CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
28 DE NOVIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Disfruta
Madrazo penthouse secreto
Está en Miami y vale cerca
de un millón de dólares
Pemex negocia ajuste de miles de plazas
En marcha, modernización
de la relación con el sindicato: Ramírez Corzo
Calderón sube el tono contra AMLO
“Se le apareció
el diablo”, dice; debe aceptar que cae en las encuestas
Persiste el riesgo por la deuda pública
Sólo se ha redocumentado, pero aún es elevada; García Tamés
Sahagún rechaza términos “infames” de La Jornada
En carta confirma
sociedad Bribiesca y Khoury.
“Lo único que se prueba es que mi hijo es empresario
hace tiempo”.
Habrá consignaciones por el fraude en Fonden
Hay evidencias del delito: Cabeza de Vaca
Libres, funcionarios del GDF que soltaron a Montante por
2mdp
Juan Carlos, líder
de la banda, dio $2 millones a cambio de una falsa
boleta de libertad para su hermano Omar.
No puede
el PAN ganar solo en 2006
Prepara Calderón red ciudadana
Investigación
contra Creel, exigen PRI
y PRD
Podría estar involucrado
en desvíos del Fondo de Desastres, aseguran
Abascal abre auditorias a Creel
y todo su equipo
La SFP revisa desde julio pasado las oficinas que dejaron
Héctor Villareal, García
Cervantes y Humberto Aguilar.
Sector agrario
Invitación. (Inserción,
Milenio, p. 19 y La Jornada, p.14p.web).
30 expedientes por conflictos de linderos en Michoacán. (Cambio De Michoacán, Johana Muñoz, p.web).
Morelia.
Tribunal Agrario.
Reconoce Lázaro varios
focos rojos.
Sábado 26 de Noviembre de 2005
Un total de 30 expedientes se tienen en el Tribunal Agrario
por conflictos de linderos, principalmente de la Meseta
Purépecha y de la Cañada
de los 11 pueblos. Al respecto, el gobernador del
estado, Lázaro Cárdenas Batel aseguró que se tienen
varios focos rojos en cuestión de conflictos de tierra,
«son diversos, no son pocos por ser Michoacán un estado
particularmente complejo en este terreno».
Entrevistado al término de la firma del acuerdo del Plan de
la Cruz Gorda entre las comunidades de Urapicho
y Cocucho, el mandatario estatal dijo que estos conflictos que
se tienen en cuestión des tierra, van caminando con
el trabajo conjunto que se hace con la Secretaría
de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria.
«Todos ellos son prioritarios a atender. No podemos restarle
importancia a ninguno de ellos, pues hay unos que
tienen que ver con la comunidad de San Juan Nuevo
y pequeños propietarios, otro que tiene que ver con
Tzintzuntzan e Ihuatzio
y otros que se encuentran fuera de las comunidades
indígenas del estado», agregó.
Sobre la firma del convenio, dijo que sólo hay que esperar
a la resolución del Tribunal Agrario pero lo importante
es respetar el acuerdo y acompañar esa decisión con
acuerdos de gobierno que puedan compensar, de alguna
manera, a la comunidad que no resulte favorecida por
el fallo.
En este sentido, el representante del Tribunal Agrario comentó
que la sentencia que se emita en este sentido tendrá
que acatarse, la cual en breve tiempo va a estar resuelta.
Asimismo, dijo que se tienen 30 expedientes de problemas
agrarios, sobre todo en las comunidades de la meseta
y de la Cañada de los 11 pueblos, de los cuales aproximadamente
15 han sido resueltos.
Sobre las manifestaciones de ex braceros, quienes solicitan
mayores recursos, el mandatario estatal dijo que estamos
comprometidos a brindar el apoyo que pueda requerirse,
vamos a definir montos pero en base a un padrón confiable,
pues hay varias organizaciones que manifiestan que
los que existen no son confiables ni incluyen a todos.
«Hay que trabajar sobre el padrón. No dejar fuera a quien tenga
un derecho y en ese momento, Michoacán no va a quedarse
atrás pues hay un acuerdo de que los estados apoyemos
siempre y cuando haya un recurso federal que ya está
comprometido».
También habló sobre el mega puente que conectará a Morelia
con Santa María, la cual señaló es una obra que tiene
por objeto no solamente comunicar como pudiera interpretarse,
sino conectar a muchas comunidades y colonias que
requieren de una mejor vinculación con la ciudad.
«Esta es una obra más de otras que se van a realizar
en el municipio y que fue contemplada en los ejercicios
de planeación que hizo el propio municipio con autoridades
federales, donde se tomó en cuenta la opinión de muchas
personas del municipio», apuntó.
Finalmente, en relación al conflicto de la empresa NKS aseveró
que se tiene un compromiso de comenzar a pagarle lo
que se le adeuda a los trabajadores a partir del lunes.
Centro de análisis afirma que 296 familias simpatizantes
del EZLN podrían ser afectadas. (La Jornada, Hermann Bellingahusen, p.web).
Sábado 26 de noviembre de 2005
Comprueban ofensiva de priístas para despojar de tierras a
indígenas de Chiapas
Investigación documenta
que grupo del tricolor pretende apropiarse de 3 mil
hectáreas
Según se desprende de una extensa y detallada investigación
del Centro de Análisis Político e Investigaciones
Sociales y Económicas (Capise), existe una campaña para despojar de viviendas y tierras
a 296 familias, la mayoría bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el municipio autónomo
Olga Isabel, en Chiapas. La ofensiva, realizada por
la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas
y Campesinos (Opddic), de
filiación priísta (con mayor precisión, madracista),
y con el respaldo de la Procuraduría Agraria
en Ocosingo, empieza a extenderse contra otros municipios
rebeldes.
A partir de "las amenazas de muerte y desalojo de la directiva
e integrantes de Opddic",
dirigidas a bases de apoyo zapatistas
y miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos
Indígenas (CNPI) dentro del municipio autónomo Olga
Isabel, Capise elaboró un
documento, divulgado el jueves en San Cristóbal de
las Casas, que evidencia la operación de despojo de
3 mil hectáreas desatada contra los indígenas en resistencia.
Capise recabó su información mediante entrevistas
en comunidades afectadas, documentación oficial, documentación
facilitada por la junta de buen gobierno con sede
en Morelia, entrevistas telefónicas y fotografías. Esta confirma que las bases zapatistas y distintos miembros de CNPI "padecen una
grave y flagrante situación de despojo, así como otros
delitos tipificados en los códigos penal Federal y
estatal: amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena,
y atentados contra la paz y la integridad corporal".
El organismo civil también denunció que el despojo "ha
sido operado, concretado y avalado por la Procuraduría Agraria, coordinada por el ingeniero Luis Demetrio Domínguez
López (jefe de residencia de la procuraduría en Ocosingo)
y el licenciado Andersen
Morales Tovilla (visitador
agrario)".
De acuerdo con el estudio, "no sólo se despojó en forma
ilegal, ilegítima y arbitraria" a 211 campesinos
al crear el nuevo ejido Muk'ulum Bachajón, sino, además,
las autoridades agregaron 69 nombres, y otros 16 priístas
se hicieron pasar como "propietarios" de
terrenos que no les pertenecen. El despojo afecta
a un total de 296 familias bases de apoyo zapatistas
y miembros de CNPI.
En 1995, la Secretaría de la Reforma Agraria inició
negociaciones para "legalizar" 3 mil hectáreas
de haciendas particulares recuperadas por los campesinos
tzeltales de la región luego
del levantamiento del EZLN en 1994. En diciembre de
1996 se estableció el denominado Fideicomiso Inmobiliario
NCPE Bachajón San Sebastián.
Las bases zapatistas, dice
el estudio, "se negaron a firmar los documentos
agrarios y fideicomisarios, como parte de su resistencia,
y debido al incumplimiento de los acuerdos de San
Andrés signados ese mismo año. Aunque CNPI sí firmó,
sus miembros, las bases zapatistas y los campesinos de otras organizaciones, no presentaron
problemas o disputas territoriales por la signatura
y distribución de tierras asentada en el fideicomiso
de este 'primer paquete'" en los años posteriores.
En marzo de 1998 las autoridades agrarias realizaron otro contrato
de fideicomiso, o "segundo paquete". Las
mil 680 hectáreas del "primer paquete" y
las mil 320 del segundo suman exactamente 3 mil hectáreas.
"Estas son precisamente las tierras recuperadas
por el EZLN en 1994 y forman parte del municipio autónomo
Olga Isabel. De hecho, los fideicomisos nacen después
de ese año cuando, con el aval del EZLN, (las tierras)
fueron repartidas para los indígenas y campesinos
de la región sin distinción política, social, religiosa
o ideológica".
Un nuevo ingrediente del actual conflicto se agregó en agosto
de 2002, al crearse el ejido Muk'ulum
Bachajón, asignado a 336 nuevos ejidatarios, muchos de ellos
antes miembros de la CNPI, y otros del Partido Revolucionario
Institucional.
El 29 julio de 2005 los ejidatarios de Muk'ulum
ingresaron "oficialmente" a la Opddic,
"ya fuera voluntariamente o por amenazas. Este
nuevo ejido está constituido sobre tierras recuperadas
en 1994 por el EZLN y las bases de apoyo zapatistas; específicamente los terrenos definidos en el 'primer
paquete'". Entonces se agudiza el conflicto contra
bases de apoyo zapatistas y miembros del CNPI "y se inician en forma
sistemática agresiones y amenazas de desalojo forzoso
contra todo aquel que no pertenezca a la Opddic".
En una entrevista telefónica que el centro de investigación
le hizo el pasado 15 de noviembre, el licenciado Andersen
Morales Tovilla se refirió
a la creación de Muk'ulum, y argumentó que el ejido mencionado corresponde
"a la actualización del padrón para dar 'legalidad'
a dichas tierras frente al Registro Agrario Nacional,
debido a que la documentación que existía tenía 'solamente'
carácter de fideicomisarios o copropietarios".
En un principio, Morales Tovilla
mencionó que los 336 ejidatarios beneficiados correspondían
a los mismos fideicomisarios registrados anteriormente.
Sin embargo, durante la misma entrevista rectificó,
al mencionar que "posiblemente no estaban todos,
pero que sus espacios habían quedado en blanco para
cuando se quisieran incluir".
Cuando Capise cuestionó al funcionario
sobre su proceder y le manifestó preocupación por
lo que acontecía en el municipio de Chilón
por la creación del ejido Muk'ulum Bachajón, Morales Tovilla respondió que él sólo cumplía órdenes de su superior,
Luis Demetrio Domínguez López Una conclusión importante
del estudio revela que "absolutamente todos los
beneficiados" del reparto avalado por la Procuraduría
Agraria pertenecen a Opddic.
El 24 de octubre de este año, el señor Jerónimo Demeza Jiménez, comisariado ejidal
de Muk'ulum, así como Pascual
Hernández Gómez y Domingo García Pérez, emitieron
un oficio dirigido a las autoridades y ejidatarios
del vecino ejido San Sebastián Bachajón
para solicitar su apoyo e "intervención humana".
Los representantes de Opddic refieren
que "hay un grupito (que) nosotros llamamos delincuentes,
asaltantes, rateros, que han creado infinidad de problemas,
protegiéndose (en) la membresía o anonimato de una
organización fantasma, que oficialmente no existe,
y sabemos que no sólo al ejido Muk'ulum
le ha creado problemas, sino ya están afectando otras
comunidades. Ellos no respetan leyes ni autoridades.
Debido a esto, actualmente están posicionados de forma
ilegal en el Crucero San Antonio Las Palomas. Por
qué decimos ilegal: simplemente no aparecen en la
escritura pública, están como invasores, y el cien
por ciento de los ejidatarios de Muk'ulum
están promoviendo su desalojo".
El oficio citado en el estudio enumera presuntos delitos de
los zapatistas, como robo
de dinero en efectivo, quema de maquinaria, cobro
de comisiones económicas, compra de carros y "supercasas", posesión de "buena casa" y cantinas,
quema y destrucción de viviendas, despojo de parcelas,
robo de maderas, "tráfico de gente extranjera",
acarreo de gente, uso de armas de fuego y amenazas
en los trabajos de deslinde de tierras.
Los priístas advierten: "Quisiéramos buena coordinación
y acuerdo entre los dos ejidos para no dar (a los
zapatistas) cabida ni entrada
en ninguno de los dos ejidos en mención". Según
Capise, este oficio "evidencia públicamente el carácter
ilícito de las amenazas de desalojo forzoso por parte
de Opddic".
Fracaso político estrepitoso. (Por Esto!, Manuel Acuña, p.web).
Villanueva Mukul: Está claro que Metropolisur
es inviable.- (Audomaro).
Ni los diputados del PAN ni Patricio Patrón Laviada y sus operadores lograron sacar adelante Metropolisur, lo cual tendrá repercusiones de todo tipo a
todos los niveles del partido y la administración,
destaca Eric Villanueva Mukul, dirigente de Nueva Izquierda del PRD. Felicita a los
legisladores del PRI, PRD y PVEM que no se quebraron
El fracaso político del PAN en el Congreso del Estado es un
golpe impresionante que va a tener repercusiones de
todo tipo a todos los niveles del partido y la administración.
Ellos van a empezar a argumentar que la oposición
obstaculizó un proyecto de desarrollo detonante de
la economía, pero está claro que Metropolisur
es inviable, además de que las tierras donde se intenta
construir el aeropuerto están en litigio, señaló ayer
Eric Villanueva Mukul, dirigente
de Nueva Izquierda del PRD.
Adelantó que Nueva Izquierda y sus abogados defenderán a los
ejidatarios de Oxcum, Tzelchac
y Hunucmá y a todos los
afectados por este despojo.
--Lo vamos a hacer, además, porque estoy enterado de que el
Gobierno del Estado y sus funcionarios están ejerciendo
una gran presión sobre las autoridades del sector
agrario; hay algunos que están cooperando con los
defraudadores, como es el caso del Registro Agrario
y la Procuraduría Agraria, no me queda ninguna
duda que están siendo operadores del Gobierno del
Estado y hay otros que están siendo presionados muy
fuerte, como es el caso de los Tribunales Agrarios,
donde se va a litigar esta cuestión; están presionándolos
muy fuerte el Gobierno del Estado.
--Nosotros vamos a llevar la protesta a los niveles más elevados;
cualquier estudiante de Leyes que quiera consultar
la documentación que tenemos se dará cuenta que todo
es irregular, un total atropello a los derechos de
los ejidatarios; quiero decir, además, que eso no
es sólo una cuestión legal, que ya de por sí es irregular,
sino que es un planteamiento ético.
El dirigente de Nueva Izquierda felicitó nuevamente a los diputados
de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y al
diputado del Verde Ecologista "por mantenerse
firmes en su decisión, porque sé de información fidedigna
que estuvieron usando todo tipo de presiones, incluso,
intentos de compra contra los diputados, y por eso
es doblemente la felicitación porque en algunos casos
ofrecían recursos importantes, varios millones de
pesos a cada uno de ellos, de cualquiera que estuviera
en disposición de rajarse; los felicito por haber
mantenido su posición y por haber resistido la presión
y las tentaciones".
--Yo quiero decirle al gobernador que nosotros expresamos que
estamos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto,
que tiene muchas deficiencias la propuesta y que incluso
la asociamos a la zona franca, es una amenaza para
la economía regional y nacional. Pero también afirmamos
que el Sur de la ciudad requiere el desarrollo y yo
quiero convocar al gobernador a que en un tiempo perentorio
presente un proyecto de desarrollo, de iniciar el
proceso de reconversión de la ciudad de Mérida en
la parte sur, porque si no, entonces vamos a afirmar
que sólo estaban haciendo demagogia con los habitantes
del sur para vestir o disfrazar el negocio que desde
mi punto de vista quieren hacer.
--Convoco al gobernador a que la Secretaría de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano presente un proyecto , como ellos
dicen que tenían, para todo el sur, no sólo para las
colonias que están exactamente detrás, al sur del
aeropuerto, San Antonio Xluch,
San José Tecoh, sino para
el casi medio millón que tienen problemas de desarrollo.
Esta es una solicitud porque él lo empezó a plantear
y en eso coincidimos, un proyecto que tiene que ver
con la economía, con el desarrollo social, con la
sustentabilidad, con la
seguridad de toda la ciudad.
Por otra parte, el dirigente perredista
señaló que si Patricio Patrón Laviada
insiste en hacer su aeropuerto en Hunucmá,
primero tiene que esperar la resolución judicial sobre
esas tierras ejidales que están en litigio.
--He oído que un grupo de empresarios dicen que ellos van a
construir el nuevo aeropuerto; a mi me encanta la
idea de que estén dispuestos a invertir en proyectos
de alto impacto; eso me parece muy bien, nada más
que como no es cualquier inversión, sino que es una
inversión que impacta a la ciudad, a la región y la
economía nacional, únicamente tienen que terminar
de regularizar la propiedad de la tierra que hoy está
en disputa con los ejidatarios, porque si no, van
a poner en riesgos sus recursos, porque el que siembra
en terreno ajeno hasta la semilla pierde.
Dijo que "los señores no pueden construir y el gobierno
del Estado ni siquiera se puede plantear construir
un aeropuerto de menor calidad y de menor alcance
que el actual; recuerden que el aeropuerto actual
es uno de los mejores de Latinoamérica por sus pistas
cruzadas; entonces no vamos a sacrificar un buen aeropuerto
por una pista de aviación con escasa infraestructura,
simplemente para darle viabilidad financiera a una
inversión, esa inversión no es cualquiera, está ligada
al interés de los meridanos, de los yucatecos y de
la región".
Villanueva Mukul comentó, incluso,
que el asunto de la zona franca no goza de la anuencia
de todos los empresarios.
Finalmente indicó que vale la pena recordar que Patricio Patrón
Laviada todavía enfrente
tres litigios de importancia: la auditoría
que le hará la Auditoría Superior de la Federación por el manejo irregular
de recursos
federales, con lo que violó la normatividad vigente;
el juicio político que el PRD ha solicitado en su
contra y la demanda penal que este mismo partido interpondrá
por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Insaciable. (Por Esto!, Johnny Oliver Quintal, p.web).
Además de las tierras de Hunucmá
y Oxcum, Patricio Patrón,
mediante su intermediario favorito Antonino Almazán
Arteaga, va por más en Dzelchac,
Huncanab, Hunucmá
y Chalmuch con la complicidad de la Procuraduría Agraria, a cargo de Claudio Coello Herrera
A través del especulador Antonino Almazán Arteaga, ex delegado
del Registro Agrario Nacional (RAN), el gobernador
Patricio Patrón Laviada
pretende consumar el despojo, mediante irregularidades
jurídicas violatorias a la Ley Agraria y con la aprobación
de la Procuraduría Agraria, de 615.4 hectáreas de
tierras de los ejidos de Dzelchac, Huncanab, Hunucmá y Chalmuch.
En el ejido de Hunucmá, municipio
de Hunucmá, y Oxcum,
Umán, Almazán Arteaga --donde compró desde 70 centavos y revendió
hasta 1.40 pesos-- cometió un sinfín de irregularidades
violatorias a la Ley Agraria, además que adquirió
las tierras con recursos del gobierno por unos 31
millones de pesos, motivo por el cual el gobernador
Patrón Laviada será denunciado penalmente la próxima semana por la
fracción parlamentaria del PRI por el delito de desvío
de recursos públicos.
En los ejidos de Dzelchac, Huncanab, Hunucmá y Chalmuch el intermediario gubernamental Almazán Arteaga repitió
el mismo esquema que en sus primeras compras de Oxcum
y Hunucmá: realizó asambleas
ilegales, sin el debido quórum y depurando a los muertos
y desavecindados, aunque la figura legal no está en
la Ley Agraria, todo con el visto bueno de personal
de la Procuraduría Agraria, cuyo delegado en Yucatán
es el panista Claudio Coello
Herrera, para lo cual se configura el delito de complicidad
o corrupción.
El enorme filete de dos mil 203.5 hectáreas colinda con Texán Palomeque, donde está el casco
de hacienda propiedad de Alejandro Patrón Laviada,
hermano del gobernador, donde se desarrollaría un
hotel de gran turismo con acceso estratégico a los
puertos de Sisal y Celestún,
similares a los del Grupo Plan que impulsa el banquero
Roberto Hernández Ramírez, entre ellos la Hacienda
Temozón y Santa Rosa.
Pero eso no es todo. De acuerdo con documentación oficial,
en el Registro Público de la Propiedad no aparece
inscrito ninguno de los predios a nombre del Gobierno
del Estado de Yucatán donde se pretende realizar el
proyecto Metrópolisur.
Con lo que sí se cuenta, según el propio gobernador Patrón
Laviada es con documentos de "Promesas de Compraventa"
en Dzelchac, Huncanab,
Hunucmá y Chalmuch
por parte de empleados de Almazán Arteaga: Mayra
del Carmen Nieva Domínguez, Javier Francisco Hernández
Cruz, María Yesenia Méndez Rebollo, Santa Bartola Acuña, Blanca Asalia Huesca Damián, quienes tampoco cuentan con documentos
que los acrediten como legalmente propietarios de
esas tierras.
La irregularidad es mayúscula. De acuerdo con documentos oficiales,
a los que el reportero tuvo acceso y copias, los citados
empleados de Almazán Arteaga firmaron con el gobierno
estatal "Promesas de compraventa" respecto
a 226.24 hectáreas de los terrenos del ejido de Dzelchac, cuyo costo sería por 3´891,328.84 pesos; "Promesas
de Compraventa" respecto a 254.11 hectáreas del
ejido de Huncanab cuyo costo será por 3´915,818.10 pesos; "Promesa
de compraventa" respecto a 22.98 hectáreas de
Chalmuch, municipio de Mérida, por un millón 161 mil 913 pesos;
"Promesa de Compraventa" del ejido de Hunucmá
respecto a 134.65 hectáreas más cuyo precio será de
4´901,132.87 pesos, respectivamente.
El Ejecutivo ha informado que el Gobierno de Yucatán adquirió
dos mil 203.5 hectáreas para el aeropuerto, en una
primera etapa. Posteriormente se compraron 586 hectáreas
para la construcción de la planta potabilizadora Mérida
IV, por un importe de 41.5 millones y después de compraron
300 hectáreas adicionales para hacer un nuevo zoológico,
detrás del aeropuerto actual, con un costo de 19.5
millones de pesos. En total el Gobierno del Estado
utilizó 61 millones de pesos para la adquisición de
las tierras.
Triangulación de recursos del Gobierno del Estado
El mecanismo utilizado para la adquisición de los terrenos,
según ha sido expresado por el titular del Ejecutivo
estatal en conferencia de prensa de fecha 3 de agosto
de 2005, fue el siguiente:
"El ex funcionario (Antonino Almazán Arteaga) realizó
las compras (de tierras ejidales) por encargo directo
del Ejecutivo como una estrategia para reunir la superficie
que se requiere para el mega proyecto".
"Las fue comprando (Antonino Almazán) poco a poco. Nosotros
le dábamos anticipo cada vez que amarraba un trato
con los dueños de las parcelas y luego finiquitábamos
los contratos", el gobierno del estado le daba
un anticipo y posteriormente se finiquitaban los contratos.
"Todo se hizo como si fuese entre particulares
y nos salió bien la estrategia".
Sin embargo, no se tiene certeza sobre dichas operaciones toda
vez que el Ejecutivo ha sido omiso en exhibir la documentación
respectiva.
Especialistas en Derecho Agrario afirman que para que los acuerdos
que se tomen en una asamblea ejidal sean válidos se
deben ceñir estrictamente a las normas que regulan
la legalidad de su integración a fin de que sus decisiones
tengan eficacia jurídica, esto de conformidad con
lo que al respecto disponen los diversos numerales
10, y del 24 al 31 de la Ley Agraria. De tomarse acuerdos
en contravención a lo antes señalado se consideran
ilegales y por ende los acuerdos que se tomen no tendrán
consecuencia o efecto jurídico alguno.
Irregularidades en el ejido de Hunucmá
La asamblea de cambio de destino y asignación de tierras de
fecha 27 de febrero de 2005, se celebró en el ejido
de Hunucmá con varias violaciones
a la Ley Agraria.
En el primer punto del orden del día de la asamblea de fecha
18 de febrero del 2005 se señala que hay 303 ejidatarios
fallecidos o desavecindados; la Ley Agraria NO contempla
la figura de depuración por lo tanto la asamblea señalada
se celebró sin el quórum legal.- Esto se confirma
con la propia acta de fecha 8 de febrero del 2005.
En el primer punto del acta de asamblea de fecha 27 de febrero
del 2005, se señala claramente, que en fecha 2 de
septiembre del 2001 se verificó en el ejido de Hunucmá
una asamblea en la que se aprobó la suspensión de
sus derechos de voz y voto de 358 fallecidos y 303
desavecindados.
Esto es en contra de la Ley Agraria ya que no existe en la
propia Ley la figura de depuración, ya que ni a los
muertos se les puede quitar del padrón, porque sus
beneficiarios son sus viudas e hijos, además de que
el reglamento interno del ejido no puede sancionar
con más de un año de suspensión de derechos de voz
y voto a ningún ejidatario.
Por lo tanto esa asamblea se celebró sin el quórum requerido
que debía ser el 50 por ciento más uno, sin poder
precisar el total de ejidatarios que integran el padrón
ya que no señalan con qué documento ni de qué fecha
es el que les haya servido para pasar lista de asistencia,
que en todo caso debió ser proporcionado por el Registro
Agrario Nacional, por la vigencia de los derechos
agrarios de los ejidatarios.
En el sexto orden del punto del día, se propone cambio de destino
de tierras de uso común del ejido para destinarlas
al área parcelaria y en el desahogo en este punto
se pone a consideración de la asamblea 1,526-59-40,991
hectáreas de tierras de uso común; en este punto existen
diversas violaciones. No se señala en qué fecha ni
quién autorizó medir las tierras, quién conformó la
Comisión Auxiliar y si fue integrada por ejidatarios.
Las preguntas son ¿Qué empresa realizó la medición?
¿Cuántas parcelas se crearían?
En el octavo punto de la orden del día, se señala someter a
consideración y en su caso aprobación de la asamblea
la asignación sobre los derechos de las parcelas de
nueva creación. En el desahogo de esta prueba se violó
la publicidad en términos del artículo 25 de la Ley
Agraria, al tratar en este punto de ratificar una
asamblea de fecha 15 de enero del 2005 que no existió,
pero si fuera cierto también es violatoria porque
no está contemplada en la propia norma agraria.
En este punto se reconocen posesionarios
cuando en la convocatoria no se publica la intervención
de los mencionados, lo que es violatorio de la Ley
y por tanto nulidad de la asamblea.
Los posesionarios conforme al reglamento
de la Ley Agraria en materia de Certificación de
Derechos Agrarios y Titulación de Solares (Procede),
si no se les reconoce únicamente serán usufructuarios.
Es muy importante señalar que se les asigna las tierras
a estos posesionarios sin
ninguna contraprestación a favor del ejido, esto es
supuestamente que el ejido está regalando 1,526-59-40,991
hectáreas. Sin ningún beneficio para el núcleo ejidal
de Hunucmá y sin la autorización
de los 303 ejidatarios suspendidos.
Se viola el artículo 25 de la Ley Agraria y por lo tanto es
motivo de nulidad del acta de asamblea al introducir
en el octavo punto del orden del día la asignación
de la parcela 275 a favor de la C. Mayra del Carmen Nieva Domínguez, sin estar en los puntos
del orden del día y sin señalar que calidad agraria
tiene.
La pregunta es cómo es posible que se mencione a la C. Mayra del Carmen Nieva Domínguez y no a los CC Antonino Almazán
Arteaga, Javier Francisco Hernández Cruz, María Yesenia
Méndez Rebolledo, Santa Bárbara Acuña, Blanca Azalia
Husca Damián, quienes fueron asignados como posesionarios y son empleados de Antonino Almazán Arteaga?
Todos los asignados debieron probar que están en posesión de
las tierras por más de un año, cosa que no sucedió.
En el desahogo del siguiente punto del orden del día existe
también violación a la Ley Agraria ya que solamente
los ejidatarios tienen derecho al dominio pleno sobre
sus parcelas. Por lo tanto, no solamente el comisario
ejidal de la asamblea tomó resoluciones ilegales sino
que la Procuraduría Agraria, no hizo ninguna observación
al respecto, esto prueba complicidad o corrupción.
Lo importante de este caso es que cuando se toman resoluciones
de una asamblea ejidal en la que no se cumplen con
los requisitos que establece la Ley Agraria, estos
acuerdos no pueden tener validez jurídica alguna ni
ninguna autoridad por ningún medio puede avalar estas
ilegalidades.
Pero en Yucatán sucedió.
Tierras sembradas, pero de irregularidades. (El Diario de Yucatán, Manuel J. Triay,
p.web).
Nueva denuncia ejidal.
Mérida, Yucatán.- Benito Ek Palomar,
Cándido Molina Chan, Guadalupe
May Narváez, José Alfonso Iuitz
Balam y José Luis Pech
Chay, todos ejidatarios
de Hunucmá, interpusieron
ante el Tribunal Agrario una demanda en la que solicitan
la nulidad del procedimiento seguido para la adquisición
de tierras que ocuparía el nuevo aeropuerto que planea
el Ejecutivo.
El juicio agrario de referencia tiene la particularidad de
que incluye al propio ejido de Hunucmá,
al corredor que adquirió las tierras del ejido, a
Antonino Almazán y cinco empleados suyos, a las delegaciones
locales de la Procuraduría Agraria y del Registro
Agrario Nacional, al gobierno del Estado y la
Cousey, y al Congreso del
Estado.
No son los primeros ejidatarios de Hunucmá
que denuncian presuntas irregularidades en la asamblea
que permitió al gobierno del Estado la adquisición
de tierras para el aeropuerto del proyecto Metrópolisur, ni los hunucmenses
son los únicos. También han interpuesto sendas denuncias
por presuntas irregularidades campesinos de Oxcum
y de Huncanab.
En el caso que hoy nos ocupa, los cinco ejidatarios de Hunucmá, con fundamento en las leyes Agraria y de Amparo,
solicitan las medidas precautorias y la suspensión
de actos de autoridad, con miras a defender las 1,526.59
hectáreas que la asamblea ejidal cedió a Antonino
Almazán y sus empleados o prestanombres del gobierno
del Estado.
El documento presentado ante el Tribunal Agrario trata de demostrar,
entre otras cosas, la invalidez de la asamblea ejidal
celebrada para enajenar las tierras que por encargo
del Ejecutivo adquirió Antonino Almazán.
Los demandantes señalan, entre otras cosas, que es falso y
notorio que Antonino y sus cinco compañeros beneficiados
con la cesión de tierras se encuentren trabajando
las 1,526 hectáreas.
Lo que es conocido y notorio, dicen, es que se hizo el acta
de la asamblea para apropiarse de las tierras del
ejido y venderlas por encargo al gobierno del Estado
para la construcción del aeropuerto.
La asamblea, dicen, violó el artículo 23 de la Ley Agraria
y los artículos 31, 32 y 36 del Reglamento de la Ley
en materia de certificación de Derechos Ejidales al
asignar las parcelas a quienes son ajenos al ejido
y ningún trabajo han realizado en la superficie en
controversia, ya que la asamblea no realizó el reconocimiento
parcelario económico o de hecho, sino que delimitó
parcelas de nueva creación, por lo que debió proceder
a la asignación de ellas de acuerdo con dicho Reglamento.
La Procuraduría Agraria debió cuidar que así se haga
y no cumplió.
En la superficie de referencia no hay ningún trabajo de ganadería
ni mejora alguna realizada por los demandados, lo
que podría apreciarse con una simple inspección judicial.
Por el contrario, algunos ejidatarios tienen ahí sus
cultivos y hacen tareas agropecuarias, por lo que
la asamblea está impedida para asignar esas tierras
que no están vacantes, pues no existe precepto legal
alguno en la Ley Agraria que faculte a la asamblea
a reconocer a una persona como nuevo ejidatario, en
relación con derechos agrarios que ya corresponden
a otro.
De acuerdo con el documento de referencia, se violaron los
artículos 23 y 81 de la Ley Agraria, al autorizar
la asamblea ejidal que los posesionarios adopten el dominio pleno sobre las parcelas,
y que en un futuro puedan adoptar el dominio pleno
sobre las parcelas que se asignen.
De acuerdo con esos artículos y algunos otros que citan los
demandantes, la asamblea ejidal puede resolver que
los ejidatarios adopten el dominio pleno sobre dichas
parcelas, pero nunca que los posesionarios
puedan hacerlo.
El “Plan B” del gobernador. (El Diario de Yucatán, Manuel J. Tryan,
p.web).
Habrá que ver si sacan
la cartera.
Mérida, Yucatán.- Rechazada en el Congreso del Estado la solicitud
del Ejecutivo para contraer cuantioso crédito y construir
un nuevo aeropuerto, su promotor, el gobernador Patricio
Patrón Laviada, habrá de
acudir, como él mismo señalara, a un “Plan B” que
consiste en otorgar la concesión del campo aéreo a
la iniciativa privada, mediante alguna sociedad mercantil,
figura prevista en la Ley de Aeropuertos y que no
requiere de licitación alguna.
Tal vez entonces algunos capitanes de empresas que actuaron
como intermediarios entre el Ejecutivo y los diputados
querrán ver, antes de invertir un solo peso, todos
los estudios de factibilidad y los permisos que sustenten
el proyecto Metrópolisur
y que hasta hoy no ha dado a conocer el Ejecutivo,
ni pareció importarle mucho a los intermediarios.
Por cierto, posiblemente pondrán más atención en la forma como
se adquirieron las tierras para construir el aeropuerto,
sujeta a varias demandas legales, entre ellas la que
comentamos en nuestra entrega anterior, que parece
sustentar jurídicamente una serie de irregularidades
en la asamblea ejidal celebrada para enajenar aquella
superficie.
Los ejidatarios Benito Ek Palomar,
Cándido Molina Chan, José
Antonio Iuitz Balam,
Guadalupe May Narváez y José Luis Pech Chan, en su demanda ante el
Tribunal Agrario por la supuesta venta irregular de
tierras para Metrópolisur, incluyen a las delegaciones locales de la Procuraduría Agraria y del RAN, al gobierno
del Estado y a la Cousey.
Le piden a todos los demandados, incluyendo al gobierno del
Estado y a Antonino Almazán y otros prestanombres
que actualmente gozan de una inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, que se abstengan de ejecutar
algún acto que pudiera implicar ejercicio de derechos
de propiedad o posesión de la superficie en conflicto.
Dicen los quejosos que en la asamblea de referencia no estuvo
presente la Procuraduría Agraria, como era su obligación,
entre otras cosas porque no acreditó la asistencia
de sus representantes o, al menos, no consta en el
acta que así haya sido, ni se anexa documento alguno
que lo haga constar.
Los demandantes señalan una serie de artículos de la Ley Agraria
que supuestamente violó el Registro Agrario Nacional
al no aplicarlos en la calificación registral
del acta de asamblea, y dicen que también violó el
principio de prelación que le impone el artículo 55
de su Reglamento Interior, por la forma apresurada
en que calificó, inscribió y expidió documentos, ya
que en escasos días exhibió los títulos de propiedad.
Además, con la prisa, el Registro Agrario no expidió
los certificados parcelarios correspondientes. El
5 de agosto pasado, en nuestro artículo “Millonario
negocio de tierras” publicamos lo siguiente: “El trámite
de propiedad de aquella superficie, que al gobierno
del Estado le llevaría mucho tiempo, según don Patricio,
a los foráneos beneficiados no les duró nada, lograron
hacerlo 'fast track'
gracias, según nuestros informantes, a un millón de
pesos que costó la intervención del delegado local
del RAN, Luis Felipe Mena
Salas, quien dicen que acudió personalmente a la metrópoli
para aligerar todo. Hoy, los cinco ejidatarios demandantes
señalan que el reconocimiento como posesionarios de las personas a quienes se asignaron las tierras
no es más que una simulación orquestada por Antonino
Almazán, el gobernador Patrón Laviada,
el director de la Cousey y los delegados de la Procuraduría Agraria y del Registro
Agrario Nacional para privar de sus tierras a los
ejidatarios, como parte del proyecto Metrópolisur.
Almazán Arteaga, dicen los denunciantes, fue más allá
de la especulación con las tierras de Hunucmá, ya que contaba con la información privilegiada que
le proporcionó el gobernador del Estado. Cuando fue
a hacer las compras encargadas ya tenía un comprador
final, ya incluso le habían pagado parte del precio,
por lo que le fue fácil obtener jugosas ganancias,
en perjuicio de los ejidatarios.
La nueva denuncia ejidal interpuesta ante el Tribunal Unitario
Agrario del 34o. Distrito, y la no autorización al
crédito que pretende el gobernador, posiblemente haga
cambiar la visión que algunos intermediarios tendrían
el proyecto Metrópolisur.
Habrá que ver cuando saquen la cartera, si la sacan.
Concluir conflictos agrarios, la consigna federal:
SRA. (La Jornada, Irma Moreno,
p.web)
San Francisco Ixhuatán, Oax. Después de reunirse con habitantes de este municipio,
a quienes llamó a resolver la disputa agrario con
San Francisco del Mar por la vía de la conciliación
"para no heredar a sus hijos y nietos un conflicto
de sangre", el subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), Gilberto Hersberger
Reyes, dijo que en Oaxaca y en el país, por instrucciones
del presidente Vicente Fox
y del titular de esa dependencia, Florencio Salazar
Adame, se busca terminar
de manera definitiva con los problemas del campo.
Cuestiona proceder de autoridades en conflicto
agrario.
(La Jornada, Correo Ilustrado, p.web).
Señora directora: En respuesta a la carta firmada por el licenciado Gilberto
José Hershberger Reyes,
subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural,
de la Secretaría de la Reforma Agraria, del 19
de noviembre de 2005, ruego se publique la presente:
Los del pueblo de Jilotepec, municipio
de Huamuxtitlan, Guerrero,
no pretendemos hacer justicia por nuestra propia mano,
solamente pedimos y exigimos justicia conforme a derecho,
porque tenemos la razón, la verdad histórica y la
verdad jurídica.
Los directamente responsables, quienes se han hecho justicia
con su propia mano, son los del pueblo de Acaxtlahuacán
de Albino Zertuche, Puebla,
porque a verdad sabida, nos roban y despojan, violando
el artículo 17 constitucional y el Código Penal.
El pueblo de Jilotepec lleva 19 años
firmando actas de buena fe, para que el conflicto
sea resuelto por la vía pacífica y concertada; acuerdos
nunca respetados por Acaxtlahuacán,
prueba de ello tenemos un robo y despojo llevado a
cabo el 22 de diciembre de 2004.
¿Por qué se ha permitido a los de Acaxtlahuacán
llevarse vacas de los de Jilotepec,
que se encuentran en terrenos de su jurisdicción,
y a cambio les piden estratosféricas cantidades de
dinero?
¿Por qué se ha tolerado a los de Acaxtlahuacán
matar a balazos vacas y toros de los de Jilotepec?
¿Querrán que pongamos la otra mejilla?
Preguntamos al licenciado Gilberto José Hershberger
Reyes, y al licenciado Esaú
Tapia Abarca, subsecretario de Asuntos Agrarios del
gobierno del estado de Guerrero, ¿por qué no se ha
castigado a los del pueblo de Acaxtlahuacán,
señores que se han hecho justicia con su propia mano,
despojándonos de más de 379 hectáreas, robando y matando
ganado?
¿Por qué no se ha investigado e integrado la averiguación previa
de la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio
Público por el delito de despojo y robo, y ejercido
la acción penal contra los de Acaxtlahuacán?
¿Por qué el magistrado del tribunal unitario agrario en Chilpancingo
no dicta sentencia conforme a derecho?
¿Y el estado de derecho, en México, donde está? ¿Vivimos bajo
la ley del más fuerte?
Atentamente
Heriberto Bravo Rodríguez, representante legal del pueblo de
Jilotepec, municipio de
Huamuxtitlan, Guerrero
Sector agropecuario
Sagarpa anula permiso de siembra
experimental de maíz transgénico. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)
Greenpeace había demandado ese veto; adujo que
peligraban granos nacionales
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica) canceló la autorización
para iniciar la siembra de maíz transgénico
en campos experimentales del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) ubicados en el norte del país.
El Senasica, dependiente de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), especificó que desde el pasado 10 de noviembre determinó
cancelar, en lo que a sus facultades corresponde,
la autorización de la siembra de cuatro variedades
de maíz transgénico propiedad
de las empresas Dow Agrosciences,
Pionner y Monsanto,
que con fines experimentales se llevaría a cabo en
los campos del INIFAP en los valles Fuerte, Culiacán
y Yaqui, así como en el sur de Tamaulipas, que formarían
parte del llamado Proyecto Maestro de Maíz.
La decisión fue tomada con base en las atribuciones que le
otorga la ley para dejar sin efecto la expedición
de certificados fitosanitarios que en su momento fueron
emitidos para concretar el citado proyecto, asentó
Senasica en un breve comunicado.
El pasado 10 de noviembre el director de Greenpeace,
Alejandro Calvillo, apuntó que los siete permisos
otorgados por Sagarpa para sembrar las variedades de maíz Hércules, Yield Gard, Faena 2 y Mon 8017 en campos experimentales del INIFAP en Sinaloa, Sonora
y Tamaulipas ponían en riesgo 40 razas y 300 variedades
del grano. Agregó que se habían violado los procedimientos
previstos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados e incumplido
disposiciones del Acuerdo de Cooperación Ambiental
de América del Norte. "Son actos ilegales que
atentan contra el régimen de protección especial del
maíz."
La organización ecologista interpuso un recurso de revisión,
reclamó la nulidad del acto -de acuerdo con la Ley
Federal de Procedimientos Administrativos- y pidió
que se investigara al subdirector de Evaluación de
Registro, Marco Antonio Cotero García, y a la directora
de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera,
Amada Vélez Méndez, responsables de otorgar los permisos.
El director de Senasica, Javier Trujillo
Arriaga, aseguró que en
los casos del maíz y otros relacionados con los organismos
genéticamente modificados buscará un acercamiento
con las organizaciones de productores que han externado
su postura en torno al tema de los transgénicos,
para ampliar la información y mejorar los proyectos
que surjan, siempre con base en la ley y en las facultades
que corresponden a las instituciones involucradas.
En torno al Proyecto Maestro de Maíz, Trujillo Arriaga había comentado que no había ningún riesgo de contaminación
para las variedades del grano, ya que se habían establecido
las medidas de bioseguridad
necesarias para llevar a cabo la investigación científica.
Añadió que el proyecto había sido aprobado por el
Subcomité Especializado de Agricultura de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.
Con el proyecto -que empezaría en enero de 2006 y cuyos resultados
serían evaluados en enero de 2007 por un grupo de
científicos- se pretendía conocer posibles efectos
en el medio ambiente y la biodiversidad, la estabilidad
genómica, el comportamiento
agronómico y los beneficios potenciales del maíz transgénico,
dijo Trujillo Arriaga.
Sagarpa asentó que hace más de una década
en diversos foros científicos se ha planteado al gobierno
nacional la necesidad de realizar experimentación
controlada de maíz transgénico
para evaluar los riesgos que puedan derivar del uso
de ese tipo de productos en países que son centros
de origen y biodiversidad, entre ellos México.
Buscarán elevar la venta de azúcar a EU de 300
mil a 500 mil toneladas. (La Jornada, p.web).
La zafra 2004-2005 arrojó excedentes por un millón
de toneladas, informa Sagarpa
El mercado estadunidense,
muy atractivo, pues hay un relativo desabasto
del producto
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa)
informó que buscará colocar en el mercado de Estados
Unidos entre enero y septiembre del próximo año medio
millón de toneladas de azúcar, ya que tuvo excedentes
por un millón de toneladas en la zafra 2004-2005.
El Fideicomiso Comercializador (Fico),
responsable de colocar en el mercado el azúcar producido
en los 23 ingenios administrados por el Fondo de Empresas
Expropiadas del Sector Azucarero, decidió revisar
su programa de exportaciones para la zafra 2005-2006,
incrementándolo de 300 mil a 500 mil toneladas.
Actualmente el mercado estadunidense
resulta altamente atractivo para la industria azucarera
mexicana debido al incremento en la demanda de ese
producto.
El año pasado se exportaron al país vecino alrededor de 80
mil toneladas de azúcar con pago de arancel, y aproximadamente
4 mil dentro de la cuota prevista en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En un comunicado, la Sagarpa indicó
que en el lapso octubre 2005-septiembre 2006 se prevé
sextuplicar los envíos de azúcar a Estados Unidos,
en relación con el periodo homólogo anterior. El volumen
exportado será producto de los excedentes de la zafra
2004-2005.
El Fico, abundó la Sagarpa, ha establecido contactos comerciales con diversos
importadores en los Estados Unidos, con el propósito
de colocar cien mil toneladas -que corresponden a
los ingenios expropiados- en la cuota del TLCAN, libres
de arancel, así como 400 mil toneladas adicionales
vía el denominado second tier, mecanismo
previsto para la exportación con arancel de azúcares
mexicanos al mercado estadunidense.
A partir de enero de 2006 el arancel que pagarán los azúcares
mexicanos en el second
tier será de 70 dólares por tonelada métrica, en contraste
con los 106 dólares que se pagan actualmente.
La exportación a Estados Unidos es propicia, dado que en este
momento tiene un relativo desabasto
de azúcar.
De acuerdo con el reporte Estimación de la oferta y demanda
agrícola global (WASDE, por sus siglas
en inglés), generado por la oficina del economista
en jefe del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, el 10 de noviembre de 2005 el cociente de
inventarios contra consumo llegó a 6.4 por ciento,
lo cual se estima como la cifra más baja en 70 años.
Paralelamente, la zafra 2004-2005, que presentó un volumen
de azúcar producido de 5.8 millones de toneladas,
arrojó excedentes en México cercanos a un millón de
toneladas del dulce, de acuerdo con información de
la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera.
Dado el esfuerzo de logística que es necesario hacer para el
desplazamiento de un volumen tan grande de azúcar,
se espera que las exportaciones del Fico
se desarrollen a un ritmo cercano a 55 mil toneladas
mensuales.
Es importante mencionar que este volumen exportable no tendrá
efecto en el abasto nacional de azúcares, toda vez
que éste se encuentra garantizado a partir de la integración
de los mercados de ambos países y debido a que en
México se cuenta con un espectro más amplio de edulcorantes.
Estatales
GUERRERO
Se enfrentan policías y opositores a La Parota;
al menos 20 heridos. (La Jornada, Misale Habana, p.web. /Información
también publicada en Reforma, p.20, El Universal,
p.29, Milenio Diario, p.21).
Ejidatarios impiden ingreso de agentes a la asamblea
donde se discutiría el proyecto
Asegura el edil de Acapulco que la reunión se realizó
y el plan de construcción fue aprobado
Sumario
Un vehículo resultó dañado durante la refriega entre comuneros
que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica
y agentes antimotines FOTO Javier Verdin
Acapulco, Gro., 27 de noviembre.
Veinte personas heridas, la mayoría comuneros y un
policía, fue el saldo de dos enfrentamientos que miembros
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La
Parota (CECOP) sostuvieron esta madrugada en la comunidad
Dos Arroyos con agentes policiacos.
Los uniformados fueron comisionados para vigilar una de las
tres asambleas que, según la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), se requieren para que concluya la consulta
sobre la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
El alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, aseguró
que la asamblea ejidal se realizó y se aprobó el proyecto.
La primera trifulca ocurrió cerca de las 3 de la mañana, a
la entrada del poblado Dos Arroyos, municipio de Acapulco.
Los golpes empezaron cuando campesinos que desde hace
tiempo mantienen un retén para obstruir el acceso
a vehículos de la CFE -que realizan trabajos previos
a la construcción de la hidroeléctrica- impidieron
el ingreso al poblado a casi 300 elementos de la Policía
Preventiva Municipal y antimotines.
Los uniformados, que resguardarían la asamblea ejidal de la
mañana, se replegaron durante casi tres horas. El
segundo zipizape ocurrió a las 6 de la mañana, cuando
otro grupo de poli-cías ingresó a Dos Arroyos por
otro punto del poblado para auxiliar a sus compañeros
y resguardar la comisaría.
El vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, entrevistado en el lugar de las reyertas, sostuvo
que el gobierno estatal envió al menos 300 efectivos
de las policías Preventiva del Estado (PPE), Investigadora
Ministerial, Federal Preventiva y Municipal, que utilizaron
gases lacrimógenos en el desalojo.
El líder de ejidatarios indicó que la primera incursión a la
comunidad fue frustrada por los labriegos a las 3
de la mañana, por lo que tres horas después, los agentes
antimotines rodearon la zona para arribar por una
brecha, donde ya los esperaban campesinos armados
con palos, machetes y resorteras.
"Todo esto está lleno de gases lacrimógenos y piedras;
incluso hay por ahí un vehículo averiado con los toletes;
los policías ahora sí dejaron el cuerpo del delito.
Algunos tenían armas de fuego. Como eran las 3 de
la mañana, sólo se escuchaba cómo cerrojeaban
las armas, pero no hubo disparos", señaló.
Suástegui Muñoz, quien encabeza la lucha para
impedir que la CFE construya la hidroeléctrica, culpó
de las agresiones al jefe de la policía en Acapulco,
Roberto Abisaid Gracián, quien según el líder ejidal encabezó los dos intentos
de incursión a Dos Arroyos.
"Son como 20 los lesionados, pero no graves; de todos
modos vamos a actuar (penalmente) contra la policía,
sobre todo contra Abisaid Gracián y el comandante
de la policía motorizada (como también llaman a la
PPE)", señaló.
El abogado Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de
La Montaña-Tlachinollan,
que defiende legalmente a los comuneros del CECOP,
dio a conocer que en los próximos días presentará
una denuncia ante la oficina del Tribunal Unitario
Agrario para anular la asamblea de este domingo. Consideró
que se cometieron irregularidades, entre ellas la
ausencia de convocatoria y del comisario ejidal de
Dos Arroyos.
Según la CFE, sólo faltaban tres asambleas para concluir las
consultas sobre la construcción de la presa, una en
Dos Arroyos y las otras dos en Los Guajes y La Palma.
Mario Patrón informó que los policías municipales detuvieron
a algunos de los opositores, pero éstos fueron liberados
de inmediato por instrucciones de los policías estatales
y funcionarios del gobierno del estado, que no querían
problemas".
López Rosas informó que los opositores montaron un retén a
la entrada de Dos Arroyos para evitar que se instalara
la asamblea "pero ésta sí se llevó a cabo y se
aprobó el proyecto de La Parota. Ese es el reporte
que tengo hasta las 11:30 horas, no tengo el número
exacto de los asistentes, pero sí que fue una cantidad
considerable", indicó.
Se enfrentan policías con ejidatarios opositores
a La Parota en Dos Arroyos. (El Sur, Maribel Gutiérrez,
p.web).
Los efectivos estatales y
municipales entraron por la fuerza para resguardar
una asamblea ejidal en la que se aprobó la entrada
de la CFE a las tierras consideradas dentro del proyecto
hidroeléctrico. A las 3 de la mañana los contrarios
a la presa impidieron el paso de los uniformados al
poblado, pero a las 8 éstos regresaron por otra ruta
y con toletes y gases lacrimógenos rompieron la resistencia
de los campesinos
Policías estatales y municipales
de Acapulco se enfrentaron con ejidatarios opositores
a la presa La Parota en Dos Arroyos, dos veces, la
madrugada y la mañana de ayer, y por la fuerza entraron
al poblado a resguardar una asamblea ejidal, que en
condiciones irregulares dio el permiso para que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre a valorar
las tierras que pretende comprar para la construcción
de la presa La Parota.
Los policías arrojaron gases lacrimógenos
y golpearon con toletes y piedras a decenas de opositores,
y destruyeron parte de una camioneta propiedad de
un ejidatario inconforme, de acuerdo con información
de testigos. En tanto, según fuentes policiacas, un policía del estado fue descalabrado, otro lesionado
en la cara de una pedrada, y a un chofer le quitaron
los alimentos que llevaba para los efectivos que participaron
en la operación.
Los ejidatarios opositores a la
presa –que tienen un plantón permanente a la entrada
de Dos Arroyos (en el área rural de Acapulco) para
impedir el paso de vehículos de la CFE– se enteraron
un día antes de que los líderes que promueven el proyecto
de la hidroeléctrica habían planeado hacer la asamblea
este domingo, y por experiencias anteriores sospecharon
que ante la inconformidad de la mayoría de los ejidatarios,
tratarían de hacerla por la fuerza, con intervención
de la policía. Por eso se prepararon para cerrar el
paso a las fuerzas policiacas,
y fortalecieron el plantón con apoyo de sus compañeros
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
Presa La Parota (Cecop).
A las 3 de la mañana se dio el
primer enfrentamiento. Los ejidatarios opositores
habían reforzado el bloqueo de la carretera con piedras
y troncos. Un convoy policiaco,
integrado por 36 camionetas, intentó pasar a la fuerza
por el plantón, lanzando gases lacrimógenos para dispersar
a los manifestantes, pero los campesinos, armados
con machetes, lo repelieron.
Los policías “llegaron a querer
levantar el plantón que está a la entrada. Los ejidatarios
opositores se pusieron en resistencia, y se da el
choque, el enfrentamiento, hay muchos compañeros lesionados,
cerca de 20 lastimados con toletes y gases lacrimógenos.
Se les impidió el paso, los policías dieron marcha
atrás”, dijo el vocero del Cecop, Marco Antonio Suastegui.
El segundo choque se dio dentro
del poblado, en calles de Dos Arroyos. Cuando los
policías vieron que no pudieron entrar por la carretera
principal que llega por El Treinta, entraron por una
pequeña desviación en la Autopista del Sol que entra
a Dos Arroyos y por diversas calles se acercaron al
centro del pueblo. Grupos de ejidatarios opositores,
que estaban alertas, trataron de cerrarles el paso,
pero los policías los dispersaron con gases lacrimógenos
y toletazos.
“Los policías no entraron por la
carretera donde está el plantón porque no pudieron,
dieron la vuelta por el panteón. A las 8 nos agarraron
a pedradas, toletazos y gases, y así pudieron entrar”,
explicó el ejidatario Lorenzo Jiménez Alarcón.
Unos 400 policías armados con equipo
antimotines –toletes y gases lacrimógenos– sitiaron
el área céntrica de Dos Arroyos, y tomaron control
para impedir que los ejidatarios opositores se acercaran
al lugar. Los estatales (conocidos como motorizados,
con uniforme negro) se situaron más cerca de la comisaría
y sirvieron de escolta a los líderes y funcionarios
que promueven la presa. Los preventivos de Acapulco
(de uniforme azul), incluyendo efectivos de la policía
ecológica (de verde), formaron filas compactas y pusieron
vallas metálicas para cerrar el paso a los ejidatarios
contrarios a la presa.
Unos 300 campesinos opositores,
mujeres y hombres jóvenes y adultos, se concentraron
para tratar de llegar al lugar de la asamblea, pero
encontraron la calle sitiada por los policías, y frente
a ellos permanecieron más de una hora.
Poco después de las 10 de la mañana
se hizo la asamblea con raquítica asistencia –unas
50 personas, de más de 500 ejidatarios registrados–,
duró unos 15 minutos, en la calle frente a la comisaría
porque el presidente del comisariado
ejidal no asistió y no abrió el local. Fue dirigida
por el líder de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) del PRI, Evencio Romero,
que no pertenece a este ejido, y por un líder local.
Según ejidatarios de diversas posiciones, la convocatoria
no fue difundida previamente; además no se pasó lista
y ninguno de los asistentes firmó alguna acta. Cuando
Evencio Romero preguntó
si están de acuerdo en que entre la CFE para conocer
los terrenos, algunos dijeron en coro sí, y algunos
levantaron la mano. Acudieron para dar fe tres notarios
públicos.
Al terminar, con resguardo de policías
del estado, se retiraron el líder que encabezó la
asamblea, un funcionario presuntamente de la CFE y
los notarios.
Los opositores se quedaron frente
a los policías municipales hasta que éstos rompieron
las filas y retiraron las vallas que impedían el paso.
Después, llegaron a la entrada de la comisaría, donde
manifestaron su inconformidad con La Parota, golpeando
sus machetes en el suelo y gritando “vamos a defender
nuestras tierras, no queremos dinero, nuestras tierras
no se venden”, “fuera la Comisión (Federal de Electricidad”,
“Zapata vive”, y otras consignas. Finalmente se retiraron
del centro y se reunieron en el plantón de la carretera
a la entrada del pueblo, al lado de una manta que
dice “Ejido de Dos Arroyos. No al proyecto La Parota”.
Comisario entre dos presiones. (El Sur, p.web).
El presidente del comisariado ejidal de Dos Arroyos, Juan Jiménez Zapata, no
asistió a la asamblea de este domingo.
El vocero de los opositores a La
Parota, Marco Antonio Suástegui,
explicó que Jiménez Zapata no está de acuerdo con
la asamblea, y públicamente, por micrófono, se deslindó
de ella ayer a las 7 de la mañana, después de que
se había dado el primer enfrentamiento entre los campesinos
que están en plantón y los policías.
Informó que quien citó a la asamblea es un promovente
de La Parota que se llama Aurelio Hernández Iturio,
y agregó que “él trabaja con la CFE, él también intervino
para la asamblea de San Marcos de la comunidad de
Cacahuatepec” en la que
se dio anuencia a la CFE para la expropiación de las
tierras.
En tanto, el ejidatario Norberto
Castillo Gutiérrez, que está a favor de la presa,
informó: “El comisariado no estuvo porque el sábado en la noche hubo una
asamblea y ahí dio a conocer a todos los ejidatarios
que lo mandó a traer el gobernador Zeferino
(Torreblanca) y le dijo que si no actuábamos a un
diálogo, que él iba a expropiar las tierras de todas
maneras. Y el comisariado
dijo que él no se echaba compromiso porque lo presionan
todos los que están en el paro, dicen que él se está
vendiendo, por eso él tiene miedo, por eso no vino
a la asamblea”.
Vinieron a agredir al pueblo, dicen ejidatarios
opositores. (El Sur, Lorenzo Jiménez,
p.web).
“Estos policías llegaron a las
3 de la mañana. A nosotros nos avisaron un día antes
que iban a venir. Entonces cuando ellos llegaron nosotros
ya los estábamos esperando porque ellos vienen a agredir
a un pueblo pacífico, porque ellos están haciendo
algo indebido.
“Nosotros estamos puestos en una
lucha, estamos en ese plantón porque estamos defendiendo
nuestro derechos, estamos defendiendo nuestras tierras.
“Lo que queremos es que se vayan
los que vienen a hacer la asamblea, no queremos trato
con ellos, no hay ninguna convocatoria para esta asamblea.
Esta reunión no puede llevarse a cabo prque no hay ningún papel, el comisariado
ejidal no aparece. Pero la Comisión quiere hacer la
asamblea, siempre ha estado buscando las cosas a escondidas,
y está dando a la gente de 200 a 700. Los que están
a favor de la presa son pagados y son unos cuantos,
por eso manejan todo a espaldas del pueblo y con policías.
“Los policías no entraron por la
carretera donde está el plantón porque no pudieron.
Como a las 3 y media de la mañana empezaron a aventarnos
gases lacrimógenos. Nosotros estuvimos pendientes y al tanto pero no los
provocamos. Ellos trataron de meterse a la fuerza
tirando gases lacrimógenos, nosotros éramos como 50
y ellos como mil.
“Nosotros paramos una patrulla,
en el plantón, son los que traían los alimentos para
ellos, una camioneta de la policía.
“Como a las 8 buscaron la forma
por este lado del panteón y por la autopista. Se metieron
por las calles, y cuando los opositores trataron de
pararlos les tiraron toletazos y gases lacrimógenos.
“Si no les permitimos el paso de
este lado ¿por qué tuvieron que meterse a la fuerza
a un pueblo que deben de respetar?”.
Salomón Véjar
Moreno
“Yo soy el dueño de la camioneta
Mitsubishi, año 95. Yo venía
en el camino, aquí me agarraron los policías, golpearon
la camioneta, le quebraron los vidrios con un tolete.
Nos tiraron piedras, y nos aventaron la macana”.
Teodoro Vázquez
“Los policías apedrearon mi casa,
es de lámina, y quebraron unas láminas”.
Una mujer campesina que no dijo
su nombre contó: “Se metieron a la iglesia, patearon
la puerta y golpearon a una muchacha. A Francisco
Pacheco lo golpearon adentro de su casa, se metieron
a su casa, golpearon al viejito que está enfermo”.
Denuncian agresión armada al plantón de los opositores
a La Parota en Huamuchitos. (El Sur, p.web).
Hombres armados que están
a favor de la presa La Parota intentaron ayer levantar
por la fuerza el plantón de los comuneros opositores
tienen en el poblado de Huamuchito,
perteneciente a los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
informó el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (Cecop),
Marco Antonio Suástegui.
Dijo que al frente de los agresores
iba Hermelindo Lorenzo Martínez,
y que las armas que dispararon son una pistola calibre
9 milímetros y una escopeta.
“Como a las 10 de la mañana de
este domingo, dispararon contra los compañeros del
plantón. No hubo heridos, y los mismos compañeros
calmaron a los agresores”, dijo el vocero, y adelantó
que por intento de homicidio los opositores de Huamuchitos
presentarán una denuncia en el Ministerio Público.
Los opositores pedirán la nulidad de la asamblea:
Tlachinollan. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).
Defensores del Centro de
Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan,
que participa en la defensa jurídica del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(Cecop), fueron observadores
de los acontecimientos en Dos Arroyos.
El abogado Vidulfo
Rosales Sierra anunció que los opositores demandarán
la nulidad de la asamblea ante el Tribunal Agrario.
El abogado opinó sobre la asamblea:
“Nuestra visión es que la CFE con el gobierno del
estado ya tienen un patrón de conducta para la imposición
del poryecto La Parota en
los núcleos que van a ser afectados. Así lo hicieron
en Cacahuatepec, se hizo una asamblea con mucha fuerza pública,
pocos comuneros, documentos previamente alterados,
se tuvo que sacar del núcleo comunal”.
“En Dos Arroyos vemos el mismo
sistema de operar, no hay una convocatoria, y pese
a eso se llevó a cabo la asamblea, imponiéndola con
la fuerza pública, no se vislumbra la voluntad libre
y espontánea de los comuneros sino que hay una presión
por parte del Estado para obligarlos, para imponer
el proyecto de La Parota, mientras a los disidentes
al proyecto La Parota no se les deja participar, para
eso se pone la policía, para que éstos no puedan entrar
a la asamblea y no puedan dar una opinión distinta”.
–¿Qué problemas
jurídicos ves?
–Esta asamblea no tiene valor jurídico,
es nula, porque no se hizo convocatoria con 8 días
de anticipación mínimo, no hubo quórum legal porque
no se estabeció una mesa
en donde se extediera el
padrón y se pasara lista ejidatario por ejidatario,
ni siquiera se pasó lista. Lo real es que estuvieron
30 o 40 ejidatarios, y no hubo asamblea en primera
convocatoria. El presidente del comisariado
no estuvo, él dijo que no está convocando, no vino
personal de la Procuraduría Agraria, estuvo sólo Evencio Romero que es una persona que no tiene que ver con
este ejido.
“Aunado a esto vemos que los ejidatarios
que están a favor tienen muchas inconformidades porque
no se les está informando cómo va a ser la presa,
cómo van a ser las indemnizaciones.
“Es una asamblea irregular a todas
luces y por eso se va a demandar la nulidad en el
Tribunal Unitario Agrario”.
Policías lesionados, según un boletín del gobierno
del estado. (El Sur, Maribel Gutiérrez,
p.web).
En un boletín de prensa, el gobierno
del estado, informó de la operación en Dos Arroyos:
“A las 03:15 horas de la fecha,
al arribo de las policías preventivas estatal y municipal
al área de Dos Arroyos, ocurrió una agresión por parte
de un grupo de 60 personas aproximadamente, donde
resultó lesionado el policía Benjamín Sandoval López,
con un golpe en la cara en el pómulo izquierdo producido
al parecer con una piedra”.
“Por otra parte siendo aproximadamente
las 08:30 horas de esta fecha, un vehículo que transportaba
los alimentos para el personal destacado en Dos Arroyos,
fue agredido en el tramo de terracería
Autopista del Sol-Dos Arroyos, a 200 metros de dicho
entronque, resultando lesionados los elementos de
la policía preventiva estatal Abel Flores Marín, Antelmo
Vargas Flores y Antonio Bernal Melo,
por un grupo de aproximadamente 35 a 40 personas entre
hombres y mujeres armadas con machetes, palos y piedras
deteniendo dicha unidad y empezándola a golpear a
pedradas y machetazos, tirándoles la comida que llevaban
en el interior de dicho vehículo alrededor de 20 minutos”.
“Asimismo, resultó con daños el
vehículo marca Ford tipo
Pick-up mod. 2003 placas
GY87369, con número de serie 3MB05356 y número económico
025. totalmente destruidas la calavera trasera izquierda,
el medallón y el parabrisas, el espejo lateral derecho,
los faros y direccionales ambos lados, el cofre presenta
cuatro perforaciones por machete, la salpicadera
delantera izquierda dos aberturas, el neumático delantero
izquierdo presenta 3 machetazos, la torreta presenta
dos perforaciones, la caja de la carrocería presenta
6 perforaciones causadas por machetes, así como el
protector de plástico de la caja de la carrocería
se encuentra dañado”.
Al frente de la operación estuvieron
el general Víctor Manuel Bosques Rodríguez, de Seguridad
Pública estatal, y Roberto Abizaid,
de la Preventiva de Acapulco.
Acerca del enfrentamiento, Abizaid opinó: “Lesionaron a un policía del estado. No hubo
enfrentamiento sino que hubo agresión por parte de
los que estaban en la carretera. Y hubo un policía
lesionado en la cara con un golpe en en el pómulo, otro descalabrado y otro que venía en un camión
con los alimentos, lesionaron al chofer y se quedaron
con los alimentos”.
Que entre la CFE para ver cuánto valen las tierras:
Evencio Romero. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).
El líder de la CNC Evencio Romero, niega que él haya encabezado la asamblea ejidal
en Dos Arroyos, a pesar de que él fue el único que
habló, y preguntó a quienes se reunieron a su alrededor
si están de acuerdo permitir que entre la CFE a las
tierras.
–¿Quién
encabezó la asamblea?
–Los integrantes del Comisariado ejidal
–¿Dónde
están?
–Ya se retiraron por la presión
y la provocación que están haciendo (los opositores).
–¿Para qué
fue convocada la asamblea?
–Para efecto de que le permitieran
a la CFE ingresar a hacer ya los levantamientos correspondientes
para ponerse de acuerdo con los ejidatarios. Aquí
es muy diferente porque aquí ya tienen títulos, son
dueños cada ejidatario, cada ejidatario tiene la facultad
de decidir de manera personal si le vende o no a la
CFE.
“Fue una asamblea de anuencia para
que la CFE ingrese a sus tierras, vea cuánto tienen
y si se ponen de acuerdo en la venta o no. Es para
eso”.
–¿Cuándo
convocaron a la asamblea?
–Hace ocho días.
–¿Quién
convocó?
–Las autoridades ejidales, el presidente
Juan Zapata.
–¿Él estuvo
dirigiendo la asamblea?
–No, él no estuvo.
–¿Quién
la dirigió?
–No recuerdo los nombres.
–¿Cuántos
ejidatarios están en el padrón?
–Un total de 500 ejidatarios
–Y cuántos asistieron.
–Ahorita
cerca de 150, en segunda convocatoria.
–Y la primera cuándo fue.
–Fue hace 15 días, no hubo quórum
y se lanza la segunda convocatoria que es válida con
los que asistan.
–¿Los 150
que dice que asistieron están en lista de los ejidatarios?
–Sí, están enlistados, ahí tenemos
todas las firmas. Las tienen las autoridades pero
se fueron porque les cayeron en la madrugada, gente
que no son de aquí.
–¿Qué se
aprobó?
–Los trabajos para que entre la
CFE. Le pidió permiso a los ejidatarios para que entren
a ver en cuánto salen las tierras para negociación,
y si están de acuerdo los ejidatarios en que se les
pague, bien, y si no no..
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