍA PÚBLICA.
Para el egresado de la Facultad de Derecho de la UABJO, la
prepotencia de estos saqueadores del
erario, no tiene límite. Recuerdo
perfectamente, que entre la avenida
Hidalgo y el panteón de la comunidad
de San Felipe del Agua, existía una
servidumbre de paso, pero de la noche
a la mañana se convirtió en "propiedad
privada", anotó.
Ahora en ese espacio de servidumbre se encuentra la mansión
de Luz Divina Zárate Apack,
ex secretaria particular del ex gobernador
Diódoro
Carrasco Altamirano, a quien por cierto
traicionó pidiendo su expulsión del
PRI, por consigna de José Murat. La invasión de este derecho de vía, es una humillación
más a los comuneros de San Felipe.
Con el cargo de titular de Comunicación Social de Ulises Ruiz,
la invasora sigue gozando de impunidad,
pero no será por muchos días, porque
la permanencia en Oaxaca del gobernador
espurio está por fenecer. Con la caída
de Ulises Ruiz también se van todos
sus colaboradores y cómplices, advirtió
el jurista.
No olvidemos que en la asamblea estatal del magisterio del
primero de agosto, se fortaleció el
acuerdo de crear comisiones especiales
para seguir al gobernador a todos
los lugares que vaya. Ya podemos imaginar
su destino en el momento que sea alcanzado
y retenido por el movimiento magisterial
y popular de Oaxaca.
FORTUNAS FINCADAS EN DELITO DE PECULADO.
Entrevistado en su despacho, López Santiago dijo que quienes
ocuparon cargos públicos en los gobiernos
de Carrasco Altamirano, José
Murat y Ulises Ruiz llevan el fierro
o la marca de la corrupción. Al pueblo
le consta que el patrimonio que ostentan
ha sido obtenido en base al delito
de peculado, porque dispusieron
del dinero público como si fuera propio.
La voracidad de estos pillos es ilimitada. Poseen carros de
lujo, mansiones ostentosas, depósitos
bancarios, agencias de automóviles,
tiendas de autoservicio y hasta un
medio de información, aunque con vida
"artificial" porque depende
del subsidio gubernamental, porque
de sus anunciantes y ventas no puede
sostenerse.
Para el especialista, todo el saqueo de que ha sido objeto
el pueblo de Oaxaca, debe reclamarse
en acatamiento al artículo 217 bis,
del Código Penal para el estado de
Oaxaca, relativo al enriquecimiento
ilegitimo de servidores públicos.
Este ordenamiento se refiere a los funcionarios o empleados
de la administración pública estatal
o municipal, que en ejercicio de sus
funciones efectúen compras o ventas,
por sí o por interpósita persona o
a través de sociedades de las que
sea parte, haga inversiones o cualquier
operación que produzcan beneficio
económico a él, a su cónyuge, descendientes,
ascendientes o parientes por consaguinidad,
con apoyo en resoluciones que el mismo
funcionario o empleado dicte o valiéndose
de la información que posea por razón
de su empleo.
Todas esas pillerías deben tener castigo, y el pueblo tiene
expedito su derecho para que el brazo
de la justicia alcance a los invasores.
En el caso de San Felipe del Agua, no basta que los
terrenos comunales retornen al patrimonio
de la comunidad, sino que los
saqueadores del erario regresen el
dinero hurtado.
Destacó que el pueblo de Oaxaca ha despertado y es el momento
de exigir la realización de auditorias
a las gestiones de los gobernadores
aludidos, y que este hecho no se repita,
porque el emergente movimiento
magisterial y popular de Oaxaca, nos
confirma que la paciencia de los oaxaqueños
llegó a su límite ante tanta corrupción
e impunidad.
El abogado elogió la las acciones de la Asamblea Popular
del Pueblo de Oaxaca (APPO) en busca
de la renuncia de Ulises Ruiz, y expone
que el perfil del nuevo gobernador
debe emanar de la sociedad civil.
El gobernador provisional deberá ser una persona que tenga
un modo honesto de vivir, no ser militante
de partido político alguno. Los oaxaqueños,
no quieren otro ladrón como gobernador,
los políticos tienen muy mala mañas,
y hablo en general de cualquier partido
como el caso del PAN, PRD y PRI. ULISES
VIVE SUS ÚLTIMOS DÍAS.
Antes sostuvo que los medios de comunicación deben abrirse
a la lucha heroica que los oaxaqueños
concientes estamos librando,
para expulsar a los pillos incrustados
en el poder.
Los medios de información de Oaxaca, que se han declarado abiertamente
serviles de Ulises, deben entender
que el dinero no es todo.
Deberán tener presente que al final de esta gesta, van a pasar
a la historia como lo que han sido:
mercenarios de la información. Ello
tiene una explicación: Sus editores,
en el caso de los medios escritos,
y los gerentes de radiodifusoras,
se inclinan a la balanza del dinero.
Se la están jugando con Ulises Ruiz,
y eso significa un suicidio.
Este sedicente gobernador está derrotado. Faltan unos cuantos
días para sepultarlo políticamente.
Pasará a la historia de Oaxaca, como
uno más de los corruptos gobernantes
para desgracia de los oaxaqueños,
resumió el penalista Francisco López
Santiago.
La mansión del ex secretario general de gobierno, Jorge Franco
Vargas, custodiada por ministeriales
en un vehículo negro.
La fachada de la residencia de Jorge Franco Vargas en San Felipe
del Agua.
Las mansiones en San Felipe de funcionarios de gobierno crecen.
Hasta Carlos Melgoza
Castillo tiene la suya, después de
traicionar al PAN para sumarse al
equipo de Ulises Ruiz,
verdaderas mansiones con todos los lujos, como
ésta, que dicen los vecinos pertenece
al gobernador, deben ser investigadas,
según el abogado Francisco López Santiago.
La casa de Héctor Pablo Ramírez Leyva,
construida cuando fungía como vocero
del gobernador Ulises Ruiz, otra de
las propiedad que pueden ser restituidas al pueblo.
Impulsa programas dirigidos a la mujer. (El Mañana de Tamaulipas, p.web).
Cd. Victoria, Tam.- A fin de apoyar el desarrollo de la mujer en
el campo, para que puedan contar con
un techo digno, ante la pobreza patrimonial
que enfrenta, la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA), sigue
impulsando diferentes programas. Dirigidos
en forma particular a la mujer.
Elva Lidia
Valles Olvera,
delegada de la dependencia federal, dio a
conocer que dos de estos programas
son: El Programa de la Mujer en
el Sector Agrario (PROMUSAG), y el
Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos
(FAPPA), que va dirigido a jornaleros,
que viven en el campo, pero que no
tienen posibilidades de trabajar en
el campo con un beneficio económico.
“En los dos programas, lanzamos
diferentes convocatorias, a fin de
que se registren todas aquellas mujeres
interesadas, en mejorar sus condiciones
de vida; esta es la política de desarrollo
agrario, que ofrece la Secretaría
de la Reforma Agraria, para apoyar
a los grupos más vulnerables del campo”.
En este sentido destacó, que la
convocatoria para recibir solicitudes,
se encuentra abierta, y que estará
vigente hasta el cinco de septiembre;
para aquellos grupos que presenten
proyectos productivos, mientras que
la convocatoria para los libres cierra
el día 11 del mismo mes.
“Los beneficios son muy amplios;
ya que para las organizaciones de
mujeres, podemos beneficiar hasta
11 grupos con un monto de 180 cada
uno, mientras que en el de proyectos
productivos, el beneficio se logra
para cuatro grupos de 500 mil pesos
cada uno”.
La funcionaria consideró que la
demanda de los apoyos es muy amplia,
por lo que no pueden dar respuesta
favorable, a todas las peticiones,
sin embargo tratan de ir canalizando
los recursos, conforme van aterrizando;
para satisfacer los proyectos que
presentan mayor viabilidad.
Interviene Prodecam en conflicto de ejidatarios y una SSS. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Coyuca de catalán, Gro.
La Procuraduría de Defensa de los
Campesinos (Prodecam)
va a interceder a favor de los integrantes
de la Sociedad de Solidaridad Social
(SSS) de la población de El Cantón,
del municipio de Ajuchitlán
del Progreso.
Todo ello debido a que el actual presidente del Comisariado Ejidal de la mencionada población, Joselino Figueroa Antúnez, a través
de la mesa directiva solicitó la intervención
de Jorge Lara Martínez, magistrado
del Tribunal Unitario Agrario XII
con sede en la ciudad de Chilpancingo.
De acuerdo con el expediente 1014/2006 los dirigentes reclaman
una hectárea de tierra ubicada en
Rincón Potrero, misma que personalizan
en Nicolás Carrillo Mercado, quien
es presidente de la SSS.
Y es que en el año de 1984, los ejidatarios decidieron donar
esa hectárea de tierra a lo que antes
era la Unión de Ejidos Vicente Guerrero
y que después pasó a ser una SSS,
quienes en aquel tiempo construyeron
una bodega que les sirvió de acopio
de maíz, sorgo y cascalote.
Hoy, por los problemas económicos y por otras circunstancias
no está funcionando como bodega y
por ello los dirigentes de los ejidatarios
quieren que les devuelvan ese terreno,
pero los socios de la SSS consideran
que ellos están en posesión del inmueble
y además que en su tiempo les fue
donado.
El presidente de la SSS mencionó que estarían de acuerdo en
dar el terreno si ahí se va a construir
una escuela o un Centro de Salud,
pero mientras no sea así, van a seguir
en posesión del inmueble.
Para llevarles el caso, se designó a Victorio Rodríguez Rodríguez, quien es el asesor jurídico de la Prodecam, y que en este caso va a representar a los socios
de la SSS.
Sector agropecuario
Pendiente, el fortalecimiento del marco legal para
el campo, reconoce Mayorga. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web)
El comercio agroalimentario de México
con el mundo creció 120 por ciento.
Defiende Sagarpa
los apoyos del actual gobierno al
sector agropecuario.
El gobierno federal sí ha otorgado apoyos a los campesinos
y está redoblando esfuerzos para -en
el marco de la apertura comercial
total por el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte a partir de 2008-
establecer programas productivos y
de desarrollo, particularmente para
los productores de maíz, frijol,
leche y caña de azúcar, dijo el secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Francisco
Mayorga Castañeda.
Pero aceptó que, además de los programas y acciones productivas
que se han impulsado en este gobierno,
hay que avanzar en el fortalecimiento
del marco legal, institucional y regulatorio
que propicie la paz y concordia en
el sector rural.
Ante las críticas de la Confederación Nacional Campesina de
que el gobierno federal no hace nada
para respaldar a los campesinos ante
dicha apertura, el titular de Sagarpa
dijo que impulsó y fortaleció instancias
de participación como el Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable,
donde la sociedad rural ha recuperado
su dignidad, "porque tiene voz
y voto en la configuración y orientación
de los programas de la Sagarpa".
Agregó que la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, "documento
que gobierno y campesinos están obligados
a preservar y mantener, sin importar
el cambio de administración",
es un antecedente inédito en ese ámbito
de participación de los productores
en los ajustes de los programas rurales.
Además, durante este gobierno, abundó, se incrementó el presupuesto
para el campo; por ejemplo en este
año el presupuesto para el programa
especial concurrente es 67.9 por ciento
superior en términos reales al asignado
en el año 2000; también se ha avanzado
en la municipalización del programa
de desarrollo rural y aumentaron los
recursos para los programas vinculados
con la promoción y fortalecimiento
de las cadenas productivas agropecuarias
como Alianza Contigo y el de Apoyos
a la Comercialización.
Debido a esos apoyos, asentó Mayorga Castañeda, en estos cinco
años de gobierno se presentaron importantes
avances en la producción agroalimentaria
y pesquera; la producción agrícola
ha sido de 154 millones de toneladas
anuales en promedio; la pecuaria se
sostuvo en 4.9 millones de toneladas,
es decir, 24 por ciento de incremento
con respecto al gobierno anterior,
y la de leche y huevo fue mayor en
18.8 y 35.9 por ciento respectivamente.
Sostuvo que para propiciar la actitud empresarial de los productores,
este gobierno ha canalizado crecientes
recursos para apoyar la constitución
de agronegocios
que tienen una visión de mercado y
buscan agregar valor a la producción
primaria; el financiamiento "ha
vuelto al campo; el año pasado la
banca comercial y de desarrollo canalizaron
82.3 mil millones de pesos al sector
rural y el comercio agroalimentario
de México con el mundo creció en 120
por ciento".
Prensa Estatal
CHIAPAS
Aspira CNC a lograr un agro competitivo. (Cuarto Poder, Cinthya Vasconcelos,
p.web).
Tras manifestar su
apoyo al candidato de la Alianza por
Chiapas, delegados nacionales de la
CNC señalaron que pugnarán por una
sociedad campesina altamente productiva,
capaz de asegurar la autosuficiencia
alimentaría de los mexicanos, así
como de competir en los mercados internacionales
exportando alimentos y materias primas.
Juan José Ramírez,
delegado cenecista,
refirió que la Confederación Nacional
Campesina (CNC) aspira a un campo
"sin los grandes desequilibrios
ni las diferencias sociales que hoy
lo afectan, sin pobreza y sin las
insultantes riquezas que resultan
de la humillación y la explotación
de los trabajadores del campo".
Mencionó que confiarán
en el proyecto de Josean
para la recuperación del sector agropecuario,
para lograr que se generen e impulsen
empresas de todo tipo en el campo,
con la condición de que sean los campesinos
los únicos dueños y beneficiarios.
GUERRERO
Piden comuneros
a Juan Sanromán que Félix respete
la legalidad en Cacahuatepec. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
Chilpancingo.
Ejidatarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que simpatizan con la presa La Parota, se reunieron
en Chilpancingo con el director de
Gobernación estatal, Juan Sanromán
Ortiz, a quien le exigieron que intervenga
ante el alcalde de Acapulco, Félix
Salgado Macedonio, para que respete
la legalidad y entregue los sellos
de la comisaría de Cruces de Cacahuatepec
a Cornelio Cruz Zenaido, a quien reconocen como autoridad de ese lugar.
Dijeron que de manera “perversa”, Salgado Macedonio y
el secretario general del Ayuntamiento,
Daniel Ríos Abarca, entregaron hace
ocho días los sellos oficiales al
comunero Marcos Ángel Hernández, opositor
a La Parota, sin que haya sido electo
en una asamblea.
Lo anterior, en conferencia de prensa a la que convocó
el asesor de los simpatizantes de
La Parota, y dirigente de una fracción
de la CNC Guerrero, Evencio
Romero Sotelo,
quien estuvo acompañado por los integrantes
de la planilla impugnada en las primeras
elecciones a la presidencia de la
comisaría de los Bienes Comunales
de Cacahuatepec:
el representante, Jesús Crisanto Arellano; el tesorero, Humberto Gelasio Santiago; y el secretario, Ángel Hernández Quiñónez.
El que habló, sin embargo, fue Romero Sotelo, quien explicó que el pasado 12 de junio resultó electo
comisario de Cruces de Cacahuatepec
el comunero Juan Zenaido
Sotero,
pero que funcionarios del Ayuntamiento
de Acapulco lo “obligaron a pedir
licencia e impusieron a otra persona”,
argumentando “que sólo así iba a haber
obras”; y se acordó que Cornelio Cruz
asumiría el cargo.
En el que calificó de acto de “provocación” y “confrontación
entre los pueblos”, Evencio
Romero agregó que el Ayuntamiento
“se niega a reconocer a Cornelio Cruz
e impone a un amigo de los opositores,
Marcos Ángel Hernández, a pesar de
que el 14 de junio de este año, el
Cabildo invalidó la licencia que pidió
Juan Zenaido,
en 2005”.
Ante la “tensión” que se vive en la zona, informó que
pidió a Juan Sanromán que intervenga
ante Félix Salgado “para que respete
la legalidad y la elección de 2005
y entregue los sellos a Cornelio Cruz”,
y advirtió que de no haber respuesta,
“vamos a ir a otras instancias”.
Dijo que la postura del alcalde “es en un afán de asumir
el control en Cruces de Cacahuatepec
y crear además una situación de ingobernabilidad
que impacta en la consolidación de
La Parota”.
Más tarde, a pregunta de una reportera, informó que desde
hace dos meses, a petición de los
sus representados, el gobierno del
estado, contrato a una empresa para
que valúe las tierras de Agua de Perro,
Altos del Camarón, Sabanillas y Solapa.
Abundó que una vez que esto es para que “nos den el precio
de las tierras –en dos semanas–, a
partir de ahí hacer la negociación”.
Sin embargo dijo que están tomando
como base los 150 mil pesos por hectárea
–15 pesos por metro cuadrado– que
pago hace un mes, la SCT a los nueve
ejidos que fueron afectados por la
Autopista del Sol”.
En ese sentido, adelantó que “no vamos a aceptar un precio
por abajo de lo que pagó la SCT, sino
se paga eso no vamos a permitir que
se construya La Parota, y tampoco
si no incluye a los comuneros como
parte del desarrollo”.
Imparte la UAG
talleres apícolas
a comuneros que serían afectados por
La Parota. (El Sur, Mónica Martínexz, p.web).
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)
impartieron ayer un taller sobre proyectos
apícolas
a colonos de Altos del Camarón, como
parte del Plan de Desarrollo Integral
del proyecto de la hidroeléctrica
La Parota.
Este domingo, los brigadistas se reunieron con el Comité
responsable del proyecto apícola que
se pretende desarrollar en esta comunidad.
De acuerdo con Alma Rosa Aguirre Reyes, cuentan con dos
brigadas para todas las comunidades
que serían afectadas con el proyecto
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
“Se checa el terreno de las comunidades, se levantan
censos, se analiza qué proyecto productivo
puede ser viable para la población
involucrada y se pone a consideración
de la gente”, explicó.
Indicó que en Altos del Camarón por el tipo de terreno
que existe el proyecto productivo
más factible es el apícola, y que
el objetivo es facilitar a la población
la organización y analizar el Plan
Integral para la comunidad y llevarlo
a cabo.
Explicó que los proyectos apícolas
son factibles también en Sabanillas,
Ejido Nuevo y colonia Guerrero, mientras
que en los alrededores del río Papagayo
son factibles los huertos familiares,
y en San Juan del Reparo y Plan Grande
los bioespacios,
hortalizas y la siembra de jitomates.
La trabajadora de la UAG aseguró que a los simpatizantes
a La Parota les interesaron los proyectos
productivos que se les propusieron.
La UAG espera que estos proyectos den frutos en tres
meses en el caso de los productivos
y en los cursos de capacitación que
imparte la Secretaría de Desarrollo
Rural, en dos meses. Estos cursos
de capacitación son de cocina, belleza,
corte y confección.
El presidente del grupo apícola en Altos del Camarón,
Francisco de Jesús valle, consideró
que estos cursos son de “gran beneficio”
y esperó que se cumpla con la promesa
de ayudarlos con recursos.
A pregunta expresa sobre el proyecto de la Paraota, el campesino lo calificó como favorable. “Nos va
a traer beneficios a México, a Guerrero
y a nuestra comunidad porque dará
empleos. Estamos de acuerdo siempre
y cuando la comisión nos pague nuestros
terrenos bien”.
Agregó que “si se hace o no la presa, nosotros ya tenemos
un cambio, pensamos de otra manera
y pues ya sabemos que sólo organizados
saldremos adelante”.
El campesino dijo que se encuentran molestos con los
opositores a la presa “porque no hacen
su protesta de una forma correcta,
nos afectan a todos, la educación
de nuestros hijos porque no dejan
pasar a los maestros y esperemos que
el gobierno haga algo, que ya ponga
un alto a estos individuos porque
muchos ni siquiera serán afectados
con la presa”.
Por su parte, el coordinador de las brigadas, Hugo Santos,
abundó que este plan lo aplican por
zona y en cada una de las 14 comunidades
afectadas con la construcción de la
presa.
“En las comunidades donde se va a inundar se trabaja
en talleres con las mujeres para que
ellas diseñen su casa, pues con los
estudios se determinó que la mujer
está más tiempo en su casa”, indicó.
Exige CNC 150 mil pesos por hectárea
para La Parota. (El Sur,
Jacqueline Rojas, p.web).
*Valuaron tierras a expropiarse en cuatro comunidades.
Chilpancingo, Gro. El secretario
general de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Evencio
Romero Sotelo,
informó que con el apoyo del gobierno
estatal, en cuatro comunidades de
la zona donde se construirá la presa
La Parota se hizo el evalúo de sus
tierras, pero señaló que si la CFE
no paga más de 150 mil pesos por hectárea,
como pagó la SCT a los ejidatarios
que fueron afectados por la construcción
de la Autopista del Sol, no habrá
dicha expropiación.
Y es que, a decir de Romero Sotelo,
el gobierno del estado contrató a
una empresa privada para evaluar las
tierras de las comunidades de Agua
de Perro, Altos del Camarón, Sabanillas
y Xolapa, que son anexos del núcleo agrario de Cacahuatepec.
“Con esto se dan los primeros pasos para que se lleve a cabo
el proyecto que se encontraba en suspenso
debido a la oposición por parte de
un grupo de ejidatarios”, comentó.
Al respecto, advirtió que los ejidatarios no van a aceptar
un ofrecimiento menor al de 150 mil
pesos hectárea, o 15 pesos por metro
cuadrado, como fue el precio que pagó
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) a los campesinos
que se vieron afectados en sus tierras
con la construcción de la Autopista
del Sol en 1992.
Declaró que a partir de ese precio mínimo se debe empezar la
negociación, puesto que se debe tomar
en cuenta que las tierras por donde
atraviesa la Autopista son las más
baratas, y que las que se localizan
donde se edificará la presa hidroeléctrica
son mejores.
Dicho evalúo de las tierras por los campesinos y con el apoyo
económico del gobierno estatal, que
le pagó a una empresa para los trabajos,
se lleva a cabo a pesar de que aún
están en litigio las asambleas que
tuvieron los núcleos agrarios de Los
Huajes,
Dos Arroyos y La Palma, que los opositores
al proyecto impugnaron ante el Tribunal
Agrario por irregularidades que presuntamente
se cometieron durante su organización
y desarrollo, cuando se aprobó la
expropiación de las tierras.
Por otra parte, Romero Sotelo y los
representantes de Bienes Comunales
de Cruces de Cacahuatepec,
Ángel Hernández, Humberto Ignacio
Santiago y Eduardo Valente, declararon
la injerencia del alcalde de Acapulco,
Félix Salgado Macedonio, para crear
una situación de ingobernabilidad
en la zona, posiblemente para impedir
que se consume el proyecto.
Finalmente, Romero Sotelo declaró
que el comisario de Cacahuatepec,
Marcos Ángel Hernández, impuesto por
el alcalde acapulqueño, simpatiza
con los opositores al proyecto. Dijo
también que el alcalde intenta crear
un ambiente de inestabilidad en la
zona al imponer a comisarios y con
ello evitar la construcción de la
presa.