CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
16 DE OCTUBRE DE 2005
Sector agrario
Certeza Jurídica en el Campo. (La Jornada, p.21, Reforma, p.8A).
Regularizados por Procede, 85.63% de ejidos en
Jalisco.
(La Jornada, p.web).
Guadalajara, Jal., 15 de noviembre.
A poco más de 12 años de actividades, el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede) en el estado de Jalisco,
ha permitido otorgar seguridad jurídica a mil 257
ejidos y comunidades de la entidad, que representan
85.63 por ciento de avance, en beneficio de 197 mil
146 familias campesinas que ahora disponen ya de tranquilidad
y certeza documental en su patrimonio. Así lo informó
hoy el procurador agrario del país, Isaías Rivera
Rodríguez, durante la ceremonia oficial de notificación
y firma del acuerdo de precierre operativo del Procede
en Jalisco, que encabezó junto con el secretario general
de Gobierno, Gerardo Solís Gómez, en representación
del gobernador del estado, Francisco Ramírez Acuña.
Mil 257 ejidos y comunidades ya tienen seguridad
jurídica.
(Ocho Columnas (Jalisco), p.web).
Guadalajara, Jalisco. El Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede), a
poco más de 12 años de actividades ha logrado un avance
del 85.63 por ciento, en beneficio de 197 mil 146
familias campesinas que ahora disponen ya de tranquilidad
y certeza documental de su patrimonio.
Así lo informó hoy el procurador Agrario del país, Dr. Isaías
Rivera Rodríguez, durante la ceremonia oficial
de notificación y firma del acuerdo del precierre
operativo del Procede en el estado de Jalisco, que
encabezo junto con el Secretario General de Gobierno,
Mtro. Gerardo Solís Gómez,
en representación del Gobernador del estado, Lic.
Francisco Ramírez Acuña.
El Procurador destacó que esta ceremonia representa «el cumplimiento
del compromiso del presidente Vicente Fox
para dar continuidad y reimpulsar los trabajos de
seguridad jurídica en el campo hasta lograr la conclusión
definitiva del Procede en la presente administración».
Asimismo el Dr. Rivera Rodríguez señaló «que tanto el presidente
Vicente Fox, el Secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar y el
gobernador Ramírez Acuña, tendrán la certeza de anunciar
al pueblo de Jalisco que a la conclusión del Procede,
en marzo de 2006, el 100 por ciento de los núcleos
agrarios habrán sido atendidos e invitados para beneficiarse
de los alcances del Procede
Ofrecen a Che Cu cinco mil pesos por hectárea;
cansados de pedidos. (Tribuna de Campeche, p.web).
Escarcega.-- Si el dirigente del Frente Campesino
Independiente "Emiliano Zapata" (Freciez),
Luis Antonio Che Cu, quiere más terrenos en la Tercera
Ampliación de Pomuch le costará cinco mil pesos la hectárea, pues ya nos
cansamos que cada vez pida más tierras para beneficiar
a personas que ni siquiera lo requieren, afirmó Juan
Manuel Valle Kantún, representante
de ese núcleo de población.
Se supone, dijo, que desde el 82 se concluyó con el rezago
agrario en la entidad, por lo que no entendemos en
que basa su exigencia Che Cu, y no debe olvidarse
que se le entregaron 13 mil hectáreas de nuestros
terrenos las cuales desde hace cinco meses iniciaron
con el trámite de expropiación.
No entendemos porque se inconforma con la Secretaría de
la Reforma Agraria y Procuraduría Agraria si le
han cumplido todos sus caprichos, e hizo un llamado
al Gobierno del Estado para no tolerar más acciones
fuera de la ley en que incurre esa persona.
Si al menos beneficiara a gente necesitada estaríamos de acuerdo,
pero solo lleva a posesionarse a personas que ni siquiera
trabajan las tierras, solo lo utilizan para luego
venderlas, lo que sin duda representa un negocio lucrativo
para ellos, afirmó.
Es absurdo creer que Che Cu cuente con nueve asentamientos
sin legalizar las propiedades, en la que por cierto
varios de sus seguidores son escarceguenses
como son Francisco González Luna, Tito Olan
Arenas, Tomás Vadillo y los hermanos Ovelín y Trino Nieto, quienes en realidad no tienen ninguna
necesidad para pelear un espacio de terreno.
"Si ahora quiere más tierras, no serán de la tercera ampliación
de Pomuch, y en caso de
que quiera las nuestras les costará cinco mil pesos
la hectárea, porque no estamos dispuestos a regalar
el patrimonio de nuestros hijos", afirmó.
Campesinos de Ahuacuotzingo
toman 700 hectáreas; un cacique incumple con la SRA,
dicen. (El Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p.web).
Ejidatarios de Xitopontla denuncian negligencia oficial para resolver el
conflicto con un ganadero de Olinalá
que usa el predio de San Martín de Obispo para sus
animales
Chilpancingo
Un centenar de campesinos de la
comunidad de Xitopontla,
del municipio de Ahuacuotzingo, tomaron el lunes pasado 700 hectáreas del ejido
de San Martín Obispo, en protesta porque el gobierno
se niega resolver en definitiva el conflicto agrario.
El dirigente del Movimiento Social
de Izquierda (MSI), Ranferi
Hernández Acevedo, señaló que los ejidatarios de Xitopontla
subieron desde este lunes por la tarde a las tierras
que sirven como pastizales del ganado de “caciques”
priístas del municipio de Olinalá.
Manifestó que estas acciones que
tomaron los campesinos responden a que el priísta
René Rodríguez Cerrajín, quien es uno de los ganaderos que se adjudicaron
a la “mala” las 700 hectáreas, se ha negado a cumplir
el convenio que se estableció con la Secretaría de
la Reforma Agraria y funcionarios del gobierno del
estado.
En ese convenio firmado el 23 de
julio del 2004, se establece que todos los ganaderos
aceptan una indemnización a cambio de ceder las 700
hectáreas de tierras a los 300 campesinos de Xitopontala; sin embargo, a pesar de que la mayoría de los
ganaderos aceptaron ese pacto, René Rodríguez se ha
negado a desocupar las tierras.
Hernández Acevedo señaló que si
en las próximas horas ocurre un enfrentamiento será
responsabilidad del gobierno de Zeferino
Torreblanca y de la SRA debido a que no han podido
exigir al ganadero priísta que cumpla el convenio.
Indicó que los campesinos que tomaron
desde este lunes las 700 hectáreas de tierras, llevaron
sus herramientas de trabajo que utilizan para el campo,
y ya están instalando sus casas de campaña.
Refirió que este conflicto agrario
tiene más de 60 años que no ha sido resuelto en definitiva
por las autoridades agrarias y que pese a que en el
2004 se llegó a un acuerdo, los ganaderos se niegan
a cumplirlo.
Señaló que los ganaderos priístas
siempre han sido protegidos por las autoridades municipales
de Olinalá y últimamente por el ex presidente estatal del PRI
en Guerrero, Héctor Apreza
Patrón.
A ese respecto, el secretario General
de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, se negó a dar la versión oficial. “No, mira,
no quiero dar la entrevista, y punto”, señaló durante
la instalación de la 58 Legislatura.
Culmina la SRA la medición de linderos entre El
Capulín y Moyotepec; la
invasión sigue. (El Sur, Jesús Rodríguez, p.web).
Los campesinos de Ocuapa incumplen los acuerdos, alerta Galeana Sixto.
Tlapa.
Técnicos de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) terminaron ayer los trabajos
de medición de los límites de tierras entre El Capulín
y Moyotepec, según el acuerdo
tomado entre ambos pueblos la semana pasada con el
titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tlacoapa,
al que pertenece El Capulín, Ismael Galeana Sixto,
alertó que todavía hay presencia de campesinos armados
del pueblo vecino, que han incursionado en las 456
hectáreas en conflicto para sustraer madera, pese
a la presencia de más de 100 policías del estado que
supuestamente vigilan la zona.
Con ello, dijo el comisariado, los de Ocuapa –núcleo
agrario al que pertenece Moyotepec–
“no están cumpliendo el acuerdo pactado con la SRA”,
de no entrar en la zona del conflicto hasta no definir
a quién de los dos pertenece.
“Nosotros hemos respetado el acuerdo,
pero esa gente no, por eso pedimos que la Secretaría
los haga cumplir, porque además esa gente está armada”,
pidió Galeana en nombre de El Capulín.
Mencionó que, en tanto, más de
400 vecinos del poblado continúan replegados a la
orilla de éste, donde han permanecido desde hace más
de ocho días, desde que Moyotepec
los invadió y causó daños al menos en 20 viviendas.
Dijo que la permanencia de la gente
en las orillas del poblado es mientras se rehabilitan
las casas afectadas, para las cuales la Comisión Nacional
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi,
antes INI) ya destinó recursos y la reparación llevará
“de 15 días a un mes”.
Según informó Galeana Sixto, los
dueños de las casas estarán el próximo lunes en Tlapa
para ratificar la denuncia en contra de los vecinos
de Moyotepec por los daños
a su propiedad.
Reiteró la disposición de Tlacoapa para poner fin al conflicto agrario, pero pidió que
en la próxima visita de Florencio Salazar Adame
–en la que se reunirá con los dos núcleos–, se logre
llegar “por fin a un acuerdo, para que el problema
no se les siga poniendo complejo” a las autoridades.
Denuncian campesinos invasión de tierras. (Diario A.M. Catalina Reyes, p.web).
GUANAJUATO
Alfredo Nájera Sánchez, secretario
de Asuntos Agrarios de la UGOCEM, acusó a los delegados
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
y de la Procuraduría Agraria, de propiciar
que la CCI y la CNC promuevan invasiones de tierras.
La CCI es la Central Campesina Independiente y la CNC es la
Confederación Nacional Campesina, ambas filiales del
PRI.
Estas invasiones, dijo, se han hecho incluso de manera violenta,
pues dos campesinos han sido heridos en ellas con
arma blanca.
Acusó a Javier Chico Goerne, representante
de la Secretaría de la Reforma Agraria, y al representante
de la Procuraduría Agraria (PA) en el estado, de ser
negligentes en la solución de los conflictos de tierras
desde hace muchos años y que hay en los municipios
de San Diego de la Unión, San Luis de la Paz y San
Felipe.
También denunció que estas autoridades están otorgando recursos
federales y estatales destinados a resolver conflictos
de tierras, a los líderes de la CCI y del CNC, quienes
no lo emplean para eso, sino que “lo manejan de forma
discrecional. Hay veces que dirigentes hacen lo que
se les pega la gana”.
Denunció que en el ejido La Cebada de San Diego de la Unión,
en 1985, la CCI despojó a autoridades ejidales y a
150 personas, de mil 127 hectáreas de cultivo.
Alfredo Nájera señaló que tres de
los invasores eran homónimos de los dueños de las
tierras, situación que aprovecharon para usurpar su
personalidad.
“Las autoridades le
están dando largas al asunto y se siguen invadiendo
tierras”, afirmó.
En el ejido Peñuelas, los campesinos estaban en posesión de
tierras desde hace 37 años, pero el líder de la CNC
despojó a sus poseedores y la Procuraduría Agraria,
en lugar de fallar a favor de los ejidatarios, convocó
a invasores y poseedores a dialogar.
“Están propiciando más
invasiones”, se quejó el representante de la UGOCEM.
Añadió que en el municipio de San Felipe, San Antonio de las
Alazanas, es un ejido que no se ha podido ejecutar
porque había dos certificados de inafectabilidad
apócrifos, por lo que hubo un desalojo de 35 ejidatarios,
a tres de los cuales detuvieron, metieron a la cárcel
y los procesaron, aunque ya salieron. Esto sucedió
en 2004 y todavía no se resuelve.
“Las autoridades agrarias
no resuelven. Han incurrido en omisión. La omisión
también es corrupción y los compañeros se desesperan.
Tienen que actuar porque son conflictos de carácter
agrario y social”, afirmó.
Triunfa cabildeo al lograr buen presupuesto. (En Línea Directa, Jesús Hernández, p.web).
*Aplaude líder campesina
candados para evitar manipuleo.
Ciudad Victoria Tam.- El Comité Ejecutivo
Estatal de la Confederación Nacional Campesina destacó
el cabildeo de senadores, diputados federales y gobernadores
de las entidades que permitieron lograr un presupuesto
de egresos benéfico al campo y aplaudió la serie de
candados que evitarán manipuleos de tipo político
y electoral.
Guadalupe Flores Valdez, dijo que de esta forma al campo se
destinará el próximo año casi 14 mil millones de pesos
más a los programas manejados por la Secretaria de
Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación,
SAGARPA, independientemente de los 4 mil millones
a programas de agua que manejará la CONAGUA.
En su calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesquero, Flores Valdez, resaltó la prudencia
de los legisladores federal al dejar establecidos
una serie de candados que evitarán se aprovechen los
recursos con fines partidistas, “creo que eso es lo
que la sociedad quiere, que la hablen con la verdad
de cara al pueblo”.
Se mostró satisfecha por que programas como PROMUSAG, Proyectos
de Mujeres Campesinas y Fomento de Apoyos a Mujeres,
FAPA, que se manejan a través de la Secretaria
de la Reforma Agraria sigan vigentes, luego de
que se había anunciando su desaparición, así como
la inyectada que se le da a Alianza Para el Campo.
Como tamaulipeca resaltó la presencia permanente del titular
del ejecutivo, Eugenio Hernández Flores, en el Congreso
de la Unión, cabildeando directamente con los legisladores
federales y haciendo sus aportaciones con el conocimiento
que de la problemática tiene del Tamaulipas y la importancia
de algunos rubros.
Destapan construcción ilegal del IVI en ejidos. (El Diario, Érika Talina Perea, p.web).
El fraccionamiento ‘Los Girasoles’, fue construido en terrenos
amparados por la SCJN.
Otorgaron escrituras que legalmente no pertenecían al Instituto,
denuncia ejidatario.
Cd. Juárez,
Chihuahua—
Hace 12 años, el Instituto de la Vivienda construyó
ilegalmente el fraccionamiento “Los Girasoles” sobre
terrenos ejidales que se encuentran amparados en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciaron
los propietarios del Ejido Carlos A. Madrazo.
Lo más grave, sostuvo el secretario del ejido, Bernardo Lugo
Reza, es que las irregularidades en la compra-venta
de predios en esta zona se hayan mantenido hasta la
pasada administración, al otorgar escrituras a fincas
que legalmente no pertenecían al Instituto de la Vivienda.
Indicó que en reiteradas ocasiones se buscó al ex director
del IVI, Ramiro Arroyos García para detallarle el
proceso agrario que se sigue en las 340 hectáreas
del Ejido Carlos A. Madrazo, anteriormente propiedad
de la familia Elías Muller
y en donde actualmente se encuentran construidos el
fraccionamiento Girasoles I, II III, IV etapa, La
Galera, y parte de la zona que colinda con el fraccionamiento
Praderas del León.
“Pero este señor nunca
nos recibió, nos mandaba decir con su gente, que eso
a él no le importaba que existiera esta orden de la
Suprema Corte, que el órgano máximo de justicia en
la Nación”.
Bernardo Lugo Reza señaló que si bien es cierto, Ramiro Arroyos
no fue el responsable de la invasión que se registró
sobre estas 340 hectáreas, porque eso ocurrió en la
administración estatal de Francisco Barrio Terrazas,
sí siguió solapando las irregularidades que trae arrastrando
el IVI desde hace más de 12 años.
Cabe destacar, que en la última década el Gobierno del Estado
ha recurrido a la compra de ejidos como: Tabalaopa,
Nombre de Dios, La Haciendita y Robinson
para ampliar sus reservas territoriales, destinando
una gran parte de éstas a la construcción de vivienda.
Empero, el caso del Ejido Carlos A. Madrazo es excepcional
porque el litigio agrario que sigue vigente impide
a las partes que reclaman la propiedad (ejidatarios
y pequeños propietarios afectados por el decreto presidencial)
explicó Lugo Reza.
“El Municipio de Chihuahua no debió haber dado los permisos
de construcción que otorgó a las constructoras del
IVI en 1993, pero una década después el Instituto
tampoco tendría por qué haber entregado escrituras
de un predio que está en litigio”.
Hoy día los 30 integrantes del Ejido Carlos A. Madrazo reclaman
que se les regresen sus tierras, ya que desde el momento
que se empezó a construir el fraccionamiento los Girasoles
se les expulsó de las 3 mil 340 hectáreas que comprenden
el ejido.
Esto, expresó uno de los líderes, a pesar de que el amparo
que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la nación
en 1983 y el que se ordena a la Secretaría de la Reforma
Agraria reponga el proceso administrativo en un área
de 340 hectáreas a fin de establecer si se reintegran
al Ejido o se regresan a sus dueños originales (familia
Elías Muller).
Sin embargo, señalaron que al momento que el IVI empezó a construir
las primeras etapas del fraccionamiento Girasoles
los despojaron de todos sus terrenos.
“Hasta hoy el IVI nunca nos ha podido decir cómo fue que se
otorgó el permiso para construir en terrenos ejidales,
quién autorizó, cuáles fueron los permisos, que se
investigue en el Registro Público de la Propiedad
dichos terrenos, y todas las irregularidades que se
dieron con relación a nuestros terrenos”.
Agregó que ahora que han empezado a relucir las irregularidades
que se cometen con la compra-venta de terrenos, piden
a las autoridades estatales que investiguen las anomalías
que se cometieron en perjuicio de
el Ejido Carlos A. Madrazo.
Así mismo, Bernardo Lugo Reza pidió a la Secretaría de la
Reforma Agraria de cumplimiento al estudio técnico
que ordenó la Suprema Corte de Justicia para resolver
el litigio.
“Hay dos opciones para
nosotros los ejidatarios, si el Gobierno federal se
equivocó al darnos unas tierras que no nos debió haber
dado, tendría que indemnizarnos, por el valor de las
340 hectáreas que se afectaron, y en caso de que se
señale que sí son del ejido entonces se nos tiene
que retribuir el pago en todos espacios que ya fueron
construidos”.
El origen de la Polémica
El ejido Carlos A. Madrazo se constituyó en marzo de 1975,
cuando el presidente de la República Lázaro Cárdenas
afectó 3 mil 340 hectáreas de la propiedad de la familia
Elías Muller en favor de
la comunidad campesina.
Esto con el argumento de que los pequeños propietarios del
excedían el límite máximo de 300 hectáreas que señala
el artículo 249 de la Ley Federal de la Reforma Agraria,
por lo que el resto del predio (3 mil 340 hectáreas)
fue afectado y entregado a los ejidatarios.
Los primeros años, los campesinos tuvieron la oportunidad de
sembrar y cosechar las tierras de agostadero, pero
en 12 de julio de 1978 la familia Muller
solicitó un amparo a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y ésta lo otorgó en el año 1983 con
la condición de que la Secretaría de la Reforma Agraria
repusiera el proceso administrativo y realizara un
estudio técnico para valorar si las 340 hectáreas
en disputa debían reintegrarse a los pequeños propietarios
agrícolas al Ejido Carlos A. Madrazo.
Bernardo Lugo Reza sostuvo que hasta hoy la Secretaría de la
Reforma Agraria ha incumplido con la orden de la Suprema
Corte de Justicia, beneficiando los intereses de particulares
y en perjuicio del grupo de agricultores que espera
la resolución para estar en posibilidad de volver
a trabajar sus tierras.
Llama Ulises Ruiz al diálogo para resolver el caso
del Diario Noticias. (Proceso, Pedro Matías,
p.web).
* Advierte que instalará una Base de Operaciones Mixtas en
la sierra.
Oaxaca, Oax., 15 de noviembre (apro).- El gobernador Ulises Ruiz Ortiz reconoció que “a nadie
beneficia” la huelga ficticia que estallaron supuestos
trabajadores sindicalizados de la CROC, razón por
la que exhortó al diputado del PRI, David Aguilar
Robles, y al presidente del Grupo Noticias, Ericel
Gómez Nucamendi, a que “se
sienten, dialoguen y encuentren acuerdos”.
En cuanto a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Gómez Nucamendi
y 116 trabajadores del Diario Noticias, manifestó:
“Estamos revisando porque vamos a contestar a esas
medidas… Están trabajando las áreas”.
Entrevistado al término de su primer informe de gobierno, Ruiz
invitó al sindicato de la CROC; al diputado David
Aguilar, y a Gómez Nucamendi, dueño de esa empresa, a que, “a través del diálogo,
puedan conciliar un asunto eminentemente laboral”.
Luego de enviar, a través de su secretario general de Gobierno,
Jorge Franco Vargas, su primer informe de gobierno
a la LIX Legislatura local y leer un mensaje “al pueblo
de Oaxaca”, Ruiz anunció que, con o sin la respuesta
de la Secretaría de la Defensa Nacional, instalará
una Base de Operaciones Mixtas en la Sierra Sur, no
sólo para contener la violencia por conflictos agrarios,
sino para evitar el tráfico de armas.
En el acto no estuvieron los dirigentes de los partidos políticos
de oposición al PRI; legisladores panistas
y perredistas; el arzobispo
de Oaxaca, José Luis Chávez Botello,
y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Ruiz dijo también que “hay voluntad” del presidente Vicente
Fox y del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
para “compensar económicamente a las comunidades que
acepten conciliar y terminar con estos conflictos”.
Así mismo, reconoció que en el estado persisten “cerca de 40
conflictos agrarios” que tienen posibilidades de arreglo,
y señaló que “tenemos la esperanza de que los pueblos
tendrán la voluntad para sentarse a dialogar y a conciliar
para resolver esta conflictiva”.
Sobre el tráfico de armas, Ruiz dijo que “están extremando
la vigilancia, y en las próximas semanas pondremos
una base de Operaciones Mixtas en la Sierra Sur, independientemente
de que haya respuesta del secretario de la Defensa
Nacional”, José Clemente Vega García.
“Ya di la indicaciones para que, en las próximas semanas, se
monte esta base que, sin duda, va a atenuar en mucho
la conflictiva de los enfrentamientos, la posibilidad
de hacer campañas de despistolización,
de localización incluso de balas como las que se encontraron
en un vehículo en días pasados”, indicó.
Explicó que la idea es que sea una Base de Operaciones Mixtas
donde participe el Ejército mexicano, la Policía Federal
Preventiva (PFP), las procuradurías General de la
República GR y de Justicia del estado y las policías
estatales, “pero si no hubiese una respuesta pronta,
vamos a hacerlo nosotros en el estado”.
Luego, al referirse al presupuesto aprobado hoy, Ruiz hizo
un reconocimiento a los diputados federales, los cuales
“hicieron un espléndido trabajo”.
Añadió que el estado recibirá cerca de 3,700 millones de pesos
adicionales a los recursos del año pasado.
Dijo que se trata de “un presupuesto sin precedentes”, aunque
“no el que necesita Oaxaca. Sin embargo, es un presupuesto
histórico el que se logró para el estado”.
Respecto de Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial
del PRI, Ruiz dijo que, “como gobernador del estado”,
apoyará la campaña del tabasqueño, quien, “estoy seguro,
será el próximo presidente de México”.
Aclaró que “no vamos a desviar ningún recurso para las campañas,
porque tengo el compromiso de la vigilancia estricta
de los recursos pero, como militante del PRI, voy
a ejercer mis derechos constitucionales”.
Y en cuanto al conflicto diplomático entre México y Venezuela,
Ruiz señaló que, en política exterior, puede tener
diferencias con el presidente Vicente Fox,
pero cuando se arremete contra las instituciones de
México, “soy solidario, y el pueblo oaxaqueño es solidario
con el presidente de la República.
“En esta remetida que,
repito, hace un presidente que no ha sido serio, que
más parece un bufón que un estadista a la altura del
pueblo venezolano, que ha sido siempre hermano del
país”, añadió.
Antes, en el Museo de las Culturas o Salón de Fiestas (expalacio de gobierno), Ruiz dijo que, con los representantes
de organizaciones sociales, ausentes en el acto, ha
mantenido “un acuerdo permanente para atender sus
planteamientos en el marco de la ley y de las responsabilidades
administrativas y financieras que me corresponde vigilar”.
Señaló que, aunque no se ha aprobado la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información en el estado, el gobernador
dijo que “postulamos una nueva cultura de servicio
y combate a la corrupción, fundados en un gobierno
transparente y de calidad”.
Con una fe de erratas llenan PRI y AN vacíos en
el Presupuesto de Egresos. (La Jornada, Roberto Garduño,
p.web).
Panistas y tricolores
lograron dejar de lado casi todas las propuestas perredistas
Aceptaron 23 modificaciones sustanciales al dictamen
aprobado en comisiones
El reparto indiscriminado de recursos federales que efectauron los partidos Revolucionario Institucional (PRI)
y Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados,
provocó un vacío en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2006 que terminó por llenarse con
un paquete de 23 modificaciones sustanciales al dictamen
aprobado en comisiones, presentadas ante el pleno
como "fe de erratas".
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron, de
último momento, más recursos para su operación. En
el caso de la UNAM, gracias a la intervención de sus
autoridades.
A las 10 y media de la mañana de ayer, prácticamente 24 horas
después de haber iniciado la sesión, los diputados
aprobaron un presupuesto que, de acuerdo con el PRD,
resultó restrictivo y, a pesar de las deficiencias,
le enmendó la plana al presidente Vicente Fox,
quien envió un proyecto "que implicaba un recorte
de poco más de 70 mil millones de pesos, respecto
del decreto de 2005".
La Cámara de Diputados envió el decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación al Ejecutivo, para su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, y después
de la larga jornada citó a una nueva sesión para el
martes de la semana próxima.
Dependencia
Presupuesto
Reforma Agraria 4 mil 435 millones
Tribunales Agrarios 575 millones
Sagarpa 51 mil 20 millones
El gobierno debe rectificar la política agraria,
manifiesta López Bárcenas. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).
Obtiene el primer lugar en el décimo Premio de Estudios
Agrarios.
El gobierno federal todavía puede rectificar en política agraria,
dejar de entregar dinero para resolver los llamados
focos rojos y aceptar que al no ser el primero en
diseñar un programa para atender los conflictos en
la materia puede considerar las experiencias buenas
y malas de los casos, manifestó Francisco López Bárcenas,
colaborador de esta casa editorial, quien obtuvo el
primer lugar en el décimo Premio de Estudios Agrarios,
al que convocó la Procuraduría Agraria.
En el actual gobierno, evaluó, no hay una política de coordinación
entre la Secretaría de la Reforma Agraria y la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Además, añadió, "es muy grave que se haya concentrado
la política de atención de los focos rojos en repartir
recursos, pues ya se están viendo los resultados en
Bernalejo de la Sierra,
Zacatecas, y Chimalapas,
Oaxaca, pues no queda claro quién recibe dinero ni
se da a todos".
Las causas que originaron los conflictos siguen y seguramente
habrá más problemas, asentó. "La política es
desacertada, porque no hay un diagnóstico que trascienda
el conflicto agrario. No hay una investigación de
los elementos económicos, políticos, religiosos y
si hay otros actores que no sean estrictamente los
ejidatarios o comuneros. Hay muchos asuntos que no
son estrictamente agrarios, sino económicos o de disputa
de poder. Se debe tener una visión más amplia sobre
cómo atenderlos y no sólo entregar recursos."
Ex director de procuración de justicia en el Instituto Nacional
Indigenista y actualmente integrante del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria
de la Cámara de Diputados insistió en que las autoridades
agrarias tienen que analizar "todas las aristas
de los asuntos conflictivos, sin importar el tiempo,
pero con la intención de elaborar una política de
impacto y de largo plazo".
López Bárcenas, originario de Santa
Rosa Caxtlahuaca, en la
Mixteca oaxaqueña, decidió
participar en la convocatoria para el citado premio
luego de que, dijo, había visto que en años recientes
los premios se habían entregado a quienes presentaban
trabajos relacionados con conflictos agrarios. "El
premio se había convertido en espacio para debatir
aquéllos y por eso determiné presentar el texto Territorios
indígenas y conflictos agrarios en México, en
el que hice un recuento de los problemas existentes
en el país.
"Espero que las autoridades no sólo tomen en consideración
el análisis, sino las opiniones, y que sirvan para
generar políticas públicas tangibles y aplicables
en las comunidades; de no ser así, de poco servirá
el esfuerzo", añadió.
El también integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos
y de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos insistió en que las autoridades
agrarias deben considerar y valorar la participación
de las comunidades en la solución de los conflictos,
no sólo entregar dinero porque a veces éste se utiliza
para azuzar a la gente y no para resolver a fondo
el o los asuntos que han generado enfrentamientos,
asesinatos, desintegración de familias y abandono
social. Tampoco hay que obligar a los ejidatarios
o comuneros a titular sus tierras. "Eso es forzarlos
y demostrar que hay ausencia de estado de derecho.
Tiene que haber una visión diferente en la atención
de los conflictos agrarios", expresó.
Amenazan con regresar manifestantes de Pino Gordo.(El Estatal (Chihuahua), Emma Holguín, p.web)
A través de un comunicado de prensa
que enviaran poco antes de desalojar la plaza Hidalgo
que tenían tomada, por casi 15 días, alrededor
de 150 tarahumaras provenientes
de Pino Gordo municipio de Guadalupe y Calvo, para
exigir al gobierno que correspondiera un alto a la
tala del bosque, así como que sesaran las intimidaciones por parte de los propietarios de
ejido Coloradas de los Chávez, entre las principales
peticiones. Por lo que a través del comunicado de
prensa señalaron los siguientes acuerdos, en el que
incluyen que regresaran en 60 días, sino cumplen las
autoridades federales y estatales lo convenido. Dice
lo siguiente:
A las personas y organizaciones
sociales que nos apoyaron les informamos que levantamos
el plantón que 158 indígenas Rarámuri
del Ejido Pino Gordo sostuvimos durante 15 días en
la plaza Hidalgo.
En estos días estuvimos haciendo
diversas protestas para que las autoridades agrarias,
de SEMARNAT y PROFEPA solucionaran los problemas que
tenemos desde hace casi 30 años.
Los resultados fueron los siguientes:
La SEMARNAT suspendió de manera
temporal el permiso forestal que dio a los “representantes”
del Ejido Pino Gordo. Esto a sabiendas de que en el
Ejido Pino Gordo la mayoría de los que vivimos en
Pino Gordo, no estamos de acuerdo en que el bosque
sea talado por las compañías madereras.
Las autoridades tampoco tomaron
en cuenta el conflicto agrario por el reconocimiento
de nuestros derechos agrarios y la sobreposición
de linderos que la Secretaría de la Reforma Agraria
hace para beneficiar a la comunidad mestiza de Coloradas
de los Chávez.
El gobernador, José Reyes Baeza
recibió a una comisión de compañeros y se comprometió
apoyarnos.
Con las tomas del RAN, SRA,
CDI y Procuraduría Agraria, logramos que las
autoridades de esas dependencias nos escucharan.
El gobierno del estado se comprometió
a pagar los honorarios de un abogado de nuestra confianza
para que coadyuve con la Procuraduría Agraria en los
procedimientos legales que se habrán de llevar a los
Tribunales Agrarios.
El gobierno del estado pagará los
gastos de una comisión de compañeros y asesores que
irán a la ciudad de México a entrevistarse con algunos
funcionarios de las instituciones agrarias.
El gobierno del estado se comprometió
para que una comisión de profesionistas con la suficiente
credibilidad profesional y con sensibilidad a la problemática
indígena, revise y de su opinión, sobre los problemas
agrarios en la Sierra Tarahumara.
A pesar de saber que esto no resuelve
de manera definitiva nuestros problemas, tomamos la
decisión de irnos para ver como está la gente que
se quedó cuidando las casas y los animales.
Dentro de dos meses, si vemos que
no hay avance en la solución definitiva, vendremos
otra vez.
Antes de despedirnos damos las
gracias a las personas, familias y organizaciones
sociales que nos apoyaron durante estos días. El que
compartieran con nosotros su comida, cobijas y ropa
nos dieron fuerza para seguir adelante.
A los periodistas que informaron
de nuestro movimiento, les damos las gracias también.
Firman: Cayetano Bustillos Ramos
Prudencio Ramos RamosGobernador
indígena representante común de los afectados.
En Glosa de Informe exigirán explicación del caso
NOTICIAS. (Noticias de Oaxaca, César
Morales, p.web)
Debido a que el gobernador Ulises
Ruiz Ortiz no leerá su Primer Informe de Gobierno,
la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional
(PAN) de la LIX legislatura local exigirá en la glosa
del documento información sobre la situación del periódico
NOTICIAS, sobre las masacres por conflictos
agrarios y la corrupción en los cuerpos políticos,
entre otros temas que están pendientes, informó el
coordinador de ese cuerpo legislativo, Carlos Moreno
Alcántara.
“Esos temas de cómo se ha conducido
la política interior, la relación o interlocución
con el Congreso, las posibilidad o no de la Reforma
Política, los pros o contras
y discusiones acerca de la contar con instrumentos
jurídicos importantes como es la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública”, recalcó informó
el coordinador panista,
Carlos Moreno Alcántara.
Además de los temas políticos también
se pedirán cuentas a los representantes del gobernador
sobre el desarrollo del estado, como son la aplicación
de los programas sociales y de las inversiones que
el Gobierno Federal -a través de la Secretaría de
Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas- ha realizado y que tanto
ha contribuido con la parte que le corresponde al
Gobierno del Estado.
En cuanto al tema de la economía
estatal se ha observado que la Secretaría de Economía
Federal tiene amplios y bastos programas en Oaxaca
y no hay una respuesta del secretario de economía
estatal, Jorge Tamayo López Portillo, así como con
el tema del desarrollo sustentable y la preservación
del medio ambiente, concluyó.
Organizaciones campesinas
Prevé diputado mayor desesperación en el agro. (La Jornada, Matilde Pérez
U, p.web)
Critican en San Lázaro el bajo presupuesto; predominará
el asistencialismo
El próximo año para el agro, en materia de presupuesto, no
será del todo positivo y es probable que aumente la
desesperación entre los campesinos, advirtió el diputado
Miguel Luna Hernández, al comentar que los legisladores
lograron una bolsa de apenas 17 mil 500 millones de
pesos adicionales.
Aunque los recursos para el campo serán de 151 mil millones
de pesos, el presupuesto será 25 mil millones menor
a lo requerido por las organizaciones sociales y empresariales
del sector y por los gobiernos de los estados. "No
podemos ser optimistas, pero menos cuando el año pasado
el Ejecutivo interpuso una controversia constitucional
y ahora quizá se corra el mismo riesgo, además de
los subejercicios",
dijo el legislador y dirigente de la Coalición de
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc)
Al conocer la propuesta de presupuesto para el campo del Ejecutivo,
las organizaciones campesinas apuntaron que se estaba
cerrando el "nudo de estrangulamiento y daba
una puntilla al sector, ya que al programa Alianza
para el Campo se le habían quitado 8 mil millones
de pesos". Incluso el presidente de la Comisión
de Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López
Aguilar, dijo que la pobreza no se combatirá con programas
asistencialistas y señaló
la mala distribución de los recursos ya que 59 por
ciento se destinaban a fines sociales y sólo 41 por
ciento a los programas productivos.
La propuesta del gobierno también restaba 16 mil 834 millones
de pesos a los recursos para el campo; el Programa
Especial Concurrente (PEC), considerado columna vertebral
para el desarrollo del agro, presentaba un déficit
de 8 mil millones de pesos; los programas para enfrentar
las contingencias climatológicas -sequías, huracanes
y heladas- desaparecían al no tener dinero asignado,
y al programa ganadero se le quitaban 3 mil 500 millones
de pesos. López Aguilar resumió: "es complicada
la situación para el campo".
Ayer, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Miguel
Luna, explicó que las siete comisiones relacionadas
con este sector productivo habían logrado "una
bolsita adicional para diferentes programas; además
de 4 mil 500 millones de pesos para agua, 500 millones
más para ganadería y cantidad similar para los indígenas.
Ahora esperamos que la Secretaría de Hacienda y el
presidente Fox respeten
esas reasignaciones".
Sin embargo, los productores estarán en dificultades, ya que,
en el caso de quienes deben a la CFE, no se autorizó
que se les entregara una ayuda directa para saldar
sus deudas y empezar una nueva cuenta, sino que se
destinarán 686 millones de pesos de subsidios. "Eso
es generar una política ficticia, porque los agricultores
nunca tendrán claro cuánto reciben realmente de subsidio
y con ello no resuelven las deudas que tienen con
la paraestatal. Quedarán igual", consideró.
Prensa Estatal
CHIAPAS
CIOAC mantiene bloqueos carreteros. (Cuarto Poder, Dalia Villatoro, p.web).
COMITÁN
Miembros de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),
una vez más recorrieron las principales calles y bloquearon
carreteras de Margaritas y Comitán para denunciar
públicamente la falta de voluntad política del Gobierno
Estatal para resolver las diferentes demandas y problemas
políticos como sociales en la Región Fronteriza.
Más de dos mil personas
entre maestros indígenas y miembros de la CIOAC mantienen
tomadas las carreteras Comitán-Las Margaritas, La
Trinitaría, Tzimol, Altamirano y San Cristóbal, lo que ha ocasionado un
gran congestionamiento vehicular y evitado el arribo
de personas de distintos puntos a esta ciudad.
Militantes de la
CIOAC manifestaron que "el Gobierno del Estado
desde hace dos años no ha sido capaz de resolver la
problemática del predio "El Suspiro" aún
en disputa", por lo que de manera enérgica exigen
la liberación inmediata de los presos políticos que
generó el mencionado diferendo.
Aún más, acusaron
al gobierno de ser el responsable de la problemática
que vive el magisterio en Las Margaritas, en dos zonas
escolares: la 503 y 511, en donde a través de Alfredo
Palacios Espinosa, secretario de Educación y de Guadalupe
Gómez Cruz, director de Educación Indígena, quieren
imponer a dos supervisores calificados como prepotentes
y déspotas en la región.
Exigen destitución
"Exigimos la
destitución de Gómez Cruz, como director general de
Educación Indígena, por negligencia y falta de capacidad
para resolver los problemas. Esperamos que esta vez
el gobierno sí actúe", sostuvo Guadalupe Cruz,
secretario de los Obreros Agrícolas y Campesinos.
La Central Independiente
además demandó proyectos productivos y educativos
a la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y a la Secretaría
de Educación Pública (SEP), así como programas de
pisos firmes y vivienda digna
GUERRERO
Ordena juez a Sicartsa
pagar $595 millones a ejidatarios de Guerrero. (La Jornada,
Misael Habana, p.web).
Incumplió contrato por explotación de piedra caliza
Acapulco, Gro., 14 de noviembre.
El magistrado del distrito 41 del Tribunal Unitario
Agrario (TUA), Juan Rodolfo Lara Orozco, resolvió
que la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), con domicilio en Michoacán, deberá pagar a los
ejidatarios de Santa María, municipio de La Unión,
Guerrero, 595 millones 983 mil 329 pesos por la explotación
de piedra caliza que la empresa se negó a cubrir.
Según el magistrado del TUA la siderúrgica no acreditó sus
defensas y excepciones frente a la controversia agraria
presentada por el comisario ejidal Benito González
Alvarez el 26 de marzo de
2004, por lo que deberá pagar el importe correspondiente
"a la recepción de piedra caliza obtenida de
los mantos pétreos de los terrenos propiedad del núcleo
de población".
La piedra obtenida en San María, municipio de La Unión, colindante
con Michoacán, es básica en el procesamiento de metales
en la siderúrgica ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas.
El 6 de diciembre de 1984 los ejidatarios firmaron contrato
de asociación con la empresa para la explotación de
tierra caliza, que fue por 61 millones 39 mil 125
toneladas y se extrajo de los cerros La Campana y
La Balsamera, a razón de 15 pesos por tonelada.
Pero por incumplir la empresa con el contrato de asociación,
la asamblea ejidal decidió demandarla, además, por
no pagar un bono de producción en favor del ejido
de 7.5 por ciento la tonelada de roca extraída.
Por lo anterior el juez del distrito 41 del TUA resolvió que
la siderúrgica deberá pagar a los ejidatarios el importe
citado por la recepción de piedra caliza, el bono
de producción por concepto de tonelada de piedra y
el pago de daños y perjuicios.
Entre las pruebas presentadas por los ejidatarios contra la
empresa estuvieron 22 mil 414 facturas de recepción
del material que el ejido entregó a la siderúrgica,
así como una acta que se levantó ante la agencia del
Ministerio Público con motivo del robo de documentación
de los archivos de la representación ejidal.
PUNTA DIAMANTE
Acapulco: supuesto dueño regala cinco hectáreas
a familias. (La Jornada, Misael Habana, p.web).
César Sabino Palma Salinas, quien aseguró ser dueño legítimo
de amplia zona en Punta Diamante -fraccionamiento
cercano a Acapulco, Guerrero, que alberga un hotel
de postín y condominios residenciales-, regaló
este martes cinco hectáreas en lotes de 120 metros
cuadrados a más de 300 familias que habitan asentamientos
irregulares.
En conferencia de prensa en un predio ubicado entre el hotel
Quinta Real y la laguna de Puerto Marqués, Palma Salinas
-quien antes se había manifestado para exigir la devolución
de las tierras que le expropió en 1987 la Promotora
Turística de Guerrero- afirmó que prefería entregar
sus tierras a gente necesitada, que permitir al gobierno
venderlas a entre 60 y 100 millones de pesos por hectárea.
Los beneficiarios advirtieron que defenderán con machetes la
porción de tierra que se les obsequió.
Además, Sabino Palma responsabilizó al gobierno de Zeferino Torreblanca de lo que pueda a ocurrir a los colonos,
en caso de que se les desaloje. "Yo he buscado
soluciones, estoy abierto al diálogo. Quiero que platique
conmigo", dijo.
Resurge conflicto agrario en la Montaña
Un conflicto por tierras que data de 1940 resurgió esta semana
en la Montaña baja de Guerrero, donde unos cien comuneros
de Xitopontla, municipio de Ahuacotzingo,
tomaron 700 hectáreas del ejido San Martín
Obispo, el lunes pasado, en protesta porque el gobierno
estatal no ha resuelto quién es el dueño legítimo,
informó Ranferi Hernández
Acevedo, dirigente del Movimiento Social de Izquierda.
En conferencia de prensa, el también ex diputado local del
PRD narró que los campesinos llegaron a San Martín
el lunes por la mañana, y tomaron las tierras
"de caciques priístas", las cuales se utilizan
como pastizales para ganado.
Acusó al priísta René Rodríguez Cerrajín,
uno de los ganaderos más ricos de la región, de adjudicarse
"las 700 hectáreas y negarse a cumplir el convenio
suscrito con autoridades el 23 de julio de 2004".
Regala Sabino Palma terrenos a campesinos en Diamante
para construir sus viviendas. (El Sur,
Cristina Sierra, p.web).
“De que le queden al gobierno,
que le queden mejor a ellos”, dice el ejidatario que
los reclama como suyos. Reta al gobernador a que demuestre
que recibió un cheque por 2 millones de pesos.
César Sabino Palma Salinas
anunció que regaló unas 5 hectáreas de Punta Diamante
a cien campesinos por tener escasos recursos y necesitar
una vivienda. “De que se quede el gobierno con el
terreno, que le quede mejor a ellos”, dijo.
Ayer, los campesinos con herramientas
de campo en mano y acompañados de sus familias se
presentaron en los terrenos de Punta Diamante que
Sabino Palma dice le fueron expropiados sin que le
pagaran una indemnización, a un costado del hotel
Quinta Real.
Los colonos empezaron a tomar medidas
y a chaponear la tierra,
para lotificar los predios. Los terrenos miden 120 metros cuadrados,
para cada uno de los 300 campesinos, explicó.
Sabino Palma –quien dice ser el
dueño de 70 hectáreas y media en Punta Diamante– destacó
que los campesinos pueden empezar a construir en cuanto
tengan dinero, pues él sólo podía apoyarlos con el
terreno, “que es como quitarle un pelo a un gato”,
pues dijo que le quedarán más de 60 hectáreas.
Comentó que de esta manera demuestra
que él sí respalda a los pobres. “De que le quede
al gobierno el terreno, que le quede mejor a ellos”.
Añadió que para poder tener acceso a un lote, las
personas sólo tienen que dar su nombre y que realmente
necesiten una vivienda y aclaró que no son “paracaidistas”.
Al preguntarle sobre el cheque
de 2 millones de pesos que el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo asegura que tiene en su poder
como prueba de un pago que ya recibió, César Sabino
Palma lo retó a que “lo enseñe y diga a cuenta de
qué se me otorgó. Yo reitero que no he recibido nada
del gobierno del estado”.
Por otro lado, varias organizaciones
sociales y grupos de colonos como la Lucio Cabañas
Barrientos, la Cooperativa de Presos Políticos, y vecinos
de Cumbres de Llano Largo y Granjas del Marqués también
estuvieron ayer en el lugar tanto para ayudar a lotificarlo
como para respaldar a Sabino Palma.
El ex preso político José Luis
García Llanos dijo que Sabino Palma “demuestra que
tiene más palabra que el gobernador y vamos a apoyar
que se cumpla el objetivo de que todos tengan hogar”.
PLAN DE LOS AMATES
Asegura Chavarría
que no se pretende intimidar ejidatarios. (El Despertar del Sur, Gilberto Guzmá,
p.web).
*Implicados en el conflicto de Tres Vidas, culpan al gobierno
del estado de atentado.
Chilpancingo, Gro.- El secretario
general de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, señaló que “sería incongruente e irracional
que quisiéramos intimidar a los ejidatarios, lastimando
a los policías que están al servicio del gobierno
del estado… yo creo que es un hecho que se puede atribuir
a la delincuencia”.
Lo anterior, luego del granadazo contra policías asignados
a una de las siete trincheras para vigilar los terrenos
en conflicto entre los ejidatarios de Plan de los
Amates y empresarios de Tres Vidas ocurrido el pasado
domingo en el Puerto de Acapulco y de las declaraciones
que los implicados han comenzado a verter sobre ello
señaló.
Además de que es un incidente ocurrido después de algunos meses
de calma en el estado.
Por lo que consideró que es algo aislado, pero indicó que se
está investigando al respecto pues no se puede saber
que sea un granadazo que se sume a los actos que ha
habido en ocasiones anteriores.
Sin embargo, señaló que no puede mencionar que el artefacto
utilizado para provocar la explosión sea descocido
en el estado y que su elaboración sea exclusiva del
Ejército o de la guerrilla, como se ha manejado.
Respecto a las declaraciones que hicieran los implicados en
el conflicto de Tres Vidas, culpando al gobierno del
estado del atentado, por el supuesto fin de intimidar
a los campesinos, Chavarría
Barrera respondió que “sería incongruente e irracional
que quisiéramos intimidar a los ejidatarios, lastimando
a los policías que están al servicio del gobierno
del estado… yo creo que es un hecho que se puede atribuir
a la delincuencia”.
Por lo tanto, el secretario general de Gobierno agregó que
a través de la Procuraduría General de Justicia del
Estado se están realizando las investigaciones pertinentes,
con el fin de abatir este tipo de problemas, aunque
después de que se comenzó a aplicar el programa “México
Seguro” las cosas han marchado bien y se ha logrado
tener tranquilidad, confianza y seguridad en la gente.
Sobre la explosión ocurrida en una tienda de celulares de la
capital, Armando Chavarría
indicó que ese es aún asunto de la delincuencia común
como el robo a algunas empresas, por lo que deben
redoblar la vigilancia y estar más pendientes, ya
que ninguna ciudad está exenta de ese tipo de robos.
Armando Chavarría agregó que se ha
trabajado colocando retenes, realizando revisiones
a individuos, a vehículos, desahogando órdenes de
aprehensión añejas que no se desahogaban, por lo que
las cosas van muy bien.
No cree Chavarría que
exista relación entre los ejidatarios y la granada. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
El secretario de Gobierno
no sabe quien ordenó construir las trincheras en Plan
de los Amates. “Necesitaría uno estar loco”, comenta
sobre la denuncia de colonos de que es una estrategia
del gobierno estatal para desviar la atención del
conflicto.
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno
Armando Chavarría Barrera
descartó que la Procuraduría General de Justicia en
el Estado (PGJE) esté investigando a los ejidatarios
de Plan de los Amates por la explosión de una granada
la madrugada del domingo, como lo aseguró el procurador
Eduardo Murueta Urrutia.
Dijo que aunque existen varias
líneas de investigación, “sin tener mayores elementos
y con responsabilidad lo digo, no creo que los autores
del estallamiento de esa
granada hayan sido los ejidatarios”.
Consultado ayer después de la instalación
de la 58 legislatura, Chavarría
Barrera rechazó que la agresión sea una estrategia
del gobierno del estado para desviar la atención del
conflicto de los ejidatarios con la empresa Tres Vidas
en la Playa.
“¿Usted cree que yo voy a tratar
de desviar el asunto afectando a los policías del
estado? Digo, necesitaría uno estar loco”.
La madrugada del domingo, dos individuos
arrojaron una granada contra policías estatales asignados
en una de las siete trincheras que se instalaron para
vigilar los terrenos en conflicto entre colonos de
Plan de los Amates y empresarios de Tres Vidas.
Un día después, Murueta Urrutia admitió que una de las líneas de investigación
tenía relación con los ejidatarios.
“Yo de manera personal se los digo,
sin tener mayores elementos y con responsabilidad,
pero no creo que los autores del estallamiento
de esa granada hayan sido los ejidatarios de Plan
de los Amates, hay que seguir las investigaciones”,
dijo el secretario general de Gobierno.
Consideró que la explosión era
“una acción agresiva” y “dolosa” en contra de los
policías, pero no quiso hablar de una posible relación
con hechos similares que se han registrado en Acapulco
en este año.
–Sobre las trincheras, ¿la construcción
fue a petición de los empresarios (de Tres Vidas)
o fue orden del secretario de Seguridad Pública? –se
le preguntó.
–No lo sé, la verdad no lo sé.
–Las trincheras significan que
se está militarizando la policía estatal?
–¿Usted
hubiera preferido que no estuvieran protegidos (los
policías) y que la granada los hubiera despedazado?
–Pero es sólo un conflicto social,
no una guerra.
–Digo son circunstancias preventivas
para cuidarse de cualquier atentado. Afortunadamente
había un montículo de costales de arena que impidió
que la granada afectará mayormente
a los dos policías auxiliares.
Más adelante, Armando Chavarría comentó que los ejidatarios “están en su derecho
de opinar, yo respeto mucho su opinión, pero también
los funcionarios y servidores públicos que fungen
como policías tienen el derecho de salvaguardar sus
vidas”.
–¿Pero (las
trincheras) no se hicieron pensando en que iba a haber
un granadazo en ese lugar? –se le insistió.
–Previendo. Uno no es adivino,
pero tiene la capacidad de prever, digo no habíamos
adivinado que iba a estallar una granada, pero uno
prevé, como cuando usted cruza la calle voltea para
todos lados a ver si no viene algún vehículo. Si la
cruza sin fijarse, pues puede ser atropellada.
Su lucha “es sólo jurídica y no violenta”, dicen
ejidatarios de Plan de los Amates. (El Sur,
Cristina Sierra, p.web).
“Se trata de distraer la atención
de nuestro litigio jurídico”, opina Dagoberto Delgado
sobre la declaración de Eduardo Murueta.
Temen sufrir alguna arbitrariedad o que les imputen
acusaciones falsas.
Nuestra lucha “es sólo jurídica
y no violenta, como quieren hacer parecer las autoridades”,
dijeron los ejidatarios de Plan de los Amates que
se oponen a la venta de sus terrenos a la empresa
Tres Vidas en la Playa, acerca de las declaraciones
del procurador estatal Eduardo Murueta
Urrutia, quien informó el lunes que una de las líneas
de investigación sobre el ataque con una granada en
contra de policías estatales tiene que ver con los
colonos de ese lugar.
En entrevista en la Redacción de
El Sur, el ejidatario Dagoberto Delgado Campos señaló
que con la explosión “se trata de distraer la atención
de nuestro litigio jurídico”.
Detenido junto con Rosa Elia Latabán Campos el 8 de septiembre durante el desalojo y liberado
el jueves pasado, luego de que pagó una fianza de
535 mil pesos, Delgado Campos aseguró que la protesta
que realizaron el viernes frente a las trincheras
de los policías “fue apegada a derecho” para exigir
a la juez Derly Alderete Cruz que reduzca
la fianza fijada a Rosa Elia.
En un boletín de prensa que entregaron
en esta Redacción, los ejidatarios manifiestan que
“somos totalmente ajenos a estos acontecimientos vinculados
con la detonación de material explosivo”.
Por su parte, la ejidataria Ana
Luisa Campos Aparicio dijo que sienten temor de sufrir
alguna arbitrariedad en su contra o que les imputen
hechos falsos e injustos, y que son hombres y mujeres
de trabajo y respetuosos del estado de derecho “que
debe prevalecer en nuestra comunidad”.
Anunció que acudirán a instancias
federales para proteger sus derechos. Recordó que
el litigio contra la empresa Tres Vidas lleva ya 14
años, por lo que insistió que su lucha es sólo legal
y “no como pretende hacerlo ver” el procurador.
Por otro lado, este mismo lunes
fue diferida la audiencia de Latabán
Campos para una fecha aún sin precisar.
A Protur le toca resolver
el conflicto de Plan de los Amates, dicen inversionistas. (El Sur, Xavier Rosado, p.web).
Debe garantizar una justa retribución
a los ejidatarios, opina el director de la asociación
de empresarios de Diamante, Raúl Valdés. Los dueños
de Tres Vidas “siguen trabajando”, porque tienen la
certeza de la legítima propiedad de los terrenos,
asegura el director de la Promotora, Alfonso Guillén.
Luego del ataque con una granada
a policías que resguardan el predio de Plan de los
Amates en disputa entre ejidatarios de ese lugar y
la empresa Tres Vidas en la Playa, el director general
de la Asociación de Inversionistas en Punta y Playa
Diamante, Raúl Valdés Blancas, opinó que a la Promotora
Turística (Protur) le corresponde
solucionar este problema para evitar mayores confrontaciones
e indemnizar o ser el conducto para que se garantice
una justa retribución a los ejidatarios.
Por su parte, el director general
de la Protur, Alfonso Guillén
Quevedo, aseguró que la inversiones no se detendrán
por este tipo de agresiones y que los empresarios
de Tres Vidas “siguen trabajando”, porque tienen la
certeza de la legítima propiedad de los terrenos.
Sobre los hechos del domingo, señaló
que están “completamente fuera de nuestra competencia,
de hecho esto lo manejó la Secretaría de Seguridad
Pública, pero no tenemos ningún reporte al respecto”.
Sin embargo, opinó que “la situación
es preocupante por el lado de la seguridad, sobre
todo porque no sabemos el origen y todavía no se aclara
lo que hubo antes en Zihuatanejo y en Puerto Marqués”.
Reiteró que a pesar de que este
tipo de hechos generan tensión en la zona, la inversión
está garantizada en términos de proyectos, porque
ya están establecidos con anterioridad, pero llamó
a las autoridades municipales a que “pongan mayor
atención” en la seguridad.
Destacó que el lunes el gobierno
municipal entregó 61 certificados de estímulo a inversionistas
y que en la ceremonia no hubo comentarios al respecto.
“No hemos tenido reacción alguna por parte de los
inversionistas, tampoco de la administración de Tres
Vidas hemos tenido alguna comunicación”.
Por su parte, el representante
de inversionaista de Acapulco
Diamante, Raúl Valdés Blancas comentó que los representantes
del fraccionamiento Tres Vidas son “completamente
ajenos a esta situación, porque ellos apegados a derecho
adquirieron un lote que les fue vendido con todos
los requisitos de ley que se les fijó para esa propiedad.
Tres Vidas no está despojando a nadie”.
Agregó que si los ejidatarios sienten
que hubo un despojo, con atacar a la empresa no solucionan
el problema, “no es a través de la violencia, sino
de la negociación y conciliación de las partes como
se puede solucionar cualquier tipo de conflicto y
rechazamos categóricamente este tipo de atentados
que no solo dañan a la población sino perjudican en
gran extremo la imagen hospitalaria y pacífica de
Acapulco”.
Reiteró que la Protur es la administradora de toda esa área y la que se encarga
de hacer cumplir el decreto expropiatorio,
“entonces radica en ellos la responsabilidad de ser
el canal que genere ante las dependencias responsables
la justa indemnización de los ejidatarios para acabar
con este conflicto”.
LA PAROTA
Opositores a la Parota confirman la invitación
a Félix Salgado para reunirse en Aguas Calientes este
viernes. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).
Una comisión de comuneros acude
a la casa de gestión del alcalde electo, en la víspera
de la presentación del proyecto de la presa por el
gobernador y el director de la CFE em el CIA
En la víspera de la reunión informativa
anunciada por el gobernador Zeferino
Torreblanca para presentar el proyecto de La Parota,
y que presidirá con el director general de la Comisión
Federal de Electricidad, Arturo Elías Ayub, a las 11 de la mañana en el salón Teotihuacan del Centro
de Convenciones, comuneros opositores a la presa entregaron
al alcalde electo Félix Salgado Macedonio la invitación
para acudir a la zona del conflicto y tratar asuntos
relacionados con la presa.
Ayer, una comisión de seis comuneros
encabezados por los voceros Marco Antonio Suástegui
y Felipe Flores Hernández, se presentaron en la llamada
casa de gestión de Félix Salgado –la misma que servía
como cuartel de campaña en la calle Urdaneta– para entregar la invitación para el próximo viernes a las 3 de la tarde,
en la comunidad de Aguas Calientes.
La invitación fue firmada por los
comisarios de Salsipuedes,
Amatillo, Tazajeras, El Carrizo, Cruces de Cacahuatepec,
Arroyo Verde y Garrapatas, quienes hicieron un llamado
al alcalde electo para que sea el “primer gobierno
con sensibilidad política para dialogar”, pues consideraron
que los actuales gobiernos del federal, del estado
y municipal no la han tenido.
Además le dijeron que por ser una
persona sensible a los problemas sociales, “además
es hijo de ejidatarios”, esperan ser escuchados, pues
ningún gobernante “tuvo la capacidad, voluntad y sensibilidad
para sentarse frente al grupo opositor” con el objetivo
de poner punto final al problema que interrumpió la
paz social de dichas comunidades.
Sostuvieron que como opositores
al proyecto no se oponen al desarrollo de ningún ciudadano
y que sí desean obras sociales y proyectos productivos
“siempre y cuando vengan del gobierno y sin compromisos”,
pero con la condición que sea hasta que se termine
el conflicto por la presa.
La carta fue recibida por el recepcionista
Jaime Valdovinos, y aún
no se sabe cuál es la respuesta del alcalde electo
Félix Salgado sobre su asistencia a la invitación.
MICHOACÁN
El ejido El Rosario no está incluido en el Programa
de Conservación. (La Jornada de Michoacán,
Ernesto Martínez, p.web).
No han cumplido con los trámites
para ser considerados, explicó Juan Antonio Reyes.
El coordinador del Fondo Monarca,
Juan Antonio Reyes, manifestó que el ejido El Rosario
no está incluido en el programa de conservación, porque
apenas está tramitando su solicitud y no ha entregado
toda la documentación requerida, de ahí que la amenaza
de uno de sus líderes, Homero Gómez, no tiene fundamento
al señalar que si no se les paga 2.2 millones de pesos
que se les adeudan comenzarán a talar el bosque.
Como declaración es respetable,
pero no pueden derribar árboles a su antojo porque
el ejido está ubicado en la zona núcleo de la mariposa
Monarca y requiere de un permiso especial para extraer
madera, de lo contrario estarían violentando la ley.
Entre 2001 y 2004, el Fondo Monarca
ha apoyado a 31 ejidos, comunidades indígenas y pequeñas
propiedades, con aproximadamente un millón de dólares,
fomentando la conservación en mil 89 hectáreas de
la zona núcleo de la reserva, aclaró y sólo faltan
seis ejidos y pequeños propietarios que no se han
inscrito.
"Hemos platicado con las autoridades
de El Rosario y finalmente acordaron el 22 de junio
de este año sumarse al programa, pero aún no entregan
la documentación", enfatizó Juan Antonio Reyes.
Cabe señalar que Homero Gómez declaró
ante los medios que el Fondo Monarca les debía 2 millones
200 mil pesos y advirtió que "cortarían la madera
poco a poco de acuerdo con los usos y costumbres",
porque primero está la sobrevivencia.
Dijo también que dejaron de cortar
12 mil metros cúbicos de madera, ya que el organismo
iba a otorgarles un subsidio, sin embargo, después
de cinco años no han visto un peso.
El coordinador del Fondo Monarca,
manifestó que el organismo ofrece cada diciembre,
apoyos económicos a la conservación de los predios
en la zona núcleo: 12 dólares por hectárea a los no-permisionarios
y ocho dólares por hectárea a los permisionarios,
dicho apoyo se entrega a cambio del compromiso de
las comunidades de conservar sus bosques, a través
de actividades de vigilancia, prevención de incendios,
manejo de plagas, cuencas y restauración.
Para autorizar los pagos existe
un Comité Técnico que incluye a representantes de
las comunidades agrarias, WWF, FMCN, gobiernos estatales
y personas con conocimientos sobre la región. Cada
ciclo de pago tiene una evaluación que sirve para
estimar qué predios cubrieron sus compromisos de no
aprovechamiento o realizaron actividades de conservación.
SONORA
Logran acuerdo en pro de jornaleros agrícolas. (La Jornada, Cristóbal García, p.web).
En Sonora, unos 85 mil viven en condiciones infrahumanas,
señala ombudsman
Hermosillo, Son., 15 de noviembre. Aproximadamente 85 mil jornaleros
laboran en los campos de Sonora en condiciones infrahumanas,
expuestos a enfermedades y a extorsión de los patrones,
informó hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH).
Durante su primer informe de trabajo al frente del organismo,
el ombudsman sonorense
Jorge Sáenz Félix dijo que, a partir de un acuerdo
entre productores y sindicatos, se diseñará un nuevo
modelo de trabajo que atienda las necesidades de los
trabajadores: se contratará a los braceros en sus
lugares de origen, se les darán apoyos para la educación
de sus hijos, atención médica para los jornaleros
y sus familias, y recibirán recursos de la Secretaría
de Desarrollo Social.
La iniciativa fue expuesta por Sáenz Félix en la reunión de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aprobado
por unanimidad por la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
En conferencia de prensa el ombusdman
estatal dijo que esta medida se hará extensiva
a todos los estados que originan migración de trabajadores
del campo, con lo cual se beneficiarían unos 3 millones
de trabajadores agrícolas del país.
En coordinación con las delegaciones de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, se reclutará, seleccionará, registrará
y supervisará a los jornaleros y se les trasladará
en ''autobuses cómodos y protegidos con seguro contra
accidentes''.
Este acuerdo obligará a los empleadores a ofrecer a los trabajadores
vivienda decorosa, pues en algunos campos los jornaleros
habitan en ''bodegas algodoneras'' con mala ventilación
e iluminación, sostuvo Héctor Corro Picos, director
general del sistema penitenciario de la CEDH.
Informó que en algunos campos hay tiendas de raya que venden
sus productos a precios muy altos.
Los campos agrícolas de Caborca, Pesqueira,
Empalme, Guaymas y Hermosillo
concentran la mayoría de los más de 85 mil trabajadores
que cada año llegan a Sonora.
YUCATÁN
Anómalo, plan aeroportuario de Patrón Laviada: diputados. (La Jornada,
Renato Dávalos, p.web).
Legisladores perredistas señalaron
que hay un cúmulo de irregularidades en la adquisición
de terrenos que hizo el gobernador yucateco Patricio
Patrón Laviada para la construcción
de un nuevo aeropuerto y que esperarán el informe
respectivo de la Auditoría
Superior de Fiscalización para proceder con el juicio
político en su contra. Eric Villanueva y Beatriz Mojica
señalaron, en rueda de prensa, que el mandatario panista
reconoció que hubo irregularidades, pero que "era
más importante el proyecto. Descubrimos que el hermano
y parientes de Patrón Laviada
comparon tierras a dos kilómetros
de donde estaría el aeropuerto, lo que nos hace pensar
que hubo uso de información privilegiada para que
los hermanos del gobernante compraran antes",
expresaron.
Cartones
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Paradojas de la vida · Helguera
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