CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
11 DE ENERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Frenan precios...
y crecimiento
Se rezaga México entre países emergentes
Candidatos pactaron
ley de radio y tv: Bartlett
“Televisoras quieren aprovechar fin
de sexenio para la reforma”
DF y Culiacán, las
ciudades más inseguras
Ocho de cada 10 ciudadanos viven con
miedo, según el ICESI
La economía de EU
impulsará a México
Será determinante para alcanzar un
crecimiento de 3.5%: Banxico
Trasnacionales se
niegan a pagar adeudos al IMSS
VW, Bimbo, Chrysler,
Bridgestone y Banamex,
entre 80 morosos
Monterrey, la más
segura; el DF y Tijuana, las peores
Encuesta nacional sobre delincuencia
Sí hay mafia en títulos,
alerta SEP
El director general de Profesiones
admite que los infiltró una banda que comercia con
títulos
“Acelerador a fondo”
este año: Fox
Anuncia una fuerte inversión en el
país
Imperio criminal
en 13 ciudades
Concentran la mitad de los delitos;
incidencia de hasta 25, 655 por cada
100 mil habitantes
El gobernador de
Sonora coquetea con PAN y Felipe
El lunes Palacios Alcocer buscó al
priista sonorense para evitar una escisión en el tricolor
Sector agrario
Respetar sus linderos, acuerdan ante la PA comisarios
de Carabalí y La Venta. (El Sur (Guerrero),
Cristina Sierra, p.web)
La supuesta invasión de parcelas
fue un mal entendido, asegura el presidente del
comisariado ejidal de
La Venta y Barrio Nuevo, Isidro Bailón.
Los presidentes de los comisariados ejidales de Carabalí y La Venta y Barrio Nuevo,
Eusebio Díaz e Isidro Bailón, acordaron, ante la
Procuraduría Agraria, que respetarán los
linderos de cada ejido, luego de que el primero
acusó al segundo de invadir las parcelas.
El 26 de diciembre, ejidatarios
de Carabalí acudieron hasta El Cuachilalate,
que colinda con los ejidos de El Veladero,
Las Cruces, El Quemado y La Venta, para delimitar
sus tierras y separarlas de los demás pues aseguraban
que campesinos de La Venta y Barrio Nuevo se habían
asentado en sus parcelas.
Ayer, en una diligencia ante la
Procuraduría Agraria, el presidente del comisariado
ejidal de La Venta y Barrio Nuevo, Isidro Bailón
Hernández, se deslindó de la invasión en el Carabalí.
Dijo que el mal entendido fue a
partir de que un campesino de ese ejido reclamó
una invasión en su parcela, y “sin pruebas” aseguró
que fueron ejidatarios de La Venta, “pero no es
verdad”.
En entrevista, el presidente del
comisariado ejidal de
Carabalí, Eusebio Díaz Tornez, confirmó el hecho e informó que se interpondrá una
denuncia penal contra quien resulte responsable
de la invasión, asimismo deslindó a los ejidatarios
de La Venta; “vamos a investigar quién está causando
la invasión y vamos a poner la demanda correspondiente”.
Mientras que Isidro Bailón Hernández
denunció que ahora en su ejido enfrentan un problema
porque les faltan 398 hectáreas.
Expuso que su ejido tiene dotadas
mil 427 hectáreas, pero al pedir el registro ante
el Programa de Certificacón de Derechos Ejidales-Comunales (Procede), este
registró sólo mil 27 hectáreas.
Anunció que interpondrán una demanda
ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) contra
los ejidos de El Quemado, El Veladero
y Carabalí para que les restituyan las hectáreas
que les faltan.
El Ejecutivo obstruye la justicia, considera el
presidente del TSA. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
García Villalobos reclama que Fox
no ha ratificado a 14 magistrados.
Catorce magistrados agrarios de los tribunales de Jalisco,
Veracruz, Chiapas y Oaxaca realizan sus actividades
protegidos con amparos debido a que el presidente
Vicente Fox no ha enviado
a la Cámara de Senadores su propuesta de ratificarlos
en sus cargos. La situación tiene año y medio y
se corre el riesgo "de que se descontrolen
las cosas", ya que están por vencerse los periodos
de otros magistrados, explicó el presidente del
Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García
Villalobos.
El problema es muy delicado, los magistrados debieron recurrir
a los amparos para ejercer sus actividades, pues
de lo contrario sus actos podrían declarase nulos
y además no pueden dejar en "segundas manos
los problemas sociales que atienden, pues no todos
tienen el manejo claro de las cosas", mencionó.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso
un criterio: cuando los magistrados no son ratificados
pero siguen en el cargo, automáticamente pueden
continuar al frente de sus responsabilidades. Pero
ese criterio no está firme y por ello debieron recurrir
a los amparos.
Las suplencias, abundó, tampoco son una alternativa, ya que
sólo están previstas para un periodo de 15 días
y no habría suficiente personal para cubrir las
ausencias de los magistrados; "habría una crisis
en el sistema de justicia agraria".
Visiblemente molesto por la actitud que ha asumido Fox hacia los integrantes del TSA, García Villalobos consideró
que, más que una falta de responsabilidad, lo que
está cometiendo el Ejecutivo es un delito de obstrucción
de la justicia. No entiendo la razón del capricho".
En el primer semestre de 2004, el presidente del TSA sostuvo
una lucha para continuar al frente del organismo,
ya que aunque su ratificación fue aprobada en comisiones
del Senado, el Presidente no le dio el visto bueno
e incluso interpuso una controversia constitucional
(48/2004) ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en contra del Senado por la decisión de ratificar
a García Villalobos.
Por el antecedente, el presidente del TSA manifestó que si
bien "tuvimos (el presidente Fox
y él) un problema muy personalizado, no tiene derecho
a castigar a una institución por un conflicto por
el que ya tuvimos la razón legal. El mandatario
tiene derecho a proponer a los magistrados pero
también una obligación y no puede actuar por capricho".
El problema, agregó, no ha podido destrabarse: "He mandado
comunicaciones e incluso he estado en contacto con
el consejero jurídico Juan de Dios Castro, pero
no hay voluntad política, lo cual me parece grave
porque va a llegar el momento en que vamos a tener
un tribunal agrario pegado con alfileres".
Busca la SRA con
Huamuxtitlán y
Acaxtlahuacán salida a conflicto de tierras. (El Sur (Guerrero), Carmen González, p.web).
Tlapa.
Después de tres reuniones pospuestas
para solucionar el conflicto agrario entre Jilotepec
del municipio de Huamuxtitlán
y Acaxtlahuacán se dieron
los primeros pasos para los acuerdos, al realizarse
el lunes, la reunión con la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) y las partes en conflicto.
Francisco Ibarrola
Cruz, coordinador de los focos amarillos de la SRA
en el estado, dijo que se firmó una minuta entre
los comuneros donde se acordó llevar propuestas
discutidas en su comunidad que permitan encontrar
solución al problema agrario que tiene más de 40
años y que ya tuvo saldos adversos.
Dichas propuestas se discutirán
el sábado y domingo entre los comuneros para que
el lunes próximo ya tengan ofrecimientos concretos
y adecuados que permitan la solución del conflicto.
El coordinador de los focos amarillos
de la SRA informó que como parte de la negociación
para resolver el conflicto agrario entre Jilotepec
y Acaxtlahuacán, el 9 de enero se realizó un recorrido por los
terrenos en cuestión y cada comunidad expuso sus
argumentos.
Allí mantuvieron la postura en
que “uno se retire y la otra que no lo va hacer”
pero finalmente, después de cuatro horas hubo “puntos
de equilibrio” que permiten ver una posible solución
ya que hay “voluntad de parte de los involucrados”.
Ibarrola Cruz
explicó que el descontento de los comuneros de Jilotepec
contra las autoridades no es con la SRA sino específicamente
contra el Tribunal Unitario Agrario, con
sede en Chilpancingo “donde el problema lleva más
de un año sin emitirse la resolución”.
Comentó que desconoce el ofrecimiento
de dinero a las partes en conflicto para resolver
el problema y, agregó, que si en algún momento se
hizo eso quedó atrás porque hay otros mecanismos
de solución.
Acusan al diputado René González de apropiarse
de un terreno cuando era alcalde de Marquelia. (El Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p.web).
Con engaños hizo que un particular
donara una parte de su predio que colinda con playa,
denuncia la víctima.
Chilpancingo.
Ex integrantes de la comuna de
Marquelia, encabezados por el ex alcalde y actual diputado
local, René González Justo, se apropiaron de terrenos
de un particular en los que actualmente construyen
un atractivo turístico.
En una carta que el ejidatario
de Marquelia, Ángel Ramos
Piza, envió al presidente
Vicente Fox, al secretario
de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame y al gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo, recuerda que en 1951 autoridades
ejidales lo dotaron de una parcela ejidal de 20
hectáreas, ubicadas en la Bocana del Arroyo Seco
Aseguró que cuenta con los documentos
originales que lo acreditan como usufractario
de dicha parcela con una antigüedad de posesión
“pacífica y continúa” de 54 años.
Explicó que aproximadamente un
año después de haberse instituido Marquelia
como nuevo municipio “se apersonó en mi domicilio
el presidente del comisariado ejidal con el propósito de informarme del proyecto
de la apertura de una carretera que uniría el médano
del ejido, razón por la cual me solicitó en donación
una franja de mi terreno de 12 metros de ancho por
210 metros de largo”.
Agregó que “gustosamente” cedió
en virtud de que “siempre he sido un ciudadano que
pugna por el progreso y desarrollo de mi comunidad”.
Indicó que fue víctima de un engaño
pues con el trazo de la carretera antes citada “la
tierra que he usufructuado durante tantos años,
quedó dividida en dos partes y la fracción con medidas
aproximadas de 20 a 25 metros por todo el frente
de mi parcela que colinda con el Océano Pacífico
me fue despojada y rápidamente se la apropiaron
y repartieron en lotes el presidente municipal instituyente
y hoy diputado local René González Justo; el síndico
procurador, Donaciano
Mayo González, y el presidente, secretario, tesorero
del comisariado ejidal,
esto utilizando los nombres, de otras personas para
disfrazar su fechoría”.
Precisó que esto fue descubierto
hasta hace unas semanas, cuando se iniciaron trabajos
de construcción en la porción de su terreno, “toda
vez que a través de apoyos del gobierno federal
y estatal, se desarrolla un módulo turístico del
que al paso del tiempo se pretenden apoderar, pues
es sabido que la fingida donación del lote donde
se edifica, sólo tiene vigencia de cuatro años”.
Debido a ello demanda la intervención
de las autoridades de los tres niveles de gobierno
para que le restituyan las tierras de las que ha
sido despojado “y que por derecho me corresponden,
y que es el patrimonio que he trabajado a lo largo
de mi vida para mi y mi familia”.
Plantón de ejidatarios de Lomas de Chapultepec afuera del Palacio de Gobierno. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
Exigen los campesinos que
el gobernador intervenga para que la Inmobiliaria
Acapulco-Papagayo les devuelva las 982 hectáreas
que les quitó hace 16 años.
Chilpancingo.
Ejidatarios de Lomas de Chapultepec instalaron ayer un plantón afuera del Palacio
de Gobierno para exigir que el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo intervenga ante la Inmobiliaria
Acapulco-Papagayo y ésta devuelva las 982 hectáreas
que les quitó hace 16 años, con el respaldo del
fallecido ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
El abogado de los ejidatarios,
José Sánchez Sánchez,
informó que luego de que el domingo bloquearon la
carretera hacia Barra Vieja, en Acapulco, vía telefónica
el gobernador ofreció para este martes una reunión
con el subsecretario para Asuntos Políticos, Guillermo
Ramírez Ramos.
Explicó que el compromiso fue que
en la reunión entregarían el expediente jurídico
sobre el litigio de Lomas de Chapultepec
con la inmobiliaria. Esto para que sostengan una
audiencia con el gobernador y éste sepa los antecedentes
del caso.
Dijo que para garantizar que serán
atendidos e insistir en la audiencia con el gobernador,
se plantaron afuera de la sede del Poder Ejecutivo
y colocaron mantas en las rejas de la entrada principal.
Abordado al término de la reunión
con Guillermo Ramírez, José Sánchez dijo que además
de entregar los informes pidieron que el gobierno
del estado no libere ninguna orden de aprehensión,
debido a que la inmobiliaria presentó una demanda
en su contra “por despojo, a pesar de que son sus
propias tierras ”.
Destalló que en respuesta el funcionario
“nos envió con el procurador de Justicia, Eduardo
Murueta Urrutia, para ver la situación jurídica de los ejidatarios”.
Agregó que Ramírez Ramos se comprometió
a gestionar la audiencia con el gobernador; “creemos
que es necesario, tenemos la esperanza de que devuelva
las tierras a los ejidatarios, sería lo justo porque
ya hay una resolución de reversión y el Tribunal
Unitario Agrario reconoce como dueños de ese
predio a los ejidatarios”.
Agregó que en el encuentro aprovechó
para informar al gobierno del estado que los familiares
de las víctimas de Aguas Blancas exigen que el estado
los “indemnice conforme a derecho”, y que los casos
de los presos políticos recluidos en el penal de
Acapulco, Benito Flores y Joviel
Ventura, “sean revisados para ver si pueden ser
beneficiados con la preliberación”.
Simplemente: ¡Que se haga justicia! piden los Ejidatarios
de Chapultepec. (Diario de Guerrero, p.web)
Ejidatarios de Chapultepec municipio de Acapulco, acudieron al palacio de
gobierno para solicitar apoyo gubernamental y evitar
que proceda un juicio que se inició en su contra,
por el delito de despojo y que se radicó a raíz
de una denuncia interpuesta por particulares que
se dicen dueños de parte de su ejido, que se sitúa
muy cerca de la zona de Punta Diamante del puerto.
De acuerdo a la versión de los
comuneros, existe la resolución de un tribunal
agrario en el que dictan sentencia favor de
ellos y se ordena la restitución de la tierra ejidal,
atendiendo a la resolución presidencial de que data
de 1921 y la ampliación que se hizo en 1973, donde
se concede un total de 982 hectáreas de tierra para
320 comuneros, sin embargo una mujer española de
nombre Dolores Septiembre Septiem, vendió a particulares gran parte de sus terrenos
de los que se dijo dueña por ser descendiente de
dos españoles que estuvieron radicados en el lugar
hace más de 200 años y que fueron asesinados en
el lugar por la inconformidad de los pobladores
de aquellos tiempos.
Lauro Torres Valeriano, uno de
los comuneros que visitaron el palacio de gobierno,
señaló que recibieron buena atención de parte del
subsecretario de asuntos agrarios, y que les consiguió
una audiencia con el procurador General de Justicia,
Eduardo Murueta Urrutia para que con él revisen el estado en que se
encuentra la demanda penal que pesa en su contra.
Añadió que el interés por posesionarse
de esos predios, es porque se encuentran en una
zona bastante rica en atractivos naturales, pues
ahí convergen aguas de un río, de la laguna y del
mar, además de encontrarse bastante cerca del desarrollo
turístico del puerto de Acapulco, lo que le da un
valor que podía calcularse en varios miles de millones
de dólares.
Por último los ejidatarios hicieron
un llamado a la Secretaría de la Reforma Agraria
para que haga la ejecutoria de la resolución de
hace seis años en que se dictamina a favor del ejido
de Chapultepec.
Se aprovechan líderes, de programas sociales. (El Cinco.net., Evaristo Gutiérrez p.web).
Los líderes que encabezan
algunas organizaciones populares, no lo hacen por
amor al arte, se están llevando una buena tajada
del pastel al presentar proyectos productivos.
La acusación de la
delegada de la Secretaría de la Reforma
Agraria se dio luego de que un contingente de
la Organización Emiliano Zapata inició un plantón
en esa dependencia, encabezados por Esteban Ruiz
Lozoya.
El problema radica,
en que programas como el PROMUSAG, que va
enfocado a mujeres del sector agrario de escasos
recursos, son aprovechados para refritear
proyectos y proponerlos para ganarles en promedio
25 mil pesos a cada uno, según refirió Elva
Valles Olvera.
“Son proyectos que
vienen destinados para ejidatarias con pobreza patrimonial
y desgraciadamente no es así, porque las reglas
de operación dejan algunos huecos en los cuales
la gente que se puede mover es la gente tiene más
recurso, la gente tiene pobreza patrimonial ni sabe
que tiene algunos recursos”.
Destacó que es urgente
realizar algunas modificaciones a las convocatorias,
para que cuenten con más candados y que en realidad
estos apoyos sean utilizados al 100% por los beneficiarios
y no terminen haciendo ricos a unos cuantos líderes.
“El problema no es
la difusión, es el mismo capital social, los mismos
líderes, la misma estructura, estos apoyos se manejan
directamente con líderes o grupos libres”.
“Las reglas de operación
están en Internet, están a la orden de cualquier
gente, entonces la gente que los busca tiene un
nivel, la gente de escasos recursos no lo tiene,
entonces para elaborar un proyecto necesitas una
persona que entienda que te va a cobrar si es que
sale beneficiado”.
Valles Olvera, precisó que en promedio, un líder campesino cobra
5 mil 500 pesos por la elaboración del proyecto,
más 12 mil 600 de la asistencia técnica, por lo
que es urgente realizar cambios a las reglas.
“Se han ido mejorando
poco a poco las reglas de operación, pero hay que
mejorar, para que realmente el recurso llegue a
quien debe de llegar a quien debe de ser”.
Puntualizó que cuentan
con recursos, pero debido a que son proyectos a
fondo perdido, la demanda ha rebasado la capacidad
de la Secretaría, aunado a la viveza de algunos
líderes, que en ocasiones quieren abusar solicitando
apoyos para personas que ya fueron beneficiadas.
“Estos recursos son
a fondo perdido, de ahí se genera toda la problemática…tenemos
alrededor de unos 35 millones de pesos que todavía
no tenemos nada, nada más, están saliendo poco a
poco las autorizaciones…tenemos más de 110 proyectos
por apoyar, cuando hay unos 400, es mucha la demanda”,
concluyó.
Vamos por partes. (Diario de Yucatán, Roger Cicero, p.web).
De saqueo familiar, nacional y sistemático habló con ocasión
del LXXXII Aniversario de la muerte de Felipe Carrillo
Puerto el senador Paredes; su colega Dulce Sauri
acusa, por su parte, al gobernador actual de burlarse
de los campesinos mayas y de saquear sus tierras.
PRI contra PAN, y dos contra uno... Nada más.
Y nada más, porque si le rascamos un poco a los priístas, a
ellos, a los senadores, que son los acusadores y
no al acusado que con aguantar tiene suficiente,
les descubriríamos como partícipes de la reforma
a la Ley Agraria que le quitó a los ejidatarios
la seguridad de la propiedad y el aprovechamiento
de esas sus tierras que menciona la senadora. Y
si otro tanto le rascamos veríamos que Paredes no
ha hecho nada efectivo en favor de “los indios de
Carrillo Puerto” y que Dulce María Sauri sí, aunque
en contra: fue la suplente —del gobernador Víctor
Manzanilla Schaffer— y
le tocó dar el tiro de gracia a Cordemex,
y hacer “la venta de garaje” de los restos mortales.
Expulsan a otros 11 panistas. (Notiver, p.web)
Xalapa, Ver.- La Comisión de Orden del Comité Directivo Estatal
del PAN determinó expulsar a otros 11 militantes
de este partido -del total de 15, entre ellos, el
caso aún pendiente del alcalde de Veracruz, Julen Rementería- que estaban pendientes
en que les resolvieran su situación.
El secretario de dicha Comisión, Eusebio Cruz Ponce, informó
que evitaban dar los nombres de los expulsados,
hasta que no concluyan -a más tardar el jueves--
con la resolución de los 15 expedientes que faltaban
en contra de igual número de panistas
opositores a la reelección del dirigente estatal,
Víctor Alejandro Vásquez Cuevas.
"Lo que sí les puedo asegurar que de esos 15 casos, ya
resolvimos 11 con carácter de expulsión. Y los otros
4 casos, incluido el de Julen Rementería, presidente municipal
de Veracruz, quedará definido mañana y los 3 casos
restantes para pasado mañana (jueves)", detalló.
Entrevistado en la sede estatal panista,
Cruz Ponce afirmó que a todos los involucrados en
las solicitudes de expulsión, la Comisión de Orden
les concedió la garantía de audiencia para que tuvieran
el legítimo derecho de exponer lo que a sus intereses
conviniera.
Y el único que no se presentó fue Alejandro Cossío Hernández, todavía delegado estatal de la Secretaría
de Economía, porque los otros 14 acusados si acudieron
para argumentar que ellos no dañaron la imagen del
partido durante el rechazo al proceso interno de
elección de la dirigencia estatal.
Dejó en claro que la Comisión de Orden está aplicando íntegramente
los reglamentos y estatutos del Partido "y
si a eso los detractores le llaman mano dura, pues
si es mano dura para quienes violentan la ley de
Acción Nacional".
Reconoció que "a lo mejor eso le faltaba hacer al partido,
hacía mucho tiempo que no había ese tipo de sanciones
a militantes que de alguna u otra forma han dañado
la imagen del Partido".
-¿Represalias para quienes no comulgan con la política interna
del dirigente Vásquez Cuevas?
-No es una represalia, eso que quede claro. Mucho se ha dicho
que tenemos línea, que somos los esbirros del "Pipo"
(Vásquez Cuevas), sin embargo, la verdad es que
no es así, porque no hemos recibido consigna alguna.
En la lista de los 15 acusados además del munícipe porteño,
Julen Rementería y del delegado
de Economía, Alejandro Cossío,
se encuentran, el delegado de la Procuraduría
Agraria, Fernando Santamaría Prieto; y el ex
regidor de esta capital, Sixto Jasso
Parada.
Así como también: Gelasio Aguilar
Castro, Pedro José Delfín Almedida,
Marco Antonio Galicia Bernabé, Luis Arturo Sánchez
García, Arturo Parra Santoyo,
Julio César Díaz Hernández, Pedro Sosa Rodríguez,
Elsa Estela Gutiérrez Guzmán, Esteban Ramón Miranda,
Juan Manuel Martínez Ruiz y Fermín Perea Castro.
Por la espiral. (Ecos de
la Costa, Claudia Luna, p.web)
-¿Secretos de la política social?.
-Vázquez Mota y las estrategias.
Hace apenas tres meses, Josefina Vázquez Mota, entonces titular
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
durante la presentación de la glosa del V informe
de gobierno ante las Comisiones Unidas de Desarrollo
Social y Desarrollo Regional destacó: “Una de las
mejores políticas sociales que podríamos tener o
que podemos tener en este país es una muy buena
política económica”.
En estos momentos queda la duda de si fue la falta de “una
muy buena política económica” lo que orilló a Vázquez
Mota a pasarse al equipo de campaña del candidato
panista Felipe Calderón
Hinojosa; cuánto pesó la decepción hacia la administración
del presidente Vicente Fox,
en la que Vázquez Mota siempre mantuvo una actitud
de respeto institucional, y cuánto la búsqueda de
nuevos horizontes para un gabinete literalmente
“salado” porque la mayoría de los funcionarios que
renunciaron para perseguir otra posición han visto
truncar sus aspiraciones. La factura del foxismo
les ha costado.
De las pocas mujeres que formaron parte del círculo del poder
de este sexenio en el del primer nivel encontramos
cuatro mujeres en la foto inicial de presentación
del gabinete en noviembre de 2000: Marta Sahagún, vocera de la Presidencia;
Leticia Navarro, titular de la Secretaría de Turismo;
María Teresa Herrera Tello, titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria; y Josefina Vázquez Mota,
al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
De los destinos de cada una de ellas Sahagún
se convirtió en la esposa del presidente Fox
el 2 de julio de 2001, Herrera Tello dejó el cargo
en abril de 2003, Navarro lo hizo en julio de 2003
y Vázquez Mota renunció en los primeros días de
2006, casi aguantó hasta el final, fue la más profesional
del gabinete femenino y por mucho también dentro
de la gris cartelera masculina.
El Diario Oficial de la Federación publica hoy. (Notimex, p.web)
El Diario Oficial de la Federación presenta diversos documentos
de las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente,
Función Pública, Reforma Agraria y Comunicaciones,
así como del Banco de México y del Instituto Federal
Electoral.
La Secretaría de la
Reforma Agraria presenta dos acuerdos de dominio
pleno de las colonias agrícolas y ganaderas Pedro
C. Colorado, municipio de Huimanguillo,
Tabasco, y Morelos, en Champotón,
Campeche.
Razones. (Diario A.M., Jorge Fernández Menéndez, p.web)
Aranda, Payán y el realineamiento del poder.
Las designaciones de Ana Teresa Aranda en Sedesol y de Ana Rosa Payán en el
DIF, al igual que los cambios efectuados en las
subsecretarías de Gobernación, determinan, como
se ha dicho, un realineamiento
del Gobierno federal que incluye la incorporación
en altos cargos del poder de algunos de los cuadros
más representativos del panismo
más conservador (y en algunos casos ultraconservador),
al mismo tiempo que las figuras con un perfil más
liberal dentro del panismo, como Josefina Vázquez Mota, y próximamente Rodolfo
Elizondo y Florencio
Salazar, se han ido incorporando o lo harán,
de una u otra forma, a la estructura de campaña
de Felipe Calderón.
Pero el fenómeno admite, en ese mismo contexto, otras lecturas.
Primero, no estamos hablando de una ruptura entre
el Gobierno y el candidato panista:
simplemente, se refleja en ello las distintas tendencias
que coexisten en el PAN y en el Gobierno federal,
y se está operando ubicando esas fichas donde puedan
funcionar o para servir a la operación cicatriz
del propio partido. Por ejemplo, el nombramiento
de los subsecretarios de Gobernación confirma, por
si ello aún fuera necesario, que Carlos Abascal
tiene el control completo de la dependencia a su
cargo: ni una sola de las posiciones importantes
en Gobernación se puede decir, hoy, que no está
ocupada por una persona cercana al secretario. Si
Abascal ha logrado en estos meses una labor de estabilización
mucho mayor, en resultados, que su antecesor, ahora,
de cara al proceso electoral y con un equipo totalmente
“suyo”, deberá rendir más en ese aspecto.
No habrá más cambios en el Gabinete. (Notimex, p.web)
La Presidencia de la República negó que se vayan a registrar
más cambios en el gabinete y aclaró que todos los
secretarios de Estado que se encuentran actualmente,
terminarán su gestión junto con el presidente Vicente
Fox Quesada.
En conferencia de prensa, el vocero Rubén Aguilar Valenzuela
rechazó las versiones que hablan de otros reacomodos
en el gabinete y dijo que desconoce de donde salieron
esas versiones.
Precisó que tanto el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, como el de Turismo, Rodolfo Elizondo,
le han dicho al mandatario que terminarán su trabajo
hasta concluya esta administración.
Rechazan más reacomodos en gabinete de Fox. (El Universal On Line,
p.web.)
Aclara el vocero presidencial, Rubén Aguilar, que todos los
secretarios de Estado que se encuentran actualmente,
terminarán su gestión junto con el presidente.
La Presidencia de la República negó que se vayan a registrar
más cambios en el gabinete y aclaró que todos los
secretarios de Estado que se encuentran actualmente,
terminarán su gestión junto con el presidente Vicente
Fox Quesada.
En conferencia de prensa, el vocero Rubén Aguilar Valenzuela
rechazó las versiones que hablan de otros reacomodos
en el gabinete y dijo que desconoce de dónde salieron
esas versiones.
Precisó que tanto el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, como el de Turismo, Rodolfo Elizondo,
le han dicho al mandatario que terminarán su trabajo
hasta concluya esta administración.
Elizondo y Salazar siguen en sus
puestos: Presidencia. (Milenio, p.web)
El vocero, Rubén Aguilar aclaró que no habrá más renuncias
dentro del gabinete del Presidente Fox.
El vocero de la presidencia, Rubén Aguilar aclaró que no habrá
más salidas ni cambios dentro del gabinete del presidente
Vicente Fox.
Durante la conferencia de prensa mañanera que se lleva a cabo
en la residencia oficial de Los Pinos, el funcionario
federal descartó que los secretarios de Turismo,
Rodolfo Elizondo, y de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar presenten
sus renuncias para unirse a la campaña de Felipe
Calderón.
“Tanto el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y Rodolfo Elizondo,
secretario de Turismo no van abandonar el gabinete,
va a estar hasta el final. No hay ningún cambio
a nivel secretarial en el gobierno en adelante.
Está claro, está eso definido, no hay ningún elemento
para afirmarlo”, sentenció.
Puedo asegurar, dijo, de manera tajante que todos los secretarios
de Estado que están hoy en sus cargos son los “secretarios
que van a terminar la gestión”.
El acento en las columnas. (Grupo Radio Fórmula, José Cárdenas, p.web)
Surge nuevo “Nico” en el Consejo
de la Judicatura.- Joel Hernández apunta que ahora
resulta que en el Poder Judicial de la Federación
surgió un nuevo "Nico",
esa modalidad de choferes
cuyos jefes les ven los suficientes atributos como
para asignarles un sueldazo. Este caso se produjo
en el Consejo de la Judicatura, donde María Teresa
Herrera Tello, quien apenas cumplió un año en su
chamba, encontró la rendija para poner a su chofer
en la nómina con ingresos por casi 60 mil pesos
mensuales. Sólo falta que la ex secretaria de
la Reforma
Agraria y ex consejera jurídica de la Presidencia
también le copie a Andrés Manuel López Obrador el
cargo de "coordinador de logística" para
justificar que quien le maneja el coche cobre tanto.
Porque el chofer de la consejera Herrera se embolsa
más del doble de lo que reciben los choferes
de sus colegas en la Judicatura.
Obra pública concesionada por $178 mil millones,
herencia de Fox. (La Jornada,
Víctor Cardoso, p.web).
Antes del primer semestre se ejercerán casi dos
tercios del presupuesto anual.
La SCT concursará 16 de 22 proyectos previstos desde
2000; constructores privados financiarán la mayor
parte de 700 mil créditos hipotecarios en el sector
de la vivienda.
Con una canasta de proyectos de construcción de infraestructura
pública y vivienda que implican inversiones por
alrededor de más de 178 mil millones de pesos (unos
16 mil millones de dólares), el gobierno de Vicente
Fox cerrará con broche
de oro su administración y dejará una herencia de
jugosos negocios para la iniciativa privada que
se encargará de financiar esas obras.
Por medio del esquema de concesiones, las obras en infraestructura,
así como las de vivienda, involucrarán el mayor
monto de recursos comprometidos con el sector privado
desde 1997.
En cartera se encuentran, por ejemplo, 16 de los 22 proyectos
carreteros que estaban considerados desde 2000 en
el programa de concesiones de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y que no se llevarán a cabo
con recursos públicos, debido a que no fue posible
recapitalizar el Fondo de Infraestructura (Finfra)
operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras).
Paralelamente, en la mira de los constructores de vivienda
se encuentran 700 mil créditos hipotecarios, cifra
que apenas este año alcanzaría la meta establecida
desde comienzos de sexenio.
Otras importantes obras que serán financiadas por los grandes
corporativos de la iniciativa privada, con cargo
al gobierno, son plantas de tratamiento de agua;
plataformas marinas para Petróleos Mexicanos (Pemex) y plantas de energía eléctrica para la CFE, como la
construcción de las hidroeléctricas La Parota, cuyo
costo se calcula en mil millones de dólares, y La
Yesca, que involucrará unos 700 millones de dólares,
entre otros.
La intención gubernamental de imprimir mayor dinamismo a la
inversión en este año electoral coincide con la
meta, establecida en el presupuesto de egresos de
2006, de ejercer casi dos terceras partes de los
recursos durante el primer semestre del año.
Cierre millonario
Aunque los proyectos ya se tenían identificados desde la década
pasada, el gobierno del presidente Vicente Fox
decidió liberar las licitaciones para llevar a cabo
la mayor parte de las obras de infraestructura más
importantes para el país en el último tramo de su
administración. Fue a partir de julio del año pasado
cuando se comenzaron a liberar los millonarios proyectos
entre los que se incluyó la construcción del Ferrocarril
Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de
México (Buenavista-Cuautitlán).
En busca de autorización de las comunidades que serán afectadas
por la presa La Parota, en el estado de Guerrero,
la CFE mantiene negociaciones con los lugareños
para evitar protestas y bloqueos de los trabajos
de construcción. Una vez obtenida la autorización
de los habitantes de la zona la paraestatal prevé
lanzar la convocatoria para licitar su construcción
y operación mediante el esquema de Proyectos de
inversión con impacto diferido en el registro de
gasto (Pidiregas). Mediante
este mecanismo también se prevé la construcción
de otra hidroeléctrica, La Yesca, en el estado de
Nayarit.
El monto de los proyectos de obra pública, que serán financiados
por inversionistas privados a cambio de la concesión
para su construcción y operación, es 11 por ciento
superior al de 2005 por alrededor de 159 mil 796
millones. De acuerdo con datos de la Secretaría
de Hacienda, en 2001 el actual gobierno apenas pudo
impulsar la participación privada en obras que involucraron
inversiones por 92 mil 210 millones de pesos.
Otros proyectos que se tiene previsto arrancar al cierre del
sexenio son el ferrocarril inter-terminales
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México;
la reconfiguración de
la refinería de Minatitlán
y la construcción de la autopista Arco Norte de
la ciudad de México, entre las más destacadas. Esta
última ya fue concesionada a la empresa IDEAL, del
magnate Carlos Slim Helú, pero el proceso se enturbió
con la inconformidad de uno de los participantes,
el consorcio español formado por las empresas Acciona
y FCC Construcción, cuya oferta fue descalificada
por la dependencia.
Los mismos de siempre
Tan apetecibles son las inversiones que se promoverán durante
este año que los principales grupos económicos del
país ya se preparan para obtener la mayor participación
de concesiones de infraestructura.
Grupo México, por ejemplo, cuya principal actividad se encuentra
en la minería, junto con su concesión del Ferrocarril
Mexicano (Ferromex), invirtió 50 millones de dólares para crear una
filial dedicada a la construcción; el poderoso Grupo
Carso tiene entre sus principales objetivos fortalecer
a subsidiarias como Carso Infraestrucra
y Construcción SA, que tiene en proceso la construcción
de cinco plataformas marinas para Pemex
y anunció que participará en nuevas licitaciones
previstas para los próximos meses.
Otras empresas de Carso son Swecomex
y PC Construcciones, especializadas en la construcción
de plataformas petroleras y otro tipo de obras relacionadas
con el sector energético.
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la mayor constructora del
país, realizó maniobras para aumentar su capital
en 230 millones de dólares; pagó la totalidad de
su deuda corporativa y bursatilizó,
para contar con más recursos, los flujos de sus
concesiones Corredor Sur y del Túnel Acapulco, que
le representarán 70 millones de dólares adicionales.
Este corporativo es, además, el principal operador privado
de autopistas concesionadas; recientemente ganó
los concursos para construir la hidroeléctrica
El Cajón, en el estado de Nayarit, con inversiones
por arriba de los 750 millones de dólares, así como
la construcción del ferrocarril inter-terminales
del Aeropuerto de la Ciudad de México.
El negrito en el arroz
No obstante los ambiciosos planes de inversión en infraestructura
pública financiados con recursos privados durante
este año, hay uno que no termina de cuajar: el proyecto
petroquímico Fénix, cuyas inversiones serían de
unos 2 mil 500 millones de dólares, y que al parecer
quedó aplazado indefinidamente para que Pemex
concentre sus recursos en la ampliación y modernización
de los complejos Morelos y Cangrejera
Sector agropecuario
Inaceptable, negar audiencia previa en expropiaciones:
ministros. (La Jornada, Jesús Aranda,
p.web)
Discusiones en la Corte podrían concluir que el
TLCAN es inconstitucional, advierten.
El pleno de la Suprema Corte comenzó la discusión sobre la
viabilidad de que se aplique la garantía de audiencia
"previa" en actos de expropiación y, con
ello, la posibilidad de modificar la tesis de jurisprudencia
del propio tribunal -que data de 1997- que señala
que la audiencia en caso de expropiación es "posterior"
al acto de aplicación. Al analizar la demanda contra
el decreto de expropiación de cinco ingenios cañeros,
hubo ministros que advirtieron que, en caso de que
la Corte considere que lo establecido en el TLC
con Estados Unidos y Canadá y en otros acuerdos
comerciales debe aplicarse también en el país -como
es el caso de la audiencia previa y el pago anticipado
del predio antes de que se consume la expropiación-,
la Corte tendría que analizar también que dichos
acuerdos comerciales son contrarios a la Constitución
y, por tanto, tendría que declararse su ilegalidad,
lo que provocaría su anulación.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos en la sesión de ayer,
al menos cinco ministros -Genaro Góngora Pimentel,
Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita
Beatriz Luna Ramos- adelantaron que es inaceptable
que exista discriminación en perjuicio de los ciudadanos
mexicanos -a quienes la ley no les otorga la audiencia
previa-, en detrimento de los extranjeros, quienes
sí tienen contemplada esa garantía en los acuerdos
comerciales que datan de 1994.
Según este criterio, la Corte tendría que amparar a los representantes
y propietarios de Fomento Azucarero del Golfo, Banco
Internacional, María Teresita Machado Castillo,
Ingenio José María Morelos e Ingenio La Margarita
contra el decreto expropiatorio
de ingenios azucareros del 8 de enero de 1982, fecha
en que, por cierto, fueron 27 los ingenios expropiados.
Aguirre Anguiano dijo que se deben endurecer las reglas de
expropiación antes de afectar la propiedad privada,
y subrayó que la crisis en la industria azucarera
se debe a la falta de una política pública adecuada.
El proyecto de dictamen de uno de estos asuntos fue presentado
por Juan Díaz Romero, quien propuso a sus compañeros
negar el amparo solicitado porque los demandantes
no justificaron que el acto de aplicación no haya
sido debidamente fundado y motivado por el quejoso.
Consideró que sería muy peligroso que el máximo
tribunal se plegara a lo establecido en tratados
y convenios comerciales -en materia de audiencia
previa-, y que en todo caso lo que tendría que hacer
la Corte es decretar la inconstitucionalidad de
dichos acuerdos.
Sin embargo, dejó en claro que este tema en concreto no debía
abordarse, "porque no forma parte de la litis",
y que su postura era que no se revisara la tesis
vigente.
Los otros ministros que participaron esbozaron apenas su argumentación,
aunque José Ramón Cossío
sostuvo que él sí era partidario de revisar la tesis
referida, debido a que, a diferencia de 1997, hay
tres nuevos ministros que no han fijado su postura.
En ese caso estarían Margarita Beatriz Luna Ramos,
quien dijo estar en favor de modificar la tesis;
mientras Sergio Valls,
si bien aceptó que los citados tratados son discriminatorios,
dijo que "no es momento de discutir la tesis
de la Corte".
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia alertó
sobre el trato discriminatorio para los mexicanos
en materia de expropiación, a la luz de los tratados
internacionales firmados por el país y, aunque en
1997 votó en favor de la audiencia posterior, ayer
dijo que seguiría el pulso de la discusión y los
argumentos para fijar una postura. Sin embargo,
comentó que si en México se aplicara la audiencia
previa, la justicia federal no se enfrentaría a
los casos de inejecuciones de sentencia, que las
más de las veces tienen que ver con el incumplimiento
de sentencias derivadas de actos de expropiación.
Dijo que sería sano que la legalidad de los actos
expropiatorios se concretara antes de la medida y no después,
además de la conveniencia de que se pagaran las
indemnizaciones antes de que se consume la acción.
Participarán en la sesión del próximo jueves Olga Sánchez Cordero
y el ministro presidente, Mariano Azuela.
La importancia de determinar si se violó la garantía de audiencia
previa radica en que, si el pleno determina que
así ocurrió, se tendría que conceder el amparo a
los quejosos -representados por un mismo despacho
de abogados- y ya no sería necesario discutir otros
aspectos de la demanda.
Pero si prevalece el criterio de que la tesis de la Corte aún
rige, el pleno continuaría la discusión sobre otros
aspectos del decreto que impugnan los quejosos.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
Ubican cuatro puntos de conflicto en los límites
territoriales del DF y el Edomex. (La Jornada, Ángel Bolaños, p.web).
Revisan representantes de ambas entidades realización
de obras.
El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz
Suárez, informó que dentro de los trabajos en la
Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana,
para la definición de límites territoriales con
el estado de México, se tienen detectados cuatro
puntos conflictivos.
Resaltó el caso de las comunidades de Xalatlaco,
en el municipio mexiquense del mismo nombre, y Santo
Tomás Ajusco, en la delegación
Tlalpan, que se disputan
mil 509 hectáreas de tierra.
El funcionario señaló que en la reunión que tuvo el lunes con
el nuevo subsecretario de Gobernación, Arturo Chávez,
y el secretario de Gobierno del estado de México,
Humberto Benítez Trevino,
se acordó además entre los funcionarios de ambas
entidades entregar a la dependencia federal un avance
de las propuestas de obras que se realizarán este
año con recursos del Fondo Metropolitano, como es
el caso de la construcción del distribuidor vial
que unirá a las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita
Iztapalapa, la carretera federal y la autopista México-Puebla.
El propósito, explicó el funcionario, sería realizar este año
por lo menos una obra de cada una de las áreas:
agua, vialidad, medio ambiente y desechos sólidos,
entre otras.
Respecto de los puntos limítrofes conflictivos, tema que forma
parte de la mesa de trabajo sobre asentamientos
humanos, que tiene como tarea revisar y actualizar
el Programa de ordenación de la zona metropolitana
del valle de México, Ruiz Suárez señaló que se está
revisando cuáles son los escenarios posibles a que
podrían dar lugar las resoluciones jurídicas, las
de los tribunales y definir acciones preventivas
como establecer mesas de trabajo conjuntas entre
las comunidades, con la participación de los gobiernos
federal y de ambas entidades.
"Lo que estamos haciendo es precisamente una agenda, digamos
de riesgos, que estamos analizando conjuntamente
para que, de común acuerdo y con la participación
en algunos casos del gobierno federal, podamos diseñar
las estrategias que permitan mantener la tranquilidad
y establecer una relación con las comunidades",
señaló.
En los casos de los proyectos de obras, dijo que se está en
la etapa del procesamiento técnico para definir
la presupuestación exacta
de la obra, el proyecto técnico, quién licita y
bajo qué mecanismo, entre otros aspectos.
Así, por ejemplo, en el caso de la construcción del distribuidor
vial de Zaragoza y la carretera a Puebla, una de
las propuestas es que cada entidad se haga responsable
de licitar la obra que corresponde dentro de sus
respectivos territorios, y de igual manera la supervisión
de la misma, en la que participaría también el gobierno
federal.
GUERRERO
Se amparan comuneros de El Capulín; los ratifican
como dueños de 456 hectáreas. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web).
Chilpancingo, Gro., 10 de enero.
El juez primero de distrito con sede en esta capital
otorgó un amparo a comuneros de El Capulín, municipio
de Tlacoapa, y ratificó
que son dueños de 456 hectáreas de tierras que en
2005 fueron invadidas por labriegos de Moyotepec,
municipio de Malinaltepec.
El amparo a los comuneros pretende evitar que las autoridades
agrarias midan de nuevo las tierras, reclamadas
también por ejidatarios de Ocuapa,
del municipio de Copanatoyac.
En 2005 campesinos de Moyotepec,
armados con machetes y rifles incursionaron tres
veces en El Capulín, donde desalojaron a más de
cien familias e incendiaron medio centenar de viviendas
y cultivos. Desde entonces estas cien familias indígenas
mixtecas, viven en un
cerro, protegidas por policías estatales.
En entrevista, Evencio Romero Sotelo, líder cenecista en el estado,
y abogado de los comuneros de Tlacoapa,
advirtió que el fallo que favorece a sus representados
podría agravar el conflicto.
Miente la CFE en caso La Parota, advierten. (Despertar de la Costa, p.web).
*Señalan que serán dos presas y no una las que se construirán
sobre el río Papagayo.
Marquelia, Gro.- La
Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaría mintiendo
en el caso de la presa de La Parota, de acuerdo
con conocedores del proyecto, pues serían dos y
no uno los vasos contemplados en el proyecto denominado
“133 CH La Parota”.
Informes recabados por este medio en la zona de conflicto,
advierten que la paraestatal y el gobierno del estado
están ocultando información valiosa a los guerrerenses,
ya que si bien últimamente han informado que están
contemplados “otros” proyectos hidroeléctricos en
la entidad, particularmente en Costa Chica, no se
dice que el “133 CH La Parota” ya incluye la construcción
de una segunda presa, denominada “presa de cambio
de régimen”, misma que estará ubicada a 9.4 kilómetros
aguas abajo del vaso principal.
A diferencia de la primera presa, que tendrá una cortina de
181.75 metros de elevación y de 877 metros de longitud,
tipo “enrocamiento con cara de concreto”, la segunda presa estaría
formada por una cortina de 40 metros, tipo “concreto
compactado con rodillos”, y con una longitud de
145 metros. En la primera, el surtido de agua sería
a través de túneles. En la segunda, a través de
canales. En ambas se produciría electricidad a través
de tres turbinas en la primera y de dos en la segunda.
> Interrogantes
El señalamiento clave es que serán dos áreas a inundar y no
sólo una, lo cual no es conocido por los propietarios
de terrenos.
También se ignora si el segundo vaso, a 9 kilómetros aguas
abajo de distancia de La Parota, está incluido en
el área que se pretende expropiar.
Un sector de los afectados, quienes estuvieron operando ayer
en varios municipios de Costa Chica, para difundir
la información, recalcaron que la omisión tanto
por parte de la CFE como del gobierno del estado,
se debe a que en esa segunda presa se construiría
la infraestructura necesaria para desfogar agua
ya sea para riego o para agua potable, que es el
beneficio que ellos persiguen sobre todo en Acapulco.
Reclaman que aún conociendo el proyecto de primera mano, tanto
el gobernador del estado, Zeferino
Torreblanca Galindo, como los alcaldes de los municipios
que resultan afectados por el proyecto “133 CH La
Parota”, se hayan callado.
Refirieron también que toda vez que serán dos áreas las que
se inunden, y dos cortinas las que se construirán
sobre la corriente principal del río Papagayo, el
daño ecológico será mayor para el ecosistema de
los últimos 30 kilómetros del embalse, antes de
su desembocadura al mar.
> Dos presas un proyecto
El expediente “133 CH La Parota” incluye la construcción de
los dos diques pero se está promocionando como un
sólo proyecto. También se está licitando en un sólo
contrato mixto, dijeron las fuentes.
Como se recordará, en diciembre se hicieron públicas las bases
para una licitación internacional, bajo la Modalidad
de Contratación Mixta de Obra Pública Internacional
Financiada, del proyecto “133 CH La Parota”, y en
abril se estarán concursando, señalaron directivos
de la paraestatal ante representantes del Partido
de la Revolución Democrática en la entidad.
Las obras de construcción del proyecto “133 CH La Parota”
tardarán 4 años, anunció la Comisión Federal de
Electricidad ante un grupo de perredistas,
la semana pasada.
La licitación incluye ocho secciones y el contrato que se adquiera
será mixto, donde se incluyan Obras Civiles, Obras
Electromecánicas y Obras Asociadas, Procura, Ingeniería,
Fabricación, Transporte y Montaje, Pruebas y Puesta
en Servicio de Tres Unidades Turbogeneradoras
de 300 MW de Potencia Nominal cada una, cita la
paraestatal en su reporte. Como se puede apreciar,
no se mencionan las 2 turbinas generadoras en el
segundo vaso.
Con base en lo programado, el 6 de octubre próximo se iniciará
la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota,
obra que terminará en 2010. En los dos años siguientes
se estima que se llenará el vaso construido y la
generación y venta de energía estaría concretándose
en diciembre del 2012.
Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvieron
una reunión con la dirigencia estatal del PRD en
Guerrero, para explicarles los beneficios que la
construcción y funcionamiento de la presa traerá para la región. Cuitláhuac
Rangel Alcaraz, representante, y el asesor general del director
de la CFE, Alfredo Elías Ayub,
aseguraron que la paraestatal cumplirá plenamente
con el pago de las indemnizaciones a los afectados
en sus ejidos y parcelas por la edificación de la
presa hidroeléctrica La Parota.
Dijo que se implementarán programas integrales para el beneficio
social para que los campesinos logren un mejor sustento
económico que garantice la armonía y la subsistencia
de los pobladores de la región que involucra los
municipios de Acapulco, Tecoanapa,
San Marcos, Juan R. Escudero y Chilpancingo.
> Menor costo
Como ya hemos informado, La Parota fue elegida de entre
otros proyectos programados desde hace 30 años,
por el bajo costo y la calidad de la energía que
se generaría. Lo anterior surgió de estudios comparativos
y por la experiencia que se tenía de la presa Ambrosio
Figueroa (La Venta), ubicada sobre la corriente
principal del Río Papagayo, aguas arriba en su confluencia
con el río Omitán, y que
entró en operación en 1964.
La CFE tiene intención de revivir todos los proyectos
que se congelaron durante 30 años, como es el caso
de La Parota.
QUINTANA ROO
Denuncia el PRD a Hendricks. (Yucatán.com, p.web).
El PAN analiza si se suma a la
demanda penal por tierras.
Diputados del PRD interpondrán
una denuncia penal contra el ex gobernador Joaquín
Hendricks Díaz, a quien
acusan de la expropiación ilegal y posterior venta
de 700 hectáreas de tierra en Solidaridad, las cuales
vendió a $95,714 cada una, informan los legisladores
Maribel Villegas Canché y Marcos Basilio Vázquez.
La fracción panista
analiza la posibilidad de sumarse a la demanda que
interpondrán ante la PGR en la ciudad de México.
Maribel Villegas indicó que concejales
de la pasada administración playense
informaron que durante el gobierno de Hendricks
Díaz expropió 700 hectáreas de terrenos ejidales
de la zona conocida como la Cruz de Servicios, en
Playa del Carmen.
Agregó que el gobierno estatal
entregó los predios a Infovir
que a su vez los vendió a la empresa “Ronac
S.A de C.V.”, presidida por Rodolfo Rosas Moya, a $67 millones, es
decir, $97,714 cada hectárea. Maribel Villegas comentó
que ahora los predios están a la venta a $5,000
el metro cuadrado, incluso, la empresa ya comercializó
parte del predio con representantes de Plaza Las
Américas y Chedraui.
Maribel Villegas comentó que la
denuncia se interpondrá ante la PGR México para
asegurar que tenga un proceso legal apegado a derecho.
“El probable delito que se configuraría
por venta privilegiada de esas costosas tierras
a la empresa particular sería enriquecimiento inexplicable,
pero los abogados trabajan en el sustento legal”,
dice. Al respecto, el legislador local Basilio Vázquez
comentó que el capital social que mostró la empresa
para respaldar la compra fue de $50,000, en pagaré,
mismo que presumiblemente garantizaría el pago de
los $67 millones que se pagarían al gobierno.
Por último, dijo que a todas luces
se puede observar que se trató de un acto disfrazado.
41 querellas contra Hendricks. (Por Esto!, Víctor Rodríguez, p.web).
Playa Del Carmen, Solidaridad, 10 de enero.- El ex gobernador
Joaquín Hendricks Díaz,
Francisco Rangel Castelazo, Ofelia González
Whitt y el entonces presidente
municipal Gabriel Mendicuti Loría, entre otros, suman
otras 12 denuncias penales en su contra por el fraude
cometido a los habitantes de la colonia Luis Donaldo
Colosio Murrieta, para hacer un
total de 41 interpuestas por la asociación civil
"Tierra y Libertad en Solidaridad" ante
el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), en
la cual manifiestan las irregularidades que incurrieron
para conformar la Desarrolladora.
El presidente de la asociación civil, Aniceto Cruz Hernández,
convocó a la reunión semanal con los integrantes
de la misma para informarles de la situación legal
que llevan las denuncias interpuestas ante el MPFC,
señalando que el pasado viernes 6 de enero interpusieron
a las 8 de la noche otras 12 denuncias que, sumadas
a las otras, hacen el total de 41 querellas, donde
la gran mayoría ha ratificado ante el agente investigador.
Inclusive explicó que el proceso para conseguir la regularización
legal de los predios de la colonia Luis Donaldo
Colosio Murrieta
lleva avances favorables. "Podemos señalar
que la gente de la Desarrolladora de la Riviera
Maya se siente acalambrada, porque el notario público
está validando que es legítima propietaria, cuando
no existen documentos que lo comprueben, así que
le dijimos que buscaríamos en los libros del Registro
Agrario", agregó.
La presencia de más de 150 habitantes de la Colosio les da fuerza para seguir de frente en la lucha por
desenmascarar el fraude de Hendricks
Díaz, Francisco Garibay Osorio, Mendicuti Loría, Rangel Castelazo,
González Whitt y demás
integrantes de la Desarrolladora, porque las tierras
son de fundo legal por decreto en 1973 del presidente
de la República, Luis Echeverría Álvarez.
"No es posible que nuestras autoridades que tenían la
obligación de velar por los intereses del pueblo,
sobre todo de satisfacer la demanda de vivienda
en la Riviera Maya, confabuladas
con quienes dicen ser los propietarios de origen
extranjero, por si fuera poco, de una vasta extensión
de tierra que abarca la colonia Colosio,
hayan hecho equipo para estafar a los mexicanos",
insistió a la gente Aniceto Cruz Hernández.
Explicó a la gente que de ninguna manera puede ser tratada
como invasora, sino como ocupantes de tierras del
fundo legal que el Gobierno del Estado como propietario
no quiso regularizar, por supuestos problemas legales
con Rangel Castelazo,
irregularidades que han logrado evidenciar en los
diversos medios de comunicación, así como en la
demanda penal interpuesta en contra de los antes
señalados.
Intervendría la
Legislatura del Estado
Finalmente, el presidente de la asociación civil "Tierra
y Libertad en Solidaridad", Aniceto Cruz Hernández,
explicó a los asistentes que en los próximos días
el Poder Legislativo del Estado tendrá toda la información
e intervendrá con respecto al caso que pelean como
agrupación, a fin de buscar posibles soluciones,
aportando pruebas sobre las irregularidades en que
incurrió el ex gobernador, otros funcionarios y
los ilegales "propietarios".
Cartones
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