CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
13 DE OCTUBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Pagan mexicanos un
gas más caro
Revelan que países no petroleros tienen
precios más bajos que México
Algo bloquea el desarrollo en AL”
Es la indigencia, 100 millones de personas,
alerta el secretario general iberoamericano
Acorralado, el sindicato del Seguro Social
Rechazan diputados “reversa” a la Ley;
ofrece el IMSS menos de 5% de aumento salarial
Elevada volatilidad de petroprecios en 2006
La cotización estará por encima de
su tendencia de largo plazo: Gil
Especuladores se enriquecen con gangas del IPAB
Incurre
el instituto en violaciones en la venta de activos
Montiel pide paz
Las aclaraciones,
sólo ante las autoridades, dice
La Cámara frena una contrarreforma al IMSS
El sindicato
alista la huelga; a los pacientes en terapia intensiva los
reubicará en hospitales ajenos al Seguro.
“Estridencia”, parte
de la democracia
No es la política “asunto angelical”:
Abascal
Dar “vuelta a la
hoja”, pide Montiel a Madrazo
Lo llama a superar los golpes bajos
y anuncia que firmará el Pacto de Civilidad
El gobierno y diputados acorralan a Vega Galina
Rechaza
la Cámara de Diputados la contrarreforma al Régimen de Jubilaciones
del Seguro Social.
Sector agrario
El CNI hace acopio de fuerzas para impulsar la
otra campaña en 2006. (La Jornada, Rosa Rojas,
p.web).
Inmerso en un proceso de restructuración,
el congreso indígena cumple nueve años.
En casi una década de existencia, el foro ha pugnado por
la organización de los pueblos el reconocimiento a sus derechos
y autonomía, y la defensa de saberes
y recursos colectivos.
El Congreso Nacional Indígena (CNI), constituido en octubre
de 1996, llega a su noveno aniversario en medio de un proceso
de reconstitución y, "si es acuerdo común", de
reorganización, "a fin de dar nuevas fuerzas al movimiento
indígena, para avanzar en la gran alianza y en el programa
de lucha nacional a que convoca la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona", lanzada por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN).
Entre los principales propósitos del CNI están la reconstitución
integral de los pueblos indígenas; la construcción de una
nueva relación entre éstos y el Estado nacional, el cual
"se exprese en el reconocimiento constitucional"
de sus derechos colectivos; el fortalecimiento de su autonomía
"en los hechos"; la defensa de los territorios
y los recursos naturales de los pueblos indios; la defensa
de la medicina tradicional y los maíces criollos; el rechazo
a la biopiratería, las
semillas transgénicas y la privatización
del agua y de la tierra, y el cumplimiento de los acuerdos
de San Andrés.
En el recuento del camino transitado por el CNI, entregado
a la directiva del EZLN y dirigido también a organizaciones,
colectivos e individuos que han decidido adherirse a la
sexta declaración, así como a pueblos y comunidades indígenas
del país, se menciona que el congreso participó hasta 2001
en todas las iniciativas que el EZLN llevó adelante para
lograr la incorporación de los acuerdos de San Andrés a
la Constitución.
Aunque el recuento referido no lo señala, dirigentes indígenas
consultados comentaron que esa promoción ha tenido procesos
diferenciados por regiones, y aunque en algunas, como en
Oaxaca, ha sido difícil que organizaciones y pueblos se
pongan de acuerdo; otras, como la Centro-Pacífico, que integra
a 12 estados, "no ha dejado de sesionar en ningún momento"
y ha realizado 16 asambleas; inclusive a las últimas cinco
reuniones han asistido de forma regular diferentes grupos
de Oaxaca, Veracruz y Chihuahua que se empiezan a acercar
a la regional.
''Con todo el tiempo de silencio que trae la comandancia zapatista después de la contrarreforma, los pueblos entran
a un proceso de reconstrucción interna y de reorganización.
Algunas personas dicen que el CNI no ha funcionado; eso
es discutible. La región Centro-Pacífico no ha dejado de
funcionar y estamos en proceso de reconstitución como organización
nacional. Tenemos que ver si la estructura del CNI como
está puede seguir adelante así o se plantea una reforma;
eso está por platicarse. Hay que tomar en cuenta lo difícil
que resulta haber crecido a partir de una estructura como
la del CNI: horizontal, de pueblos, comunidades y organizaciones",
comentaron.
Indicaron también que la comandancia zapatista
hizo un reconocimiento al trabajo de la región Centro-Pacífico
del CNI, si bien se planteó ''que hay que revisar el trabajo,
porque no todos los compañeros indígenas se sienten representados
en el congreso, lo cual es cierto. Hay que hacer una revisión
en el contexto de la otra campaña y de la sexta,
pero el proceso en el que estamos está creciendo definitivamente,
está lejos de estar funcionando en torno a las giras zapatistas,
ya tenemos vida propia, tenemos una vida bastante intensa".
La traición gubernamental
El documento sobre el trayecto del CNI afirma que con la aprobación
de la contrarreforma indígena del 28 de abril de 2001 los
acuerdos de San Andrés fueron traicionados.
"Ningún partido, ningún poder del Estado quedó al margen
de la traición", se señala, y se agrega que esa traición
''no puede considerarse un error, una incomprensión o, en
el peor de los casos, un acto de racismo", sino que
forma parte de una estrategia del gobierno mexicano, "en
complicidad con los empresarios capitalistas, para lograr
el exterminio de nuestros pueblos y asegurar la continua
explotación de todos los pobres que vivimos en México y
en el mundo".
La iniciativa de reforma que aprobó el Congreso de la Unión,
se agrega, ''no sólo violentó la voluntad del pueblo, sino
también desconoció los escasos derechos que nuestros pueblos
tenían ya ganados en la propia Constitución y en los convenios,
pactos y tratados internacionales, dejando de reconocer,
entre muchas cosas, el derecho que los pueblos indígenas
tenemos para acceder de manera colectiva al uso y disfrute
de los recursos naturales que se encuentran en nuestras
tierras y territorios.
"Como quien dice, pedíamos poco y los políticos, disfrazando
sus palabras, nos quitaron los poquitos derechos que ya
de antes habíamos ganado.''
El texto subraya: ''en aquellos días, muy grande fue el desconcierto
de nuestros pueblos que no imaginaban hasta dónde podía
llegar la maldad y la burla de quienes nos gobiernan. Así
también en el CNI cometimos errores, siendo el más que sin
establecer comunicación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con todas las organizaciones
y comunidades que habían participado en la Marcha del Color
de la Tierra, algunos hermanos hicieron declaraciones y
realizaron acciones en nombre del CNI sin haber consultado
y acordado primero".
El trabajo, la respuesta
Se recuerda que partir de que el Congreso de la Unión aprobó
la contrarreforma indígena los pueblos intentaron diversos
recursos legales para impugnar la que se conoce como ley
Bartlett-Cevallos-Ortega: más
de 200 municipios de mayoría indígena interpusieron controversias
constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y casi un centenar de comunidades solicitaron amparo
ante los juzgados federales. La decisión de la Corte y de
los jueces fue ratificar la contrarreforma indígena.
''Sin embargo, la respuesta de nuestros pueblos no se construyó
en los enredados y tramposos procedimientos judiciales,
sino en la milpa, en el cerro, en la asamblea, en la palabra
y la vida de los nuestras comunidades. Así, los pueblos
primeros, guardados después de la traición, siguieron caminando
su ya larga y silenciosa resistencia.''
Se recuerda también que en su octava asamblea nacional, realizada
en noviembre de 2001, se acordó "elevar los acuerdos
de San Andrés a ley propia de los pueblos indígenas",
y rechazar la aplicación en sus comunidades de la contrarreforma
constitucional.
Se detallan en el amplio documento las decisiones tomadas en
cada una de las asambleas nacionales y regionales para construir
las "múltiples resistencias locales" de los pueblos
indios, en las que se arman y se entrecruzan otras muchas:
la oposición al Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares en Jalisco y Guerrero,
en Oaxaca, Veracruz y Michoacán; la defensa rarámuri
a lo que han dejado de bosques los empresarios gringos y
mexicanos; la lucha de los wixáritari
por conservar la integridad de sus tierras, o por recuperarlas;
la amenaza a los purépechas de
nuevas autopistas que pretenden juntar el Pacífico con el
Golfo, y el rechazo de los nahuas a la explotación de hierro
en sus terrenos, entre otras.
Supervisará Transparencia Mexicana donativos para
damnificados. (El Universal, Lilia Saúl,
p.web)
Argumenta la titular
de la Sedesol, Josefina Vázquez
Mota, que esto servirá para que no haya espacios que den
pie a usos de tipo electoral o partidista y se haga una
cuenta certera
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Josefina Vázquez Mota, integrante del gabinete de reconstrucción
creado para atender los desastres ocasionados por el huracán
Stan en diversos estados del país informó que Transparencia
Mexicana será la organización encargada de supervisar cada
donativo que reciba el Gobierno federal y los gobiernos
locales.
Durante la reunión de evaluación que hiciera este gabinete,
Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación informó
que la Secretaría de Economía y Nacional Financiera dispondrán
de 250 millones de pesos para crédito inmediatos para un
programa emergente de apoyo a empresas afectadas por inundaciones,
con lo cual se beneficiaría a micro, pequeñas y medianas
empresas.
Abascal Carranza informó que el Fondo Nacional de Desastres
(Fonden) ha autorizado, en beneficio
de más de 500 municipios afectados, un millón 33 mil despensas,
casi dos millones de colchonetas y cobertores, más de 680
mil litros de agua, casi 150 mil insumos de trabajo como
palas, picos, carretillas, así como 150 mil kits
de aseo.
La totalidad de estos recursos y otros insumos representa un
gasto estimado por alrededor de 438 millones de pesos y
en materia de salud se han erogado más de 250 millones de
pesos.
En esta reunión, en la que también participará el presidente
Vicente Fox Quesada, se informó
que la Secretaría de la Reforma Agraria asignará
105 millones de pesos en subsidios a través de diversos
programas y entregará la reposición gratuita de certificados
y títulos del Programa de Certificación de Ejidos, PROCEDE.
Por su parte, Josefina Vázquez Mota afirmó que el próximo lunes
el estado de Chiapas estará nuevamente comunicado, ya que
llevan poco más de la mitad de las vías terrestres recuperadas.
La funcionaria del Gobierno federal comentó además que el martes
se tomó la decisión de que el municipio de Motozintla,
en esta entidad se convierta en una de las cuatro bases
que hay para abastecer de turbosina
y gasolina, así como una estación en la que contarán con
helicópteros de apoyo.
Será este jueves cuando los encargados de coordinar los trabajos
de reconstrucción en Chiapas hayan concluido con los recorridos
por todos los municipios afectados y será hasta entonces
que se concluya con la evaluación de los daños causados
por el huracán Stan.
El gabinete de reconstrucción evalúa daños en Chiapas.
(Once TV, Guadalupe
Contreras, p.web. /Información
también publicada en El Economista, Proceso, El Financiero).
Reportero: Guadalupe Contreras
“No estamos frente a medidas, frente a acciones de estenografía,
es un principio de eficacia que nos reclama cada ciudadano
que ha sufrido las consecuencias de este fenómeno”, expresó
Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación.
Bajo esta consigna se resolvió entregar sumas millonarias a
las 6 entidades afectadas por el huracán Stan.
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero tendrán
como principal objetivo reconstruir la infraestructura afectada,
reactivar la economía, crear fuentes de empleo, así como
reparar y construir viviendas.
Estos puntos son la conclusión del reporte del gabinete de
reconstrucción que presentó los avances que se han alcanzado
a dos semanas de que el huracán Stan
afectara estas entidades.
Se han entregado un millón treinta y tres mil despensas, 2
millones de colchonetas, 680 mil litros de agua, 150 mil
insumos para la reconstrucción, que en total suman 438 millones
de pesos y en materia de salud se han entregado 250 millones
más.
Las próximas semanas, las secretarías de Estado distribuirán
recursos a las comunidades dañadas: Secretaría de Economía
250 millones de pesos, Reforma
Agraria 105 millones de pesos, Agricultura 2 mil millones
de pesos, Nacional Financiera destinará 3 mil millones de
pesos para la reconstrucción de carreteras, la Secretaría
de Salud 400 millones de pesos y para la creación de empleos
70 millones de pesos. Para que los ciudadanos recuperen
su enseres domésticos se les otorgará
10 mil pesos.
El compromiso es que estos recursos se entreguen de manera
transparente y que toda la ayuda económica que aporte la
ciudadanía será fiscalizada por la organización Transparencia
Mexicana.
Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, manifestó:
“para que se haga con absoluta transparencia y rendición
de cuentas, para que no haya espacio a afectaciones de uso
electoral o partidista en momentos como este”.
Respecto a los municipios afectados en Chiapas donde se registraron
más daños, la secretaria de Desarrollo Social informa que
el próximo lunes todos los caminos a las cabeceras afectadas
volverán a funcionar.
En Tuxtla Gutiérrez, el presidente Vicente Fox recibió este informe del gabinete de reconstrucción. Afirmó
que se dará prioridad a los más pobres y supervisará personalmente
la entrega de millonarios recursos a las zonas afectadas.
El presidente rechazó la solicitud de los gobiernos de Veracruz
y Oaxaca de utilizar los 80 mil millones de pesos, producto
de la controversia constitucional entre la Cámara de Diputados
y el Poder Ejecutivo, para canalizarlos a las zonas afectadas.
Recordó que esos recursos ya están asignados desde diciembre
del año pasado.
Anuncia Abascal 7 mil millones para reconstrucción. (El Heraldo de Chiapas,
Isaí López, p.web. /Información
también publicada en El Occidental, El Dictamen.).
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (OEM).- En la presentación del plan
de trabajo del Gabinete de Reconstrucción, en Tuxtla Gutiérrez,
el presidente Vicente Fox Quesada,
garantizó la suficiencia de recursos y el abasto de víveres,
en las entidades de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca e
Hidalgo, afectadas por el huracán "Stan", solicitó a sus colaboradores eficacia y transparencia
en el manejo de los recursos públicos y mayor apoyo a los
que menos tienen.
En el evento el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza, detalló la presentación del plan de trabajo del
gabinete de reconstrucción, que el Gobierno Federal ejercerá
un presupuesto de siete mil 500 millones de pesos, no obstante
que en días pasado el presidente Fox había anunciado una inversión de entre 20 y 25 mil millones
de pesos.
Fox reconoció que queda un tramo que recorrer,
nuevamente hacemos un llamado a la ciudadanía de todo el
país a que no baje el abasto de todas estas mercancías,
e instruyó a su gabinete que la preferencia seguirá siendo
por los más pobres, por las comunidades indígenas, por las
familias de menos ingresos.
Pues en toda asignación presupuestal, en todo subsidio, siempre
tendrán ellas la mejor parte para asegurarnos que así suceda
en todos los programas, de igual manera la tarjeta de Oportunidades,
la huella o la firma de quienes están en el programa deberán
tener la más alta consideración, porque ahí está el 25 por
ciento de los más pobres de la población mexicana.
En el caso de Chiapas o Oaxaca, agregó, ahí está el 55 por
ciento de la población en esta categoría, por ello, vamos
a desembocar con rapidez todo el presupuesto extraordinario
que ya se asignó para este propósito, para cumplir estas
cinco metas.
Es decir, la reconstrucción de la infraestructura, la reactivación
de la economía, el empleo y el ingreso de las familias y
de las personas afectadas, la vivienda y los bienes muebles
y las soluciones estructurales de fondo.
Mencionó que el Congreso de la Unión hizo una aprobación extraordinaria
de 115 mil millones de pesos sobre el presupuesto, a la
vez, hemos obligado al Gobierno Federal, afortunadamente
ya han podido cubrirse 80 mil millones de pesos y si llega
a haber algo más de recursos ciertamente irán siguiendo
el camino trazado.
En presencia de los gobernadores de Chiapas, Pablo Salazar
Mendiguchía, de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, de Oaxaca,
Ulises Ruiz Ortiz, de Puebla, Mario Marín Torres y de Hidalgo
Miguel Ángel Osorio, anunció la apertura de un fondo especial
de cinco mil millones de pesos, adicional a los cinco mil
millones del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para
la reconstrucción rápida del sur sureste, afectado por el
fenómeno natural "Stan",
tarea que -dijo- ya se ha iniciado.
Hemos entendido -enfatizó- que tenemos que cerrar esta brecha
de apreciación y al final darle la razón al ciudadano y
si es exigente, que bueno que lo sea, y si espera más de
nosotros que bueno que lo espere, porque eso nos reta, nos
motiva a hacer mejor las cosas, a hacerlas más rápido, a
hacerlas con más calidad.
Se trata de reactivar la economía, reconstruir infraestructura,
activar el empleo y recuperar bienes muebles e inmuebles
en las entidades de damnificadas, dijo aquí el Presidente,
donde también se instaló el comité de evaluación de daños,
como se ha instalado en Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Veracruz.
Garantizó la suficiencia de recursos económicos para la reconstrucción,
el abasto de víveres que suma ocho mil toneladas entregadas,
lo cual seguirá con la misma intensidad, para ello, dijo
que los helicópteros de la Presidencia de la República se
quedarán aquí.
El secretario de Gobernación (Segob),
Carlos María Abascal Carranza, afirmó que se trata de restablecer
la normalidad económica y social de las zonas afectadas,
implementar medidas necesarias para prevenir daños por ese
tipo de emergencias en el futuro.
El Secretario de Gobernación, anunció que en una primera etapa,
se aplicarán programas en los estados afectados por el huracán
"Stan", y afirmó que se trata de restablecer la normalidad
económica y social de las zonas afectadas, implementar medidas
necesarias para prevenir daños por ese tipo de emergencias
en el futuro.
Comentó que la Secretaría
de la Reforma Agraria repondrá de manera gratuita certificados
y títulos entregados por el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales, a la vez, asignarán 105 millones
de pesos en subsidios para adelantar recursos para el desarrollo
agropecuario.
Arabian convoca a Víctor Campos
a entregar la información sobre Guadalupe Victoria. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).
La diputada federal Miriam Arabian
Couttolenc convocó al edil auxiliar
de San Francisco Totimehuacán, Víctor Roberto Campos Carpinteyro,
y a todos sus familiares a presentar oficialmente la información
que tienen en su poder respecto a las anomalías detectadas
en el ejido de Guadalupe Victoria Valsequillo, entre las que están hacerse pasar como ejidatario
para avalar la elección de su padre Eliseo Campos como comisario
ejidal y autorizar la explotación del cerro Cuanalapa
a la empresa Gecomin.
En la resolución parlamentaria tomada por la legisladora se
aclara que dicha convocatoria surge a raíz del reto lanzado
por el alcalde subalterno para debatir el tema y expone
que en el procedimiento parlamentario 34/2005, iniciado
a raíz de las anomalías denunciadas, dicho tema ha sido
abordado de manera oficial. Ahora corresponde a Campos definir
“la fecha, lugar y formato de la audiencia parlamentaria
pública” para que aporte toda la información que desee.
Por su parte, René Sánchez Galindo, secretario de procedimientos
parlamentario del Distrito 12, aseveró que, contrario a
lo declarado por Víctor Campos a La Jornada de Oriente,
en ninguno de los expedientes agrarios sobre la elección
de Eliseo Campos Paredes y la asamblea para autorizar la
explotación del cerro Cuanalapa
existe constancia sobre la carta poder que supuestamente
utilizó el edil para participar en las reuniones.
Al contrario, afirmó, en la documentación oficial que obra
en poder de la diputada Miriam Arabian
están las actas ejidales donde se comprueba que Víctor Campos
se hizo pasar y firmó el documento como ejidatario, lo cual
constituye un delito que debe perseguir la Procuraduría Agraria.
El alcalde subalterno, abundó, acepta que en la autorización
para la explotación del cerro a la empresa Gecomin
participaron seis ejidatarios plenamente reconocidos, pero
en el acta ejidal aparece su firma de aprobación. Asimismo,
miente al afirmar que dicha reunión se realizó a raíz de
la emisión de una segunda convocatoria, lo cual facultaría
a la asamblea a tomar acuerdos sin importar el número de
ejidatarios presentes.
Respecto a la denuncia penal que Campos Carpinteyro
anunció que presentará en contra de Miriam Arabian
Couttolenc por el delito de difamación, Sánchez Galindo apuntó
que el edil tiene el derecho como cualquier ciudadano a
iniciar dicho proceso, pero lo que hasta la fecha no ha
entendido es que la legisladora ha realizado una serie de
preguntas y que la labor de un diputado federal “es preguntar
para legislar”.
Aumenta la migración de mujeres del campo. (El Universal, p.web)
Entre 30 y 40 por ciento de la
migración a Estados Unidos o zonas urbanas de México corresponde
a mujeres del medio rural, y este fenómeno va en aumento,
aseguró la presidenta del Inmujeres, Patricia Espinosa Torres.
Entrevistada luego de participar
en el Congreso Internacional de las Mujeres Rurales, Estrategia
para su Desarrollo, destacó que de las mujeres que emigran
de sus comunidades de origen, la mitad busca mejores ingresos
y condición de vida, y el resto lo hace para acompañar a
sus parejas.
Pero el país, agregó la titular
del Instituto Nacional de las Mujeres, está a tiempo de
frenar ese fenómeno mediante la creación de oportunidades,
para evitar que ese sector de la población salga de sus
pueblos.
La directora regional para México,
Centroamérica, Cuba y República Dominicana de la oficina
del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM, por sus siglas en inglés), Teresa Rodríguez Allendes,
indicó que años atrás la migración en zonas rurales era
casi exclusiva de los hombres.
Lamentablemente, indicó, va en
aumento la migración de mujeres del campo y es preocupante
que abandonen los espacios de producción de alimentos para
aventurarse a situaciones y condiciones difíciles, lo que
también genera desintegración familiar.
Ante ello se pronunció por fortalecer
el trabajo en zonas rurales no sólo para las mujeres, sino
también para los jóvenes, y que se interesen en las actividades
del campo y se pueda frenar la migración.
Las mujeres juegan un papel muy
importante en el desarrollo del país, y frenar su migración
es un desafío no sólo de los gobiernos federal y estatal,
sino de los de nivel local, mencionó.
Durante el evento, la subsecretaria
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), María del Refugio González,
dijo que las mujeres del campo en México y en el mundo son
protagonistas claves en la producción de alimentos.
Precisó que según estimaciones
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, las mujeres producen más de la mitad
de los alimentos que se cultivan en el mundo.
Influyentismo y complicidades, sistema para adquirir
propiedades. (La Jornada, Misael Habana, p.web).
Paraíso, en Acapulco; tierras de cultivo en el Edomex
La lujosa residencia Cuatro Vientos, en el fraccionamiento
Marina Las Brisas, de Acapulco, que domina la bahía de Santa
Lucía, es visitada con frecuencia desde enero anterior por
Arturo Montiel Rojas y su esposa,
Maude Versini.
En el Registro Público de Acapulco no aparece ninguna propiedad
a nombre del ex mandatario mexiquense ni de sus hijos, Juan
Pablo y Arturo Montiel Yañez;
tampoco el de su cónyuge. El inmueble tampoco está registrado
a nombre del ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros
quien, según los vecinos, ordenó su construcción.
Pero los millonarios habitantes de Marina Las Brisas comentan
que el inmueble pertenece o perteneció a Juárez Cisneros,
quien lo prestó o regaló a Arturo Montiel.
Se dice que la hermana de Maude
Versini es esposa del ex gobernador
guerrerense.
Acostumbrados a tener vecinos ricos y famosos, así como a ver
"fortunas sospechosas", los entrevistados indicaron
que "los Montiel comenzaron
a venir aquí a principios de año; incluso, una revista sacó
fotos del interior de su mansión".
El vocero de Juárez Cisneros, Juan Manuel Armenta, negó en entrevista telefónica que la casa Cuatro
Vientos "fuera, sea o haya sido" propiedad de
su jefe.
San Antonio la Isla
En julio de 2004, vecinos del municipio de San Antonio la Isla,
estado de México, vieron sorprendidos la llegada de maquinaria
pesada que limpió más de 100 hectáreas de cultivo, hasta
entonces parte de las tierras agrícolas de la localidad.
Pronto se enteraron de que en esos terrenos se construirían
miles de casas, ya que "gente muy importante"
los adquirió a un precio irrisorio.
Al paso de los días se supo en todo el pueblo que Arturo Montiel Yáñez, hijo del entonces
gobernador Montiel Rojas, era
dueño de esos predios, y que en conjunto con grandes inmobiliarias
edificaría dos desarrollos habitacionales: Ex Rancho San
Dimas y Las Ventanillas.
Con ayuda y asesoría de Montiel Yáñez, las empresas Proyectos Inmobiliarios de Culiacán y
La Casa Espacio Inmobiliario solicitaron a autoridades municipales
y estatales autorizaciones para el cambio de uso de suelo,
pues los terrenos tenían una actividad agrícola. El alcalde
Gerardo Miguel Camacho Sánchez -un priísta que accedió al
poder bajo las siglas del PRD, y que mantiene en sus oficinas
una foto de Montiel- se encargó
de promover los permisos.
Algunos vecinos revelaron que gracias a "apoyos"
que las empresas dieron a funcionarios municipales, éstos
aceleraron los trámites y en menos de un mes, el 25 de agosto
de 2004, el cabildo sesionó para dictaminar a favor el plan
de congruencia para integrar ambos conjuntos a la zona urbana.
Treinta días después, la Secretaría de Desarrollo Urbano del
estado aprobó el cambio de uso de suelo, y se publicó en
la Gaceta de Gobierno mexiquense. Las obras se iniciaron
aun antes de que se tuvieran todos los permisos. Se introdujo
drenaje y fueron construidos los cimientos de las cientos
de casas que triplicarán en cuatro años la población de
San Antonio la Isla, que actualmente cuenta con 15 mil habitantes.
En julio de 2005, a dos meses de dejar la gubernatura, Arturo Montiel publicó
en la Gaceta de Gobierno las autorizaciones para
construir los dos conjuntos habitacionales. A Ex Rancho
San Dimas le otorgó permiso para desarrollar 5 mil 620 viviendas,
y permitió edificar 633 hogares en Las Ventanillas. El 24
de agosto, el ayuntamiento liberó las licencias de construcción
por mayoría del cabildo, pero varios regidores de PAN, PRD
y PRI se opusieron a emitir estos documentos, al considerar
que el municipio sufriría crecimiento desproporcionado.
Hubo manifestaciones de pobladores ante el palacio municipal.
Por ello las empresas accedieron a realizar diversas obras
para la comunidad y se comprometieron a invertir 30 millones
de pesos en vialidades, escuelas, jardines y equipamiento.
La promesa era parte de la obligación que por ley tienen todas
las inmobiliarias que desarrollan conjuntos habitacionales.
"Es un negocio redondo. Compra tierras agrícolas muy baratas,
han de andar en 30 pesos el metro cuadrado, y con el cambio
de uso de suelo a habitacional el precio se eleva a unos
400 pesos", dijo Genaro, quien accedió a dialogar con
La Jornada bajo promesa de anonimato.
"Aquí todo mundo sabe que el hijo del gobernador está
metido", dijo. "A muchos los convencieron con
las obras que van a realizar para el municipio, pero imagínese
el impacto que va a tener. Aquí se acaba la tranquilidad
de San Antonio."
Ambos conjuntos estarán a orillas de un arroyo que suele desbordarse
en época de lluvias. Esto se reconoce en el Plan de Incorporación
Territorial de Las Ventanillas, publicado en Gaceta de
Gobierno el 24 de septiembre del año pasado. Pero a
pesar de las irregularidades ya se inició la comercialización
de estos desarrollos habitacionales.
Sector agropecuario
Bloquean campesinos acceso a la ciudad de Guanajuato. (La Jornada, Martín Diego,
p.web)
Más de 700 labriegos se plantan junto a la caseta
de peaje
Exigen solución a deuda impagable por energía eléctrica
Guanajuato, Gto., 12 de octubre.
Desde las primeras horas de este miércoles, unos 700 campesinos,
adheridos al Comité pro Mejoramiento del Agro Nacional Guanajuatense,
bloquean de manera parcial el acceso a la ciudad de Guanajuato
-aproximadamente a 100 metros de la caseta de peaje- para
exigir que las autoridades estatales y federales atiendan
los problemas que afrontan los labriegos.
Luego del plantón que mantenían afuera de la delegación de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa)
en el municipio de Celaya, optaron por trasladarse a la
capital del estado para realizar una movilización frente
a la Casa de Gobierno, pero agentes de Seguridad estatal
les impidieron entrar a la ciudad.
Encabezados por Rubén Vázquez Martínez, los campesinos intentaron
llegar a la ciudad de Guanajuato en aproximadamente 100
tractores y 90 camionetas particulares durante la madrugada
del miércoles. Ya entrada la mañana se instaló una mesa
de negociación en la que participaron los inconformes y
autoridades del estado.
De acuerdo con Vázquez Martínez, los 710 campesinos integrantes
del comité reclaman que el gobierno del estado los respalde
en su queja por el alza en las tarifas de la energía eléctrica,
que "nos ha llevado a la quiebra".
Expuso que los labriegos tienen un adeudo de al menos 170 millones
de pesos con la CFE, que "no podemos pagar, porque
mes con mes se acumulan alzas". Hace cinco años, dijo,
"comentamos el problema a Javier Usabiaga
Arroyo, quien se suponía que en ese entonces era el mejor
secretario de Agricultura del país, pero ni él pudo hacer
nada por mejorar las condiciones de los campesinos de Guanajuato".
Después de varias horas de diálogo se logró concretar una reunión
a puerta cerrada con el gobernador Juan Carlos Romero Hicks y con el secretario de Gobierno, Ricardo Torres Origel, previo llamado a un visitador de la Procuraduría Estatal
de Derechos Humanos para que levantara una querella por
lo que consideraron "una provocación", ya que
cerca de 200 elementos de Seguridad Pública del estado,
apoyados con perros de ataque, les negaron avanzar en la
caravana, "para que no les empañemos la fiesta del
Festival Internacional Cervantino", dijo uno de los
integrantes de la movilización.
De su lado, los negociadores del gobierno estatal pidieron
al dirigente del Comité pro Mejoramiento del Agro Nacional
Guanajuatense no "hacer rehenes" al gobernador,
a la ciudad ni a los visitantes que acuden al Festival Internacional
Cervantino y levantar el bloqueo parcial, a lo que no accedieron
los inconformes.
Prensa Estatal
GUERRERO
Los opositores a La Parota insisten en que tirarán
la casa muestra de la CFE. (El Sur,
Karina Contreras, p.web).
La policía
no entrará porque así lo decidimos, no porque López Rosas
piense que no es necesaria, dice el vocero Marco Antonio
Suástegui.
Los comuneros opositores al proyecto
La Parota reiteraron que no permitirán la construcción de
la casa muestra que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) levanta en la comunidad de La Concepción, y advirtieron
que la Policía Preventiva no va a entrar a la zona –como
lo solicitó el comisario municipal Demetrio Melchor– porque
ellos no lo van a permitir, y no porque el alcalde Alberto
López Rosas haya dicho que no es necesaria.
Aunque trascendió que a partir
de ayer los opositores de La Concepción iban a iniciar un
plantón en el sitio en donde se construye la casa muestra
para evitar los trabajos, éste fue suspendido porque hasta
el domingo decidirán en su asamblea los pasos a seguir,
según informaron vecinos de la comunidad.
Hasta este miércoles, los trabajos
de construcción de la casa muestra de la CFE continuaron
normalmente. La casa sería igual a las que recibirían las
familias de Pochotlaxco –de concretarse
el proyecto hidroeléctrico– una comunidad con apenas unas
diez casas de bajareque, que se encuentra a escasos metros
del río Papagayo.
Los vecinos de Pochotlaxco, de acuerdo con los planes de la CFE, serían los
primeros en ser reubicados por su cercanía con el río, pero
además para que los demás afectados vean los beneficios
que traería la obra.
De acuerdo con los proyectos de
la dependencia federal, el pueblo sería reubicado en un
terreno que ya fue escogido por las familias; ahí tendrán,
de acuerdo con las promesas de la CFE, agua potable, energía
eléctrica, pavimentación, servicios que hasta el momento
no han tenido.
En declaraciones telefónicas, uno
de los portavoces del movimiento opositor, Marco Antonio
Suástegui Muñoz, reiteró que tirarán la casa muestra de la
CFE, si se continúa construyendo. Sobre la decisión del
alcalde Alberto López Rosas de no mandar policías a La Concepción,
dijo que eso ya lo habían decidido ellos.
Adelantó que en estos días se manifestarán
en el Ayuntamiento, porque el comandante de la Policía Rural,
Agustín Salinas, ha estado hostigando a los policías opositores
de esa corporación policíaca y a quienes ya les recogió
sus armas y uniformes, sólo por estar contra la presa.
Reprochó la actitud asumida por
el alcalde Alberto López Rosas de desarmar a los policías,
por lo que no descartan que se forme una policía autónoma,
es decir que no dependa del gobierno. Aclaró que a esa situación
los están obligando los gobiernos, con su apoyo al proyecto
de La Parota.
Protestan ejidatarios de Tres Palos en las oficinas
de la CFE de Cuauhtémoc. (El Sur,
Mónica Martínez, p.web).
Denuncian
que la paraestatal no les ha pagado la indemnización por
una línea de alta tensión que instaló hace 30 años y que
afectó a sus tierras.
Ejidatarios de El Salto y Metlapil,
pertenecientes al ejido de Tres Palos, se manifestaron ayer
fuera de la sucursal de la Comisión Federal de Electricidad
ubicada en Cuauhtémoc, para protestar porque no se ha indemnizado
a 24 afectados por una línea de alta tensión que se instaló
hace 30 años.
Con pancartas, los inconformes
expresaron que “cómo quieren que apoyemos a la presa La
Parota si en nuestras tierras la CFE tiene más de 30 años
aprovechándose de ellas”.
Los ejidatarios –quienes se negaron
a dar sus nombres– estuvieron en la puerta de la sucursal
por varios minutos y entregaron a los reporteros una carta
enviada al presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, a quien le explican su situación.
Uno de los ejidatarios indicó que
desde 1969 –hace más de 30 años– la paraestatal instaló
una línea de alta tensión en el ejido de Tres Palos y afectó
a 24 habitantes.
Pero los afectados desconocen el
monto total que les corresponde como indemnización.
“La verdad ahorita
queremos que nos paguen por los metros cuadrados que nos
afectaron, no sabemos la cantidad pero queremos negociar
y que nos hagan caso porque venimos aquí y no nos hacen
caso”, comentó otro.
Dijo que los representantes de
la CFE sólo les responden que ese problema le corresponde
a las oficinas que se ubican en Cuernavaca, Morelos, “pero
el de Cuernavaca viene cada vez que puede y no nos pagan”.
En el documento que los manifestantes
enviaron al presidente Fox hablan
sobre “el abuso que la Comisión Federal de Electricidad,
de la División de Distribución Centro Sur de la Zona Acapulco,
han hecho contra los suscritos, “en especial el ingeniero
Germán Moreno Montoya, quien se ostenta como superintendente
general y tiene más de dos años burlándose de nosotros,
pues le hemos solicitado que nos indemnice la servidumbre
de paso por el cruce de la línea de 115 KW”.
También acusaron a Moreno Montoya
de “aprovecharse de la pobreza y en muchos casos de la ignorancia”
para darles largas “y más largas” a la indemnización.
En la carta –que incluye 21 firmas–
explican a Fox Quesada su posición
sobre la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“Con todo respeto le decimos que
cómo quieren que apoyemos la presa si por ejemplo en nuestras
tierras la Comisión Federal de Electricidad tiene más de
30 años aprovechándose sin que nos hayan indemnizado”, agrega.
El documento lleva copia para el
gobernador Zeferino Torreblanca;
al director general de la CFE, a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, a la Contraloría Interna de la CFE,
al gerente de la División Centro Sur y al Departamento Jurídico
de la zona Acapulco.
SAN LUIS POTOSÍ
Debieron utilizarse unos 70 kilos de dinamita,
dicen activistas. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web).
El núcleo agrario Cerro de San
Pedro anunció que la empresa Minera San Xavier reinició
las detonaciones en la zona la localidad de La Zapatilla,
en terrenos propiedad de la empresa. Ni las autoridades
estatales ni la compañía confirmaron la detonación, pero
señalaron que la empresa está en su derecho.
En comunicado de prensa, el núcleo
ejidal señaló que “en punto de las 11:30 de la mañana de
ayer, apoyados por una brigada de Protección Civil, agentes
de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente,
e integrantes de la delegación en el estado del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, empleados de la Minera
San Xavier realizaron una detonación en el área reconocida
como La Zapatilla, misma donde pretenden construir los llamados
patios de lixiviación”.
Explicaron que desde las 9 de la
mañana de ese día, los opositores a la empresa, Ana María
Alvarado y Mario Martínez Ramos, se encontraban realizando
un levantamiento topográfico con personal del Tribunal
Unitario Agrario y Minera San Xavier, en la zona del
conflicto dentro del expediente 307/2004.
Apuntaron que estas personas se
encontraban a kilómetro y medio del lugar a la hora de la
detonación.
“De acuerdo con lo observado, debieron
utilizarse unos 70 kilos de dinamita, levantándose una polvareda
de más de 80 metros de altura y sintiéndose los efectos
sísmicos de la detonación a varios kilómetros a la redonda”,
señalaron.
Habitantes de la cabecera municipal
afirmaron que una pequeña detonación cimbró la zona. Los
opositores establecieron que si estas acciones continúan,
los efectos serán terminales para Cerro de San Pedro.
Gobierno y empresa:
ni sí, ni no
El representante legal, Angel Candia Pardo, señaló que desconocía
si las detonaciones habían reiniciado, pero apuntó que en
caso de ser así, estas se encuentran apegadas ya que la
empresa tiene autorización para hacerlo.
El titular de la Unidad Estatal
de Protección Civil, Oscar Mendoza Hernández, refirió que
la empresa obtuvo autorizaciones de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) para
detonaciones, pero argumentó que había estado desde el lunes
en la Huasteca y no estaba enterado de si su personal acudió a verificar
detonaciones en aquella zona.
El FAO dijo que la detonación se
realiza en el contexto de un permiso parcial liberado por
la Secretaría de la Defensa Nacional hace aproximadamente
un mes, en el área de la antigua Zapatilla, colindante al
pueblo y ejido de San Pedro.
En la zona de las detonaciones,
aseguró la organización, se localizan construcciones del
siglo XVII y desde luego los efectos sísmicos serán resentidos
por los templos y construcciones históricas del pueblo de
San Pedro.
El organismo opositor dijo que
las explosiones son “una exhibición de impunidad, de burla
a la legalidad, cobijada desde luego con el manto autoritario
de Marcelo de los Santos Fraga”.
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