CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
12 DE OCTUBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Desatoran fondos;
urgen a gastarlos
Reasignan diputados $80 mil millones;
el 42% irá a estados y municipios
Se encona enfrentamiento entre Madrazo y Montiel
El ex líder del PRI exige que se aclare
el origen de la fortuna del ex gobernador
Mantienen amenaza de huelga en el IMSS
Dispuesto, el sindicato a negociar
jubilaciones y pensiones con un aumento salarial de 10%
El clima electoral no desviará a la economía
Prevén que habrá volatilidad, pero
será transitoria gracias al blindaje
Yo no filtré, pero Montiel necesita aclarar:
Madrazo
No soy
tonto para firmar pacto de no agresión: el mexiquense
Yo no filtré nada, que Montiel aclare su fortuna:
Madrazo
“Puedo
mirar a mi hijos a los ojos”, dice
Tlalpan, 14 hrs. Bloqueada por el sindicato del IMSS
Es una
vialidad principal, la ley prohíbe tomarla, pero el jefe
de la policía del GDF prefirió no liberarla.
No será Jackson tercera opción
“Abusivo” ataque de Televisa: Barlett. Cierran filas diputados con Madrazo
Abre Madrazo batalla
legal contra Montiel
Anuncia que lo denunciará ante los
órganos de justicia del PRI
Cacería de brujas contra disidentes
del SNTSS
Sector agrario
Protestan campesinos frente a SRA. (El Universal On Line,
p.web).
Martes 11 de Octubre,
05
Alrededor de 200
campesinos se instalan frente a la Secretaría de la Reforma
Agraria para exigir
mejores condiciones de vida en el campo; esperan el arribo
de otras mil 800 personas
13:36 Alrededor
de 200 personas protestan frente a la Secretaría de la Reforma
Agraria, por lo que se registra un corte a la circulación
en avenida Escuela Naval Militar, desde la calzada Santa
Ana y hasta Canal de Miramontes.
Los manifestantes pertenecen a
la Confederación Agrarista Mexicana y esperan el arribo
de otras mil 800 personas procedentes de varios estados
del país.
Señalan que el plantón será indefinido
y exigen mejores condiciones de vida en el campo.
(Con información de Formato 21)
Apoya a quienes han formado parte de la Procuraduría
Agraria. (Por
Esto!, Manuela
Correa, p.web).
Tizimin, Yucatán, 11 de octubre.- Campesinos
de esta ciudad denunciaron que el visitador agrario que
está a cargo de la organización de las elecciones del Comisariado
Ejidal de esta ciudad muestra clara tendencia a apoyar a
candidatos que por algún tiempo formaron parte del personal
de la Procuraduría Agraria y les ofrecen concesiones.
Los campesinos explicaron que el personal de la Procuraduría Agraria debe cumplir con
su papel de apoyar por igual a quienes estén interesados
en participar en el proceso de selección a realizarse en
el transcurso del presente mes para elegir al representante
del campesinado tizimileño.
Señalaron que dos de los cuatro contendientes, antes de realizarse
el sorteo de los colores de las planillas que contenderán
en el proceso de elección ya cuentan con esta insignia,
lo que fue calificado como un acto con el que el visitador
agrario busca beneficiar a quienes trabajaron en la Procuraduría
Agraria.
Los campesinos indicaron que al presentarse la convocatoria
para elegir al comisario ejidal para el próximo período
de tres años esperaban que se realizara un proceso ordenado,
sin embargo quienes fueron beneficiados con la adjudicación
de colores de su planilla trabajan en la búsqueda de votos
desde hace varios días, mientras los demás se encuentran
en espera de la reunión a realizarse mañana (por hoy) en
el local del Comisariado Ejidal
poco después del mediodía.
De todo un poco. (La Jornada de Oriente, Raúl
Torres Salmerón, p.web).
Siguen los problemas en Totimehuacán.
Unas 500 personas portaron camisetas en el zócalo de esta
junta auxiliar. La leyenda de las camisetas decía por el
frente: ‘¿Por qué no hay justicia en Totimehuacán?’ y al reverso: ‘Procuraduría Agraria exigimos denuncia a Campos Carpinteyro’,
según denunció la diputada federal panista
por el Distrito 12, Myriam Arabián...
El paro de labores en la SRA no afectó en la delegación
Colima. (Ecos
de la Costa, Édgar H, Badillo,
p.web).
Colima.- El delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Ramón del Toro Velasco, informó que durante el
fin de semana concluyó en Colima el paro de labores que
mantenían trabajadores sindicalizados del organismo, demandando
la homologación de sus salarios.
Entrevistado ayer luego de participar en la inauguración de
las jornadas federales de información, el funcionario dijo
que si bien el paro terminó, los trabajadores continúan
con sus manifestaciones toda vez que buscan mejorar sus
condiciones laborales: “pero esta acción la han venido realizando
desde hace tiempo y la secretaría ha venido gestionando
junto con la Secretaría de Hacienda para lograr una retabulación
salarial”, apuntó.
Sin embargo, reconoció que no ha sido fácil el obtener una
respuesta favorable a las pretensiones de los trabajadores,
toda vez que están a merced de la determinación que en determinado
momento pueda tomar la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público “y también la vialidad legal para que también esto
exista”.
Luego de reiterar su beneplácito por el levantamiento del paro
a nivel nacional, Del Toro Velasco dijo que en Colima estuvieron
participando cerca de 23 trabajadores sindicalizados en
dicho movimiento, contando a quienes laboran en la delegación
de la SRA y del Registro Agrario Nacional, a cargo de Odilisa
Gutiérrez Mendoza.
En ese sentido, elogió la postura que al respecto a tenido la dirigencia sindical en el Estado, toda vez que
“entiende que no está en manos del delegado la solución,
el personal también lo entiende, que no son cosas que estén
en nuestras manos aquí. Afortunadamente hay un trato cordial
y hemos aceptado hacer el trabajo que nos corresponde en
Colima”.
A pregunta expresa, refirió que parte del acuerdo tomado a
nivel central consistió en habilitar una mesa de diálogo
para tratar de encontrar soluciones a las diferencias surgidas:
“aquí no se trata de que el secretario Florencio Llamas
tome decisiones de un solo plumazo, sino que se buscará
dialogar para en un clima más tranquilo, propiciar mejores
resultados”.
Finalmente, aseguró que en Colima el paro que se realizó a
nivel nacional no generó ningún problema en el buen funcionamiento
de la SRA y sus sectores: “se respetó el acceso a todo el
personal de confianza para seguir haciendo nuestras labores
y obviamente la labor de los sindicalizados es importante
para hacer todas las gestiones, pero a pesar de todo eso,
redoblando el esfuerzo por parte del personal de confianza,
todo el trabajo siguió transcurriendo normalmente”, concluyó.
Marginación y rezago están vigentes en los pueblos
indígenas de Michoacán. (Mi Morelia.com, Yamillete García, p.web).
Morelia, Mich., 11 de octubre.- A
pesar de la integración de una Coordinación Interinstitucional
para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del estado, y el Consejo Consultivo en el que participan
representantes de este sector y autoridades, los rezagos
y la marginación aún están presentes en la vida de las etnias
michoacanas.
Actualmente, según el último censo del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad
habitan un total de tres millones 985 mil 667 personas indígenas,
de los cuales un millón 911 mil 78 son hombres y dos millones
74 mil 589 son mujeres, distribuidos en los 113 municipios
del estado.
Sin embargo, la falta de oportunidades, marginación, violación
a los derechos humanos y rezago en los servicios básicos
de subsistencia aún están presentes en los pueblos indígenas
de Michoacán, así lo reconoció el Coordinador Interinstitucional
para la atención de los pueblos y comunidades indígenas
de la entidad, Nestor Dimas Huacuz, quien precisó que el esfuerzo de los gobiernos todavía
se mantiene.
Y es que, aunque actualmente representantes gubernamentales,
legisladores y algunos representantes de los pueblos indígenas
trabajan por una reforma en la Constitución Política del
estado para lograr el reconocimiento de los derechos de
las etnias, es tiempo de que los problemas persisten y obstaculizan
su desarrollo.
Dimas Huacuz, señaló que entre las
principales adversidades que enfrentan las comunidades indígenas
michoacanas, se encuentran los históricos conflictos
agrarios o por la tenencia de la tierra, que cada año
cobran la vida de campesinos y trabajadores indígenas, además
de la falta de infraestructura carretera, escuelas y clínicas
que garanticen la atención básica a las necesidades de esta
población.
No obstante, el funcionario estatal precisó que actualmente
una de los principales objetivos que persigue el gobierno
del estado, se la instalación de la universidad indígena
que esté dirigida a este sector poblacional y a todos aquellos
interesados en investigar y estudiar sobre las etnias michoacanas,
con lo cual puedan aportar a la revaloración de la cultura
e identidad de cada uno de los pueblos y comunidades.
Por tal motivo, aunque aún existe mucho trabajo por hacer para
el reconocimiento de los indígenas del estado, Nestor
Dimas señaló que en el marco del día de la raza, la invitación
es a que las autoridades redoblen esfuerzos y reflexionen
sobre la situación actual de los pueblos étnicos, ya que
en la actualidad cada doce de octubre, no es día de celebración
sino de lucha por la dignidad y respeto de las raíces mexicanas,
precisó el funcionario estatal.
La SRA no ha fracasado en solución de conflictos. (La Jornada, p.web)
Gilberto José Hershberger
Reyes.
Francisco López Bárcenas publicó
un artículo en La Jornada, en el que falsamente afirma
que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha
fracasado en la solución de conflictos agrarios en el estado
de Oaxaca, intentando ejemplificar su aseveración con el
conflicto del ejido "San Pedro Yosotatu"
con el de "San Sebastián Nopalera".
Sin lugar a dudas el articulista desconoce los importantes
avances que en materia de solución de conflictos ha logrado
la SRA, especialmente en esa entidad federativa, a través
del Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural,
ya que del año 2003, cuando se inició el programa, a la
fecha, los avances y resultados alcanzados no tienen precedente
histórico en el país, y con mayor razón en el estado de
Oaxaca.
En junio de 2003, la SRA elaboró un diagnóstico de la situación
agraria del país, identificando 14 focos rojos en
11 entidades federativas, de los cuales cuatro se localizaron
en Oaxaca, que involucraban 10 conflictos de enormes proporciones
que podían poner en riesgo la gobernabilidad de la región
en más de 595 mil hectáreas de diversos poblados.
Esos problemas se caracterizaban por tener una antigüedad promedio
de 45 años, a lo largo de los cuales se reportaban 151 enfrentamientos
con saldo de 472 personas fallecidas, 315 heridas y tres
desaparecidas, e implicaban inseguridad en la tenencia de
la tierra e incertidumbre para sus hombres y mujeres.
Como resultado de la estrategia de atención implementada por
la SRA, seis de los 10 conflictos detectados en los cuatro
focos rojos en Oaxaca están solucionados, lo que
ha propiciado certeza jurídica a los pobladores de más de
530 mil hectáreas.
Adicionalmente a la solución de los focos rojos, la
SRA, a partir del año 2003, ha resuelto 76 conflictos agrarios
en el estado de Oaxaca, de los denominados focos amarillos,
que involucraba una superficie de 32 mil hectáreas, en beneficio
de cerca de 29 mil campesinos oaxaqueños.
Lo antes señalado bastaría para demostrar la falsedad con que
se conduce el articulista López Bárcenas
y los resultados obtenidos acreditan la eficacia y la eficiencia
de los programas del gobierno federal para atender y resolver
conflictos en el medio rural oaxaqueño.
Por lo que hace al conflicto entre los ejidos "San Pedro
Yosotatu" y "San Sebastián
Nopalera", que refiere López Bárcenas,
se originan debido a que ejidatarios de "San Sebastián
Nopalera" invadieron terrenos
propiedad del ejido "San Pedro Yosotatu",
que le habían sido dotados por resoluciones presidenciales
de dotación y ampliación, de fechas 16 de abril de 1931
y 7 de abril de 1948, respectivamente.
En contra de esa invasión, en el año de 1995 "San Pedro
Yosotatu" demandó el juicio
agrario número 92/95 por conflicto de límites en contra
del ejido "San Sebastián Nopalera", ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito
46, con sede en la ciudad Huajuapan
de León, estado de Oaxaca.
Por sentencia de fecha 11 de abril de 1997, el Tribunal Agrario
resolvió que las tierras en disputa eran propiedad de "San
Pedro Yosotatu", sin embargo, a la fecha el Tribunal Agrario
no ha podido ejecutar su resolución por la oposición del
ejido "San Sebastián Nopalera",
que en la actualidad ocupa 499 hectáreas, que es la superficie
total propiedad de "San Pedro Yosotatu".
El ejido "San Pedro Yosotatu"
promovió un nuevo juicio agrario bajo el número 1432/2002
ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede
en la ciudad Huajuapan de León,
estado de Oaxaca, reclamando la restitución de sus tierras;
sin embargo, hasta la fecha dicho Tribunal Agrario no ha
resuelto el juicio referido.
Derivado de que en la vía jurisdiccional no se ha podido resolver
el conflicto y los enfrentamientos entre los ejidos continuaron,
la SRA, en el año 2003, implementó acciones conciliatorias
entre ambos poblados, con el fin de resolver la conflictividad
a través del diálogo y la conciliación.
El 14 de noviembre de 2004, la asamblea general del ejido "San
Pedro Yosotatu" acordó suscribir
un convenio-finiquito, mediante el cual cedía las 499 hectáreas
en disputa con el ejido "San Sebastián Nopalera",
y a cambio recibir una contraprestación económica por parte
de la SRA, lo que permitía finiquitar el conflicto. Dicho
convenio fue ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario
del Distrito 46, el día 4 de abril de 2005.
El 2 de septiembre de este año, el Tribunal Unitario Agrario
no aprobó el convenio-finiquito señalando que con motivo
del convenio el ejido "San Pedro Yosotatu"
no conservaba tierras, razón por la cual y con el ánimo
de resolver el diferendo el día 23 de septiembre la asamblea
general del ejido "San Sebastián Nopalera" acordó entregar al ejido "San Pedro Yosotatu" 65 hectáreas de las 499 hectáreas en disputa
y así seguir construyendo un puente más de entendimiento
entre ambos núcleos agrarios y, al mismo tiempo, atender
las observaciones del Tribunal Unitario Agrario.
El articulista López Bárcenas señala
equivocadamente que el convenio-finiquito es ilegal, debido
a que no fue firmado por los tres integrantes del comisariado
ejidal de "San Pedro Yosotatu",
ignorando que el artículo 23, fracción IV, de la Ley Agraria
faculta a las asambleas para otorgar poderes y mandatos
para actos específicos a las personas que la misma designe,
y en la asamblea de "San Pedro Yosotatu"
celebrada el 14 de noviembre de 2004, a la que asistió el
licenciado López Bárcenas, designó como mandatario al C. Catarino
Servando López Santiago, presidente del comisariado
ejidal del núcleo agrario, por lo que en estricto apego
a la ley no es exigible para su validez que el convenio
fuera suscrito por todos los integrantes del órgano de representación,
máxime que la convocatoria a dicha asamblea fue firmada
por los tres integrantes del comisariado.
Es importante señalar que Francisco López Bárcenas, autor del artículo que se comenta, en las negociaciones
para la solución del conflicto fungió como abogado del ejido
"San Pedro Yosotatu",
siendo que en todo momento manifestó su conformidad en que
el ejido "San Pedro Yosotatu" cediera parte de sus tierras a favor del ejido
"San Sebastián Nopalera";
sin embargo, debido a que se ausentó del país cerca de 3
meses, los propios ejidatarios de "San Pedro Yosotatu"
lo sustituyeron y designaron en su lugar al licenciado Inocente
Castro.
La Secretaría de la Reforma Agraria en éste y todos los conflictos
agrarios en que ha intervenido para solucionarlos a través
de la conciliación se ha apegado estrictamente al artículo
27 de la Constitución, a la Ley Agraria y a los acuerdos
de las asambleas de los núcleos agrarios, por lo que se
rechazan enérgicamente las falsas afirmaciones del articulista
Francisco López Bárcenas.
La política agraria implementada por el sector agrario se caracteriza
por un respeto irrestricto al estado de derecho, a la voluntad
de las partes involucradas y a la convicción de que los
conflictos en el medio rural deben atenderse de manera integral,
eficaz y con celeridad, para lograr la resolución de fondo.
* Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural
Niega edil de Totimehuacán
irregularidades cometidas en el ejido de Guadalupe Victoria. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web)
El alcalde auxiliar de San Francisco
Totimehuacán, Víctor Campos Carpinteyro, desmintió las acusaciones sobre las supuestas
anomalías cometidas por él y su familia para hacerse del
control de las 270 hectáreas del ejido de Guadalupe Victoria
Valsequillo. Sostuvo que detrás
de los señalamientos está un grupo de cinco ejidatarios
encabezado por Evelio Rojas, el
cual mantiene una añeja pugna contra su parentela por el
control del núcleo ejidal.
Indicó que debido a la reducida
fuerza que tienen en la comunidad, los ejidatarios inconformes
recurrieron a grupos ligados al PAN y a la diputada federal
Miriam Arabian, pero la pugna
arreció con la elección de presidente auxiliar en el pasado
mes de abril. La estrategia de los campesinos, explicó,
fue valerse de los problemas dentro del ejido y de un conflicto
agrario entre los ejidos de Guadalupe Victoria Valsequillo
y Santa María Guadalupe Tecola,
que data de hace 50 años, para difundir las supuestas anomalías
cometidas e impedir que ganara en las elecciones.
Campos Carpinteyro
aseveró que hasta la fecha la legisladora del PAN se ha
valido de información falsa para involucrarlo en diversas
anomalías que nunca cometió; por eso presentará una denuncia
penal en su contra por el delito de difamación.
La historia del conflicto
En entrevista, el edil subalterno
relató que el ejido de Guadalupe Victoria Valsequillo
surgió a raíz una serie de conflictos por la construcción
de la presa Manuel ávila Camacho en los terrenos de Guadalupe Tecola, pero hubo una serie de campesinos que recibieron predios
en la parte posterior del lago, en la ex hacienda de Torija, como pago por las afectaciones. Su abuelo, Mauricio
Carpinteyro, expuso, promovió
hace 50 años la creación de un nuevo núcleo ejidal, y las
autoridades lo avalaron. Esa acción dio paso a la fundación
de la inspectoría que allí existe.
Con el paso del tiempo, los ejidatarios
de Guadalupe Tecola iniciaron
un juicio agrario para revertir la división del ejido. Los
años han pasado y el proceso jurídico ha tenido altibajos,
pero fue hasta hace unos meses que los tribunales emitieron
una resolución que hecha abajo la creación del ejido de
Guadalupe Victoria, la cual ya fue impugnada y están a la
espera de conocer el fallo.
En los últimos años, agregó, los
cinco campesinos encabezados por Evelio
Rojas traicionaron a su ejido y apoyaron la causa de Guadalupe
Tecola; así fue como se creó un
frente entre ambos grupos de campesinos, quienes iniciaron
una lucha contra su padre, Eliseo Campos Paredes, electo
como comisario de Guadalupe Victoria en 2001. Curiosamente,
señaló, con la intervención de la diputada Miriam Arabian
la justicia federal emitió una resolución en contra de su
núcleo ejidal.
La pugna con los cinco ejidatarios
inconformes, prosiguió, se inició a raíz de una serie de
diferencias del control del ejido. El edil auxiliar de Totimehuacán
reconoció que el 60 por ciento de sus familiares tiene tierras
en el núcleo Guadalupe Victoria, pero fue gracias a la donación
que su abuelo les hizo desde hace muchos años. Rechazó que
su parentela controle el 90 por ciento de las 270 hectáreas,
porque eso significaría que serían propietarios de la inspectoría.
Manifestó que la mayoría de sus
familiares “tienen muy pocas tierras”, aunque hay otras
partes que fueron adquiridas como propiedad privada. En
el caso de los cinco ejidatarios, aseveró que actualmente
viven como “invasores” en las tierras ejidales, por lo que
de cumplirse la resolución del tribunal que echa abajo la
creación de Guadalupe Victoria, tendrán que ser expulsados.
Votó por su papá
Víctor Campos aceptó que en 2001
participó en las elecciones donde su padre fue elegido como
comisario ejidal, así como en la asamblea para autorizar
la explotación del cerro Cuanalapa a la empresa Gecomin,
pero aclaró que lo hizo investido en un poder notarial que
le otorgó Mauricio Carpinteyro, su anciano y discapacitado abuelo, fundador de
la inspectoría de Guadalupe Victoria.
A decir del edil, no hay ninguna
irregularidad cometida en ambas asambleas, y la Procuraduría
Agraria (PA) no tiene delito que perseguir, ya que la Ley
Agraria permite ese tipo de participaciones. Es más,
dijo que a pesar de que el Tribunal Unitario Agrario 47,
con sede en esta ciudad, echó abajo la primera elección
de su padre como comisario; luego hubo una nueva asamblea
y fue ratificado.
Los cinco ejidatarios opositores,
agregó, no tuvieron éxito en la segunda impugnación que
presentaron. Lo que no dijeron, siguió, es que para dicha
asamblea decidieron incluir en la votación a Roberto Rojas
Corona, esposo de su representante legal, Miguelina
Tlatelpa, quien acudió con un
poder notarial de uno de los viejos ejidatarios pese a que
es residente de la Procuraduría Agraria en Texcoco,
estado de México, por lo que decidieron presentar una queja
ante la contraloría del organismo.
En el caso de la explotación del
cerro Cuanalapa, indicó que durante
el periodo de su padre se revalidó el permiso que se había
dado años atrás. En esa reunión participaron unas 20 personas,
de las cuales seis eran ejidatarios y el resto posesionarios y avencidados, pero
se realizó con base a una segunda convocatoria, y la ley
establece que en ese tipo de reuniones las decisiones pueden
ser tomadas con los ejidatarios que estén presentes, sin
importar el número.
En un caso extremo, mencionó, el
TUA sólo puede ordenar que se realice una nueva asamblea,
y no más.
Campos Carpinteyro
aseguró que, a raíz del proceso agrario iniciado en julio
de este año, quedó sin efecto el permiso de explotación
otorgado a la empresa Gecomin,
y el enojo del grupo de Evelio
Rojas es porque el dinero no fue repartido entre todos los
campesinos, sino que la asamblea decidió destinarlo a obras
de “beneficio social”, por eso lo invirtieron en la construcción
de la iglesia de la inspectoría de Guadalupe Victoria.
Por si fuera poco, aseguró, su
padre Eliseo Campos sólo ha recibido alrededor de 180 mil
pesos por parte de Gecomin por la explotación del cerro, y no los 2.5 millones
que afirma la diputada Miriam Arabian.
Pero, abundó, los costos de construcción de la iglesia del
pueblo han sido muy superiores a esa cantidad, por lo que
el núcleo ejidal le adeuda a su padre unos 200 mil pesos
por la obra. Todo dijo que lo puede comprobar con base en
el corte de caja que presentó su papá en diciembre de 2004.
Víctor Campos manifestó que el
problema entre los grupos se radicalizó una vez que decidió
lanzarse como candidato a la presidencia auxiliar. Entonces,
sus oponentes optaron por unirse a los grupos de PAN en
Totimehuacán, liderados por el
regidor Jesús Encinas, y pasaron toda la información sobre
los problemas que hay denrto del
ejido con la única finalidad de desacreditarlo.
Pero, mencionó, cuál fue la sorpresa
de sus oponentes al perder las elecciones. Incluso recordó
que a las ocho planillas ligadas al PRI que contendieron
en el proceso se les propuso hacer un bloque, pero ninguna
acepto. La otra fórmula estaba representada por Jacinto
Cuautle, un panista
de Totimehuacán, y al perder los
comicios logró aglutinar a los candidatos para hacer un
frente común en su contra.
El presidente auxiliar, de paso,
rechazó que su candidatura haya sido producto de la línea
del gobierno del estado o el ayuntamiento. Incluso, desmintió
las versiones sobre su supuesta pertenencia al grupo político
de Javier López, actual secretario de Gobernación estatal,
o del gobernador Mario Marín Torres. “Estaría complacido
en entrar a ese grupo político, pero no pertenezco a él”,
acotó.
Mantienen huelga de hambre para exigir solución
al lío agrario en Malinaltepec. (El Sur (Guerrero), Gaudencio Mejía,
p.web)
Indígenas
Me’phaas se instalaron en la catedral de la ciudad desde
el 1 de octubre.
Ciudad de México
Indígenas Me’phaas de la comunidad
de Tilapa, en Malinaltepec,
mantienen una huelga de hambre desde el 1 de octubre en
el pasillo principal de la catedral de la ciudad, para exigir
al gobierno federal la solución definitiva del conflicto
agrario por los límites con las comunidades de Iliatenco, Colombia de Guadalupe, Tierra Colorada y Santa
Cruz del Rincón.
Los huelguistas de la comunidad
de Tilapa son, Paulino Vázquez
Neri, Efrén Parra Rojas, Abel
Sánchez Casimiro, Guadalupe Tiburcio Patricio, Herminio
de Jesús Sánchez y Aurelio Bernardino Catalán.
Éstos narraron que el conflicto
tiene antecedentes ancestrales, de hace 100 años aproximadamente
y, acusaron de comunidades “invasoras” a Iliatenco,
Colombia de Guadalupe, Tierra Colorada y Santa Cruz del
Rincón, que se han ido posesionando de sus tierras de forma
ilegal de unas 162 hectáreas.
Aseguraron además que el 7 de enero
de 1999 ganaron un juicio en la que el Tribunal Unitario
Agrario, Distrito 12 con sede en Chilpancingo, emitió una
sentencia a su favor, que fue ejecutada el pasado 20 de
enero.
Uno de los representantes de la
comunidad de Tilapa, Nazario Mendoza
declaró: “La comunidad de Tierra Colorada, recibió una contraprestación
de 2 millones 750 mil pesos, de acuerdo con el numeral 262,
del Acuerdo para el Campo, por la compra de tierras para
dar por concluido el litigio agrario, sin embargo, estos
no se prestaron para delimitar la línea divisoria entre
los pueblos”
Nazario Mendoza añadió que la Procuraduría
Agraria y las comunidades a las que acusan de invasoras
imponen el programa Procede para legalizar la invasión
de sus tierras, no respetando los planos definitivos que
amparan la superficie de los núcleos agrarios.
Asimismo, los comuneros de Tilapa en huelga de hambre exigieron la restitución de sus
tierras afectadas por la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia,
que aunque reconocen el progreso que atrae, pero que no
debe ser motivo para ser “despojados” sin indemnización
alguna, que es el único patrimonio familiar de casi 500
comuneros.
Hoy participarán en la marcha de la dignidad del
indio que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo
de la ciudad de México, en rechazo al día que consideran
como el empiezo del despojo histórico hacia los indios del
país, en la participaran indígenas y campesinos de Chiapas,
Veracruz y Guerrero.
Designan a 10 policías del estado para evitar más
invasiones en El Capulín. (El Sur (Guerrero), Jesús
Rodríguez, p.web)
Negocia
la SRA una indemnización para resolver el conflicto agrario
entre los habitantes de ese poblado y los de Moyotepec.
Montes Tlapa
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) busca resolver el lío agrario que mantienen
desde hace 120 años los pueblos de Moyotepec
y El Capulín, a través de una indemnización económica para
los núcleos comunales de Ocuapa y Tlacoapa, a los que pertenecen.
Entre las negociaciones que ha
establecido el grupo especial de la dependencia para la
atención de los conflictos considerados como “focos amarillos”
y ambos núcleos, está la propuesta de que alguno de los
dos conceda una parte de las 456 hectáreas de tierras en
disputa.
El presidente del núcleo agrario
de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixtos,
informó lo anterior en entrevista telefónica de ayer, y
confirmó que hace ocho días los vecinos de Moyotepec
llegaron armados al pueblo.
No dio un número de cuántos fueron
los que se presentaron en el lugar, pero sí aseguró que
en esta ocasión, a diferencia de las anteriores invasiones,
no causaron “destrozos”.
“Sí entraron, pero no hubo otros
detalles, destrozos”, sostuvo.
Hace unos días, el líder Confederación
Nacional Campesina (CNC) disidente, Evencio
Romero, sobre los hechos dio una versión distinta, pues
aseguró que esta vez “unos cinco mil armados destruyeron
la mayoría de los cultivos y comenzaron los trabajos de
labranza para justificar la posesión” del área en disputa.
Galeana Sixtos
dijo que se evitó la invasión cuando se dio parte a la Policía
del Estado, de la cual se asignaron 10 agentes para hacer
recorridos constantes en la zona.
Sobre las negociaciones, indicó
que la propuesta de la SRA hacia ellos es que cedan el 25
por ciento de las 456 hectáreas a Moyotepec,
y que a cambio les otorgará una indemnización.
Sin embargo “no nos han dado a
conocer de cuánto sería el recurso”.
Para hoy jueves, agregó, el pueblo
de El Capulín y el resto del núcleo agrario de Tlacoapa
se reunirá para analizar la propuesta de la SRA, y al día
siguiente se les informará si aceptan o no.
En tanto, también el núcleo de
Ocuapa enviará su propia propuesta a la dependencia.
Empleados esperan que la SRA cumpla. (Tribuna, p.web).
El secretario general de la Sección Yucatán del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), René Francisco López de la Cruz, informó que
los 52 empleados que realizaban un paro de "brazos
caídos", en demanda de la retabulación
de sus salarios, reanudaron sus labores desde el pasado
día siete de este mes.
Recordó que desde el día tres, en todo el país, miles de trabajadores
sindicalizados iniciaron un paro de labores en forma de
protesta porque la dependencia se ha negado a otorgarles
un ajuste de tabulador en sus salarios.
Durante cuatro días hicimos un paro de "brazos caídos",
sin perjudicar a nadie de confianza, en la delegación
federal de la SRA, en el Registro Agrario Nacional (RAN)
y en el campo, con los topógrafos.
"Sin embargo, el día siete de octubre, por instrucciones
de la dirigencia nacional, suspendidos nuestro movimiento
de brazos caídos y empezamos a trabajar normalmente de 8:15
a 15:15 horas, ante el ofrecimiento de la instancia federal
de responder a nuestras exigencias económicas", abundó.
COMPROMISO
López de la Cruz comentó que la SRA ya se comprometió a que
el día 15 de este mes otorgará el aumento a las dos tabulaciones
que tiene el sindicato nacional y a un pago de retroactivo
al primero de octubre pasado, para cumplir con una vieja
lucha de 15 años y un compromiso federal de cuatro años.
Si la instancia federal no cumple su compromiso de pagar el
retroactivo al primero de octubre y los ajustes en las tabulaciones
salariales de los trabajadores, el Sindicato Nacional de
Trabajadores emplazará a huelga ante el Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje, advirtió.
"Eso significa que la huelga podría estallar días después
del 16 de octubre, pero esperemos que no haya necesidad
de colocar las banderas negras y rojas y que haya voluntad
por parte de la dependencia para que evitar que se tomen
esas medidas", destacó.
Por otra parte, López de la Cruz comentó que, desde hace cinco
años, el Gobierno Federal puso en marcha un programa de
retiro voluntario de trabajadores y muchos lo han aceptado
porque consideran que devengan bajos salarios y prestaciones
sociales y prefieren buscar trabajo en otro lugar para ganar
más dinero.
La Cámara cumple y 'descongela' el gasto. (El Universal, Jorge Herrera, p.web.
/Información también publicada en Mlenio
Diario, p.26,El Sol de México, p.6, La Crónica de Hoy, p12,
La Prensa, p.5).
Del monto total sólo quedan 4 mmdp en manos de la Corte.
El pleno de la Cámara de Diputados
cumplió ayer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) y, con el acuerdo de la Secretaría de
Hacienda, liberó 80 mil 176.7 millones de pesos de los recursos
suspendidos en el Presupuesto 2005, por la controversia
iniciada hace 10 meses por el presidente Vicente Fox Quesada.
El monto que podrá ejercerse representa
72.79 por ciento del total del presupuesto detenido por
la SCJN, 111 mil millones de pesos, ante el diferendo entre
los diputados y el Ejecutivo federal.
De los recursos restantes, 30 mil
823.3 millones de pesos (27.21 por ciento
), 26 mil 700 millones fueron ejercidos durante el
año, según informó Hacienda, y el resto, 4 mil 195 millones
(3.7 por ciento ), se mantendrán congelados hasta que los
ministros de la Suprema Corte determinen si se pueden gastar
en el destino original o deben ser canalizados a obras de
carácter social como educación, salud, comunicaciones, campo
o infraestructura en estados del país.
Esos 4 mil 195 millones de pesos
estaban previstos en el Decreto de Presupuesto 2005 para
gastarse en la realización de distintas obras, entre ellas:
seis albercas olímpicas en todo el país y ampliar la red
del Metro en Monterrey, Nuevo león.
El monto y destino de los recursos
liberados se logró luego de 15 días de negociaciones con
representantes de las secretarías de Hacienda y de Gobernación.
Ayer, los resolutivos alcanzados
fueron sometidos al pleno camaral
como Decreto, por el que se obliga a Hacienda a su cumplimiento,
y aprobado por 369 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Con el Decreto, turnado al Ejecutivo
federal para su publicación en el Diario Oficial
, la Cámara de Diputados informó que "se da
por cumplida la sentencia definitiva dictada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional
109/2004".
La bolsa más grande de recursos
liberada corresponde al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (PAFEF), por 17 mil 269 millones
de pesos.
Estos recursos repercutirán directamente
en beneficio de los habitantes de los estados que fueron
impactados por el huracán Stan.
Distribución
SRA: mil 77.8
millones
La Cámara acata a la Corte y cierra el diferendo
con el Presidente por el PEF. (Criterios.com, p.web).
La Cámara de Diputados dio por cerrado el diferendo con el
Ejecutivo por el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2005, al acatar ayer la sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó admitir las observaciones
del Ejecutivo sobre algunas partidas presupuestales.
Sin embargo, la mayoría dejó claro que "no comparte que
el Ejecutivo federal tenga derecho de realizar observaciones"
al presupuesto anual aprobado por la Cámara, con lo que
buscó dejar a salvo la facultad exclusiva del Legislativo
para modificar el proyecto de PEF.
Por 369 votos a favor, tres en contra y una abstención, la
Cámara aprobó el acuerdo al que llegaron la madrugada de
ayer los integrantes del grupo plural de trabajo de la Comisión
de Presupuesto y funcionarios de la Secretaría de Hacienda,
de liberar 80 mil 176.7 millones de pesos que habían sido
congelados por el Ejecutivo desde diciembre pasado, cuando
la Corte dio entrada a la controversia constitucional 109/2004.
En el dictamen se indica que "en estricto acatamiento
a la ejecutoria de la Corte, la comisión procede a hacerse
cargo de las observaciones que formuló el Presidente de
la República", pero acotó que la materia del cumplimiento
se refiere únicamente a "la nulidad parcial del PEF
para 2005", es decir, a las partidas presupuestarias
suspendidas por los propios ministros en junio pasado, por
un monto de 4 mil 195 millones de pesos.
No obstante, el grupo plural acordó con las secretarías de
Hacienda y Gobernación liberar los recursos aprobados por
la Cámara en noviembre, pero que el Ejecutivo dejó de ejercer
en tanto no se resolviera su controversia constitucional
y la Cámara no acatara el fallo de los ministros.
Rubros originales
De esta forma, se convino que los 80 mil 176.7 millones de
pesos que forman parte del acuerdo se destinen a los rubros
originalmente presupuestados por la Cámara, y se aclaró
que sólo podrá modificarse su asignación "siempre y
cuando exista una imposibilidad material para su ejecución".
Según explica el dictamen, el resolutivo de la Corte únicamente
declaró la nulidad parcial del presupuesto, por lo que resulta
imperativo determinar el destino de esas partidas anuladas
y, por ende, contar con la totalidad de las asignaciones
de gasto aprobadas en tiempo y forma, para atender las necesidades
de la población y del país en su conjunto.
También se definió que las dependencias federales a las que
se entregarán los recursos deberán ejecutar la totalidad
de las obras, y especificar su fecha de inicio y conclusión,
y se instruyó a Hacienda para que, por única vez, autorice
el pago de recursos aun después del cierre del ejercicio
fiscal 2005.
Los recursos a liberar fueron distribuidos de la siguiente
forma: Poder Legislativo, 69.7 millones de pesos; Instituto
Federal Electoral, 200 millones; Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 377.4 millones; Secretaría de Relaciones Exteriores,
475 millones; Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
3 mil 155.3 millones; Secretaría de Agricultura, 7 mil 164.8
millones de pesos; Educación Pública, 10 mil 447 millones
de pesos.
A la Secretaría del Trabajo, 52.2 millones; a la Reforma Agraria, mil 77.8 millones; Procuraduría
General de la República 100.6 millones; Desarrollo Social,
mil 161.9 millones; Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, 200 millones; Seguridad Pública, 283.2
millones; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mil
28.9 millones; ramo 19, aportaciones a seguridad social,
300 millones; ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos,
6 mil 396.5 millones; Programa de Apoyo al Fortalecimiento
de las Entidades Federativas, 27 mil 269 millones; Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, 168.2 millones, y Comisión Federal de Electricidad,
5 mil 299.1 millones.
El acuerdo firmado a las 4 horas de este martes por el grupo
de trabajo incluía la liberación de recursos por 81 mil
187.4 millones de pesos, pero en ajustes de última hora
se recortaron mil 10.7 millones de pesos, y el ajuste más
fuerte lo sufrió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
a la que se asignaron 12 mil 953.5 millones de pesos, 918.7
millones de pesos menos; se recortaron 42 millones de pesos
al Medio Ambiente, que concluyó con 5 mil 290.2 millones,
y se cortaron 92 millones de pesos al ramo 33, Aportaciones
Federales, que cerró con 2 mil 15.8 millones de pesos. El
único incremento fue para Salud, al que se asignaron 3 mil
508.6 millones de pesos, 41.4 millones más.
Sin resolver, conflictos añejos de posesión de
tierras: SRA. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Martes 11 de Octubre, 05
Cuernavaca, Mor. Natividad Salas
Estrada, representante de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), manifestó que si bien ya se firmó un
convenio entre la Federación y el gobierno del estado para
solucionar los cinco focos amarillos en el sector rural,
“hay caso que surgen, porque son problemas muy añejos, que
de no atenderse, habrá conflictos entre las comunidades”.
Detalló que en el caso Zacapalco
contra Tepehuaje, municipio de
Tepalcingo, hay una disputa de
400 hectáreas, asimismo en el municipio de Huitzilac “existe un conflicto entre los comuneros y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde se pretende
construir la Facultad de Veterinarios; el espacio de 44
hectáreas está en disputa”.
Sobre el primero, reiteró que en días próximos la SRA realizará
una confrontación de planos, “vamos a revisar las carpetas
básicas de cada uno de los núcleos (y) analizar las actas
de posición de deslinde, así como las resoluciones presidenciales
para efecto de formar un criterio que nos permita con certeza
ver quién en realidad tienen la razón”. Reconoció que este
añejo conflicto, “es un caso álgido que nos tiene ocupados
porque creemos que sí puede tener solución, pero necesitamos
tener también la voluntad de las partes”.
Salas Estrada señaló que en el caso de la UNAM, la problemática
se da, porque supuestamente comuneros en su momento le vendieron
un predio ubicado en el kilómetro 55 de la carretera federal
en donde se construirá la Facultad de Veterinarios, “ahora
comuneros reclaman el terreno, lo que realizaremos es ver
si el contrato de compraventa fue correcto”.
Finalmente, expresó que la Procuraduría, el Registro y la
Reforma Agraria, estarán atentos en todos casos que
surjan para evitar a toda costa que los conflictos se les
salgan de las manos.
Campesinos del estado corren riesgo de perder más
de mil has. con Puebla. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Martes 11 de Octubre, 05
Cuernavaca Mor. “En la tierra de
Zapata, no existe justicia agraria”, denunciaron campesinos
de Axochiapan quienes debido a la falta de certidumbre agraria,
podrían perder más de mil hectáreas con la comunidad de
San Agustín Tepexco, perteneciente al estado de Puebla.
Gonzalo Delgado Hernández, representante de los pobladores
del ejido de Marcelino Rodríguez en el municipio de Axochiapan,
señaló que a pesar de que el gobierno federal aportó 10
millones de pesos de indemnización para una segunda ampliación
por la pérdida de más de mil 400 hectáreas con el estado
de Puebla, como lo establece el expediente del Tribunal
Superior Agrario número 279/97, firmado el 18 de noviembre
de 2003 por la representación de la Reforma Agraria
de Puebla con el gobierno de Morelos, “es momento que no
tenemos ni tierra ni dinero, ni las migajas del dinero nos
dieron”.
En entrevista en palacio de gobierno en donde un centenar de
trabajadores de la tierra que se vieron perjudicados, integrantes
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que encabeza
Julio Padilla, se manifestaron con pancartas, Delgado Hernández
dijo que en la tierra del general (Emiliano) Zapata, “no
hay justicia agraria, somos pisoteados y sus ideales siguen
estando por debajo de la ley y del suelo”.
Responsabilizó a las autoridades que de no hacer nada para
frenar el conflicto con el estado de Puebla, “él será el
responsable de que nos matemos como perros, porque la gente
ya se cansó de confiar en las autoridades, por eso advertimos
que saldremos a tomar las carreteras del estado”.
Organizaciones Campesinas
Pronostican confrontaciones entre campesinos. (Tribuna (Sonora), Juan Barragán, p.web)
Salvador Palomares Lara, representante
estatal de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios
y Pesqueros, afirmó que si no existe equidad en materia
de apoyos para el campo, por lo reducido del presupuesto,
se pronostican confrontaciones entre las organizaciones
campesinas.
El líder campesino de la ANPAP, explicó que con la controversia
constitucional del Presidente Vicente Fox
Quesada, donde da instrucciones para que se reduzca 11 mil
millones de pesos del presupuesto para el campo en el 2006,
causando una indignación generalizada entre las agrupaciones
de campiranos.
Palomares Lara, reveló que este recorte presupuestal, no sólo
afecta a los productores del sector social, sino también
al privado, aunque los más afectados serían los que menos
tienen.
Resaltó que la necesidad de instrumentar un proyecto se ha
convertido en una necesidad generalizada, donde el Gobierno
Federal, no ha podido catalizar toda la gama de demandas
de la sociedad.
Advirtió que con el panorama institucional del Ejecutivo Federal,
las organizaciones ven una gran incertidumbre para el próximo
año, aunado a un cierre presupuestal de una administración
federal que está por concluir, debido a la víspera de elecciones
presidenciales.
Incluso, dijo, las principales disputas por los mejores proyectos,
pronostican entre aquellas que tienen muchos años de estar
constituidas contra las de nuevo cuño, principalmente con
perfiles institucionales al partido que se encuentra en
el poder.
Añadió que las agrupaciones tradicionales, tales como la CNC,
UGOCM, CCI, ANPAP, UNORCA, UNTA, entre otras; con justa
razón demandan la equidad en torno a la repartición del
“pastel” de los proyectos productivos, los ha manejado tendenciosamente
el Gobierno de Vicente Fox.
Sector agropecuario
Advierte titular de la Sagarpa
que no cabildeará para obtener más recursos. (La Jornada,
Matilde Pérez U., p.web)
Organizaciones campesinas exigen incremento de 10% al presupuesto
para el sector
Mientras nueve organizaciones campesinas pidieron a los diputados
que incrementen en 10 por ciento el presupuesto para el
campo que propuso el Ejecutivo federal para 2006, el titular
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga, aseguró que no hará cabildeos
en la Cámara de Diputados para tratar de que se eleve el
monto destinado al sector.
Las organizaciones campesinas demandaron además que se apruebe
la minuta del Senado para elevar a rango constitucional
el derecho a la alimentación.
"Durante más de una década hemos luchado para que el derecho
a la alimentación se eleve a rango constitucional; hoy la
Cámara de Diputados tiene la enorme responsabilidad de dictaminar
en favor de modificar la fracción 20 del artículo 27 constitucional,
para establecer la responsabilidad del Estado a garantizar
el derecho a la alimentación a partir de la producción nacional",
indicaron.
Las organizaciones campesinas, antes agrupadas en el movimiento
El campo no aguanta más, acusaron al gobierno federal de
tratar de eliminar al sector por la propuesta de presupuesto
tan reducida, y acusaron a los funcionarios de la Sagarpa
de ineptitud, falta de rumbo y utilización clientelar
del presupuesto.
Por quinto año consecutivo, abundaron, hay un estancamiento
del sector agropecuario; tiene un crecimiento promedio anual
de 0.3 por ciento, muy alejado del 5 por ciento que ha presumido
el gobierno federal; incluso en el primer semestre del año
el PIB agropecuario fue negativo en 2.5 por ciento.
El panorama no es positivo, ya que la dependencia alimentaria es de 40 por ciento; hay una caída en la rentabilidad,
en los ingresos y en los empleos rurales; la migración se
acelera, y los recientes desastres naturales requieren de
atención integral y de reorientación de la política agropecuaria,
la cual carece de enfoque ambiental, apuntaron.
Además, dijeron, la propuesta del presidente Vicente Fox "mantiene y acrecienta en forma absolutamente inaceptable,
por inmoral e ineficaz, el sesgo asistencialista
para el combate a la pobreza rural y el desarrollo agropecuario
y forestal".
La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, Asociación Nacional
de Empresas Comercializadoras, Frente Campesino Democrático
de Chihuahua, Red Mexicana de Organizaciones Forestales
y Campesinas, Unión Nacional de Organizaciones Forestales
y Unión General de Organizaciones Campesinas y Populares
exigieron que la Sagarpa deje
de canalizar 70 por ciento del presupuesto a los productores
de riego, a los grandes propietarios y a los rentistas de
las tierras de regiones ya desarrolladas.
Un presupuesto aceptable, asentaron, sería que se otorgaran
165.6 millones de pesos al agro, de los cuales 70 por ciento
fuera destinado a productores y regiones en desarrollo,
y el 30 por ciento restante a productores y regiones ya
consolidadas. De esos recursos, 65 por ciento a gasto productivo
y 35 por ciento a gasto asistencial, además de respetar
las reglas de operación y someter a convocatorias el manejo
de los fondos para evitar el manejo clientelar y discrecional.
Lo "no importante"
Sobre el presupuesto para 2006, el titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, aseguró que no hará
cabildeos en la Cámara de Diputados para tratar de que los
legisladores eleven el monto destinado al campo. "No
hay que considerar únicamente el flujo de dinero, eso no
es lo más importante, sino la forma de gasto de los recursos,
cómo los entregan en los estados y además cómo se generan
más fondos para el campo que no procedan únicamente de las
arcas del gobierno federal".
Respecto a los daños causados por el huracán Stan, Mayorga Castañeda dijo que la Sagarpa agilizará la aplicación de más de 2 mil millones de
pesos del presupuesto programado para este año para dar
prioridad a los proyectos que reactiven la actividad económica
de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en tanto se concluyen las
evaluaciones de los daños.
Agregó que en este año se destinaron a dichas entidades 5 mil
103 millones de pesos, de los cuales ya fueron radicados
3 mil millones; además se entregarán recursos del Fondo
para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias
Climatológicas, el cual cuenta con una reserva de 100 millones
de pesos y se ampliará con el Programa Integral de Agricultura
Sostenible y Reconversión Productiva, que tiene asignados
43 millones de pesos.
Los amparos contra la ley cañera, para "proteger"
al sector: Sagarpa. (El Universal, Matilde Pérez U., p.web).
La zafra no está en riesgo, afirma Francisco Mayorga
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Francisco Mayorga, ratificó que el Fondo de Empresas Expropiadas
del Sector Azucarero (FEESA), que administra 23 ingenios,
sí interpuso un amparo a finales de septiembre en contra
de la ley cañera. Sin embargo, "no tenemos un trato
de doble juego con los productores, a ellos ya les dijimos
que ese procedimiento es para salvaguardar la industria
y el inicio de la próxima zafra".
Los cañeros mantienen bloqueados los accesos de las 23 agroindustrias
administradas por FEESA y en 26 ingenios privados que interpusieron
un amparo contra la ley; sólo los cinco de Sucarmex,
los dos de Grupo Machado, San José de Abajo y San Nicolás
están trabajando normalmente en la reparación de la maquinaria,
con vistas al inicio de la zafra en unas cuantas semanas,
informó la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar
de la Confederación Nacional Campesina.
"El amparo se interpuso para proteger los intereses del
sector, pues actualmente persisten litigios con los ex propietarios
de los ingenios expropiados. El jurídico advirtió que si
aceptamos algunas disposiciones de la ley cañera, nos pondríamos
en una situación vulnerable frente a esas personas que están
reclamando al gobierno la expropiación. Si perdemos el litigio
y tuviéramos que devolver los ingenios, caeríamos nuevamente
en la insolvencia y regresaríamos a la situación de crisis
de 2001", explicó.
En conferencia de prensa, el titular de la Sagarpa aseguró que la zafra no está en riesgo, e insistió
en que a los productores les ha asegurado que la dependencia
"no les está clavando un puñal con los amparos. En
las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación
hemos estado dispuestos a que vean el fundamento jurídico
de que estamos tratando de cuidar la producción".
Respecto a las investigaciones de la Secretaría de la Función
Pública por un faltante de 15 millones de pesos en 2001,
cuando fue responsable de Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria, apuntó que el asunto quedó finiquitado, pues
entregó los comprobantes. Descartó que sea un golpe político
a su figura, porque "no tengo aspiraciones políticas
personales".
Prensa Estatal
ESTADO DE MÉXICO
Gobierno suspende obra vial en El Cerrito. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).
Naucalpan, Méx.- Las máquinas para
construir el distribuidor vial que enlazará la superavenida
Lomas Verdes con la autopista Chamapa-Lechería
no entrarán al área natural de El Cerrito hasta que no haya
un acuerdo con los vecinos, que demandan que esa área sea
preservada como una zona natural para beneficio de miles
de habitantes de al menos 15 fraccionamientos de este municipio.
Así lo señaló el director de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado
de México, Felipe de Jesús Rivera Velásquez, ante un grupo
de integrantes de la asociación Defendamos El Cerrito, con
quienes sostuvo una reunión para presentarles el proyecto
de la nueva vialidad.
Mientras los vecinos no estén de
acuerdo, esta obra que servirá para ingresar a la autopista
Chamapa-Lechería no se llevará
a cabo, pese a que es un proyecto planeado desde hace 15
años para desahogar el tránsito a Lomas Verdes, apuntó el
funcionario de la SCT.
José María Rivas, Miguel Miramontes Lira, José Antonio Alvarado del Castillo y José
Ramón Jiménez Lara, integrantes de la asamblea vecinal Defendamos
El Cerrito, quienes piden la expropiación de 34 hectáreas
de esta área verde para preservarla como zona ecológica,
se reunieron con el director y el subdirector estatal de
la SCT, Felipe de Jesús Rivera Valenzuela y Jesús Felipe
Verdugo López.
Los vecinos reiteraron su rechazo
a la construcción de esta vialidad bajo las circunstancias
actuales, en las que Lomas Verdes quedaría totalmente paralizado
al no haber obras viales alternas que agilicen el flujo
de autos hacia Periférico norte y al Distrito Federal.
Actualmente, desde La Concordia
hasta Periférico "hacemos 40 minutos en horas pico";
con esta nueva vialidad que abrirá la puerta al centro comercial
que se construye en El Boludo, a las 2 mil 600 casas de la Sexta Sección de Lomas
Verdes y a más de 6 mil de Zona Esmeralda, la situación
será critica para los habitantes de Naucalpan, apuntaron
los vecinos.
Con este distribuidor vial, la
Sexta Sección de Lomas Verdes podrá obtener licencias de
construcción para edificar 2 mil 600 casas, para las que
no hay factibilidad de servicios como agua potable y vialidades,
apuntó José María Rivas.
La SCT compró a la familia del
ex presidente Miguel Alemán 22 mil metros cuadrados de El
Cerrito a un costo promedio de mil 300 pesos el metro, apuntó
el funcionario.
El distribuidor vial tiene una
extensión de 3.1 kilómetros para conectar la autopista Chamapa-Lechería
con Lomas Verdes, en un tiempo de ejecución de obra planeado
para nueve meses con un costo de 100 millones de pesos,
"la cual no es una obra improvisada, que no fue planeada
para servir a los fraccionadores,
sino para beneficiar a muchas comunidades; obra que no podemos
parar por el rechazo de un grupo de vecinos", afirmó
el director de SCT.
Sin embargo, más tarde, al escuchar
que la alternativa vial de crear un sistema de 10 cruceros
con semáforos con algunos señalamientos y topes en la avenida
Lomas Verdes no resuelve el problema de saturación vehicular,
afirmó que las máquinas de construcción para el nuevo distribuidor
vial no entrarán a El Cerrito hasta que no haya un acuerdo
con los vecinos.
GUERRERO
Devolverá derechos a 40 ejidatarios la nueva autoridad
ejidal de Cumbres de Llano Largo. (El Sur,
Karina Contreras, p.web).
La nueva autoridad ejidal de Llano
Largo que encabeza Rafael García del Carmen convocó a una
asamblea para este sábado, con la intención de devolver
los derechos ejidales a 40 campesinos, que les fueron quitados
por el ex comisario Mario Cortés Godínez, en represalia por encabezar el movimiento opositor
que finalmente logró removerlo del cargo, informó el ex
secretario Jesús Cruz Chupín.
Adelantó además que preparan el
Primer Congreso Campesino Popular, donde esperan la presencia
de organizaciones sociales estatales y nacionales el 22
de octubre, dentro del 9 aniversario de la sentencia del
Tribunal a favor del ejido en la lucha de varias hectáreas
que pretende arrebatarles el Fonhapo.
Jesús Cruz Chupín
precisó que será este sábado a las 11 de la mañana cuando
se lleve a cabo la asamblea, donde además de restituirles
los derechos ejidales se decidirá qué castigo van a recibir
las ex autoridades, por las anomalías que se cometieron
durante ese periodo.
El ex presidente del comisariado, Mario Cortés, renunció a su cargo hace un mes
a cambio de que los ejidatarios retiraran la demanda por
falsificación de firmas y las acusaciones de venta de cartas
de posesión hasta en 30 mil pesos.
Por otro lado, Cruz Chupín dijo que aunque el Tribunal Unitario Agrario (TUA)
número 41 ordenó el desalojo masivo de los habitantes de
Ampliación de Llano Largo, se han reunido con funcionarios
de Fonhapo para llegar a un acuerdo
definitivo, pues “tienen miedo de ejecutar un desalojo”
por el estallido social que puede provocar.
Cruz Chupín
advirtió que ni los ejidatarios ni los avecindados de Llano
Largo están dispuestos a ceder “ni un metro de tierra” a
la dependencia federal.
Opositores, normalistas y universitarios cuestionan
a La Parota frente a la CFE. (El Sur,
Ezequiel Flores, p.web).
Si la presa
no atiende el aspecto social, “está destinada al fracaso”,
dice el coordinador del grupo de trabajo de la UAG que la
depedencia federal contrató para
un programa de reordenamiento poblacional en la zona. Víctor
Hugo Chávez se mofó en varias ocasiones de los argumentos
de los comuneros, representados por Marco Antonio Suástegui.
Chilpancingo
Alfonso Guzmán Andrade, coordinador
del grupo de trabajo de la UAG que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) contrató para que elabore un programa
de reordenamiento poblacional en la zona donde se construiría
la presa de La Parota, afirmó que si el proyecto es concebido
desde el aspecto económico y no se atiende el aspecto social,
está destinado al fracaso.
“Los partidos políticos y la religión
se han encargado de consolidar el individualismo, es por
eso que no existe trabajo colectivo” en la zona donde se
pretende construir la presa, lo que es también un factor
que lleva al fracaso, aseguró el investigador universitario
durante su participación durante un foro organizado por
el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG),
en el auditorio de Rectoría.
Por su parte, el residente de la
CFE, Bernardo Arreguín León, dijo
que todas las expectativas de beneficio social que considera
el plan de desarrollo integral del proyecto de la presa,
como garantizar un mejor nivel de vida a los habitantes
que serán desplazados, y revertir el daño ambiental y los
efectos de la erosión de suelos por el cambio de uso y la
grave deforestación, “no serán posibles sin la participación
directa del gobierno estatal y municipal”.
A este foro, que se caracterizó
por las criticas generalizadas de los asistentes –maestros
y estudiantes de la UAG, así como normalistas– en contra
de la presa, por “anteponer el interés económico al desarrollo
social”, asistieron comuneros opositores al proyecto encabezados
por uno de sus voceros, Marco Antonio Suástegui,
quien fijó su postura frente al residente de la paraestatal,
Víctor Hugo Chávez, quien se mofó en varias ocasiones de
los argumentos de los comuneros.
La actitud del funcionario de la
CFE provocó que los comuneros se dirigieran a él, así como
al rector de la UAG, Nelson Valle López, y al coordinador
del grupo de la universidad, como “buitres”; sin embargo,
el incidente no pasó a mayores debido a que los organizadores
del foro solicitaron respeto a las partes.
En el encuentro entre Víctor Hugo
Chávez y Marco Antonio Suástegui
–que hasta el momento no se ha dado en los tribunales, debido
a que el funcionario de la CFE, quien demandó penalmente
al comunero por el delito de privación ilegal de la libertad,
no se ha presentado a ratificar su acusación– hubo burlas
de parte del funcionario federal y resentimiento acumulado
del lado de los opositores, que disfrazaron de indiferencia.
Más adelante, el ex dirigente del
movimiento del 68 e investigador de la UNAM, Félix Hernández
Gamundi, dijo que aunque este tipo de de obras hidráulicas
“son necesarias”, no se pueden llevar a cabo sin la participación
social en la toma de decisiones y cuestionó el estudio de
impacto ambiental y social que mandó hacer la CFE.
“La mitad del territorio nacional
–100 millones de hectáreas– está muy erosionado por la deforestación,
la mayor alteración al entorno ecológico es la que ya se
ha producido. Es por eso que se deben construir obras que
reviertan efectos negativos en el medio ambiente y no que
generen mayor daño”, expresó.
Durante el foro, la CFE presentó
una animación multimedia que mostraba los objetivos generales
del proyecto: garantizar energía eléctrica para el país,
y agua para el puerto de Acapulco. La explicación técnica
la ofreció Bernardo Arreguín,
funcionario de la CFE, después de explicar los propósitos
de la presa.
Dijo que dependencias estatales
y municipales, como las secretarías de Educación y Salud,
así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Acapulco (CAPAMA), deben participar directamente
para garantizar los servicios en las zonas donde posiblemente
sean reubicados los habitantes de 15 poblados.
De lo contrario, aseguró, no podrán
cumplirse las expectativas de beneficio social que considera
el plan de desarrollo integral del proyecto de la presa
La Parota.
Sobre el aspecto ambiental, el
funcionario de la CFE dijo que se van a destinar 250 millones
de pesos para restaurar la zona forestal alrededor del embalse
que abarcará 14 mil hectáreas, recursos que serán manejados
por la Comisión Nacional Forestal.
Este punto fue el que debatió el
investigador universitario Félix Hernández, debido a que
consideró que no existe confianza en las instituciones y
coincidió con los comuneros opositores al proyecto de la
presa, al afirmar que los programas como Procampo
y Progresa “son migajas” que no han resuelto los problemas
de los moradores de las zonas rurales.
Dijo que si en verdad se quiere
evitar un daño ecológico severo y garantizar el desarrollo
social de los pobladores, se debe destinar el 7 por ciento
de los mil millones de dólares que costará la presa, “para
que se lleve a cabo un proyecto que permita hablar de un
desarrollo en serio”.
MORELOS
Rechaza el gobierno participar en pugna agraria. (La Jornada de Morelos, Carlos O. Morales p.web)
Cuernavaca, Mor. Germán Castañón Galaviz, subsecretario
de Gobierno señaló que el gobierno de Morelos no intervendrá
en las denuncias generadas por los recursos captados por
los campesinos de la comunidad de Marcelino Rodríguez del
municipio de Axochiapan, ya que
serán las mismas autoridades ejidales las que tomen cartas
en el asunto.
En entrevistas por separado, Castañón
Galaviz y Rafael Martínez Flores,
director de Gobierno, coincidieron en señalar que no hay
problema alguno ya entre los gobiernos del estado de Puebla
y Morelos por alguna cuestión limítrofe, “por el contrario,
ya se llegó a un arreglo y hubo nueve millones de pesos
para los campesinos morelenses que participaron en la negociación
por las tierras afectadas”.
En este sentido, Martínez Flores comentó que hay dos personas
detenidas, ambas denunciadas por un posible fraude cometido
a más de 120 personas afectadas por el reparto desigual
que se hizo de esos recursos, “los dos detenidos están demandados
por casi 9 millones de pesos”.
Por esta razón, explicó que serán los propios campesinos de
Axochiapan quienes decidirán si llegan al juicio penal en
contra de quienes dispusieron de ese dinero o si llegan
a un arreglo, “la mejor situación que se pudiera dar, sería
que se repartieran de manera justa esos 9 millones, pero
son quienes tienen el recurso los que determinarán si evitan
un conflicto mayor o no”, aclaró Martínez Flores.
Los comuneros están inconformes, dijo el funcionario estatal,
porque no les proporcionaron alguna cantidad por la venta
de los terrenos motivo de la disputa territorial entre morelenses
y poblanos, “sabemos que hay dos detenidos representantes
de bienes comunales mismos que fueron denunciados por los
inconformes, tanto por fraude como por abuso de confianza,
por lo que les exigen 9 millones de pesos producto de la
venta”, puntualizó
SONORA
Convocarán a asamblea de ejido. (Tribuna, Janeth Núñez, p.web).
Aún no hay fecha para definir la situación legal de los terrenos
de los ejidatarios del ejido Cócorit
y el titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios
Públicos, Hugo Alejandro Ceja Abarca, pues el Tribunal Agrario
requiere de una solicitud por escrito para poder realizar
el deslinde de los predios, la cual deberá estar aprobada
por la asamblea del ejido.
Ayer por la mañana representantes de los ejidatarios y Ceja
Abarca, acudieron ante el magistrado del Tribunal Agrario
Wilbert Cambranis,
quien les señaló que para poder proceder con la medición
de los terrenos, deberán convocar primero a una asamblea
de ejido en la que todos los miembros estén de acuerdo con
la petición, y una vez que tengan el documento poder darle
curso al proceso.
Ahí, Ceja Abarca explicó “no se puede hablar de tiempo porque
es cuestión de que nos pongamos de acuerdo con los ejidatarios
para reunirnos, pero ambas partes estamos dispuestas a respetar
lo que el Tribunal decida, y vamos a tener de testigo de
calidad al presidente municipal (Jesús Félix Holguín)”.
Asimismo, magistrado del Tribunal Agrario Wilbert Cambranis, les expresó que
es necesario dicho documento de acuerdo para finiquitar
la disputa y ésta no pueda ser removida en el futuro.
Cabe aclarar, que a nombre de los ejidatarios se presentó el
representante de Víctor Álvarez Jiménez, quien se comprometió
a hacer llegar las recomendaciones del magistrado a todos
los propietarios de los terrenos para agilizar el proceso.
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