CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2005

OCHO COLUMNAS

Dicen legislar, pero…

Rechaza Jackson poco trabajo del Congreso; un estudio del CIDE lo desmiente

Se estanca el combata a la corrupción

México, en el lugar 65 entre 159 naciones

Tendrá Pemex $23,000 millones más

El jueves se votará en el pleno su nuevo régimen fiscal

Récord de inversión extranjera en Bolsa

Impone marca de 215.5 mil mdd la capitalización del mercado

Casas chatarra, las revendidas por los Bribiesca

Daños en las mil 700 viviendas compradas al IPAB

IFE y gobierno, desarmados ante Castañeda

Confusión por el fallo de la CIDH

Viva, la tercera vía en el PRI: Jackson

“Estoy más que vivo”, afirma el senador

Se avecinan promesas y demagogia

Hay que ser “muy cuidadosos”: Fox

Habrá ayuda, pero no “de gorra”: Fox

Todos tenemos que trabajar bajo la fórmula de la corresponsabilidad, dice a damnificados en Oaxaca

Indigna nepotismo en gobierno de Peña Nieto

Sector agrario

Exigen diputados acuerdo territorial con Guatemala. (El Sol de México, Gabriel Xantomila, p.web).

Advierten riesgo de un conflicto internacional como el del Chamizal.

Antes de que se convierta en un conflicto internacional, que llevaría décadas en resolverse, la Cámara de Diputado exigió del Ejecutivo federal, atender a la brevedad, con el Gobierno de Guatemala, la pérdida de territorio mexicano por la desviación del río Suchiate, en Chiapas, a consecuencia del huracán "Stan”.

Los diputados María Ávila Serna y Emilio Badillo Ramírez, ambos de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, adelantaron a El Sol de México, que presentarán un punto de acuerdo de "urgente y obvia resolución”.

Ávila Serna recordó el antecedente del parque El Chamizal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando el río Bravo se desbordó y le comió ese territorio a México, que finalmente después de una controversia internacional, que duró años, le fue devuelto a nuestro país el territorio que le correspondía.

En el caso del río Suchiate, lo más procedente es que los diputados que integran la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, exijan al Ejecutivo federal, al Gobierno de Chiapas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, de la Reforma Agraria, y la Comisión Nacional de Agua, su pronta intervención antes de que se convierta en un conflicto internacional y genere inseguridad en ambas fronteras.

Inclusive, destacó que en la sesión de este martes abordarán el tema desde tribuna, para plantear la aprobación de un punto de acuerdo de "urgente y obvia resolución", para exhortar a las autoridades involucradas a intervenir de manera inmediata, y evitar así un conflicto mayor.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México destacó que con la desviación del cauce del río Suchiate, nuestro país pierde una porción de su territorio, estimada en 500 metros de ancho y al menos siete kilómetros de largo, consecuencia del paso del huracán "Stan”.

Pide el PAN estatal que Creel explique por qué dijo que Guerrero es un foco rojo en la elección interna. (El Sur, Zacarías Cervantes, p.web)

El dirigente panista, Javier de Jesús Zepeda Constantino, dijo que su partido garantizará en la entidad imparcialidad y transparencia en la elección del próximo domingo.

Chilpancingo.

El presidente de la delegación estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier de Jesús Zepeda pidió que el precandidato presidencial de su partido, Santiago Creel Miranda, diga en qué se fundamenta para señalar a Guerrero como uno de los posibles focos de irregularidades en la tercera ronda de votación que se realizará el próximo domingo.

El dirigente estatal panista dijo ayer que la delegación del PAN en este estado garantiza imparcialidad y transparencia en la elección interna del domingo pero que además no se dejará avasallar por los equipos de campaña de ninguno de los precandidatos.

El precandidato de Creel Miranda declaró ayer a Milenio Diario que como “posibles focos de irregularidades” en la elección del domingo están los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero por lo que pidió a la dirigencia nacional la presencia de observadores.

Entrevistado, el líder estatal del PAN dijo que está de acuerdo en la presencia de observadores pero que en cuanto a que Guerrero es un estado en donde podría haber irregularidad, “yo le pediría que nos diga en qué fundamenta su apreciación”.

El dirigente estatal admitió que con la presencia de observadores el próximo domingo se garantizará más transparencia en la jornada.

De Jesús Zepeda –quien pertenece al grupo del secretario de la Reforma Agraria (SRA), el guerrerense Florencio Salazar Adame, quien a su vez apoya al precandidato Felipe Calderón– dijo que la dirigencia panista en Guerrero garantizará una elección imparcial y equitativa y que no permitirá que ninguno de los equipos de campaña de los precandidatos avasallen a la delegación estatal.

Antes, en la conferencia de prensa de los martes de Jesús Zepeda informó, asimismo, que en Guerrero existe un padrón de aproximadamente 21 mil militantes y miembros adherentes y que serán instalados 48 centros de recepción del voto en las principales ciudades de la entidad.

Aseguró que la dirigencia estatal garantiza imparcialidad y rechazó que asista sólo a los actos proselitistas del precandidato Felipe Calderón, “yo recibo y acompañado a los tres precandidatos para certificar que todo se conduzca conforme a la normalidad porque queremos un proceso totalmente legitimado”.

El dirigente panista informó asimismo que en el caso de las denuncias por irregularidades cometidas sobre todo en estados como Yucatán, ya están siendo revisadas por la Comisión de Elecciones que es la autoridad responsable del proceso interno, sin embargo, que al parecer todo se debió a “malos entendidos” puesto que se ha venido a evidenciar que “son cuestiones de puro dicho pues no se ha podido comprobar nada”.

Señaló que la Comisión de Elecciones de su partido ha prometido que se va a “limpiar” el proceso en donde haya pruebas con la anulación de los votos.

Incomunica el INEGI a ejidatarios linarenses. (Milenio, Brígido Aguilar, p.web).

Monterrey

Pequeños propietarios de un sector de Linares quedaron sin comunicación terrestre, después que por un error que cometió el INEGI, cercaron el camino que los llevaba a sus lotes.

Al principio de este año el INEGI midió el área rural de Linares y el camino que conducía de la ciudad de Linares a el ejido El Canelo lo desapareció, a la altura de la comunidad La Escondida, señalando por escrito que esa brecha pertenecía a la parcela número 2 de la última comunidad mencionada.

Ayer, por lo menos 10 campesinos son afectados al no poder llegar a sus tierras a pesar de contar con documentos que les otorgó la Procuraduría Agraria que los faculta para utilizar dicho camino vecinal.

El pequeño propietario, Luis Carlos Mata Garza, es una de las personas afectadas por estos errores, cometido, como le llaman ellos, por gente de escritorio.

“No se vale que estos errores garrafales que hace gente inexperta del INEGI, de andar midiendo terrenos sin bases, documentación o mapas agrarios, para apoyarse en los trabajos que van a realizar, yo tengo un papel que otorga que el camino que han sacado es derecho de paso, o sea una brecha, pero estos señores lo niegan y le dan a este camino el grupo de la parcela numero 2 del ejido La Escondida, quienes fueron los que en estos días cercaron el camino porque un documento del INEGI se los otorga; yo quiero decir que si Fox desconoce todo esto y repruebo que si no tiene conocimientos por qué firma esos documentos, estoy enterado que en otras partes de Linares está pasando lo mismo y también en Galeana esta pasando lo mismo, esto puede ser grave porque puede llegar a los golpes y hasta morir gente por este conflicto”, señaló.

Los afectados están preocupados porque inicia la temporada de cosecha y no saben qué hacer para sacar sus productos como frijol, maíz, cártamo, alfalfa; esperan que pronto intervenga el gobierno federal.

Campesinos, contra tarifas. (Milenio, Martín Anaya, p.web).

Tezontepec de Aldama, Hidalgo.

Aseguran que les quieren cobrar cantidades “exorbitantes y ofensivas” por concepto de constancias de posesión de tierras.

Miembros del ejido Santa María Nativitas Atengo, en Tezontepec de Aldama, acusaron al comisario Gabriel Benítez de pretender lucrar con las necesidades de sus agremiados.

Aseguran que les quieren cobrar cantidades “exorbitantes y ofensivas” por concepto de constancias de posesión de tierras, y que no están de acuerdo en pagar mil quinientos pesos por una constancia.

Los ejidatarios alegan que en un inicio el representante ejidal impuso una tarifa de ciento cincuenta pesos, pero aseguran que el cambio les sorprende.

Luciano Ruiz, Eliseo Ángeles, Mario Ballesteros y Pedro Barrera señalaron que Benítez presenta como argumentos “los gastos de operación”. Sin embargo, insistieron que no están en posibilidades de pagar esa cantidad.

Como consecuencia, dijeron, se ha generado atraso en el proyecto de urbanización de más de 700 hectáreas de la comunidad La Huisachera.

Los campesinos advirtieron que solicitarán la intervención de la Procuraduría Agraria (PA) para evitar conflictos mayores.

Piden ejidatarios solución a problema agrario. (Milenio, Édgar Reyes, p.web).

Jalapa, Veracruz.- Ayer un grupo de ejidatarios del municipio de Tepetlán se manifestó en la Plaza Lerdo de esta capital para exigir al gobierno de Fidel Herrera Beltrán poner solución definitiva a un problema agrario en el ejido de Tepetates, que tiene ya más de 40 años sin ser atendido por las autoridades correspondientes.

Francisco García Garrido, uno de los ejidatarios afectados, explicó que a su ejido le faltan 404 hectáreas desde hace ya 40 años, pues originalmente contaba con un total de mil 216.

Pero en 1956 salió un problema agrario con el ejido de Almolonga, por lo que en una resolución se determinó que 404 hectáreas fueran expropiadas a dicho lugar, “y sólo nos quedamos con 812. Ése es nuestro problema”.

Aseguró que los afectados cuentan con un amparo ganado para que se les regrese esas hectáreas, pero que a la fecha han pasado administraciones estatales y federales y nadie les ha resuelto nada. “Nuestro problema no es de ahora. Ya tenemos años sin que nadie nos atienda. Sólo nos dan largas y puras pláticas que nunca terminan en resultados concretos, por eso ya hemos tomado algunas instalaciones y hemos conformado grupos para manifestarnos, ya que sólo así es como medio nos hacen caso”.

Dijo el ejidatario que en la Reforma Agraria argumentan que el caso ya está perdido, pese a que ellos aseguran tener el amparo que demuestra lo contrario. “No nos atienden y no nos quieren hacer justicia, por eso queremos ya que alguien nos apoye”.

García Garrido dio a conocer que son 100 ejidatarios los que han sido afectados por varios años.

Acuerdo entre comunidades michoacanas. (Excélsior, Brígido Aguilar, p.web).

Para alcanzar un acuerdo y frenar los enfrentamientos entre los pueblos Cocucho y Urapicho por la disputa de 700 hectáreas, los líderes de 33 comunidades de las etnias purépecha, nahua, mazahua y otomí, propusieron al gobernador Lázaro Cárdenas Batel que sea testigo en las negociaciones entre las entidades mencionadas, expresó el coordinador de Atención de Pueblos Indígenas, Néstor Dimas Huacuz.

Durante la última reunión del Consejo Estatal Indígena se acordó que el resto de los conflictos de la tenencia de la tierra, deben ser las comunidades las que diriman sus diferencias sin la participación de las instituciones, dijo.

Los representantes de las comunidades piensan que los ofrecimientos por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, confronta más a los pueblos, sobre todo cuando piensan que uno de ellos sacó ventaja, por lo que prefieren que por tratarse de un problema entre vecinos, se resuelva entre ellos.

Conforme con las propuestas de la SRA, los integrantes del consejo aseguraron que en los últimos ofrecimientos donde no hubo ningún acuerdo entre las partes en disputa, la dependencia federal está dando como cerrado el caso, de ahí que lo más deseable es que las comunidades dialoguen, subrayó.

Sector agropecuario

Tiene Sagarpa la voluntad de sentar bases de una ley cañera más justa. (Excélsior, Notimex, p.web)

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mantiene la voluntad de sentar las bases y mecanismos de una Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que sea más justa y equitativa para los sectores, siguiendo los caminos institucionales.

El área de Comunicación Social de la propia dependencia dio a conocer que por lo anterior, se llevan a cabo negociaciones con líderes cañeros, legisladores y funcionarios en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Estableció que el gobierno federal tiene la firme voluntad de que se lleve a cabo la zafra 2005-2006 en tiempo y forma.

Asimismo, recordó, el titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, exhortó a los líderes cañeros a que mediante el diálogo y la negociación se generen los mecanismos necesarios que beneficien a los productores y a los ingenios.

Así, se espera que en las próximas horas haya una postura oficial con respecto a la inconformidad de los cañeros, luego de que concluyan las negociaciones.

Por su parte, el dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), Higinio Borjón, informó que hasta esta tarde no ha habido avances significativos en la mesas de negociación que se instalaron en la referida dependencia federal.

Sin embargo, añadió, se prevé que los trabajos de líderes cañeros, legisladores y funcionarios se reanuden luego de un receso pactado.

Según el dirigente, hay resistencia por parte de la Sagarpa para cumplir con la denominada ley cañera, por lo que estaría en riesgo la zafra 2005-2006, y de no haber acuerdos en las próximas horas, amenazó con tomar los ingenios y la sede de la Sagarpa.

Organizaciones campesinas

Cañeros se dicen engañados y se dirigen a la capital en más de 200 autobuses. (La Jornada, Matilde Pérez U, p.web)

Director de FEESA ordena a gerentes de ingenios no aprobar comités de producción

Las uniones cañeras de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales decidieron (CNPR), luego de una intensa jornada de negociaciones en las secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, llevar a cabo la movilización de cientos de productores.

Por la noche, el director del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), José Manuel Tapia Gutiérrez, ordenó a los gerentes de los 23 ingenios a su cargo que no firmaran el acuerdo para la instalación de los comités de producción y calidad cañera.

Horas antes, los líderes cañeros habían mostrado disposición a suspender la movilización ante las secretarías de Agricultura y Economía, ya que se les informó que se habían instalado dichos comités en los ingenios Alianza Popular, Zacatepec y El Modelo, a cargo de FEESA, lo que había sido interpretado como un avance en la aplicación de la ley cañera.

Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña-CNPR, y Lázaro Arias Martínez, del comité ejecutivo de la UNPCA-CNC, mostraron su disgusto por la decisión del director de FEESA. "Pareciera que están jugando con nosotros", dijo Blackaller. Arias apuntó: "se están burlando de los productores; por eso estamos aún más enojados".

Se espera que antes del amanecer lleguen a la ciudad de México poco más de 200 autobuses, mientras otros cañeros continuarán los bloqueos en 45 ingenios.

Ambos líderes explicaron que los comités permitirán planear y organizar los trabajos de la zafra entre cañeros e industriales, y devuelven a las zonas productoras la posibilidad de asumir acuerdos legales. Realizar un convenio al margen de esas instancias implicará responsabilidades legales.

Ayer, desde temprano, los dirigentes de ambas organizaciones, UNPCA-CNC y UNPC-CNPR; sus asesores jurídicos, diputados, senadores y autoridades federales reanudaron el diálogo suspendido la noche del lunes. En el transcurso del día los líderes cañeros insistieron en la urgencia de que se aplique la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, particularmente los artículos 23 a 29, referentes a la instalación de los comités de producción y calidad cañera.

Pero también recibieron la advertencia del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Felipe González González, de que se aplicará la ley e incluso promoverán demandas en contra de quienes cometan delitos, ante la eventualidad de las movilizaciones de los cañeros. Afirmó que la dependencia ha cumplido sus compromisos con los productores de la gramínea y por ello confió en que "recapaciten y no rompan la mesa de diálogo".

Sin embargo, reconoció que la advertencia de las movilizaciones de protesta daba a entender que en las mesas de análisis "no estuvimos discutiendo la médula del problema". Negó que esté trabada la negociación, pero aseveró que desafortunadamente no hay voluntad de alcanzar acuerdos.

"Lo que pedimos es la aplicación de la ley que en este momento está vigente, porque no hay un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la controversia constitucional que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR). Hoy tendría que darse una señal para la instalación de esos comités", asentó Pascual Alvarado, integrante de la UNPCA-CNC.

Higinio Borjón, secretario de Organización de la UNPCA-CNC, responsabilizó al gobierno de poner en riesgo la zafra 2005-2006, ya que sin la aplicación de la ley no habrá precio para la caña de azúcar y quedan en duda los gastos de producción. "El pleito es con los industriales, y desafortunadamente el gobierno federal se ha puesto de su lado, en perjuicio de los productores", indicó.

Recordó que desde el pasado 26 de septiembre pidió al Ejecutivo federal que se desistiera de la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley cañera, y aunque se iniciaron las pláticas con el gobierno, los cañeros "nos declaramos en alerta permanente y anunciamos que de no obtener resultados positivos continuarán las movilizaciones de protesta en los ingenios y se reanudarán las movilizaciones en la ciudad de México".

Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la UNPC-CNPR, comentó que en la mesa jurídica y política instalada en la Secretaría de Gobernación ya se habían revisado los 13 artículos impugnados por la PGR; "algunos de ellos no van en contra de la Constitución, es una cuestión de interpretaciones y de puntos de vista, pero ya los diputados están elaborando el documento que entregarán a la SCJN, en el que dejan claramente establecido que no hay vicios de inconstitucionalidad".

Prensa Estatal

CHIAPAS

Más toneladas de comida... para hoteles y restaurantes. (La Jornada, Rodolfo Villalba, p.web).

Se agrava la escasez en Chiapas debido al cierre de caminos

Hay 3 mil tractocamiones varados en la frontera con Guatemala: edil

Incumplió la SCT su promesa de reparar pasos afectados por deslaves

Con la apertura de caminos provisionales, cientos de chiapanecos de la costa que estaban incomunicados comenzaron a llegar a Tapachula en busca de víveres. Sin embargo, aquí la comida escasea y los cargamentos que llegan por mar van a las bodegas de hoteles y restaurantes.

Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no cumplió su promesa de terminar el domingo la reparación de los pasos afectados por los deslaves desde Mapastepec hasta Tapachula.

Jorge López Sánchez, habitante de El Chamizal, municipio de Huixtla, dijo que caminó más de mil kilómetros para llegar a Tapachula a buscar alimentos para su familia y amigos, y deploró que la ayuda proveniente del resto del país esté detenida en Mapastepec por falta de caminos.

Habitantes de Santa Cecilia y Buenos Aires dijeron que ni siquiera ha llegado la maquinaria para reparar el puente del río Huixtla y la gente tiene que llegar a pie por la vía del ferrocarril, tomar autobuses, cruzar ríos y hacer escala en Villa Comaltitlán y Escuintla para llegar al centro.

El edil de Ciudad Hidalgo, Oscar Salinas Morga, dijo que en esa cabecera municipal hay 3 mil tractocamiones varados que no pueden seguir a Guatemala. Los operadores que llevaban alimentos perecederos han cedido la mercancía a la población, pero falta comida y los habitantes no pueden reanudar sus labores.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que el puente que comunica Ciudad Hidalgo con Tecún Umán, Guatemala, seguirá cerrado 15 días más.

Más adelante, en Pijijiapan, también decenas de comunidades resultaron afectadas y cinco personas murieron en la zona serrana de El Vergel por el desgajamiento de un cerro, según las autoridades municipales.

Llegar a Tapachula no garantiza nada, pues la ciudad no se ha repuesto, a pesar de los esfuerzos de sus habitantes, que retiran el lodo con palas, palos, escobas o cualquier objeto.

A Puerto Chiapas llegó hoy otro buque con mil 500 toneladas de mercancías, pero para los centros comerciales, hoteleros y restauranteros, mientras cientos de personas siguen en albergues.

Stan provocará una oleada de emigrantes desesperados

El Instituto Nacional de Migración y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC) coincidieron en que huracán Stan provocará ''una oleada de pueblos desesperados por sobrevivir'' que intentarán emigrar a Estados Unidos.

Para el CIEPAC, el huracán Mitch de 1998, que trajo la mitad de las lluvias de Stan, fue el detonante de la primera emigración masiva de chiapanecos.

Personal del INM explicó que antes de 1998 se detenía cada año a 40 mil indocumentados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Actualmente la cifra es de 200 mil personas anuales.

Inician gestiones con Guatemala para recuperar tierras perdidas

México inició gestiones con Guatemala para recuperar unas 300 hectáreas dedicadas al cultivo del plátano, las cuales quedaron del lado guatemalteco al cambiar el curso del río Suchiate.

El presidente municipal de Suchiate, Chiapas, solicitó al Senado que intervenga ante la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Comisión Internacional de Límites y Agua, y la Comisión Nacional del Agua. Los terrenos, agregó, pertenecen a ejidatarios de la comunidad Zaragoza, municipio de Frontera Hidalgo, y a ejidos del municipio de Suchiate.

DISTRITO FEDERAL

Pedirá el GDF a Fox pagar por el predio de la ENAH. (La Jornada, Ángel Bolaños, p.web).

Resolución de la Corte

El mandatario capitalino, Alejandro Encinas, anunció que pedirá al presidente Vicente Fox que el gobierno federal pague la indemnización de 40 millones de pesos que determinó la Suprema Corte, por la expropiación del predio donde se ubica la Escuela Nacional de Antropología e Historia, toda vez que esa acción en su momento la realizó el Ejecutivo federal.

"Yo creo que es una resolución injusta, porque la ciudad nunca ha tenido el dominio de los bienes que hoy le corresponde indemnizar y no tiene por qué cargársele a los habitantes del Distrito Federal actos u omisiones de la autoridad federal", señaló. Dijo que puede haber "miles de casos similares", pues antes de diciembre de 1997 todas las expropiaciones en el DF las hacía el presidente de la República.

Además cuestionó que un particular reclame un terreno ubicado en una zona arqueológica, cuando por ley esos bienes pertenecen a la nación. Refirió que el litigio se inició en 1968, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz expropió dicho predio argumentando causa de utilidad pública. Posteriormente el entonces regente Alfonso Corona del Rosal entregó el terreno al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se construyera allí la ENAH, que depende de la Secretaría de Educación Pública.

Por ello, dijo, "lo conveniente" es que el presidente Fox contribuya al pago de la indemnización, ya que esos bienes no son de la ciudad. Comentó que el lunes el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, le informó por vía telefónica de la resolución, y una vez que reciba la notificación formal hará el pedimento a la Presidencia para el pago de la indemnización. Indicó que de no acceder el Ejecutivo federal, propondría a la autoridad jurisdiccional que el pago se haga en plazos, y se tendría que recurrir a fondos fiscales de la ciudad, lo que implicaría afectar algunas obras públicas.

GUERRERO

Predios invadidos en Acapulco, para altos mandos militares. (La Jornada, Misael Habana, p.web).

Denuncia de ex ejidatarios

Acapulco, Gro.- Los 19 lotes particulares del fraccionamiento Cumbres de Llano Largo, aledaños a la novena Región Militar, invadidos por soldados el pasado sábado con el apoyo de la policía estatal, son para altos mandos del Ejército y forman parte de una estrategia para apoderarse de terrenos con vista a la bahía como ya lo han hecho desde 1997.

Lo anterior lo denunciaron los miembros de la mesa directiva de Cumbres de Llano Largo, Protacio Navarrete Ventura y Marino Muñoz Marín, dos de los 144 ejidatarios afectados por la expropiación que el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu realizó en favor del Ejército para la construcción de las instalaciones de la novena Región Militar.

Con la llegada de los militares al lugar -disfuncional estratégicamente para esas labores, afirman los ex ejidatarios-, no sólo destruyeron las tierras sembradas con árboles: también se quedaron con dos tanques de agua de la población. Muñoz Marín aseguró que ahora un guardia abre las válvulas de agua cuando lo ordenan sus jefes, no obstante las carencias del líquido, sin que el organismo municipal de agua haga algo al respecto.

La historia del presunto despojo de la Secretaría de Defensa a los ex ejidatarios de Cumbre de Llano Largo, ubicado entre la 9 Región Militar y el exclusivo fraccionamiento Las Brisas, comenzó en 1995, cuando pretendieron invadir 18 lotes en el lugar conocido como Plan del Chico; "sin embargo, el enmallado que realizaban los soldados fue detenido por la movilización de los ejidatarios", recuerdan.

Un año después los soldados comenzaron a cercar todos los terrenos que te-nían vista hacia la bahía de Santa Lucía; "no cerraron hacia la parte que da al cerro, hacia Plan del Chico, sino hacia donde hay vista", afirma Protacio Navarrete.

En 1997, siendo el general Luis Humberto López Portillo comandante de la citada zona militar, "mandó a cercar el área del Plan del Chico, destruyó sembradíos y mi casa. Para que no pasaran se colocaron guardias armados en las entradas, cuando nosotros somos los legítimos dueños", afirma Navarrete Ventura, de 75 años de edad.

Preocupa a Vicente Fox el conflicto de La Parota dice Zeferino en Tlapa. (El Sur, Jesús Rodríguez, p.web).

Anuncia el gobernador que en los próximos días se reunirán los directores de la CFE y la CNA con comuneros para informar los pormenores del proyecto.

Tlapa

El enfrentamiento entre comuneros opositores y simpatizantes de La Parota “tiene muy preocupado” al presidente Vicente Fox Quesada, aseguró ayer el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por lo que en los próximos días se reunirá con los directores de la CFE y de la CNA, para decirle a la población “cuáles serían los compromisos de los tres niveles de gobierno para empezar las obras en la región, independientemente de la expropiación y los procesos legales”.

Torreblanca Galindo fue entrevistado al final de la inauguración del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense de Tlapa, donde acompañó al presidente Vicente Fox en su inauguración.

–¿Ya platicó con el presidente de la oposición de los comuneros, la cual incluso ya ocasionó una muerte? –se le preguntó.

–Sí, lo sabe, ustedes lo informan permanentemente y esto es la normalidad en un país democrático donde hay información, pero finalmente lo que queremos es que haya beneficio en términos generales.

Respecto a la pugna por las plazas de la Federación de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero (FENEG), reiteró que no habrá marcha atrás en la postura del gobierno estatal.

“Nos hemos reunido en enésimas oportunidades, hemos sido respetuosos, hemos escuchado sus planteamientos, pero la respuesta reiterada es que no podemos inventar plazas y no podemos generar faltas expectativas, mucho menos seguir endeudando al estado porque crecería el hoyo negro que hay en la Secretaría (de Educación)”, señaló.

–¿Entonces no hay marcha atrás?

–No porque no es cuestión de capricho ni de lucha, es tan sencillo y tan claro que solamente tenemos un presupuesto y hay que ejercerlo.

De los resultados obtenidos en el encuentro que sostuvo el lunes con representantes de organizaciones sociales, civiles y de comunidades de La Montaña y Costa Chica, autoras de la Agenda Estatal Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el gobernador indicó que se buscó “fortalecer” el “respeto” y las “coincidencias” entre ellos.

Explicó que les dijo a las organizaciones que el primer gobierno no priísta que encabeza no tiene “perseguidos políticos” ni se usa para “meter a la cárcel” a quien no coincida “con mi gobierno”.

–Pero hace algunos días el director del centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera (quien asistió a la reunión), comentó que las expectativas hacia su gobierno de parte de los indígenas se había diluido ¿platicaron sobre ello?

–Se lo comentaré cuando estemos en privado, yo prefiero no debatir en los medios de información, yo tengo muchas cosas que decirle. Si se diluyó pues es una opinión que yo respeto mucho, pero no cambiará mi manera de trabajar.

“Tampoco queremos que su verdad prevalezca porque también nosotros tenemos nuestra verdad, y como no tenemos nada que esconder yo pediría que hiciéramos un ejercicio de la política y que fortaleciéramos la coincidencia”, agregó.

Señaló que con Abel Barrera “hay situaciones en las que no coincidimos”, pero son cuestiones de método” y “más profundas”.

“Que no tengamos puntos de vista similares es de respetarse, pero finalmente trabajar en lo que nos lleve adelante y no en lo que nos lleve al pasado”, concluyó.

Vecinos de Cumbres de Llano Largo temen que militares los despojen de sus terrenos. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Denunciaron que militares y policías “invadieron” el sábado un predio en esa colonia.

Ex ejidatarios y vecinos de Cumbres de Llano Largo expresaron temor de que soldados de la Novena Zona Naval Militar les quiten sus terrenos, luego de que el sábado pasado junto con Policías del Estado “invadieron” un lote bajo el argumento de que fue por orden de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) porque dicho pertenece al parque nacional El Veladero.

Señalaron que los predios fueron entregados por el gobierno federal en los 70 como parte de los pagos indemnizatorios por la expropiación de más de mil hectáreas, incluso se les otorgaron escrituras que están en el Registro Público de la Propiedad (RPP). Los inconformes: “Aquí la pregunta del millón es ¿quién está detrás de los militares o a qué político le gustaron los predios donde hemos vivido por muchos años y hasta ahora se dieron cuenta que pertenecen al parque El Veladero?”.

El sábado pasado arribaron al lugar policías del estado y altos mandos militares, en carros no oficiales –según se aprecia en un video grabado por los afectados y mostrado a reporteros– y sin buscar a los que con escrituras mantienen la posesión del predio empezaron a derribar el alambrado y postes con que estaba cercado el predio de 2 mil 500 metros cuadrados.

El predio se localiza en la calle 10 de Cumbres de Llano Largo y se encuentra en los límites de la zona naval, y por ello –dijeron– tienen temor porque es claro que lo que quieren es extenderse. El predio que está marcado con el número siete y que en el registro está a nombre de María de la Luz Núñez Ramos de Martínez y que en el folio de derechos reales tiene el número 19387, quien vendió a Perfecto Benítez Santibáñez, ahora es resguardado por cuatro policías estatales sin que los dueños puedan entrar.

La señora Celia Barrera Mendoza –quien es dueña del predio vecino, de los 19 que ocupa la manzana– dijo que además tiene temor porque hace algunos meses varios policías estatales estaban resguardando un terreno que también ocuparon en esa área y ya borrachos se balacearon.

Dijo que ella tiene muchos años en ese lugar, donde ya edificó una casa de material, y que es muy raro que ahora digan que el terreno vecino es del parque El Veladero y que por esos piensan que es una estrategia para ir apoderándose de los otros 18 que tienen las mismas medidas y que también se encuentran a 125 metros del predio ocupado por los militares. “Nosotros tenemos escrituras y tenemos miedo de que nos quieran sacar de aquí con la fuerza pública”.

Hace años, cuando se dieron 50 hectáreas para edificar la zona naval, los militares se apropiaron en 1997 de un predio denominado Plan del Chico, el cual tiene una impresionante vista a la bahía, Puerto Marqués y la Laguna de Tres Palos, el cual también fue entregado a los ejidatarios como parte de la indemnización.

Comentaron que otras de las arbitrariedades de los militares es que se habían apropiado de los dos tanques de agua de CAPAMA y sólo tenían agua cuando ellos lo permitían. Ahora tuvieron que luchar para quedarse con un tanque, pues CAPAMA nunca se quiso meter con ellos.

“Me dolió el alma cuando me quitaron mi terreno y derribaron mi casa, eso no se vale”, expresó el ex ejidatario Protacio Navarrete Ventura, quien comenta que ahora los militares no lo dejan entrar a su predio que tienen en Plan del Chico donde tiene sembrado varios árboles frutales.

Recordó que el 28 de octubre de 1971 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la donación de mil 703 hectáreas para la formación del ejido de Cumbres de Llano Largo, aunque tres meses después les fue expropiado porque eran de vocación turística y no para sembrar maíz.

Entonces el gobierno federal les ofreció dos predios urbanizados de 2 mil 500 metros cuadrado a cada uno de los 144 ejidatarios, y a otros en el lugar conocido como Plan del Chico, pero los militares invadieron los terrenos de los ejidatarios, pues los encerraron sin que “nos dejen pasar, cuando nosotros somos los legítimos dueños. Tenemos escrituras legales que nos entregó el gobierno federal”.

Navarrete Ventura dijo que no están de acuerdo que el ejército les quite lo poco que tienen y no respeten sus escrituras, por ello ya enviaron un documento al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que se entere del problema, pues su gobierno está mandando la policía del estado para arrebatar los terrenos a los campesinos quienes son los legítimos dueños.

Otro comentó: “No es justo que los militares cometan estos atropellos. Ellos los quieren porque son tierras valiosas y caras. Es mentira que los terrenos sean parte del parque El Veladero”.

Destituyen opositores a La Parota al comisario de Cruces de Cacahuatepec. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Designan al campesino Rolando Rafael Tornez. El subsecretario de Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez Ramos, aclara que el proyecto de agua potable no viene de la CFE, sino del Banco Mundial.

Comuneros de Cruces de Cacahuatepec y el subsecretario del Ayuntamiento, Rogelio Jiménez Urióstegui, revocaron –luego de varios días de tensión– a Juan Zenaido Sotero como comisario municipal y el cargo ahora lo ocupa el comunero opositor a la presa La Parota, Rolando Rafael Tornez.

Ayer, en las oficinas del funcionario se reunieron en privado, por más de una hora, representantes de las partes en conflicto para concretar el acuerdo de asamblea del jueves, en el que se autoriza la revocación de Juan Zenaido Sotero y su comité, que asumió en el cargo el 12 de julio.

Cruces de Cacahuatepec es una comunidad en la que habitan 200 familias y se localiza a unas tres horas del puerto; es considerada una de las más pobres.

En ese lugar el movimiento opositor a la presa tiene una fuerte presencia, e incluso desde hace más de un año se mantiene un plantón para evitar que la CFE entre, tampoco la introducción de agua potable, pues piensan que el recurso viene de la paraestatal para comprarlos y que apoyen la presa.

En la reunión estuvo el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Guillermo Ramírez Ramos, quien –según Jiménez Urióstegui– le aclaró a los comuneros que el proyecto de agua potable en cinco comunidades no será con recursos de la CFE sino del Banco Mundial, y de no aplicarse se perderían 21 millones de pesos, aunque no logró vencer la resistencia al menos hasta que las nuevas autoridades llamen a una asamblea.

Afuera de las oficinas, algunos campesinos argumentaron que la revocación del cargo de Zenaido Sotero es porque pretendía organizar una asamblea con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) sin tomarlos en cuenta a ellos.

Además de haber recibido –así lo reconoció el comisario, según dijeron– “30 mil pesos de la CFE para llevar a los comuneros al Campanario”, en referencia a la primera convocatoria de asamblea del 14 de agosto para expropiar las tierras para la presa y que terminó en zafarrancho.

Sobre si ya valoraron las obras de agua potable, el comunero de Cruces de Cacahuatepec, Demesio Rafael Cortés, dijo que eso se dialogará con toda la gente, “pero desde ahora decimos que si es de la paraestatal no queremos nada, no aceptamos nada porque estamos en contra de la presa y lo que queremos es que la CFE se vaya”.

En entrevista con El Sur, Jiménez Urióstegui confirmó que se cambió de comisario luego de que los habitantes manifestaron que no estaban conformes con él, y aunque por ley tendrían que designar al segundo comisario éste se negó.

Sobre la presencia de Ramírez Ramos en la reunión, Jiménez Urióstegui explicó que estuvo allí para informar a los comuneros el origen del dinero para la introducción de agua potable en Cruces de Cacahuatepec, Progreso de Cacahautepec, Barrio Nuevo de los Muertos, Apalani y El Campanario, debido a que la impiden porque piensan que tienen relación con la presa.

El funcionario señaló que la obra ya tenía que haber empezado para concluirla el 31 de diciembre, por lo que la palabra la tienen los pobladores de Cruces de Cacahuatepec, debido a que los únicos perjudicados serán ellos.

Insistió: “no existe ninguna relación de la obra con La Parota, son recursos que dieron mucho trabajo conseguir y sería un error garrafal que la gente no lo entendiera de esa manera”.

SAN LUIS POTOSÍ

Desastres naturales y desastres gubernamentales. (La Jornada, Carlos Montemayor, p.web).

Utilizar el poder público para dañar irreversiblemente el valle de San Luis, al apoyar e impulsar, contra la ley y contra una sentencia del Poder Judicial federal, a la Minera San Xavier es una señal de grave deterioro humano y político en México. Por ello, los desastres en el territorio mexicano siguen proviniendo no solamente de fuerzas naturales, sino de la irresponsabilidad de autoridades como las que en las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Economía y Defensa Nacional (Sedena), así como en el Instituto de Ecología (INE) y el gobierno del estado apadrinan el próximo desastre ecológico, social, humano, artístico y económico del valle de San Luis Potosí.

Recordemos que esta compañía trasnacional, la Minera San Xavier, pretende aplicar durante ocho años un sistema para la explotación y beneficio del mineral conocido como tajo, a cielo abierto y lixiviación a montones, en la zona conocida como Cerro de San Pedro, situada a ocho kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el INE, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a la empresa Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental y, segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada.

La oposición ciudadana al proyecto de Minera San Xavier ha sido constante en la zona directamente afectada y en la capital del estado; con esa movilización ciudadana han estado de acuerdo muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. El pasado 30 de septiembre, afuera del Teatro de la Paz, las autoridades estatales reprimieron con brutalidad a manifestantes pacíficos, y el 12 de octubre en la mañana, la compañía detonó 100 kilos de dinamita en el predio La Zapatilla, dentro del municipio Cerro de San Pedro, para preparar el terreno de los llanos de lixiviación.

Repitamos que la Minera San Xavier pretende utilizar 25 toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas. De este material resultante serán aprovechables, más tarde, aproximadamente 32 mil toneladas. Ya trituradas, se depositarán en un llano previamente tratado con arcilla para reducir la inevitable infiltración del cianuro de sodio hacia el subsuelo. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mezcladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Este es el proceso conocido como de lixiviación.

Las explosiones que se proponen detonar cada día deberán acabar aproximadamente con un kilómetro de montañas. Luego continuarían hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de los ocho años, que es el lapso para el cual está diseñado el proyecto, en los llanos de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más significativo y peligroso es que tal montaña de material contaminado quedará a nueve kilómetros de la ciudad capital de San Luis Potosí y muy cercana a otras comunidades. Además, en el ejido Palma de la Cruz quedarían otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podría ser lixiviable.

Es evidente que el proyecto causaría contaminación atmosférica por el tumbe y trituración del mineral, pues toneladas de polvillo mezcladas con los gases del nitrato de amonio, así como emanaciones de la maquinaria quedarían en suspensión y viajarían por la acción de los vientos dominantes hacia el valle de San Luis, la ciudad capital. A esta contaminación habría que sumarle la evaporación diaria de unos 8 millones de litros de la mezcla de cianuro y agua que, convertidos en ácido cianhídrico, viajarían hacia la ciudad empujados por la misma acción de los vientos.

La postura constante de Minera San Xavier ha sido la de minimizar y encubrir información que ayude a valorar con precisión los riesgos del proyecto. Por ello, tampoco presentó un balance detallado de agua que por ley debió incluir en la manifestación de impacto ambiental. Por el agotamiento de los recursos acuíferos y el envenenamiento por cianuro de suelos y atmósfera, en pocos años la capital del estado, la ciudad de San Luis Potosí, tendría que ser abandonada. Magnífico negocio de la minera e increíble la argumentación de los funcionarios federales de Semarnat y Economía: por 200 empleos directos que ofrece la compañía, poner en peligro la vida de casi 2 millones de habitantes del valle de San Luis. ¿Quién puede llamar a esto progreso?

Pero la Minera San Xavier ha empezado su expansión territorial por cauces ilegales, a pesar de que enfrenta una tenaz resistencia de los pobladores del Cerro de San Pedro y de muchos sectores de San Luis Potosí. La resolución del tribunal colegiado de cancelar las posibilidades de operación de la trasnacional provocó júbilo en muchos sectores del estado potosino y en organizaciones ecologistas nacionales e internacionales, pero también ha provocado reacciones insostenibles de los funcionarios federales y estatales que se han coludido con la empresa mostrando una ineptitud y desinformación peligrosas para todo México.

La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1992, la mina de Colorado Summitville dejó escapar 3 mil galones de fluidos tóxicos por minuto con cianuro, metales pesados y desagües ácidos, que mató toda la vida acuática a lo largo de 17 millas (27 mil 360 metros) del río Alamosa. En 1998, en Montana se prohibió el uso del cianuro para la minería de oro y plata después de que las compañías canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaran un desastre ecológico sin precedentes. En 2001, en Wisconsin, el Congreso local aprobó dos leyes para prohibir el uso de cianuro en cualquier mina. En 2003, en California, se prohibió a la minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena, y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.

En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omai, de la empresa canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Hasta hace poco, Cambior Inc. fue dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.

En 2000, un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro ocasionado por una compañía minera de oro en Rumania contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio, destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003 el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a la empresa minera de oro canadiense Gabriel Resources Ltd., por los grandes riesgos ecológicos que conllevaría y por la reubicación de cientos de residentes locales, quienes tendrían que abandonar sus hogares.

En 1998 Turquía, y en 2000 la República Checa y el Parlamento de Alemania prohibieron el uso de cianuro por razones ambientales y de salud para cualquier tipo de operación minera. En 2002, en Costa Rica se vetó el uso del cianuro y la explotación de oro y plata por medio del sistema de tajo a cielo abierto con el objetivo de proteger el medio ambiente y eliminar serias amenazas a la vida humana. En New South Wales, Australia, el Parlamento también impidió ya el uso de cianuro.

En Canadá, diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las mineras del país. El pasado mes de junio, la comisión permanente del Parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe en el que se aseguraba que la nación todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de las compañías canadienses de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos, y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.

Es increíble que las autoridades mexicanas de Semarnat, Economía e incluso Sedena cierren los ojos a esta respuesta internacional contra los sistemas que quiere aplicar en nuestro país la Minera San Xavier y brinden todo su apoyo a un proyecto que atenta contra la historia, la seguridad y la continuidad de la vida social en el valle de San Luis. Debo repetir y dejar en claro que, después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción contraria de parte del gobierno federal, de la Secretaría de Economía, de tribunales agrarios, de la Sedena, del gobierno del estado o de la presidencia municipal de Cerro de San Pedro implicaría desacato y transgresión a la legalidad. Cualquier autorización que se haya dado hasta el día de hoy sería nula, de acuerdo con lo establecido por el artículo 181 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

¿Quién podrá ayudar a la República ante este desastre gubernamental? ¿Acaso la Procuraduría General de la República será capaz de integrar con rapidez y con honestidad una acción legal por desacato contra tantos funcionarios? ¿Qué fondo moral de emergencia sería suficiente para detener este desastre gubernamental?

Presentan demanda de juicio político contra Cárdenas Jiménez. (La Jornada, Ángeles Cruz, p.web).

Desacato a sentencia sobre Minera San Xavier, el motivo

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Herrera, Omar Ortega, así como el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (MSX) presentaron ayer la solicitud de juicio político en contra de Alberto Cárdenas Jiménez, quien en su calidad de secretario del Medio Ambiente no acató la sentencia ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que le ordenaba cancelar los permisos de operación de la empresa de origen canadiense.

La petición formal que entregaron los legisladores a la secretaría general de la Cámara de Diputados resalta un cúmulo de violaciones en que incurrió la autoridad ambiental "en grave perjuicio de los intereses públicos fundamentales del municipio de Cerro de San Pedro", San Luis Potosí, donde la empresa minera pretende trabajar con el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación a montones para la obtención de oro y plata.

Señala que dichas autoridades ambientales dieron la autorización en materia de impacto ecológico a Minera San Xavier, así como el cambio de uso de suelo de un área forestal a zona árida.

En 1999, en el permiso de operación condicionada, la trasnacional declaró que su proyecto no estaba en zona de reserva ecológica y protección, lo cual es falso porque existe un decreto de 1993 que le da ese carácter a Cerro de San Pedro. Sin embargo, Cárdenas Jiménez, a pesar de que la comisión permanente del Congreso de la Unión le pidió explicaciones por no haber cancelado el permiso de operación, por el entonces funcionario aseguró que "todo estaba bien".

El FAO comentó que, en su momento, el ex secretario de Medio Ambiente hizo caso omiso de las violaciones en que incurría la firma canadiense, y en particular decidió no acatar la orden judicial que le ordenaba cancelar el permiso de operación condicionada, pero sobre todo, dicen los opositores, "dio el tiempo suficiente para que la minera presentara un amparo en contra de la sentencia ejecutoria".

Inclusive, Cárdenas Jiménez también interpuso un recurso de revisión de dicha sentencia, con lo que según Miguel Angel Montoya, vocero de la organización civil, el ex secretario se excedió en sus funciones.

De acuerdo con el expediente entregado por los legisladores, el primero de septiembre de 2004, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa documentó severas violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, a la norma oficial mexicana y otras disposiciones legales, con base en las cuales determinó que ni de manera condicionada se debió dar el permiso de operación a la empresa.

Por ende, resaltó Montoya, Cárdenas Jiménez debió cancelar dicha autorización. Lejos de ello, todavía declaró que el fallo judicial era "ruin y dejaba en estado de indefensión" a la minera, recordó. La solicitud de juicio político en contra del ex secretario de Medio Ambiente adquiere relevancia porque el pasado 12 de octubre la minera reinició las detonaciones en Cerro de San Pedro, en el área donde la empresa pretende construir los patios de lixiviación.

ZACATECAS

Temen alta migración por sequía. (El Universal, Ángel Amador, p.web).

En Zacatecas se agudizará proceso de despoblamiento, advierten expertos. Campesinos buscarán el sustento en EU ante falta de apoyos: CNC.

Zacatecas, Zac.- Los estragos por la sequía desencadenarán una fuerte presión para que los campesinos damnificados emigren hacia Estados Unidos, lo cual agudizará el proceso de despoblamiento que vive el estado desde hace varios lustros.

Así lo advirtieron investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes también destacaron que como ha sucedido en otros tiempos de crisis, las remesas tenderán a incrementarse en los próximos meses.

"Los dólares que envían los paisanos, más allá de su impacto económico en el subsidio familiar, representan la fortaleza de las relaciones interpersonales y una profunda solidaridad cuando alguien de su tierra requiere más apoyo", dijo Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la UAZ.

La falta de lluvias en Zacatecas a partir del pasado 13 de septiembre, denominada como sequía atípica, ha dejado siniestros parciales en 700 mil hectáreas y totales en 300 mil, la mayoría sembradas de frijol y maíz.

En una evaluación inicial de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 15 mil pequeños productores perdieron todo y requieren apoyo urgente por un monto de 240 millones de pesos.

Para el director del Instituto Estatal de Migración (IEM), Fernando Robledo Martínez, los estragos no provocarán un éxodo masivo, además de que es muy aventurado señalar una cifra de los posibles migrantes por el impacto de la sequía.

Moctezuma Longoria reiteró que para muchos productores infortunadamente no hay otro camino, más que migrar, pero es difícil hablar del porcentaje en que se incrementará la migración, pues subrayó las autoridades hablan de 15 mil afectados, pero en realidad son 15 mil familias.

Sin embargo, indicó que en diciembre próximo, cuando los paisanos retornen a sus comunidades de origen por las fiestas, al concluir éstas, algunos campesinos damnificados aprovecharán para sumarse a quienes vuelven a Estados Unidos.

Zacatecas es una entidad histórica en expulsión de mano de obra hacia la Unión Americana, en donde se estima que viven un millón 500 mil personas, entre originarias de la entidad y descendientes.

Conforme a estudios de la UAZ, Zacatecas pierde anualmente 29 mil habitantes, de los cuales entre 16 y 18 mil salen rumbo a Estados Unidos y el resto es migración hacia entidades mexicanas. El monto de remesas asciende a 600 millones de dólares anuales.

Juan Manuel Padilla, también investigador de la UAZ, apuntó que las crisis agrícolas, causadas por la naturaleza y la falta de políticas estructurales que conlleven a la tecnificación del campo, ha generado "zonas emergentes" en la expulsión de mano de obra.

Se sumarán a la migración

Explicó que municipios zacatecanos donde se produce la mayor cantidad de frijol como Río Grande, Sombrerete y Miguel Auza, sin gran tradición migratoria, se ubican ya como emergentes al aumentar de manera importante la salida de trabajadores a Estados Unidos, acompañada del aumento de remesas.

Jesús Padilla Estrada, presidente de la Unión Estatal de Productores de Frijol, informó que hace 15 años los campesinos de esa región levantaban entre 800 kilos y una tonelada de frijol por hectárea, mientras que ahora el promedio se ubica entre 500 y 700 kilos.

"Este año, a causa de la sequía, una hectárea dará 300 kilos de frijol", agregó, al puntualizar que la falta de lluvias, cuando el cultivo requería de humedad para su completo desarrollo, provocará que dejen de producirse 150 mil toneladas. En los tres años anteriores el promedio fue de 350 mil toneladas.

Y Jesús del Real, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC), advirtió que si el gobierno federal no envía a la brevedad recursos de apoyo ni pone en marcha un programa de empleo temporal, "decenas de hombres del campo, sin duda alguna, tendrán que ir a buscar el sustento a Estados Unidos".

El dirigente estimó que son necesarios 700 millones de pesos para paliar los estragos de la sequía atípica en la entidad.

Cartones