CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
7 DE AGOSTO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Caen 60% los viajes a México
Comparan efectos
del plantón de AMLO con estragos causados
por huracán ‘Wilman’
Cuestiona Tribunal a IFE ‘evadir’ recuento
Los consejeros
distritales pueden abrir paquetes, sin petición de partidos.
Injusto sistema de subsidios al campo
Los apoyos gubernamentales,
en pocas manos: Francisco Mayorga.
Impide SCT plena convergencia: Cofetel
Difieren en consulta
pública para formar el Comité Consultivo.
“No nos vamos a rendir”, advierte López Obrador
Traslada hoy la
asamblea a la sede del TEPJF
La consigna, acosar a Fox
AMLO traslada la
presión a las puertas del Tribunal
Electoral.
En ‘triunfo’ de Ebrard hay más votos que electores
Errores aritméticos
en 46% de actas en distrito de Iztapalapa.
Calderón: se agotó el sistema electoral; PRD prevé anulación.
Pide Felipe al
PAN reformarlo; Nava
admite “errores” en 6 mil 700 casillas.
Amplía AMLO su plantón; se va al Trife
Exigirá a magistrados
que rectifiquen su decisión; seguirán
los campamentos en Reforma y Zócalo.
AMLO “Amarranavajas”
El candidato coaligado
incita a enfrentamiento entre mexicanos.
Sector agrario
Termina en agosto programa de certificación agraria.
(El Sol de México, Patricia Torres, p.web).
Ciudad de México.- Luego de 13 años de operación del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares (Procede)
que tuvo un costo de un poco más de
13 mil millones de pesos, concluirá
este mes regularizando el 96 por ciento
de los 29 mil 942 núcleos agrarios
y el 90 por ciento de los 103.5 millones
de hectáreas que comprende la superficie
social.
En entrevista, el Procurador Agrario Isaías Rivera Rodríguez,
explico que quedará fuera el cuatro
por ciento de los núcleos agrarios
y el 10 por ciento de la superficie
del territorio nacional, por diversos
factores: problemas de orden jurídico,
juicios agrarios, problemas de carácter
técnico o porque no han podido o no
han querido entrar al Procede.
Anunció que a partir del mes de diciembre el Gobierno Federal
establecerá el Fondo de Apoyo a la
Regularización de la Tierra (FANAR)
con un presupuesto que en principio
se ha pensado sea de alrededor 20
millones de pesos, sin embargo tendrá
que determinar el monto y aprobarlo
la Cámara de Diputados, para que quienes
se quedaron fuera de los beneficios
del Procede por las razones antes
mencionadas, puedan regularizar su
situación con su tierra, pero ya no
de manera masiva y gratuita.
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede) inicia su operación
en 1993, como una consecuencia directa
de la reforma al Artículo 27 Constitucional
que establece el ordenamiento de darle
orden a la tenencia de la tierra en
el campo.
Explica el Procurador Agrario que en las dos primeras etapas
del programa, se logró un avance importante
al regularizarse el 60 por ciento
de los núcleos agrarios del país,
que eran los que no presentaban problemas
ni conflictos y hacia el final se
fueron quedando aquellos que tenían
reticencias, desconfianzas o algún
tipo de problemática.
Ya en la tercera parte del Procede que le toca a esta administración,
se da a la tarea de regularizar el
40 por ciento de los núcleos agrarios.
La cifra oficial de núcleos es de
29 mil 942 y se establece el compromiso
de que se debe concluir con el programa
antes de que termine la presente administración.
A un mes de que se cierre definitivamente este programa gubernamental,
el avance es del 93 por ciento de
los núcleos agrarios que han sido
regularizados y del 87 por ciento
de la superficie nacional.
Indicó que sólo va a quedar fuera un diez por ciento de la
superficie del territorio nacional
y un cuatro por ciento de los núcleos
agrarios, debido a que tienen problemas
de orden jurídico, o que no han podido
o querido resolver esta situación,
o que la tierra se encuentra en litigios
agrarios; o se encuentran con problemática
de carácter técnico.
Manifestó que la mayor problemática al que durante estos 13
años se enfrentaron
para alcanzar estas metas y cumplir
con lo que ordenaba la ley, dijo que
fue esencialmente de orden técnico.
La mayor problemática fue la imprecisión de colindancias porque
cuando se entregó la tierra a los
ejidos y las comunidades, se hicieron
con tecnología no muy precisa: teodolitos,
cadenas, la identificación de las
mohoneras (los puntos que marcan o delimitan la propiedad)
tampoco era precisa, lo cual significaba
que había que conciliar con quienes
se decían dueños de ciertas superficies
de tierras y "nuestra obligación
adicional era que uno y otro aceptaran
la línea por donde tradicionalmente
lo hubieran reconocido", además
de otros factores, de orden jurídico,
diferencias internas en los núcleos
agrarios, señala el procurador Agrario.
También hubo dificultades de orden social, sobre todo concentradas
en las zonas de mayor presencia indígena,
en el que algunas organizaciones no
gubernamentales de diversa índole
aprovecharon el espacio para oponerse
al Procede, y ahí los reclamos son
más profundos, son más sentidos, y
la desconfianza fue un factor importante.
Recordó que, en la práctica, en la mayoría de los casos de
las comunidades indígenas, la identificación,
la certificación se ha hecho sobre
el perímetro, no sobre parcelas, porque
recordemos que es posesión comunal,
pero ahí es donde se ha concentrado
el aspecto social de rechazo del programa.
A través de información hacia ellos se puedo combatir esta
desconfianza, los prejuicios que se
dieron en torno al Procede, ya que
los argumentos eran en contra de este
programa porque "nos van a privatizar
la tierra".
El Procurador Agrario, insistió durante la entrevista que el
Programa se concluye como tal, con
la utilización de recursos fiscales,
masivos, pero la ley establece que
de todas maneras los núcleos agrarios
tienen la posibilidad de regularizarse
y certificarse cuando ellos lo decidan,
la única diferencia es que ya no habría
un programa federal que pague los
costos de la regularización, entonces
ellos pueden contratar particulares
para que los regularicen y no tendrían
problema.
Y anunció que se ha establecido el FANAR, que está en proceso
de integración en estos momentos y
que plantea establecer una partida
presupuestal -no un programa- en manos
del Registro Agrario Nacional
para trabajos técnicos.
Este, añadió, lejos de ser un programa de operación, se convierta
en una partida presupuestal de ventanilla
bajo la administración del Registro
Agrario Nacional, a donde podrá acudir
el núcleo que ya haya resueltos sus
problemas, se haya conciliado o se
convenza de que debe de incorporarse,
a la seguridad jurídica.
Recordó el Procurador Agrario que el reparto agrario tiene
una primera etapa que data de 1915
a 1992, que es el reparto agrario,
y de 1992 a 2006 es el de la regularización
y certificación, o sea, la tierra
que se repartió a lo largo de todos
estos años, en este período se regularizó
y ahora sí ya queda muy claro qué
es de cada quien.
Ahora ya se ha iniciado una tercera etapa que comprende el
desarrollo rural. Es decir, el desarrollo
productivo del campo, "ya no
hay argumento de que no hay tierra,
cada quien tiene la tierra que le
corresponde; ya no hay más, no se
les puede repartir más, ya está la
tierra repartida y hay una clara identificación
de qué es de cada quien y hasta dónde
llega mi límite.
¿Qué falta? Hagámosla producir, justo entonces es la siguiente
etapa, la del desarrollo productivo,
la del Desarrollo Rural Integral que
plantea la propia Constitución, en
la que aprovechando que ya hay un
documento, que ahí hay una identificación
muy clara, se invierta y se haga producir
el campo mexicano.una
privación de derechos agrarios, ya
no hay el susto o la preocupación
de que no tengo claro si es mío o
no es mío, entonces sólo queda esa
etapa: el Desarrollo Rural.Publicidad
Demandan comuneros de Escalerillas la restitución
de mil 500 hectáreas. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web).
El área que exigen les sea devuelta incluye zonas residenciales
de la capital.
Integrantes de la comunidad de Escalerillas iniciaron acciones
para recuperar una poligonal de mil
500 hectáreas en un área donde se
encuentran las principales zonas residenciales
de la capital del estado.
Los comuneros Julián Valero Rivera y Servando Zamarrón Arredondo,
indicaron que son cerca de 400 descendientes
de comuneros los que tienen derecho
a la restitución de cinco mil 815
hectáreas de la comunidad de Escalerillas.
Mostraron un plano que data de 1929 mediante el cual las autoridades
agrarias emanadas de la Revolución
le restituyeron a la comunidad y congregación
de Escalerillas las cinco mil 815
hectáreas citadas.
Refirieron que actualmente se desarrolla un litigio ante el
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito,
para que haga valer un amparo en el
que la comunidad es propietaria de
esas tierras.
Los planos mostrados abarcan la zona de los principales desarrollos
inmobiliarios del poniente de la ciudad,
en la zona en donde está construido
el campus
del Tecnológico de Monterrey, el club
de tiro Halcones y predios irregulares
de San Juan de Buenavista
–en la zona de la presa El Peaje–
en posesión del municipio de San Luis
Potosí.
Revelaron que con el apoyo de las autoridades del Registro
Agrario Nacional a partir de la
década de los 70, personas ajenas
a la comunidad encabezando un ejido
que tiene origen en la comunidad de
Escalerillas absorbieron a la comunidad.
Recordaron que a diferencia del régimen
de tenencia comunal el régimen de
tenencia de la tierra ejidal permite
a particulares comprar terrenos del
núcleo agrario.
Dijo que esa situación fue aprovechada por especuladores de
la tierra y autoridades ejidales para
materializar el despojo a la comunidad
al grado de que la Procuraduría
Agraria impuso el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales
(Procede), en tierras comunales
haciéndolas pasar como terrenos ejidales.
Refirió que impugnarán el Procede para nulificar los planos
y el reparto de tierras comunales
a supuestos ejidatarios que ya han
empezado a vender terrenos.
Y anunciaron una alianza con grupos comunales y ejidales de
la zona como San Juan de Guadalupe,
La Pila y El Aguaje.
Más problemas para la SRA. (Unomásuno, Arturo Ortega, p.web)
Domingo 6 de Agosto,
06.
Llueven los problemas para la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) en
el estado de Morelos, puesto que a
las inconformidades de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA),
y de los ejidatarios de Tejalpa
se une un reclamo más: los comuneros
de Chipitlán.
Han conseguido el fallo en su favor
en el predio del Panteón de la Paz,
y todo tiende a que algo particular
detonará el próximo martes 8 de agosto,
fecha en que se conmemora el natalicio
de Emiliano Zapata.
Luego de que el ejido de Chipitlán ganara un amparo en el juzgado cuarto de distrito,
que ordenó al gobierno estatal el
pago por 15 hectáreas en donde se
ubica el Panteón de la Paz, expropiadas
desde 1970 sin que se indemnizara
a los propietarios, el titular de
la SRA, Mario Ríos Bonales,
se verá en la necesidad de actualizar
el monto que alcanzan las tierras
con todo y los intereses por no haber
solventado la deuda de la propiedad
durante más de 36 años; esto tendrá
que ser mediante un acuerdo entre
la administración local y federal.
El líder de los ejidatarios, Margarito Cevallos aseguró que si el titular de la SRA o el
propio gobierno se niegan a subsanar
el adeudo, están dispuestos a agotar
las instancias legales que sean necesarias,
incluso radicalizar sus movimientos
con manifestaciones o plantones.
¿Y en Tejalpa?.
Por su parte, los comuneros de
Tejalpa continúan en su postura de exigir la salida de Ríos
Bonales
porque, a decir de su representante,
Baltasar Meraz,
“el gobierno dijo que nos entregarían
37 millones de pesos por aproximadamente
mil hectáreas, esto generado de mesas
de diálogo y negociaciones del programa
“Focos amarillos”, y ahora
nos salen con 15 millones: esa es
una burla que no aceptaremos”.
Mientras tanto, el delegado ha
pedido paciencia y mesura a sus detractores,
según él, “se hace todo lo que se
puede, pero no se tienen los recursos
necesarios para poder resolver todo
de golpe, se debe tener paciencia
y los campesinos deberán aceptar el
monto que se les ofrece”. Por último,
el funcionario descartó la posibilidad
de que todas estas protestas sean
un foco rojo que pudiera desembocar
en enfrentamientos más graves; lo
cierto es que los tres conflictos
amenazaron con explotar el 8 de agosto
si no rueda la cabeza de Mario Ríos.
Persisten focos rojos en el reparto de tierras
ejidales. (La Jornada, Emir Olivares,
p.web)
Domingo 6 de Agosto, 06.
Niega SRA acusaciones de desvío de
dinero.
Este año, el gobierno federal invirtió 913 millones de pesos
para solucionar los tres focos
rojos que aún existen en el país
por el reparto de tierras ejidales,
informó el secretario de la Reforma
Agraria, Abelardo Escobar Prieto.
Al tomar protesta al nuevo comité directivo de la Asociación
Nacional de Egresados de la Escuela
Superior de Agricultura Hermanos Escobar,
el funcionario dijo que el campo "está
en total paz social", debido
a que se han resuelto 11 de los 14
focos rojos que se detectaron
al inicio de la actual administración.
Señaló que los conflictos que aún persisten se ubican en la
Selva Lacandona, Chiapas; en la Meseta
Purépecha,
Michoacán, y en varias comunidades
de Oaxaca, y que para poder resolverlos
antes de que culmine este sexenio
se necesita "mucho más dinero"
del que se designó este año para el
rubro.
Indicó que tan sólo el conflicto agrario en la Selva Lacandona
requirió cerca de 400 millones de
pesos, por lo que los recursos que
se han designado para el combate de
los focos rojos resultan insuficientes.
Sobre el apoyo económico que brinda la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) para la creación de
proyectos productivos, informó que
se asignaron 302 millones de pesos
para el Fondo de Apoyo a Proyectos
Productivos Agrarios; al programa
de Mujeres del Sector Agrario 500
millones, y para el de Joven Emprendedor
Rural y Fondo de Tierra, 350 millones.
Ante las denuncias que diversas organizaciones campesinas han
realizado en el sentido de que varias
dependencias federales ligadas al
sector, entre ellas la SRA, otorgaron
recursos económicos a agrupaciones
"fantasma" ligadas al Partido
Acción Nacional para que el dinero
se fuera directamente a la campaña
presidencial de Felipe Calderón, el
funcionario respondió que "no
hay nada de eso, en la Reforma Agraria
hemos trabajado con absoluta transparencia.
Se puede revisar en Internet, en donde
aparece un listado con el nombre de
la organización a la que se le asignaron
recursos, su estado y la cantidad
que se le dio".
Exigirán la renuncia del titular de SRA durante
festejo del natalicio de Zapata. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Sábado 5 de Agosto, 06.
Cuernavaca, Mor. Comuneros de Tejalpa exigirán al representante de la Presidencia de la
República que asistirá a la conmemoración
del natalicio de Emiliano Zapata en
Anenecuilco la renuncia del titular Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) en el estado, por
su parte, Mario Ríos Bonales pidió a los inconformes que “hagan conciencia”.
Luego de que la SRA ofreciera 15 millones de pesos para solucionar
el añejo conflicto de tierras de casi
mil hectáreas entre los municipios
de Jiutepec
y Tepoztlán,
mismo que fue rechazado por los comuneros
de Tejalpa
argumentando que el ofrecimiento era
una “burla”, el presidente de la Unión
de Comunidades y Ejidos de Morelos,
Baltasar Meraz
Cuevas, sentenció que pediremos su
destitución, “porque no ha tenido
la delicadeza de resolver los conflictos
de la tierra”.
En rueda de prensa, los ejidatarios y comuneros de la zona
indicaron que se manifestarán durante
acto oficial, al que no acudirán campesinos
del Congreso Agrario Permanente: “trataremos
de hablar y entregarle un documento
al representante que manden por parte
de la Presidencia de la República
para manifestarle que su representante
regional (Mario Ríos Bonales) no ha tenido la capacidad de resolver el conflicto
de tierras que lleva más de 60 años,
y que lleva dos años cacaraqueando
que lo va a solucionar, asimismo expresaremos
nuestra molestia por la mala atención
que se ha dado a los focos amarillos
en la misma tierra del general Zapata”.
Adelantaron que en el oficio se solicitará que los conflictos
del agro, reconocidos como focos amarillos,
“reciban atención directa, en las
oficinas centrales para evitar que
se retracen los procesos y que se
pierdan los recursos”.
Meraz Cuevas recordó que el año pasado la
dependencia agraria ofreció una contraprestación
de 37 millones de pesos, a fin de
que se resolviera vía conciliación,
“después de que se gastaron el recurso
en campañas nos salen con el ofrecimiento
de 15 millones de pesos por las casi
mil hectáreas”.
Por su parte, el representante regional Morelos Guerrero de
la SRA, anunció que las ventanillas
para recibir las solicitudes a los
Programas para Mujer del Sector
Agrario (Promusag)
y del Fondo de Apoyo a Programas Productivos
Agrarios (FAPPA) ya se encuentran
abiertas, y con ello quedó concluido
el plantón que organizaciones campesinas
mantuvieron por más de una semana.
Lamentó la postura de los inconformes
e indico: “si mi restitución resolviera
su conflicto, les daría la razón,
pero no es así, yo sólo soy un intermediario
entre los ejidatarios y las oficinas
centrales, si dependiera de mi, otra
cosa sería.
“Ojalá que con la salida de algún funcionario se solucionara
su problema, en este caso, como representante
yo sólo hago los ofrecimientos que
me mandan de oficinas centrales y
ellos deben de analizarlo, si lo hacen
que bueno, si no seguiremos trabajando”.
Por último Ríos Bonales pidió “que
recapaciten y acepten el recurso que
se les ofrece para poner fin a este
conflicto”, de la misma manera descartó
que el problema se vaya a convertir
en un foco rojo para el estado.
Pagarán a ejidatarios las tierras expropiadas del
panteón La Paz. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web)
Sábado 05 de Agosto, 06.
Cuernavaca, Mor. Después de 30 años
de lucha, el ejido de Chipitlán
de Cuernavaca ganó el amparo y el
juzgado cuarto de distrito ordenó
al gobierno del estado el pago de
indemnización de las 15 hectáreas
en donde se encuentra el panteón La
Paz.
Luego que las tierras fueron expropiadas en 1970 sin que fuera
ejecutado el decreto, y por ende no
se pagara la indemnización al ejido,
el juzgado cuarto de distrito determinó
que la autoridad tiene que pagar las
tierras.
Margarito Cevallos, secretario de la Unión de
Comisariados
Ejidales y Comunales lamentó que haya
tenido que ser a través de un amparo
como la autoridad estatal y federal
tengan que pagar dichos recursos,
“se intento buscar por la vía de la
conciliación y del diálogo para que
las autoridades ejecutarán el decreto
y se pagara al ejido, y al no encontrar
respuesta los ejidatarios de Chipitlán
nos vimos en la necesidad de tramitar
un juicio de amparo que fue favorable
para el ejido”.
Los ejidatarios dijeron que aún no se tiene la cantidad ni
el plazo a pagar, “pero se están haciendo
las gestiones para que esto se resuelva
a la brevedad posible y se nos liquide
por concepto de la expropiación del
cementerio la paz en una superficie
de las quince hectáreas”.
Destacó que la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA)
tendrá que actualizar el avaluó para
efecto de establecer la cantidad que
se debe de cubrirse al ejido de Chipitlán
por parte de sus tierras.
Cuestionado sobre si la autoridad se negara a pagar dichos
recursos, respondió “tendríamos que
acatar procedimientos legales, es
una resolución de autoridad y hay
obligación de acatar, pero estamos
seguros que no es así, por que el
gobierno del estado no le convendría
que sigan surgiendo conflictos por
tierras”.
Añadió que la resolución del juicio de amparo es lo que les
garantiza que en esta ocasión se les
pagara, “sabemos que el gobierno federal
y estatal en la mayoría de las veces
no cumplen con lo pactado, como lo
sucedido en el conflicto de focos
amarillos entre Tejalpa
y Santa Catarina en donde primero
habían dicho que les pagarían 37 millones
por las casi mil hectáreas, y ahora
les salen con 15 millones”, lamentablemente,
dijeron, la gente de la comunidad
fue engañada y no se ha dado cumplimiento
en los compromisos adquiridos para
la resolución del conflicto
Torpe intento de intimidación. (Por Esto! (Yucatán), Víctor Lara,
p.web).
Sábado 5 de Agosto, 06.
Con el claro propósito de intimidarlo,
Elementos de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) acudieron ayer
al domicilio del representante de
los ejidatarios de Oxcum,
Ildefonso Dzul
García, con instrucciones de llevarlo
a declarar en relación con el expediente
AP-PGR-YUC-MY-DD-2-33-06, en el cual
se le acusa de falsificación de documentos.
Lo ilegal del procedimiento es
que al señor Dzul
García jamás se le notificó que debía
presentarse ayer a declarar, además
de que siempre ha colaborado con las
autoridades, informó ayer su abogado
Villebaldo
Pech.
El litigante dijo que la encargada
de la agencia que lleva el caso aseguró
que ya se había enviado una cita y
no respondió, lo cual es totalmente
falso porque ayer mismo quedó demostrado
que la mencionada carta no se envió
a Dzul García,
a través del Juez de Paz de Oxcum,
como es costumbre en las comunidades
indígenas, sino que se envió por correo
a la agencia de Umán.
La carta fue devuelta al no ser reclamada,
lo cual es obvio, ya que Dzul
García no es cliente de Walter Mercado,
mucho menos clarividente para adivinar
que tenía una carta en Umán.
El abogado reiteró que su cliente
no teme acudir a declarar cuantas
veces sea necesario, pues sabe que
no es ningún delincuente y lo único
por lo cual se le puede acusar es
que es uno de los cientos de ejidatarios
de Oxcum
que se oponen al proyecto de Patricio
Patrón Laviada
de construir un aeropuerto, que no
se necesita, en terrenos pertenecientes
a ese ejido, de los cuales desea apropiarse
ilegalmente la administración actual.
Es por eso que nadie se explica
cómo es que la autoridad manda un
medio de apremio con agentes de la
PGR para llevarlo a declarar, a sabiendas
que nunca se ha negado a ello y por
eso piensa que más bien se trató de
un acto intimidatorio pues todo mundo
sabe que el señor Dzul
García es uno de los ejidatarios que
fueron detenidos arbitrariamente el
pasado 13 de julio por agentes de
la SPV, cuando acudieron a solidarizarse
con los ejidatarios de Caucel y de
Hunucmá, que también están en desacuerdo con la construcción
de ese aeropuerto en terrenos de los
que fueron despojados injustamente.
Recordó que, al parecer, Patricio
Patrón Laviada
no podrá concretar este proyecto porque
hay juicios pendientes en el Tribunal
Agrario para que se repare el daño
causado a los ejidatarios o bien se
les devuelvan sus tierras.
El Lic. Villebaldo
Pech indicó
que el señor Dzul
García se reservó ayer el derecho
de hacer declaraciones en tanto no
le asignen un traductor de lengua
maya que es la que más domina, instructor
que pidió sea de preferencia del Instituto
Nacional Indigenista o de cualquier
otra institución, menos de INDEMAYA,
cuya titular Diana Canto Moreno, como
se sabe, es incondicional de Patrón
Laviada,
a quien los ejidatarios de Oxcum
responsabilizan en caso de que le
suceda algo al señor Dzul
García o a cualquier de los que no
están de acuerdo con la construcción
del aeropuerto en terrenos ejidales
de Hunucmá,
así como al desmedido despojo de sus
tierras por parte de "El Alto
Vacío".
También se le pidió a la agente
de la PGR que dejen de utilizar métodos
intimidatorios en contra de los ciudadanos,
en especial contra el grupo étnico
maya, a los que se les da un trato
de delincuentes, no así a los "Amigos
de Patricio" que fraudulentamente
se apoderaron de los terrenos que
eran del ISSTEY en donde hoy se construye
el complejo habitacional Altabrisa,
o bien a los cabecillas del narcomenudeo
que día a día va en aumento en todo
el Estado, a los cuales no se atreven
afrontar los agentes de la PGR, los
cuales prefieren ensañarse con los
mayahablantes.
Trato preferencial.
Por su parte, el señor Dzul García dijo que no es posible que a sus acusadores se
les brinde un trato preferencial en
la PGR, dependencia en la cual presentó
sendas denuncias en contra de Patricio
Patrón Laviada,
el delegado de la Procuraduría
Agraria, Claudio Coello Herrera; el
delegado del Registro Agrario Nacional,
Luis Felipe Mena
Salas, funcionarios que nunca
han sido citados a declarar, pese
a que la denuncia la presentó el mismo
día en que fue acusado por lo actual
administración de falsificar firmas.
Denuncias anónimas.
Por su parte, William Santos Sáenz,
representante legal de los ejidatarios
de Hunucmá,
dijo que ayer acudió a las oficinas
de Derechos Humanos en Yucatán en
la cual pudo enterarse que el comandante
Vicente Cobá
Suárez, en un intento por justificar
las detenciones arbitrarias de campesinos
de Caucel y de Hunucmá
el pasado 13 de julio, asegura que
procedió en respuesta a una denuncia
anónima que realizaron empleados de
la COUSEY, los cuales se negaron a
dar sus nombres a los agentes de la
SPV por temor a represalias, cuando
todo mundo sabe que son ellos los
que tienen el deber de resguardar
la seguridad de los ciudadanos, lo
cual demuestra que es una soberana
tontería.
Asamblea.
Por otra parte, Santos Sáenz dijo
que ante los actos de despojo de las
miles de hectáreas de tierras ejidales
en Oxcum,
Hunucmá
y Caucel, así como las violaciones
a los derechos de la comunidad maya
y a los actos represivos a los ejidatarios
de Caucel y Hunucmá,
los dirigentes del Frente de la Defensa
de las Tierras y Territorios en Yucatán
convocan a una asamblea el 11 de agosto,
a las 17 horas, en el local del Sindicato
de Telefonistas de la Ciudad de Mérida
(calle 60 número 592 entre 73 y 77)
a fin de buscar estrategias para ampliar
un frente de lucha para la defensa
de las tierras ejidales, sus costumbres,
tradiciones, flora, fauna, etc.
Retiene la SRA 800 hectáreas tecnificadas a plataneros. (Ecos de la Costa, Blanca
Neri Hererra,
p.web).
Colima.- Alrededor de 800 hectáreas
tecnificadas, pretender retener la
Secretaría de la Reforma Agraria
a productores plataneros y ejidatarios
de la localidad de Cerro de Ortega
en el municipio de Tecomán,
con la excusa de que no cuentan con
el certificado de inafectabilidad
agropecuaria.
Lo anterior, denunció Manuel Gerguín Otero Navarro, productor de plátano y Presidente de
la Fundación Produce Colima.
Dijo que en el 2003 Reforma Agraria
intentó ejecutar 260 hectáreas de
cultivo puesto que al parecer los
ejidatarios no entregaron a la dependencia
documentación correspondiente completa,
“y aseguran que son de ellos las tierras
lo cual no es cierto, porque nosotros
tenemos nuestro certificado de inafectabilidad
desde hace más de 20 años”.
Consideró que el actuar de la SRA,
inició porque un abogado de Jalisco
de nombre Cenobio Guzmán, el cual
estuvo trabajando en Reforma Agraria
en Colima, “tiene antecedentes de
muchos asuntos de conflicto y entonces
sacó del archivo un asunto muerto
y lo revivió con mentiras y engaños,
y ese es el problema que tenemos desde
el 2003, en esas 260 hectáreas cultivadas
de plátano, las cuales tiene empaques,
sistemas de irrigación por lo que
se hablar de cerca de 414 millones
de pesos que valen esas tierra y que
nos un patrimonio que tenemos trabando
desde hace 30 años”.
Manuel Gerguín
refirió que otro de los afectados
es el vicepresidente nacional de los
plataneros, Ricardo Ibarra, y otras
familias que tiene su patrimonio en
estas tierras. Añadió que no existe
acercamiento con el delegado en Colima
puesto que “Reforma Agraria se lavó
las manos, nos entregó un escrito
donde ellos no autorizan la ejecución
que se dio y se va el problema un
juicio, tenemos tres años en eso y
hemos gastado más de un millón de
pesos en abogados y cosas en las cuales
no tendríamos que gastar porque no
tenemos ningún problema con la certificación
de la tierra”.
Luego de señalar que el juicio
lo está llevando el Juzgado de Distrito
en Colima, lamentó la incertidumbre
y temor que enfrentan los afectados
por la posibilidad de que pierdan
su propiedad e inversión pese a que
cuentan con todos los documentos legales
que los acreditan como propietarios
del predio.
Explicó que los certificados de
inafectabilidad con fundamento legal garantizan el respeto
a la propiedad, respecto a determinado
predio del que se proporciona su ubicación,
colindancias, calidad de las tierras
que lo integran, nombre y nacionalidad
del propietario, hace mención del
acuerdo que ordena su expedición,
la fecha de publicación del mismo
en el Diario Oficial de la Federación,
datos de su inscripción en el Registro
Agrario Nacional, así como datos
relativos a cambios en la clasificación
de las tierras y traslados de dominio.
Gobierno recorta 11.5 mdp
para proyectos. (Tribuna de Campeche, p.web).
Viernes 4 de agosto de 2006
En 2005 fueron 18 mdp; en 2006 sólo
6.5 mdp.
La Federación redujo 11.5 millones de pesos, equivalente a
un 64 por ciento, el monto de recursos
destinados al Fondo de Apoyo a
Proyectos Productivos Agrarios (FAPA)
y al Programa de la Mujer del Sector
Agrario (Promusag) en Campeche, pues mientras que el año pasado
otorgó 18 millones de pesos en esta
ocasión sólo serán 6.5 millones, lo
que afectará a por lo menos 400 productores
de la entidad.
Luego de que se mantuvieron por casi tres semanas en plantón
permanente en las oficinas locales
de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), finalmente las
campesinas se enteraron que ayer se
emitió la convocatoria para los programas
y que hoy, a partir de las nueve de
la mañana, empezarán a recibirse los
proyectos.
Sin embargo también les dijeron que el monto de recursos era
50 por ciento menor al año pasado,
aunque en realidad el recorte es del
64 por ciento. A Campeche le corresponderán
seis millones 500 mil pesos de los
400 millones de pesos autorizados
a nivel nacional.
El encargado de las oficinas de la SRA en Campeche, Paulo Hau Dzul, informó que desde ayer
se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la convocatoria para
los programas FAPA y Promusag,
y hoy entra en vigor.
"Afectó mucho el recorte presupuestal para estos programas,
pues la reducción llegó hasta un 50
por ciento. Los proyectos serán recibidos
hasta el 10 de agosto de este año
y del 11 al 15 de septiembre para
los campesinos libres e independientes.
Sólo se piensa recibir el 50 por ciento de los proyectos por
las razones ya conocidas, ya que no
es posible como el año pasado cuando
se aprobaron alrededor de 80 programas
con recursos hasta por 18 millones
de pesos, en esta ocasión sólo será
el 50 por ciento".
A nivel nacional sucedió lo mismo. El año pasado fueron alrededor
de 800 millones de pesos, este año
son cerca de 400 millones.
Para eso se hicieron las negociaciones a nivel nacional con
el sector campesino, que aceptó los
términos en los que se llevará la
convocatoria. Las normas siguen siendo
las mismas, que sea población objetivo,
que sean mujeres que necesiten el
proyecto, de pobreza extrema, que
tengan el proyecto, que sea rentable
a 5 años, después de ello no se le
brindará ningún apoyo por parte del
Gobierno Federal.
En Campeche con estos programas se beneficiará a alrededor
de 400 productores y se dará prioridad
a los que verdaderamente necesitan
los recursos.
Por su parte, el dirigente del Frente Campesino Independiente
Emiliano Zapata, Luis Antonio Che
Cu, dijo que los recursos que le tocaron
a Campeche son insuficientes, por
lo que es urgente que el sector campesino
se siente a la mesa del diálogo con
todas las autoridades agropecuarias
para llevar a cabo una reestructuración
de los programas.
Son escasos los recursos para la capitalización de la mujer,
los apoyos a los campesinos sin tierra
no dan respuesta a las expectativas
para el desarrollo del campo.
La SRA debe cumplir con lo que estipulan las convocatorias,
con ello no habría necesidad que las
mujeres hagan fila 15 días antes,
que se cumplan los acuerdos de las
convocatorias, cuatro para organizaciones
firmantes, 11 para las no firmantes,
los montos de recursos deben darse
de acuerdo a lo pactado, indicó.
Además hay organizaciones a nivel central que manejan las cosas
a su manera, lo que se presta a que
se incorporen los recomendados, incluso
a raíz del proceso electoral fueron
desviados algunos recursos. Consideró
que Pemex
debe de contribuir para los programas
y apoyar las instancias para que fluyan
los recursos al campo.
Organizaciones campesinas
El campo enfrentará la apertura total en 2008 sin
apoyo del gobierno: CNC. (La Jornada, Matilde Pérez U, p.web)
Serán insuficientes los programas
Alianza para el Campo y Aserca,
asegura.
Sigue pendiente el reclamo de México
a EU para que acepte los excedentes
de azúcar.
El gobierno ha soslayado la elaboración una estrategia para
que ejidatarios y comuneros afronten
la apertura comercial total ante Estados
Unidos y Canadá a partir de 2008,
situación que no se resolverá con
los programas Alianza para el Campo
ni con Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (Aserca),
advirtió la Confederación Nacional
Campesina (CNC).
"Es injusto para los productores un acuerdo comercial
en materia agropecuaria que establece
condiciones inequitativas
por las acciones y apoyos gubernamentales
de Estados Unidos y Canadá, que México
no puede aplicar por sus condiciones
económicas", aseguró el secretario
general de la organización y presidente
de la Comisión de Agricultura y Ganadería
de la Cámara de Diputados, Cruz López
Aguilar.
"La realidad muestra que no disponemos de recursos suficientes,
que no se ha atendido a los grupos
más desprotegidos, como prevé el Presupuesto
de Egresos, además de que prevalece
la impuntualidad en el ejercicio de
dichos programas, lo que reduce considerablemente
su eficacia", abundó.
De hecho, precisó, en el Congreso continúa la discusión con
el Ejecutivo en torno al recorte de
6 mil millones de pesos a los programas
del campo aprobados este año.
Por ello, señaló López Aguilar, "hay que insistir ante
los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá en la renegociación del capítulo
agropecuario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
y en caso de que la respuesta sea
negativa, el Senado debe asumir sus
facultades para modificar la legislación
comercial".
Recordó que el vecino del norte no ha cumplido los compromisos
firmados con México sobre la compra
de los excedentes de azúcar; en tanto,
el gobierno de Vicente Fox
tampoco ha iniciado las negociaciones
para sacar el maíz blanco y el frijol
del acuerdo comercial, lo que repercutirá
negativamente en cientos de miles
de productores mexicanos.
Indicó que el Legislativo debe insistir en renegociar el capítulo
agropecuario del TLCAN, y propuso
que la Cámara de Diputados cree una
comisión de comercio exterior para
que investigue las prácticas de dumping que afectan al campo mexicano, la depredación
de precios y las subvenciones, a fin
de aplicar cuotas compensatorias y
medidas de protección.
También perfiló la constitución de un tribunal de comercio
internacional que vigile el debido
cumplimiento de los acuerdos y tenga
a su cargo el análisis de los daños
en las producciones nacionales en
los países en desarrollo.
Héctor Padilla, secretario de crédito de la CNC, demandó al
gobierno federal que inicie acercamientos
inmediatos con las sociedades rurales
y los gobiernos estatales, a fin de
acordar una estrategia conjunta que
busque frenar la eliminación de los
aranceles agropecuarios.
El impacto del TLCAN, reiteró, ha sido "brutal" para
la población rural del país, que se
ha visto obligada a competir con los
productores más desarrollados del
mundo. "Para enfrentar a estos
competidores, los productores mexicanos
carecen de tecnología, de insumos
accesibles, de equipamiento y crédito.
"Por si esto fuera poco, el gobierno federal se ha dedicado
a desmantelar los pocos instrumentos
institucionales que daban cierta estabilidad
a la vida productiva del campo, sin
sustituirlos por nada, y redujo de
forma constante los recursos destinados
a la agricultura", asentó.