CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
30 DE NOVIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Compra
tres casas en un día
Paga Madrazo $7 millones. Adquiere la propiedad de un
condominio ubicado en Santa Fe; lo investigará el
GDF.
Bush sella frontera con México por “peligrosa”
Destina recursos y tecnología
para elevar vigilancia. Sólo un acuerdo acabará con
la presencia de indocumentados, señala Fox.
Salieron
de la SFP cambios al Código Fiscal
Reconoce Hacienda que la
Secretaría de Eduardo Romero envió la propuesta
Mediocre
crecimiento de México, dice Ortiz
Espera repunte del PIB de
3.5% en 2006, “pese a las elecciones”. El país dejó
atrás las crisis de fin de sexenio: José Ángel Gurría.
AMLO
dice no a abrir energéticos y Calderón sí, Madrazo,
evasivo
Encuentro de los aspirantes
con inversionistas extranjeros. El perredista
respalda el capital de riesgo, pero en “otros sectores”.
Abren
averiguación contra Montiel
por delitos fiscales
Pide la PGR a Hacienda presentar
una querella
Destapan
cloaca en San Lázaro
Sin pruebas, acusa Toscazo a panistas,
priístas y perredistas.
Habrían recibido dádivas de tabacaleras para no subir
impuestos.
Pelean
por reforma energética
“Desfilan” candidatos de PRD, PRI y PAN ante inversionistas
extranjeros. Coinciden sólo en temas fiscales; proponen
una mejor recaudación y agilizar trámites.
Toscazo
da nombres de presuntos maiceados
El diputado panista desató la ira de las bancadas del PAN, PRI y PRD al
divulgar la lista de colegas maiceados
por empresas tabacaleras.
Sector agrario
Certeza Jurídica en el Campo. Precierre del Procede
en San Luis Potosí (Milenio Diario y Diario
Monitor, p. 7A.).
Notifican Precierre Operativo del Procede en Luis
Potosí (Diario Monitor, p. 8A.).
- Más
del 86 por ciento de ejidos y comunidades del estado,
regularizados.
- Es
la vigésima octava entidad declarada con precierre
en la presente Administración.
- Encabezó
la ceremonia, el Procurador Agrario, Dr. Isaías
Rivera Rodríguez.
San Luis Potosí, S.L.P.– Con la notificación formal de precierre operativo del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede) que realizamos hoy aquí,
“el Sector Agrario cumple con uno más de los compromisos
que en política agraria ha establecido el Presidente
de
En estos términos se expresó el Procurador Agrario del país,
Dr. Isaías Rivera Rodríguez, durante la ceremonia
oficial en la que notificó y suscribió con el Secretario
General de Gobierno, Lic. Alfonso Castillo Machuca,
en representación del Gobernador del estado, Lic.
Marcelo de los Santos Fraga, el acuerdo de precierre
operativo del Procede en San Luis Potosí, con el que
suman ya 28 las entidades federativas que han formalizado
esta etapa en la presente administración.
Ante campesinos, comisariados ejidales
y comunales, dirigentes de organizaciones campesinas
y representantes de las instituciones agrarias, reunidos
en el auditorio del Instituto Potosino de Bellas Artes,
el funcionario federal destacó la estrecha colaboración
y conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno
para avanzar en el ordenamiento y regularización de
la tenencia de la tierra ejidal y comunal potosina,
que registra más del 86 por ciento de avance en la
entidad.
En este sentido, Rivera Rodríguez sostuvo que el Procede “es
un instrumento de política agraria que contribuye
a la solución de conflictos, garantiza tranquilidad
en el patrimonio de las familias campesinas y sienta
las bases para el desarrollo rural sustentable de
nuestro país”.
En su intervención, el titular de
De esta forma, indicó, “podemos señalar que tanto el Presidente
Vicente Fox, el Secretario
de
A su vez, el Delegado de
Por su parte, el Secretario General de Gobierno de San Luis
Potosí, Lic. Alfonso Castillo Machuca, representante
personal del Gobernador Marcelo de los Santos, hizo
énfasis en los grandes beneficios que brinda el Procede
a la población campesina. También insistió en la convocatoria
a los núcleos agrarios que aún no han decidido incorporarse,
para que lo hagan ya que, resaltó, “es un programa
gratuito, noble que propicia condiciones de seguridad
y desarrollo productivo a los campesinos potosinos”.
Amenaza Frente Nacional Agrarista con marchas. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavca, Mor. Integrantes
del Frente Nacional Agrarista advirtieron que se movilizarán
en el estado, en caso de que la Procuraduría Agraria
(PA) siga avalando actos irregulares.
Los manifestantes que llegaron hasta las instalaciones de la
dependencia agraria, encabezados por Magdaleno
Ortiz Castrejón, denunciaron a Pedro Tavera,
subdelegado de la PA, por hacer un manipuleo en las
asambleas con el fin de beneficiar a
los vendedor de tierras.
Detallaron que esta acción “de servir de tapadera” la realiza
no sólo en los ejidos de Acapantzingo,
Jiutepec, Emiliano Zapata y Tepoztlán,
con su cargo avala los despojos
en los bienes comunales en contra de los dueños de
la tierra. “El funcionario no es un dictador ni nadie
para que quiera despojarnos ilegalmente de nuestros
predios, por eso sólo le advertimos, al igual que
a su delegado, Rogelio Castañares Ferrer, se porten
a la altura, porque no dejaremos que pisoteen nuestros
derechos, les decimos que no se metan con el Frente
Nacional Agrarista porque encontrará una respuesta
nada desfavorable”.
Explicó que el funcionario avala las asambleas sin que se ponga
convocatorias como lo señala la ley, para después
manipularlas y beneficiarse con recursos por los acuerdos
manejados.
Padrón panista no será depurado
El Comité Directivo Estatal el PAN, a través de su presidente
Oscar Sergio Hernández Benítez, negó que haya un depuramiento
en el padrón de la militancia panista,
como lo aseguró el líder municipal del partido, Luis
Miguel Ramírez Romero. En entrevista telefónica aclaró
que en el partido “no se hacen purgas”, lo que se
está haciendo, dijo, es un programa de visitas a domicilio
de miembros activos y adherentes con el fin de informarles
sobre de los procesos electorales internos que se
realizarán, así como la adhesión de nuevos rostros
en el partido, “con el único fin, de cerrar filas
de cara al proceso electoral de 2006”.
La inequidad en el reparto de la tierra, otro problema
grave. (Cambio de Michoacán, Grecia
Ponce, p.web).
Angahuan, Uruapan.
Aun con certificados, acuerdan no vender la tierra.
Como foco rojo no sólo debe entenderse la lucha entre
las comunidades por la tierra, sino la inequidad en
el reparto agrario, señaló ayer el representante de
Bienes Comunales de Angahuan,
Miguel Acosta Amado, quien habló a nombre de la comunidad
anfitriona y de los beneficiados por el registro ante
el Procede.
Durante su intervención, el comunero señaló que aún con certificados
se convino en asamblea ni vender la tierra ni cambiar
su posesión colectiva.
A diferencia de otras ocasiones, se registró como comuneras
con derecho a terreno a varias mujeres, lo que es
un ejemplo de equidad de género, señaló Acosta Amado,
ante el titular de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Florencio Sálazar
Adame y el gobernador
estatal, Lázaro Cárdenas.
Aunque reconoció como triunfo la certificación, Miguel Acosta
expuso que «esto que hoy celebramos no lo consideramos
algo terminado. Por el contrario un principio para
fortalecer nuestra organización en los términos» legales
nacionales e internacionales.
Como parte de este derecho a organizarse como una colectividad
indígena, los comuneros acordaron: «La máxima autoridad
es y seguirá siendo la asamblea general de comuneros;
bajo ninguna circunstancia se cambiará el régimen
comunal; se determina una actualización periódica
del padrón comunal; también se determina la no venta
de terrenos a personas ajenas a la comunidad, ya que
habrá gente que se quiera aprovechar de esta opción».
Aprovechando el foro, el jefe comunal exigió al secretario
de la Reforma Agraria que «se hagan realidad programas
como el del Joven Emprendedor Rural, que se
ofertó en la asamblea general de validación y se quedó
en eso nada más».
También pidió que «si se quiere tocar como foco rojo la situación
que vivimos con San Juan Parangaricutiro,
Angahuan pide que se tome en cuenta» que a los Sanjuanenses les tocó más tierra que a la gente de Angahuan, después de la erupción del volcán Paricutín «y a nuestra comunidad no se le asignó ninguna superficie
adicional».
Al gobernador Lázaro Cárdenas le pidió para «los jóvenes de
nuestra comunidad, un auditorio comunal, una patrulla
de incendios y vigilancia permanente en el territorio
comunal».
Agregó que «como comunidad turística tenemos la necesidad de
que se destine una patrulla de Seguridad Pública que
vigile las carreteras de acceso a nuestra comunidad».
Finalmente Acosta Amado invitó al gobernador a la comunidad
para el 15 de diciembre, fecha en que se declarará
a Angahuan como la primera
comunidad indígena del estado en quedar libre de analfabetismo,
gracias al programa Alfa TV.
Niños sin recursos piden apoyo
Sin útiles escolares ni uniformes se encuentran los alumnos
de la escuela primaria federal bilingüe Parhikutini
de esta comunidad. Los pequeños estudiantes así lo
denunciaron mediante pancartas, durante la ceremonia
de entrega de certificados agrarios, que encabezaron
en este poblado purépecha
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame y el gobernador Lázaro
Cárdenas. Sus maestros lamentaron que «a los del sector
indígena nos estén dejando al último».
El subdirector del plantel, Víctor Santiago Vargas Bernabé,
explicó que «más que nada son inquietudes de los maestros
y los padres de familia, en base de que no nos han
llegado los uniformes escolares que en las otras zonas
ya llegaron y acá en esta zona no. No se qué pasa».
Otro problema son los útiles escolares: «Los paquetes escolares
que mandan año con año tampoco han llegado a esta
zona. Al menos en esta escuela no contamos con los
útiles escolares».
El subdirector sobre la causa de este retraso en la entrega
de uniformes y útiles dijo que «puede ser que no sea
tanto problema de que no quieran enviarlos, sino que
hay trabas de diferentes departamentos y es el caso
que a los del sector indígena nos estén dejando al
último».
El entrevistado puntualizó finalmente que tan sólo en el turno
matutino acuden al plantel 292 alumnos
Michoacán sigue siendo un foco rojo por pugnas
agrarias. (Cambio de Michoacán, Johanna Muñoz, p.web)
Angahuan
De los 60 asuntos pendientes sólo se han resuelto seis.
Michoacán continúa siendo un foco rojo a nivel nacional
en cuestión de solución de conflictos agrarios, pues
de los 60 asuntos pendientes que se tienen, los cuales
se ubican la mayor parte en la Meseta Purépecha, solamente se han resuelto seis, es decir se tiene
un diez por ciento de avance hasta el momento, aseguró
Florencio Salazar Adame,
secretario federal de la Reforma Agraria.
A nivel nacional, dijo que en lo que se refiere al proceso
de regularización de la tenencia de la tierra en el
país se han resuelto 10 de 14 focos rojos y
250 focos amarillos de 500. «Hay un proceso de negociación
que nos permite que al término del gobierno federal
vamos a dejar este asunto resuelto».
A nivel nacional junto con los estados de Oaxaca, Chiapas y
Sonora, donde ya se tienen avances más significativos,
Michoacán es el que presenta mayor retraso en cuanto
a la solución de conflictos pues el proceso de negociación
ha sido muy lento, porque para resolver un problema
en una comunidad hay que resolver al mismo tiempo
el de otras tres o cuatro.
«Esto no es imputable al gobierno del estado, pues existe una
buena coordinación, pero es muy complicado sentar
a las partes a dialogar, por lo que es importante
que los pueblos y los ejidos tengan una capacidad
de diálogo y de no seguirse enfrentando por disputa
de tierras porque hay que buscar una solución que
sea satisfactoria», aseveró.
De tal manera que se replantearán las estrategias y se ampliarán
los grupos de trabajo, con la idea de que en el próximo
año se deje todo atendido. «Duplicaremos el esfuerzo
para que en julio y agosto del próximo año se tengan
los mejores resultados».
En lo que se refiere al Procede, Salazar Adame
explicó que éste es un programa que inició en 1993
y a la fecha lleva empleados diez mil 500 millones
de pesos. Para el próximo año se espera un presupuesto
de 500 millones de pesos, recurso con el cual se cerrará
el programa a nivel nacional.
«A la fecha se han regularizado 83 millones de hectáreas, lo
cual significa que alrededor de cuatro millones de
campesinos se han visto beneficiados».
Entrega de documentos Procede
Como parte del Programa de Certificación y Titulación de
Parcelas y Solares (Procede), ayer la Secretaría
de la Reforma Agraria entregó en la comunidad, municipio
de Uruapan, mil 068 certificados de propiedad que
beneficiarán a igual número de personas. En dicho
evento se anunció oficialmente que el próximo 15 de
noviembre será declarada dicha comunidad indígena
libre de analfabetismo.
Con esta entrega, hasta el 15 de noviembre del presente año,
en el estado existen ya mil 600 núcleos certificados
que representan la expedición de cuatro mil 003 documentos
para 180 mil beneficiarios.
En su intervención, Florencio Salazar, secretario de la Reforma
Agraria, aseguró que «si todos los pueblos tienen
la conciencia de que importa la convivencia, van a
aprovechar los programas del gobierno federal para
resolver los conflictos. Las comunidades deben vivir
en paz para que trabajen adecuadamente su tierra».
Además, añadió, «con buena voluntad y respeto no hay personas
que no puedan alcanzar su metas. Pues para trabajar
con los pueblos se debe tener paciencia para escuchar
y resolver los problemas».
Refirió que toda vez que el próximo año se conmemora el 200
aniversario del natalicio de Benito Juárez, «es necesario
que haya paz en los pueblos para que alcancen el destino
que merecen».
Asimismo, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador del estado, comentó
que la resolución de problemas derivado de la tenencia
de la tierra es una prioridad para el gobierno por
la problemática añeja que ha enfrentado a comunidades
hermanas y cobrado la vida de 300 personas y han resultado
otras mil heridas.
«Esta entrega de documentos constituye un avance importante
en esta comunidad, que mantiene su identidad y la
importancia de conservar sus tradiciones en una condición
comunitaria y de equidad», expresó.
Esto, añadió, los mantendrá en una condición de comunidad que
permitirá tener cohesión, fortaleza y decisión sobre
su futuro y las necesidades principales.
Pero se requiere la participación de las comunidades para buscar
un buen entendimiento, pues «nuestro compromiso es
procurar hacer el mayor de los esfuerzos para abatir
el rezago que se tiene en esta materia y atender problemas
críticos que se tienen en diversas comunidades».
Dan soporte a paz
en región Meseta. (La Voz de Michoacán, Lamberto Méndez, p.web)
solución a conflicto de tierras.
títulos agrarios garantizan concordia.
Angahuan, Mpio. de Uruapan, Mich.- Un llamado a las comunidades
indígenas de la Meseta Purépecha
para que vivan en armonía y dejar de lado los ancestrales
conflictos por la tenencia de la tierra, hizo aquí
el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, en
el marco de entrega de más de mil títulos de propiedad
por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA).
Piden que ya no corra la sangre. (Cambio de Michoacán, Grecia Ponce, p.web).
Angahuan, Uruapan.
Porque a consecuencia de la tenencia de la tierra ya no corra
más sangre, se pronunciaron autoridades de los tres
niveles de gobierno que encabezaron ayer en esta población
purépecha la entrega de
certificados agrarios.
El secretario de la Rerforma Agraria, Florencio Salazar Adame, dijo
que los conflictos entre hermanos obstaculizan el
combate a la pobreza. El gobernador Lázaro Cárdenas
habló de los beneficios de tener una comunidad cohesionada
y se refirió a los conflictos por la tenencia de la
tierra «en los que han perdido la vida más de 300
personas y cien más han resultado heridas».
También el alcalde anfitrión, Marco Lagunas, felicitó a los
comuneros de Angahuan por
su decisión de registrar la propiedad comunal y comenzar
así a «evitar enfrentamientos.
«Hay quienes afirman que este programa solamente sirve para
quitarle a los campesinos y a los pueblos sus tierras;
que una vez que cada quien tiene su documento van
a venir no se sabe quienes a exigirles que les vendan
la tierra, que la malbaraten
y que para lo único que sirve el procede es para que
los campesinos pierdan su patrimonio. Eso es absolutamente
falso, señaló el secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Sálazar, quien
entre anécdota y relato, aprovechó para criticar a
quienes prometen «segundos pisos».
Dijo además que hay costumbres y tradiciones que sólo el tiempo
va cambiando, se va transformando la cultura de la
sociedad.
Michoacán, prioridad nacional: Reforma Agraria. (Mi Morelia, Román, p.web).
Angahuan, municipio de Uruapan, Mich., 29 de noviembre del 2005.-Debido a los constantes enfrentamientos
por la disputa de la tenencia de la tierra, Michoacán
está considerado como prioridad nacional, estimó el
Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
El funcionario federal entregó mil 68 certificados de propiedad,
a igual número de beneficiarios, esto como parte del
Programa de Certificación y Titulación de Parcelas
y Ejidos que impulsa la federación, con apoyo
del gobierno del estado.
De la misma manera afirmó que el gobierno de Vicente Fox, ha invertido cerca de tres mil millones de pesos y se
mil tienen preparados caso mil millones más para solucionar
esta clase de problemática en el país.
En esta comunidad indígena, en donde las tradiciones persisten
y la mayoría de las calles son empedradas y los niños
bilingües, Salazar Adame
afirmó que en la actualidad continúan encendidos 15
“focos rojos” en México.
En este contexto dijo que de 517 alertas “amarillas” se han
podido resolver 250 y como meta para el próximo año
se tiene planeado resolverlos en su totalidad.
Señaló que aún no se tienen recursos económicos planeados para
inyectarse en Michoacán, ya que se tienen que hacer
estudios y valoraciones de acuerdo a sus necesidades.
Salazar Adame señaló que en lo que
va del año en el estado, se han entregado mil 600
certificados a núcleos agrarios y se han expendido
cuatro mil tres documentos de regularización beneficiando
a un total de 180 mil personas dedicadas a la labor
del campo.
Asimismo, lamentó que en el estado de Oaxaca por enfrentamientos
entre comuneros y ejidatarios hayan perecido 20 personas
por la disputa de 100 mil hectáreas.
Señaló que es necesaria la colaboración de gobierno federal
y de los estados para resolver los problemas de los
involucrados en los conflictos agrarios.
Por su parte, el mandatario michoacano, Cárdenas Batel dijo
que por las diferencias y peleas en Michoacán han
muerto 300 personas y mil más heridas y recordó que
gracias a las negociaciones se logró llegar a un acuerdo
en las comunidades de Cocucho
y Urapicho.
Hizo hincapié en resolver el conflicto en San Juan Nuevo porque
debe ser atendido de manera prioritaria, en donde
la ley tiene que aplicarse independiente de los fallos
de las autoridades.
Dijo que la entrega de los títulos de propiedad trae certeza
jurídica pero más el bien estar de las comunidades
implicadas en problemas de la tenencia de la tierra.
Por su parte, Miguel Acosta, presidente comisionado de la de
Bienes Comunales de Angahuan,
calificó como acertada esta medida pero pidió que
las autoridades no los abandonen y los auxilien a
resolver esta añeja problemática.
En vías de solución, los conflictos por la propiedad
de la tierra, asegura la SRA. (La Jornada de Michoacán,
Luz Idalia Servín, p.web).
85% de los focos rojos en el pais ya han sido atendidos, señala la dependencia.
Uruapan.- El secretario de la
Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame,
señaló que se prevé que para agosto de 2006, los
conflictos agrarios por la tenencia de la tierra queden
resueltos en el país; en Michoacán dijo, se han invertido
80 millones y existe un avance del 85 por ciento en
la solución de este tipo de problemas.
Hizo notar que la entidad está
considerada como una prioridad de atención para el
gobierno federal y aseguró, que la coordinación entre
las autoridades federales y estatales, han logrado
avances importantes tanto en la entidad como a nivel
nacional.
Ello explicó, porque los problemas
de tenencia de la tierra han cobrado vidas y han repercutido
directamente en el avance social de las comunidades,
ya que destacó, a pesar de la riqueza natural que
se tiene en algunas localidades, la falta de acuerdos
ha evitado la implementación de programas que mejoren
su calidad de vida.
Los tres niveles de gobierno enfatizo,
han trabajado para resolver los focos rojos que por
décadas se han tenido en nuestro país, y que en el
caso de Michoacán específicamente en la Meseta Purépecha
que es donde imperan, sean atendidos en forma integrada.
Entrevistado en la localidad de
Angahuan, perteneciente al municipio de Uruapan, el funcionario
federal informó que a nivel nacional tres mil millones
son los que se han invertido en este tipo de asuntos
y mil más agregó, están disponibles para continuar
otorgándoles a las comunidades los medios que logren
darles paz social a sus habitantes.
En México dijo, 15 son los focos
rojos por la tenencia de la tierra, 10 de ellos destacó,
ya se han resuelto positivamente y con ello, se han
evitado más enfrentamientos que pudieran terminar
con la vida de alguien más.
En su intervención, el gobernador
Lázaro Cárdenas Batel, señaló que 300 han sido las
muertes que se han registrado en nuestro estado por
este tipo de problemas y aproximadamente mil heridos.
La paz social, indispensable para reducir la pobreza:
Cárdenas Batel. (La Jornada de Michoacán,
Luz Idalia Servín, p.web).
El diálogo ha sido esencial para
establecer acuerdos entre comunidades, señaló Salazar.
Uruapan.- Autoridades federales
y estatales hicieron entrega de mil 68 títulos de
propiedad a comuneros de Angahuan; el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio
Salazar Adame y el gobernador,
Lázaro Cárdenas Batel, hicieron énfasis en la importancia
de que impere la paz social para lograr un desarrollo
con equidad e inclusión entre todos los actores de
la sociedad y con ello, un verdadero combate a la
pobreza.
El funcionario federal hizo notar
que el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios
y Solares (Procede) tiene como objetivo que los
pueblos vivan en paz, ya que refirió, sigue habiendo
en nuestro país lugares en los que campesinos y comunidades
se matan por un pedazo de tierra.
En tanto, Cárdenas Batel indicó
que a lo largo de varios décadas, en Michoacán 300
han sido las muertes y se han registrado más de mil
heridos. Salazar Adame hizo
énfasis en que no hay necesidad de tener familias
enlutadas ni sangre entre hermanos si se tiene la
voluntad de llegar a acuerdos que beneficien a ambas
partes y que destacó, logren un desarrollo, progreso
y bienestar con miras a combatir verdaderamente la
pobreza que en estos lugares impera a pesar de que
se tienen recursos naturales que de aprovecharse sustentablemente,
mejorarían la calidad de vida de sus habitantes.
La certeza jurídica que otorga
el Procede puntualizó, es con miras que los comuneros
y ejidatarios que han trabajado su tierra por años
y que ha pertenecido a su familia por décadas, pueda
ser conservada y heredada a sus descendientes y con
ello evitarles posibles problemas legales por la posesión.
Escuchar, entender y resolver dijo,
han sido las claves para lograr acuerdos y acercarle
a la población programas como el Procede que si bien
son esenciales para lograr la paz social entre las
comunidades y los pueblos, se aprovechan mejor los
programas federales y estatales enfocados a su atención
y desarrollo.
Cárdenas Batel, aseguró que los
problemas de tenencia de la tierra son prioridad en
atención y resolución para el gobierno del Estado;
son dijo, situaciones añejas que han enfrentado a
comunidades hermanas. El jefe del Ejecutivo estatal
indicó, programas como el Procede relejan el avance
que se está teniendo para otorgarle certidumbre jurídica
a los mexicanos y sobre todo, son ejemplo de valentía
y madurez de las partes involucradas.
En nuestro estado mil 600 son ya
los núcleos certificados, y se han expedido 402 mil
440 documentos en beneficio de 178 mil 800 michoacanos;
el Procede concluye en abril del año entrante y el
próximo día dos de diciembre se realizará un precierre
a nivel nacional y con ello, conocer con mayor exactitud
el avance obtenido.
En defensa de sus tierras. (Por Esto!, Jaime Vargas, p.web).
Ejidatarios de la comisaría de Huncanab,
del municipio de Hunucmá,
se agrupan ante la campaña de hostigamiento y amenazas
emprendida por “Los Amigos de Patricio” para obligarlos
a entregar su patrimonio/ Matanza de reses y robo
de colmenas
Ante la imposibilidad de lograrlo mediante la Ley, el Gobierno
del Estado recurrió al engaño y le apostó al enfrentamiento
entre ejidos y la división entre campesinos y, aprovechándose
de la ignorancia de los hombres de campo, orquestó
el fraude agrario más grande que se ha registrado
en la Entidad para despojar a los ejidatarios de miles
de hectáreas de tierras para su rechazado proyecto
de construcción de un aeropuerto.
Para quienes se oponen, “Los Amigos de Patricio”, únicos beneficiarios
en el despojo de tierras, iniciaron una implacable
persecución y una campaña de hostigamiento y de amenazas
para obligar a los campesinos a deponer su actitud
y facilitar la entrega de las tierras.
La persecución ha sido desde el simple reclamo hasta las amenazas
verbales, la muerte de animales y la destrucción de
apiarios, pasando por la “compra de conciencia”, mediatización
con alcohol, ofrecimiento de trabajo en el gobierno,
etc.
Uno de los actos criminales e inhumanos que realizan los gamberros
al servicio del Gobierno del Estado es la muerte de
reses y la desaparición de colmenas de abejas, con
la idea de obligar a la familia Baas Koyoc a que abandone sus tierras
que durante años han trabajado.
Ante el peligro en cierne y en defensa de su integridad y de
lo que consideran como su patrimonio, decenas de ejidatarios
se han agrupado y recurrido ante los tribunales agrarios
y Derechos Humanos para frenar la voracidad del gobierno
que encabeza Patricio Patrón Laviada.
Al igual que lo hicieron los campesinos de Oxcum, los ejidatarios de la comisaría de Huncanab, perteneciente a Hunucmá,
se están agrupando para iniciar la defensa de sus
tierras.
Huncanab colinda con la comisaría de Texán de Palomeque, donde Alejandro
“La Vaca” Patrón Laviada,
hermano incómodo del gobernador Patricio, cuenta con
un rancho y casco de hacienda.
“La Vaca” Patrón ha
sido denunciado públicamente por sus nexos con el
narcotráfico y en la actualidad figura en el expediente
11/2004 relacionado con las narco-ejecuciones de Cancún y el narcomenudeo.
Su nombre salió a relucir en las acusaciones que se le hacen
a la ex zarina del narcomenudeo
de Cancún y Yucatán, Zulma Dianey Rodríguez Valle (a)
“La Zulma”, por delitos
contra la salud y delincuencia organizada.
Durante la diligencia celebrada en días pasados, en el Juzgado
Tercero de Distrito mediante el exhorto 87/2005, donde
“La Zulma” realizaría su declaración preparatoria, se dio a conocer
el Acuerdo de Recepción
AFI/DGIP/12544/2004 elaborado por los agentes de AFI, Francisco
Javier López Flores y Luis Díaz Sánchez, el cual indica
que Alejandro Patrón Laviada
es uno de los operadores del Cartel de Sinaloa que
comandan los capos Ismael “El Mayo” Zambada
García y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
No compró, arrebató
De acuerdo con información recabada en varios ejidos donde
el Gobierno del Estado, a través de sus operadores,
Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del RAN;
Claudio Coello Herrera, delegado de la Procuraduría
Agraria; Luis Felipe Mena
Salas, delegado del Registro Agrario Nacional;
Secretaría General de Gobierno y, la Junta de Agua
Potable de Yucatán, todos ellos panistas,
antes de entablar pláticas con los campesinos de los
municipios de Umán, Hunucmá, Ucú y Mérida, para la compra de tierras, pusieron en marcha
una estrategia para despojar a los ejidatarios.
El Gobierno del Estado ordenó los sobrevuelos
de aeronaves y el despliegue de topógrafos para realizar
los levantamientos áereos y terrestres de la zona, mucho antes de dialogar con
los campesinos, dando inicio a la “operación despojo”.
Una vez localizada el área, los operadores y técnicos recurrieron
a los planos agrarios del Estado para identificar
qué asentamientos y ejidos serían afectados para consumar
sus perversos estrategias.
El área localizada por el Gobierno del Estado involucra los cuatro municipios señalados así como los
ejidos Chalmuch (Mérida);
Ucú (Ucú);
Dzelchac, Hunucmá, San Antonio Chel, Huncanab y Texán Palomeque (Hunucmá) y, Oxcum (Umán).
Buitres agrarios
Una vez concluida la fase aérea, los operadores se lanzaron
como auténticos buitres y modernos piratas para iniciar
el despojo de tierras.
Los blancos estratégicos de los operadores fueron los comisarios
ejidales y sus directivas, las armas que utilizaron
fueron los portafolios llenos de dinero y la mediatización
con alcohol.
Casi ningún comisario ejidal pudo resistir la tentación del
dinero y cayeron en el juego perverso de los enviados
del gobierno de “Los Amigos de Patricio”; a los que
presentaban alguna resistencia les doblaban la apuesta,
los emborrachaban y/o utilizaban argumentos de que
realizarían alguna buena acción.
Un ejemplo: en Huncanab, funcionarios
y ex funcionarios del gobierno prometieron a los ejidatarios
que si les vendían las tierras intercederían para
que los ejidos de Tetiz y Hunucmá le devolvieran las
tierras que les habían arrebatado.
Teniendo a los comisarios ejidales de su lado, los operadores
pasaron a la siguiente fase: la de consumar los despojos
mediante la criminal violación de las leyes agrarias
y civiles.
Urdieron asambleas y lanzaron convocatorias figuradas donde
presuntamente se llevó a cabo la aprobación de la
venta de tierras, pero sin que la mayoría de los campesinos
tuviera nociones de qué trataba.
Es más, la inmensa mayoría de los campesinos de los ejidos
involucrados desconoce hasta hoy en día qué fue lo
que pasó, quién lo autorizó, qué intereses ocultos
existen, quiénes están detrás, cómo les afecta o qué
beneficios obtienen.
En el caso de Huncanab, como en la
mayoría de los ejidos, muchos ejidatarios se opusieron
a la venta de tierras, como los casos de los señores
Eleuterio Baas Canché, Juan
José Puc Pool, los hermanos
Gregorio, Juan, Luis Armando y Pedro Celestino Baas
Koyoc.
En este ejido, la persona que ayudó a violar las leyes agrarias
a los operadores del gobierno se llama José Daniel
Cool Trinidad, quien fungía
como comisario ejidal.
Esta persona junto con su directiva, se encargó de convencer
a los campesinos para que firmaran la venta de las
tierras, sólo que muchos se opusieron y buena parte
de los 68 ejidatarios no firmaron nada ni recibieron
dinero a cambio.
Sin embargo, el día que se lanzó la supuesta convocatoria para
explicar la venta de tierras, esa misma fecha se colocó
otra convocatoria donde se llevaría a cabo la aprobación
de la misma.
Sin embargo, la tarde de ese día de febrero pasado, se presentaron
los operadores del gobierno con varios maletines llenos
de dinero para pagar a los ejidatarios la supuesta
compra-venta de tierras.
Esto fue algo inaudito porque contó con el apoyo de la Procuraduría
Agraria, ya que según los ejidatarios, a la reunión
acudió el delegado de la P.A.
Claudio Coello Herrera, el Ing. Roberto Buenfil,
una señora gorda con cara redonda (presuntamente Blanca
Estrada Mora), y Antonino Almazán Arteaga, entre otros.
La persecución
Uno de los ejidatarios que se opuso rotundamente a la venta
de tierras fue el señor Eleuterio Baas
Canché y sus hijos Baas
Koyoc, quienes explotan,
desde hace más de 25 años, 3 mil mecates de tierras
ejidales.
El señor Eleuterio, quien heredó de sus antepasados la explotación
de las abejas, así como el cultivo de maíz, calabaza
y chile, con base en su esfuerzo, trabajo y sacrificio,
fue comprando algunas vacas para su reproducción.
En 15 de noviembre de 1982 solicitó formalmente al ejido, la
explotación de los 3 mil mecates, pero de tiempo atrás
ya venía trabajando esas tierras ejidales que se ubican
en el kilómetro 4 de la carretera Hunucmá-Texán.
El 14 de noviembre de 1995, don Eleuterio pidió su registro
y la tarjeta de identificación del fierro
ganadero.
Sin embargo, después de enero, el ejidatario empezó a notar
que sus reses aparecían muertas y las colmenas de
abejas desaparecían como por arte de magia.
La última res que apareció muerta fue la semana pasada y hasta
la fecha más de 30 cajas de abejas han desaparecido
o bien, las cajas amanecen sin las abejas, como si
alguien llegara en las noches y rociara algún líquido
o humo para ahuyentar a las abejas.
Sin sospechar nada y de manera ingenua, don Eluterio pensaba que algún animal mordía a las vacas, ya que
éstas aparentemente aparecían sin ninguna herida ni
lastimaduras en el cuerpo.
Sin embargo, Baas Canché empezó a
darse cuenta del verdadero problema, a raíz del escándalo
que ha generó la fraudulenta compra-venta de tierras
ejidales por parte del Gobierno del Estado.
Don Eleuterio terminó de convencerse de que gente mala del
gobierno la está perjudicando cuando su hijo menor,
Luis Armando Baas Koyoc, sorprendió a “gente
extraña” saliendo de su rancho “Sascab-Mucuy”.
“En una ocasión, cerca
de la medianoche, venía de Hunucmá
en bicicleta y vi que un
vehículo estaba saliendo del rancho de mi papá, hice
el intento de acercarme para ver quiénes eran pero
se dieron cuenta y prendieron los reflectores que
llevaban y se dieron a la fuga con rumbo a Texán”, relató.
Criminal acción
De acuerdo con don Eleuterio, hasta la fecha esa gente al servicio
del Gobierno del Estado le han matado más de 10 reses,
y lo grave de todo es que varias vacas estaban preñadas
y a punto de parir.
“Las mataron con todo
y cría y ahora quién me va a pagar esos animales”,
dice en tono de resignación pero sin reflejar el odio
en sus ojos.
Con la coa en la mano derecha, el
rostro curtido por el peso de los años de trabajo
y de lucha, y, mirando hacia el horizonte, don Eleuterio
invita a los reporteros a constatar los hechos para
luego exclamar:
—Aquí está la obra de esa gente mala —señala apuntando hacia
una de las vacas muertas.
Posteriormente nos condujo hacia un cementerio de huesos, los
cuales ya han sido recolectadas
de los demás animales que corrieron la misma suerte.
Hizo lo mismo hasta donde están los apiarios del rancho para
luego conducirnos hacia otra parte del ejido donde
tiene otra porción de tierras que es de uso común,
las cuales, por cierto, ya se habla de que serán rifadas
entre los ejidatarios.
Esto sin duda generará otro problema porque hasta el momento
nadie sabe por qué se hará ni quién lo decidió, ya
que ninguna asamblea se ha convocado para tratar el
asunto.
Lo cierto es que en las tierras que tiene trabajando, don Eleuterio
ha trasladado unas 10 reses para que, “esa gente mala
no las vaya a matar a todas y me quede sin nada”,
comenta.
Cartas al Diario. (El Diario de Yucatán, p.web).
Recibimos ayer por la tarde una carta del abogado Luis Felipe
Mena Salas, delegado del
Registro Nacional Agrario, que, entre otras
cosas, dice lo siguiente.
En relación al artículo de Manuel Triay
Peniche, titulado “Habrá
que ver si sacan la cartera”, publicado el domingo
6 en la sección Local, de nueva cuenta he tenido la
necesidad de indicar las siguientes precisiones, que
se refieren a demandas legales “que parecen sustentar
jurídicamente una serie de irregularidades en la asamblea
ejidal celebrada para enajenar aquella superficie”.
1. Triay Peniche
externa esta posibilidad basado únicamente en la versión
de los quejosos, exponiendo que “en la asamblea de
referencia no estuvo presente la Procuraduría Agraria, como era su obligación,
entre otras cosas porque no acreditó la asistencia
de sus representantes”. Si hubiera investigado a fondo,
habría constatado que en el acta a la que se refiere
(se indica que en) dicha asamblea estuvieron presentes
dos representantes de la Procuraduría Agraria: Roberto
Emanuel Buenfil
Pool y Miguel Pérez Jiménez, como fue constatado ante
el titular de la notaría pública No. 28, abogado Carlos
Gamboa y Gamboa.
2. En otra de las imprecisiones —al parecer, otra más de las
fuentes que dan sentido a su artículo— Triay
Peniche expresa que los demandantes señalan una serie de artículos
de la Ley Agraria violados por el Registro Agrario
Nacional, así como de la violación del principio de
prelación que le impone el artículo 55 del Reglamento
Interior, “por la forma apresurada en que calificó,
inscribió y expidió documentos, ya que en escasos
días exhibió los títulos de propiedad. Además con
la prisa, el Registro Agrario no expidió los certificados
parcelarios correspondientes”.
Por norma establecida por la Dirección General del Registro
Agrario Nacional, es conveniente informar que las
instrucciones del Secretario de la Reforma Agraria
han sido claras para todas las delegaciones de la
República Mexicana: “El período de resolución de las
solicitudes presentadas por los ciudadanos no debe
de exceder los 30 días contados a partir de la recepción.
En el caso al que se refiere, el Sr. Triay
Peniche, dicha acta ingresó
a esta dependencia el 3 de marzo de 2005 recayendo
opinión jurídica de esta delegación el día 4 de abril
del mismo año. Posteriormente fue enviada a oficinas
centrales del Registro Agrario Nacional para la emisión
de las calificaciones correspondientes, siendo el
dictamen de la Dirección General de Catastro el día
15 de abril de 2005, y la calificación registral
por parte de la Dirección General de Registro el día
21 de abril de ese mismo año. Esta última calificación
dio como origen la autorización del director en jefe
para la inscripción correspondiente en ésta delegación.
Con fecha 22 de abril se inscribió el Acuerdo de Cambio
de Destino de Tierras y con fecha 26 de abril, el
Acuerdo de Adopción de Dominio Pleno de las parcelas
creadas. Como se puede inferir, pasaron más de 30
días entre la recepción y la remisión a las oficinas
centrales del RAN de la documentación necesaria para
la calificación catastral y registral
antes mencionada y la autorización por parte del director
en jefe para la expedición de los Títulos de Propiedad
Correspondientes el día 10 de mayo de 2005, quedando
registrados dichos títulos parcelarios en el Sistema
Informático del RAN para posteriormente emitir los
títulos de propiedad el día 13 de Mayo. 3. Triay Peniche vuelve a recordar
algunas impresiones recabadas en su artículo del 5
de agosto en la que “sus informantes” le mencionan
que a los foráneos beneficiados no les duró nada el
trámite, gracias a un millón de pesos que costó la
intervención del suscrito.
Advierte que los empresarios pondrían mayor atención a la forma
como se adquirieron las tierras y que de acuerdo a
sus artículos anteriores, parece “sustentar jurídicamente”
una serie de irregularidades que hoy nos vemos nuevamente
en la necesidad de aclarar, toda vez que carecen de
fundamento.
¡Metrópolisur se hace!. (La Revista Peninsular,
p.web).
Con o sin el apoyo del Congreso.
Edición 840, 29/Noviembre/2005.
El polémico proyecto urbanístico Metrópolisur
ha polarizado a las fuerzas políticas del Estado,
PRI y PRD en contra y el PAN a favor, planteamientos
que se debaten y argumentos que se discuten, sin llegar
a un acuerdo; esa fue la tónica del análisis de esta
propuesta hecha por el Ejecutivo estatal al Congreso
local.
Finalmente, y luego de prolongados debates en el Poder Legislativo
yucateco, hoy viernes se someterá a votación ante
el pleno del Congreso la aprobación o desaprobación
del empréstito de mil 48 millones de pesos solicitado
por el Ejecutivo estatal para la realización de esa
obra.
Aunque dicho proyecto fue aprobado por la mayoría panista en comisiones (sesionaron la de Hacienda, Legislación
y Obras Públicas, con mayoría del PAN), las fracciones
del PRI y del PRD se manifestaron en contra de aprobar
el endeudamiento al Ejecutivo Estatal bajo varias
y diversas razones. También el diputado Antonio Hadad
-ahora del Verde Ecologista- se opuso.
Sin embargo, en los corredores del recinto legislativo los
blanquiazules presumen que tiene “el as bajo la manga”,
mismo que a estas horas ya habrán hecho efectivo para
dar “luz verde” a Metrópolisur,
en caso de ser cierto.
En realidad, el fondo de este asunto no es la aprobación o
rechazo del mencionado plan, ya que el gobernador
Patricio Patrón Laviada en reiteradas ocasiones ha mencionado que en caso
de no ser favorable el voto legislativo, existe un
“Plan B” que de todos modos permitiría echan a andar
el proyecto.
De todos modos, habrá bastado con que un diputado de oposición
vote a favor o no asista a la sesión para que de esa
forma se dictamine un empate de 12 votos a favor y
12 en contra, y así la decisión recaiga en el panista Jorge Puga Rubio, presidente en turno de la Mesa Directiva
del Congreso, quien para este efecto tiene voto de
calidad.
En todo caso, lo que dejará como experiencia la discusión sobre
el tema en el Congreso es saber quién traicionó a
sus correligionarios de partido y los motivos que
tuvo para hacerlo. No hay que olvidar que el diputado
Antonio Hadad Manzur, que
llegó a la Legislatura actual como panista,
ya dio a esa soberanía momentos de decepción y desencanto
para unos y regocijo para otros, al emitir su “voto
de conciencia” en el también polémico caso Medina-Abraham.
Lo cierto del caso es que se apruebe o no en el Congreso, hay
muy altas posibilidades de que Metrópolisur
sea una realidad, pero siempre será recordado como
un proyecto que nació en medio del ojo del huracán,
debido a la poca claridad con la que se adjudicaron
las tierras para la construcción del nuevo aeropuerto
en Hunucmá y Ucú.
Cabe recordar que el gobierno de Patricio Patrón Laviada compró las tierras para la construcción de la nueva
terminal aérea a Antonino Almazán, ex delegado
del Registro Agrario Nacional en la entidad, en
una operación que ha sido catalogada como oportunista
y abusiva, debido al muy bajo precio que se pago por
las mismas y a que aún no han sido dadas de alta en
el Registro Público de la Propiedad a favor del Ejecutivo.
Argumentos
En la semana que termina, los diputados del PRI expusieron
airadamente los argumentos por los cuales negaron
al Ejecutivo la autorización para contratar una deuda
de 1,048 millones de pesos para el financiamiento
de Metrópolisur.
Y aunque Metrópolisur es un proyecto
con implicaciones más allá de la construcción de un
nuevo aeropuerto, la negativa del tricolor se centró
justo en ese punto, pues señalaron que “los diputados
que integramos la Fracción Parlamentaria del PRI en
el Congreso de Estado de Yucatán, atentos al interés
del titular del Ejecutivo en la construcción de un
nuevo aeropuerto que sustituya a la actual terminal
aérea hemos entrado al análisis profundo de lo que
implica la construcción de una obra de tal envergadura”.
“Dicho análisis ha implicado
la revisión de diversas leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales de índole federal, estatal y
municipal, mismas que hemos tenido que contrastar
con la breve información en la que el Gobernador del
Estado ha pretendido sustentar esta obra y que ha
sido proporcionada para la valoración sobre la pertinencia
de aprobar el millonario endeudamiento que el Ejecutivo
se propuesto heredar a varias generaciones de yucatecos.
“De estos análisis –continúa
el comunicado-, se ha desprendido la necesidad de
cumplir una serie de requisitos, unos de forma y otros
de fondo, que no obstante ser fundamentales hasta
la presente fecha el Ejecutivo ha sido omiso en su
cumplimiento”.
Entre las razones por las cuales los diputados locales del
PRI se opusieron a Metrópolisur
están que “el proyecto para el cual el Gobernador
ha solicitado la autorización de endeudamiento, no
es financiable y, por tanto, es económicamente inviable”.
“El Ejecutivo plantea,
entre otras cosas, que el crédito sea pagado con el
producto de la venta del terreno donde se encuentra
localizado el actual aeropuerto, sin embargo, el dicho
monto estimado es a todas luces desproporcionado por
elevado.
“El monto actual de
la construcción del nuevo aeropuerto, es inferior
al monto real que implica una obra de tal magnitud,
lo anterior no es una afirmación temeraria, encuentra
sustento en un estudio de costos unitarios relacionados
a los conceptos contenidos en el proyecto enviado
por el Ejecutivo, mismo que evidencia que la inversión
real estimada para una obra así es de mil 765 millones
de pesos y no 1,048 millones como afirma el Gobernador”.
Otro de los puntos que argumentaron los legisladores tricolores
es que los terrenos que ocupa el actual aeropuerto
y que, a decir del Ejecutivo, el Gobierno del Estado
pondrá a la venta para que con su producto se pague
la deuda contraída, no pertenecen al Gobierno estatal
sino que son propiedad del Gobierno Federal.
“De acuerdo con el proyecto,
se planea vender 130 hectáreas de tierras para comercios
de primera, cuando en toda la ciudad, ese tipo de
establecimientos apenas ocupan 30 hectáreas, por lo
tanto no es creíble ni posible tal operación”.
A su vez, la fracción perredista
también expuso su rechazo a la iniciativa gubernamental
aduciendo que “la ausencia de estudios técnicos y
financieros tanto del nuevo aeropuerto como de Metrópolisur no nos permiten constatar la factibilidad técnica
del proyecto, así como su carácter autofinanciable”.
“Asimismo, expresamos
nuestra preocupación por los procedimientos utilizados
en la adquisición de los terrenos para el nuevo aeropuerto”.
“No obstante, compartimos
la preocupación del abandono social del sur profundo
de Mérida, pero de ninguna manera aceptamos que la
causa de la marginación del Sur de Mérida se deba
a la ubicación en ella del actual aeropuerto”.
Con estas posturas los partidos de oposición pusieron fin a
una serie de discusiones sobre el tema, que incluyó
una amplia campaña de difusión mediática por parte
del gobierno estatal a favor de Metrópolisur.
Ejidatarios
A su vez, ejidatarios de Oxcum asesorados
por William de Jesús Santos Sáenz -por cierto simpatizante
panista- se presentaron anteayer miércoles en las oficinas
del Comité Directivo Estatal del PAN, para refrendar
sus denuncias en contra del comisariado
ejidal, ocho supuestos posesionarios y del Ejecutivo estatal, mismas que, según ellos,
fueron minimizadas por el presidente del blanquiazul,
Edgar Ramírez Pech.
Los quejosos insistieron en que el Gobierno estatal realizó
la compra de sus terrenos a sabiendas de que el procedimiento
que siguieron los intermediarios para la adquisición
fue dolosa e ilegal.
Por su parte, el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Claudio Coello Herrera, comentó que la dependencia
a su cargo sólo ha recibido la solicitud de asesoría
de dos ejidatarios de Hunucmá,
a fin de determinar si hubo violación alguna a sus
derechos.
“La Procuraduría lo
único que puede hacer en este aspecto es brindar la
asesoría necesaria a quien lo solicite e iniciar las
averiguaciones correspondientes para ver si se incurrió
en alguna anomalía en ese proceso.
“En caso de que se compruebe
que hubo violaciones a los derechos de los afectados,
entonces se procedería a turnar el caso al Tribunal
Unitario en donde se daría la resolución pertinente,
que podría llegar a la anulación del acta de asamblea
en la que se concretó la operación”, citó.
Finalmente, al margen de las decisiones que se tomen en el
Congreso local, con todo y la polémica generada, la
realización de Metrópolisur y la reubicación de la terminal aérea, escribirán
una nueva página en la historia moderna de Yucatán.
Mientras tanto, los resultados están por verse.
Resuelve en Coneto y
Nuevo Ideal dos conflictos agrarios. (El Siglo de Durango, Brenda
M. García, p.web).
Se resuelve un foco amarillo en
los municipios de Coneto
de Comonfort y Nuevo Ideal, después de que tres entes
se disputaban una propiedad de 485 hectáreas, según
lo confirmó el representante de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA), Noel Pérez Saláis.
El terreno por el que peleaban
tres personas quedaba en los límites de los municipios
antes mencionados, por lo que se tuvo un acuerdo entre
los propietarios del Ejido Coneto
de Comonfort y la comunidad del mismo nombre, así
como un pequeño propietario contra el Ejido San José
de Morillitos, municipio
de Nuevo Ideal.
Estas comunidades y el ejido de
los municipios se decían dueños de parte del terreno
del pequeño propietario; por ello, ya se tenían varios
señalamientos y pleitos no graves entre los involucrados,
según lo explicó Pérez Saláis.
El Representante de la SRA detalló
que el pequeño propietario quedaba exactamente entre
estas comunidades y, por ello, no le convenía quedarse
en el predio en conflicto; por eso, cedió el terreno
a cambio de una cantidad de dinero.
Fue dentro de las actividades que
realiza la dependencia, las gestiones y los trabajos
que se hicieron en conjunto con el Gobierno del Estado
que se pudo llegar a un acuerdo, firmando un convenio
el martes 22 de noviembre.
Ambas autoridades llevaron adelante
los trámites legales para que las comunidades tomaran
la parte que peleaban, quedando conformes con los
resultados, por lo que este caso pasará a una sala
del Tribunal Unitario Agrario, en donde se le dará
solución final.
A pesar de que era sólo un foco
amarillo, Pérez Saláis comentó que se solucionaron
dos conflictos, ya que cada uno por separado tenía
un recurso legal por la disputa de la tierra
Campesinos cierran avenida y toman SRA. (En Línea Directa Info, Roberto Aguilar,
p.web).
Ciudad Victoria Tam.- Cientos de
campesinos provenientes de al menos 3 municipios del
estado cerraron la avenida Francisco I. Madero y tomaron
las instalaciones de la Secretaría de la Reforma
Agraria.
Uno de los que encabezaban la protesta, Jorge Luis González,
señaló que participan ejidatarios de los municipios
de San Fernando, Ocampo y Aldama.
González explicó que esta protesta se debe a la indiferencia
que se ha mostrado hacia ellos al no cumplir los compromisos
a los que habían llegado, como la entrega de 500 mil
pesos para comprar ganado.
“No vamos a movernos de aquí, seguiremos con la calle tomada,
no es justo lo que se está haciendo, están jugando
con el patrimonio de cientos de familias”, afirmó.
Agregó que la molestia fue aún mayor, porque al tratar de realizar
trámites ante la Secretaría de Hacienda para cumplir
con los requisitos para ser beneficiarios, lo que
recibieron fueron multas de este otro organismo.
Campesinos de las Salinas Viejas firman acuerdo
conciliatorio con autoridades ejidales. (El Sur,
Brenda Escobar, p.web)
Zihuatanejo.
Los pequeños propietarios de las
Salinas Viejas, que colinda con el ejido de Barrio
Nuevo, firmaron ayer martes un acuerdo conciliatorio
con las autoridades ejidales, en el que están conformes
con la rectificación de los linderos que afectaban
a su propiedad.
Sin embargo, continúan en una demanda
penal contra el ejidatario Eduardo Valencia Rumbo
por el delito de despojo.
El pequeño propietario Alberto
Torres Orrostieta, a nombre
de sus 17 compañeros copropietarios de la pequeña
propiedad que tiene una extensión de 161 hectáreas,
dio a conocer que luego de que acudieron con los medios
de comunicación a denunciar que funcionarios de la
Procuraduría Agraria se confabularon con las
autoridades ejidales de Barrio Nuevo para quitarles
80 hectáreas de su propiedad para beneficiar a un
campesino, ya les volvieron a medir sus tierras.
Torres Orrostieta
había denunciado que junto con el comisariado
ejidal de Barrio Nuevo, Timoteo Valencia Rodríguez,
trabajadores del INEGI y del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede),
se metieron a su pequeña propiedad y midieron
tierras de más con el consentimiento del visitador
agrario Gustavo López Nájera.
Ayer martes, el pequeño propietario
dio a conocer que el sábado 26, esos mismos trabajadores
fueron nuevamente a medir y corrigieron los linderos,
por lo que ayer mismo firmaron un convenio conciliatorio
con las autoridades ejidales donde manifiestan que
las nuevas ubicaciones no les causan perjuicios y
que están de acuerdo en dar por terminado el conflicto.
Sin embargo, Torres Orrostieta señaló que la invasión a 80 hectáreas de la pequeña
propiedad continúa por parte del ejidatario Eduardo
Valencia Rumbo, a quien ya le siguen una denuncia
penal por despojo.
Asegura líder cañero que
hay organizaciones ilegales. (Milenio Diario, p.web)
Agrupaciones cañeras que pretenden formar parte de los
Comités de Producción y Calidad Cañera, se encuentran
fuera de la ley
Cd. Valles
Las nuevas organizaciones de productores de caña que
solicitaron su registro ante la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Recursos Hidráulicos Pesca y Alimentación
Sagarpa, son ilegales.
Así lo manifestó Daniel Pérez Valdés, secretario general
de la Unión Nacional de Cañeros CNC, en una entrevista
exclusiva quien detalló que dichas agrupaciones locales
cañeras que pretenden formar parte de los Comités
de Producción y Calidad Cañera, se encuentran fuera
de la ley, debido a que incurren en violaciones de
los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45.
Además, de acuerdo a los artículos 46 y 47 de la Ley
Cañera, se encuentran fuera de tiempo, por lo que
se promoverá su nulidad del Registro Nacional Agrario, además de que iniciará una demanda
en la Secretaria de la Función Pública en contra del
director del Registro Nacional Agrario, Luis Ignacio
Hernández Vivar por haber otorgado el registro a agrupaciones
fuera de lo que establece la Ley Cañera.
Pérez Valdés, dijo que de acuerdo a la información que
tiene la Unión Nacional de Cañeros CNC, existen 8
agrupaciones locales en todo el país que pretenden
formar parte del comité de producción, sin embargo
todas sin ilegales afirmó.
Cabe señalar que en Ciudad Valles, el Grupo Ejidal de
Producción Cañera de Plan de Ayala, encabezado por
Brígido Delgado Rodríguez,
anunció contar con el Registro Nacional Agrario, mientras
que en el Ingenio Plan de San Luis y El Naranjo, existen
agrupaciones cañeras independientes que también lograron
su registro
Atribuyen dos muertes más al crimen organizado. (El Universal, Luis Fernando Dominguez,
p.web).
Encuentran a víctima credencial
de la Reforma Agraria. Balean a un hombre en Magadalena
Contreras y a otro más en GAM; presumen ajustes de
cuentas
Durante la noche del lunes se reportaron
dos nuevos homicidios a balazos presuntamente perpetrados
por la delincuencia organizada, en las delegaciones
Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero, respectivamente.
En el primero de los casos, un
joven de 25 años de edad fue ejecutado con dos impactos
de arma de fuego en el pecho, en el estacionamiento
de un centro deportivo comunitario, ubicado en al
colonia Tierra Unidad, de la delegación Magdalena
Contreras.
El cuerpo de Neri
García Garrido fue identificado por su credencial
de elector y otra que lo acreditaba como empleado
de la Oficialía Mayor de Servicios Profesionales de
Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma
Agraria, mismas que fueron halladas en su cartera.
En el lugar se encontraron tres
casquillos, pero sólo dos balas se alojaron en su
tórax, a la altura del corazón; se presume un ajuste
de cuentas debido a que no le fueron robados ni su
billetera ni ningún otro objeto de valor.
En el momento del homicidio, la
encargada del deportivo Tierra Unida, Guadalupe Luquín
Valencia, de 43 años, se encontraba, junto con otras
tres personas, en un cuarto anexo al estacionamiento
del inmueble.
La mujer señaló que escucharon
las detonaciones, pero creyeron que se trataba de
cohetes, ya que en esta época se acostumbran en la
colonia, así que no le dieron importancia hasta que
después se asomaron por la ventana y vieron el cadáver,
a unos tres metros de la puerta.
García quedó recostado sobre su
costado derecho, entre dos vehículos estacionados,
pertenecientes a los empleados del deportivo.
Sector agropecuario
Piden cañeros a Fox que
exija cumplimiento del TLC a EU. (La Jornada,
Patricia Muñoz, p.web)
Apelar de un fallo de la OMC, entre las demandas
El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, la
Unión Nacional de Productores de Caña y la Unión Nacional
de Cañeros pidieron apoyo fiscal para mover los excedentes
de azúcar mexicana del ciclo de producción 2004-2005,
los cuales "se tendrían que rematar en los mercados
internacionales a precios muy bajos" en virtud
de que el producto se encuentra subsidiado en otros
países.
En una carta piden al presidente Vicente Fox
apelar del fallo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para mantener la salvaguarda a la agroindustria
azucarera contra la competencia de alta fructosa producida
en México y la importada de Estados Unidos y Canadá.
Los gremios argumentan que los subsidios que recibe el cultivo
de maíz en la generalidad de las economías desarrolladas
pone a México en desventaja competitiva en precios y distorsionan
los mercados, ya que no hay competencia leal.
Señalaron que el problema de fondo es el incumpliento
de Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte respecto a sus obligaciones con
México, al no permitir que se envíen a su país los
excedentes de azúcar producidos aquí, como se había
comprometido en el acuerdo regional.
Prensa Estatal
CHIAPAS
El PRD y la CIOAC, responsables de hechos violentos
en Las Margaritas: zapatistas. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web).
Niegan que los agresores se encuentren bajo su protección,
como acusa la central.
JBG intentaron mediar, sin éxito, en el problema de
los predios en disputa, confirman.
San Cristóbal de las Casas, Chis.,
29 de noviembre. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón
del arcoiris de la esperanza, con sede en el ejido Morelia, denunció
hoy que los dos grupos que chocaron en un paraje de
Las Margaritas el jueves pasado "son del PRD".
También desmintió, como ya lo hizo este fin de semana
la JBG de La Realidad, las acusaciones de que habrían
sido "bases zapatistas"
quienes dispararon y causaron la muerte de seis miembros
de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos (CIOAC "histórica" u "oficial")
en el lugar denominado Lucha Campesina.
Además, la JBG de la región tzeltal-tojolabal denuncia, desde el caracol Torbellino de
nuestras palabras, que el ex diputado perredista
Luis Hernández Cruz insiste en acusar falsamente a
bases zapatistas por los
"actos beligerantes ocurridos del 24 de noviembre
en la comunidad Getsemani" (o Lucha Campesina).
"Este hecho es ajeno a bases zapatistas",
insiste la JBG de Morelia, y además niega que haya
zapatistas en dicho poblado.
"No sabemos por qué el dirigente inventa una
farsa, cuando en realidad son del PRD ambos grupos",
agrega la junta.
Las autoridades rebeldes confirman que, en algún momento, las
JBG de Morelia y La Realidad intentaron mediar en
este problema, "pero los de la CIOAC no llegaron
en razón". Después de eso, el gobierno autónomo
envió una comisión a la ciudad de Las Margaritas para
dialogar con la presidencia municipal oficial y con
la dirigencia de la CIOAC. La junta zapatista indica que estas personas "se portaron con
mucho autoritarismo, paternalistas, y señalaban que
ellos sí son reconocidos por el gobierno del estado,
y la JBG no".
Invasión previa
Las autoridades del caracol Torbellino de nuestras palabras
refieren que miembros de la CIOAC y de otro grupo
también perredista se posesionaron de los predios en disputa, lo que
a la postre causaría los trágicos hechos del jueves.
"Todos estos actos quedan bajo responsabilidad de la dirigencia
de la CIOAC 'histórica' y el PRD, por permitir la
violencia", dice la JBG. "Se ve claro que
los falsos políticos usan a la gente para después
decir que son problemas intercomunitarios."
En días pasados, los cioaquistas
también afirmaron que en el lugar de los hechos existe
un letrero que identificaría al poblado como "zapatista".
Según la JBG, "es totalmente falso; y por si
acaso hay algún letrero, será porque ya lo colocaron
ellos".
Ante las amenazantes declaraciones de los dirigentes de la
CIOAC "histórica" a los medios locales,
la junta autónoma teme que la organización perredista
emprenda "acciones de su propia mano en contra
de meros bases zapatistas",
pues "no les bastó hacer asesinar a su propia
gente".
En una carta dirigida a La Jornada y publicada este
martes en El Correo Ilustrado, el Comité Ejecutivo
Estatal y Regional de la CIOAC responde a la declaración
de la JBG de La Realidad acerca de que no participaron
zapatistas en los hechos
violentos de la semana pasada. Los señores Luis Hernández
Cruz y Miguel A. Vázquez Hernández, a nombre del comité
ejecutivo de la central campesina, de filiación perredista, escriben: "La simple palabra no es suficiente.
Este grupo ha asumido el lugar como base zapatista
desde hace 10 años. ¿Qué hubiera pasado si los muertos
no hubieran sido de nuestra organización? Seguramente
ahora estarían reivindicándolos, pero como hoy no
tienen el papel de víctimas, sino de asesinos, buscan
deslindarse".
Tras estas afirmaciones, los dirigentes de CIOAC "exigen"
al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional "que entregue a los asesinos;
sabemos que los tienen escondidos en la comunidad
zapatista San Marcos, municipio
de Altamirano".
A pregunta expresa del reportero, la JBG de Morelia negó categóricamente
esta tarde, vía telefónica y por Internet, que los
agresores se encuentren en la mencionada comunidad.
A contrapelo de los gobiernos federal y estatal que también
han negado que los agresores sean zapatistas,
y ya montados en su efecto declarativo, los dirigentes
de la CIOAC "preguntan" a los rebeldes si
"todavía luchan por un proyecto a favor de los
pueblos indígenas, o por intereses oscuros".
Lo que en ningún momento han mencionado los voceros de la CIOAC
"histórica" es que los dos grupos en disputa
por el nuevo asentamiento Lucha Campesina tienen en
común haber invadido en 2004 esas tierras, recuperadas
por los indígenas rebeldes desde 1994. De acuerdo
con la JBG de Morelia, la violencia se suscitó entre
dos grupos invasores.
Esta noche, la JBG Hacia la esperanza, con sede en La Realidad,
difundió un nuevo comunicado en el cual expresa: "Nosotros
no usamos las armas para arreglar nuestros problemas
y diferencias con alguien y para poner el orden en
nuestras comunidades o intimidar a los no zapatistas. No vamos hacernos víctimas en tiempos electorales
para usar a nuestros muertos cuando nos conviene para
lograr intereses de poder, como hacen los líderes
de la CIOAC. No aceptamos que sean compañeros nuestros
los que masacraron a estos hermanos indígenas y campesinos".
DISTRITO FEDERAL
Operan sin permiso gotchas
en el Ajusco. (La Jornada,
Raúl Llanos, p.web).
Para la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino
y para las autoridades de ecología de la delegación
Tlalpan la proliferación de campos de gotcha
en la zona del Ajusco ha
cumplido una función primordial: frenar la mancha
urbana; sin embargo reconocen la ausencia de reglas
y controles específicos para su operación, pero se
echan la bolita en cuanto a quién tiene la responsabilidad
de evitar el impacto ambiental que causa ese juego.
En entrevista, Miguel Angel Olayo, director ejecutivo de Conservación y Restauración de
Recursos Naturales de la secretaría, y Jesús Carrasco
Gómez, director general de Ecología y Desarrollo Sustentable
de Tlalpan, rechazan haber
otorgado algún permiso o licencia para los campos
de gotcha que proliferan como una plaga en los centros
de recreación ubicados a lo largo de la carretera
Picacho-Ajusco.
Olayo considera que esa actividad "representa
un potencial amplio para darles alternativas"
a los campesinos en el suelo de conservación "y
no tengan que vender sus parcelas o bosques a inmobiliarias";
no obstante, comenta que, en cuanto a la afectación
ambiental, todavía están "en proceso de monitorear;
estamos en proceso de ir valorando cosas positivas
y negativas y así determinar si pueden seguir operando
o establecen acciones para mitigar el impacto".
Reconoce -como lo publicó ayer La Jornada- que en algunos
campos de gotcha
se instalaron no sólo autos y autobuses chatarra,
sino también un avión, junto con llantas, tambores,
tarimas y construcciones de cemento. Considera que
algunas de esas estructuras están permitidas, siempre
y cuando se muevan de manera continua para que no
afecten la infiltración del agua.
Y cuando se le preguntó si un avión no genera una grave afectación
ambiental, la respuesta fue: "si (el avión) es
chatarra, es como si fuera un camión; es decir, se
tiene que valorar primero si hay afectación o no.
Además, no hay alguien que nos haya evidenciado el
impacto de ese avión. Al haber situaciones de quejas,
pues se procede".
-Entonces, si se mueve continuamente el avión ¿puede estar
en esa zona de conservación?
-Pudiera ser que para atenuar los impactos haya que estarlo
moviendo.
En relación con las bardas que se han construido en algunos
campos de gotcha
en el Ajusco, fue claro
y directo: "debieron ser autorizados por la delegación".
Se desconoce el impacto ambiental
La cuestión es que ninguna de las empresas que han instalado
áreas para la práctica de gotcha
ha presentado un proyecto de impacto ambiental, ni
ha tramitado permiso alguno para instalar carros o
aviones, y mucho menos realizado estudios para determinar
si las balas con pintura que se utilizan en ese juego
son biodegradables. Y todas estas omisiones las confirman
los mismos funcionarios.
Jesús Carrasco, a su vez, argumentó que la autoridad responsable
de evaluar el impacto ambiental de ese tipo de actividades
es la Secretaría del Medio Ambiente "y aquí no
les damos permiso de ningún tipo".
ESTADO DE MÉXICO
Sin futuro, 15 millones de jóvenes del campo por
escasez de tierras. (La Jornada, Javier Salinas,
p.web).
Están destinados a ser migrantes o jornaleros de temporal, señalan investigadores.
La mayoría de los trabajadores agrícolas ganan dos
salarios mínimos y no tiene seguridad social.
Texcoco, Mex., 29 de noviembre. Al
menos 15 millones de jóvenes de la próxima generación
de campesinos no tendrán acceso a la tierra debido
a la grave crisis que enfrenta el sector y a que en
una sola generación se duplicó el número de jornaleros,
que suman 4.7 millones, afirmaron especialistas que
participaron en el foro Análisis y perspectivas
de la política para los jornaleros agrícolas.
En el acto, celebrado en la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), participaron representantes
de al menos 10 instituciones de gobierno, quienes
destacaron la necesidad de realizar un estudio científico
sobre la situación de los jornaleros agrícolas.
Al presentar los resultados de una investigación, Jesús Morett Sánchez, director del departamento de sociología rural
de la Uach, informó que
los 15 millones de jóvenes del medio rural que no
tendrán acceso a tierra en la próxima generación ''serán
desafortunadamente una masa de trabajadores condenada
a la migración y, en el mejor de los casos, al jornalerismo
temporal''.
Destacó que en el campo rigen los bajos salarios: casi la mitad
de los 4.7 millones de jornaleros que hay en el país
reciben como máximo el equivalente a dos salarios
mínimos.
Agregó que 30 por ciento de los jornaleros son mujeres y 10
por ciento niños; éstos dos sectores los más rezagados
en salarios, educación, derechos laborales y seguridad
social.
El investigador señaló que las cifras de diferentes dependencias
gubernamentales no coinciden. ''Con cinco millones
de pesos la Uach haría un estudio completo y en un año puede dar un panorama
de cuál es la situación de los jornaleros agrícolas'',
dijo.
Jorge García Hidalgo, director del Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, anunció
que en breve 15 instituciones gubernamentales firmarán
un convenio de coordinación para asignar presupuesto
al sector.
Entre las dependencias e instituciones que participarán están
los institutos Mexicano del Seguro Social, Nacional
para la Educación de los Adultos y Nacional de las
Mujeres; el Consejo Nacional de Fomento Educativo,
y las secretarías de Educación Pública y de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
''Planteamos que las instituciones destinen recursos financieros,
humanos y materiales a la población rural, y principalmente
coordinar esfuerzos'', dijo.
Alejandro del Valle, de la coordinación de incorporación al
régimen voluntario y esquemas especiales del IMSS,
sostuvo que esta dependencia tiene un padrón de mil
737 patrones del sector rural, cuando la Sagarpa les reporta que existen 81 mil 522. Es decir, la mayoría
de los empresarios del sector no brindan seguridad
social a sus trabajadores.
GUERRERO
La Parota debe suspenderse, no sólo hasta las elecciones,
dice Suástegui. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).
A los precandidatos “no les
ha importado lo que pasa”, responde el vocero del
Cecop a Rómulo Reza. Que
Jorge Campos se dedique a lo suyo y deje de hablar
estupideces, dice e insiste en que invadirán sus tierras
“No sólo se debe suspender La Parota por las
próximas elecciones, sino que los trabajos se deben
parar completamente ante los hechos de violencia porque
ya hubo dos muertos y heridos de ambos bandos”, respondió
el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (Cecop),
Marco Antonio Suástegui
Muñoz.
Esto en respuesta a la propuesta
del aspirante a la candidatura del PRD por el distrito
9, Rómulo Reza Hurtado, sobre una tregua para que
se suspenda el proyecto hasta que haya nuevas autoridades
federales.
Suástegui Muñoz
exigió que haya diálogo de inmediato con los opositores
para que se frene la violencia en las comunidades
y ejidos de La Parota.
Reconoció que el único precandidato
que ha ido a la zona es Pablo Ávalos,
de quien –dijo– se vislumbra la posibilidad de que
los opositores voten por él porque no se ha pronunciado
ni a favor ni en contra de la presa, además de que
prometió ser enlace para una reunión con el candidato
del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel
López Obrador, y que “dé por terminado el proyecto”.
El vocero reprochó que los precandidatos
de todos los partidos políticos “no les ha importado
lo que pasa en La Parota y sólo llaman al voto”.
Aseguró que no se puede vivir con
los sucesos del domingo –que hubo un enfrentamiento
entre policías y ejidatarios– “porque se aproxima
una marea roja, una ola de violencia grande y más
muerte por culpa del conflicto”.
Subrayó que “hay riesgo” de que
no se instalen las casillas para el proceso electoral
en las 36 comunidades afectadas por la presa, debido
a que la gente “no confía”.
Suástegui Muñoz
puso como ejemplo el diálogo con el alcalde electo,
Félix Salgado Macedonio, quien “siempre contesta que
está ocupado con su proceso de entrega-recepción”,
e ironizó que “no vaya a ser tarde cuando quiera ir,
porque le vamos a cerrar las puertas”.
Expuso que el único inconveniente
que puso la titular de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl
Gálvez, es la seguridad de la zona, y de ello los
opositores le propusieron que la reunión con ella
sea en conjunto con Félix Salgado Macedonio “pues
él ya es de Acapulco”.
El vocero de la Cecop lamentó las declaraciones del futbolista Jorge Campos
en el sentido de que “le den dinero al de toda la
bronca”, y le reviró que el ex jugador “es un ignorante
y que no hable estupideces y que se dedique a lo suyo
porque no conoce el movimiento de los opositores y
porque los campesinos no se venden como él con sus
ridículos spots”.
Y amagó
que los opositores a La Parota tomarán sus tierras
aunque estén resguardados por militares “como alardeó
el propio Jorge Campos. Se ha derramado sangre y él
con sus estupideces”.
Paran obras de agua en La Parota por agresiones
de opositores, dice Capaseg. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).
Los empleados de la constructora
Avanza decidieron ya no presentarse a trabajar. Los
comuneros los amenazan, se queja el director Rodolfo
Terán.
El director general de la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero (Capaseg), Rodolfo Terán Flores, informó que los trabajos de
introducción de agua potable en algunas comunidades
afectadas por La Parota fueron suspendidos completamente,
a causa de las agresiones y amenazas de los opositores
a la presa en contra de los trabajadores de la constructora
Avanza –encargada de las obras.
El director general de la Capaseg explicó que por eso motivo los empleados de Avanza
decidieron ya no presentarse a trabajar en la zona.
Rodolfo Terán dijo que “voy a comunicar
a mis superiores” la decisión de la empresa, es decir,
al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(Seduop), Guillermo Torres
Madrid, y el delegado de la Comisión Nacional del
Agua (CNA), Roberto Valenzuela Zepeda,
“para ver qué se puede hacer”.
Avanza, empresa constructora de
la ciudad de México, ganó el concurso de licitación
que convocó la Capaseg para las obras de introducción de agua potable en
Cruces de Cacahuatepec,
Progreso de Cacahuatepec, Barrio Nuevo de los Muertos, Apalani y El Campanario.
El jueves, precisó, dos empleados
de Avanza –Anastasio Teresa Quintero y Juan Carlos
Santiago Suástegui– fueron
agredidos por cuatro individuos armados en la carretera
que conduce a los poblados El Tamarindo y Barrio Nuevo
de los Muertos.
Los heridos le dijeron a la policía
que les quitaron una camioneta Ford
Pick up, con placas 345SYV del Distrito Federal, la cual después
encontraron impactada contra un árbol, pero que como
aún servía la usaron para trasladarse a un hospital
sin que dijeran a cuál.
Después de los hechos, Rodolfo
Terán recibió una carta de la constructora en la que
le informan que también al chofer de la camioneta
lo agredieron y le robaron dinero y algunas pertenencias;
asimismo, los trabajadores le reportaron que los habitantes
de la zona les dijeron que no quieren ninguna obra
y que de continuar los trabajos habrá mayores destrozos.
Agregaron que en la comunidad de
Apalani han recibido amenazas
de muerte, y que un comunero les dijo que “vamos a
matar a uno para que se espanten y abandonen los trabajos”.
Debe salir la gente ajena al conflicto de la presa,
pide el dirigente del PAN. (El Sur,
Zacarías Cervantes, p.web).
Chilpancingo.
El delegado estatal del PAN,
Javier de Jesús Zepeda Constantino,
opinó que el problema de la presa La Parota debe resolverse
con la salida de gente ajena al conflicto que “manipula”
al grupo opositor al proyecto.
En su conferencia semanal, al preguntarle
si vale la pena el proyecto como para arriesgar la
estabilidad en la zona, el dirigente estatal del PAN
respondió que “el desarrollo implica algunos sacrificios”
y agregó que el gobierno federal y estatal han ofrecido
garantías para resarcir algunos daños que ocasione
la construcción de la presa.
Pero, dijo, los problemas que hay
obedecen a la “manipulación de algunos grupos” que
son ajenos al caso y que violentan el proceso que
llevan a cabo las autoridades sobre el proyecto.
De Jesús Zepeda
se manifestó a favor de la presa y explicó que generará
desarrollo y derrama económica al estado, pero “lamentablemente
cuando han surgido proyectos como este surgen problemas
que inhiben la inversión”.
Dijo que se trata de convencer
a los ejidatarios que la presa traerá beneficios,
“pero los beneficiarios deben ser llevados a la mesa
sin que sean manipulados por falsos redentores”.
Bloquean Sabino y campesinos el acceso a Punta
Diamante; temen un desalojo. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
Instalan las barricadas para
“darnos chance” por si policías llegan a aprehenderlo,
explica el ejidatario. Permiten el paso de turistas
y huéspedes del Quinta Real
César Sabino Palma, acompañado
de varios campesinos, bloqueó el acceso principal
de algunos desarrollos turísticos de Punta Diamante,
ante el temor de ser desalojados de los terrenos donde
mantienen un plantón a un costado del hotel Quinta
Real.
Ahí, cerca de la hospedería unos
cien campesinos, entre hombres, mujeres y niños resguardan
los terrenos que César Sabino Palma les regaló hace
dos semanas.
Instalaron un campamento donde
duermen en petates y hamacas colgadas de los árboles,
además improvisaron pequeñas cocinas con brasas y
asadores. Por la noche, ante la penumbra total, también
instalaron dos pequeños focos caseros.
A las 6 de la tarde, campesinos
que fueron a hacer compras a Puerto Marqués se percataron
de la presencia de vehículos “sospechosos”, entre
ellos una camioneta Liberty,
color rojo, y un Jetta plateado,
entre otros, que estaban en la entrada del poblado,
por el hotel Terrazas, el área de restaurantes y en
el estacionamiento de los taxis rojos que van hacia
Las Cruces, relató César Sabino Palma.
Un día antes, el encargado de la
seguridad privada del desarrollo turístico del Quinta
Real, el general Paulino Vargas –a quien acusó de
ser uno de los participantes cuando lo quisieron matar
en 2003–, acudió al plantón de campesinos para platicar
con Sabino Palma, “pero sólo vino a sondear para
ver si yo estaba aquí”, denunció.
Ante ello, los campesinos y el
propio Sabino Palma instalaron unas cuatro barricadas
de piedras y grandes ramas en la calle privada Paseo
de los Manglares, que es uno de los accesos principales
para algunos desarrollos turísticos de Punta Diamante
y está debajo de las villas turísticas del hotel Quinta
Real.
El ejidatario explicó que instalaron
las barricadas con la intención “de darnos chance”
por si policías ministeriales llegan a aprehenderlo
“por algún delito fabricado”, o para desalojar a unas
50 familias que ya viven en el pequeño campamento
instalado a un costado de la calle bloqueada.
Por esa calle es el tránsito diario
de inversionistas del Grupo Mexicano y de empleados
y propietarios de la construcción Vista Real que se
encuentra hacia Puerto Marqués.
Sabino Palma señaló que para todo
el que desee pasar está libre el acceso, pero previamente
verificados tanto el conductor como el vehículo por
los propios campesinos, pues insistió que “si pasa
un sólo policía, no pasa nadie”. Aseguró que “no soy
tonto al permitir el acceso de las personas, pero
que ellos no se aprovechen”.
El temor de ser aprehendido –dijo–
es porque el procurador Eduardo Murueta
Urrutia es asesor jurídico de los inversionistas de
la zona “y él pone y dispone y se le puede hacer fácil
fabricarme un delito”.
Sabino Palma hizo responsable al
gobierno del estado “por si salen heridos” los policías
que lleguen a desalojarlo a él y a las mujeres y niños
del campamento desde donde cuidan los terrenos. Aseguró
que todo momento estarán a la expectativa.
JALISCO
Se suma el CNI a la lucha contra minera Peña Colorada
en Jalisco. (La Jornada, Rosa Rojas,
p.web)
El consorcio roba y destruye tierras, montes y aguas
con la complicidad del gobierno, acusan
Señalan que CNC arropó elección falsa y Semarnat
habría autorizado estudio de impacto ambiental
Ayotitlan, Municipio de Cuautitlán,
Jal. La asamblea del Congreso
Nacional Indígena (CNI) región centro-Pacífico acordó
este fin de semana apoyar la decisión del Consejo
de Mayores de este ejido nahua de detener los trabajos
de apertura de un camino para explorar un nuevo yacimiento
de mineral ferroso que, "sin permiso de los ejidatarios",
construía la minera Peña Colorada, del grupo Hylsamex,
la más grande de América Latina, propiedad del consorcio
trasnacional italiano Ternium.
En la Declaración de Tuapurie, comunidad
de Santa Catarina Cuexcomatitlán,
municipio de Mezquitic,
Jalisco, representantes de pueblos y organizaciones
indígenas de Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán,
Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca señalaron que
en los meses recientes ha aumentado la agresión del
gobierno y las corporaciones empresariales hacia sus
pueblos, como el ejido nahua de Ayotitlán,
donde la minera "diario roba y destruye las tierras,
montes y aguas del ejido con la complicidad del gobierno".
En la reunión se acordó celebrar el próximo 9 de diciembre
una asamblea en apoyo a su lucha contra la minera.
Desde el martes 22 de noviembre, un centenar de indígenas del
ejido y comunidad de Ayotitlán
se trasladaron al paraje de Cerro Prieto, donde el
camino, de entre ocho y 13 metros de ancho, había
avanzado casi cuatro kilómetros, y exigieron al contratista
que sacara su equipo. "Les caímos como a las
12 del día y les retiramos la maquinaria, les dijimos
que vieran el peligro de violencia entre los ejidatarios
y la minera, porque no estamos de acuerdo con esos
desmontes que tapan los arroyos y la comida de las
familias. Les dijimos que no fueran a meterse porque
no queremos violencia, que ya tienen un contrato amañado
y que por ningún motivo los vamos a dejar sacar ni
una piedra, les pedimos de favor que se fueran",
informó Gaudencio Mancilla
Roblada, representante legal del Consejo de Mayores.
Los ejidatarios se inconformaron porque desde mediados de los
años 60 Peña Colorada ha extraído de sus tierras 30
por ciento de la producción nacional de mineral, pero
"eso no nos ha beneficiado en nada", denunciaron
los campesinos, a cuyo ejido y comunidad, en el sur
de Jalisco, lindando con Colima, se llega por una
brecha de 30 kilómetros desde la cabecera municipal,
Cuautitlán, a la que se
llega desde Guadalajara en unas seis horas.
En 1998, agregó, el ejido firmó "un contrato amañado"
con la empresa por 30 años prorrogables "si el
mineral no se agota", por el cual ésta pagó un
millón y medio de pesos, más 207 mil 709 pesos "por
los bienes distintos a la tierra", 175 mil pesos
para "obras sociales" por única vez, y paga
a razón de 340 pesos anuales por hectárea la ocupación
de 244.30 hectáreas, en total 83 mil 62 pesos al año
los primeros días de cada julio. La minera cubre también
40 mil pesos anuales para gastos del comisariado
y del consejo de vigilancia. "De ese dinero no
sabemos nada, sólo se benefician unos cuantos",
comentó.
El 20 de noviembre pasado, el Consejo de Mayores celebró una
asamblea a la que asistieron 95 personas; por consenso
se acordó detener los trabajos de la empresa en la
zona de Cerro Prieto, por Telcruz,
sin el consentimiento del ejido, donde ha abierto
un camino para llegar al yacimiento ferroso localizado
en el paraje Piedra Imán. La firma pretende analizar
el mineral para ver si es explotable, y notificó al
ejido que requiere 50 mil toneladas "para hacer
las pruebas".
"Es como si para hacer un análisis a un enfermo tuvieran
que sacarle toda la sangre", señalaron Mancilla
y otros indignados oradores, que recordaron que antes
de que llegara la minera a Ayotitlán tuvieron que marcarle el alto y echar de la zona
a una empresa maderera que estaba talando sus bosques.
"Ahora tendremos que hacer lo mismo", comentaron.
En la asamblea estuvieron representados 27 poblados
de la comunidad de Ayotitlán:
Tiroma, Tierra Blanca, Ayotitlán,
Piedra Peluda, Zacapolole,
Lagunillas, Chancol, Telcruz, Las Zonas, El
Colomo, Los Robles, Terreros del Chico, San Miguel, La Ventana,
La Lima, Mojoneras, La Piedra, Tierra Negra, Terreros
de Lagunillas, Cañadas, Las Maderas, Piedra Burra,
La Manzanilla, Tierra Colorada, La Guayaba, Chanquiahuitl,
Plan de Méndez.
Mancilla mostró un ejemplar de la Monografía geológica minera
de Colima, editada por el gobierno de esa entidad,
en la que se afirma que Peña Colorada tiene reservas
de 192 millones de toneladas, con una ley media de
35 por ciento; "esta zona ya está muy estudiada",
hay que parar esos trabajos, comentó.
En la asamblea se informó de los trámites -un amparo y una
demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito
38 de Colima- que el ejido prepara para demandar la
nulidad de la elección del comisariado
y del acta de la asamblea del pasado 23 de octubre,
ya que la empresa "impuso a uno de sus empleados,
(Jesús Michel) como presidente
del comisariado ejidal".
Afirmaron que días antes una brigada entregó despensas y dinero,
hasta mil pesos, a los ejidatarios, y en la asamblea
electiva "los de la CNC dejaron entrar y votar
a 114 que no eran ejidatarios", y Michel ganó por cien votos, para asegurarse que se le otorgue
el permiso de ampliación, por lo que se temen además
agresiones de los ejidatarios empleados de la minera
contra sus opositores. "Cualquier detención,
agresión o un homicidio contra nosotros será responsable
Peña Colorada porque aquí todos somos pelagatos
y la única que tiene dinero es la empresa", advirtieron.
En la asamblea del Consejo de Mayores se recordó que Peña Colorada,
que a través de la empresa Las Encinas detenta en
el municipio de Aquila, Michoacán, otra mina, ha tenido problemas con los
comuneros, que en enero pararon durante una semana
los trabajos de extracción del mineral ferroso, exigiendo
mejores regalías por la explotación de los recursos
naturales de la comunidad. Se indicó que es necesario
buscar contactos con esos compañeros.
Asesorados
Respecto a cuál sería el monto que debería pagar el consorcio
a los ejidatarios, el jefe de justicia de la Unidad
de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad
de Guadalajara, Jaime Hernández, informó que en 1997
la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, que asesoraba
al ejido Ayotitlán, había
previsto que por lo menos se le debían 115 millones
de pesos por renta acumulada desde los años 60 hasta
ese año.
La asamblea cuestionó que aparentemente la Semarnat habría autorizado el estudio de impacto ambiental
a la empresa para la construcción del camino a Piedra
Imán, que tendría unos 13 metros de ancho por 9 kilómetros
de largo. "A nosotros nos meten a la cárcel si
tiramos un palito, pero Peña Colorada destruye montones
de árboles y milpas y tapando los arroyos y nadie
le dice nada", protestaron los indígenas.
En Cerro Prieto, Porfirio Sánchez y Pedro Prudencio Sánchez
informaron sobre los daños que la constructora ha
hecho en sus parcelas. Porfirio indicó que le dañaron
tonelada y media de su cosecha de maíz. "Viene
gente a llevarse los elotes porque la empresa dice
que ya me pagó y no es así", comentó. Pedro informó
que a él le afectaron casi dos hectáreas con el camino,
"me pagaron 6 mil pesos y me dieron alambre de
púas y cercaron".
Comentaron que en julio pasado los ejidatarios pararon 15 días
los trabajos, "hablamos con los operadores y
vino el supervisor, pararon el camino y estuvieron
viniendo con ocho de los afectados y han ido pagando
por partes, que 400, que 500 pesos. Llegan y dicen
'¡ustedes cállense', dicen
que la asamblea ya autorizó, pero no es cierto".
YUCATÁN
En pie de lucha. (Por Esto!, Jaime Vargas p.web)
“Si el gobierno quiere hacer las
cosas a la fuerza, no va a poder, aquí estaremos en
guardia hasta que decida respetar la Ley y pagar lo
justo por las tierras que nos arrebató”, advirtieron
ejidatarios de Oxcum.
—”Si el gobierno quiere hacer las
cosas a la fuerza, no va a poder, aquí estaremos en
pie de lucha hasta que ellos decidan respetar la Ley
y pagar lo justo por las tierras que nos quitaron”,
advirtieron los valientes ejidatarios de Oxcum,
quienes se mantienen en guardia para defender sus
tierras.
Apostados en la entrada de los
terrenos, encabezados por Juan Canul
Uc y el septuagenario Máximo Saloche
Gutiérrez, comentaron que si el Gobierno del Estado
quiere construir la planta de agua potable “Mérida
IV” en Oxcum, primero tiene
que pagar; de lo contrario no podrá hacer uso de las
tierras mientras no se resuelvan los juicios agrarios
que interpusieron.
Advierten: “Nosotros no queremos
pleitos ni enfrentamientos, lo único que pedimos es
que se respete la Ley y se nos dé lo que nos corresponde”.
—Hemos planteado al gobierno el
pago de 30 millones por las tierras, si no quieren,
el monte se queda para beneficio de Oxcum
y ellos que busquen donde hacer su proyecto —reiteró
Canul Uc.
—¿Si viene
gente del gobierno y les dice; miren, aquí tienen
50 mil pesos para tí y 30 mil pesos para cada uno de los demás ejidatarios,
qué dicen?
—-No, no, no. Mire, son 30 millones
los que se han pedido por las tierras y por el fraude
que cometieron; si no lo pagan no hay nada. Si ellos
tratan de solucionar este problema como marca la Ley,
entonces nosotros no estamos impidiendo que no pasen,
adelante, pero eso sí, que quedé claro, con lo que
se ha dicho, se cumple.
—¿Es cierto
que el gobierno le ofreció dinero y un puesto en alguna
dependencia?
—Le dije claramente que no soy
un artículo ni soy un animal que pueda venderme porque
a mi alrededor tengo más
gente y yo no les puedo hacer malas caballadas al
pueblo. Me ofrecieron un puesto del gobierno y me
ofrecieron dinero, pero yo les dije que no era un
artículo para que me venda, subrayó.
—¿Qué pasa
si la planta de agua potable la quieren construir
en otra parte de la zona?
—Ahora los 50 ejidatarios que estamos
aquí, ya tomaron la decisión; hablé con el director
de la Japay (César Bojórquez), vino y
lo tratamos con él y nos dijo que si así era la cosa,
no se podía hacer nada.
—¿Pero ellos
vinieron con el argumento de que iban a ser una obra
social, para beneficio del pueblo, qué les dijeron?
—Sí, pero ya saben, si no pagan
no hay tierras y como hay juicios agrarios de por
medio, no pueden hacer nada, hasta que esto no se
resuelva. Si lo quieren hacer en otra parte, allá
ellos; nosotros nos mantenemos firmes, si en otra
parte les permiten construir la planta de agua para
su proyecto del aeropuerto y no precisamente para
beneficiar a la población, que lo hagan”, comentaron
al tiempo que anunciaron su disponibilidad de continuar
vigilando que no se apoderen de sus tierras.
Como se ha dicho, las tierras en
Oxcum pasaron a manos del
gobierno, pero no directamente, sino a través de Antonino
Almazán Arteaga, el especulador de tierras favorito
y protegido de Patricio Patrón Laviada,
quien les pagó una cantidad ridícula por ellas.
Cartones
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Víctimas · El Fisgón
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Haciendo cuentas · Hernández
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Helada Naranjo
Rey Sadim Helioflores
